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¿Es SLP el paso más peligroso para los migrantes?
En menos de dos meses 134 migrantes han sido rescatados en municipios del altiplano potosino
Por: Ana G Silva
El 17 de mayo de 2022, fueron rescatados 34 migrantes que habían sido privados de su libertad dos días antes cuando viajaban a bordo de un autobús rumbo a Doctor Arroyo, Nuevo León, comunidad fronteriza con San Luis Potosí. Este hecho, cuenta como la segunda vez en que el estado potosino se ve involucrado en un caso de secuestro de migrantes, lo que lo vuelve un foco rojo para estas personas que intentan cruzar hacia Estados Unidos.
Los 86 rescatados en Matehuala
El primer caso fue reportado el pasado 7 de abril, cuando se inició con una búsqueda de 23 supuestos turistas provenientes de Guanajuato con destino a Saltillo, Coahuila, y que concluyó con el rescate de 86 personas secuestradas. Unidades de la Policía de Guanajuato, San Luis Potosí, la Guardia Nacional y el Ejército, liberaron a cuatro grupos de personas en distintos puntos que habían sido secuestrados al transitar por la carretera Matehuala.
En aquella tragedia la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la muerte de Joel Juárez, uno de los conductores de la empresa Grupo Eiffel, que transportaba a una parte de los desaparecidos, quien murió a golpes al ser atacado por sus captores; otros dos choferes, Joel Juárez y Luis Felipe Macías, fueron hallados con vida. En el operativo de reacción se aseguraron varios vehículos con reporte de robo, y armas de diverso calibre.
En un principio se informó que se trataba de 105 personas, no obstante, José Luis Ruiz Contreras, titular de la FGE, precisó que fueron 86 los secuestrados: 59 eran migrantes y el resto eran mexicanos.
Un supuesto audio filtrado y obtenido por el portal Aristegui Noticias, el 10 de abril, adviertió que la persona que rentó las camionetas, lo hizo con intención de movilizar a las y los migrantes. Además, se expuso que estos sucesos serían cometidos bajo el conocimiento de Eduardo Maldonado García, presidente municipal de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato.
El audio de WhatsApp, enviado por un empresario del transporte del estado de Guanajuato, señaló que Luis Ángel Ramírez, persona que contrató los servicios de Grupo Eiffel, es el que tendría contacto con el grupo criminal que trasladó y luego retuvo a los viajantes. Mientras que del alcalde de San Felipe, Guanajuato, mencionó: “entonces, pues ahí sí, ahí está toda la pinche tregua y el presidente municipal, pues ya sabe cómo está el pedo güey. Bien que sabe cómo está el pedo güey”.
Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, declaró que la fiscalía de ese estado llamaría a comparecer a todas las partes involucradas, además de mantener coordinación con Ricardo Gallardo y las dependencias de seguridad de la entidad potosina.
El mismo día que fue revelado el audio, la FGE dio a conocer que también se investigaría al Iván Estrada Guzmán, alcalde de Matehuala y a su director de la policía municipal, que fue detenido un día después junto a tres elementos más de dicha corporación luego de un operativo sorpresa realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes habrían descubierto en la oficina del titular por lo menos tres bolsitas de una sustancia que aparentemente se trataba de cocaína.
Por su parte, el presidente municipal matehualense hizo público un comunicado en el que reconoció que no tiene la capacidad para combatir la trata de personas en su demarcación y posteriormente subió un video donde indicó que hay una guerra sucia en su contra.
El presidente Andrés Manuel López dio más detalles sobre el secuestro de los migrantes durante su conferencia matutina del 11 de abril, donde destacó que hubo un intento de extorsión en la liberación de las personas que se encontraban retenidas. Aseveró que a cada persona que se encontraba privada de su libertad le fue exigida una cuota: “les estaban pidiendo 60 mil pesos a cada uno para liberarlos”.
Accionistas de la empresa de Transporte Eiffel solicitaron a las autoridades, el 13 de abril, que realicen las investigaciones correspondientes sobre el caso de los 86 migrantes que fueron rescatados en Matehuala, para así limpiar su nombre: “Fuimos víctimas del crimen organizado y lo más lamentable, que ahora de ser víctimas, pasamos a ser victimarios”.
