diciembre 10, 2025

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Estancias infantiles, ¿cómo funcionarán y por qué bajó su presupuesto?

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estancias infantiles

El gobierno federal anunció que se implementarán estrategias para rediseñar el programa de Estancias Infantiles tras detectarse irregularidades

Por: Redacción

La Estancias Infantiles adscritas a la Secretaría del Bienestar (antes Sedesol) seguirán ofreciendo sus servicios a madres y padres de familia a través de una estrategia nacional que cumplirá con lo estipulado en la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, según informó esta dependencia del gobierno federal.

Para cumplir dicho objetivo, actualmente se trabaja bajo un esquema coordinado entre las instituciones del sistema de salud, el Sistema DIF y los gobiernos locales, de manera que se definan nuevos lineamientos y las estancias infantiles puedan operar bajo estándares de máximo cuidado y bienestar para las niñas y niños beneficiarios.

La dependencia informó que la reducción del presupuesto a las Estancias Infantiles se debe al trato discrecional en las asignaciones; a la falta de atención a sectores prioritarios de la población; a los cobros indebidos y diversos actos de corrupción asentados por las autoridades competentes.

De acuerdo con la Auditoría de Desempeño 2017-0-20100-07-0265-2018 aplicada al programa de Estancias Infantiles por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Sedesol no acreditó la debida admisión de más de 300 estancias; no atendió a su población objetivo; no acreditó la debida capacitación a más de 20 mil responsables de estancias; y tampoco acreditó que 659 estancias (7 por ciento del total) contaran con el documento que formaliza la entrega de subsidios.

La nueva estrategia contempla que las Estancias Infantiles que actualmente siguen operando, mantengan sus estándares de seguridad. Además, se trabaja en la simplificación de trámites y en la creación de un nuevo sistema administrativo acorde con la política de austeridad, de tal manera que serán reducidos los gastos excesivos de funcionamiento sin afectar la atención a niñas y niños.

¿Cuáles serán los cambios en el programa?

El subsidio se entregará directamente a madres y padres:

  • Mil 600 pesos bimestrales por cada niña o niño de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 3 años.
  • Mil 600 pesos bimestrales por cada niña o niño indígena de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años.
  • 3 mil 600 pesos bimestrales por cada niña o niño con discapacidad de 1 año y hasta un día antes de cumplir los 4 años.

Es importante señalar que tendrán prioridad las familias con las siguientes características:

  • Que no cuenten con seguridad social.
  • Que pertenezcan a comunidades indígenas.
  • Que vivan en zonas con altos niveles de violencia.

Además, las niñas y los niños que ya están registrados en el padrón, seguirán recibiendo el apoyo, aunque tengan más de 3 años.

Razones para reducir el presupuesto del programa

No dar cobertura a la población para la que fueron creadas las Estancias Infantiles; la asignación de estancias con criterios arbitrarios; cobros no permitidos y débiles controles en el ejercicio de los recursos asignados, figuran entre las principales causas que dieron origen a la decisión.

La Secretaría del Bienestar aseguró que se ha comprobado que muchas estancias fueron asignadas como resultado de la discrecionalidad de funcionarios públicos. Incluso, una sola persona llegó a contar con “redes” de estancias, en ocasiones con la intervención de personas allegadas.

Asimismo, el gobierno federal pagaba subsidios por niños fantasma, niños inexistentes o que simplemente nunca asistieron a recibir el servicio.

¿Cuáles fueron las observaciones de la ASF?

En 2018, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitió una serie de observaciones en cuatro rubros: afiliación, capacitación a responsables de las estancias, otorgamiento de subsidios y reglas de operación.

Entre otros hallazgos, se desprende que Sedesol:

  1. Debía afiliar estancias que cumplieran requisitos, pero no acreditó la admisión de 319 estancias en 2017 ni que se hubiera cumplido con la norma.
  2. No priorizó localidades con las mayores desventajas en su situación geográfica, económica y social.
  3. No acreditó la impartición de capacitación básica, inicial y complementaria, aun cuando reportó la capacitación de 22 mil responsables de estancias.
  4. Otorgó subsidios a 9 mil 399 estancias infantiles en 2017, aunque no acreditó que los responsables de las estancias hubieran cumplido los siete criterios y 12 requisitos establecidos en las reglas de operación del programa, lo que no garantiza.
  5. Tampoco acreditó el Convenio de Concertación de 659 estancias, es decir, el 7 por ciento de las 9 mil 399 que operaron y debieron suscribirlo. Cabe señalar que el Convenio de Concertación es el instrumento mediante el cual se formaliza la entrega de los subsidios.
  6. No acreditó que el 62.8 por ciento de personas incorporadas en 2017 (es decir, 195 mil 179 usuarios) cumplieran los requisitos para recibir el subsidio a madres, padres y tutores. El total, ese año se entregaron subsidios a 310 mil 968 personas.

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México

Diputados avalan prohibición a la comercialización de vapeadores

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El diputado José Luis Fernández, sostiene que la reforma no criminaliza a los usuarios de vapeadores, destaca la eliminación de candados financieros para gestión de recursos hospitalarios

Por: Roberto Mendoza

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, tras una discusión que se extendió por alrededor de nueve horas, las reformas a la Ley General de Salud y las modificaciones a los artículos 4º y 5º de la Constitución para prohibir la producción, distribución, comercialización, publicidad, importación y transporte de cigarrillos electrónicos y vapeadores. La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalada en lo general con 324 votos a favor y en lo particular con 292, e incorpora sanciones de uno a ocho años de prisión para quienes participen en la cadena de comercialización.

