Congreso del Estado
Esta semana se publican las primeras listas de deudores alimentarios en SLP
Con esta medida se pretende frenar la violencia económica que se comete contra menores de edad
Por: Ana G Silva
En noviembre de 2022, el Congreso del Estado aprobó reformas a la legislación estatal para crear el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, en el que se creará un mecanismo que coadyuve con la fuerza de la ley al cumplimiento de las obligaciones alimentarias, dicha iniciativa entrará en vigor este 22 de febrero. La Orquesta conversó con la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández (Morena), que fue quien presentó la propuesta, para conocer más detalles al respecto.
La legisladora dijo que el Poder Judicial del Estado será quien sea el encargado de publicar el padrón, en el cual se registrará mediante mandato de autoridad judicial, a aquellas personas que incumplan con las obligaciones de proporcionar alimentos, ya sea provisorios o definitivos, fijados u homologados por sentencia firme.
El listado incluirá el nombre y apellidos completos del deudor alimentario moroso, así como la Clave Única del Registro de Población (CURP); las iniciales del nombre del acreedor o acreedores alimentarios; datos del acta que acredite el vínculo entre deudor y acreedor alimentario; cantidad del adeudo alimentario a la fecha de su inscripción, o, en su caso, el número de meses de incumplimiento y Juzgado Familiar que ordena la inscripción y el número de expediente.
La congresista mencionó que dicho padrón es de personas deudoras, es decir que esto no solo será para hombres, si no también para mujeres que incumplan con la obligación de proporcionar alimentos.
Lidia Vargas señaló que la creación del Padrón de Deudores Alimentarios Morosos, tendrá dos enfoques para hacer cumplir con los alimentos: el primero es el social, pues si una persona se encuentra inscrito en el mismo sentirá la necesidad de pagar su obligación con tal de eliminar su registro, tal como sucede con las Instituciones Bancarias con el conocido “buró de crédito”; y, el segundo enfoque, es el jurídico, ya que es más sencillo para las autoridades jurisdiccionales verificar las determinaciones que se emitan en el tema alimentario. 
La diputada explicó que habrá de inscribir a aquellas personas que dejen de cumplir con sus obligaciones alimentarias por más de 60 días, y el deudor alimentario moroso que acredite ante el Juez que han sido pagados en su totalidad los adeudos alimentarios, podrá solicitar al mismo la baja del Registro de Deudores Alimentarios Morosos.
La iniciativa también puntualiza que el juez de lo familiar que ordene la inscripción en el Padrón Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, solicitará al mismo tiempo al Registro Público de la Propiedad la búsqueda de inscripciones de bienes a nombre del deudor alimentario moroso, de existir realizará la anotación preventiva de la orden judicial. El Registro Público de la Propiedad deberá informar al juez de lo familiar si se encontraron bienes y si fue procedente la anotación, la cual surtirá efectos de embargo precautorio.
La inscripción en el Padrón Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, tendrá como efecto: constituir prueba plena en el delito de incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar y garantizar la preferencia en el pago de adeudos alimentarios.
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Congreso del Estado
Proponen castigar con 8 años de prisión a quien genere pánico con disparos o explosivos en SLP
Las penas aumentarían si las víctimas son menores, mujeres, adultos mayores o personas con discapacidad
Por: Redacción
Con el objetivo de fortalecer la seguridad de las personas en espacios públicos, ante armas de fuego, detonación de artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira presentó una iniciativa de reforma al artículo 169 del Código Penal del Estado, en el capítulo relacionado a la exposición al peligro.
Se indica que se comete el delito de exposición al peligro quien, sin causa justificada, coloque en situación de peligro, zozobra o de inseguridad a cualquier persona, disparando armas de fuego, detonando otros artefactos explosivos o utilizando sustancias químicas o inflamables, en enfrentamientos, riñas, peleas, asaltos, persecuciones indebidas, y todos aquellos eventos que produzcan el mismo resultado, en lugares públicos, de acceso público, de tránsito o donde concurra la gente, o bien, cuando se realice desde un lugar privado hacia aquellos. Independientemente de otros delitos que le resulten.
Se proponen sanciones de cuatro a ocho años de prisión y sanción pecuniaria de cuatrocientos a ochocientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
Además, establece que las penas previstas se incrementen hasta en una mitad cuando el delito se cometa en contra de niñas, niños, adolescentes, mujeres por razones de género, adultos mayores o personas con discapacidad; se realice en las inmediaciones o el interior de centros educativos, de salud, de asistencia social, recintos oficiales o de espectáculos públicos,
Las mismas penas se aplicarán a quien realice las conductas descritas utilizando armas réplica, de aire, de gas o de cualquier otra naturaleza que, por sus características exteriores, sean aptas para coaccionar o intimidar, simulando ser armas de fuego reales.
