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Gobierno de Gallardo debe enfocarse en cancelar la concesión de El Realito: analistas
Oswaldo Ríos e Israel LM Elizondo coincidieron en que la administración estatal no debería hacerse cargo de la distribución de agua en el estado
Por: Ana G Silva
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, propuso que las y los diputados exploren la posibilidad de que sea su gobierno el encargado de abastecer de agua a toda la entidad y no los organismos inter municipales, como el Interapas en la capital. Ante esto Oswaldo Ríos Medrano e Israel LM Elizondo, analistas políticos, indicaron que para la entidad no sería favorable que sea el ejecutivo el que se encargue de esto y debe enfocarse en rescindir la concesión a Aquos sobre la presa El Realito, ya que no ha podido encargarse del abastecimiento para la zona metropolitana.
LM Elizondo afirmó que, jurídicamente, no se puede legislar que el poder ejecutivo sea el que distribuya el agua en el estado, pues no hay viabilidad, ya que aunque se podrían realizar algunos convenios con los que pueda ayudar dentro de sus competencias, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es la principal encargada, el estado tiene algunas facultades y la responsable de la prestación de los servicios son los ayuntamientos, de acuerdo al artículo 115 constitucional.
“Consideró que tocó este tema el gobernador Gallardo porque puede ser un tema político y de desinformación jurídica de su parte”.
Ríos comentó que para que el Gobierno del Estado asuma la responsabilidad de la distribución del agua tendría que hacerse una reforma constitucional al artículo 115 de la Constitución Mexicana y al 114 de la Constitución del Estatal, para lo cual se requeriría una mayoría calificada en el Congreso de la Unión y de 18 votos en la legislación local.
“El camino para la modificación constitucional luce casi imposible y no se trata solamente de tener la mayoría para llevarlo acabo. La verdad es que creo que el Partido Verde puede tener la mayoría, pero no necesariamente tiene la razón, como en el caso de la castración química, donde nadie alerta de que es una medida inconstitucional, que no tiene sentido plantear algo así y que es muy redituable ante la gente, porque es populista. Creo que debería preocuparse más por tener la razón, es decir, me encantaría ver los estudios técnicos donde se nos exponga cuál va a ser el organismo que va a encargarse de esa distribución y se demuestre que ese organismo nuevo va a ser más eficiente y más eficaz que los que actualmente existe”.
Israel LM Elizondo destacó que el estado tiene la facultad de revisar la concesión de El Realito, en coordinación con el gobierno federal e Interapas, para ver cuál es la mejor salida al problema para el abastecimiento de agua, pues la presa presenta fallas constantemente y por ello tiene el suficiente material para revisar el tema de la concesión.
Osw aldo Ríos dijo que Ricardo Gallardo es el responsable de garantizar el agua, de acuerdo a la Ley de Aguas del estado 
“A mí me parece que el gobernador lo que debería preocuparle es lo que hoy actualmente la ley le señala, que es obligación y es el tema de la reparación de la presa El Realito o sea, el responsable directo de que la empresa El Realito funcione es el gobernador, claro es una concesión a Aquos, pero si la empresa no está cumpliendo con la prestación del servicio de agua, creo que el gobernador debería ejercer los recursos legales necesarios para obligar a la empresa a prestar el servicio y le rescinda la concesión, como dijo el presidente López Obrador “pues ya”, en lugar de de de querer la responsabilidad de los ayuntamientos”.
LM Elizondo dijo que no sabría si el gobierno estatal tendría la capacidad de distribuidor agua en todo el estado, pues ha tenido incapacidad en resolver los temas que le competen en presas y pozos, por lo que asumir la problemática podría generar un mayor costo político:
“Debe enfocarse en la inversión en infraestructura, revisión de la construcción de El Realito, coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y convenios de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, es lo mejor que puede hacer; convenios, colaboración, coordinarse debe de qué manera auxilia, pero la facultad jurídica no la va a tener”.
Ríos Medrano apuntó que no podría llevar a cabo un trabajo de distribución, pues no tiene un organismo que pueda realizar ese servicio público, pues involucra trabajos de saneamiento de alcantarillado, tratamiento, distribución de agua potable y otras funciones para toda la entidad:
“La Comisión Estatal del Agua (CEA) ni siquiera pinta, ni siquiera ha dado la cara el titular Benjamín Pérez para decir qué va a hacer con la crisis hídrica, es un funcionario fantasma y yo dudo que un funcionario fantasma como el de la CEA, sí vaya a ser responsable de la distribución del del agua, porque en la zona metropolitana a quien vemos asumiendo un una posición y un trabajo en el tema del agua, en la crisis, es al Interapas, con todas sus deficiencias, pero es el Interapas el que está mediante el pipeo resolviendo un poco la crisis”.
También lee: Comisión Estatal del Agua lleva pipas a colonias afectadas por falla en El Realito
Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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