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Excel, la agencia que estafó por más de 1 millón de pesos con viajes a conciertos
La empresa de SLP incumplió a más de 300 personas con tours para Corona Capital, Bad Bunny, Harry Styles, Flow Fest, Fórmula 1, Hell and Heaven…
Por: Ana G Silva
La Orquesta dio a conocer ayer las denuncias de al menos una decena de personas que fueron estafadas por Excel Music Tours, empresa potosina dedicada a la organización de viajes y tours a conciertos y otros eventos multitudinarios y que está a cargo de un hombre con el supuesto nombre de Rodolfo Gutiérrez. Luego de la nota, más personas se acercaron al medio para informar que la cifra de víctimas, que se conocen hasta el momento, es de más de 400 que se han organizado para realizar una denuncia colectiva, pues se calcula que el fraude podría superar el millón de pesos.
Andrea Pavlova, una de las personas estafadas, comentó que en este momento se han organizado dos grupos de WhatsApp para calcular la magnitud del robo: en uno se encuentran las víctimas solo correspondientes al Corona Capital 2022, que se realizó el pasado fin de semana, donde hay casi 100 personas; y otro 400 integrantes (incluyendo los primeros 100) con afectados que compraron paquetes de viaje para eventos pasados y futuros que no recibieron el servicio correspondiente.
Los paquetes que ofertaba la empresa para el Corona Capital eran cuatro: uno de 8 mil 590 pesos que incluía boletos para los tres días, traslado y hospedaje; otro de 6 mil 890 pesos, con traslado y boletos para dos días del festival; el paquete de dos días con traslado y hotel en 5 mil 790 pesos; y el paquete que solo era para traslado y un boleto de 3 mil 390 pesos. Es decir, que si las víctimas que se encuentran en el grupo pagaron al menos el paquete más barato, da un total de 339 mil pesos.
Entre los otros eventos en los que personas reportan haber sido estafadas se encuentran la Fórmula 1 el pasado 30 de octubre; Harry Styles que tendrá lugar el 24 y 25 en la Ciudad de México; Flow Fest del 26 y 27 en Ciudad de México; Bad Bunny del 3 al 9 de diciembre en Ciudad de México y Monterrey; Hell and Heaven del 2 al 4 de diciembre en Ciudad de México; Tecate Pal Norte del 31 de marzo al 2 de abril de 2023, entre otros.
En la página de Viagogo.com los boletos para el concierto de Bad Bunny están desde 11 mil 500, para la Fórmula 1 estaban desde 7 mil 800 pesos, para el Flow Fest están desde 2 mil 400 pesos, para Harry Styles desde 4 mil 900, en el Hell and Heaven van desde los 4 mil 500 y el Tecate Pal Norte en 7 mil pesos. Es decir que si las otras 300 personas que denuncian a la agencia Excel Music Tour compraron al menos un boleto de un día para el evento más barato, que es el Flow Fest, suma un total de 720 mil pesos, a lo que aún faltaría contar el traslado de ida y regreso y posible hospedaje para algunos, con lo que la cantidad supera con facilidad el millón de pesos.
Karla Martínez, otra de las afectadas, explicó que compró cuatro boletos para el Corona Capital con Excel Music Tour por una referencia y al investigar a la empresa se dio cuenta que tienen años de realizar este tipo de viajes. Su primer contacto fue con Helena Gutiérrez, hermana del dueño, quien le comentó sobre paquetes y costos. Posteriormente, a través de WhatsApp, le pidieron una transferencia de 4 mil pesos a nombre de Rodolfo Gutierrez, para apartar su lugar y el de sus amigos y que terminó de liquidar el 10 de noviembre. Sin embargo, unas horas antes del evento lo cancelaron.
“Lo que yo pagué por persona es de 3 mil 790, pero había paquetes de 8 mil 500 pesos; a mí lo que me deben es un total de 25 mil 360 pesos, porque también aparte para el evento del Hell and Heaven”.
Andrea narró que, aunque ya tenían un plan de pago, en septiembre le mandaron un mensaje mencionando que tenía que liquidar el total en una semana: “Se nos hizo muy extraño, porque otras agencias no nos habían hecho esto, le echaron la culpa a Ticketmaster, pero nos amenazaron con que si no pagábamos perdíamos los boletos; cuando fuimos por las entradas no me los querían dar, supimos que también dieron boletos falsos, acercándose la fecha nos agregaron un grupo en WhatsApp donde nos darían el itinerario, pero nunca nos dijeron nada”.
La joven señaló que un día antes le avisaron que se había cancelado el viaje, sin una explicación clara de por medio. En las oficinas solo le dieron una carta compromiso, pero sin membretar: “a otros les daban pagarés con fechas diferentes, la verdad la señora cuando le dije el paquete de cada uno ni siquiera corroboró la información que le estaba dando y solo firmó la hoja”.
Andrea Pavlova detalló que ella y sus amigos tuvieron que buscar otra agencia para ir a la Ciudad de México, en el evento encontraron a Rodolfo y se dio cuenta que a más personas no les entregó sus boletos o eran falsos.
Ezequiel Sifuentes, otra de las víctimas, señaló que él compró dos paquetes para el Corona Capital de 5 mil 790 pesos cada uno, con la confianza de que ya había viajado antes con la agencia. Los hechos extraños comenzaron cuando un mes antes del evento lo llamaron para mencionarle que tenía que liquidar el total. Tres días antes del festival, lo agregaron a un grupo de WhatsApp para mostrarle el itinerario; no obstante, 24 horas antes de que se realizara el evento le avisaron que habían cancelado todos los paquetes.
“Me asuste, pero cuando fui a ver qué pasaba me dijeron que el mío no estaba cancelado, aunque el día del viaje se supone que tenía que irme a la 1 de la mañana, pero no había transporte y me acomodaron con otra agencia llamada Viajes Ponchito, o sea que de favor me llevaron, y que allá me iban a dar mis boletos. El primer día iba bien, pero cuando salí no tenían ni cómo enviarme al hotel y contrataron una camioneta, pero hasta íbamos a pagar Uber. Al día siguiente en el festival no nos dieron los boletos, el dueño se portó súper déspota y nos decía que ‘la solución real es que no íbamos a entrar al festival’, mi novia y yo compramos los boletos en reventa. Ya para volver, mi novia pudo regresar con Excel y yo tuve que comprar un boleto de regreso en la central. Al final me firmaron un pagaré por lo que pagué del regreso y de los boletos”.
Las víctimas han mencionado que se realizará una demanda colectiva para denunciar a Rodolfo Gutierrez, algunos incluso ya iniciaron acciones en Profeco y próximamente se pondrán de acuerdo para ir al Ministerio Público. Agregaron que temen que el hombre ya haya huido del estado, pues sus oficinas ubicadas en Cordillera de los Alpes 203 ya fueron vaciadas.
También lee: Potosinos fueron estafados con boletos para Corona Capital y Bad Bunny
Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
También lee: Iglesia condena feminicidios, pero rechaza daños en La Compañía
Destacadas
“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares
El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.
A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.
Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.
Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”
Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.
Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.
También lee: Verde será el último en definir candidatos en SLP: Gallardo
Ciudad
SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo
El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.
Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.
Cajeros del centro histórico
Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.
Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”
, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.Fraudes en línea
El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.
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