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Gobierno de Gallardo debe enfocarse en cancelar la concesión de El Realito: analistas

Oswaldo Ríos e Israel LM Elizondo coincidieron en que la administración estatal no debería hacerse cargo de la distribución de agua en el estado
Por: Ana G Silva
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, propuso que las y los diputados exploren la posibilidad de que sea su gobierno el encargado de abastecer de agua a toda la entidad y no los organismos inter municipales, como el Interapas en la capital. Ante esto Oswaldo Ríos Medrano e Israel LM Elizondo, analistas políticos, indicaron que para la entidad no sería favorable que sea el ejecutivo el que se encargue de esto y debe enfocarse en rescindir la concesión a Aquos sobre la presa El Realito, ya que no ha podido encargarse del abastecimiento para la zona metropolitana.
LM Elizondo afirmó que, jurídicamente, no se puede legislar que el poder ejecutivo sea el que distribuya el agua en el estado, pues no hay viabilidad, ya que aunque se podrían realizar algunos convenios con los que pueda ayudar dentro de sus competencias, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es la principal encargada, el estado tiene algunas facultades y la responsable de la prestación de los servicios son los ayuntamientos, de acuerdo al artículo 115 constitucional.
“Consideró que tocó este tema el gobernador Gallardo porque puede ser un tema político y de desinformación jurídica de su parte”.
Ríos comentó que para que el Gobierno del Estado asuma la responsabilidad de la distribución del agua tendría que hacerse una reforma constitucional al artículo 115 de la Constitución Mexicana y al 114 de la Constitución del Estatal, para lo cual se requeriría una mayoría calificada en el Congreso de la Unión y de 18 votos en la legislación local.
“El camino para la modificación constitucional luce casi imposible y no se trata solamente de tener la mayoría para llevarlo acabo. La verdad es que creo que el Partido Verde puede tener la mayoría, pero no necesariamente tiene la razón, como en el caso de la castración química, donde nadie alerta de que es una medida inconstitucional, que no tiene sentido plantear algo así y que es muy redituable ante la gente, porque es populista. Creo que debería preocuparse más por tener la razón, es decir, me encantaría ver los estudios técnicos donde se nos exponga cuál va a ser el organismo que va a encargarse de esa distribución y se demuestre que ese organismo nuevo va a ser más eficiente y más eficaz que los que actualmente existe”.
Israel LM Elizondo destacó que el estado tiene la facultad de revisar la concesión de El Realito, en coordinación con el gobierno federal e Interapas, para ver cuál es la mejor salida al problema para el abastecimiento de agua, pues la presa presenta fallas constantemente y por ello tiene el suficiente material para revisar el tema de la concesión.
Osw aldo Ríos dijo que Ricardo Gallardo es el responsable de garantizar el agua, de acuerdo a la Ley de Aguas del estado , pero para la distribución le corresponde a los organismos intermunicipales o municipales y no sería favorable para San Luis Potosí que el gobierno se encargue de este tema, pues los ayuntamientos cumplen, aunque “con algunas limitaciones y deficiencias”.
“A mí me parece que el gobernador lo que debería preocuparle es lo que hoy actualmente la ley le señala, que es obligación y es el tema de la reparación de la presa El Realito o sea, el responsable directo de que la empresa El Realito funcione es el gobernador, claro es una concesión a Aquos, pero si la empresa no está cumpliendo con la prestación del servicio de agua, creo que el gobernador debería ejercer los recursos legales necesarios para obligar a la empresa a prestar el servicio y le rescinda la concesión, como dijo el presidente López Obrador “pues ya”, en lugar de de de querer la responsabilidad de los ayuntamientos”.
LM Elizondo dijo que no sabría si el gobierno estatal tendría la capacidad de distribuidor agua en todo el estado, pues ha tenido incapacidad en resolver los temas que le competen en presas y pozos, por lo que asumir la problemática podría generar un mayor costo político:
“Debe enfocarse en la inversión en infraestructura, revisión de la construcción de El Realito, coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y convenios de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, es lo mejor que puede hacer; convenios, colaboración, coordinarse debe de qué manera auxilia, pero la facultad jurídica no la va a tener”.
Ríos Medrano apuntó que no podría llevar a cabo un trabajo de distribución, pues no tiene un organismo que pueda realizar ese servicio público, pues involucra trabajos de saneamiento de alcantarillado, tratamiento, distribución de agua potable y otras funciones para toda la entidad:
“La Comisión Estatal del Agua (CEA) ni siquiera pinta, ni siquiera ha dado la cara el titular Benjamín Pérez para decir qué va a hacer con la crisis hídrica, es un funcionario fantasma y yo dudo que un funcionario fantasma como el de la CEA, sí vaya a ser responsable de la distribución del del agua, porque en la zona metropolitana a quien vemos asumiendo un una posición y un trabajo en el tema del agua, en la crisis, es al Interapas, con todas sus deficiencias, pero es el Interapas el que está mediante el pipeo resolviendo un poco la crisis”.
También lee: Comisión Estatal del Agua lleva pipas a colonias afectadas por falla en El Realito
Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
También lee: Xavier Nava obtuvo un amparo contra inhabilitación por 18 años
Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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