diciembre 3, 2025

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Federación atraerá el caso del fallecimiento de “El Mijis”

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La SSPC a nivel federal presentará la próxima semana un avance en las indagatorias sobre la muerte del ex diputado potosino

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del gobierno federal, dio a conocer que participarán en el caso de la muerte de Pedro César Carrizales Becerra, mejor conocido como “El Mijis”, ex diputado y activista de San Luis Potosí, de acuerdo a lo compartido por Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de dicha dependencia.

Durante la conferencia mañanera en Palacio Nacional, Ricardo Mejía informó que Miriam Martínez, viuda de Pedro Carrizales, solicitó su intervención para que le den seguimiento al caso, por lo que la SSPC contará con personalidad jurídica para intervenir.

“Hay un grupo dándole seguimiento al caso y la señora Miriam, esposa del “Mijis”, pidió coadyuvancia de manera formal de la secretaría de seguridad. Nos da personalidad jurídica para ayudarla”, dijo Ricardo Mejía.

El funcionario agregó que ese caso se considerará como de alta relevancia “como lo lleva a cabo la fiscalía de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, que dan seguimiento puntual toda la ruta que siguió “El Mijis” previamente en Coahuila”; y adelantó que estarán al pendiente del caso, por lo que la próxima semana durante el siguiente informe de la sección Cero Impunidad presentada en la Mañanera “podamos traer algún avance ciudadano la secrecía y confidencialidad del caso para evitar alertar a los implicados

”, aseguró el servidor público.

Miriam Martínez compartió que ni ella ni su familia confiaron en la versión oficial de de los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

, quienes el tres de febrero pasado comunicaron en conjunto que la causa del deceso de Pedro Carrizales fue debido a un accidente automovilístico en el kilómetro 27 de la carretera Piedras Negras-Nuevo Laredo, que ocurrió alrededor de la 1:00 de la mañana. Razón por la cual se acercaron al gobierno federal para que interviniera en la investigación del caso.

La viuda de “El Mijis” dio a conocer que previo a su muerte, habría llegado con su familia al hotel Las Fuentes en Saltillo, Coahuila, tras salir de San Luis Potosí y con destino a Monterrey, Nuevo León donde el activista realizaría un proyecto de rutas migrantes; el ex diputado estuvo 31 días reportado como desaparecido, desde el 31 de enero de 2022.

El 8 de febrero las comisiones estatales de Búsqueda de Personas de Coahuila y de San Luis Potosí emitieron una ficha de alerta para dar con su paradero, y se dio a conocer que el ex diputado falleció en un accidente de auto desde el 3 de febrero.

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Ciudad

Incendios aumentan hasta un 30% en diciembre: Bomberos

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Benavente Duque dijo que el uso de pirotecnia y descuido en instalaciones eléctricas provocan mayores incidentes en la temporada decembrina

Por: Cristian Betancourt

Adolfo Benavente Duque, comandante del H. cuerpo de Bomberos, advirtió que el mes de diciembre será uno de los más complicados en materia de emergencia debido al incremento de siniestros que se registran en la zona metropolitana.

Benavente explicó que los incendios entre el 10 y 15 de diciembre suelen incrementarse entre 25% y 30%, principalmente por el uso de pirotecnia

y aumento de incendio en pastizales.

Detalló que la corporación cerrará con entre 400 y 450 servicios atendidos mientras que noviembre concluyó con 385 emergencias.

Benavente Duque pidió a la población evitar en lo posible el uso de pirotecnia; comentó que en caso de utilizarla se debe encender en zonas sin vegetación.

Finalmente, llamó a extremar precauciones con instalaciones eléctricas, evitar sobrecargas y utilizar equipos adecuados.

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Acusan que imputados simulan tortura para justificar delitos

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La titular de la Fiscalía confirma que el recurso busca anular procesos, pero reiteró el trabajo de la unidad especializada para denuncias genuinas 

Por: Redacción

La titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), María Manuela García Cázares, reconoció que la acusación de tortura es un recurso frecuentemente utilizado por las defensas legales de los imputados, lo que en ocasiones busca retrasar el proceso judicial o generar una vía para evadir la justicia.

