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Gabino Morales también está denunciado por hostigamiento y acoso sexual
El coordinador de Morena en el estado fue suspendido ayer durante 6 meses por incurrir en violencia de género, pero sobre él pesa una denuncia adicional ante la Fiscalía
Por: Blakely Morales
A la resolución y suspensión de 6 meses por violencia de género contra el coordinador de Programas de Desarrollo Social del Gobierno Federal para San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, se suma una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado, por los presuntos delitos de amenazas, hostigamiento y acoso sexual, discriminación, provocación y apología del delito, en contra de una militante de Morena.
El 25 de junio del 2018, la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena recibió una denuncia en la que se narra una violencia sistemática expresada primero a través de comentarios misóginos vestidos de bromas para “romper el hielo”, e intensificada entre los meses de noviembre y marzo del año pasado, y que sería determinante para la organización actual del tablero político de Morena en San Luis Potosí.
La violencia habría tocado extremo entre los días 10 y 11 de marzo, cuando según la declaración de la víctima, de quien se reserva su identidad, Gabino Morales la habría amedrentado, esparciendo entre los militantes del estado, y particularmente de la Huasteca, el mensaje de que tenía en su poder imágenes con contenido sexual, en las que se le veía “haciendo porquería y media”, según cita un testimonio anexo a la denuncia. El comentario, fue reproducido a través de una llamada telefónica narrada por el testimonio, y habría contenido la presunta amenaza de difundir las imágenes.
El objetivo de Morales Mendoza fue, según la denunciante, que ésta y un grupo de mujeres militantes del partido, dejara de criticar la figura de poder que el joven político ejercía en ese entonces como Enlace Estatal de Defensa del Voto, frente a la campaña electoral en la que finalmente resultó ganador López Obrador.
BLOQUEO
En el expediente con registro CNHJ-SLP-626-2018, con proceso vigente al interior del órgano de justicia partidaria de Morena, consta además la denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales, que forma parte de un proceso de judicialización emprendido por la parte acusadora, e incluye al designado como coordinador de Programas de Desarrollo Social para la zona Media del estado para el Gobierno de Andrés Manuel, y cercano a Morales Mendoza, Kevin Ángelo Aguilar Piña. Presuntamente, Aguilar Piña y Morales Mendoza habrían actuado de manera sistemática, para impedir el acceso de la víctima a la estructura del Enlace Estatal de Defensa del Voto durante el proceso electoral.
En la correspondencia digital que forma parte de los anexos de la denuncia ante la CNHJ, se lee que, es a través de un documento con fecha 10 de febrero de 2018, anexo a la denuncia, que Kevin Ángelo Aguilar Piña, designado Enlace Estatal del Voto, informó al entonces Coordinador Nacional de Defensa del Voto y al Enlace Estatal en San Luis Potosí, Gonzalo López Beltrán y Gabino Morales Mendoza, respectivamente, de un “cambio de Enlace Distrital de Defensa del Voto” en la zona metropolitana.
La víctima había sido propuesta para ocupar ese lugar días antes por el propio Gabino Morales. En ese mensaje, Aguilar Piña informa del cese de la denunciante en el puesto, argumentando que la razón tuvo origen en la búsqueda que hizo ella para reunirse con líderes del partido en la Ciudad de México buscando apoyo para exponer la violencia política de género, propiciada desde la cúpula por Gabino Morales y Kevin Ángelo, de la que se estaban sintiendo vulnerables.
“La compañera -explica Aguilar Piña en el documento del 10 de febrero- fue a buscar a diferentes personalidades a la Ciudad de México, buscando que se removiera al enlace Estatal de promoción del voto, Gabino Morales Mendoza y mi designación como Enlace Estatal de Defensa del Voto, de lo cual tuve conocimiento reciente, y se ha dedicado constantemente a eso mismo”.
Líneas más arriba, en el mismo documento, el joven político egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, señala que “en una reunión de capacitación se nos hizo saber que los perfiles que se buscaban en esta estructura (de Defensa del Voto) son de gente que este (sic) alejada de toda ‘grilla política’”. La víctima por su parte, acusa un incremento de violencia a través de comentarios misóginos, a partir de la incorporación de Aguilar Piña al equipo cercano de Gabino Morales, a principios del 2017, violencia que se intensificó en noviembre del año pasado durante una gira de Andrés Manuel López Obrador en la Huasteca.
