enero 8, 2026

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#EXCLUSIVA | “80% del dinero para campañas políticas proviene del narco”: Buscaglia

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El investigador asegura que México no ha dejado de vivir en una mafiocracia

Por: Itzel Márquez
“No se puede disminuir la delincuencia a cero, como tampoco podemos desaparecer por completo el pecado, pero si pueden limitarse para que no cause tanto daño”.
 
Edgardo Buscaglia, es académico Senior de la Universidad de Columbia, Presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México y autor de numerosas investigaciones y libros acerca de la delincuencia organizada y narcotráfico en México. El investigador habló para La Orquesta acerca de su experiencia sobre estos temas en diversos países, las dimensiones de la delincuencia organizada en México, la relación entre el narcotráfico y la política, a propósito del próximo periodo electoral.
 
Buscaglia manifestó desde temprana edad interés por temas políticos y sociales, especialmente la relación que existe entre economía, derecho y crímenes, por lo cual en el doctorado y post doctorado comenzó a escribir al respecto: “me dediqué a escribir sobre ese tema con base en datos de gobiernos, como hacen los expertos mexicanos, pero los datos no eran satisfactorios, porque eran muy defectuosos, nunca realmente lograban satisfacer mi necesidad de análisis de campo, desde ahí empezamos a organizar trabajos de campo para sacar datos con mis equipos en cada país y obtener datos más precisos”.
 
Al haber colaborado en investigaciones sobre delincuencia organizada a lo largo de tantos países, el académico afirma que en todos existe delincuencia organizada en diferentes niveles, lo cual constató en un estudio publicado en 2003 por la ONU, de tal forma que pudo obtener indicadores de delincuencia organizada. Desde ahí, México ya aparecía en uno de los lugares más elevados, “junto con Colombia, Rusia y países africanos.”
 
En cuanto al combate del crimen en México, Edgardo Buscaglia retoma la información proporcionada por la ONU en la Convención contra la delincuencia organizada, en donde se menciona que al estado mexicano le hace falta 18 instituciones, que se traducen en vacíos de estado, para poder combatir de forma efectiva este problema, entre las cuales se encuentran: órganos de auditoría de financiamiento de campañas electorales: “tenemos un pacto político de impunidad mafiosa, que hacen que la delincuencia organizada en México se comporte como la delincuencia organizada de Afganistán y no como la delincuencia organizada de Alemania, la delincuencia organizada mexicana comete crímenes de lesa humanidad como la desaparición de los 43 o la fosa común de San Fernando Tamaulipas”.
 
Al respecto de la delincuencia, el investigador primero delimitó lo que se entiende por este término y la diferencia con asociación delictuosa, el primero de ellos se entiende por: “una organización criminal mucho más sofisticada que tiene cinco tipos de personas involucradas, personas morales, empresas y personas físicas, personas y asociaciones civiles como ONG, cinco tipo de personas forman parte de la delincuencia organizada de todo país”; mientras que el segundo se define como: “asociaciones de personas al mismo nivel que de vez en cuando cometen delitos”.
 
Ahora bien, pasando a las cinco dimensiones de la delincuencia organizada, según Buscaglia, se encuentran inmiscuidos estos actores sociales: políticos, “quienes brindan protección a que brindan protección, lavan dinero y a veces se meten operativamente a traficar drogas”, jueces, fiscales y policías, “que brindan protección operativa”, el tercer tipo son las empresas, “que puede ser una empresa fachada que sirve para lavar dinero o puede ser una empresa privada que produce insumos a los cárteles de la droga”, el cuarto tipo son las Asociaciones civiles o religiosas, “que supuestamente ayudan a combatir a la pobreza, que reparten agua, que reparten comida, que reparten medicina” y el quinto son los sicarios
, “México vive en una simulación, combatiendo solo esta dimensión de la delincuencia organizada no combaten el resto porque ahí están metidos los actores verdaderos del poder, el pacto político de impunidad mafiosa consiste en que el estado se niega a limpiar de jueces, fiscales y policías corruptos, se niega a limpiar a sus políticos mafiosos en el congreso, en el gobierno federal”.
 
