Congreso del Estado
Esta semana se publican las primeras listas de deudores alimentarios en SLP
Con esta medida se pretende frenar la violencia económica que se comete contra menores de edad
Por: Ana G Silva
En noviembre de 2022, el Congreso del Estado aprobó reformas a la legislación estatal para crear el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, en el que se creará un mecanismo que coadyuve con la fuerza de la ley al cumplimiento de las obligaciones alimentarias, dicha iniciativa entrará en vigor este 22 de febrero. La Orquesta conversó con la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández (Morena), que fue quien presentó la propuesta, para conocer más detalles al respecto.
La legisladora dijo que el Poder Judicial del Estado será quien sea el encargado de publicar el padrón, en el cual se registrará mediante mandato de autoridad judicial, a aquellas personas que incumplan con las obligaciones de proporcionar alimentos, ya sea provisorios o definitivos, fijados u homologados por sentencia firme.
El listado incluirá el nombre y apellidos completos del deudor alimentario moroso, así como la Clave Única del Registro de Población (CURP); las iniciales del nombre del acreedor o acreedores alimentarios; datos del acta que acredite el vínculo entre deudor y acreedor alimentario; cantidad del adeudo alimentario a la fecha de su inscripción, o, en su caso, el número de meses de incumplimiento y Juzgado Familiar que ordena la inscripción y el número de expediente.
La congresista mencionó que dicho padrón es de personas deudoras, es decir que esto no solo será para hombres, si no también para mujeres que incumplan con la obligación de proporcionar alimentos.
Lidia Vargas señaló que la creación del Padrón de Deudores Alimentarios Morosos, tendrá dos enfoques para hacer cumplir con los alimentos: el primero es el social, pues si una persona se encuentra inscrito en el mismo sentirá la necesidad de pagar su obligación con tal de eliminar su registro, tal como sucede con las Instituciones Bancarias con el conocido “buró de crédito”; y, el segundo enfoque, es el jurídico, ya que es más sencillo para las autoridades jurisdiccionales verificar las determinaciones que se emitan en el tema alimentario. 
La diputada explicó que habrá de inscribir a aquellas personas que dejen de cumplir con sus obligaciones alimentarias por más de 60 días, y el deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que han sido pagados en su totalidad los adeudos alimentarios, podrá solicitar al mismo la baja del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
La iniciativa también puntualiza que el juez de lo familiar que ordene la inscripción en el Padrón Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, solicitará al mismo tiempo al Registro Público de la Propiedad la búsqueda de inscripciones de bienes a nombre del deudor alimentario moroso, de existir realizará la anotación preventiva de la orden judicial. El Registro Público de la Propiedad deberá informar al juez de lo familiar si se encontraron bienes y si fue procedente la anotación, la cual surtirá efectos de embargo precautorio.
La inscripción en el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, tendrá como efecto: constituir prueba plena en el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y garantizar la preferencia en el pago de adeudos alimentarios.
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Congreso del Estado
Diputados de SLP exhortan a Federación a destinar más recursos contra el gusano barrenador
La propuesta impulsada por la diputada Frinné Azuara busca: Más recursos para SENASICA, transparencia sobre el gasto ejercido, recuperar el estatus sanitario y reactivar exportaciones de ganado hacia Estados Unidos
Por: Redacción
A propuesta de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Punto de Acuerdo para exhorta a diversas autoridades federales a que lleven a cabo acciones de contención, prevención, vigilancia y control del gusano barrenador.
El Punto de Acuerdo exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que, en el ejercicio de sus facultades presupuestales, realice una revisión profunda y, en su caso, una ampliación urgente al presupuesto del SENASICA para el ejercicio fiscal 2026, que permita revertir los recortes aplicados y dotar a la institución de los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a esta y futuras contingencias sanitarias.
A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ambas del Gobierno Federal para que informen detalladamente a esta Soberanía sobre el presupuesto ejercido en los últimos cinco años para la campaña contra el gusano barrenador, las acciones concretas realizadas en San Luis Potosí, y el plan a corto, mediano y largo plazo para recuperar el estatus sanitario que permita la reapertura del mercado estadounidense.
