Congreso del Estado
Esta semana se publican las primeras listas de deudores alimentarios en SLP
Con esta medida se pretende frenar la violencia económica que se comete contra menores de edad
Por: Ana G Silva
En noviembre de 2022, el Congreso del Estado aprobó reformas a la legislación estatal para crear el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, en el que se creará un mecanismo que coadyuve con la fuerza de la ley al cumplimiento de las obligaciones alimentarias, dicha iniciativa entrará en vigor este 22 de febrero. La Orquesta conversó con la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández (Morena), que fue quien presentó la propuesta, para conocer más detalles al respecto.
La legisladora dijo que el Poder Judicial del Estado será quien sea el encargado de publicar el padrón, en el cual se registrará mediante mandato de autoridad judicial, a aquellas personas que incumplan con las obligaciones de proporcionar alimentos, ya sea provisorios o definitivos, fijados u homologados por sentencia firme.
El listado incluirá el nombre y apellidos completos del deudor alimentario moroso, así como la Clave Única del Registro de Población (CURP); las iniciales del nombre del acreedor o acreedores alimentarios; datos del acta que acredite el vínculo entre deudor y acreedor alimentario; cantidad del adeudo alimentario a la fecha de su inscripción, o, en su caso, el número de meses de incumplimiento y Juzgado Familiar que ordena la inscripción y el número de expediente.
La congresista mencionó que dicho padrón es de personas deudoras, es decir que esto no solo será para hombres, si no también para mujeres que incumplan con la obligación de proporcionar alimentos.
Lidia Vargas señaló que la creación del Padrón de Deudores Alimentarios Morosos, tendrá dos enfoques para hacer cumplir con los alimentos: el primero es el social, pues si una persona se encuentra inscrito en el mismo sentirá la necesidad de pagar su obligación con tal de eliminar su registro, tal como sucede con las Instituciones Bancarias con el conocido “buró de crédito”; y, el segundo enfoque, es el jurídico, ya que es más sencillo para las autoridades jurisdiccionales verificar las determinaciones que se emitan en el tema alimentario. 
La diputada explicó que habrá de inscribir a aquellas personas que dejen de cumplir con sus obligaciones alimentarias por más de 60 días, y el deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que han sido pagados en su totalidad los adeudos alimentarios, podrá solicitar al mismo la baja del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
La iniciativa también puntualiza que el juez de lo familiar que ordene la inscripción en el Padrón Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, solicitará al mismo tiempo al Registro Público de la Propiedad la búsqueda de inscripciones de bienes a nombre del deudor alimentario moroso, de existir realizará la anotación preventiva de la orden judicial. El Registro Público de la Propiedad deberá informar al juez de lo familiar si se encontraron bienes y si fue procedente la anotación, la cual surtirá efectos de embargo precautorio.
La inscripción en el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, tendrá como efecto: constituir prueba plena en el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y garantizar la preferencia en el pago de adeudos alimentarios.
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Congreso del Estado
Aranzazu Puente propone sumar a DIF municipales y al Instituto de la Juventud en la prevención del su1c1d10
Las iniciativas reparten tareas entre la Secretaría de Salud, los 59 ayuntamientos y el Instituto Potosino de la Juventud, con atención especial a las personas jóvenes
Por: Redacción
La diputada local María Aranzazu Puente Bustindui presentó dos iniciativas para que más instituciones participen en la prevención del suicidio en San Luis Potosí. Una reforma la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios y la otra la Ley de la Persona Joven para el Estado y Municipios.
La primera propuesta busca que los municipios organicen programas y campañas de prevención y sensibilización a través de sus Sistemas para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y en coordinación con la Secretaría de Salud. También plantea que los DIF detecten los primeros casos de riesgo, orienten a las personas y las canalicen a tiempo a los servicios de atención, siguiendo los protocolos de la autoridad sanitaria.
Según la legisladora, la prevención necesita una respuesta coordinada. La Secretaría de Salud fija los criterios técnicos y los protocolos, pero también hay que fortalecer a las instituciones que tratan todos los días con las personas y sus familias. Explicó que la reforma aprovecha estructuras que ya existen en la ley estatal y deja claro qué le toca hacer a cada municipio.
El Instituto de la Juventud también entraría
La segunda iniciativa agrega una fracción al artículo 68 de la Ley de la Persona Joven. Con ella, el Instituto Potosino de la Juventud participaría junto con la Secretaría de Salud y los 59 ayuntamientos en acciones, programas y campañas de prevención y sensibilización sobre el suicidio.
