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Excel, la agencia que estafó por más de 1 millón de pesos con viajes a conciertos
La empresa de SLP incumplió a más de 300 personas con tours para Corona Capital, Bad Bunny, Harry Styles, Flow Fest, Fórmula 1, Hell and Heaven…
Por: Ana G Silva
La Orquesta dio a conocer ayer las denuncias de al menos una decena de personas que fueron estafadas por Excel Music Tours, empresa potosina dedicada a la organización de viajes y tours a conciertos y otros eventos multitudinarios y que está a cargo de un hombre con el supuesto nombre de Rodolfo Gutiérrez. Luego de la nota, más personas se acercaron al medio para informar que la cifra de víctimas, que se conocen hasta el momento, es de más de 400 que se han organizado para realizar una denuncia colectiva, pues se calcula que el fraude podría superar el millón de pesos.
Andrea Pavlova, una de las personas estafadas, comentó que en este momento se han organizado dos grupos de WhatsApp para calcular la magnitud del robo: en uno se encuentran las víctimas solo correspondientes al Corona Capital 2022, que se realizó el pasado fin de semana, donde hay casi 100 personas; y otro 400 integrantes (incluyendo los primeros 100) con afectados que compraron paquetes de viaje para eventos pasados y futuros que no recibieron el servicio correspondiente.
Los paquetes que ofertaba la empresa para el Corona Capital eran cuatro: uno de 8 mil 590 pesos que incluía boletos para los tres días, traslado y hospedaje; otro de 6 mil 890 pesos, con traslado y boletos para dos días del festival; el paquete de dos días con traslado y hotel en 5 mil 790 pesos; y el paquete que solo era para traslado y un boleto de 3 mil 390 pesos. Es decir, que si las víctimas que se encuentran en el grupo pagaron al menos el paquete más barato, da un total de 339 mil pesos.
Entre los otros eventos en los que personas reportan haber sido estafadas se encuentran la Fórmula 1 el pasado 30 de octubre; Harry Styles que tendrá lugar el 24 y 25 en la Ciudad de México; Flow Fest del 26 y 27 en Ciudad de México; Bad Bunny del 3 al 9 de diciembre en Ciudad de México y Monterrey; Hell and Heaven del 2 al 4 de diciembre en Ciudad de México; Tecate Pal Norte del 31 de marzo al 2 de abril de 2023, entre otros.
En la página de Viagogo.com los boletos para el concierto de Bad Bunny están desde 11 mil 500, para la Fórmula 1 estaban desde 7 mil 800 pesos, para el Flow Fest están desde 2 mil 400 pesos, para Harry Styles desde 4 mil 900, en el Hell and Heaven van desde los 4 mil 500 y el Tecate Pal Norte en 7 mil pesos. Es decir que si las otras 300 personas que denuncian a la agencia Excel Music Tour compraron al menos un boleto de un día para el evento más barato, que es el Flow Fest, suma un total de 720 mil pesos, a lo que aún faltaría contar el traslado de ida y regreso y posible hospedaje para algunos, con lo que la cantidad supera con facilidad el millón de pesos.
Karla Martínez, otra de las afectadas, explicó que compró cuatro boletos para el Corona Capital con Excel Music Tour por una referencia y al investigar a la empresa se dio cuenta que tienen años de realizar este tipo de viajes. Su primer contacto fue con Helena Gutiérrez, hermana del dueño, quien le comentó sobre paquetes y costos. Posteriormente, a través de WhatsApp, le pidieron una transferencia de 4 mil pesos a nombre de Rodolfo Gutierrez, para apartar su lugar y el de sus amigos y que terminó de liquidar el 10 de noviembre. Sin embargo, unas horas antes del evento lo cancelaron.
“Lo que yo pagué por persona es de 3 mil 790, pero había paquetes de 8 mil 500 pesos; a mí lo que me deben es un total de 25 mil 360 pesos, porque también aparte para el evento del Hell and Heaven”.
Andrea narró que, aunque ya tenían un plan de pago, en septiembre le mandaron un mensaje mencionando que tenía que liquidar el total en una semana: “Se nos hizo muy extraño, porque otras agencias no nos habían hecho esto, le echaron la culpa a Ticketmaster, pero nos amenazaron con que si no pagábamos perdíamos los boletos; cuando fuimos por las entradas no me los querían dar, supimos que también dieron boletos falsos, acercándose la fecha nos agregaron un grupo en WhatsApp donde nos darían el itinerario, pero nunca nos dijeron nada”.
