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Gabino Morales también está denunciado por hostigamiento y acoso sexual
El coordinador de Morena en el estado fue suspendido ayer durante 6 meses por incurrir en violencia de género, pero sobre él pesa una denuncia adicional ante la Fiscalía
Por: Blakely Morales
A la resolución y suspensión de 6 meses por violencia de género contra el coordinador de Programas de Desarrollo Social del Gobierno Federal para San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, se suma una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado, por los presuntos delitos de amenazas, hostigamiento y acoso sexual, discriminación, provocación y apología del delito, en contra de una militante de Morena.
El 25 de junio del 2018, la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena recibió una denuncia en la que se narra una violencia sistemática expresada primero a través de comentarios misóginos vestidos de bromas para “romper el hielo”, e intensificada entre los meses de noviembre y marzo del año pasado, y que sería determinante para la organización actual del tablero político de Morena en San Luis Potosí.
La violencia habría tocado extremo entre los días 10 y 11 de marzo, cuando según la declaración de la víctima, de quien se reserva su identidad, Gabino Morales la habría amedrentado, esparciendo entre los militantes del estado, y particularmente de la Huasteca, el mensaje de que tenía en su poder imágenes con contenido sexual, en las que se le veía “haciendo porquería y media”, según cita un testimonio anexo a la denuncia. El comentario, fue reproducido a través de una llamada telefónica narrada por el testimonio, y habría contenido la presunta amenaza de difundir las imágenes.
El objetivo de Morales Mendoza fue, según la denunciante, que ésta y un grupo de mujeres militantes del partido, dejara de criticar la figura de poder que el joven político ejercía en ese entonces como Enlace Estatal de Defensa del Voto, frente a la campaña electoral en la que finalmente resultó ganador López Obrador.
BLOQUEO
En el expediente con registro CNHJ-SLP-626-2018, con proceso vigente al interior del órgano de justicia partidaria de Morena, consta además la denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales, que forma parte de un proceso de judicialización emprendido por la parte acusadora, e incluye al designado como coordinador de Programas de Desarrollo Social para la zona Media del estado para el Gobierno de Andrés Manuel, y cercano a Morales Mendoza, Kevin Ángelo Aguilar Piña. Presuntamente, Aguilar Piña y Morales Mendoza habrían actuado de manera sistemática, para impedir el acceso de la víctima a la estructura del Enlace Estatal de Defensa del Voto durante el proceso electoral.
En la correspondencia digital que forma parte de los anexos de la denuncia ante la CNHJ, se lee que, es a través de un documento con fecha 10 de febrero de 2018, anexo a la denuncia, que Kevin Ángelo Aguilar Piña, designado Enlace Estatal del Voto, informó al entonces Coordinador Nacional de Defensa del Voto y al Enlace Estatal en San Luis Potosí, Gonzalo López Beltrán y Gabino Morales Mendoza, respectivamente, de un “cambio de Enlace Distrital de Defensa del Voto” en la zona metropolitana.
La víctima había sido propuesta para ocupar ese lugar días antes por el propio Gabino Morales. En ese mensaje, Aguilar Piña informa del cese de la denunciante en el puesto, argumentando que la razón tuvo origen en la búsqueda que hizo ella para reunirse con líderes del partido en la Ciudad de México buscando apoyo para exponer la violencia política de género, propiciada desde la cúpula por Gabino Morales y Kevin Ángelo, de la que se estaban sintiendo vulnerables.
“La compañera -explica Aguilar Piña en el documento del 10 de febrero- fue a buscar a diferentes personalidades a la Ciudad de México, buscando que se removiera al enlace Estatal de promoción del voto, Gabino Morales Mendoza y mi designación como Enlace Estatal de Defensa del Voto, de lo cual tuve conocimiento reciente, y se ha dedicado constantemente a eso mismo”.
Líneas más arriba, en el mismo documento, el joven político egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, señala que “en una reunión de capacitación se nos hizo saber que los perfiles que se buscaban en esta estructura (de Defensa del Voto) son de gente que este (sic) alejada de toda ‘grilla política’”. La víctima por su parte, acusa un incremento de violencia a través de comentarios misóginos, a partir de la incorporación de Aguilar Piña al equipo cercano de Gabino Morales, a principios del 2017, violencia que se intensificó en noviembre del año pasado durante una gira de Andrés Manuel López Obrador en la Huasteca.
