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Gobierno de Gallardo debe enfocarse en cancelar la concesión de El Realito: analistas
Oswaldo Ríos e Israel LM Elizondo coincidieron en que la administración estatal no debería hacerse cargo de la distribución de agua en el estado
Por: Ana G Silva
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, propuso que las y los diputados exploren la posibilidad de que sea su gobierno el encargado de abastecer de agua a toda la entidad y no los organismos inter municipales, como el Interapas en la capital. Ante esto Oswaldo Ríos Medrano e Israel LM Elizondo, analistas políticos, indicaron que para la entidad no sería favorable que sea el ejecutivo el que se encargue de esto y debe enfocarse en rescindir la concesión a Aquos sobre la presa El Realito, ya que no ha podido encargarse del abastecimiento para la zona metropolitana.
LM Elizondo afirmó que, jurídicamente, no se puede legislar que el poder ejecutivo sea el que distribuya el agua en el estado, pues no hay viabilidad, ya que aunque se podrían realizar algunos convenios con los que pueda ayudar dentro de sus competencias, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es la principal encargada, el estado tiene algunas facultades y la responsable de la prestación de los servicios son los ayuntamientos, de acuerdo al artículo 115 constitucional.
“Consideró que tocó este tema el gobernador Gallardo porque puede ser un tema político y de desinformación jurídica de su parte”.
Ríos comentó que para que el Gobierno del Estado asuma la responsabilidad de la distribución del agua tendría que hacerse una reforma constitucional al artículo 115 de la Constitución Mexicana y al 114 de la Constitución del Estatal, para lo cual se requeriría una mayoría calificada en el Congreso de la Unión y de 18 votos en la legislación local.
“El camino para la modificación constitucional luce casi imposible y no se trata solamente de tener la mayoría para llevarlo acabo. La verdad es que creo que el Partido Verde puede tener la mayoría, pero no necesariamente tiene la razón, como en el caso de la castración química, donde nadie alerta de que es una medida inconstitucional, que no tiene sentido plantear algo así y que es muy redituable ante la gente, porque es populista. Creo que debería preocuparse más por tener la razón, es decir, me encantaría ver los estudios técnicos donde se nos exponga cuál va a ser el organismo que va a encargarse de esa distribución y se demuestre que ese organismo nuevo va a ser más eficiente y más eficaz que los que actualmente existe”.
Israel LM Elizondo destacó que el estado tiene la facultad de revisar la concesión de El Realito, en coordinación con el gobierno federal e Interapas, para ver cuál es la mejor salida al problema para el abastecimiento de agua, pues la presa presenta fallas constantemente y por ello tiene el suficiente material para revisar el tema de la concesión.
Osw aldo Ríos dijo que Ricardo Gallardo es el responsable de garantizar el agua, de acuerdo a la Ley de Aguas del estado 
“A mí me parece que el gobernador lo que debería preocuparle es lo que hoy actualmente la ley le señala, que es obligación y es el tema de la reparación de la presa El Realito o sea, el responsable directo de que la empresa El Realito funcione es el gobernador, claro es una concesión a Aquos, pero si la empresa no está cumpliendo con la prestación del servicio de agua, creo que el gobernador debería ejercer los recursos legales necesarios para obligar a la empresa a prestar el servicio y le rescinda la concesión, como dijo el presidente López Obrador “pues ya”, en lugar de de de querer la responsabilidad de los ayuntamientos”.
LM Elizondo dijo que no sabría si el gobierno estatal tendría la capacidad de distribuidor agua en todo el estado, pues ha tenido incapacidad en resolver los temas que le competen en presas y pozos, por lo que asumir la problemática podría generar un mayor costo político:
“Debe enfocarse en la inversión en infraestructura, revisión de la construcción de El Realito, coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y convenios de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, es lo mejor que puede hacer; convenios, colaboración, coordinarse debe de qué manera auxilia, pero la facultad jurídica no la va a tener”.
Ríos Medrano apuntó que no podría llevar a cabo un trabajo de distribución, pues no tiene un organismo que pueda realizar ese servicio público, pues involucra trabajos de saneamiento de alcantarillado, tratamiento, distribución de agua potable y otras funciones para toda la entidad:
“La Comisión Estatal del Agua (CEA) ni siquiera pinta, ni siquiera ha dado la cara el titular Benjamín Pérez para decir qué va a hacer con la crisis hídrica, es un funcionario fantasma y yo dudo que un funcionario fantasma como el de la CEA, sí vaya a ser responsable de la distribución del del agua, porque en la zona metropolitana a quien vemos asumiendo un una posición y un trabajo en el tema del agua, en la crisis, es al Interapas, con todas sus deficiencias, pero es el Interapas el que está mediante el pipeo resolviendo un poco la crisis”.
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La movilización partirá de la Alameda Juan Sarabia y recorrerá el Centro Histórico para exigir justicia, visibilizar casos de violencia y recordar a las víctimas de feminicidio
Por: Ana G Silva
Este domingo 8 de marzo se llevará a cabo en San Luis Potosí la marcha conmemorativa por el Día Internacional de la Mujer, cuyo recorrido atravesará el primer cuadro de la ciudad para visibilizar la exigencia de justicia, seguridad y respeto a los derechos de las mujeres.
