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#Exclusiva | Tekmol está fuera… si el Ceepac hace su chamba
Por Violencia Política de Género fue denunciado José Luis Romero Calzada, desde hace dos años, y si el Ceepac hace valer la ley, hoy estaría fuera de las elecciones de 2024
Por: Ana G Silva
A partir de las elecciones de este 2024, la Ley 3 de 3 será aplicada, lo que garantizará que ninguna persona agresora sexual, deudora de pensión alimenticia o que ejerza violencia familiar pueda ser registrada como candidata para ocupar un cargo de elección popular, ademas la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí prohibe la Violencia Política de Género a cualquier candidato a cualquier elección popular.
Al respecto, en San Luis Potosí se tiene el caso de José Luis Romero Calzada “Tekmol”, que desde diciembre de 2021 fue denunciado por Violencia Política en Razón de Género en contra de María Soledad Carreño Linares, alcaldesa de Ébano, por lo tanto, a pesar de su abierta intención de participar por la alcaldía de Ciudad Valles, Tekmol debería quedar fuera de cualquier contienda electoral.
Documentos que constan, y de los que tiene copia La Orquesta, sustentan que la Violencia Política de Género en el caso en cuestión existe; sin embargo, su resolución quedó pausada desde hace dos años en la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) de San Luis Potosí, que debe llevar a cabo una correcta investigación e integración de la denuncia, enviarla al Tribunal Electoral local y que este genere una sentencia.
4.1 INTEGRACION DEFICIENTEpdfLa Violencia Política de Género habría ocurrido el 25 de noviembre de 2021, cuando el ex diputado y ex candidato a la gubernatura de San Luis Potosí difundió un video en su página de Facebook donde se refiere a la presidenta municipal de Ébano con comentarios misóginos como: “la pinche presidenta de Ébano, que es más culera que la chingada”, “la culerilla esa de Ébano”, “pinche vieja mas culera”, “pinche vieja cabrona”, y por último “que no mame, que las pinches mamadas se dan una cuarta abajo del ombligo, pinche vieja ojete”.
Luego de esto, las ciudadanas Alely del Rocío Huerta Chavar, María Dolores Beltrán Ledezma, Patricia Rodríguez Ramírez, Jessica Osteguín Cervantes, Gabriela Izaguirre Rodríguez, Perla Aguillón Maldonado, Nancy Procopio Hernández, María Victoria Martínez Dolores, Agustina Bautista Antonio, Catalina Mendoza Flores y Ma. Guadalupe González Gómez realizaron la denuncia por Violencia Política en Razón de Género al Ceepac en contra de Romero Calzada, con la clave PSE-295/2021 que quedó dictaminada el 10 de diciembre de ese año.
Durante los días posteriores, se le notificó a José Luis Romero Calzada sobre la denuncia, además de que bajara el contenido de sus redes sociales, pues lesionan la dignidad de la víctima, en este caso de Soledad Carreño. También se le pidió a medios de comunicación “Realidad San Luis”, “Código San Luis”, “Agencia de Noticias”, “Everardo González” y “Última Hora SLP” que quitaran de Facebook e Instagram mientras se llevaba a cabo la resolución de la investigación.
El Ceepac integró y realizó la investigación del caso. El 17 de mayo de 2022 el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP) recibió la denuncia, se turnó a la magistrada Yolanda Pedroza Reyes para su análisis y posteriormente se debía “declarar la existencia o inexistencia de la conducta”.
No obstante, el TEESLP regresó al Ceepac la denuncia, el 19 de mayo de 2022, con el argumento de que su integración fue deficiente, pues: faltó investigar la autoría de las páginas que replicaron el video y si existe algún vínculo entre Romero Calzada con los medios y si el demandado ordenó la replicación del contenido; ordenar el retiro provisional de todas las publicaciones que replicaron el contenido de denunciado; investigar las condiciones socio-económica de Romero Calzada; crear un nuevo acuerdo de emplazamiento a las partes denunciantes y denunciado; reponer de audiencia de pruebas y alegatos; también remitir el expediente al TEESLP para su resolución.
Desde la fecha en que esta denuncia en contra de Tekmol fue regresada al Ceepac, es decir, el 19 de mayo de 2022 hasta el día que fue publicada esta nota, no se le ha dado continuidad, por lo que se estipula que se le dio “carpetazo”.
