Activistas dijeron que quienes incurren en estos actos no pisan la cárcel y los casos quedan solo en faltas administrativas

Por: Redacción

A las afueras del Congreso del Estado, un grupo de activistas presentaron una solicitud a los diputados locales para crear sentencias más estrictas a aquellas personas que incurran en actos de maltrato animal, más específicamente, solicitando penas de mínimo 10 años de prisión argumentando que muchas de las personas que son detenidas bajo estas acusaciones, no llegan a pisar la cárcel y que estos casos quedan en ocasiones como una falta administrativa.

Ante ello, el diputado Cuauhtli Badillo, dijo que se necesita que todos los órdenes de gobierno enfoquen una parte del recurso público para cumplir con lo solicitado por este grupo de activistas, ya que si bien el Código Penal de San Luis Potosí

establece sentencias a estos actos, resultan muy endebles.

El legislador señaló que se les dará acompañamiento a las personas que presenten la iniciativa, además de darles todo el seguimiento necesario para que pueda avanzar de forma rápida, buscando que de esta forma bajen los casos de maltrato animal.

Para finalizar, el representante del legislativo advirtió que el tema es importante, pues las conductas presentes en actos de violencia contra los animales pueden derivar en agresiones a otras personas.

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Se trata de la primera niña con discapacidad que accederá a este dispositivo tras un juicio de amparo ante la negativa del IMSS de brindar atención médica especializada

Por: Redacción

Julieta, una niña de tres años de edad, diagnosticada con parálisis cerebral infantil, escoliosis e hipoacusia severa, se convirtió en la primera menor con discapacidad en San Luis Potosí en recibir un implante coclear por orden judicial, luego de que su familia promoviera un juicio de amparo ante la negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de brindarle el tratamiento correspondiente. La resolución fue emitida por el Juzgado Octavo de Distrito y constituye un precedente relevante en la defensa del derecho a la salud sin discriminación.

Previo a la resolución judicial, la familia de Julieta impulsó diversas acciones para que la niña recibiera la atención médica que requería. Ante la negativa del IMSS de iniciar el protocolo médico correspondiente, comenzaron a acudir a consultas particulares para obtener valoraciones y diagnósticos que respaldaron la urgencia del tratamiento. A pesar de los informes médicos que confirmaban que Julieta era candidata para implantes cocleares, el instituto se negó a actuar, argumentando que su parálisis cerebral limitaba el beneficio del procedimiento.

Frente a esta omisión, se promovió un juicio de amparo con el acompañamiento de la abogada Fátima Viera, especialista en derecho familiar, quien señaló como acto reclamado la omisión institucional y la discriminación por motivos de discapacidad. “La negativa no se basaba en criterios médicos, sino en prejuicios. Afirmar que no vale la pena colocar un implante a una niña con parálisis cerebral es una forma de negar su derecho a desarrollarse plenamente”, afirmó Viera.

El amparo fue concedido y ordenó al IMSS activar el protocolo médico, subrogar la atención especializada en un hospital de la capital potosina y garantizar tanto la colocación de ambos implantes como el acceso a terapias de seguimiento

. La primera cirugía se realizó el 17 de enero de 2025 en el Hospital del Niño y la Mujer, y a principios de abril se llevó a cabo el encendido del primer dispositivo. No obstante, el segundo implante continúa pendiente, por lo que el juzgado ha requerido al IMSS demostrar avances en el cumplimiento de la sentencia.

La hipoacusia severa compromete gravemente la capacidad auditiva y comunicativa durante la primera infancia. De acuerdo con protocolos médicos internacionales, los implantes cocleares deben colocarse preferentemente antes de los cinco años para tener mayor efectividad en el desarrollo del lenguaje. La omisión institucional pudo haber comprometido de manera grave el desarrollo integral de Julieta.

El Juzgado Octavo de Distrito advirtió que, de no cumplirse la totalidad de la sentencia, se dará vista a las autoridades competentes para la imposición de sanciones a los servidores públicos responsables. “Este caso deja claro que no es la discapacidad la que impide el acceso a derechos, sino las barreras que colocan las propias instituciones”, añadió Fátima Viera.

Este caso visibiliza una práctica sistemática en el sistema de salud: la discriminación estructural hacia personas con discapacidad. Sienta un precedente jurídico y social para otras familias que enfrentan situaciones similares, recordando que el derecho a la salud debe garantizarse sin excepciones, sin prejuicios y sin condiciones.

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Han establecido visitas en La Pila, Ciudad Valles, Rioverde y Xolol, la misma dinámica se mantendrá en Tamazunchale y el Centro Estatal de Justicia Penal para Adolescentes

Por: Redacción 

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Jesús Juárez Hernández, afirmó que se mantiene al tanto del trabajo realizado en los seis centros penitenciarios que operan en la Entidad, por la cual ya ha realizado una visita de supervisión en varios de ellos. Puntualizó que privan condiciones de orden, gobernabilidad y de mucho empuje y fortalecimiento de los ejes de reinserción en beneficio de las Personas Privadas de la Libertad.

 

Por su importancia y capacidad, se han establecido visitas en La Pila, Ciudad Valles, Rioverde y Xolol, la misma dinámica se mantendrá en Tamazunchale y el Centro Estatal de Justicia Penal para Adolescentes, para que sus directores se encuentren inmersos en un trabajo con resultados”.

 

Enfático señaló que desde el inicio del actual Gobierno, se han hecho esfuerzos sin precedentes en los centros de reinserción que hoy presentan un cambio significativo por ejemplo en la alimentación de calidad, trato digno y humanitario, construcción de moderna infraestructura y nuevos espacios y por supuesto un tema tan importante como es la gobernabilidad. Aunado a ello, se han obtenido certificaciones y recertificaciones en Ciudad Valles y Rioverde

y se busca acreditar internacionalmente los de Xolol y el CEJPA.

 

Comentó más adelante que supervisará de manera constante el trabajo desarrollado en los centros penitenciarios, acorde a las exigencias que dicta la superioridad y realizar los ajustes, cambios o enroques que sean necesarios, pero reiteró que por el momento en los seis centros de reinserción están trabajando de acuerdo a lo planeado.