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Gabino Morales también está denunciado por hostigamiento y acoso sexual
El coordinador de Morena en el estado fue suspendido ayer durante 6 meses por incurrir en violencia de género, pero sobre él pesa una denuncia adicional ante la Fiscalía
Por: Blakely Morales
A la resolución y suspensión de 6 meses por violencia de género contra el coordinador de Programas de Desarrollo Social del Gobierno Federal para San Luis Potosí, Gabino Morales Mendoza, se suma una denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado, por los presuntos delitos de amenazas, hostigamiento y acoso sexual, discriminación, provocación y apología del delito, en contra de una militante de Morena.
El 25 de junio del 2018, la Comisión Nacional de Honor y Justicia (CNHJ) de Morena recibió una denuncia en la que se narra una violencia sistemática expresada primero a través de comentarios misóginos vestidos de bromas para “romper el hielo”, e intensificada entre los meses de noviembre y marzo del año pasado, y que sería determinante para la organización actual del tablero político de Morena en San Luis Potosí.
La violencia habría tocado extremo entre los días 10 y 11 de marzo, cuando según la declaración de la víctima, de quien se reserva su identidad, Gabino Morales la habría amedrentado, esparciendo entre los militantes del estado, y particularmente de la Huasteca, el mensaje de que tenía en su poder imágenes con contenido sexual, en las que se le veía “haciendo porquería y media”, según cita un testimonio anexo a la denuncia. El comentario, fue reproducido a través de una llamada telefónica narrada por el testimonio, y habría contenido la presunta amenaza de difundir las imágenes.
El objetivo de Morales Mendoza fue, según la denunciante, que ésta y un grupo de mujeres militantes del partido, dejara de criticar la figura de poder que el joven político ejercía en ese entonces como Enlace Estatal de Defensa del Voto, frente a la campaña electoral en la que finalmente resultó ganador López Obrador.
BLOQUEO
En el expediente con registro CNHJ-SLP-626-2018, con proceso vigente al interior del órgano de justicia partidaria de Morena, consta además la denuncia ante la Subprocuraduría Especializada en Delitos Sexuales, que forma parte de un proceso de judicialización emprendido por la parte acusadora, e incluye al designado como coordinador de Programas de Desarrollo Social para la zona Media del estado para el Gobierno de Andrés Manuel, y cercano a Morales Mendoza, Kevin Ángelo Aguilar Piña. Presuntamente, Aguilar Piña y Morales Mendoza habrían actuado de manera sistemática, para impedir el acceso de la víctima a la estructura del Enlace Estatal de Defensa del Voto durante el proceso electoral.
En la correspondencia digital que forma parte de los anexos de la denuncia ante la CNHJ, se lee que, es a través de un documento con fecha 10 de febrero de 2018, anexo a la denuncia, que Kevin Ángelo Aguilar Piña, designado Enlace Estatal del Voto, informó al entonces Coordinador Nacional de Defensa del Voto y al Enlace Estatal en San Luis Potosí, Gonzalo López Beltrán y Gabino Morales Mendoza, respectivamente, de un “cambio de Enlace Distrital de Defensa del Voto” en la zona metropolitana.
La víctima había sido propuesta para ocupar ese lugar días antes por el propio Gabino Morales. En ese mensaje, Aguilar Piña informa del cese de la denunciante en el puesto, argumentando que la razón tuvo origen en la búsqueda que hizo ella para reunirse con líderes del partido en la Ciudad de México buscando apoyo para exponer la violencia política de género, propiciada desde la cúpula por Gabino Morales y Kevin Ángelo, de la que se estaban sintiendo vulnerables.
“La compañera -explica Aguilar Piña en el documento del 10 de febrero- fue a buscar a diferentes personalidades a la Ciudad de México, buscando que se removiera al enlace Estatal de promoción del voto, Gabino Morales Mendoza y mi designación como Enlace Estatal de Defensa del Voto, de lo cual tuve conocimiento reciente, y se ha dedicado constantemente a eso mismo”.
Líneas más arriba, en el mismo documento, el joven político egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, señala que “en una reunión de capacitación se nos hizo saber que los perfiles que se buscaban en esta estructura (de Defensa del Voto) son de gente que este (sic) alejada de toda ‘grilla política’”. La víctima por su parte, acusa un incremento de violencia a través de comentarios misóginos, a partir de la incorporación de Aguilar Piña al equipo cercano de Gabino Morales, a principios del 2017, violencia que se intensificó en noviembre del año pasado durante una gira de Andrés Manuel López Obrador en la Huasteca.