La relevancia de esto radica en que José Luis Romero Calzada ha externado abiertamente su interés por contender por la alcaldía de Ciudad Valles en las elecciones de este año y todo apunta que será abanderado por el Partido Acción Nacional (PAN), pero en caso de que el Tribunal Estatal determine la existencia de la conducta de Violencia Política en Razón de Género, se le daría vista al Ceepac para que se tome a consideración si el ex diputado local desea contender por un cargo de elección popular, en donde este ente tendría herramientas para negarle el registro, ya que de acuerdo con el artículo 277, fracción V, apartado J de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, en el que se indica que dentro de la documentación para los candidatos debe anexarse una protesta por escrito de que el interesado “No estar condenada o condenado por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género”.
A más de dos años del lastimoso video, y aún sin contar con la resolución de esta denuncia, las autoridades estarían actuando en contra de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, la Ley General de Acceso de las Mujeres a un Vida Libre de Violencia, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí y la normativa de la Ley 3 de 3 del INE, si permiten que Romero Calzada se registre como candidato.
También lee: Tekmol, el potosino salinense más vallense de la zona Media | Columna de Ana G. Silva
#4 Tiempos
La IA, periodismo, y la coartada perfecta | Apuntes de Jorge Saldaña
““Vivimos bajo tormentas de datos que no construyen verdad sino ruido”. La información, desanclada de la confianza, se vuelve atmósfera. Y en atmósfera turbia, cualquiera puede gritar “fuego” y llamar a los bomberos, o “deepfake” y zafarse de la comisión de un delito”
Por: Jorge Saldaña
Hay épocas en las que la tecnología acelera más rápido que la ley en una carrera en pista sinuosa, de esas con curvas tan cerradas que hasta el volante tiembla.
Estamos ahí. La inteligencia artificial (IA) ya es capaz de imitar una voz al grado de confundir a tu mamá, de injertar un rostro en un cuerpo ajeno con precisión perfecta, de producir un “comunicado oficial” con sellos y sintaxis idénticos a los originales. Qué peligroso.
No obstante, lo que de veras me quita el sueño (y eso que soy dormilón) no es solo lo que la IA puede fabricar, sino lo que su misma sombra puede desmentir, es decir, que lo verdadero sea tirado a la basura señalándolo a la ligera como “irreal”.
Dicho en pocas palabras: sí temo a la mentira hecha con IA, pero temo más que la IA se vuelva la coartada perfecta para negar la verdad. ¿Me explico?
Pienso en un audio que exhibe una extorsión, en una foto que capta a un político con un criminal, en un contrato auténtico que documenta un desvío.
Con la reforma aprobada en San Luis Potosí (con tan solo 10 días de análisis) que tipifica el “uso indebido” de IA para provocar alarma, alterar la paz social, o dañar la imagen de un tercero, creo que nos pone a todos, pero aún más a los que nos dedicamos al periodismo, en un altísimo riesgo de que la primera reacción del involucrado no sea la responder al fondo, sino señalar al mensajero: “Eso lo creó la IA”, y entonces deberá ser el reportero, y no el delincuente exhibido, el que deberá de demostrar que su evidencia no es sintética o artificial, o se va al bote.
Invertimos la carga de la prueba: del hecho al emisor; del culpable al periodista.
No exagero: Artículo 19 ya advirtió lagunas de precisión en conceptos como “alarma pública” o “paz social” (que son ambiguos y propensos a la interpretación) y un riesgo de discrecionalidad que podría alcanzar desde la crítica política hasta la edición creativa.
Es cierto, la iniciativa del diputado Héctor Serrano, incorpora exclusiones para fines periodísticos, académicos, artísticos y de parodia “siempre que no exista dolo y se indique expresamente ese carácter”. Bien intencionado, sí. ¿Suficiente? No, porque el campo de juego queda resbaladizo y no hay árbitro judicial ni peritos especialistas en el tema.
Las modificaciones al Código Penal producto de la iniciativa de regulación a la IA, no define con precisión cómo demostrar el dolo, qué es alarma y, sobre todo, quién y cómo lo acredita.
