noviembre 24, 2025

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Firmas falsas y hasta “muertos vivientes” acabaron con La Maroma en SLP

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La Maroma

Los ejidatarios que estaban en contra del proyecto La Maroma señalaron varias irregularidades como falsificación de firmas y construcción sin permisos

Por: Redacción 

Luego de documentarse una serie de discrepancias en información técnica del proyecto de construcción de la presa La Maroma ─sobre el Río Jordán, en el Municipio de Catorce, San Luis Potosí─, la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de las Gerencias del Consultivo Técnico y Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, determinó dejar sin efectos la autorización interna para la construcción de la obra. 

Esto implica que la presa, un proyecto promovido por la administración de Enrique Peña Nieto con una inversión de 200 millones de pesos, no contaría con la aprobación para seguirse construyendo.

Dicha decisión fue tomada una vez que, tras una revisión exhaustiva en la que se ubicaron diferencias entre el proyecto ejecutivo ingresado en la solicitud de autorización interna para la ejecución de la obra y lo plasmado en el proceso de licitación para su construcción, misma que fue adjudicada mediante licitación nacional a un consorcio conformado por tres empresas constructoras potosinas.

El desarrollo de dicha obra fue planteado originalmente para suministrar agua al municipio de Matehuala y a 20 localidades del municipio de Villa de Guadalupe; sin embargo, en diversas visitas técnicas realizadas en 2018 y en el presente año, personal de Conagua ─tanto de su Dirección Local en San Luis Potosí como de sus oficinas centrales─ documentó una serie de conclusiones y recomendaciones que no fueron atendidas de forma precisa por las unidades ejecutoras en su momento, así como la omisión de reportes mensuales de avance de obra como lo estipula la autorización interna.

Por lo anterior, las Gerencias de Aguas Superficiales y del Consultivo Técnico de Conagua decidieron dejar sin efecto la autorización que esta Comisión emitió el 20 de diciembre de 2017 para la construcción de la Presa.

Esta medida no implica, aseguró la Conagua, que se dejen de atender a futuro las necesidades de agua de la población de los municipios de Matehuala y Villa de Guadalupe, sino que serían exploradas otras opciones que permitan dotarles del servicio de abasto mediante alternativas más seguras, confiables, de calidad y apegadas a criterios técnicos respaldados con estudios exhaustivos.

Falsificación de documentos y hasta uso de firmantes muertos, ya habían sido denunciados por ejidatarios

Pese a que el comunicado oficial de la Comisión Nacional del Agua no lo admite de inicio, desde el arranque de la obra, habitantes del ejido “La Presa”, quienes residen en la zona donde se construiría el macroproyecto, denunciaron una serie de graves irregularidades.

Teodoro Cárdenas, comisariado ejidal, informó en enero de este año que la Conagua presentó documentos falsos para concretar la autorización para comenzar la obra, incluso con su firma, donde supuestamente autorizaba la realización del proyecto. 

“Me falsificaron la firma a mí, al tesorero y a mi secretario, es un poder falso”, dijo; además, pese a que se interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado, dicha dependencia no ha concretó consecuencia alguna para los acusados, entre ellos el entonces delegado de la Conagua en San Luis Potosí, Manuel Téllez Bugarín. 

Los ejidatarios, por cierto, también denunciaron que la Comisión Estatal del Agua y, consecuentemente con las denuncias, la delegación de la Comisión Nacional del Agua desoyeron sus exigencias para que se hiciera justicia en torno a los delitos que identificaron. 

Con el apoyo de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los ejidatarios promovieron un juicio de amparo para lograr la suspensión del proyecto; sin embargo, en el proceso se continuaron los trabajos e, incluso, se realizaron detonaciones, sin autorización de la Sedena, en una zona donde sería construido un camino para arribar a la presa. 

Residuos de dichas detonaciones fueron identificados en el Río Jordan, un caudal que abastece a las comunidades de la zona y que permite el riego de más de mil hectáreas, cuyo futuro, tras construirse la presa, era incierto. 

En julio de este año, finalmente, los ejidatarios aprovecharon una visita del presidente de México al Altiplano, para entregarle una carta en la que se detallaron las inconsistencias e ilegalidades presuntamente cometidas, tanto por las autoridades como por las empresas inmiscuidas en la construcción. 

En el expediente se incluyeron “la falta de permisos para explosivos que otorga la Sedena y no tiene la obra, la falta de permiso para explotación de materiales pétreos que da la Segam y no lo ha otorgado, la irregularidad con la que se promovió la Manifestación de Impacto Ambiental, y sobre todo la falsificación de documentos que implican directamente al delegado de la Conagua Manuel Téllez Bugarín y está en la Fiscalía la denuncia de los ejidatarios donde se exhibieron documentos que falsifican su firma, se falsificó un acta de asamblea donde aparecen firmas de personas muertas”, declaró el abogado Guillermo Luévano a medios de comunicación. 

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Ayuntamiento de SLP

Sin incrementos y moderada, cabildo capitalino aprueba Ley de Ingresos 2026

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Esta sesión se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución

 

Por: Redacción

El Ayuntamiento de la Capital avaló la propuesta por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos, enfocada en ordenar trámites y fortalecer la recaudación. A nombre de la ciudad, el alcalde Enrique Galindo hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar esta iniciativa con apertura y sensibilidad.

