noviembre 18, 2026

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Gabino Morales también está denunciado por hostigamiento y acoso sexual

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Gabino Morales Acoso

El coordinador de Morena en el estado fue suspendido ayer durante 6 meses por incurrir en violencia de género, pero sobre él pesa una denuncia adicional ante la Fiscalía

Por: Blakely Morales

A la resolución y suspensión de 6 meses por violencia de género contra el coordinador de Programas de Desarrollo Social del Gobierno Federal para San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, se suma una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado, por los presuntos delitos de amenazas, hostigamiento y acoso sexual, discriminación, provocación y apología del delito, en contra de una militante de Morena.

El 25 de junio del 2018, la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena recibió una denuncia en la que se narra una violencia sistemática expresada primero a través de comentarios misóginos vestidos de bromas para “romper el hielo”, e intensificada entre los meses de noviembre y marzo del año pasado, y que sería determinante para la organización actual del tablero político de Morena en San Luis Potosí.

La violencia habría tocado extremo entre los días 10 y 11 de marzo, cuando según la declaración de la víctima, de quien se reserva su identidad, Gabino Morales la habría amedrentado, esparciendo entre los militantes del estado, y particularmente de la Huasteca, el mensaje de que tenía en su poder imágenes con contenido sexual, en las que se le veía “haciendo porquería y media”, según cita un testimonio anexo a la denuncia. El comentario, fue reproducido a través de una llamada telefónica narrada por el testimonio, y habría contenido la presunta amenaza de difundir las imágenes.  

El objetivo de Morales Mendoza fue, según la denunciante, que ésta y un grupo de mujeres militantes del partido, dejara de criticar la figura de poder que el joven político ejercía en ese entonces como Enlace Estatal de Defensa del Voto, frente a la campaña electoral en la que finalmente resultó ganador López Obrador.

BLOQUEO

En el expediente con registro CNHJ-SLP-626-2018, con proceso vigente al interior del órgano de justicia partidaria de Morena, consta además la denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales, que forma parte de un proceso de judicialización emprendido por la parte acusadora, e incluye al designado como coordinador de Programas de Desarrollo Social para la zona Media del estado para el Gobierno de Andrés Manuel, y cercano a Morales Mendoza, Kevin Ángelo Aguilar Piña. Presuntamente, Aguilar Piña y Morales Mendoza habrían actuado de manera sistemática, para impedir el acceso de la víctima a la estructura del Enlace Estatal de Defensa del Voto durante el proceso electoral.

En la correspondencia digital que forma parte de los anexos de la denuncia ante la CNHJ, se lee que, es a través de un documento con fecha 10 de febrero de 2018, anexo a la denuncia, que Kevin Ángelo Aguilar Piña, designado Enlace Estatal del Voto, informó al entonces Coordinador Nacional de Defensa del Voto y al Enlace Estatal en San Luis Potosí, Gonzalo López Beltrán y Gabino Morales Mendoza, respectivamente, de un “cambio de Enlace Distrital de Defensa del Voto” en la zona metropolitana.

La víctima había sido propuesta para ocupar ese lugar días antes por el propio Gabino Morales. En ese mensaje, Aguilar Piña informa del cese de la denunciante en el puesto, argumentando que la razón tuvo origen en la búsqueda que hizo ella para reunirse con líderes del partido en la Ciudad de México buscando apoyo para exponer la violencia política de género, propiciada desde la cúpula por Gabino Morales y Kevin Ángelo, de la que se estaban sintiendo vulnerables.

“La compañera -explica Aguilar Piña en el documento del 10 de febrero- fue a buscar a diferentes personalidades a la Ciudad de México, buscando que se removiera al enlace Estatal de promoción del voto, Gabino Morales Mendoza y mi designación como Enlace Estatal de Defensa del Voto, de lo cual tuve conocimiento reciente, y se ha dedicado constantemente a eso mismo”.

Líneas más arriba, en el mismo documento, el joven político egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, señala que “en una reunión de capacitación se nos hizo saber que los perfiles que se buscaban en esta estructura (de Defensa del Voto) son de gente que este (sic) alejada de toda ‘grilla política’”. La víctima por su parte, acusa un incremento de violencia a través de comentarios misóginos, a partir de la incorporación de Aguilar Piña al equipo cercano de Gabino Morales, a principios del 2017, violencia que se intensificó en noviembre del año pasado durante una gira de Andrés Manuel López Obrador en la Huasteca.