En entrevista exclusiva para La Orquesta, el diputado federal del partido verde, José Luis Fernández Martínez, afirmó que la legislación aprobada no persigue al consumidor final y que su enfoque es sanitario y preventivo. “Aquí no se trata de meter a la cárcel a quien use un vapeador; la ley va contra el negocio, contra quien hace dinero poniendo en riesgo la salud”, señaló el legislador potosino.

El diputado subrayó que otro eje central de la reforma es la reorganización del sistema de salud, particularmente la eliminación de porcentajes rígidos para infraestructura hospitalaria. Explicó que esta medida permitirá dirigir los recursos a donde realmente se requieran. “Antes el dinero estaba amarrado a ciertos rubros; hoy se puede invertir en lo que el hospital necesite en ese momento, ya sea equipo, personal o mantenimiento”, afirmó. Añadió que San Luis Potosí se encuentra en la etapa final de incorporación al modelo IMSS-Bienestar.

Las reformas también incluyeron la modificación impulsada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, para excluir explícitamente el consumo y la posesión para uso personal de las sanciones penales, con el fin de dar certeza jurídica y evitar la criminalización de los usuarios, concentrando el castigo en el lucro y la distribución ilegal.

Por separado, el coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira Valdez, advirtió que la prohibición de la comercialización puede incentivar un mercado negro de vapeadores controlado por redes ilegales. Señaló que la ausencia de vías legales de venta abre la puerta a la piratería, a mayores niveles de corrupción y a disputas por el control de la distribución clandestina de estos productos.

Además del tema de los vapeadores, la reforma fortalece la rectoría de la Secretaría de Salud federal sobre el Sistema Nacional de Salud, impulsa el uso de la telemedicina y la salud digital, y consolida las compras centralizadas de medicamentos como parte del nuevo esquema aprobado por el Congreso.

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México

FGR detiene a César Duarte por lavado de dinero

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El exgobernador será trasladado al penal del Altiplano al enfrentar una nueva causa penal federal.

​Por Roberto Mendoza

​El exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, fue detenido este lunes 8 de diciembre a las 14:00 horas en la ciudad de Chihuahua por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR). La captura se realizó en cumplimiento de una orden de aprehensión vigente desde mayo de 2024, librada por el Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, quien lo requiere por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

​La ejecución de este nuevo mandamiento judicial fue posible después de que el pasado 4 de diciembre de 2025, el Gobierno de los Estados Unidos otorgó oficialmente el consentimiento para una excepción al principio de especialidad del tratado de extradición. Esta autorización diplomática facultó a las autoridades mexicanas para procesar al exmandatario por delitos distintos a los de peculado y asociación delictuosa que originaron su entrega a México en junio de 2022, abriendo así un nuevo frente legal de competencia federal.

​Duarte Jáquez, quien desde junio de 2024 gozaba de libertad condicional con medidas cautelares en Chihuahua, fue asegurado para iniciar su traslado inmediato a la Ciudad de México y su posterior internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, “El Altiplano”. La investigación federal apunta a que el político utilizó el sistema financiero mexicano para ocultar el origen y destino de recursos económicos presuntamente desviados del erario público durante su gestión.

​La intervención de la FGR modifica radicalmente el estatus jurídico del detenido, atrayendo el caso al ámbito federal por la naturaleza del delito financiero. La acción anula de facto la prisión domiciliaria que mantenía bajo la jurisdicción local y reubica al exgobernador en un penal de máxima seguridad, reactivando la exigencia de justicia en un nivel superior de fiscalización y control penitenciario.

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México

Explica la senadora Verónica Rodríguez el voto del PAN en la elección de la fiscal

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Según el procedimiento parlamentario validado por Servicios Parlamentarios, en elección por cédula no existen votos en contra, solo nulos

 

 

​Por: Roberto Mendoza

 

​Durante la sesión del Senado de la República celebrada para la elección de la nueva titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, la votación emitida por el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) fue contabilizada oficialmente como “votos nulos”, hecho que generó interpretaciones divergentes en la opinión pública. Mientras el oficialismo logró la mayoría calificada necesaria para la designación, la bancada panista marcó sus cédulas (papeletas) sin seleccionar a ninguna de las integrantes de la terna propuesta por el Ejecutivo, lo que técnicamente derivó en la anulación del sufragio bajo el reglamento actual.

​En entrevista exclusiva para La Orquesta, la senadora por San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, aclaró que la acción representó un rechazo total a la terna. Para validar este procedimiento, la legisladora citó la intervención del Dr. Arturo Garita Alonso, Secretario General de Servicios Parlamentarios del Senado, funcionario con más de dos décadas de experiencia y autoridad técnica en el recinto legislativo. Según explicó Rodríguez, fue Garita quien precisó a la Mesa Directiva que, en el formato de votación por cédula para nombramientos, no existe la figura de “voto en contra”; el sistema solo reconoce votos a favor de una candidata específica o votos nulos.

​Por su parte, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, sostuvo que la postura institucional de su partido fue el rechazo absoluto a los perfiles presentados, desestimando las críticas sobre una supuesta falta de definición. En este contexto, la senadora Rodríguez advirtió que la controversia sobre la nulidad de los votos está siendo utilizada políticamente por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). De acuerdo con la legisladora, sus exaliados están impulsando una narrativa mediática para señalar al PAN de no haberse opuesto firmemente, estrategia que atribuyó al distanciamiento entre ambas fuerzas políticas respecto a sus alianzas electorales y legislativas.

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