Durante la sesión ordinaria celebrada este lunes en las instalaciones del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el Cabildo de la Capital aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, en el que se contempla prácticamente el mismo monto que en 2025, por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos. El documento será turnado al Congreso del Estado para su revisión y eventual autorización.

El presidente Municipal reiteró su petición —“a nombre de la ciudad”— al Congreso del Estado para que analice la iniciativa con apertura, al ser prácticamente idéntica en cifras a la del ejercicio anterior. Señaló que el próximo año implica compromisos financieros relevantes y que la administración hará un esfuerzo de gestión para responder a las necesidades de la Capital.

Enrique Galindo Ceballos explicó que se trata de una propuesta moderada, con montos similares a los autorizados el año pasado, y que incorpora ajustes normativos orientados a mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal. Detalló que la iniciativa revisa y clarifica procesos como licencias de funcionamiento y de construcción, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía realice trámites y que más contribuyentes en situación irregular puedan regularizarse.

Esta Sesión Ordinaria de Cabildo se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución.

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Destacadas

Caso Rich: dos familias otorgan perdón; el resto exige justicia

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Dos familias otorgaron el perdón legal a los imputados tras recibir indemnizaciones de 150 mil y 250 mil pesos

Por: Redacción

En una audiencia larga, tensa y llena de episodios inesperados, dos de las familias de jóvenes lesionadas en el colapso del barandal del antro Rich —tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en plaza Alttus— decidieron otorgar el perdón legal a los imputados, después de recibir indemnizaciones que oscilaron entre los 150 mil y los 250 mil pesos.

De acuerdo con El Universal San Luis, el acuerdo, alcanzado en una sola sesión, provocó molestia e indignación entre el resto de las víctimas, quienes insisten en que no buscan un arreglo económico, sino justicia.

Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, lamentó la decisión de las jóvenes “A” y “R” —quienes acudieron acompañadas de sus madres— de desistir de cualquier acción penal.

“Ese fue el valor que le dieron a su vida y a sus lesiones. Es triste. Pero para nosotros la lucha sigue; no descansaremos hasta que haya una sentencia que deje un antecedente y evite que algo así vuelva a ocurrir”, señaló.

La audiencia se tornó aún más caótica cuando los abogados del despacho LEE, encabezados por el litigante Marco Polo Méndez —representantes de los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N.—

abandonaron la sala de juicios orales, en lo que las demás partes consideraron una maniobra de presión y un acto grave de falta de profesionalismo.

“Fue una audiencia desgastante, llena de tácticas impropias. No se vale dejar botados a los propios representados en plena sala. Es una rebeldía que demuestra nulo compromiso con la verdad”, acusó Infante.

Aunque dos familias aceptaron las compensaciones —150 mil pesos para Andrea Reyna y 250 mil para Renata Portillo, quien era menor de edad el día del accidente— otras víctimas reiteraron que no aceptarán una salida alterna ni un juicio abreviado, figuras a las que la defensa intenta acogerse.

El colapso del barandal, ocurrido en un tercer nivel del antro Rich, dejó dos jóvenes muertos y más de diez heridos. Las investigaciones posteriores revelaron que el lugar operaba con sobrecupo, sin permisos adecuados y sin cumplir con medidas básicas de Protección Civil.

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Ciudad

Galindo reconoce que casi no hay denuncias por daños vehiculares

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El Ayuntamiento tiene menos de 10 reportes formales, aunque asegura que atiende el 90% de los baches que llegan por la app Güicho

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que son muy pocas las denuncias formales de automovilistas que reclaman daños en sus vehículos debido a los baches de la ciudad. Señaló que, hasta el momento, el Ayuntamiento no tiene más de 10 reportes.

Galindo afirmó que la mayoría de las quejas se quedan en redes sociales, lo cual —insistió— no permite iniciar ningún proceso: “La denuncia en redes no nos ofrece identidad, no sabemos dónde ocurrió ni los detalles. Yo invito a la gente a que se acerque con nosotros.”

El edil explicó que el municipio ha realizado un “esfuerzo muy fuerte” para atender los reportes que ingresan por la aplicación Güicho, donde aseguró que se ha atendido casi el 90% de los reportes. Sin embargo, reconoció que “mucho no llega” por esa vía y que las cuadrillas siguen recorriendo la ciudad para detectar y tapar baches.

Galindo adelantó que para el próximo año se implementará un mecanismo nuevo relacionado con este programa de atención a daños vehiculares, aunque no quiso revelar detalles “hasta que esté consolidado”.

El alcalde también detalló el protocolo que sigue el Ayuntamiento cuando un bache provoca daños o un accidente: Primero se tapa el bache, para evitar más incidentes. Luego se atiende a la persona afectada, siempre y cuando exista una denuncia formal.

Pese a ello, insistió en que la falta de cultura de denuncia limita la posibilidad de que más ciudadanos accedan a este mecanismo de reparación: “Sí llegan muy pocas denuncias formales.”

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Opinión

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