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Gobierno de Gallardo debe enfocarse en cancelar la concesión de El Realito: analistas
Oswaldo Ríos e Israel LM Elizondo coincidieron en que la administración estatal no debería hacerse cargo de la distribución de agua en el estado
Por: Ana G Silva
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, propuso que las y los diputados exploren la posibilidad de que sea su gobierno el encargado de abastecer de agua a toda la entidad y no los organismos inter municipales, como el Interapas en la capital. Ante esto Oswaldo Ríos Medrano e Israel LM Elizondo, analistas políticos, indicaron que para la entidad no sería favorable que sea el ejecutivo el que se encargue de esto y debe enfocarse en rescindir la concesión a Aquos sobre la presa El Realito, ya que no ha podido encargarse del abastecimiento para la zona metropolitana.
LM Elizondo afirmó que, jurídicamente, no se puede legislar que el poder ejecutivo sea el que distribuya el agua en el estado, pues no hay viabilidad, ya que aunque se podrían realizar algunos convenios con los que pueda ayudar dentro de sus competencias, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es la principal encargada, el estado tiene algunas facultades y la responsable de la prestación de los servicios son los ayuntamientos, de acuerdo al artículo 115 constitucional.
“Consideró que tocó este tema el gobernador Gallardo porque puede ser un tema político y de desinformación jurídica de su parte”.
Ríos comentó que para que el Gobierno del Estado asuma la responsabilidad de la distribución del agua tendría que hacerse una reforma constitucional al artículo 115 de la Constitución Mexicana y al 114 de la Constitución del Estatal, para lo cual se requeriría una mayoría calificada en el Congreso de la Unión y de 18 votos en la legislación local.
“El camino para la modificación constitucional luce casi imposible y no se trata solamente de tener la mayoría para llevarlo acabo. La verdad es que creo que el Partido Verde puede tener la mayoría, pero no necesariamente tiene la razón, como en el caso de la castración química, donde nadie alerta de que es una medida inconstitucional, que no tiene sentido plantear algo así y que es muy redituable ante la gente, porque es populista. Creo que debería preocuparse más por tener la razón, es decir, me encantaría ver los estudios técnicos donde se nos exponga cuál va a ser el organismo que va a encargarse de esa distribución y se demuestre que ese organismo nuevo va a ser más eficiente y más eficaz que los que actualmente existe”.
Israel LM Elizondo destacó que el estado tiene la facultad de revisar la concesión de El Realito, en coordinación con el gobierno federal e Interapas, para ver cuál es la mejor salida al problema para el abastecimiento de agua, pues la presa presenta fallas constantemente y por ello tiene el suficiente material para revisar el tema de la concesión.
Osw aldo Ríos dijo que Ricardo Gallardo es el responsable de garantizar el agua, de acuerdo a la Ley de Aguas del estado 
“A mí me parece que el gobernador lo que debería preocuparle es lo que hoy actualmente la ley le señala, que es obligación y es el tema de la reparación de la presa El Realito o sea, el responsable directo de que la empresa El Realito funcione es el gobernador, claro es una concesión a Aquos, pero si la empresa no está cumpliendo con la prestación del servicio de agua, creo que el gobernador debería ejercer los recursos legales necesarios para obligar a la empresa a prestar el servicio y le rescinda la concesión, como dijo el presidente López Obrador “pues ya”, en lugar de de de querer la responsabilidad de los ayuntamientos”.
LM Elizondo dijo que no sabría si el gobierno estatal tendría la capacidad de distribuidor agua en todo el estado, pues ha tenido incapacidad en resolver los temas que le competen en presas y pozos, por lo que asumir la problemática podría generar un mayor costo político:
“Debe enfocarse en la inversión en infraestructura, revisión de la construcción de El Realito, coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y convenios de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, es lo mejor que puede hacer; convenios, colaboración, coordinarse debe de qué manera auxilia, pero la facultad jurídica no la va a tener”.
Ríos Medrano apuntó que no podría llevar a cabo un trabajo de distribución, pues no tiene un organismo que pueda realizar ese servicio público, pues involucra trabajos de saneamiento de alcantarillado, tratamiento, distribución de agua potable y otras funciones para toda la entidad:
“La Comisión Estatal del Agua (CEA) ni siquiera pinta, ni siquiera ha dado la cara el titular Benjamín Pérez para decir qué va a hacer con la crisis hídrica, es un funcionario fantasma y yo dudo que un funcionario fantasma como el de la CEA, sí vaya a ser responsable de la distribución del del agua, porque en la zona metropolitana a quien vemos asumiendo un una posición y un trabajo en el tema del agua, en la crisis, es al Interapas, con todas sus deficiencias, pero es el Interapas el que está mediante el pipeo resolviendo un poco la crisis”.
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Autoridades de salud refuerzan acciones de prevención y atención en salud mental
Por: Redacción
En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Mujer, la titular de los Servicios de Salud de San Luis Potosí, Leticia Mariana Gómez Ordaz
La funcionaria explicó que este dato ha llevado a las autoridades sanitarias a reforzar las acciones de atención y prevención en materia de salud mental, especialmente entre la población femenina.
Gómez Ordaz señaló que la dependencia trabaja en distintos programas orientados a la prevención, así como en campañas de información y sensibilización dirigidas a la población.