Ahora, sobre la intromisión del narcotráfico en las campañas políticas, Edgardo Buscaglia sostiene que México vive en una mafiocracia y define este término de la siguiente forma: “cuando más del 80% del dinero que entra en campañas y pre campañas proviene de fuentes ilícitas, algunas de la delincuencia organizada, algunas otras de empresarios legales que son amigos de los políticos y les van a dar dinero por debajo de la mesa” y recalcó que mientras el estado mexicano no instaure las 18 instituciones faltantes, la relación política-narcotráfico seguirá siendo igual que como lo fue desde el año ’98 con el presidente Zedillo y, que si Andrés Manuel López Obrador gana las elecciones en 2021 será bajo estos términos: “continuamos con esa mafiocracia, AMLO ganó muy bien, con un amplio margen de votos, nadie duda de eso, pero muchos de esos votos fueron conseguidos a través de preventas y clientelismos con dinero ilegal”.
 
Por último, sobre la incidencia de los mexicanos en las instituciones gubernamentales, dijo que el principal problema es la falta de capacidad legal para auditar a las instituciones del estado y las campañas políticas, pero que esto no va a cambiar mientras que los ciudadanos solo se preocupen por sacar dinero del gobierno y no por exigir una ley de auditoría ciudadana, e hizo un símil entre la sociedad mexicana en la actualidad y la italiana en la década de los 80, cuando los mafiosos eran héroes y modelos a seguir para los niños, como ocurre ahora con los sicarios en el norte de México, hasta que el pueblo se unió para exigir una ley de auditoría ciudadana al estado, con lo cual ahora ellos son quienes reciben los bienes decomisados y los reparten entre los afectados por la delincuencia organizada, esto fue un parteaguas para pasar de ser parte de problema, a la solución.
 
“No tengo ninguna duda de que si la sociedad mexicana se despierta y comienza a operar, ustedes van a pasar de una delincuencia organizada afgana que desangra a México, que causa desapariciones forzadas de decenas de miles, van a pasar de crímenes de des humanidad a una delincuencia organizada acotada como la japonesa que no comete crímenes de alto impacto social, uno nunca puede disminuir a la delincuencia a cero, como tampoco podemos disminuir el pecado, pero si pueden limitarlo para que no cause tanto daño”.
 

#4 Tiempos

SLP no es grande… pero su problema de transporte sí | Columna de Ana G Silva

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Corredor Humanitario

 

Ya no es molestia. Ya no es inconformidad. Es hartazgo puro.

Y no, no voy a buscar una palabra más bonita, porque no la hay para describir lo denigrante que resulta usar el transporte público en San Luis Potosí.

Los camiones potosinos son, sin exagerar, de los más caros del Bajío. Hoy el pasaje cuesta 12.50 pesos y, aun así, el servicio es lento, viejo, sucio, impredecible y profundamente irrespetuoso con el usuario.

En Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, el transporte cuesta 8 pesos. En Querétaro, sí, puede llegar a 12 pesos, pero ahí el transporte sí sirve: pasa seguido, es relativamente puntual y no te condena a perder media vida esperando.

Aquí no.

En San Luis Potosí hay personas que esperan 20, 40 minutos o hasta una hora para que pase un camión. Una hora. Solo para subir. Eso no es un “detalle operativo”. Eso es trato indigno.

Aquí mismo, los potosinos repiten que atravesar la ciudad en coche toma 15 o 20 minutos. Pero gracias a un sistema de transporte público miserable, ese mismo trayecto se convierte en una hora con veinte, de los cuales 60 minutos son solo de espera.

En la Ciudad de México, con tráfico brutal y distancias enormes, puedes tardar dos horas en un traslado, sí, pero no esperas. El metro, el pesero, la combi pasan cada 4 o 5 minutos. La ciudad será un caos, pero el transporte no te abandona.

Aquí el usuario espera como si pidiera limosna.

Y por si fuera poco, muchas rutas dejan de operar a las 8 de la noche. Entonces la pregunta es obligada: ¿qué diablos pasa con quienes salen a las 8, 9 o 10 de la noche de trabajar?

Antes, el transporte público funcionaba al menos hasta las 10:30 pm. Hoy ya no. ¿La solución? Que el usuario pague Uber o taxi. Y eso no es ocasional: Es diario, es de lunes a viernes, de lunes a sábado. Para quien gana el salario mínimo —o apenas un poco más— esto es un golpe directo a la cartera.