La víctima y el grupo de mujeres señalado, acudieron efectivamente desde el cinco de enero del 2018 a la Ciudad de México para reunirse con “diferentes autoridades” buscando denunciar la violencia de género que estaban detectando en su contra desde la cúpula del partido. Según la denuncia, Gabino Morales se habría referido al mismo grupo de mujeres como: “tres viejas chismosas”. De la narración se lee, que sería Aguilar Piña el primer responsable de la difusión del material con contenido erótico.
El once de marzo del 2018, un día después de la llamada que se narra en el testimonio anexo a la denuncia, la víctima asegura haber recibido llamadas de militantes del partido preguntándole si era cierto, lo que de ella se decía al interior del estado, que supuestamente había sostenido relaciones sexuales con varios líderes del partido a nivel local y nacional para obtener su lugar en la estructura paralela de Defensa del Voto, entre ellos al entonces y actual presidente estatal de Morena, Sergio Serrano Soriano.
“Sergio (Serrano Soriano) con una vieja y con una botella, les concede todo a ellas”, habría dicho Morales Mendoza refiriéndose a la víctima y a otro grupo de mujeres militantes, durante esa y otras comunicaciones, según el testimonio.
La víctima narra haber sostenido una relación de amistad y de cooperación en el trabajo con Gabino Morales Mendoza, junto a quien presidió la Asamblea Constitutiva de Morena, para su conformación como partido en el estado, en el año 2014.
CONTRADICCIONES
Gabino Morales y Kevin Ángelo respondieron a las acusaciones en un documento con fecha 16 de agosto del 2018, dirigido a la CNHJ en el que citan un par de jurisprudencias, niegan todos los hechos denunciados 
Las respuestas que la Comisión Nacional de Honor y Justicia ha recibido al expediente CNHJ-SLP-626-2018 han sido desconcertantes. En un documento del 22 de agosto del 2018, Gabriel García Hernández, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, comunica a los integrantes de la Comisión, que ninguno de los denunciantes forma parte de la estructura partidista: “Hago de su conocimiento que los CC. GABINO MORALES MENDOZA y KEVIN ÁNGELO AGUILAR PIÑA 
Tal argumento queda desacreditado luego de la resolución tomada ayer en la que por otro caso, el de violencia política de género, sí derivó en una suspensión del cargo que ostentaba dentro de Morena.
Esta acción ha sido leída por los abogados del caso como un bloqueo desde la cúpula de Morena para aplazar el proceso por la denuncia. Al exterior de San Luis Potosí, Gabino goza de la simpatía de algunos actores de Morena y particularmente en la Ciudad de México; de hecho, se le relaciona con el firmante del documento, Gabriel García Hernández, quien es su mando superior en la coordinación de Programas Integrales en el Gobierno de la 4T.
García Hernández, es identificado como uno de los hombres de mayor confianza y de más bajo perfil en el círculo rojo de Andrés Manuel; se le describe como pieza clave para la organización distrital que llevó, casa por casa, el mensaje lopezobradorista a todo el país, que hizo posible el triunfo del tres veces candidato presidencial.
Gabino Morales Mendoza es militante de Morena y fue el primer presidente estatal del partido; actualmente su puesto es el más cercano a Andrés Manuel desde San Luis Potosí, y cuenta con el respaldo del senador Primo Dothé Mata en la Huasteca y de Leonel Serrato Sánchez, coordinador de Programas de Desarrollo Social para San Luis Potosí y la zona metropolitana, en la capital; con quienes conforma la cúpula local del partido.
¿INTOCABLE?
El viernes 5 de octubre, durante la visita del entonces presidente electo, Gabino Morales, originario del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, egresado de la Licenciatura en Administración Pública de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por primera vez en su vida pública vestido de traje sastre y corbata, se enfrentó a una manifestación que se instaló en el ala izquierda de la Plaza de Fundadores con cartulinas color verde fosforescente que lo acusaban de “simulador”.
Ante la manifestación, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador defendió a Morales Mendoza, primero al inicio del acto: “Como dicen los jóvenes ¡Ya chole! Con los pleitos; ¿o ustedes quieren que se sigan peleando aquí en San Luis Potosí? Ya que los dirigentes ya vayan entendiendo, y que estén a la altura de las circunstancias”.
