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Gobierno de Gallardo debe enfocarse en cancelar la concesión de El Realito: analistas
Oswaldo Ríos e Israel LM Elizondo coincidieron en que la administración estatal no debería hacerse cargo de la distribución de agua en el estado
Por: Ana G Silva
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, propuso que las y los diputados exploren la posibilidad de que sea su gobierno el encargado de abastecer de agua a toda la entidad y no los organismos inter municipales, como el Interapas en la capital. Ante esto Oswaldo Ríos Medrano e Israel LM Elizondo, analistas políticos, indicaron que para la entidad no sería favorable que sea el ejecutivo el que se encargue de esto y debe enfocarse en rescindir la concesión a Aquos sobre la presa El Realito, ya que no ha podido encargarse del abastecimiento para la zona metropolitana.
LM Elizondo afirmó que, jurídicamente, no se puede legislar que el poder ejecutivo sea el que distribuya el agua en el estado, pues no hay viabilidad, ya que aunque se podrían realizar algunos convenios con los que pueda ayudar dentro de sus competencias, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) es la principal encargada, el estado tiene algunas facultades y la responsable de la prestación de los servicios son los ayuntamientos, de acuerdo al artículo 115 constitucional.
“Consideró que tocó este tema el gobernador Gallardo porque puede ser un tema político y de desinformación jurídica de su parte”.
Ríos comentó que para que el Gobierno del Estado asuma la responsabilidad de la distribución del agua tendría que hacerse una reforma constitucional al artículo 115 de la Constitución Mexicana y al 114 de la Constitución del Estatal, para lo cual se requeriría una mayoría calificada en el Congreso de la Unión y de 18 votos en la legislación local.
“El camino para la modificación constitucional luce casi imposible y no se trata solamente de tener la mayoría para llevarlo acabo. La verdad es que creo que el Partido Verde puede tener la mayoría, pero no necesariamente tiene la razón, como en el caso de la castración química, donde nadie alerta de que es una medida inconstitucional, que no tiene sentido plantear algo así y que es muy redituable ante la gente, porque es populista. Creo que debería preocuparse más por tener la razón, es decir, me encantaría ver los estudios técnicos donde se nos exponga cuál va a ser el organismo que va a encargarse de esa distribución y se demuestre que ese organismo nuevo va a ser más eficiente y más eficaz que los que actualmente existe”.
Israel LM Elizondo destacó que el estado tiene la facultad de revisar la concesión de El Realito, en coordinación con el gobierno federal e Interapas, para ver cuál es la mejor salida al problema para el abastecimiento de agua, pues la presa presenta fallas constantemente y por ello tiene el suficiente material para revisar el tema de la concesión.
Osw aldo Ríos dijo que Ricardo Gallardo es el responsable de garantizar el agua, de acuerdo a la Ley de Aguas del estado 
“A mí me parece que el gobernador lo que debería preocuparle es lo que hoy actualmente la ley le señala, que es obligación y es el tema de la reparación de la presa El Realito o sea, el responsable directo de que la empresa El Realito funcione es el gobernador, claro es una concesión a Aquos, pero si la empresa no está cumpliendo con la prestación del servicio de agua, creo que el gobernador debería ejercer los recursos legales necesarios para obligar a la empresa a prestar el servicio y le rescinda la concesión, como dijo el presidente López Obrador “pues ya”, en lugar de de de querer la responsabilidad de los ayuntamientos”.
LM Elizondo dijo que no sabría si el gobierno estatal tendría la capacidad de distribuidor agua en todo el estado, pues ha tenido incapacidad en resolver los temas que le competen en presas y pozos, por lo que asumir la problemática podría generar un mayor costo político:
“Debe enfocarse en la inversión en infraestructura, revisión de la construcción de El Realito, coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y convenios de colaboración entre los tres órdenes de gobierno, es lo mejor que puede hacer; convenios, colaboración, coordinarse debe de qué manera auxilia, pero la facultad jurídica no la va a tener”.
Ríos Medrano apuntó que no podría llevar a cabo un trabajo de distribución, pues no tiene un organismo que pueda realizar ese servicio público, pues involucra trabajos de saneamiento de alcantarillado, tratamiento, distribución de agua potable y otras funciones para toda la entidad:
“La Comisión Estatal del Agua (CEA) ni siquiera pinta, ni siquiera ha dado la cara el titular Benjamín Pérez para decir qué va a hacer con la crisis hídrica, es un funcionario fantasma y yo dudo que un funcionario fantasma como el de la CEA, sí vaya a ser responsable de la distribución del del agua, porque en la zona metropolitana a quien vemos asumiendo un una posición y un trabajo en el tema del agua, en la crisis, es al Interapas, con todas sus deficiencias, pero es el Interapas el que está mediante el pipeo resolviendo un poco la crisis”.
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La Segam reconoce que clausuras y detenciones no han sido suficientes para frenar la contaminación generada por estos hornos
Por: Haniel Valdés
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) reconoció que la operación de ladrilleras en San Luis Potosí representa un problema social y ambiental de larga data, para el cual no ha existido una solución integral, a pesar de las clausuras, inspecciones y acciones de vigilancia realizadas por las autoridades.
La titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz, explicó que durante el último año se realizaron alrededor de 370 inspecciones a industrias, chatarreras y ladrilleras en distintas zonas del estado; sin embargo, admitió que cerrar estos establecimientos de manera aislada no ha resuelto el conflicto, ya que muchos reanudan actividades poco tiempo después.
“El problema de fondo es el combustible que utilizan”, señaló la funcionaria, al explicar que los hornos tradicionales emplean materiales altamente contaminantes, lo que impacta directamente en la calidad del aire y en la salud de las comunidades cercanas.
Mendoza Díaz indicó que la situación es compleja debido a que muchas ladrilleras forman parte de tradiciones familiares con décadas de antigüedad, por lo que las medidas punitivas, como clausuras o detenciones en flagrancia, resultan insuficientes si no se acompañan de alternativas económicas y sociales.
La secretaria subrayó que la responsabilidad de este tema recae en buena medida en los ayuntamientos, ya que son las autoridades municipales las encargadas de otorgar permisos y licencias de uso de suelo. No obstante, reiteró la disposición del gobierno estatal para sentarse a la mesa y buscar soluciones conjuntas.
En este contexto, informó que ya se elaboró una norma ambiental específica para las ladrilleras, desarrollada con la participación de la academia y especialistas en materia ambiental, la cual se encuentra por publicarse. Dicha norma será presentada públicamente en los próximos días como parte de una estrategia para regular la actividad y reducir su impacto ambiental.
Finalmente, Mendoza Díaz sostuvo que el reto es atender el problema desde su origen, mediante programas de apoyo que permitan a los productores cambiar el tipo de combustión y modernizar sus procesos, al tiempo que se protege el medio ambiente y se evita un conflicto social mayor.
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El siniestro en Santo Domingo quedó bajo control total con 90% de liquidación; en Rioverde y Mexquitic ya fueron controlados al 100%
Por: Redacción
Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), calificó como atípica la intensidad y el número de incendios registrados en San Luis Potosí, al señalar que formalmente la temporada de incendios forestales aún no inicia y ya se enfrentan siniestros de consideración en distintos municipios.
“El fenómeno es algo atípico. Apenas estamos entrando en febrero y la temporada formal de incendios todavía no inicia”, expresó el funcionario estatal, quien destacó que desde el primer momento se activaron los protocolos de respuesta.
Torres Sánchez informó que, por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantiene coordinación permanente con autoridades federales y municipales. Detalló que el general de la zona militar activó el Plan DN-III-E en el municipio de Santo Domingo, donde encabezó directamente las labores de combate al fuego junto con brigadistas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Protección Civil Estatal y Municipal, así como voluntarios.
Asimismo, explicó que el gobernador ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) desplegar maquinaria pesada para la apertura de brechas cortafuego, a fin de aislar las llamas y evitar su propagación.
Aunque inicialm ente el incendio en Santo Domingo presentaba un avance cercano al 50 por ciento en su control, al cierre de operaciones del miércoles se reportó bajo control total y con un 90 por ciento de liquidación,
Las brigadas permanecen en la zona realizando labores de liquidación y vigilancia para prevenir reactivaciones.
En cuanto a otros incendios registrados de manera simultánea en Rioverde, Mexquitic y Villa de Zaragoza, se informó que los de Rioverde y Mexquitic ya se encuentran controlados al 100 por ciento y se prevé su entrega a las autoridades locales.
Sobre la posible causa del incendio en Santo Domingo, Torres Sánchez indicó que será un tema que se investigará posteriormente, aunque subrayó que, por ahora, la prioridad es sofocar completamente el fuego.
Finalmente, Protección Civil reiteró el llamado a la ciudadanía para evitar quemas y reportar cualquier emergencia al 911, como parte de las acciones preventivas para proteger el entorno y la seguridad de las familias potosinas.
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La reforma establece aplicación gradual hasta 2030 y mantiene esquema de horas extra
Por: Roberto Mendoza
El Senado de la República aprobó la reforma al artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales. El dictamen se avaló por unanimidad en lo general y, en lo particular, obtuvo 103 votos a favor y 15 en contra, con 118 sufragios emitidos. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo.
El proyecto establece una aplicación gradual que prevé alcanzar las 40 horas en 2030 y ordena la adecuación de las leyes secundarias. En materia de tiempo extraordinario, mantiene el pago al doble dentro del límite permitido y al triple cuando se exceda.
Durante el debate, legisladores del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano plantearon ajustes relacionados con días de descanso y la eliminación de la gradualidad
En entrevista, el coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier, explicó que el texto constitucional establece que de la hora 41 a la 51 se paga al doble y de la 52 a la 56 al triple, lo que permite hasta 16 horas adicionales, con un máximo de 56 horas laborales semanales considerando tiempo extraordinario. La reforma deberá ser aprobada por la Cámara de Diputados y por la mayoría de los congresos estatales antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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