La víctima y el grupo de mujeres señalado, acudieron efectivamente desde el cinco de enero del 2018 a la Ciudad de México para reunirse con “diferentes autoridades” buscando denunciar la violencia de género que estaban detectando en su contra desde la cúpula del partido. Según la denuncia, Gabino Morales se habría referido al mismo grupo de mujeres como: “tres viejas chismosas”. De la narración se lee, que sería Aguilar Piña el primer responsable de la difusión del material con contenido erótico.
El once de marzo del 2018, un día después de la llamada que se narra en el testimonio anexo a la denuncia, la víctima asegura haber recibido llamadas de militantes del partido preguntándole si era cierto, lo que de ella se decía al interior del estado, que supuestamente había sostenido relaciones sexuales con varios líderes del partido a nivel local y nacional para obtener su lugar en la estructura paralela de Defensa del Voto, entre ellos al entonces y actual presidente estatal de Morena, Sergio Serrano Soriano.
“Sergio (Serrano Soriano) con una vieja y con una botella, les concede todo a ellas”, habría dicho Morales Mendoza refiriéndose a la víctima y a otro grupo de mujeres militantes, durante esa y otras comunicaciones, según el testimonio.
La víctima narra haber sostenido una relación de amistad y de cooperación en el trabajo con Gabino Morales Mendoza, junto a quien presidió la Asamblea Constitutiva de Morena, para su conformación como partido en el estado, en el año 2014.
CONTRADICCIONES
Gabino Morales y Kevin Ángelo respondieron a las acusaciones en un documento con fecha 16 de agosto del 2018, dirigido a la CNHJ en el que citan un par de jurisprudencias, niegan todos los hechos denunciados 
Las respuestas que la Comisión Nacional de Honor y Justicia ha recibido al expediente CNHJ-SLP-626-2018 han sido desconcertantes. En un documento del 22 de agosto del 2018, Gabriel García Hernández, secretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, comunica a los integrantes de la Comisión, que ninguno de los denunciantes forma parte de la estructura partidista: “Hago de su conocimiento que los CC. GABINO MORALES MENDOZA y KEVIN ÁNGELO AGUILAR PIÑA 
Tal argumento queda desacreditado luego de la resolución tomada ayer en la que por otro caso, el de violencia política de género, sí derivó en una suspensión del cargo que ostentaba dentro de Morena.
Esta acción ha sido leída por los abogados del caso como un bloqueo desde la cúpula de Morena para aplazar el proceso por la denuncia. Al exterior de San Luis Potosí, Gabino goza de la simpatía de algunos actores de Morena y particularmente en la Ciudad de México; de hecho, se le relaciona con el firmante del documento, Gabriel García Hernández, quien es su mando superior en la coordinación de Programas Integrales en el Gobierno de la 4T.
García Hernández, es identificado como uno de los hombres de mayor confianza y de más bajo perfil en el círculo rojo de Andrés Manuel; se le describe como pieza clave para la organización distrital que llevó, casa por casa, el mensaje lopezobradorista a todo el país, que hizo posible el triunfo del tres veces candidato presidencial.
Gabino Morales Mendoza es militante de Morena y fue el primer presidente estatal del partido; actualmente su puesto es el más cercano a Andrés Manuel desde San Luis Potosí, y cuenta con el respaldo del senador Primo Dothé Mata en la Huasteca y de Leonel Serrato Sánchez, coordinador de Programas de Desarrollo Social para San Luis Potosí y la zona metropolitana, en la capital; con quienes conforma la cúpula local del partido.
¿INTOCABLE?
El viernes 5 de octubre, durante la visita del entonces presidente electo, Gabino Morales, originario del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, egresado de la Licenciatura en Administración Pública de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por primera vez en su vida pública vestido de traje sastre y corbata, se enfrentó a una manifestación que se instaló en el ala izquierda de la Plaza de Fundadores con cartulinas color verde fosforescente que lo acusaban de “simulador”.