La víctima y el grupo de mujeres señalado, acudieron efectivamente desde el cinco de enero del 2018 a la Ciudad de México para reunirse con “diferentes autoridades” buscando denunciar la violencia de género que estaban detectando en su contra desde la cúpula del partido. Según la denuncia, Gabino Morales se habría referido al mismo grupo de mujeres como: “tres viejas chismosas”. De la narración se lee, que sería Aguilar Piña el primer responsable de la difusión del material con contenido erótico.
El once de marzo del 2018, un día después de la llamada que se narra en el testimonio anexo a la denuncia, la víctima asegura haber recibido llamadas de militantes del partido preguntándole si era cierto, lo que de ella se decía al interior del estado, que supuestamente había sostenido relaciones sexuales con varios líderes del partido a nivel local y nacional para obtener su lugar en la estructura paralela de Defensa del Voto, entre ellos al entonces y actual presidente estatal de Morena, Sergio Serrano Soriano.
“Sergio (Serrano Soriano) con una vieja y con una botella, les concede todo a ellas”, habría dicho Morales Mendoza refiriéndose a la víctima y a otro grupo de mujeres militantes, durante esa y otras comunicaciones, según el testimonio.
La víctima narra haber sostenido una relación de amistad y de cooperación en el trabajo con Gabino Morales Mendoza, junto a quien presidió la Asamblea Constitutiva de Morena, para su conformación como partido en el estado, en el año 2014.
CONTRADICCIONES
Gabino Morales y Kevin Ángelo respondieron a las acusaciones en un documento con fecha 16 de agosto del 2018, dirigido a la CNHJ en el que citan un par de jurisprudencias, niegan todos los hechos denunciados 
Las respuestas que la Comisión Nacional de Honor y Justicia ha recibido al expediente CNHJ-SLP-626-2018 han sido desconcertantes. En un documento del 22 de agosto del 2018, Gabriel García Hernández, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, comunica a los integrantes de la Comisión, que ninguno de los denunciantes forma parte de la estructura partidista: “Hago de su conocimiento que los CC. GABINO MORALES MENDOZA y KEVIN ÁNGELO AGUILAR PIÑA 
Tal argumento queda desacreditado luego de la resolución tomada ayer en la que por otro caso, el de violencia política de género, sí derivó en una suspensión del cargo que ostentaba dentro de Morena.
Esta acción ha sido leída por los abogados del caso como un bloqueo desde la cúpula de Morena para aplazar el proceso por la denuncia. Al exterior de San Luis Potosí, Gabino goza de la simpatía de algunos actores de Morena y particularmente en la Ciudad de México; de hecho, se le relaciona con el firmante del documento, Gabriel García Hernández, quien es su mando superior en la coordinación de Programas Integrales en el Gobierno de la 4T.
García Hernández, es identificado como uno de los hombres de mayor confianza y de más bajo perfil en el círculo rojo de Andrés Manuel; se le describe como pieza clave para la organización distrital que llevó, casa por casa, el mensaje lopezobradorista a todo el país, que hizo posible el triunfo del tres veces candidato presidencial.
Gabino Morales Mendoza es militante de Morena y fue el primer presidente estatal del partido; actualmente su puesto es el más cercano a Andrés Manuel desde San Luis Potosí, y cuenta con el respaldo del senador Primo Dothé Mata en la Huasteca y de Leonel Serrato Sánchez, coordinador de Programas de Desarrollo Social para San Luis Potosí y la zona metropolitana, en la capital; con quienes conforma la cúpula local del partido.
¿INTOCABLE?
El viernes 5 de octubre, durante la visita del entonces presidente electo, Gabino Morales, originario del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, egresado de la Licenciatura en Administración Pública de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por primera vez en su vida pública vestido de traje sastre y corbata, se enfrentó a una manifestación que se instaló en el ala izquierda de la Plaza de Fundadores con cartulinas color verde fosforescente que lo acusaban de “simulador”.
Ante la manifestación, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador defendió a Morales Mendoza, primero al inicio del acto: “Como dicen los jóvenes ¡Ya chole! Con los pleitos; ¿o ustedes quieren que se sigan peleando aquí en San Luis Potosí? Ya que los dirigentes ya vayan entendiendo, y que estén a la altura de las circunstancias”.