La joven señaló que un día antes le avisaron que se había cancelado el viaje, sin una explicación clara de por medio. En las oficinas solo le dieron una carta compromiso, pero sin membretar: “a otros les daban pagarés con fechas diferentes, la verdad la señora cuando le dije el paquete de cada uno ni siquiera corroboró la información que le estaba dando y solo firmó la hoja”.
Andrea Pavlova detalló que ella y sus amigos tuvieron que buscar otra agencia para ir a la Ciudad de México, en el evento encontraron a Rodolfo y se dio cuenta que a más personas no les entregó sus boletos o eran falsos.
Ezequiel Sifuentes, otra de las víctimas, señaló que él compró dos paquetes para el Corona Capital de 5 mil 790 pesos cada uno, con la confianza de que ya había viajado antes con la agencia. Los hechos extraños comenzaron cuando un mes antes del evento lo llamaron para mencionarle que tenía que liquidar el total. Tres días antes del festival, lo agregaron a un grupo de WhatsApp para mostrarle el itinerario; no obstante, 24 horas antes de que se realizara el evento le avisaron que habían cancelado todos los paquetes.
“Me asuste, pero cuando fui a ver qué pasaba me dijeron que el mío no estaba cancelado, aunque el día del viaje se supone que tenía que irme a la 1 de la mañana, pero no había transporte y me acomodaron con otra agencia llamada Viajes Ponchito, o sea que de favor me llevaron, y que allá me iban a dar mis boletos. El primer día iba bien, pero cuando salí no tenían ni cómo enviarme al hotel y contrataron una camioneta, pero hasta íbamos a pagar Uber. Al día siguiente en el festival no nos dieron los boletos, el dueño se portó súper déspota y nos decía que ‘la solución real es que no íbamos a entrar al festival’, mi novia y yo compramos los boletos en reventa. Ya para volver, mi novia pudo regresar con Excel y yo tuve que comprar un boleto de regreso en la central. Al final me firmaron un pagaré por lo que pagué del regreso y de los boletos”.
Las víctimas han mencionado que se realizará una demanda colectiva para denunciar a Rodolfo Gutierrez, algunos incluso ya iniciaron acciones en Profeco y próximamente se pondrán de acuerdo para ir al Ministerio Público. Agregaron que temen que el hombre ya haya huido del estado, pues sus oficinas ubicadas en Cordillera de los Alpes 203 ya fueron vaciadas.
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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
También lee: Al PJE le quedan 3 meses para hacer lo que no hizo en 4 años
Lunes 17 de agosto de 2026
Culto Público, hijos del domingo en la noche me acordé de la cartulina:
El Poder Judicial potosino amaneció con dos relojes atrasados.
Uno dice que hoy no puede con lo que tiene y el otro tiene alarma para el 1 de abril de 2027.
Esa alarma es de las que no se pueden ni detener ni “*dame otros 5 minutitos”*
EL PODER JUDICIAL TIENE 227 DÍAS. PARA LO QUE NO HIZO EN 4 AÑOS Y 500 NOCHES.
Este es el tema del día y es investigación de La Orquesta.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado en junio de 2023 y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha máxima para que opere la nueva justicia civil y familiar.
No es sugerencia. No hay prórroga.
Tampoco se trata de cambiar formatos y ponerle nueva portada a los expedientes.
La reforma exige juicios orales, salas equipadas, expedientes electrónicos, videoconferencias, conectividad y personal capacitado.
El problema es el calendario.
Si la infraestructura depende del presupuesto 2027, al Poder Judicial podrían quedarle enero, febrero y marzo para hacer lo que sabía desde hace casi cuatro años que tendría que hacer.
Y la ley entra en vigor aunque San Luis no esté listo.
Una demanda presentada el 2 de abril tendrá que procesarse con las nuevas reglas.
Es una escena bastante extraordinaria: el Poder Judicial podría terminar incumpliendo una ley porque el propio Poder Judicial no construyó a tiempo las condiciones para cumplirla.
Y no está preparando el nuevo sistema desde una cancha vacía:
Jorge Chessal calcula que la Fiscalía podría acumular 23 o 24 mil carpetas este año y advierte que la llegada de nuevos juzgadores no ha resuelto la saturación. (Pulso trae de 8 este certero apunte de el prestigiado abogado Jorge -quebonitonombre- Chessal)
LA SENTENCIA QUE LLEVA DOS AÑOS ESPERANDO A SER DESCUBIERTA
Este es otro hallazgo documental de Pulso.
Sonia Mendoza, titular de Segam, sostiene que todavía espera una resolución definitiva para determinar quién debe retirar el lirio acuático de la presa San José.
El problema es que la resolución existe.
