Responsabilizó a Morena por las modificaciones legales que concentraron facultades en la presidencia del INE

Por: Redacción

La senadora por San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, responsabilizó a Morena por la crisis que atraviesa el Instituto Nacional Electoral (INE) tras la salida de Guadalupe Taddei de su presidencia, en medio de señalamientos por presuntas irregularidades y actos de corrupción.

Durante su intervención en la tribuna del Senado de la República, la legisladora panista aseguró que la situación del organismo electoral es consecuencia de las modificaciones legales impulsadas por Morena, que permitieron concentrar atribuciones en la presidencia del instituto.

“El día en que cayó Taddei gracias al cochinero de Morena”, expresó.

Rodríguez Hernández cuestionó que el oficialismo pretenda deslindarse de decisiones que, desde su perspectiva, debilitaron los mecanismos de control del instituto. Explicó que las modificaciones al artículo 45 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) otorgaron a la presidencia del INE facultades para nombrar y remover de manera unilateral a los titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas, sin el consenso del Consejo General.

En ese contexto, informó que el Grupo Parlamentario del PAN presentó una iniciativa para restablecer los contrapesos institucionales. La propuesta establece que los nombramientos estratégicos cuenten con el respaldo de al menos ocho de los once integrantes del Consejo General.

La iniciativa también contempla un procedimiento extraordinario para revisar los nombramientos de titulares de direcciones ejecutivas y unidades técnicas dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigor de la reforma, con el objetivo de evaluar su idoneidad y desempeño.

La senadora sostuvo que la salida de Taddei no debe significar el cierre de las investigaciones sobre los presuntos actos de corrupción y las irregularidades señaladas durante su gestión.

“No pueden venir aquí a lavarse las manos y a pretender no hablar de los temas importantes en esta tribuna”, reclamó.

Rodríguez Hernández insistió en que Morena debe asumir su responsabilidad política por la concentración de facultades en la presidencia del INE. Exigió además que la designación de la nueva presidencia del organismo se realice con absoluta transparencia, para que la persona elegida cuente con independencia y credibilidad.

Advirtió que, de cara al proceso electoral de 2027, el país necesita un árbitro imparcial que garantice elecciones libres, transparentes y democráticas. Por ello consideró indispensable corregir los problemas institucionales y evitar que las decisiones del organismo dependan de una sola persona.

La legisladora reiteró que Acción Nacional exigirá que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias y que la renovación de la presidencia del INE sirva para fortalecer su autonomía.

“El INE le pertenece a los ciudadanos”, sentenció.

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Mientras el INE establece que las precampañas para la gubernatura serán del 4 de enero al 12 de febrero, una reforma aprobada por el Congreso local fija el periodo del 20 de enero al 8 de febrero; la discrepancia podría provocar impugnaciones, sanciones y conflictos sobre la validez de los actos de precampaña

Por: Jorge Saldaña

La reforma electoral aprobada por el Congreso de San Luis Potosí el pasado 12 de agosto abrió una controversia jurídica frente al calendario establecido por el Instituto Nacional Electoral (INE) para las elecciones de 2027, debido a que ambas disposiciones contemplan fechas distintas para la realización de las precampañas a la gubernatura.

De acuerdo con el calendario publicado por el INE, las precampañas para elegir a quien sucederá en la gubernatura deberán desarrollarse del 4 de enero al 12 de febrero de 2027, con una duración de 40 días naturales. Sin embargo, la reforma a la Ley Electoral del Estado establece que comenzarán el 20 de enero y concluirán el 8 de febrero, reduciendo el periodo a solamente 20 días.

La discrepancia adquiere relevancia porque el Consejo General del INE aprobó el 30 de julio de 2026 el acuerdo INE/CG478/2026, mediante el cual ejerció su facultad de atracción para homologar las fechas de conclusión de las precampañas locales y estableció el 12 de febrero como límite para San Luis Potosí.

La determinación federal, aprobada antes de la reforma estatal, también vinculó a los organismos públicos locales electorales a adecuar sus calendarios conforme a las fechas homologadas.

En consecuencia, la diferencia plantea un problema sobre el alcance de las facultades de las autoridades electorales federales y locales.

Aunque los congresos estatales tienen atribuciones para regular la duración de las precampañas, deben ejercerlas conforme a la Constitución federal y la legislación general electoral.

Por ello, la reforma potosina podría generar controversias sobre su compatibilidad con el acuerdo de homologación del INE, particularmente respecto de la fecha de conclusión de las precampañas.

Partidos y aspirantes podrían enfrentar sanciones

Por ejemplo, si un partido inicia actos de precampaña el 4 de enero, conforme al calendario publicado por el INE, podría enfrentar denuncias por presuntos actos anticipados, debido a que la legislación estatal establece el inicio hasta el 20 de enero.

De manera similar, las actividades realizadas del 9 al 12 de febrero podrían ser cuestionadas, ya que esas fechas se encuentran comprendidas en el calendario federal, pero fuera del plazo establecido en la reforma local.

Las consecuencias podrían incluir procedimientos sancionadores, amonestaciones, multas y controversias sobre la validez de los procesos internos.

En el caso de las personas aspirantes, también podrían generarse problemas para clasificar y reportar gastos de precampaña, especialmente cuando las actividades se realicen en fechas consideradas válidas por una autoridad, pero controvertidas frente a otra disposición.