Ante la manifestación, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador defendió a Morales Mendoza, primero al inicio del acto: “Como dicen los jóvenes ¡Ya chole! Con los pleitos; ¿o ustedes quieren que se sigan peleando aquí en San Luis Potosí? Ya que los dirigentes ya vayan entendiendo, y que estén a la altura de las circunstancias”.
Después, casi al final del evento, y ante los gritos de ¡Fuera Gabino!, Andrés Manuel volvió a comentar en favor de Morales Mendoza: “¡No! Gabino es nuestro coordinador aquí”, en ese momento los gritos de apoyo se confundieron con los de repudio; “ven acá”, le llamó Andrés Manuel al joven político, lo tomó por el hombro y dijo a la multitud que “él es nuestro coordinador, representante del Gobierno Federal, es de confianza, y ya les digo, hay que dejar de pelear, hay que hacer a un lado la politiquería, la patria es primero, ¿Por qué luchamos? Para transformar al país ¿no es así? O… ¿luchamos por cargos?”, y la multitud le respondió ¡No!
“El que quiera puesto que se vaya al mercado”, remató López Obrador. Morales Mendoza cruzó de ida y vuelta por el tapanco hasta el micrófono con una sonrisa triunfadora, mientras abajo al menos medio centenar de personas le gritaban “¡Corrupto!”.
Morales ha sido criticado y denunciado por supuestamente ejercer el poder con opacidad y autoritarismo; su nombramiento como coordinador Estatal de Programas de Desarrollo ha sido confrontado desde el interior del partido, con acusaciones por uso irregular de recursos.
El proceso al interior de la Comisión Nacional de Honor y Justicia sigue vigente. Después de haber citado a una audiencia de conciliación cara a cara, entre la víctima y los presuntos agresores, que la defensa rechazó por haber en la denuncia componentes de presuntas agresiones de índole sexual, la CNHJ citó a audiencias por separado para el desahogo de pruebas; Gabino Morales Mendoza y a Kevin Ángelo Aguilar Piña el 17 de octubre.
La víctima exigía la remoción de ambos personajes del partido, así como de los cargos que ostentan, además de la adopción de Morena de medidas que prevengan y eviten la violencia política en razón de género.
Sin embargo, la CNHJ minimizó las acusaciones y resolvió que solo eran acreedoras de una amonestación pública. “Una llamada de atención y nada más”, como señaló en diciembre Sergio Soriano.
La denuncia sigue su curso dentro de la Fiscalía y cobra renovada validez luego de la determinación de CNHJ según la cual Gabino Morales incurrió en violencia política de género, razón por la que ha sido acreedor una sanción, pese a que meses atrás esa misma comisión había manifestado que no se le podía castigar porque no formaba parte “de la estructura partidista” de Morena.
+ENTONADO
LA SANCIÓN QUE PUSO EN JAQUE A GABINO
Ayer por la noche, en la víspera de la visita que Andrés Manuel López Obrador llevará a cabo por San Luis Potosí, la situación de Gabino dio un viraje. Una resolución de la CNHJ lo dejó suspendido 6 meses de cualquier cargo dentro del movimiento.
Por medio de un oficio, la comisión dio a conocer que el delegado del gobierno federal incurrió tanto en violencia política como violencia política de género sobre una ciudadana
De acuerdo al procedimiento interno promulgado por Morena, Gabino deberá además acudir a cursos de sensibilización sobre la violencia de género.
Las determinación llega finalmente luego de que el pasado 6 de septiembre de 2018 la afectada interpuso un recurso ante dicha comisión a causa de las conductas inapropiadas de Gabino que transgredieron los estatutos de Morena.
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La organización Eco Huellas pidió a las autoridades investigar los hechos, ante versiones de que el problema podría repetirse previo a eventos como de la Feria Nacional de Charcas
Por: Redacción
La organización protectora de animales Eco Huellas denunció públicamente reportes de un presunto envenenamiento masivo de perros en situación de calle en el municipio de Charcas, San Luis Potosí, y exigió a las autoridades investigar los hechos.
A través de una publicación en redes sociales, la agrupación señaló que habitantes del municipio han reportado la muerte de varios perros; sin embargo, aclaró que hasta el momento no cuentan con pruebas que permitan identificar o responsabilizar directamente a alguna persona o autoridad por los hechos.