El Segundo Tribunal Colegiado resolvió desde el 31 de enero de 2024 y vinculó al gobernador, Segam, CEA e Interapas.
Puede haber actuaciones pendientes para cumplir la sentencia. Eso merece explicación.
Lo que no está pendiente es la sentencia.
SALVITA: LA EXIGENCIA SALE A LA CALLE
Este es tema de seguimiento.
Estudiantes de la UASLP marcharán el miércoles 19 de agosto a las 14:00 horas, desde Criminología hasta la Fiscalía, para exigir justicia por el asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores.
Las autoridades hablan de presuntos responsables identificados.
Los estudiantes están pidiendo el siguiente verbo: detenidos.
ELECTORAL POTOSINO | TRES PUEDEN SER MULTITUD
El Heraldo de México coloca hoy a San Luis en la conversación nacional con dos datos que juntos hacen ruido.
Morena encabeza las preferencias como partido, pero Ruth González aparece adelante en los careos personales. Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que Morena, PVEM y PT compitan separados en 2027.
Abusados: encuesta no es resultado y escenario no es candidatura.
La alianza en SLP a la gubernatura desde hace mucho parece lejana, el nombre de la candidata Verde muy conocido y un As bajo la manga que se asoma o se sospecha para jugada clave de último minuto.
BARRIDO NACIONAL | ANDY NO PUEDE IR A DISNEY
…y quizá pronto a ningún otro lado.
La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán se comió buena parte de la conversación nacional.
La Embajada de Estados Unidos
Ahí apareció el vacío perfecto para que cada quien meta lo suyo.
La oposición intenta relacionar el episodio con investigaciones y posibles irregularidades; del otro lado se presenta como persecución política contra el hijo del expresidente. Y en medio ya comenzó la inevitable especulación sobre qué significa todo esto para su futuro dentro de Morena.
Es curioso: Andy pasa en cuestión de días de dirigente cuestionado a víctima geopolítica y de ahí a posible activo electoral.
—Disculpe, ¿me dijo que la nieve la quería de limón, verdad?—
CONVERSACIÓN DE COLUMNAS
Adriana Ochoa publicó ayer su columna de lectura obligada para todo aquel que se diga interesado en el tema público, “La Cábala” con una entrega titulada En azul craquelado.
Su lectura más filosa para esta semana: reducir las precampañas a 20 días beneficia especialmente a quienes lleguen con estructura, territorio y candidatura prácticamente resueltos.
La campaña formal se hizo más corta.
La campaña real, evidentemente, no.
La conversación local coincide además en otro asunto: cambiar personas no necesariamente cambia instituciones.
El Poder Judicial ya tiene nuevos juzgadores, pero conserva el cuello de botella en impartir justicia porque los juzgadores nuevos no dan una…
LOS 3 HALLAZGOS
1. EL PLAZO QUE NO SE MUEVE. El nuevo sistema civil y familiar deberá operar el 1 de abril de 2027 aunque el Poder Judicial potosino no esté materialmente preparado.
2. LA SENTENCIA QUE SÍ EXISTE. Segam habla de una resolución pendiente sobre el lirio cuando existe una ejecutoria desde enero de 2024.
3. EL AGUA QUE SE VA ANTES DE LA CAJA. BBVA Research calcula que los organismos operadores de SLP cobran apenas 4.1 de cada diez litros suministrados. Antes de discutir solamente de dónde traer más agua, convendría saber qué estamos haciendo con la que ya tenemos.
LAS DE 8
Pulso: insuficiente la llegada de nuevos juzgadores ante la carga del sistema de justicia.
Plano Informativo: saturación de litigaciones, el lastre del sistema judicial.
Dos portadas y la investigación de La Orquesta terminan diciendo “eso es elefante”: el problema judicial ya no es solamente quién juzga, sino con qué sistema va a hacerlo y el reloj sigue su marcha.
MAÑANERA
La educación media superior marcó buena parte de la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de espacios y modalidades para facilitar el ingreso de jóvenes al bachillerato.
San Luis Potosí no fue tema específico.
¿QUÉ PREGUNTARÍA HOY?
1. Según los números, el Verde gana solo, pero ¿Qué perdería ganando solo?
INDICADORES ÚTILES: 1) EL REALITO: SI FUNCIONA
2) “ECHAR LAVADORAS” ES LA RESPUESTA DEL 94.7% DE LA POBLACIÓN A LA PREGUNTA ¿QUÉ HICISTE EL DOMINGO?
También lee: A tiempo y marcando el ritmo – Dirige Jorge Saldaña (Viernes 14 de agosto de 2026)
De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
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