Intervención para el foro sobre libertad de expresión · San Luis Potosí

Jorge Saldaña · Director general de LaOrquesta.mx

Sabemos perfectamente por qué estamos aquí. No hace falta el eufemismo.

Una reforma al Código Penal —que alguien bautizó “Ley Serrano“, aunque no es una ley, es apenas una reforma— derivó en la detención de tres personas. Lo digo así, sin adjetivo: tres personas. Y a eso se sumó la filtración de una lista de supuestos nombres con órdenes de aprehensión. Sacado de contexto, aquello encendió una percepción local y nacional: que el poder salió a cazar voces críticas.

Voy a ser franco, y empiezo por la casa incómoda. Esa reforma quizá no fue correcta. No fue acertada, ni fue precisa. No la justifico.

Pero tampoco me voy a hacer tonto con lo que vino después. Porque la narrativa que se construyó —local, nacional— fue una sola, la de la cacería, y esa narrativa fue aprovechada por intereses políticos muy identificados para derogar una norma y poner al estado en la mira internacional. Las personas no respondemos a términos jurídicos. Respondemos a emociones. Y alguien supo exactamente qué emoción encender.

Hubo hasta una manifestación que se atrevió a hablar “por todos los periodistas”. Con todo respeto: nadie me consultó. Así que quede claro desde mi primera línea. Yo hablo por mí. No me atrevo a hablar por ningún otro medio, ni por ningún otro colega. Vengo a poner mi nombre sobre la mesa, no el de un gremio que no me nombró vocero.

Y ya que hablamos de nombres, conviene fijar algo que no está a debate, porque no depende de este gobierno ni de ninguno.

El Estado no tiene facultad para decidir quién es periodista y quién no. Tampoco quién es medio y quién no. No es cortesía: es doctrina asentada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo resolvió hace cuarenta años, en la Opinión Consultiva 5 de 1985: exigirle a alguien un certificado o una colegiación para ejercer el periodismo es incompatible con la libertad de expresión. El día que el poder reparte credenciales de periodista, ese día decide a quién silencia.

Que quede grabado: aquí nadie pide esa facultad. Y si alguien la ofreciera, habría que rechazarla.

Entonces vamos al grano, porque para eso me invitaron.

En San Luis hay medios anónimos. De un lado y del otro, de todos los colores. Páginas sin dueño, sin domicilio, sin firma, que golpean y desaparecen. A esos no los podemos regular. No está en nuestras manos, y qué bueno que no lo esté.

Pero lo que sí está en nuestras manos es distinguir. Porque ya no existe solo “el periodismo” y “el medio”. El terreno se pobló de figuras nuevas que se disfrazan unas de otras a propósito. Yo encontré siete y las voy a nombrar una por una:

Medio de comunicación. Propiedad y financiamiento identificables, alguien que firma, corrige y da la cara.

Periodista. Lo define el método —fuentes, contraste, contexto—, no el gafete.

Generador de contenido. Audiencia sin método periodístico. Legítimo, valioso, pero no es lo mismo.

Personaje de opinión. Habla en primera persona, sin disfraz de neutralidad. Como yo, en este momento.

Canal de propaganda. Dinero encubierto, agenda de un tercero, cero responsabilidad editorial.

Ecosistema de golpeteo. Cuentas coordinadas, el pasamontañas que se renta para pegar con la cara tapada.

Replicador de mentiras. El que amplifica una falsedad demostrable, con inteligencia artificial o sin ella.

Ninguna de esas siete definiciones dice una palabra sobre el contenido de la crítica. Se distingue por transparencia, método y responsabilidad. Nunca por lo incómoda que resulte la nota.

Y ahora la parte que a nadie le gusta oír, empezando por mí. Todos —todos— sabemos quién está detrás de los medios anónimos de esta ciudad. Los de un bando y los del otro, de todos los colores. Sabemos quién los paga, quién los opera y para quién golpean…y callamos.

Nos decimos a nosotros mismos que callar es “solidaridad gremial”, que colega no muerde a colega. Con todo respeto: es una postura absurda e hipócrita. Eso no es solidaridad. Es complicidad. Cada silencio nuestro engorda un ecosistema de mentiras donde cada vez cuesta más trabajo distinguir al que hace periodismo del que hace daño con disfraz de periodismo.

Y la factura ya nos llegó. Según el Digital News Report 2025 del Instituto Reuters, la confianza de los mexicanos en las noticias es de apenas 36 por ciento. En 2017 era del 49

Pónganlo en términos de barrio.