Después, casi al final del evento, y ante los gritos de ¡Fuera Gabino!, Andrés Manuel volvió a comentar en favor de Morales Mendoza: “¡No! Gabino es nuestro coordinador aquí”, en ese momento los gritos de apoyo se confundieron con los de repudio; “ven acá”, le llamó Andrés Manuel al joven político, lo tomó por el hombro y dijo a la multitud que “él es nuestro coordinador, representante del Gobierno Federal, es de confianza, y ya les digo, hay que dejar de pelear, hay que hacer a un lado la politiquería, la patria es primero, ¿Por qué luchamos? Para transformar al país ¿no es así? O… ¿luchamos por cargos?”, y la multitud le respondió ¡No!
“El que quiera puesto que se vaya al mercado”, remató López Obrador. Morales Mendoza cruzó de ida y vuelta por el tapanco hasta el micrófono con una sonrisa triunfadora, mientras abajo al menos medio centenar de personas le gritaban “¡Corrupto!”.
Morales ha sido criticado y denunciado por supuestamente ejercer el poder con opacidad y autoritarismo; su nombramiento como coordinador Estatal de Programas de Desarrollo ha sido confrontado desde el interior del partido, con acusaciones por uso irregular de recursos.
El proceso al interior de la Comisión Nacional de Honor y Justicia sigue vigente. Después de haber citado a una audiencia de conciliación cara a cara, entre la víctima y los presuntos agresores, que la defensa rechazó por haber en la denuncia componentes de presuntas agresiones de índole sexual, la CNHJ citó a audiencias por separado para el desahogo de pruebas; Gabino Morales Mendoza y a Kevin Ángelo Aguilar Piña el 17 de octubre.
La víctima exigía la remoción de ambos personajes del partido, así como de los cargos que ostentan, además de la adopción de Morena de medidas que prevengan y eviten la violencia política en razón de género.
Sin embargo, la CNHJ minimizó las acusaciones y resolvió que solo eran acreedoras de una amonestación pública. “Una llamada de atención y nada más”, como señaló en diciembre Sergio Soriano.
La denuncia sigue su curso dentro de la Fiscalía y cobra renovada validez luego de la determinación de CNHJ según la cual Gabino Morales incurrió en violencia política de género, razón por la que ha sido acreedor una sanción, pese a que meses atrás esa misma comisión había manifestado que no se le podía castigar porque no formaba parte “de la estructura partidista” de Morena.
+ENTONADO
LA SANCIÓN QUE PUSO EN JAQUE A GABINO
Ayer por la noche, en la víspera de la visita que Andrés Manuel López Obrador llevará a cabo por San Luis Potosí, la situación de Gabino dio un viraje. Una resolución de la CNHJ lo dejó suspendido 6 meses de cualquier cargo dentro del movimiento.
Por medio de un oficio, la comisión dio a conocer que el delegado del gobierno federal incurrió tanto en violencia política como violencia política de género sobre una ciudadana
De acuerdo al procedimiento interno promulgado por Morena, Gabino deberá además acudir a cursos de sensibilización sobre la violencia de género.
Las determinación llega finalmente luego de que el pasado 6 de septiembre de 2018 la afectada interpuso un recurso ante dicha comisión a causa de las conductas inapropiadas de Gabino que transgredieron los estatutos de Morena.
También lea: Gabino Morales es suspendido de Morena por violencia política de género
Entre los sistemas sin corrección hay uno de la SEP que funciona con PHP de 2004
Por: Redacción
Al menos 8,600 servicios web en México funcionan con versiones de PHP que ya no recibirán ninguna corrección de seguridad, en plena ola de ataques por PHP2Shell, la falla que el 26 de octubre la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura de Estados Unidos (CISA) confirmó como explotada activamente.
El conteo, hecho con el buscador Shodan el 22 de octubre y publicado por Ignacio Gómez Villaseñor en una columna invitada de Milenio, ubica entre esos sistemas uno de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que corre con PHP 4.3, de 2004, y otro de la Secretaría de Gobernación (Segob) con PHP 5.2, de 2007. Ninguna de las dos versiones recibe actualizaciones desde hace más de 15 años.
De 39,661 servicios con PHP detectados en el país, cerca de uno de cada cinco usa una versión sin parche posible. Al filtrar solo dominios gob.mx aparecieron 550 servicios de gobierno; de una muestra de 20 revisados uno por uno, 19 eran vulnerables.
Qué es PHP2Shell
PHP es el lenguaje de programación con el que funcionan WordPress, tiendas en línea y buena parte de los portales de gobierno. Según W3Techs, lo usa el 70.2% de los sitios web cuyo lenguaje se conoce.