“Quienes realizan estos señalamientos reconocen no contar con pruebas que permitan afirmar quién es responsable y, por ello, sería irresponsable señalar directamente a una autoridad como autora de estos hechos sin una investigación que lo determine”, expuso la organización.
Eco Huellas cuestionó, sin embargo, qué acciones está implementando el Ayuntamiento para atender de manera permanente la presencia de perros y gatos en situación de calle.
La agrupación advirtió que la sobrepoblación animal no puede resolverse mediante la desaparición o muerte de los animales y consideró necesario establecer políticas públicas enfocadas en esterilización, rescate, adopción, educación sobre tutela responsable y protección animal
De acuerdo con la publicación, algunos habitantes han señalado que este tipo de situaciones presuntamente no sería la primera vez que ocurre en fechas cercanas a eventos públicos, cuando existe interés por mostrar una imagen de “limpieza” en las calles del municipio.
No obstante, la organización insistió en que estas versiones deben ser investigadas antes de establecer responsabilidades
La denuncia ocurre en el contexto de la realización de la Feria Nacional de Charcas (Fenachar), por lo que Eco Huellas pidió a quienes visiten el municipio observar la situación de los animales en las calles.
Para la organización, la presencia de perros en situación de calle es consecuencia de problemas que se han acumulado durante años, como el abandono, la falta de campañas de esterilización, la ausencia de educación sobre la responsabilidad que implica tener un animal y la falta de políticas públicas para controlar la población animal de manera humanitaria.
“Los perros callejeros no aparecen ni desaparecen de la nada”, señaló la agrupación.
Eco Huellas sostuvo que, en caso de comprobarse que los animales fueron eliminados para retirarlos de las calles, los hechos no podrían considerarse una solución al problema de sobrepoblación.
Finalmente, la organización hizo un llamado al gobernador Ricardo Gallardo Cardona para que las autoridades intervengan ante la denuncia pública y se investigue lo ocurrido.
La agrupación pidió que la problemática de los animales en situación de calle sea atendida mediante estrategias permanentes y no únicamente con acciones temporales relacionadas con la realización de eventos o la imagen urbana del municipio.
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Marco Polo Méndez dijo que ya hay acuerdo reparatorio en siete de los diez casos del Bar Rich
Por: Redacción
El 7 de junio de 2024 colapsó el barandal de una terraza del Bar Rich, en el Alttus Corporate Center & Plaza de San Luis Potosí, durante un concierto de música regional. Cerca de 20 personas cayeron desde más de 12 metros de altura; dos jóvenes, Manuel Alejandro Infante y Rodrigo Espinosa, murieron, y más de una decena resultó herida. El inmueble no contaba con autorización vigente de Protección Civil Municipal ni con el permiso especial requerido para el evento.
A dos años y dos meses de la tragedia, los procesos legales contra las tres personas detenidas por el caso continúan. El asesor jurídico de la defensa, Marco Polo Méndez Alonso, dijo a ese medio que de las diez víctimas reconocidas ya se llegó a un acuerdo reparatorio o a una suspensión condicional con siete, lo que equivale a un avance del 70 por ciento.
Méndez Alonso afirmó que el caso se ha enfrentado a “jueces alineados al oficialismo” y sostuvo que se trata de “un hecho culposo, un accidente”, postura que corresponde a la defensa y no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP).
Faltan por resolverse los casos de dos víctimas, entre ellas una persona con lesiones de consideración que continúa en recuperación. Los casos de los dos jóvenes fallecidos son los que, de no llegar a un acuerdo, podrían derivar en juicio. El delito por el que se procesa a los detenidos contempla penas de uno a cinco años de prisión; los tres acusados llevan dos años recluidos.
Hace algunos días, la Fiscalía ingresó a uno de los dos locales asegurados del bar sin notificar a las partes ni a los ofendidos, de acuerdo con la defensa, que dijo desconocer las causas de esa diligencia.
El abogado Antonio Rodríguez Rodríguez, también defensor en el caso, dijo a Plano Informativo que la cobertura mediática ha complicado el proceso: “se va remando contra la corriente” cuando la opinión pública influye en las decisiones judiciales, afirmó.
Hasta ahora no se ha sancionado a las autoridades que otorgaron los permisos para la operación de la plaza donde se ubica el bar, inmueble que, según Plano Informativo, continúa representando un riesgo para sus usuarios.
