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Firmas falsas y hasta “muertos vivientes” acabaron con La Maroma en SLP
Los ejidatarios que estaban en contra del proyecto La Maroma señalaron varias irregularidades como falsificación de firmas y construcción sin permisos
Por: Redacción
Luego de documentarse una serie de discrepancias en información técnica del proyecto de construcción de la presa La Maroma ─sobre el Río Jordán, en el Municipio de Catorce, San Luis Potosí─, la Subdirección General Técnica de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a través de las Gerencias del Consultivo Técnico y Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos, determinó dejar sin efectos la autorización interna para la construcción de la obra.
Esto implica que la presa, un proyecto promovido por la administración de Enrique Peña Nieto con una inversión de 200 millones de pesos, no contaría con la aprobación para seguirse construyendo.
Dicha decisión fue tomada una vez que, tras una revisión exhaustiva en la que se ubicaron diferencias entre el proyecto ejecutivo ingresado en la solicitud de autorización interna para la ejecución de la obra y lo plasmado en el proceso de licitación para su construcción, misma que fue adjudicada mediante licitación nacional a un consorcio conformado por tres empresas constructoras potosinas.
El desarrollo de dicha obra fue planteado originalmente para suministrar agua al municipio de Matehuala y a 20 localidades del municipio de Villa de Guadalupe; sin embargo, en diversas visitas técnicas realizadas en 2018 y en el presente año, personal de Conagua ─tanto de su Dirección Local en San Luis Potosí como de sus oficinas centrales─ documentó una serie de conclusiones y recomendaciones que no fueron atendidas de forma precisa por las unidades ejecutoras en su momento, así como la omisión de reportes mensuales de avance de obra como lo estipula la autorización interna.
Por lo anterior, las Gerencias de Aguas Superficiales y del Consultivo Técnico de Conagua decidieron dejar sin efecto la autorización que esta Comisión emitió el 20 de diciembre de 2017 para la construcción de la Presa.
Esta medida no implica, aseguró la Conagua, que se dejen de atender a futuro las necesidades de agua de la población de los municipios de Matehuala y Villa de Guadalupe, sino que serían exploradas otras opciones que permitan dotarles del servicio de abasto mediante alternativas más seguras, confiables, de calidad y apegadas a criterios técnicos respaldados con estudios exhaustivos.
Falsificación de documentos y hasta uso de firmantes muertos, ya habían sido denunciados por ejidatarios
Pese a que el comunicado oficial de la Comisión Nacional del Agua no lo admite de inicio, desde el arranque de la obra, habitantes del ejido “La Presa”, quienes residen en la zona donde se construiría el macroproyecto, denunciaron una serie de graves irregularidades.
Teodoro Cárdenas, comisariado ejidal, informó en enero de este año que la Conagua presentó documentos falsos para concretar la autorización para comenzar la obra, incluso con su firma, donde supuestamente autorizaba la realización del proyecto.
“Me falsificaron la firma a mí, al tesorero y a mi secretario, es un poder falso”, dijo; además, pese a que se interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado, dicha dependencia no ha concretó consecuencia alguna para los acusados, entre ellos el entonces delegado de la Conagua en San Luis Potosí, Manuel Téllez Bugarín.
Los ejidatarios, por cierto, también denunciaron que la Comisión Estatal del Agua y, consecuentemente con las denuncias, la delegación de la Comisión Nacional del Agua desoyeron sus exigencias para que se hiciera justicia en torno a los delitos que identificaron.
Con el apoyo de la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los ejidatarios promovieron un juicio de amparo para lograr la suspensión del proyecto; sin embargo, en el proceso se continuaron los trabajos e, incluso, se realizaron detonaciones, sin autorización de la Sedena, en una zona donde sería construido un camino para arribar a la presa.
Residuos de dichas detonaciones fueron identificados en el Río Jordan, un caudal que abastece a las comunidades de la zona y que permite el riego de más de mil hectáreas, cuyo futuro, tras construirse la presa, era incierto.
En julio de este año, finalmente, los ejidatarios aprovecharon una visita del presidente de México al Altiplano, para entregarle una carta en la que se detallaron las inconsistencias e ilegalidades presuntamente cometidas, tanto por las autoridades como por las empresas inmiscuidas en la construcción.
En el expediente se incluyeron “la falta de permisos para explosivos que otorga la Sedena y no tiene la obra, la falta de permiso para explotación de materiales pétreos que da la Segam y no lo ha otorgado, la irregularidad con la que se promovió la Manifestación de Impacto Ambiental, y sobre todo la falsificación de documentos que implican directamente al delegado de la Conagua Manuel Téllez Bugarín y está en la Fiscalía la denuncia de los ejidatarios donde se exhibieron documentos que falsifican su firma, se falsificó un acta de asamblea donde aparecen firmas de personas muertas”, declaró el abogado Guillermo Luévano a medios de comunicación.
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Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
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Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
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