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Firmas falsas y hasta “muertos vivientes” acabaron con La Maroma en SLP
Los ejidatarios que estaban en contra del proyecto La Maroma señalaron varias irregularidades como falsificación de firmas y construcción sin permisos
Por: Redacción
Luego de documentarse una serie de discrepancias en información técnica del proyecto de construcción de la presa La Maroma ─sobre el Río Jordán, en el Municipio de Catorce, San Luis Potosí─, la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de las Gerencias del Consultivo Técnico y Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, determinó dejar sin efectos la autorización interna para la construcción de la obra.
Esto implica que la presa, un proyecto promovido por la administración de Enrique Peña Nieto con una inversión de 200 millones de pesos, no contaría con la aprobación para seguirse construyendo.
Dicha decisión fue tomada una vez que, tras una revisión exhaustiva en la que se ubicaron diferencias entre el proyecto ejecutivo ingresado en la solicitud de autorización interna para la ejecución de la obra y lo plasmado en el proceso de licitación para su construcción, misma que fue adjudicada mediante licitación nacional a un consorcio conformado por tres empresas constructoras potosinas.
El desarrollo de dicha obra fue planteado originalmente para suministrar agua al municipio de Matehuala y a 20 localidades del municipio de Villa de Guadalupe; sin embargo, en diversas visitas técnicas realizadas en 2018 y en el presente año, personal de Conagua ─tanto de su Dirección Local en San Luis Potosí como de sus oficinas centrales─ documentó una serie de conclusiones y recomendaciones que no fueron atendidas de forma precisa por las unidades ejecutoras en su momento, así como la omisión de reportes mensuales de avance de obra como lo estipula la autorización interna.
Por lo anterior, las Gerencias de Aguas Superficiales y del Consultivo Técnico de Conagua decidieron dejar sin efecto la autorización que esta Comisión emitió el 20 de diciembre de 2017 para la construcción de la Presa.
Esta medida no implica, aseguró la Conagua, que se dejen de atender a futuro las necesidades de agua de la población de los municipios de Matehuala y Villa de Guadalupe, sino que serían exploradas otras opciones que permitan dotarles del servicio de abasto mediante alternativas más seguras, confiables, de calidad y apegadas a criterios técnicos respaldados con estudios exhaustivos.
Falsificación de documentos y hasta uso de firmantes muertos, ya habían sido denunciados por ejidatarios
Pese a que el comunicado oficial de la Comisión Nacional del Agua no lo admite de inicio, desde el arranque de la obra, habitantes del ejido “La Presa”, quienes residen en la zona donde se construiría el macroproyecto, denunciaron una serie de graves irregularidades.
Teodoro Cárdenas, comisariado ejidal, informó en enero de este año que la Conagua presentó documentos falsos para concretar la autorización para comenzar la obra, incluso con su firma, donde supuestamente autorizaba la realización del proyecto.
“Me falsificaron la firma a mí, al tesorero y a mi secretario, es un poder falso”, dijo; además, pese a que se interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado, dicha dependencia no ha concretó consecuencia alguna para los acusados, entre ellos el entonces delegado de la Conagua en San Luis Potosí, Manuel Téllez Bugarín.
Los ejidatarios, por cierto, también denunciaron que la Comisión Estatal del Agua y, consecuentemente con las denuncias, la delegación de la Comisión Nacional del Agua desoyeron sus exigencias para que se hiciera justicia en torno a los delitos que identificaron.
Con el apoyo de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los ejidatarios promovieron un juicio de amparo para lograr la suspensión del proyecto; sin embargo, en el proceso se continuaron los trabajos e, incluso, se realizaron detonaciones, sin autorización de la Sedena, en una zona donde sería construido un camino para arribar a la presa.
Residuos de dichas detonaciones fueron identificados en el Río Jordan, un caudal que abastece a las comunidades de la zona y que permite el riego de más de mil hectáreas, cuyo futuro, tras construirse la presa, era incierto.
En julio de este año, finalmente, los ejidatarios aprovecharon una visita del presidente de México al Altiplano, para entregarle una carta en la que se detallaron las inconsistencias e ilegalidades presuntamente cometidas, tanto por las autoridades como por las empresas inmiscuidas en la construcción.
En el expediente se incluyeron “la falta de permisos para explosivos que otorga la Sedena y no tiene la obra, la falta de permiso para explotación de materiales pétreos que da la Segam y no lo ha otorgado, la irregularidad con la que se promovió la Manifestación de Impacto Ambiental, y sobre todo la falsificación de documentos que implican directamente al delegado de la Conagua Manuel Téllez Bugarín y está en la Fiscalía la denuncia de los ejidatarios donde se exhibieron documentos que falsifican su firma, se falsificó un acta de asamblea donde aparecen firmas de personas muertas”, declaró el abogado Guillermo Luévano a medios de comunicación.
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Sin reportes de violencia directa contra sacerdotes en SLP: Arquidiócesis y SSPC
Aunque se han registrado actos de intimidación en zonas rurales, no se han reportado agresiones graves contra personal eclesiástico
Por: Redacción
El vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Tomás Cruz Perales, informó que, hasta la fecha, no se han recibido reportes de atentados o hechos delictivos contra sacerdotes o personal de iglesias en el estado.