Entre las estrategias también se incluye la promoción de la salud sexual y reproductiva
La titular de Salud indicó que estas acciones forman parte de los esfuerzos institucionales para atender problemáticas que afectan de manera particular a las mujeres, tanto en el ámbito de la salud mental como en otros aspectos relacionados con su calidad de vida.
Finalmente, reiteró que la Secretaría de Salud mantiene programas de acompañamiento y prevención para identificar factores de riesgo y fortalecer la atención en salud mental dentro del estado.
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La dependencia explicó que la decisión sobre la alerta corresponde al gobierno federal
Por: Redacción
Gloria Serrato, encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva de San Luis Potosí, informó que la dependencia ha buscado establecer diálogo con distintas colectivas feministas luego de la publicación de un desplegado en redes sociales donde se plantean diversas solicitudes institucionales.
La funcionaria explicó que el documento fue firmado por al menos una colectiva y dirigido a varias instituciones, entre ellas la secretaría, por lo que desde la dependencia se intentó contactar a los grupos para dar seguimiento a las peticiones y abrir espacios de conversación.
Serrato señaló que ya se han realizado acercamientos con algunas organizaciones y que continúan pendientes de concretar reuniones con otras colectivas, como Por Ellas y por las Nuestras, para revisar de manera puntual sus planteamientos.
Entre los temas mencionados por los colectivos se encuentra la situación de la Alerta de Violencia de Género, mecanismo que actualmente se mantiene activo en el estado.
La funcionaria explicó que la determinación de mantener, modificar o levantar la alerta corresponde al gobierno federal, por tratarse de un instrumento establecido en la legislación nacional.
No obstante, aseguró que el gobierno estatal continuará con las acciones implementadas a partir de esta declaratoria, las cuales incluyen medidas de seguridad, atención institucional y estrategias de prevención de la violencia contra las mujeres
Entre estas acciones mencionó la operación de unidades especializadas de la Guardia Civil Estatal para atención a mujeres, módulos de atención, un banco estatal de información sobre violencia de género, diagnósticos de violencias y programas de prevención dirigidos a niñas, niños y adolescentes.
Serrato afirmó que muchas de estas medidas ya se encuentran institucionalizadas mediante decretos, acuerdos y programas publicados en el Periódico Oficial del Estado, por lo que continuarán aplicándose independientemente de las decisiones futuras sobre la alerta.
La funcionaria agregó que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género busca coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno para fortalecer el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las mujeres.
Finalmente, indicó que el estado se mantiene atento a las determinaciones que emita la Federación sobre el seguimiento de este mecanismo y reiteró la disposición de la secretaría para continuar trabajando con organizaciones y autoridades en la prevención de la violencia contra las mujeres.
También lee: Fiscalía advierte aumento de violencia familiar en SLP
María Manuela García señaló que se realizan evaluaciones de riesgo y apoyo psicológico a víctimas; en casos graves incluso se ofrece ingreso a refugios
Por: Redacción
La fiscal general del estado, María Manuela García Cázares, advirtió que en San Luis Potosí se ha registrado un aumento en los casos de violencia familiar, por lo que la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha reforzado los mecanismos de atención, evaluación de riesgo y protección para las víctimas.
La fiscal explicó que cuando una persona denuncia este tipo de violencia se activa un proceso de análisis que incluye valoración psicológica para determinar el nivel de riesgo en el que se encuentra la víctima. Indicó que, en los casos donde se detecta un riesgo alto, las autoridades incluso ofrecen a las víctimas la posibilidad de ingresar a refugios de protección.
“Se hace la valoración psicológica y se establece el riesgo que tiene la víctima. Inclusive si se detecta que el riesgo es alto, se le pide a la víctima, si es mujer, que si quiere entrar al refugio”, explicó.
La fiscal señaló que este análisis también influye en las medidas cautelares que pueden solicitarse ante un juez durante el proceso judicial, particularmente cuando se busca evitar que el agresor represente un peligro para la víctima.
Detalló que, dependiendo de las circunstancias del caso, el Ministerio Público puede solicitar medidas como la prisión preventiva justificada si se considera que la persona imputada representa un riesgo elevado.
García Cázares explicó que el estudio de cada denuncia implica revisar cómo ocurrieron los hechos y qué tipo de violencia está sufriendo la persona afectada
En ese sentido, indicó que personal especializado de la fiscalía, incluyendo ministerios públicos y psicólogos, participa en la evaluación de los casos para determinar el tipo de violencia, el nivel de riesgo y las medidas de protección que deben aplicarse.
La fiscal también subrayó que uno de los retos principales en la atención de estos casos es evitar la revictimización de las personas que acuden a denunciar.
Por ello, dijo, se trabaja en la capacitación del personal tanto de ministerios públicos como de policías de investigación para mejorar el trato hacia las víctimas y generar confianza en las instituciones.
“Es muy importante que todos estemos inmersos en que la víctima no debe ser revictimizada”, afirmó.
Finalmente, señaló que brindar una atención adecuada dentro de las fiscalías es fundamental para que las personas afectadas se sientan seguras al presentar una denuncia y puedan avanzar en los procesos legales contra sus agresores.
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