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El Ayuntamiento publicó un reglamento que impide otorgar licencias y autorizaciones para infraestructura relacionada con la fractura hidráulica
Por: Redacción
Mientras el gobierno federal mantiene abierta la discusión sobre la posibilidad de aplicar la fractura hidráulica bajo criterios de sustentabilidad, Ciudad Valles decidió cerrar la puerta a esta técnica desde el ámbito de sus atribuciones municipales.
El Ayuntamiento vallense publicó el pasado 17 de agosto en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí el Reglamento municipal para la protección del suelo y la prohibición de autorizaciones municipales vinculadas con la fractura hidráulica “fracking”, mediante el cual establece la negativa a otorgar licencias, permisos y otras autorizaciones para obras e infraestructura relacionadas con esta práctica.
La disposición aplica dentro del territorio de Ciudad Valles, gobernado por el alcalde David Armando Medina Salazar, y busca impedir que desde la administración municipal se facilite la instalación de infraestructura vinculada con proyectos de fractura hidráulica.
El reglamento reconoce que la exploración y extracción de hidrocarburos son materias de competencia federal y deja claro que el municipio no pretende cancelar asignaciones, contratos o permisos otorgados por otras autoridades.
“El presente Reglamento no tiene por objeto autorizar, prohibir, suspender o cancelar asignaciones, contratos, permisos o autorizaciones federales, ni regular directamente las actividades técnicas de exploración o extracción de hidrocarburos”, establece el documento.
Sin embargo, el Ayuntamiento sostiene que los proyectos asociados con el fracking requieren obras e intervenciones que sí pueden afectar materias bajo competencia municipal, como el uso y aprovechamiento del suelo, las licencias de construcción, los caminos municipales, la protección civil, la gestión de residuos y los servicios públicos.
Por ello, Ciudad Valles determinó que sus dependencias deberán negar cualquier acto administrativo que permita obras incompatibles con el ordenamiento territorial y ecológico del municipio o que facilite infraestructura relacionada con la fractura hidráulica.
El reglamento parte de una distinción: el municipio no puede decidir si el gobierno federal autoriza o no la explotación de hidrocarburos, pero sí puede ejercer sus atribuciones sobre las consecuencias territoriales y administrativas que generaría un proyecto de este tipo.
La fractura hidráulica implica perforaciones profundas y la inyección a presión de agua y otros aditivos para extraer gas o petróleo de formaciones subterráneas. Además, puede requerir caminos de acceso, maquinaria pesada, instalaciones y un uso intensivo de recursos.
El Ayuntamiento argumenta que estas actividades pueden tener consecuencias sobre el suelo, el agua, los ecosistemas y la población, por lo que invoca los principios de prevención y precaución ante posibles riesgos graves o irreversibles.
Incluso, el reglamento establece que la autoridad municipal deberá actuar para prevenir daños aun cuando no exista certeza científica absoluta sobre todas las posibles afectaciones.
La norma también obliga a las dependencias municipales a coordinarse para la inspección y vigilancia de posibles obras relacionadas con esta práctica, además de establecer mecanismos para la presentación de denuncias ciudadanas.
La decisión de Ciudad Valles ocurre en medio de un renovado debate nacional sobre el uso de la fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos.
Aunque la regulación energética y las decisiones sobre exploración y extracción corresponden al ámbito federal, la posibilidad de utilizar esta técnica ha generado oposición de comunidades, ejidos y organizaciones ambientalistas por sus posibles efectos sobre el agua, el suelo y las actividades agrícolas.
En San Luis Potosí, la discusión adquiere especial relevancia por la presencia de zonas de la Huasteca dentro de las áreas que han sido señaladas en distintos análisis y mapas relacionados con el potencial de explotación de hidrocarburos.
Para Ciudad Valles, la respuesta fue establecer un límite desde el ámbito municipal: si un proyecto de fracking requiere permisos, obras o infraestructura que dependan del Ayuntamiento, el nuevo reglamento ordena que no sean autorizados.
Con esta medida, el municipio no prohíbe directamente la extracción de hidrocarburos —una facultad que reconoce como federal—, pero sí establece un mecanismo para impedir que su administración otorgue las autorizaciones locales necesarias para facilitar la instalación y transformación territorial asociada con la fractura hidráulica.
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