Byung-Chul Han lo dijo en su libro Infocracia, (que me gusta mucho citar): “vivimos bajo tormentas de datos que no construyen verdad sino ruido”. La información, desanclada de la confianza, se vuelve atmósfera. Y en atmósfera turbia, cualquiera puede gritar “fuego” y llamar a los bomberos, o “deepfake” y zafarse de la comisión de un delito.
Nuestro tiempo es el de la sospecha permanente, la duda como política de Estado.
El tema me recuerda a Orson Welles que lo anticipó en 1938 con La guerra de los mundos: una ficción radial que, contada como boletín, desató pánico.
Hoy no necesitamos actores; bastan modelos generativos, un par de clics y un algoritmo de difusión.
Imaginen —no es ciencia ficción— un boletín “verosímil” de la Sedena ordenando toque de queda; una “conferencia” de la presidenta aceptando una invasión o un “video” de un presunto homicida de un estudiante de Estomatología confesando un delito… (saben a lo que me refiero).
¿Qué tal que el homicida alega que el video que se filtró fue hecho con Inteligencia Artificial? ¿Se va a perseguir al medio que lo difundió? En una de esas, hasta el homicida sale libre…¿Ya me entiende, Culto Público a lo que me refiero, me preocupa, y me da comezón?
La IA escribe el guion; las redes, el miedo.
Ahora bien: San Luis Potosí ya legisló. ¿Hacía falta? Sí. Pero… ¿Así? ¿Tenemos la suficiente fortaleza académica, experiencia profesional y capacidades para fundamentar una legislación sobre esta materia que nos va ganando la carrera? ¿No será esto un acelerón en plena curva?
El que esto escribe, aprendiz de reportero, alcanza a ver al menos tres riesgos que no podemos ignorar:
1) La coartada perfecta del poderoso.
Frente a una investigación sólida, la respuesta fácil será: “es IA”. Si la norma deja ambigüedades, el periodista puede terminar litigando su autenticidad en vez de publicar, y esto puede generar un efecto inhibidor, una autocensura preventiva por miedo a ser acusado de crear “realidades sintéticas”.
2) La puerta trasera de la censura.
Cuando “alarma social” o “paz pública” no tienen parámetros verificables, cualquier pieza incómoda puede ser encuadrada como “desestabilizadora”. Hoy se promete que no; mañana basta un fiscal con prisas o un juez con miedo o a modo.
3) La prueba imposible.
En la práctica forense, demostrar que algo no fue generado por IA requiere peritajes especializados, sellos de procedencia, cadenas de custodia digitales. No los tenemos para temas como la IA ¿Quién los hará? ¿Con qué estándares? ¿Con qué independencia? Si no definimos eso, la balanza se inclina contra el informador.
Ante ello, creo que necesitamos definiciones más concretas, cerradas y taxativas, lo mismo que una “mente culpable” o como dicen los abogados una Mens rea probada, exigir dolo específico: intención de provocar alarma…me-di-ble y no de “sensación” de la misma.
Además, si alguien alega que una pieza es sintética o fabricada, que lo acredite con peritajes de laboratorios independientes (no “peritos de parte” -que además no hay en SLP- a modo).
Los periodistas también tenemos que tener garantías reales y no meramente declarativas.
Efectivamente hay una exclusión en la iniciativa aprobada para el ejercicio del periodismo, arte, academia y sátira, sin embargo, ¿quién garantiza que opere en los hechos, cuando alguien -como dije arriba- nada más porque sienta calor le llame a los bomberos…?
No se trata de negar el dilema —que es brutal y de múltiples aristas—, sino de evitar que la cura mate al paciente. Porque, paradójicamente, la IA que nos amenaza con fabricar mundos, también puede servir para validarlos.
A ver, para Usted mi Culto Público, le comparto dos escenarios de pesadilla y uno de esperanza:
Un “Falso con consecuencias reales”: Un “comunicado” apócrifo de Protección Civil que ordene evacuar colonias. Pánico, saqueos, accidentes. Nadie herido por la IA; todos por la estampida.
Un “Verdadero desmentido como falso”: Un video auténtico que documenta un abuso policial. Los responsables gritan “deepfake”, “IA”, un juez timorato concede medidas cautelares, y el reportero enfrenta proceso. La evidencia muere antes que el delito.