Después, casi al final del evento, y ante los gritos de ¡Fuera Gabino!, Andrés Manuel volvió a comentar en favor de Morales Mendoza: “¡No! Gabino es nuestro coordinador aquí”, en ese momento los gritos de apoyo se confundieron con los de repudio; “ven acá”, le llamó Andrés Manuel al joven político, lo tomó por el hombro y dijo a la multitud que “él es nuestro coordinador, representante del Gobierno Federal, es de confianza, y ya les digo, hay que dejar de pelear, hay que hacer a un lado la politiquería, la patria es primero, ¿Por qué luchamos? Para transformar al país ¿no es así? O… ¿luchamos por cargos?”, y la multitud le respondió ¡No!
“El que quiera puesto que se vaya al mercado”, remató López Obrador. Morales Mendoza cruzó de ida y vuelta por el tapanco hasta el micrófono con una sonrisa triunfadora, mientras abajo al menos medio centenar de personas le gritaban “¡Corrupto!”.
Morales ha sido criticado y denunciado por supuestamente ejercer el poder con opacidad y autoritarismo; su nombramiento como coordinador Estatal de Programas de Desarrollo ha sido confrontado desde el interior del partido, con acusaciones por uso irregular de recursos.
El proceso al interior de la Comisión Nacional de Honor y Justicia sigue vigente. Después de haber citado a una audiencia de conciliación cara a cara, entre la víctima y los presuntos agresores, que la defensa rechazó por haber en la denuncia componentes de presuntas agresiones de índole sexual, la CNHJ citó a audiencias por separado para el desahogo de pruebas; Gabino Morales Mendoza y a Kevin Ángelo Aguilar Piña el 17 de octubre.
La víctima exigía la remoción de ambos personajes del partido, así como de los cargos que ostentan, además de la adopción de Morena de medidas que prevengan y eviten la violencia política en razón de género.
Sin embargo, la CNHJ minimizó las acusaciones y resolvió que solo eran acreedoras de una amonestación pública. “Una llamada de atención y nada más”, como señaló en diciembre Sergio Soriano.
La denuncia sigue su curso dentro de la Fiscalía y cobra renovada validez luego de la determinación de CNHJ según la cual Gabino Morales incurrió en violencia política de género, razón por la que ha sido acreedor una sanción, pese a que meses atrás esa misma comisión había manifestado que no se le podía castigar porque no formaba parte “de la estructura partidista” de Morena.
+ENTONADO
LA SANCIÓN QUE PUSO EN JAQUE A GABINO
Ayer por la noche, en la víspera de la visita que Andrés Manuel López Obrador llevará a cabo por San Luis Potosí, la situación de Gabino dio un viraje. Una resolución de la CNHJ lo dejó suspendido 6 meses de cualquier cargo dentro del movimiento.
Por medio de un oficio, la comisión dio a conocer que el delegado del gobierno federal incurrió tanto en violencia política como violencia política de género sobre una ciudadana
De acuerdo al procedimiento interno promulgado por Morena, Gabino deberá además acudir a cursos de sensibilización sobre la violencia de género.
Las determinación llega finalmente luego de que el pasado 6 de septiembre de 2018 la afectada interpuso un recurso ante dicha comisión a causa de las conductas inapropiadas de Gabino que transgredieron los estatutos de Morena.
También lea: Gabino Morales es suspendido de Morena por violencia política de género
Entre 2017 y 2025, la Fiscalía de San Luis Potosí documentó al menos ocho procesos penales contra personal con funciones docentes por delitos sexuales contra menores, repartidos en al menos cinco municipios
Por: Haniel Valdés Velázquez
En octubre de 2019, un hombre identificado como David “N” era profesor de inglés en un preescolar de Matlapa. Ahí, según la Fiscalía General del Estado (FGESLP), violó a un niño de identidad reservada. El caso avanzó durante cuatro años hasta que, el 2 de diciembre de 2023, un juez lo declaró penalmente responsable de violación específica agravada y lo sentenció a 14 años y seis meses de prisión. La Fiscalía señaló entonces que el sentenciado enfrentaba más carpetas de investigación pendientes, sin precisar cuántas ni de qué naturaleza.