No creo que tengamos que reescribir las leyes de San Luis. Pero sí creo que tenemos una oportunidad enorme: ser, quizá, el primer estado de Latinoamérica que ponga a debate serio tres temas distintos y no los revuelva. Uno, la libertad de expresión. Dos, el uso de la inteligencia artificial en el periodismo. Tres, cómo desenmascarar a las páginas que mienten desde el anonimato: qué son, quién las paga y qué mentiras fabrican.

Traigo tres propuestas concretas.

Primera, un acuerdo con las universidades.

Catedráticos y especialistas potosinos construyendo, como ya existe en otros países, una herramienta de verificación con inteligencia artificial: un fact-check al que todos los medios de San Luis podamos acceder para que un tercero imparcial valide, o no, lo que publicamos en caso de haber controversia.

¿Quién entra? Voluntario. Sin premio para el que se apunte, sin castigo para el que no, así la sociedad sabrá quién está dispuesto a que lo revisen y quién prefiere quedarse en la sombra. Esa sola diferencia ya dice mucho.

Segunda, una comisión ciudadana y académica.

Un comité con criterio propio que defienda al lector y sepa dirimir qué es un ataque disfrazado y qué es crítica legítima. Que no dependa del gobierno ni de los medios: de la sociedad.

Tercera, esta sí tendría que ir tipificada en la ley.

Dinamarca abrió el camino: reconocerle a cada persona derechos sobre su propia imagen y su propia voz. Que quien las use sin mi consentimiento —una cara sintética, una voz clonada— pueda ser denunciado, y que me pague, porque mi rostro es mío. Sé que es un reto para nuestro sistema judicial, donde no hay nada expedito, ni siquiera para el que se roba un Oxxo. Por eso mismo hay que explorar cómo hacerlo posible. La pregunta no es si es difícil. La pregunta es por qué.

Y termino con lo que de verdad me trajo aquí.

Estoy en contra de la cárcel por daño moral, calumnia o por ejercer el periodismo. Que quede clarísimo.

Pero no me pidan que confunda dos cosas por comodidad política. Una es el periodista incómodo; otra, muy otra, es quien usa una imagen falsa para destruir una vida.

Si lo que hubo detrás de algún caso fue suplantación dolosa —no reportaje, no opinión, sino una mentira fabricada para arruinar a alguien—, eso no es periodismo, y cobijarlo bajo la libertad de expresión insulta a los que sí la ejercen, nos pone en un nivel muy bajo.

Insisto, no pido prisión. Pido algo más simple: que quien me arruine la vida con una imagen falsa no quede impune, y que yo tenga herramientas para poder denunciarlo.

El derecho a criticar no puede ser la coartada del que difama sin cara.

Porque —y aquí no hay matiz que valga— yo estoy a favor de toda la crítica. De la más dura. De la que despierta al poder a media noche. Incomodar al poder es inherente al periodismo, y una democracia sin ese contrapeso no es democracia, es escenografía con bonita letra.

Pero la crítica que respeto es la que firma. La que da la cara.

Ese es todo el punto. No pedimos que nadie apruebe lo que decimos. Pedimos que se sepa quién lo dice y se haga con método. Yo ya dije mi nombre al principio, y lo repito al final, porque es la única credencial que reconozco:

Yo soy Jorge Saldaña.

Karen Tapia creó “Memoria Esmeralda”, una inteligencia artificial que reconoce en menos de un minuto las prendas halladas por colectivos de buscadoras

Por: Haniel Valdés Velázquez

Karen Tapia Torres, ingeniera en sistemas de información egresada de la Universidad Autónoma de Sinaloa, desarrolló Memoria Esmeralda, una plataforma con inteligencia artificial que identifica y clasifica automáticamente las fotografías de prendas halladas en búsquedas de personas desaparecidas, con una exactitud del 99.02 por ciento.

La herramienta funciona con una red neuronal convolucional: los colectivos suben las fotografías de un hallazgo a la página web y el sistema reconoce en menos de un minuto qué es cada imagen —una camisa, un pantalón—, aunque se trate de 500 archivos sin nombre ni clasificación. Cada registro se guarda en una base de datos centralizada junto con quién lo subió, la fecha, el lugar del hallazgo y el destino de las prendas.

Actualmente ese trabajo es manual: los colectivos de madres buscadoras documentan los hallazgos en redes sociales, sobre todo en Facebook, donde la información se pierde entre canales y difícilmente llega de un estado a otro. “La idea es que la tecnología apoye a que la lucha sea más humana y más digna”, afirmó Tapia.

