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Gabino Morales también está denunciado por hostigamiento y acoso sexual
El coordinador de Morena en el estado fue suspendido ayer durante 6 meses por incurrir en violencia de género, pero sobre él pesa una denuncia adicional ante la Fiscalía
Por: Blakely Morales
A la resolución y suspensión de 6 meses por violencia de género contra el coordinador de Programas de Desarrollo Social del Gobierno Federal para San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, se suma una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado, por los presuntos delitos de amenazas, hostigamiento y acoso sexual, discriminación, provocación y apología del delito, en contra de una militante de Morena.
El 25 de junio del 2018, la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena recibió una denuncia en la que se narra una violencia sistemática expresada primero a través de comentarios misóginos vestidos de bromas para “romper el hielo”, e intensificada entre los meses de noviembre y marzo del año pasado, y que sería determinante para la organización actual del tablero político de Morena en San Luis Potosí.
La violencia habría tocado extremo entre los días 10 y 11 de marzo, cuando según la declaración de la víctima, de quien se reserva su identidad, Gabino Morales la habría amedrentado, esparciendo entre los militantes del estado, y particularmente de la Huasteca, el mensaje de que tenía en su poder imágenes con contenido sexual, en las que se le veía “haciendo porquería y media”, según cita un testimonio anexo a la denuncia. El comentario, fue reproducido a través de una llamada telefónica narrada por el testimonio, y habría contenido la presunta amenaza de difundir las imágenes.
El objetivo de Morales Mendoza fue, según la denunciante, que ésta y un grupo de mujeres militantes del partido, dejara de criticar la figura de poder que el joven político ejercía en ese entonces como Enlace Estatal de Defensa del Voto, frente a la campaña electoral en la que finalmente resultó ganador López Obrador.
BLOQUEO
En el expediente con registro CNHJ-SLP-626-2018, con proceso vigente al interior del órgano de justicia partidaria de Morena, consta además la denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales, que forma parte de un proceso de judicialización emprendido por la parte acusadora, e incluye al designado como coordinador de Programas de Desarrollo Social para la zona Media del estado para el Gobierno de Andrés Manuel, y cercano a Morales Mendoza, Kevin Ángelo Aguilar Piña. Presuntamente, Aguilar Piña y Morales Mendoza habrían actuado de manera sistemática, para impedir el acceso de la víctima a la estructura del Enlace Estatal de Defensa del Voto durante el proceso electoral.
En la correspondencia digital que forma parte de los anexos de la denuncia ante la CNHJ, se lee que, es a través de un documento con fecha 10 de febrero de 2018, anexo a la denuncia, que Kevin Ángelo Aguilar Piña, designado Enlace Estatal del Voto, informó al entonces Coordinador Nacional de Defensa del Voto y al Enlace Estatal en San Luis Potosí, Gonzalo López Beltrán y Gabino Morales Mendoza, respectivamente, de un “cambio de Enlace Distrital de Defensa del Voto” en la zona metropolitana.
La víctima había sido propuesta para ocupar ese lugar días antes por el propio Gabino Morales. En ese mensaje, Aguilar Piña informa del cese de la denunciante en el puesto, argumentando que la razón tuvo origen en la búsqueda que hizo ella para reunirse con líderes del partido en la Ciudad de México buscando apoyo para exponer la violencia política de género, propiciada desde la cúpula por Gabino Morales y Kevin Ángelo, de la que se estaban sintiendo vulnerables.
“La compañera -explica Aguilar Piña en el documento del 10 de febrero- fue a buscar a diferentes personalidades a la Ciudad de México, buscando que se removiera al enlace Estatal de promoción del voto, Gabino Morales Mendoza y mi designación como Enlace Estatal de Defensa del Voto, de lo cual tuve conocimiento reciente, y se ha dedicado constantemente a eso mismo”.