Y aun así, todavía se atreven… Margarito Terán, líder de los transportistas, dice que 12.50 pesos no les alcanza, que no les “presta” para dar un buen servicio y que necesitan subir el pasaje a 15 pesos (aunque de todos modos se la pelan, porque legalmente no pueden aumentar la tarifa más allá de lo que marca el Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC)

.

Seamos serios. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes les ha señalado, año tras año, que circulan unidades con más de 10 años de antigüedad, algo que no debería permitirse en la zona metropolitana. Esto no empezó ayer. Pasó con Ricardo Gallardo, pasó con Juan Manuel Carreras y pasó antes.

Han sido omisos profesionales.

Prometen arreglar camiones. Prometen capacitar choferes. Prometen mejorar rutas. Y lo único constante es el mal servicio.

¿Quién no ha sufrido a un chofer grosero? ¿Quién no ha visto a uno hablando por teléfono, con la música a todo volumen, prepotente, echando carreritas con otro camión? ¿Quién no ha vivido eso de que se juntan dos unidades y una avanza a paso de tortuga, importándole poco o nada si el usuario lleva prisa?

Y luego está el clásico: acortar la ruta, aunque no sea su recorrido, porque “ya van tarde”. Y el usuario que se joda: se baja antes, camina, llega tarde, pierde tiempo y pierde dinero.

Eso no es transporte público. Eso es desprecio sistemático al usuario.

Por eso lo digo sin rodeos: si no pueden prestar un servicio digno, háganse a un lado.

Permitan que el Gobierno del Estado busque otra concesionaria que sí pueda, que sí quiera y que sí le alcance. Porque en otros estados ya quedó demostrado que con menos dinero se puede ofrecer un servicio muchísimo mejor.

Y ya ni siquiera es por el precio. Es por el tiempo robado, el maltrato, las unidades decrépitas, la falta total de respeto.

Basta de tratar al usuario como ciudadano de segunda.

Y ojalá —de verdad ojalá— que la secretaria Araceli Martínez Acosta se suba una semana, solo una, al transporte público para ir a trabajar. Que espere, que se desespere, que llegue tarde. A ver si así entiende la indignación diaria de miles de potosinos.

Porque el transporte público no es un favor. Es un derecho. Y en San Luis Potosí, hoy, ese derecho está secuestrado por la mediocridad.

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Ciudad

¿Será removido el lirio de la presa San José en 2026?

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Mientras el Ipicyt mostró la posibilidad de emplear el lirio en El Realito, la CEA insiste en removerlo totalmente del embalse

Por: Redacción

Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), informó que se continúa trabajando en el saneamiento del río que va desde la cortina de la presa El Peaje hasta San José y en el retiro definitivo del lirio de esta última.

Según Martínez Sánchez la primera parte del proyecto, de conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) consiste en el entubamiento de un porcentaje del agua de El Peaje para que sea utilizada en el área metropolitana, la siguiente fase incluiría un saneamiento integral de la zona y los drenajes que pudieran estar obstruidos o dañados.

La segunda parte de este proyecto planea la remoción completa del lirio de agua de la presa San José, a pesar del llamado del alcalde municipal, Enrique Galindo, al cultivo controlado

de estas plantas.

Un estudio realizado por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt) encontró metales pesados en las raíces de los lirios, si bien dichos metales contribuyen a la limpieza del agua, no deberían ser tratados como un desecho simple.

La propuesta del Ipicyt mostró la posibilidad de emplear el lirio también en El Realito como controlador natural de la limpieza de la misma, mientras que la CEA insiste en removerlo totalmente.

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SLP apunta a erradicar el analfabetismo en 2026: SEGE

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El titular de la dependencia dijo que la entidad ocupa el primer lugar en alfabetización a nivel nacional

Por: Redacción

El 2026 podría ser un año histórico para San Luis Potosí, pues Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), señaló que este año el Estado podría erradicar el analfabetismo entre la población.

El secretario apuntó que San Luis Potosí actualmente ocupa el primer lugar nacional en alfabetización, y se están redob lando esfuerzos en la educación para adultos, en donde además de la primaria y la secundaria, se está buscando que también puedan completar la preparatoria

.

Torres Cedillo comentó que ya se encuentran en conversaciones con Armando Contreras Castillo, titular del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), con el fin de firmar un convenio que certifique a San Luis como uno de los estados que elimina el analfabetismo.

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