El Instituto también tendría que identific ar señales de alerta, orientar a quien lo necesite y canalizarlo a tiempo a los servicios de atención, de acuerdo con los protocolos de la Secretaría de Salud. Estas acciones irían dirigidas a toda la población, con atención especial a las personas jóvenes. Puente Bustindui sostuvo que así cada autoridad participaría desde sus atribuciones y bajo los mismos criterios técnicos.
Jóvenes, el grupo con la tasa más alta
Las propuestas llegan cuando San Luis Potosí está por encima del promedio nacional. Según datos preliminares de las Estadísticas de Defunciones Registradas 2025 del Inegi, el estado cerró el año con una tasa de 9.1 suicidios por cada 100 mil habitantes, frente a 6.7 en el país, y ocupó el sexto lugar nacional.
En todo el país, la población de 15 a 29 años registró la tasa más alta de todos los grupos de edad, con 10.2 casos por cada 100 mil habitantes. Ese grupo concentró 38.1% de los suicidios de 2025, y el suicidio fue su tercera causa de muerte.
Las iniciativas se turnaron a las comisiones de Salud y Asistencia Social, y de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte. Ahí se analizan y se dictaminan antes de poder llegar a votación en el Pleno.
También lee: Mujeres de 15 a 29 y hombres de 30 a 44 concentran las mayores tasas de su1c1d10
El concepto servirá de base para programas y políticas de igualdad en el estado
Por: Redacción
El Pleno del Congreso del Estado aprobó incluir el concepto de corresponsabilidad familiar en la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí, a propuesta de la diputada Brisseire Sánchez López.
La ley entenderá la corresponsabilidad familiar como el reparto equilibrado de las tareas domésticas y las responsabilidades familiares entre todas las personas que viven en un hogar, no solo entre el padre y la madre. Eso incluye a hijas, hijos y otras personas que comparten el mismo techo.
Según la diputada, el reparto abarca las tareas de la casa y su organización, así como el cuidado, la educación y el afecto de las personas que dependen de otras. El objetivo es dividir de manera justa el tiempo de cada integrante del hogar, sobre todo entre mujeres y hombr es.
De acuerdo con la exposición de motivos, es decir, la explicación que acompaña a la propuesta, tener el concepto escrito en la ley da certeza jurídica
La carga sigue en las mujeres
El reparto todavía está lejos de ser equilibrado. Según datos del INEGI, las mujeres dedican 39.7 horas a la semana al trabajo doméstico, de cuidados y voluntario sin pago, frente a 18.2 horas de los hombres.
En julio, el diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó otra iniciativa en esta línea: crear la Ley del Sistema Estatal de Cuidados, que busca reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, hecho principalmente por mujeres.
También lee: Más mujeres al frente de los hogares de SLP, pero con más carga: INEGI
Rodrigo Lecourtois dijo que el aumento solo cubre el ajuste salarial pactado con los sindicatos
Por: Redacción
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) pidió 311 millones de pesos para operar en 2027, 6 millones más que este año. El auditor superior del Estado, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, entregó el proyecto a la Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado.
El IFSE es el organismo que revisa cómo gastan el dinero público el Gobierno del Estado, los ayuntamientos y otras instituciones. Su presupuesto debe pasar por el Congreso: según el artículo 68 de la Ley de Fiscalización, a los diputados les toca conocerlo y opinar sobre él, explicó el presidente de la comisión, Luis Fernando Gómez Macías.
La comisión analizará la propuesta y la enviará a la Directiva del Congreso para que se incluya en la Ley de Presupuesto de Egresos del Estado 2027, la ley que fija cuánto dinero recibe cada dependencia el próximo año.
“Es un presupuesto acorde, responsable, que no considera ni siquiera el ajuste inflacionario”, dijo Gómez Macías.
Más trabajo con la ASF
El diputado explicó que el IFSE tendrá más carga en 2027 por la coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En julio, ambos organismos firmaron un convenio que permite al IFSE auditar por primera vez recursos federales que llegan al estado.
Lecourtois López aseguró que el proyecto “no plantea aumentos caprichosos”. Según explicó, el incremento solo cubre el ajuste de sueldos que el Gobierno del Estado acordó con los sindicatos y que se aplicará el próximo año.
El auditor recordó que el año pasado se aprobó un presupuesto similar, al que el Poder Ejecutivo le hizo ajustes y que quedó con un aumento de 5 millones. Por eso, dijo, este año el aumento es pequeño: 2.03 por ciento.
También lee: 1,794 millones de pesos por justificar: primeras observaciones del IFSE
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