Líneas más arriba, en el mismo documento, el joven político egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, señala que “en una reunión de capacitación se nos hizo saber que los perfiles que se buscaban en esta estructura (de Defensa del Voto) son de gente que este (sic) alejada de toda ‘grilla política’”. La víctima por su parte, acusa un incremento de violencia a través de comentarios misóginos, a partir de la incorporación de Aguilar Piña al equipo cercano de Gabino Morales, a principios del 2017, violencia que se intensificó en noviembre del año pasado durante una gira de Andrés Manuel López Obrador en la Huasteca.
La víctima y el grupo de mujeres señalado, acudieron efectivamente desde el cinco de enero del 2018 a la Ciudad de México para reunirse con “diferentes autoridades” buscando denunciar la violencia de género que estaban detectando en su contra desde la cúpula del partido. Según la denuncia, Gabino Morales se habría referido al mismo grupo de mujeres como: “tres viejas chismosas”. De la narración se lee, que sería Aguilar Piña el primer responsable de la difusión del material con contenido erótico.
El once de marzo del 2018, un día después de la llamada que se narra en el testimonio anexo a la denuncia, la víctima asegura haber recibido llamadas de militantes del partido preguntándole si era cierto, lo que de ella se decía al interior del estado, que supuestamente había sostenido relaciones sexuales con varios líderes del partido a nivel local y nacional para obtener su lugar en la estructura paralela de Defensa del Voto, entre ellos al entonces y actual presidente estatal de Morena, Sergio Serrano Soriano.
“Sergio (Serrano Soriano) con una vieja y con una botella, les concede todo a ellas”, habría dicho Morales Mendoza refiriéndose a la víctima y a otro grupo de mujeres militantes, durante esa y otras comunicaciones, según el testimonio.
La víctima narra haber sostenido una relación de amistad y de cooperación en el trabajo con Gabino Morales Mendoza, junto a quien presidió la Asamblea Constitutiva de Morena, para su conformación como partido en el estado, en el año 2014.
CONTRADICCIONES
Gabino Morales y Kevin Ángelo respondieron a las acusaciones en un documento con fecha 16 de agosto del 2018, dirigido a la CNHJ en el que citan un par de jurisprudencias, niegan todos los hechos denunciados 
Las respuestas que la Comisión Nacional de Honor y Justicia ha recibido al expediente CNHJ-SLP-626-2018 han sido desconcertantes. En un documento del 22 de agosto del 2018, Gabriel García Hernández, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, comunica a los integrantes de la Comisión, que ninguno de los denunciantes forma parte de la estructura partidista: “Hago de su conocimiento que los CC. GABINO MORALES MENDOZA y KEVIN ÁNGELO AGUILAR PIÑA 
Tal argumento queda desacreditado luego de la resolución tomada ayer en la que por otro caso, el de violencia política de género, sí derivó en una suspensión del cargo que ostentaba dentro de Morena.
Esta acción ha sido leída por los abogados del caso como un bloqueo desde la cúpula de Morena para aplazar el proceso por la denuncia. Al exterior de San Luis Potosí, Gabino goza de la simpatía de algunos actores de Morena y particularmente en la Ciudad de México; de hecho, se le relaciona con el firmante del documento, Gabriel García Hernández, quien es su mando superior en la coordinación de Programas Integrales en el Gobierno de la 4T.
García Hernández, es identificado como uno de los hombres de mayor confianza y de más bajo perfil en el círculo rojo de Andrés Manuel; se le describe como pieza clave para la organización distrital que llevó, casa por casa, el mensaje lopezobradorista a todo el país, que hizo posible el triunfo del tres veces candidato presidencial.
Gabino Morales Mendoza es militante de Morena y fue el primer presidente estatal del partido; actualmente su puesto es el más cercano a Andrés Manuel desde San Luis Potosí, y cuenta con el respaldo del senador Primo Dothé Mata en la Huasteca y de Leonel Serrato Sánchez, coordinador de Programas de Desarrollo Social para San Luis Potosí y la zona metropolitana, en la capital; con quienes conforma la cúpula local del partido.
¿INTOCABLE?