La movilización iniciará a las 16:00 horas en la Alameda Juan Sarabia, frente a la iglesia de San José, y será encabezada por familiares de víctimas de feminicidio.
El contingente avanzará por la calle Chicosein, detrás del Museo del Ferrocarril Jesús García Corona, donde se realizará una primera parada simbólica en memoria de Odalis Hipólito, joven localizada sin vida en ese sitio años atrás. Aunque el caso fue cerrado como suicidio, su familia continúa exigiendo la reapertura de la investigación y que sea tipificado como feminicidio.
Posteriormente, la marcha se integrará a la avenida 20 de Noviembre, donde se sumará el colectivo Mujeres con Discapacidad, para continuar por la calle Reforma y después incorporarse al Eje Vial.
Uno de los puntos centrales del recorrido será la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, donde integrantes de colectivos, especialmente el Colectivo de Madres, expondrán públicamente casos de violencia y omisiones institucionales que han enfrentado.
El contingente continuará por la calle Los Bravo hasta llegar a Plaza de Armas, pasando a un costado de la Catedral Metropolitana de San Luis Potosí, el Congreso del Estado y Palacio de Gobierno.
La movilización concluirá en la Plaza de los Fundadores, frente al Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde se realizarán pronunciamientos finales.
Las organizadoras informaron que durante el recorrido habrá módulos de primeros auxilios médicos y psicológicos para brindar atención a las asistentes.
Asimismo, recomendaron a quienes participen acudir con ropa cómoda, calzado adecuado, hidratación suficiente y tomar rutas alternas ante los cierres viales previstos en el Centro Histórico.
La marcha se realiza bajo la consigna de exigir que no sea retirada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), al considerar que las condiciones de violencia aún persisten.
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Tras los hechos registrados en Jalisco, el Gobierno estatal aseguró que el estado se mantiene “blindado” y sin presencia activa del CJNG
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, afirmó que la ausencia de hechos violentos en la entidad tras la detención y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes responde al fortalecimiento de la estrategia de seguridad implementada en coordinación con autoridades federales.
El funcionario estatal señaló que, derivado de operativos permanentes contra la delincuencia organizada, se ha logrado debilitar e incluso erradicar la presencia de células del Cártel Jalisco Nueva Generación en territorio potosino.
“Este grupo criminal está relacionado con los hechos ocurridos en Jalisco; sin embargo, en San Luis Potosí prácticamente está desaparecido. Esto ha sido resultado del combate frontal y permanente que el estado y la federación han mantenido”, expresó.
Torres Sánchez indicó que, pese al escenario actual, las autoridades mantienen vigilancia preventiva ante posibles reacomodos entre grupos delictivos tras la muerte del líder criminal, con el objetivo de evitar bloqueos carreteros o actos violentos.
Asimismo, aseguró que el estado se encuentra “blindado” para impedir el llamado efecto cucaracha, es decir, el desplazamiento de delincuentes provenientes de otras entidades que intenten refugiarse en San Luis Potosí ante operativos de seguridad.
El secretario general precisó que estos operativos no responden a medidas emergentes, sino que forman parte de una estrategia permanente de control territorial para supervisar el ingreso y salida de personas en la entidad y preservar las condiciones de seguridad.
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Juárez Hernández afirmó que no se tolerarán abusos ni vínculos con el crimen organizado, incluso si los implicados forman parte de las fuerzas de seguridad
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad confirmó que hay investigaciones abiertas contra elementos por presuntos abusos en Salinas y por la detención de tres policías relacionados con un grupo armado en Tanquián, casos que —aseguró la autoridad— demuestran que no se tolerarán conductas fuera de la ley dentro de la corporación.
La corporación estatal abrió una investigación interna por la presunta actuación arbitraria de seis elementos que habrían ingresado a un restaurante en el municipio de Salinas, tras la denuncia del propietario, quien consideró irregular el operativo. El titular de Seguridad, Jesús Juárez Hernández, informó que mandos operativos acudieron al lugar para recabar información y solicitar apoyo del ayuntamiento para identificar a los agentes involucrados.
El funcionario explicó que se revisaron cámaras de vigilancia y se solicitó material adicional para ubicar la patrulla y al personal participante, aunque hasta ahora no se ha logrado su plena identificación. Señaló que ya existe una carpeta abierta y pidió a los afectados presentar denuncia formal para avanzar en el proceso y aplicar sanciones. Mientras tanto, los elementos continúan en funciones al no estar plenamente identificados.
En un segundo caso, la dependencia confirmó la detención de seis personas armadas en Tanquián, entre ellas tres policías estatales que presuntamente mantenían vínculos con un grupo delictivo
Juárez Hernández detalló que el operativo fue coordinado por mandos regionales con apoyo de un grupo táctico desplegado en Ciudad Valles, lo que permitió ubicar a los sospechosos y asegurar armas de uso federal. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que atrajo el caso por la naturaleza de los delitos y el armamento asegurado; actualmente se encuentran en un centro penitenciario.
El secretario subrayó que la detención de los propios elementos es un mensaje claro tanto al interior de la corporación como a la ciudadanía: no se tolerarán abusos ni vínculos con el crimen organizado, incluso si los implicados forman parte de las fuerzas de seguridad. Añadió que las investigaciones continuarán para determinar responsabilidades y reforzar los mecanismos de control interno.
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