Y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a gestionar, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), un acuerdo sanitario de emergencia con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que permita restablecer la certificación de zonas libres de gusano barrenador y reactive las exportaciones de ganado mexicano a la brevedad posible.
En su exposición de motivos, se indica que esta situación que ya está dejando huella en el campo mexicano, particularmente en regiones como San Luis Potosí, donde la presencia del gusano barrenador ha dejado de ser un aviso técnico para convertirse en un problema económico y social concreto.
Por otro lado, el acceso al mercado estadounidense no es un lujo para la ganadería nacional; es el eje que sostiene la viabilidad de miles de ranchos, la cadena de insumos, el empleo rural y el dinamismo de municipios enteros. Si no se interviene con coordinación y recursos reales, el costo de la inacción se multiplicará con creces
También lee: Congreso aprueba reforma que aplaza a 2028 elección de jueces y magistrados
La reforma plantea que la elección de magistraturas de circuito, juezas y jueces de distrito se realice conforme a la división territorial de los circuitos judiciales
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por mayoría la minuta de reforma constitucional federal en materia de Poder Judicial, con la que se aplaza de 2027 a 2028 la elección de magistrados, jueces y demás personas juzgadoras del país.
La propuesta, enviada por el Senado de la República, busca otorgar un mayor periodo para la implementación de la reforma judicial, permitiendo la consolidación de los cambios administrativos, presupuestales y operativos necesarios para la organización de los procesos electorales judiciales.
Además del aplazamiento, la minuta incorpora modificaciones para fortalecer la operación de los Comités de Evaluación de los tres Poderes, homologar criterios de selección de aspirantes, reducir el número de candidaturas y simplificar el diseño de las boletas electorales.
Entre los cambios también se contempla garantizar la paridad de género desde las etapas iniciales del proceso, ordenar la elección por circuitos y especialidades judiciales, así como establecer reglas para cubrir vacantes, licencias y renuncias dentro del Poder Judicial.
La reforma plantea que la elección de magistraturas de circuito, juezas y jueces de distrito se realice conforme a la división territorial de los circuitos judiciales y no únicamente bajo criterios poblacionales
Asimismo, se propone que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea el encargado de definir los distritos judiciales necesarios para cada circuito y realizar la asignación aleatoria de candidaturas, garantizando criterios de paridad y representación.
Las boletas electorales deberán identificar el Poder que postula a cada aspirante, señalar cuando se trate de personas juzgadoras en funciones y distinguir las especialidades judiciales correspondientes.
Durante la discusión del dictamen participaron las diputadas Frinné Azuara Yarzábal y Sara Rocha Medina, así como los diputados Carlos Artemio Arreola Mallol y Marco Antonio Gama Basarte.
Tras su aprobación por el Congreso potosino, la minuta será remitida al Senado de la República para continuar con el procedimiento constitucional correspondiente.
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José Roberto García explicó que cada una de las solicitudes será revisada de manera puntual para garantizar el cumplimiento de los requisitos
Por: Redacción
La Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado dio cuenta de seis solicitudes presentadas por ayuntamientos que buscan obtener la aprobación para acceder a un crédito simple y financiamiento ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), con el propósito de destinar los recursos a obras de infraestructura básica y fortalecimiento de los servicios públicos.
Los expedientes que actualmente se encuentran bajo análisis corresponden a los municipios de Tampacán, San Ciro de Acosta, Rayón, Tamasopo, Santa Catarina y Vanegas.
El diputado José Roberto García Castillo, presidente de la Comisión Primera de Hacienda y Desarrollo Municipal, explicó que cada una de las solicitudes será revisada de manera puntual para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y asegurar que los recursos económicos obtenidos, se orienten exclusivamente a proyectos que generen un beneficio directo para la población.
El legislador señaló que se deberá cumplir estrictamente el marco jurídico aplicable en materia de disciplina financiera, deuda pública y coordinación fiscal.
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