El viernes 5 de octubre, durante la visita del entonces presidente electo, Gabino Morales, originario del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, egresado de la Licenciatura en Administración Pública de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por primera vez en su vida pública vestido de traje sastre y corbata, se enfrentó a una manifestación que se instaló en el ala izquierda de la Plaza de Fundadores con cartulinas color verde fosforescente que lo acusaban de “simulador”.
Ante la manifestación, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador defendió a Morales Mendoza, primero al inicio del acto: “Como dicen los jóvenes ¡Ya chole! Con los pleitos; ¿o ustedes quieren que se sigan peleando aquí en San Luis Potosí? Ya que los dirigentes ya vayan entendiendo, y que estén a la altura de las circunstancias”.
Después, casi al final del evento, y ante los gritos de ¡Fuera Gabino!, Andrés Manuel volvió a comentar en favor de Morales Mendoza: “¡No! Gabino es nuestro coordinador aquí”, en ese momento los gritos de apoyo se confundieron con los de repudio; “ven acá”, le llamó Andrés Manuel al joven político, lo tomó por el hombro y dijo a la multitud que “él es nuestro coordinador, representante del Gobierno Federal, es de confianza, y ya les digo, hay que dejar de pelear, hay que hacer a un lado la politiquería, la patria es primero, ¿Por qué luchamos? Para transformar al país ¿no es así? O… ¿luchamos por cargos?”, y la multitud le respondió ¡No!
“El que quiera puesto que se vaya al mercado”, remató López Obrador. Morales Mendoza cruzó de ida y vuelta por el tapanco hasta el micrófono con una sonrisa triunfadora, mientras abajo al menos medio centenar de personas le gritaban “¡Corrupto!”.
Morales ha sido criticado y denunciado por supuestamente ejercer el poder con opacidad y autoritarismo; su nombramiento como coordinador Estatal de Programas de Desarrollo ha sido confrontado desde el interior del partido, con acusaciones por uso irregular de recursos.
El proceso al interior de la Comisión Nacional de Honor y Justicia sigue vigente. Después de haber citado a una audiencia de conciliación cara a cara, entre la víctima y los presuntos agresores, que la defensa rechazó por haber en la denuncia componentes de presuntas agresiones de índole sexual, la CNHJ citó a audiencias por separado para el desahogo de pruebas; Gabino Morales Mendoza y a Kevin Ángelo Aguilar Piña el 17 de octubre.
La víctima exigía la remoción de ambos personajes del partido, así como de los cargos que ostentan, además de la adopción de Morena de medidas que prevengan y eviten la violencia política en razón de género.
Sin embargo, la CNHJ minimizó las acusaciones y resolvió que solo eran acreedoras de una amonestación pública. “Una llamada de atención y nada más”, como señaló en diciembre Sergio Soriano.
La denuncia sigue su curso dentro de la Fiscalía y cobra renovada validez luego de la determinación de CNHJ según la cual Gabino Morales incurrió en violencia política de género, razón por la que ha sido acreedor una sanción, pese a que meses atrás esa misma comisión había manifestado que no se le podía castigar porque no formaba parte “de la estructura partidista” de Morena.
+ENTONADO
LA SANCIÓN QUE PUSO EN JAQUE A GABINO
Ayer por la noche, en la víspera de la visita que Andrés Manuel López Obrador llevará a cabo por San Luis Potosí, la situación de Gabino dio un viraje. Una resolución de la CNHJ lo dejó suspendido 6 meses de cualquier cargo dentro del movimiento.
Por medio de un oficio, la comisión dio a conocer que el delegado del gobierno federal incurrió tanto en violencia política como violencia política de género sobre una ciudadana
De acuerdo al procedimiento interno promulgado por Morena, Gabino deberá además acudir a cursos de sensibilización sobre la violencia de género.
Las determinación llega finalmente luego de que el pasado 6 de septiembre de 2018 la afectada interpuso un recurso ante dicha comisión a causa de las conductas inapropiadas de Gabino que transgredieron los estatutos de Morena.