Es, hasta ahora, el desenlace judicial más contundente que se puede documentar en San Luis Potosí sobre personal educativo señalado de violencia sexual contra un menor. Pero no es un caso aislado ni reciente: es, más bien, el más antiguo y el que más tardó en resolverse de una lista que la propia Fiscalía ha hecho pública, boletín por boletín, durante casi una década.
En ese mismo municipio, Matlapa, pero en un caso distinto, un profesor de educación física identificado como Víctor “N”, de 35 años, fue detenido el 27 de diciembre de 2021 —tres años y nueve meses después de los hechos, ocurridos en marzo de 2018— acusado de violar a un alumno de un jardín de niños y de amenazarlo para que no lo contara. A diferencia del caso de David “N”, no hay en varias fuentes revisadas una sentencia posterior confirmada para Víctor “N”: lo último documentado es su detención y el inicio del proceso penal.
En Aquismón, un profesor de primaria identificado como Herminio “N”, de 41 años, fue detenido el 3 de enero de 2021 y vinculado a proceso el 11 de enero de ese año, acusado de manosear reiteradamente a una alumna cuando la niña se acercaba a su escritorio a que le revisara la tarea. Los hechos habían ocurrido en 2017 y 2018, es decir, entre tres y cuatro años antes de que el caso llegara a un juez.
En Ciudad Valles, un profesor jubilado identificado como J. Jesús “N”, de 58 años, fue vinculado a proceso el 25 de febrero de 2020 con prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía documentó que la víctima, un niño de 14 años de una comunidad tének, había sido su alumno desde los 11 años, y que el hombre lo explotaba sexualmente desde entonces a cambio de dinero u objetos: no fue un episodio único, sino una relación de abuso sostenida durante al menos tres años antes de que un reporte al 911 —por la presencia de un adulto con un menor en un hotel de Ciudad Valles— destapara el caso.
En Rioverde, un maestro de 65 años fue detenido el 3 de noviembre de 2020, acusado de abusar sexualmente de una alumna de 13 años durante una clase de regularización. Es, de los ocho casos documentados, el único en el que no fue posible confirmar el nombre del imputado ni el estatus posterior del proceso. Rioverde tiene, además, al menos otros dos casos de personal docente señalado por delitos sexuales en años distintos —uno en 2019 y otro en diciembre de 2025—, que este medio no ha confirmado a fondo todavía y que representan, por sí solos, un hilo de reporteo propio.
En la capital, un docente identificado como José Manuel “N”, de 39 años, fue detenido el 2 de enero de 2022 —originalmente por hechos del 14 de diciembre de 2021— acusado de aprovechar unas clases de regularización a domicilio para tocar a una menor de edad.
El caso más reciente de este tipo documentado por la propia Fiscalía ocurrió en septiembre de 2025: un entrenador de fútbol identificado como Jesús Jaime “N” fue detenido en flagrancia, dentro de un vehículo estacionado cerca de una cancha de la colonia Valle del Potosí, en la capital, acusado de violar a una de sus jugadoras, de 12 años. El 13 de septiembre de 2025 fue vinculado a proceso por violación específica agravada, con prisión preventiva justificada.
Ocho procesos, cinco municipios, hechos que van de 2017 a 2025: no es un patrón nuevo ni exclusivo de este año. Es, más bien, una constante que la Fiscalía ha ido documentando boletín por boletín sin que, hasta ahora, ningún medio local —incluido este— la haya puesto junta.
Estos son solo los casos que se han viralizado o que han llegado al conocimiento público, muchos de ellos demorados o sin resolución legal, al menos verificable. ¿Pero cuántos hechos como estos no habrán quedado silenciados en el tiempo?
La ola de 2026
Los casos más recientes que ha cubierto este medio ocurrieron ya en instituciones concretas de educación media superior y superior, con nombre propio de por medio. En diciembre de 2025, una exalumna de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunció ante la FGESLP que un profesor de esa entidad académica, identificado como César Gabriel “N”, la había agredido con un cuchillo en un departamento donde ella se hospedaba temporalmente.