La víctima y el grupo de mujeres señalado, acudieron efectivamente desde el cinco de enero del 2018 a la Ciudad de México para reunirse con “diferentes autoridades” buscando denunciar la violencia de género que estaban detectando en su contra desde la cúpula del partido. Según la denuncia, Gabino Morales se habría referido al mismo grupo de mujeres como: “tres viejas chismosas”. De la narración se lee, que sería Aguilar Piña el primer responsable de la difusión del material con contenido erótico.

El once de marzo del 2018, un día después de la llamada que se narra en el testimonio anexo a la denuncia, la víctima asegura haber recibido llamadas de militantes del partido preguntándole si era cierto, lo que de ella se decía al interior del estado, que supuestamente había sostenido relaciones sexuales con varios líderes del partido a nivel local y nacional para obtener su lugar en la estructura paralela de Defensa del Voto, entre ellos al entonces y actual presidente estatal de Morena, Sergio Serrano Soriano.

“Sergio (Serrano Soriano) con una vieja y con una botella, les concede todo a ellas”, habría dicho Morales Mendoza refiriéndose a la víctima y a otro grupo de mujeres militantes, durante esa y otras comunicaciones, según el testimonio.

La víctima narra haber sostenido una relación de amistad y de cooperación en el trabajo con Gabino Morales Mendoza, junto a quien presidió la Asamblea Constitutiva de Morena, para su conformación como partido en el estado, en el año 2014.

CONTRADICCIONES

Gabino Morales y Kevin Ángelo respondieron a las acusaciones en un documento con fecha 16 de agosto del 2018, dirigido a la CNHJ en el que citan un par de jurisprudencias, niegan todos los hechos denunciados

, y concluyen que “Nos tenga por presentes con el presente documento” y proceden a la solución del caso al solicitar que “Previa determinación legal del procedimiento correspondiente, emita resolución a nuestro favor”.

Las respuestas que la Comisión Nacional de Honor y Justicia ha recibido al expediente CNHJ-SLP-626-2018 han sido desconcertantes. En un documento del 22 de agosto del 2018, Gabriel García Hernández, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, comunica a los integrantes de la Comisión, que ninguno de los denunciantes forma parte de la estructura partidista: “Hago de su conocimiento que los CC. GABINO MORALES MENDOZA y KEVIN ÁNGELO AGUILAR PIÑA

no forman parte de la estructura partidista de este instituto político y por esa razón, tampoco desempeñan función alguna al interior del mismo”.

Tal argumento queda desacreditado luego de la resolución tomada ayer en la que por otro caso, el de violencia política de género, sí derivó en una suspensión del cargo que ostentaba dentro de Morena.

Esta acción ha sido leída por los abogados del caso como un bloqueo desde la cúpula de Morena para aplazar el proceso por la denuncia. Al exterior de San Luis Potosí, Gabino goza de la simpatía de algunos actores de Morena y particularmente en la Ciudad de México; de hecho, se le relaciona con el firmante del documento, Gabriel García Hernández, quien es su mando superior en la coordinación de Programas Integrales en el Gobierno de la 4T.

García Hernández, es identificado como uno de los hombres de mayor confianza y de más bajo perfil en el círculo rojo de Andrés Manuel; se le describe como pieza clave para la organización distrital que llevó, casa por casa, el mensaje lopezobradorista a todo el país, que hizo posible el triunfo del tres veces candidato presidencial.

Gabino Morales Mendoza es militante de Morena y fue el primer presidente estatal del partido; actualmente su puesto es el más cercano a Andrés Manuel desde San Luis Potosí, y cuenta con el respaldo del senador Primo Dothé Mata en la Huasteca y de Leonel Serrato Sánchez, coordinador de Programas de Desarrollo Social para San Luis Potosí y la zona metropolitana, en la capital; con quienes conforma la cúpula local del partido.

¿INTOCABLE?

El viernes 5 de octubre, durante la visita del entonces presidente electo, Gabino Morales, originario del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, egresado de la Licenciatura en Administración Pública de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por primera vez en su vida pública vestido de traje sastre y corbata, se enfrentó a una manifestación que se instaló en el ala izquierda de la Plaza de Fundadores con cartulinas color verde fosforescente que lo acusaban de “simulador”.