También lea: Gabino Morales es suspendido de Morena por violencia política de género
Detrás de las fallas de agua que ya suman casi un centenar de reportes desde 2021, hay un consorcio con dueños muy conocidos que maneja el contrato que blinda su pago… pase lo que pase
Por: Carlos Ruíz
Están bien documentados los numerosos problemas que ha tenido San Luis Potosí con la Presa El Realito, un proyecto diseñado para surtir de agua a alrededor de 46 colonias de la Zona Metropolitana potosina, pero que tan solo en lo que va del año, ya ha fallado en al menos siete ocasiones. Múltiples veces se ha propuesto retirarle la concesión a la empresa operadora, la cual tiene a personajes muy poderosos detrás.
El consorcio Aquos El Realito, operador del acueducto que ha fallado al menos 73 veces desde 2021 y dejado 277 días sin agua a las colonias que dependen de él, pertenece a dos de los grupos empresariales más grandes de México: uno controlado por el magnate Carlos Slim, y otro por el financiero regiomontano David Martínez Guzmán, en sociedad con la cúpula de Grupo Televisa.
Aquos El Realito es una sociedad integrada por Aqualia Gestión Integral de Agua (44%) y Aqualia Infraestructura (5%), filiales del grupo español FCC; Conoinsa (50.999%), filial de Empresas ICA; y Servicios de Agua Trident (0.001%), filial de la japonesa Mitsui.
El bloque Aqualia (49% del consorcio) responde, en última instancia, a Carlos Slim: de acuerdo con registros financieros citados por Bankinter y El Economista en octubre de 2025, Slim controla 81.46% de FCC de forma directa y otro 7.247% a través de Operadora Inbursa de Fondos de Inversión. FCC, a su vez, mantiene 51% de Aqualia después de vender 49% de esa filial al fondo australiano IFM Investors.
Históricamente propiedad de la familia Koplowitz, FCC se consolidó como una de las constructoras más importantes de España, pero fue acumulando una deuda que la dejó al borde de la quiebra a mediados de la década pasada, hasta que el ingeniero Slim inyectó el capital necesario para salvar a la compañía y convertirse en su principal accionista. Desde su llegada, se han hecho con proyectos de la talla de la remodelación del Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid y de la ampliación del Metro de Nueva York.
El vínculo de Slim con El Realito no se limita a su participación como socio operador. La propia constructora de Carlos Slim, Carso Infraestructura y Construcción (CICSA), fue la que diseñó y construyó físicamente la presa, bajo un contrato adjudicado en 2008. Así lo documenta el propio sitio de CICSA, que enlista la obra en su portafolio de proyectos de agua, junto con reportes de la revista Expansión y los reportes anuales de Grupo Carso, que reportan el avance de la construcción en 2008 y su conclusión en 2012. Es decir: antes de cobrar por operar el acueducto, Slim ya había cobrado por levantarlo.
El otro bloque, Conoinsa/Empresas ICA (50.999% del consorcio, la porción mayor), no es de Slim (o no del todo). Según documentó el periodista Mathieu Tourliere en un reportaje de investigación para la revista Proceso (15 de marzo de 2025), con actas de asamblea y registros públicos, el conglomerado ICA lo controla desde el rescate financiero de 2016-2018 el financiero regiomontano David Martínez Guzmán, vía vehículos de Luxemburgo ligados a su fondo Fintech Advisory, en sociedad con Bernardo Gómez y Alfonso de Angoitia, los dos copresidentes de Grupo Televisa.
La estructura accionaria de ICA Tenedora se ha modificado con el tiempo: tras la venta a la francesa Vinci, en diciembre de 2022, de la participación conjunta en Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), quedó en 30% para Martínez y 23.95% para cada uno de los dos ejecutivos de Televisa y un 1.2% de Control Empresarial de Capitales, filial de Grupo Carso de Carlos Slim, es decir, el propio Slim también tiene una participación minoritaria, aunque simbólica, dentro del bloque de ICA.