Sin embargo, señaló que en algunas zonas rurales, algunos sacerdotes han sido víctimas de actos de intimidación, en los que personas los detienen para cuestionarlos sobre sus actividades o su identidad, sin que estos incidentes hayan escalado a mayores agresiones.
Cruz Perales indicó que las regiones consideradas de mayor riesgo son aquellas que colindan con Zacatecas y ciertos puntos de la zona Huasteca, aunque recalcó que los casos mencionados no han pasado de simples encuentros intimidantes.
“La gente, en general, ha respetado al personal eclesiástico; no ha habido agresiones ni cuestionamientos mayores”, expresó el vocero.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de San Luis Potosí, Jesús Juárez Hernández
, confirmó que no existen reportes formales de violencia contra miembros de la Iglesia, aunque sí han identificado casos aislados de robo de pertenencias o intentos de extorsión.El funcionario señaló que, cuando ocurre algún incidente de este tipo, es la propia Iglesia la que se comunica con las autoridades para solicitar apoyo. Además, precisó que no solo Zacatecas es considerado una zona de riesgo, sino también otros estados fronterizos como Nuevo León, Guanajuato y Veracruz, donde se ha detectado la presencia de fuerzas de seguridad debido a situaciones de riesgo.
“Los cuerpos de seguridad están en total disposición para atender cualquier situación que ponga en riesgo al personal eclesiástico o la comunidad”, concluyó Juárez Hernández.
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Agresor de Hope queda en libertad tras pagar 4 bultos de croquetas
Aunque golpearon y quemaron viva a la perrita, los otros dos acusados buscan el mismo beneficio judicial
Por: Redacción
A casi seis meses del brutal ataque que sufrió Hope —una perrita rociada con gasolina y quemada viva en abril pasado—, la Asociación Protectora de Animales Huella Amiga A.C. informó que uno de los agresores logró su liberación tras ofrecer una “reparación del daño” de apenas dos mil 500 pesos por la cremación del animal y cuatro bultos de croquetas de 10 kilos.
El acuerdo fue aceptado por la jueza, pese a la oposición de la organización y de los tutores de Hope (antes llamada Greta). Además, se estableció que el responsable deberá acudir a terapia psicológica una vez al mes por seis meses y firmar de forma mensual para garantizar la “no repetición del delito”.
“Hicimos uso de la voz y manifestamos nuestra postura de no aceptar las propuestas, más sin embargo la juez no lo aceptó”, señaló la asociación en su publicación.
Respecto a los otros dos agresores, uno se presentó con defensa particular y el otro con abogado de oficio; ambos solicitaron también la suspensión del proceso, ofreciendo dividir el costo de la cremación, entregar seis bultos de croquetas en un lapso de seis meses y acudir a atención psicológica.
La jueza fijó la audiencia intermedia para el 5 de enero de 2026, aunque Huella Amiga advirtió que, antes de esa fecha, los acusados podrían volver a solicitar la suspensión del procedimiento y quedar en libertad total, “ya que la ley actual lo permite”.
“Seguiremos luchando para avanzar hasta donde la ley actual lo permita. Confíen en que no desistiremos”, reafirmó la asociación.
La organización recordó que en 2021 se aprobó en el Congreso de San Luis Potosí el aumento de la pena por maltrato animal hasta 5 años de cárcel, sin embargo, ninguna persona ha sido encarcelada por este delito en el estado.
Por ello, reiteraron el llamado a apoyar la iniciativa #LeyHope, que busca impedir que este tipo de agresores puedan evadir la cárcel mediante acuerdos económicos o “reparaciones del daño”.
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Gobierno deberá entregar su propuesta de presupuesto antes del 20 de noviembre
Dolores Robles asegura que habrá análisis puntual del presupuesto y equilibrio en la distribución de recursos
Por: Redacción
La diputada María Dolores Robles Chairez, presidenta de la Comisión de Hacienda del Estado, informó que el Ejecutivo estatal tiene hasta el 20 de noviembre para entregar al Congreso del Estado el paquete económico 2026, que incluye la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos.
La legisladora explicó que el Poder Legislativo se encuentra listo para iniciar el análisis del documento tan pronto como sea turnado, con el objetivo de aprobarlo en tiempo y forma antes del 15 de diciembre.
“Vamos a estar muy puntuales con las fechas. Normalmente se realizan entre tres y cuatro sesiones, aunque siempre hemos dicho que serán las reuniones necesarias para tener un buen análisis”, señaló Robles Chairez.
Sobre las áreas prioritarias a las que podría destinarse un mayor presupuesto, la diputada aseguró que todos los rubros son importantes, y que se buscará mantener un equilibrio entre los sectores conforme a las necesidades del estado.
Respecto al presupuesto propio del Congreso del Estado, Robles Chairez aclaró que ese tema corresponde inicialmente a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y posteriormente será considerado dentro del paquete general que enviará el Ejecutivo.
“Hasta el momento no hemos hablado de ese tema. El Congreso y el Poder Judicial hacen llegar sus propuestas al Ejecutivo, y será hasta entonces cuando conozcamos los montos planteados”, precisó.
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