Congreso del Estado
Esta semana se publican las primeras listas de deudores alimentarios en SLP
Con esta medida se pretende frenar la violencia económica que se comete contra menores de edad
Por: Ana G Silva
En noviembre de 2022, el Congreso del Estado aprobó reformas a la legislación estatal para crear el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, en el que se creará un mecanismo que coadyuve con la fuerza de la ley al cumplimiento de las obligaciones alimentarias, dicha iniciativa entrará en vigor este 22 de febrero. La Orquesta conversó con la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández (Morena), que fue quien presentó la propuesta, para conocer más detalles al respecto.
La legisladora dijo que el Poder Judicial del Estado será quien sea el encargado de publicar el padrón, en el cual se registrará mediante mandato de autoridad judicial, a aquellas personas que incumplan con las obligaciones de proporcionar alimentos, ya sea provisorios o definitivos, fijados u homologados por sentencia firme.
El listado incluirá el nombre y apellidos completos del deudor alimentario moroso, así como la Clave Única del Registro de Población (CURP); las iniciales del nombre del acreedor o acreedores alimentarios; datos del acta que acredite el vínculo entre deudor y acreedor alimentario; cantidad del adeudo alimentario a la fecha de su inscripción, o, en su caso, el número de meses de incumplimiento y Juzgado Familiar que ordena la inscripción y el número de expediente.
La congresista mencionó que dicho padrón es de personas deudoras, es decir que esto no solo será para hombres, si no también para mujeres que incumplan con la obligación de proporcionar alimentos.
Lidia Vargas señaló que la creación del Padrón de Deudores Alimentarios Morosos, tendrá dos enfoques para hacer cumplir con los alimentos: el primero es el social, pues si una persona se encuentra inscrito en el mismo sentirá la necesidad de pagar su obligación con tal de eliminar su registro, tal como sucede con las Instituciones Bancarias con el conocido “buró de crédito”; y, el segundo enfoque, es el jurídico, ya que es más sencillo para las autoridades jurisdiccionales verificar las determinaciones que se emitan en el tema alimentario. 
La diputada explicó que habrá de inscribir a aquellas personas que dejen de cumplir con sus obligaciones alimentarias por más de 60 días, y el deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que han sido pagados en su totalidad los adeudos alimentarios, podrá solicitar al mismo la baja del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
La iniciativa también puntualiza que el juez de lo familiar que ordene la inscripción en el Padrón Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, solicitará al mismo tiempo al Registro Público de la Propiedad la búsqueda de inscripciones de bienes a nombre del deudor alimentario moroso, de existir realizará la anotación preventiva de la orden judicial. El Registro Público de la Propiedad deberá informar al juez de lo familiar si se encontraron bienes y si fue procedente la anotación, la cual surtirá efectos de embargo precautorio.
La inscripción en el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, tendrá como efecto: constituir prueba plena en el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y garantizar la preferencia en el pago de adeudos alimentarios.
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Calificó de “absurda” la postura de Enrique Galindo por promover ese bloque y aseguró que 7 de cada 10 potosinos aprueban la gestión de RGC
Por: Redacción
El coordinador de la bancada del Partido Verde en el Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, calificó de “mala estrategia” que el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, busque encabezar un bloque antigallardista.
Serrano respondió así al ser cuestionado por la gira que Galindo hizo por la Huasteca potosina, donde el alcalde dijo que el movimiento que encabeza puede llamarse “antigallardista o antinepotista” y que se opone a que la sucesión en el Gobierno del Estado quede en manos de la familia del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Galindo se había colocado desde finales de septiembre como opción para 2027 frente al gallardismo. En el recorrido, dijo, se reunió con distintos grupos y encontró peticiones de salud
Sobre ese planteamiento, el legislador dijo que el presidente del partido del alcalde ya le había advertido que sería una mala estrategia. Añadió que le parece absurdo que Galindo trate de promover ese bloque cuando, según afirmó, el gobernador tiene calificaciones en las que siete de cada diez potosinos respaldan su gestión.
Serrano estimó que, si se habla de 15 o 20 por ciento de antigallardistas, “el tema está resuelto”.
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Leticia Vázquez dijo que las solicitudes llegan a sus casas de enlace en Rioverde y Cerritos
Por: Redacción
María Leticia Vázquez Hernández, diputada local del Partido del Trabajo (PT), estimó que en lo que va del año ha gestionado entre 150 y 180 enmiendas de actas de nacimiento y CURP para habitantes de la Zona Media, aunque aclaró que no tenía el número exacto.
Las solicitudes llegan a sus casas de enlace en Rioverde y Cerritos. Ahí recoge la documentación de quienes todavía no tienen sus papeles en regla. Después, con los oficiales del Registro Civil, la lleva a la Dirección del Registro Civil para que se hagan las correcciones.
La legisladora señaló que la Dirección y las oficialías han hecho varias campañas en la Zona Media para actualizar documentos. “Se ha estado haciendo mucho movimiento para ayudar a actualizar a todas las personas”, afirmó.
Sobre la mochila de emergencia, que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso sobre la mesa ante el clima de alarma internacional, Vázquez consideró que el Congreso del Estado
Recordó que desde hace tiempo se recomienda tener en casa una mochila con los documentos a la mano, tanto para una catástrofe como para un accidente dentro del domicilio.
En cuanto a la plaga de langosta que afecta a la Zona Media, la diputada reconoció que hasta ahora no ha tenido acercamiento con productores. Dijo que es un tema importante y que desde el Congreso revisarán cómo pueden ayudar.
En septiembre, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh) desplegó brigadas nocturnas contra la langosta en cuatro municipios. En octubre, la plaga acabó con parcelas de maíz en Santa Catarina.
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La iniciativa obliga al DIF estatal y a los municipales a dar protección y alojamiento mientras el Instituto Nacional de Migración define su situación
Por: Redacción
La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado. Busca garantizar a los menores migrantes albergue, no detención, no devolución y defensa legal.
La no devolución significa que no se puede regresar a una persona a un lugar donde su vida o su libertad corran peligro. La defensa legal en suplencia es que una autoridad, como la Procuraduría de Protección del DIF, represente al menor cuando no tiene a sus padres o tutores.
El DIF, mientras se resuelve su situación
Según la propuesta, mientras el Instituto Nacional de Migración (INM) define la situación migratoria de un menor, el Sistema Estatal DIF o los Sistemas Municipales DIF deberán darle protección integral y alojamiento. El interés superior de la niñez, es decir, poner por delante lo que más convenga al menor, deberá ser lo primero en todas las decisiones.
Las autoridades estatales y municipales tendrán que dar los servicios que les correspondan a todos los menores en situación de migración, sin importar su nacionalidad ni su situación migratoria. Esto incluye a quienes viajan solos o acompañados, a los que fueron separados de su familia, y a los menores mexicanos, extranjeros y repatriados.
Sin invadir competencias
La iniciativa aclara que ni el Estado ni los municipios pueden decidir sobre la situación migratoria de una persona extranjera, porque eso le toca a la federación. La reforma, dice, se limita a la protección y la asistencia que ya les corresponden por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
En su exposición de motivos, la diputada señala que los menores migrantes están expuestos a ser detenidos, al crimen organizado, al tráfico de personas, a la violencia, al hambre y al frío, y a no tener acceso a servicios de salud.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Niñas, Niños, Juventud y Deporte del Congreso del Estado.
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