Gómez y De Angoitia han sido por muchos años los hombre de confianza de Emilio Azcárraga Jean, al grado que cuando en 2024 este último dio un paso al costado de la presidencia de Grupo Televisa en medio de las investigaciones por el presunto soborno a ejecutivos de la FIFA para asegurar los derechos del Mundial, fueron ellos dos quienes asumieron el puesto de Co-Presidentes Ejecutivo
Su relación con Martínez no se limita a Empresas ICA, pues desde octubre de 2024 (justo unos días antes del cambio en la presidencia) el oriundo de Monterrey ha comprado, además, acciones de la propia Televisa. Empezó con 7.8%, lo que lo volvió su tercer mayor accionista; y hace unas semanas, se acabó se consolidar. El pasado mes de junio, como parte de un aumento de capital de alrededor de 7 mil millones de pesos aprobado por los accionistas de Televisa, la empresa informó que la participación de Martínez podría llegar a 22.3% una vez se conviertan las obligaciones que compró, lo que lo convertiría en el mayor accionista individual de la compañía.
Esa conversión todavía no ocurre: se proyecta para 2027. Azcárraga ha reducido considerablemente sus acciones de la compañía, aunque conserva (vía un fideicomiso familiar y una clase especial de acciones) el control formal del voto de la empresa, independientemente de cuánto capital tenga cada quien. En resumidas cuentas, aunque Emilio Azcárraga tiene el poder de decisión, el mismo financiero que reparte el control de El Realito con los dos hombres más poderosos de Televisa está, al mismo tiempo, camino a convertirse en el mayor dueño accionario de la propia televisora.
David Martínez es apodado coloquialmente como “El Fantasma de Wall Street”, y ha adquirido un poder inmenso en Latinoamérica, especialmente en Argentina, donde ha servido como negociador para la deuda nacional y en 2017, fue considerado por Forbes como el hombre más rico de dicho país. El regiomontano tiene un historial documentado de tomar control de empresas en dificultades financieras a partir de deuda: lo hizo con la textilera CYDSA en los años 90, con la vidriera Vitro entre 2009 y 2012, y con las ya mencionadas Empresas ICA desde 2016.
Algo similar realizó en 2020 con Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), el operador de, entre otros, el Aeropuerto Ponciano Arriaga de la capital potosina. Fintech compró primero acciones especiales que garantizaban el control de la aeroportuaria y luego concretó una oferta pública con la que en julio de 2021, alcanzó el 30.1% de participación económica, suficiente para mantener el control hasta que lo vendieron a la francesa Vinci Airports en 2022 (El Economista, dic. 2020 y jul. 2021; Folleto Informativo Definitivo, Bolsa Mexicana de Valores, may. 2021).
Si bien todos estos empresarios se han aliado en otras ocasiones (en 2017 ganaron la licitación para construir el ahora cancelado Aeropuerto de Texcoco), cuando se otorgó la concesión para la administración de El Realito, ni Slim ni Martínez ni los copresidentes de Televisa tenían sus actuales injerencias en Aquos, por lo que se podría decir que ésta fue heredada, y acabó dejando el control de la presa en las manos de cuatro de los hombres más poderosos del país.
Desde entonces, al menos tres intentos de rescindir o modificar el contrato se han hecho sin haber prosperado: en agosto de 2018, la Comisión Estatal del Agua abrió un expediente que no avanzó pese a 350 mil afectados y una queja de oficio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; en abril de 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador respondió a una petición del gobernador Ricardo Gallardo Cardona con un “a lo mejor se lo cambiamos” que no derivó en ningún trámite documentado; y desde 2025, la Comisión Nacional del Agua asegura estar “evaluando” el retiro de la concesión, hasta el momento, sin resolución.