En circunstancias específicas previstas por la legislación, las infracciones graves en materia de fiscalización pueden tener consecuencias sobre el registro de candidaturas. Sin embargo, ninguna sanción se produciría automáticamente por la sola existencia de calendarios contradictorios.

CEEPAC, ante el reto de definir un calendario

El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) enfrenta una de las principales implicaciones de esta diferencia normativa, al ser el organismo encargado de organizar las elecciones locales y establecer las condiciones operativas para las distintas etapas del proceso.

El decreto de reforma establece que el organismo electoral debe adecuar su normatividad dentro de los 90 días naturales posteriores a su entrada en vigor.

Sin embargo, cualquier calendario que apruebe deberá considerar tanto la legislación estatal vigente como las disposiciones obligatorias emitidas por el INE.

Si el CEEPAC adopta las fechas establecidas en la reforma local, podría enfrentar cuestionamientos por su incompatibilidad con la fecha de conclusión homologada por el organismo nacional. Por el contrario, si mantiene el calendario federal sin resolver su relación con la ley estatal, sus acuerdos también podrían ser impugnados.

Entre sus posibles consecuencias se encuentran conflictos de fiscalización y procedimientos sancionadores relacionados con actos realizados durante los días en disputa.

La discrepancia alcanza diputaciones y ayuntamientos

El problema podría ser todavía mayor en las elecciones de diputaciones locales y ayuntamientos.

Mientras el calendario publicado por el INE contempla que esas precampañas concluyan el 12 de febrero de 2027, la reforma estatal establece un periodo del 4 al 23 de febrero.

Esto significa que, para estas elecciones, la legislación local permitiría actividades de precampaña durante 11 días posteriores al cierre homologado por el organismo nacional.

La situación también podría repercutir en las candidaturas independientes, debido a las modificaciones legales relacionadas con los plazos para recabar apoyo ciudadano.

De mantenerse sin aclaración, las diferencias de fechas podrían ocasionar impugnaciones por posibles afectaciones a los derechos político-electorales de las personas participantes.

Incertidumbre debe resolverse antes de enero

De acuerdo a las fechas y normativas, resulta necesario que el INE y el CEEPAC aclaren formalmente cuál será el calendario aplicable y qué disposiciones regirán la fiscalización y los procedimientos internos.

La cuestión central es si debe mantenerse la fecha de conclusión del 12 de febrero establecida por el INE o prevalecer el periodo del 20 de enero al 8 de febrero aprobado por el Congreso potosino.

Mientras no exista una definición institucional clara, los partidos y aspirantes enfrentarán el riesgo de realizar actividades cuya legalidad podría ser cuestionada posteriormente ante los tribunales electorales.

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Interapas reconoce solo los 296 millones por saneamiento y rechaza 584.3 millones por operación y mantenimiento de Tenorio que no están sustentados en ningún convenio previo

Por: Jorge Saldaña

La Comisión Estatal del Agua (CEA) elevó de 296.3 millones a 880.65 millones de pesos su reclamo contra el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (INTERAPAS) entre el 13 y el 21 de octubre, al añadir 584.3 millones por operación y mantenimiento de la planta Tenorio.

El comunicado del 21 de octubre fija el total en 880 millones 650 mil 492.19 pesos: los adeudos por saneamiento más 584 millones 333 mil 116.50 pesos por operación y mantenimiento de 2021 a 2026.

De acuerdo a información oficial de la CEA identifican a Interapas como deudor y responsabilizan políticamente al alcalde Enrique Galindo Ceballos por presidir su Junta de Gobierno.

En respuesta, Arturo Jaimes Núñez, encargado de despacho de Interapas, reconoció que el organismo adeuda aproximadamente 296.3 millones por saneamiento, pero rechazó los 584.3 millones adicionales. Sostuvo que la revisión jurídica del organismo no encontró un convenio o decreto que establezca esa obligación.

El 20 de octubre tras su comparecencia ante el Congreso del Estado, la secretaria de Finanzas, Ariana García Vidal, reconoció que inmuebles y dependencias del Gobierno del Estado de San Luis Potosí tienen adeudos con Interapas y volteó las cifras exponiendo a medios de comunicación que era el Interapas el que debía no 200 sino 900 mdp.

En la reseña oficial del Congreso se recogió una estimación de 184 millones de pesos correspondiente a 2025 que debe gobierno al organismo aún con inconsistencias.

En este sentido, la funcionaria expuso un gasto mensual de 12 millones de pesos a cargo de la CEA y estimó un adeudo de Interapas superior a 900 millones. Esa cifra no coincide con los 880.65 millones que la dependencia publicó al día siguiente, sin embargo no se ha dado explicación al respecto.

Días antes de la comparecencia, el 14 de octubre, el alcalde Galindo afirmó que el Estado se acercaba a 300 millones de pesos de deuda con Interapas y propuso compensar saldos y liquidar la diferencia.

En los documentos públicos consultados no se encontró convenio o acuerdo que sustente la integración de los 584.3 millones que aumentó el gobierno estatal ni el importe conciliado que deben los inmuebles estatales de manera desglosada, por lo que no es posible establecer un saldo neto definitivo.

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