Las fallas CVE-2026-109618 y CVE-2026-109619, apodadas PHP2Shell, están en el propio PHP y no en una página en particular. Basta con que el servidor acepte recibir archivos, como viene configurado de fábrica, para que un atacante pueda tomar el control del equipo sin usuario ni contraseña. El equipo de PHP las calificó con 9.2 de 10 en gravedad.
La falla también permite leer fragmentos de la memoria del servidor, donde se guardan contraseñas, claves de acceso y certificados. Actualizar cierra la puerta, pero no recupera lo que ya pudo salir.
Cinco días de octubre
Amazon registró el primer intento de ataque el 17 de octubre, cuatro días antes de que la falla fuera pública. El 20 se filtraron los detalles y PHP tuvo que adelantar su corrección, que publicó el 21 de octubre a las 8:00, hora del centro de México, para las versiones 8.2 a 8.5.
Ese mismo día, la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la CISA pidieron parchar o desconectar los servidores de inmediato. En Países Bajos, ministerios, hospitales y medios apagaron sus sitios por precaución.
El 24 de octubre, un investigador de Perplexity confirmó la ejecución remota de código en servidores trampa. El 26, la CISA agregó ambas fallas a su catálogo de vulnerabilidades explotadas y dio plazo al 29 de octubre para que las agencias federales de Estados Unidos las corrijan. La firma Censys estimó más de 32.5 millones de servicios PHP en el mundo con versiones afectadas.
Una tercera falla, sin parche
El 23 de octubre, PHP divulgó una nueva vulnerabilidad, CVE-2026-115560, que también permite ejecutar código a distancia y que las actualizaciones del 21 no corrigen. Para esta no hay parche: PHP recomendó como medida temporal desactivar la función que reporta el avance de carga de archivos.
Al 26 de octubre no se había reportado su explotación, de acuerdo con la firma SOC Prime.
Gobierno y universidades, los más expuestos
La revisión publicada en Milenio encontró que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tenía un servidor ya actualizado mientras otros de la misma dependencia seguían sin parche.
La institución con más servicios PHP del país es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con 820. Entre todas las universidades públicas de la lista suman más de 1,800, con versiones sin soporte como la 7.0 y la 8.1.
Colombia hizo un ejercicio parecido: su equipo de respuesta, Colcert, contó 8,699 servicios con PHP expuestos. Según la misma columna, en México no hay registro de una alerta equivalente de la autoridad.
Víctor Ruiz, fundador de la firma de ciberseguridad SILIKN, advirtió a Milenio que vienen ataques “sumamente fuertes” contra quienes no actualicen. “Será caótico, te lo puedo asegurar”, dijo.
Ruiz señaló que estas fallas “no distinguen recursos presupuestales”, por lo que una secretaría estatal y un ayuntamiento pequeño quedan igual de expuestos, y que “la ausencia de alertas no descarta una intrusión”.
La firma Sansec concluyó el 22 de octubre que un ataque masivo es menos probable de lo previsto, porque requiere conocer bien el servidor. Las pruebas de ataque que circulan funcionan sobre todo contra servidores Apache con PHP 8, el tipo más común.
Una empresa potosina, en un sitio de filtraciones
El grupo de ransomware Krybit publicó el 26 de octubre a Grupo Euro (grupoeuro.com.mx) en su sitio de filtraciones, según el rastreador Breachsense, que la clasifica en el sector energía. De acuerdo con publicaciones especializadas en ciberseguridad difundidas en redes sociales, se trata del grupo potosino de las gasolineras Gasomax, Importadora Euro y franquicias de Burger King.
El portal ransomware.live contabiliza 331 contraseñas expuestas vinculadas a la empresa, 70 de ellas críticas, y cita a la firma Hudson Rock, que registra a un empleado y cuatro usuarios infectados con programas que roban credenciales. Krybit se atribuye el ataque sin que hasta ahora la empresa lo haya confirmado, y no hay evidencia pública de que el caso esté ligado a PHP2Shell.
Krybit opera desde marzo de 2026 con un esquema de doble extorsión: roba información, cifra los archivos y amenaza con publicar los datos si no se paga. Sus exigencias van de 40 mil a 100 mil dólares, según la firma Halcyon. Breachsense le cuenta 165 víctimas, nueve de ellas en México.