También lee: Diputada pide poner un alto a la empresa de El Realito
Sonia Mendoza señaló que la presidenta de México prohibió esta práctica en la Huasteca
Por: Redacción
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (SEGAM) aseguró que no cuenta con información sobre trabajos de fracking en la Huasteca Potosina y afirmó que Petróleos Mexicanos (Pemex) negó la existencia de este tipo de actividades en la región.
La titular de la dependencia, Sonia Mendoza Díaz, explicó que hasta el momento el tema únicamente había sido manejado como un rumor y que no tenían reportes oficiales sobre operaciones relacionadas con esta práctica.
“Nosotros hasta ahorita no tenemos conocimi ento más que lo que ya se les informó, que hay rumores nada más, pero ya lo dijo Pemex: negó la existencia de los trabajos”, declaró.
La funcionaria fue cuestionada luego de que se informara sobre la postura del gobierno federal respecto a la prohibición del fracking en la Huasteca Potosina.
Ante ello, Mendoza Díaz señaló que no existe posibilidad de que este tipo de actividades se desarrollen en la región, particularmente en municipios de la zona Huasteca.
“La presidenta de la República lo prohibió; no hay manera de que haya ese tipo de actividades en la Huasteca Potosina”, afirmó.
El fracking es una técnica utilizada para extraer hidrocarburos mediante la inyección de agua, arena y químicos a alta presión en formaciones rocosas, una práctica que ha generado debate por sus posibles impactos ambientales y sobre los recursos hídricos.
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El colectivo Cuidadoras Potosinas hace un llamado enérgico tanto al estado, al congreso y al ayuntamiento capitalino para cumplir acuerdos
Por: J. C. Haro
El colectivo Cuidadoras Potosinas planteó que ni el reconocimiento constitucional ni la aprobación del Cabildo de la capital potosina han sido suficientes para que estos avances se traduzcan en políticas públicas concretas.
Mariana Hernández Noriega, dirigente del colectivo, afirmó que la principal demanda es que las autoridades municipales y estatales respeten los compromisos asumidos con las personas cuidadoras y den continuidad a las mesas de trabajo para construir el sistema estatal.
La activista aseguró que el Ayuntamiento de San Luis Potosí no cumplió con la creación del Sistema Municipal de Cuidados, a pesar de que el acuerdo fue aprobado por unanimidad por el Cabildo. Explicó que el colectivo promovió un amparo para exigir el cumplimiento de ese compromiso.
“Le exigimos al Ayuntamiento de San Luis Potosí que cumpla con el Sistema Municipal de Cuidados“.
El colectivo además sostiene que la lucha por el sistema de cuidados no beneficia únicamente a su organización, sino a todas las personas que realizan labores de cuidado en el estado, incluidas madres, hijas cuidadoras y quienes atienden a adultos mayores o familiares con enfermedades o discapacidad.
En el ámbito estatal, el colectivo logró la incorporación del artículo 12 Bis a la Constitución local, que reconoce el derecho a cuidar y a ser cuidado en condiciones dignas. Sin embargo, advirtió que la ley que debe crear el Sistema Estatal de Cuidados
La dirigente explicó que el proceso legislativo continuará a partir de septiembre, cuando el Congreso reanude actividades y se retomen las mesas de trabajo con dependencias estatales para definir el funcionamiento del sistema y el presupuesto necesario para su implementación.
Hernández Noriega informó que el estado enfrenta un cambio demográfico que hará cada vez más urgente contar con una política pública de cuidados. Señaló que San Luis Potosí registra una disminución en la natalidad y un aumento en la población adulta mayor, lo que incrementará la demanda de personas cuidadoras.
“La bronca es quién va a cuidar a esos viejitos, y quién nos va a cuidar”, se preguntó.
Además del cumplimiento de los sistemas municipal y estatal, el colectivo pide ampliar las redes de apoyo para las personas cuidadoras mediante estancias para adultos mayores, empleos de medio tiempo, capacitación y atención psicológica permanente.
La organización afirmó que continuará impulsando la creación de mecanismos institucionales concretos que permitan reconocer y sostener el trabajo de cuidados en San Luis Potosí.
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