La Fiscal señaló que, si bien no se tienen cifras exactas de cuántos casos utilizan este argumento meramente como un “medio defensivo”, el fenómeno es conocido, ya que los imputados buscan aprovecharse de los protocolos de ley.

“Lo utilizan en algunas ocasiones como un medio defensivo… [como saben] que se ha efectuado el protocolo de Estambul, que lleva tiempo, exámenes psicológicos, exámenes médicos. Ello trae consigo un retraso en el proceso,” explicó García Cázares.

La estrategia posterior de algunos imputados es retractarse, argumentando que la acusación fue un intento de justificar supuestas violaciones. Sin embargo, la Fiscal enfatizó que, una vez presentada la denuncia, el Estado tiene la obligación ineludible de investigar

, lo que impide que la parte acusadora simplemente se desista.

La titular de la FGESLP subrayó que la Fiscalía especializada en el tema ha desempeñado una labor significativa para atender las denuncias genuinas.

“Evidentemente que hay casos en los cuales son ciertos, se denuncian y esta fiscalía especializada, pues ha tenido una importante labor”, indicó la funcionaria.

García Cázares mencionó que las denuncias de tortura provienen de diversos cuerpos de seguridad: “Tenemos todo tipo de denuncias, de policías municipales, de de guardia, de de todo tipo.”

El procedimiento obliga a la Fiscalía a localizar a la víctima y realizar los exámenes respectivos sin posibilidad de desistimiento, asegurando que la investigación se realice de manera rigurosa, aunque esto pueda ser usado tácticamente por los imputados.

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SCT endurece regulación al transporte de personal industrial

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Araceli Martínez indicó que su depedencia trabaja en una iniciativa con el Congreso para establecer sanciones penales por contratar transporte ilegal

Por: Redacción

Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), anunció que este viernes iniciará la capacitación piloto para certificar a operadores del transporte de personal, particularmente aquellos que trabajan en la Zona Industrial, donde —reconoció— persisten accidentes derivados de jornadas laborales excesivas y falta de regulación.

Martínez señaló que muchas empresas prestan el servicio sin estar reguladas, se niegan al registro estatal y han mostrado resistencia histórica a cumplir la normativa. “Estamos prácticamente escribiendo las reglas que nunca han tenido”, afirmó.

La funcionaria reveló que hace 15 días se sostuvo una reunión con el parque Logistik II y la Unión de Usuarios, donde se advirtió directamente a los directores de Recursos Humanos: continuarán los aseguramientos de unidades sin autorización y habrá consecuencias legales

.

“Hay corresponsabilidad de los RH que contratan deliberadamente empresas sin permiso. Están poniendo en riesgo a su capital humano”, expresó.

La SCT ya comenzó el aseguramiento de camiones irregulares: solo este lunes se retuvieron tres unidades más. Aunque reconoció el impacto económico para las empresas, Martínez señaló que el riesgo a la vida pesa más que cualquier afectación en la producción

.

Además, adelantó que antes de finalizar el año se firmará un convenio de colaboración con empresas que se comprometan a contratar únicamente proveedores autorizados y certificados. Con esto se busca ampliar el padrón regulado y establecer tarifas mínimas y máximas que eviten que empresas foráneas compitan con costos bajos gracias a operadores sobreexplotados e incluso menores de edad.

Sobre la posibilidad de concesionar formalmente el transporte de personal, la funcionaria confirmó que es el siguiente paso:
“Ya existen empresarios potosinos con concesiones en esta modalidad; queremos fortalecer a los potosinos y dejar de depender de empresas de otros estados”, señaló.

Finalmente, Martínez informó que la SCT trabaja con el Congreso del Estado en una reforma legal para establecer responsabilidad penal para quienes contraten servicios irregulares que pongan en riesgo a su personal.

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