En agosto, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) descartó un hackeo a sus sistemas tras la difusión en redes de información del Poder Judicial. En septiembre, la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez dijo que la auditoría externa apuntaba más a una filtración que a una intrusión.
Argentina: datos de 172 mil estudiantes
Un actor en un foro de la dark web publicó muestras de una base de datos que dice provenir del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SINIDE), del Ministerio de Educación de Argentina, con registros de unos 172 mil estudiantes.
Según el actor, cada registro tiene más de 80 campos —nombre, número de Documento Nacional de Identidad (DNI), domicilio, desempeño escolar y datos socioeconómicos—, además de información de unas 1,100 escuelas, 953 directores y credenciales de 21 cuentas de consultores. Afirmó que los datos estaban accesibles sin autenticación.
Analistas que siguen el caso advirtieron que la mayoría de los afectados probablemente son menores de edad, y que sus datos de identidad, hogar y escuela pueden usarse para fraudes y extorsiones dirigidas a sus familias.
La afirmación no está verificada y llegó horas después de otra contra la plataforma Moodle del mismo ministerio. En septiembre, el grupo N0n se atribuyó un ataque a la dependencia, y en julio de 2025 se ofrecieron a la venta 287 mil documentos del ministerio con DNI, correos y domicilios.
La corrección para PHP2Shell ya existe, pero cada institución tiene que instalarla en todos sus servidores y, si estuvo expuesta, cambiar contraseñas y claves y revisar sus registros hacia atrás. Para el usuario común no hay nada que hacer en su teléfono o computadora: la falla vive en los servidores, no en los dispositivos.
Con información de Milenio, CISA, Breachsense, Halcyon, SOC Prime y ransomware.live.
También lee: Auditoría descarta hackeo al Poder Judicial, pero no filtración
La CEA dijo que busca cobrar con los mecanismos del contrato, mientras el Estado paga unos 6 millones al mes
Por: Redacción
La operadora de El Realito tiene adeudos por unos 200 millones de pesos por incumplimientos del contrato, que están en controversia, dijo Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA).
Explicó que cada vez que hay una falla se aplican multas y esa parte se resta a la empresa en el pago: «nosotros le restamos y no se le paga esa parte».
Dijo que, conforme al contrato, el Gobierno del Estado paga alrededor de 6 millones de pesos al mes por el servicio. Cuando el sistema funciona, otra tarifa depende de la cantidad de agua que llega a la capital.
Sobre los 200 millones, dijo que la CEA busca «el mecanismo propio del contrato» para cobrarlos, pues es dinero que la empresa tendría que pagar. Agregó que la CEA trabaja en un diagnóstico que incluye parte del sistema administrativo del contrato.
La concesión federal del agua está a nombre del Gobierno del Estado. Una administración anterior delegó la operación en una empresa española mediante contrato, explicó en septiembre Darío Fernando González Castillo, director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en San Luis Potosí, dependencia que acompaña jurídicamente a la CEA para explorar una rescisión o una mediación.
En septiembre se dio a conocer que Banobras y Conagua analizan rescindir el contrato. El acueducto acumula 76 fallas desde 2021, que suman 295 días sin agua a la zona metropolitana, según el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas).
También lee: Interapas no paga saneamiento desde 2018, dijo titular de la CEA
Imágenes de distintas convivencias y un video difundido en 2024 por el propio exaspirante a la gubernatura documentan la presencia de Juan de Jesús Salazar en su entorno social; las revelaciones surgen en medio de investigaciones y señalamientos sobre contratos millonarios con Pemex y una presunta red de facturación irregular
Por: Jorge Saldaña
La reciente detención de Juan de Jesús Salazar, alias “Wiwa”, señalado por las autoridades como presunto líder criminal en la Huasteca potosina y buscado por homicidio calificado, ha puesto bajo escrutinio sus relaciones sociales con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien hasta septiembre pasado aspiraba a la gubernatura de San Luis Potosí.
Fotografías de distintas convivencias muestran encuentros entre Salazar y personas del entorno empresarial y político de Sánchez Zumaya. Entre las imágenes difundidas destaca una en la que el ahora detenido aparece abrazado con el diputado federal panista David Azuara Zúñiga.
Los registros gráficos adquieren relevancia tras la captura de Salazar, de 35 años, a quien las autoridades estatales atribuyen presuntas actividades delictivas en la región Huasteca y quien, según información de inteligencia, se desenvolvía públicamente bajo un perfil empresarial.