La UASLP se enteró del caso hasta enero de 2026 y no fue sino hasta el 10 de febrero —dos meses después de los hechos— que la Defensoría de los Derechos Universitarios separó al profesor de toda actividad frente a grupo
En octubre de 2024, el director del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) informó que tres profesores habían sido cesados en lo que iba del año por acoso; uno de ellos respondió con una demanda por despido injustificado, cuyo resultado nunca se hizo público. En mayo de 2025, una división interna en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) salió a la luz por denuncias de abuso de autoridad y hostigamiento laboral; el caso fue turnado a la Fiscalía y al Tecnológico Nacional de México (TecNM), sin resolución conocida. Y en junio de 2026, La Orquesta documentó que una madre llevaba cuatro meses exigiendo, sin respuesta, que la Secretaría de Educación y la Fiscalía actuaran contra una maestra que golpeó a su hija, una niña con autismo, dentro de la escuela.
La cifra que cambió sin explicación
Ese patrón, construido caso por caso desde 2017, tiene un contrapunto en las declaraciones del propio gobierno estatal. El 22 de octubre de 2025, el entonces titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, informó que 11 docentes de distintas instituciones y regiones de San Luis Potosí habían sido cesados de manera definitiva por acoso, abuso sexual o discriminación, y que más de 30 adicionales habían enfrentado procesos administrativos con sanciones menores.
Cinco meses después, el 5 de marzo de 2026, el mismo funcionario informó que “alrededor de 40 trabajadores” de diversos niveles educativos habían sido separados de su cargo tras confirmarse su participación en casos de acoso y abuso sexual. Torres Cedillo no explicó, en ninguna de las dos ocasiones, si la segunda cifra incluye a los 11 docentes ya mencionados en octubre, si se trata de una revisión retroactiva de expedientes anteriores, o si refleja casos nuevos confirmados en ese periodo.
Ninguna de las dos cifras de la SEGE coincide, tampoco, con el número de casos que la propia Fiscalía ha hecho público en sus boletines: los ocho documentados aquí corresponden a personal masculino identificado con nombre reservado ante un juez, mientras que las cifras de la SEGE son agregados administrativos sin nombres ni fechas. Son, en los hechos, dos conteos distintos de un mismo problema que ninguna de las dos dependencias ha cruzado públicamente.
El sistema que no se ve
Todos los casos documentados hasta ahora, desde el maestro de Matlapa a los procesos de 2026, ocurrieron en instituciones públicas. No existe, en ninguna fuente oficial o periodística consultada, un solo caso registrado en una escuela privada de San Luis Potosí. Eso no significa que no ocurran: significa que, si ocurren, no hay un mecanismo público que los documente ni una autoridad que públicamente los reconozca.
El contexto general de la violencia sexual en el estado tampoco ayuda a dimensionar el problema específico en las aulas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), San Luis Potosí acumuló 965 víctimas de delitos contra la libertad y la seguridad sexual en el primer semestre de 2026, con junio como el mes más alto del año (185 víctimas). En el comparativo contra el mismo periodo de 2025, las carpetas de investigación por estos delitos bajaron 15.5% en general, aunque el hostigamiento sexual aumentó 75%. Ninguna de estas cifras distingue si el presunto agresor era personal educativo.
Ninguna de las dos cifras que ha dado la SEGE vino acompañada de un desglose público por año, nivel educativo, municipio o estatus judicial, y tampoco lo ha hecho la Fiscalía respecto al conjunto de los ocho casos que sí ha documentado en sus propios boletines a lo largo de casi una década.
Es información que ambas dependencias deberían ofrecer por iniciativa propia, sin que medios o padres de familia tengan que reconstruirla boletín por boletín, como se hizo para este trabajo: se trata de personal que trabajó con menores de edad en escuelas públicas, pagadas con presupuesto del estado. Mientras esa información no se transparente por voluntad propia, la pregunta de cuántos casos existen en total y cuántos de ellos seguirán sin respuesta.
También lee: Gusano barrenador: de 1,500 a 80 casos bajo control con mosca estéril en SLP
La entidad registra 80 casos activos de gusano barrenador mientras despliega control con 100 millones de moscas estériles producidas en Chiapas
Por: Redacción
Jorge Luis Díaz Salinas, titular de Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), reportó que aunque históricamente se registraron más de mil 500 casos de gusano barrenador en la entidad, actualmente hay 80 casos activos en atención, una cifra significativamente menor después del tratamiento de los animales afectados.