En su exposición de motivos, la legisladora señala que la delincuencia ha sofisticado sus métodos de coacción. La utilización de sustancias químicas, ácidas o altamente inflamables como herramientas de intimidación y agresión en entornos urbanos es una realidad que exige una respuesta legislativa contundente.
El marco jurídico vigente no contempla estas modalidades de puesta en peligro con la especificidad requerida, lo que obliga a los juzgadores a realizar la reclasificación del delito o, peor aún, en la liberación del imputado por atipicidad de la conducta, situación que se busca corregir con esta iniciativa.
La iniciativa se turnó a la Comisión Primera de Justicia para su análisis.
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Busca reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, realizado principalmente por mujeres
Por: Redacción
El diputado Marco Antonio Gama Basarte presentó una iniciativa para expedir la Ley del Sistema Estatal de Cuidados de San Luis Potosí, con la que se busca hacer operativa la reforma constitucional que reconoce el derecho al cuidado en la entidad.
La propuesta plantea la creación del Sistema Estatal de Cuidados y del Padrón Estatal de Cuidados, mecanismos que tendrían como objetivo coordinar políticas públicas dirigidas tanto a las personas que requieren apoyo para realizar sus actividades cotidianas como a quienes desempeñan labores de cuidado.
De acuerdo con la iniciativa, el sistema estaría integrado por instituciones públicas, municipios, familias, comunidad y sector privado, bajo un modelo de corresponsabilidad para atender las necesidades de cuidado de la población.
Entre los objetivos del proyecto se encuentra reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, visibilizar la aportación histórica que realizan principalmente las mujeres en esta labor y garantizar derechos tanto para las personas cuidadoras como para quienes requieren atención.
La propuesta también contempla establecer las bases para coordinar programas y políticas públicas en materia de cuidados, definir las atribuciones de las autoridades estatales y municipales, así como promover la capacitación y profesionalización de las personas cuidadoras.
Asimismo, busca impulsar un cambio cultural que fomente la corresponsabilidad en las tareas de cuidado y elimine estereotipos de género asociados a estas actividades.
El legislador señaló que la iniciativa fue estructurada para dotar al estado de un marco jurídico que permita implementar de manera efectiva el derecho al cuidado reconocido recientemente en la Constitución local.
El proyecto fue turnado a las comisiones de Salud y Asistencia Social y Derechos Humanos del Congreso del Estado para su análisis y eventual dictaminación.
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Congreso del Estado
Buscan reformar la ley para la prevención, tratamiento y control de las adicciones en el estado
Se pretende garantizar que el sistema estatal de salud trate al paciente desde una perspectiva integral y no solo punitiva: dip. Luis Felipe Castro
Por: Redacción
Con la finalidad de hacer eficientes las acciones de rehabilitación de adicciones, el diputado Luis Felipe Castro Barrón presentó una iniciativa que busca reformar la Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones para el Estado en sus artículos 23 y 35.
El legislador indicó que con estas reformas, se busca armonizar el ordenamiento local con la Ley General de Salud, para eliminar el estigma y garantizar que el sistema estatal de salud trate al paciente desde una perspectiva integral y no solo punitiva.
En su exposición de motivos, el diputado señala que la evidencia clínica establece que las adicciones a sustancias psicoactivas, no son eventos aislados de la conducta, sino trastornos de la salud mental con bases neurobiológicas, como de hecho ya es contemplado en la Ley General de Salud.
La iniciativa de reforma a la Ley estatal para la Prevención, Tratamiento y Control de las Adicciones, busca transitar de un modelo de “control social” a uno de “derecho a la salud”. Se señala que la terminología “Prevención y Control” sugiere una vigilancia sobre el individuo, y lo que la propuesta busca es posicionar al paciente como un sujeto de derechos.
En lo que se refiere a la especialización del personal profesional que tiene contacto con pacientes consumidores de sustancias psicoactivas
Por otra parte, la iniciativa propone la integración de un Padrón Público de Establecimientos Residenciales de Tratamiento, el cual deberá estar disponible y actualizado en la página electrónica oficial de la Secretaría de Salud del Estado.
El legislador indica que esta medida no solo faculta a la ciudadanía para tomar decisiones informadas en momentos de crisis familiar, sino que funciona como un mecanismo de control social y fiscalización activa sobre la legalidad de dichos espacios.
La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Salud y Asistencia Social.
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