La presencia de “Wiwa” en estas reuniones no se limita a un solo evento. Existen fotografías correspondientes a diferentes convivencias y un video específico de una celebración familiar difundido desde las redes sociales del propio Sánchez Zumaya.
Uno de esos registros corresponde a la ostentosa boda de Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, medio hermano de Gerardo Sánchez Zumaya, celebrada en abril de 2024 en la Antigua Nave Lewis del Parque Fundidora, en Monterrey.
En el video de la fiesta, difundido por el propio exaspirante a la gubernatura, aparece Salazar entre los asistentes. La celebración alcanzó notoriedad por las presentaciones de agrupaciones y artistas como Gerardo Ortiz, Gabito Ballesteros, Los Recoditos y La Sonora Dinamita.
Contratos millonarios, factureras y cuentas bloqueadas
La difusión de las fotografías ocurre cuando Gerardo Sánchez Zumaya enfrenta cuestionamientos por sus relaciones empresariales y financieras, particularmente por operaciones relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas señaladas en investigaciones periodísticas por presuntas irregularidades de facturación.
En noviembre de 2024, una investigación de Reforma dio a conocer señalamientos sobre operaciones y transacciones por más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024 en una presunta red de empresas relacionadas con el sector petrolero y vinculadas con el empresario potosino.
Más recientemente, otra investigación del mismo diario reveló que Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo pagaron durante 2025 facturas superiores a 2 mil 800 millones de pesos a empresas señaladas como parte de una red relacionada con Sánchez Zumaya.
Entre las compañías mencionadas en esos reportes figuran Grupo Mineral & Logistic, Safnat y Diazol, cuyas operaciones, domicilios fiscales y movimientos financieros han sido objeto de cuestionamientos.
Los señalamientos alcanzan también a familiares y personas relacionadas con el entramado empresarial investigado, entre ellos al novio de la boda del 2024, medio hermano del ex aspirante y socio de Mineral & Logistic que inyectó un aumento de capital por 400 millones de pesos sin explicar su procedencia.
En paralelo, empresas y particulares vinculados con esa presunta red han promovido recursos judiciales contra el bloqueo de cuentas bancarias dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya
Sánchez Zumaya anunció el 24 de septiembre su retiro de las aspiraciones a la gubernatura de San Luis Potosí, luego de buscar espacios políticos en Morena y el PT atribuyendo su retiro a la atención a “motivos familiares”.
Aunque las investigaciones periodísticas han documentado las presuntas irregularidades, hasta ahora no existe una sentencia judicial conocida que acredite responsabilidad penal de Gerardo Sánchez Zumaya aunque al mismo tiempo se sabe que salió del país.
Los Azuara Zúñiga
La aparición del diputado federal David Azuara Zúñiga en una fotografía junto a Salazar amplía la dimensión política de los encuentros documentados.
En esa imagen, el legislador panista aparece abrazado con quien posteriormente fue detenido y señalado como presunto líder criminal en la Huasteca potosina.
La fotografía no constituye evidencia de participación del diputado en actividades delictivas, sin embargo, sí demuestran la relación estrecha entre Salazar, GSZ, círculos empresariales y políticos panistas de SLP.
La captura que volvió relevantes las fotografías
Juan de Jesús Salazar fue detenido en San Luis Potosí después de una serie de hechos violentos registrados en Tanquián de Escobedo, incluidos enfrentamientos ocurridos entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de octubre, tras el asesinato de un elemento federal.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Jesús Juárez Hernández, informó que, de acuerdo con información de inteligencia, Salazar presuntamente había llegado desde Veracruz para involucrarse en actividades delictivas en la región.
Las autoridades señalaron que era buscado por homicidio calificado y que mantenía una apariencia empresarial en su vida pública.
Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona advirtió que algunos presuntos líderes criminales buscan integrarse a la sociedad potosina presentándose como empresarios, instalándose en zonas residenciales de alta plusvalía y participando en círculos sociales de alto perfil.
La captura de “Wiwa” y las fotografías de sus encuentros con Sánchez Zumaya y Azuara Zúñiga plantean nuevas preguntas sobre las relaciones sociales del detenido.
La documentación gráfica coloca esas relaciones en el centro de la atención pública, mientras continúan los cuestionamientos sobre las operaciones financieras de las empresas vinculadas con Sánchez Zumaya y el alcance de las investigaciones correspondientes.
También lee: Enfrentamientos armados en Tanquián; mencionan a grupo ligado a Sánchez Zumaya
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