Uno de esperanza: que la norma haga lo que promete: perseguir mentiras sintéticas dañinas, proteger a víctimas (como las 400 estudiantes de Zacatecas) y blindar la crítica. Se puede, si se afina y lo hacemos de forma acompañada y profesional. No a la ligera.
La delgada línea entre vigilar y castigar —permítanme el guiño— no debería cruzarse hacia castigar al que vigila. La prensa, con sus errores y excesos que a veces tenemos (no me subo al púlpito ni tiro la primera piedra), sigue siendo el semáforo en una avenida oscura: si se apaga “por seguridad”, lo que viene no es orden, sino una carambola con trágicas consecuencias.
Cierro con una imagen. La IA es el Orson Welles de nuestros tiempos: puede narrar invasiones que no existen y desmentir revoluciones que sí ocurrieron. La diferencia será si, en San Luis, ponemos reglas claras, peritos que sepan, y un principio simple grabado en piedra: a la verdad no se le pone grillete; a la mentira, sí.
Insisto, si lo hacemos bien, con profesionalismo y sin miedo, quizá esta vez la radio hablando de marcianos no provoque pánico, sino lucidez.
Mañana será el diputado de Morena Carlos Arreola (qué casualidad) el que anuncie el desarrollo inmediato de foros con ciudadanos, académicos, especialistas, periodistas, abogados y otros grupos para discutir, plantear y afinar la iniciativa aprobada. Aunque lo convoque Arreola, ni modo, me apunto.
Nota: Esta columna no fue redactada con IA, sino con MIR (Mi Ignorancia Regular).
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
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Ciudad
Se dispara la violencia familiar en vacaciones; SSPC refuerza prevención
Juan Antonio Villa dijo que los domingos por la tarde son los días que concentran más reportes
Por: Redacción
A unas semanas del inicio formal de las fiestas decembrinas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) advirtió que los casos de violencia familiar tienden a incrementarse durante este periodo, especialmente después de que los niños salen de vacaciones.
El titular de la dependencia, Juan Antonio Villa Gutiérrez, señaló que cada año se registra un repunte en llamadas de auxilio relacionad as con agresiones dentro del hogar , en gran parte provocado por el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias.
Villa Gutiérrez explicó que, aunque este comportamiento es cíclico, la SSPC trabaja actualmente desde el área de Prevención del Delito para que mujeres, niñas, niños y ciud adanía en general aprendan a identificar conductas violentas que a menudo se normalizan, como la violencia psicológica o económica.
“El objetivo es inhibir en lo posible el incremento de la violencia familiar”, afirmó el secretario.
El funcionario señaló que no existe una zona específica donde se concentren los reportes, pues la incidencia varía; sin embargo, detalló que los domingos por la tarde suelen ser los momentos con mayor número de denuncias, nuevamente influido por el consumo de alcohol.
La SSPC aseguró que mantendrá operativos y vigilancia reforzada durante las semanas previas y posteriores a las vacaciones decembrinas.
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Destacadas
Propuesta de sueldos policiacos en SLP reducirá actos de corrupción: SGG
La iniciativa sobre los salarios de elementos municipales se presentará antes de fin de año
Por: Redacción
J. Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, informó que las autoridades estatales continúan en el análisis y recaudación de información de la iniciativa legislativa para que los policías de los 59 municipios reciban un sueldo mínimo de 15 mil pesos. Esta medida busca brindar mayores garantías a los elementos de seguridad, reducir actos de corrupción e incluso evitar que se filtre información a grupos de la delincuencia organizada.
Para lograr dicha homologación, Torres Sánchez explicó que se han llevado a cabo mesas de seguridad en distintos municipios, donde se dialoga con presidentas y presidentes municipales para conocer su estado de fuerza
y los salarios actuales de los uniformados.Sobre estas reuniones, el secretario señaló que existe una gran disparidad salarial, pues algunos municipios pagan siete mil u ocho mil pesos mensuales, cantidad que consideró insuficiente para garantizar una vida digna.
Por último, Torres Sánchez indicó que la intención es presentar la iniciativa ante el Congreso del Estado antes de que concluya el año, con el fin de que el Poder Legislativo cuente con el tiempo necesario para su análisis.
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