“La consulta es pública: cualquier persona puede buscar, por ejemplo, “pantalones”, y la página arroja las coincidencias con su nivel de exactitud y los datos del hallazgo. La plataforma incluye además un apartado de pistas anónimas que no pide cuenta, sesión ni número telefónico; los reportes llegan a la administradora, quien los filtra y los canaliza al colectivo que corresponda”, explicó.

Tapia puso como ejemplo el caso del rancho Izaguirre, en Jalisco, donde se encontraron 388 imágenes de prendas que las familias tuvieron que revisar una por una. Ahí apareció una mochila parecida a la que llevaba Esmeralda Castillo Rincón el día que desapareció. “¿Cuántas imágenes tuvo que ver don José Luis Castillo para decir que lamentablemente no era la de su hija? ¿Cuánto tiempo perdió?”, cuestionó.

El proyecto lleva el nombre de Esmeralda, desaparecida el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Tapia conoció su historia en 2019, por la protesta pacífica de su padre, que arroja brillitos rosas al aire para recordarla. Para la ingeniera, esa historia es también la de los más de

La meta es lanzar la página antes de que termine el año. Hoy corre de manera local, sin hosting, mientras Tapia sostiene pláticas con los dos colectivos de su ciudad y con el Instituto de la Juventud; si no se concreta apoyo, asumirá los costos ella misma. La plataforma, aseguró, jamás cobrará a colectivos ni a la sociedad: “no se lucra con el amor y no se lucra con el dolor”.

Como trabajo futuro, contempló que los familiares registren la descripción o una foto de la ropa de su ser querido desaparecido, para recibir una notificación cada vez que se cargue una imagen coincidente. “En pleno 2026, con la tecnología que tenemos, se me hace imposible creer que nadie les ha dado una herramienta. Como sociedad, estamos fallando mucho“, sostuvo.

Karen no tiene entre sus familiares o círculo cercano alguna víctima de desaparición forzada, pero no es ajena a los constantes reportes y a las cifras que se dan a conocer a lo largo de todo el país donde son millares las personas que no han vuelto a casa, incluso más los familiares que no dejan de buscar y que alimentan sus esperanzas con cada nuevo indicio.

El desarrollo tecnológico debería siempre estar en función de lo útil, de lo necesario; aliviar el dolor de tantos buscadores es un deber moral, para eso fue creada Memoria Esmeralda, un proyecto que Karen busca llevar a todo el país y poner al servicio de los colectivos y Madres Buscadoras.

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El alcalde asegura que aún hay tiempo para que el Gobierno del Estado regularice sus trámites

Por: Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, descartó sancionar, suspender o clausurar las obras del Gobierno del Estado de San Luis Potosí que carecen de permisos municipales, y en su lugar invitó a la dependencia estatal a regularizar sus trámites.

Galindo Ceballos explicó que no se trata de una omisión del Ayuntamiento de San Luis Potosí, sino de un trámite establecido en la normatividad que aplica no solo a obra y desarrollo urbano, sino a factibilidades de agua, uso de suelo y planificación de la ciudad. El Instituto Municipal de Planeación (INPLAN) es la máxima autoridad en la ciudad para definir hacia dónde se hacen algunas cosas u otras no, afirmó.

El alcalde señaló que dos obras en particular no cuentan con ningún permiso: el puente de la salida a Guadalajara y el desnivel de la FENAPO. “Déjame hablar nada más de los últimos dos puentes, y esos hoy definitivamente no tienen ninguna autorización”, sostuvo.

Pese a la irregularidad, Galindo Ceballos aseguró que el Ayuntamiento no tomará medidas contra las obras. “No es motivo para suspenderse, ni es la voluntad del ayuntamiento (…) los invito a que regularicen sus trámites”, dijo. Añadió que el proyecto del puente a la salida a Guadalajara ni siquiera ha iniciado y que la propia dependencia estatal reconoce que la licitación no está terminada, por lo que consideró que aún hay tiempo para subsanar el trámite.

El alcalde recordó que las obras sin los soportes requeridos son observadas por las Contralorías, por los Institutos de Fiscalización o por la Auditoría Superior de la Federación, según el origen de los recursos. Explicó que el Ayuntamiento sí podría sancionar, pero que cada caso se evaluaría por área: impacto ambiental, protección civil, desarrollo urbano o el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas).

La confirmación de Galindo Ceballos se da después de que la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) del Gobierno del Estado reconociera que carece de permisos municipales para ejecutar obras. El alcalde dijo que revisará el resto de las obras estatales para identificar en cuáles “posiblemente se configura algún tema”.

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