Ante la manifestación, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador defendió a Morales Mendoza, primero al inicio del acto: “Como dicen los jóvenes ¡Ya chole! Con los pleitos; ¿o ustedes quieren que se sigan peleando aquí en San Luis Potosí? Ya que los dirigentes ya vayan entendiendo, y que estén a la altura de las circunstancias”.

Después, casi al final del evento, y ante los gritos de ¡Fuera Gabino!, Andrés Manuel volvió a comentar en favor de Morales Mendoza: “¡No! Gabino es nuestro coordinador aquí”, en ese momento los gritos de apoyo se confundieron con los de repudio; “ven acá”, le llamó Andrés Manuel al joven político, lo tomó por el hombro y dijo a la multitud que “él es nuestro coordinador, representante del Gobierno Federal, es de confianza, y ya les digo, hay que dejar de pelear, hay que hacer a un lado la politiquería, la patria es primero, ¿Por qué luchamos? Para transformar al país ¿no es así? O… ¿luchamos por cargos?”, y la multitud le respondió ¡No!

“El que quiera puesto que se vaya al mercado”, remató López Obrador. Morales Mendoza cruzó de ida y vuelta por el tapanco hasta el micrófono con una sonrisa triunfadora, mientras abajo al menos medio centenar de personas le gritaban “¡Corrupto!”.

Morales ha sido criticado y denunciado por supuestamente ejercer el poder con opacidad y autoritarismo; su nombramiento como coordinador Estatal de Programas de Desarrollo ha sido confrontado desde el interior del partido, con acusaciones por uso irregular de recursos.

El proceso al interior de la Comisión Nacional de Honor y Justicia sigue vigente. Después de haber citado a una audiencia de conciliación cara a cara, entre la víctima y los presuntos agresores, que la defensa rechazó por haber en la denuncia componentes de presuntas agresiones de índole sexual, la CNHJ citó a audiencias por separado para el desahogo de pruebas; Gabino Morales Mendoza y a Kevin Ángelo Aguilar Piña el 17 de octubre.

La víctima exigía la remoción de ambos personajes del partido, así como de los cargos que ostentan, además de la adopción de Morena de medidas que prevengan y eviten la violencia política en razón de género.

Sin embargo, la CNHJ minimizó las acusaciones y resolvió que solo eran acreedoras de una amonestación pública. “Una llamada de atención y nada más”, como señaló en diciembre Sergio Soriano.

La denuncia sigue su curso dentro de la Fiscalía y cobra renovada validez luego de la determinación de CNHJ según la cual Gabino Morales incurrió en violencia política de género, razón por la que ha sido acreedor  una sanción, pese a que meses atrás esa misma comisión había manifestado que no se le podía castigar porque no formaba parte “de la estructura partidista” de Morena.

 

+ENTONADO

LA SANCIÓN QUE PUSO EN JAQUE A GABINO

Ayer por la noche, en la víspera de la visita que Andrés Manuel López Obrador llevará a cabo por San Luis Potosí, la situación de Gabino dio un viraje. Una resolución de la CNHJ lo dejó suspendido 6 meses de cualquier cargo dentro del movimiento.

Por medio de un oficio, la comisión dio a conocer que el delegado del gobierno federal incurrió tanto en violencia política como violencia política de género sobre una ciudadana

De acuerdo al procedimiento interno promulgado por Morena, Gabino deberá además acudir a cursos de sensibilización sobre la violencia de género.

Las determinación llega finalmente luego de que el pasado 6 de septiembre de 2018 la afectada interpuso un recurso ante dicha comisión a causa de las conductas inapropiadas de Gabino que transgredieron los estatutos de Morena.

También lea: Gabino Morales es suspendido de Morena por violencia política de género

Ciudad

Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina

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Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía

A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.

Por: Redacción

La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.

Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.

La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.

Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.

Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?

A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.

Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.

También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.

Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.

La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.

Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.

El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.

Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación

Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.

Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.

Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.

La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.

La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.

De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.

El arzobispo, ausente de la primera respuesta

La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.

Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.

Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.

La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.

La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.

La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?

La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.

La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí

Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.

En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.

Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.

Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.

Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.

La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.

Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños

Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.

Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.

La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.

También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.

Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.

La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.

Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina

Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.

La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.

La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.

Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.

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“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares

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El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.

Por: Redacción

Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.

A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.

Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.

Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”

Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.

Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.

También lee: Verde será el último en definir candidatos en SLP: Gallardo

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Ciudad

SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo

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El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.

Cajeros del centro histórico

Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.

Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”

, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.

Fraudes en línea

El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.

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