Díaz Salinas aclaró una confusión común: “porque piensan que son mil 500 activos y no lo son. Ahorita hay como 80 activos”. Las regiones más afectadas fueron Guadalcázar y Ciudad del Maíz, aunque también se ha presentado la plaga en animales domésticos como perros y gatos en la zona metropolitana.
Para combatir la mosca del gusano barrenador, Sedarh trabaja con el programa nacional de control mediante moscas estériles. Una planta en Chiapas, inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum
Las moscas estériles son identificables por su color: “son más verdes, o sea, ahí vienen las fotografías. Es una mosca más verde como fosforescente”, explicó el titular, señalando que la población debe evitar matar estas moscas para permitir que cumplan su función de control.
Instó a la ciudadanía a reportar cualquier caso a través de Cenacica o a la Sedarch para intensificar el lanzamiento de moscas en las regiones afectadas.
También lee: Sheinbaum inaugura planta binacional para combatir el gusano barrenador
El alcalde aseguró que la falta de recursos ha impedido realizar el mantenimiento mayor que requiere la infraestructura hidráulica del organismo operador
Por Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que la situación financiera de Interapas limita la capacidad del organismo para rehabilitar la totalidad de los pozos que abastecen de agua a la zona metropolitana, luego de que se diera a conocer que durante la primera mitad del año se registraron 43 fallas en esta infraestructura.
El edil explicó que el problema responde al desgaste acumulado de la red hidráulica, pues los más de 170 pozos que opera Interapas en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos requieren mantenimiento de fondo para garantizar su funcionamiento.
“De los más de 170 pozos que tenemos en los cuatro municipios, todos necesitan un mantenimiento mayor. Ya llegamos al momento en que requieren inversiones importantes”, afirmó.
Galindo recordó que, tras la crisis hídrica de 2023, una de las principales estrategias del organismo fue rehabilitar pozos existentes y perforar nuevas fuentes de abastecimiento para fortalecer el suministro de agua.
En ese sentido, aseguró que más de 70 pozos ya recibieron trabajos de reparación integral, incluyendo la sustitución de equipos electromecánicos y sistemas eléctricos; sin embargo, reconoció que la falta de recursos impide intervenir el resto de la infraestructura con la rapidez necesaria.
El presidente municipal sostuvo que el principal obstáculo para avanzar en el mantenimiento de los pozos es la situación financiera de Interapas.
Explicó que uno de los factores es la falta de recursos federales destinados al organismo durante el año pasado y el presente ejercicio fiscal. “Los recursos federales del año pasado y de este no llegaron”, afirmó.
A ello se suma, dijo, la falta de conciliación de cuentas entre Interapas y el Gobierno del Estado, un proceso que, aseguró, permanece pendiente desde hace cuatro años.
“El Gobierno del Estado tiene una deuda con nosotros muy fuerte y nosotros también tenemos una deuda con ellos. Tenemos que conciliar esas cuentas porque eso fortalecería las finanzas del organismo”, señaló.
El alcalde estimó que los montos involucrados superan los 400 millones de pesos, recurso que, de resolverse, permitiría mejorar la capacidad operativa de Interapas para atender fallas y realizar inversiones en infraestructura.
Otro de los factores que, según Galindo, ha deteriorado las finanzas de Interapas es el crecimiento de la cartera vencida, particularmente en Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.
El alcalde aseguró que existe un llamado público para que los usuarios dejen de pagar el servicio de agua, situación que, dijo, termina afectando directamente la capacidad del organismo para operar.
“La gente dice: ‘¿Para qué pago el agua si mañana me van a decir que ya no la pague?’. Eso genera un círculo vicioso”, comentó.
Añadió que la falta de ingresos no solo afecta el mantenimiento de los pozos, sino también la reparación de infraestructura dañada, como drenajes colapsados y socavones.
Como ejemplo, explicó que la rehabilitación del socavón donde recientemente cayó una pipa representa una inversión cercana a 2.5 millones de pesos, mientras que actualmente existen alrededor de 50 socavones pendientes de reparación.
“Hay reparaciones que cuestan entre uno y dos millones de pesos. El socavón donde cayó la pipa cuesta alrededor de dos millones y medio, y todavía tenemos cerca de 50 más por atender”, indicó.
Finalmente, Galindo insistió en que resolver los problemas financieros del organismo será indispensable para garantizar el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y evitar que las fallas en pozos continúen incrementándose durante los próximos años.
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