Los empresarios aseguraron que ellos solo dieron el servicio de transporte. Uno de los propietarios, declaró que el servicio de transporte fue solicitado como cualquier otro y que en esta ocasión el traslado era para una familia; también exhortó a las autoridades a que conozcan la ruta, ya que en ella se muestran puntos claves donde debería haber cámaras de vigilancia, como en una gasolinera de nombre Pocitos en el libramiento de Matehuala en San Luis Potosí , lugar donde se presume fue donde secuestraron las unidades; agregaron que al darse cuenta que las unidades no estaban siguiendo la ruta adecuada, denunciaron a las autoridades el hecho.
La Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) de la FGE, consiguió que fueran vinculados a proceso, el 15 de abril, dos individuos que habrían participado en la privación de la libertad de un grupo de migrantes en Matehuala. Jesús “N” y Francisco “N”, quedaron en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Estos hombres fueron detenidos por la Policía de Investigación (PDI) el 6 de abril de 2023, cuando detectaron que tenían secuestradas a al menos nueve víctimas y por las cuales pedían a sus familiares un rescate económico.
Fue hasta el 5 de mayo, cuando el medio nacional Reporte Índigo difundió audios en redes sociales en el que se vincula al alcalde de Matehuala directamente con un grupo del crimen organizado. Luego de esto, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, y la diputada petista Verónica Segovia, presidenta de la mesa Directiva del Congreso del Estado, pidieron al edil aclarar el tema.
En uno de los audios en cuestión se logra escuchar al presidente municipal de Matehuala decir que está dispuesto a “jugármela con el cártel”, a quien además brinda acceso completo a esta zona del Altiplano potosino para así mantener sus operaciones sin ningún tipo de contratiempo. También aseguró que se avecina un año político “movido”, por lo que deben reforzar los trabajos contra la delincuencia organizada.
El secuestro del autobús
El portal Astrolabio dio a conocer sobre el secuestro de un autobús el pasado 15 de mayo, que partió de Tapachula, Chiapas, con destino a Monterrey, Nuevo León, con 50 personas migrantes de origen centroamericano y dos operadores en la carretera 57, en San Luis Potosí, a pocos kilómetros del entronque El Huizache. Sin embargo, el gobierno del estado potosino indicó que el hecho se suscitó en el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León.
Seis de los migrantes secuestrados escaparon hasta llegar, la tarde del miércoles 17 de mayo, a Matehuala, allí fueron apoyados por la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil Estatal. Su testimonio sirvió para que las autoridades de San Luis Potosí implementaran un operativo de búsqueda, internándose en el estado de Nuevo León, en la comunidad Cruz de Elorza, donde encontraron con vida a 34 personas más: 10 niños, 14 mujeres y 10 hombres.
El secuestro se suscitó el pasado lunes durante la madrugada, cuando los delincuentes, vestidos como policías, abordaron el autobús, les quitaron sus pertenencias y tomaron fotografías a cada uno. Sus captores se quejaron de que el chofer no se “había reportado con ellos, que ya había pasado varias veces por la carretera 57 sin avisarles”. Luego los condujeron a una casa abandonada en la comunidad Cruz de Elorza y los amontonaron ahí.
De los secuestrados, 15 lograron escapar, 9 caminaron rumbo al norte y fueron hallados por autoridades de Nuevo León la noche del martes 16 de mayo, los otros seis caminaron rumbo al sur durante 16 horas hasta llegar a la cabecera municipal de Matehuala.
Perfecto Vázquez, dueño de la empresa de transporte confirmó que los dos conductores del autobús que transportaban al grupo de migrantes secuestrados aparecieron el 19 de mayo, quienes llegaron por medios propios a sus domicilios en Tlaxcala. Agregó que los dos trabajadores se encontraban golpeados y traumatizados, además, señaló que serán trasladados a la Fiscalía de Tlaxcala.
El territorio potosino es paso obligado del grueso de los miles de migrantes sudamericanos que al año intentan cruzar la frontera norte rumbo a los Estados Unidos.
También lee: Migrantes secuestrados, la historia completa
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Estafan a potosinos a nombre de Gobierno Federal
Denuncian fraude con supuestos empleos en una inexistente subsecretaría de la SEP en San Luis Potosí
Por: Carlos Hernández
A inicios de 2025, cientos de personas en San Luis Potosí comenzaron a construir una esperanza: conseguir un empleo dentro del Gobierno Federal. La oferta les fue presentada como parte de una nueva dependencia adscrita a la Secretaría de Educación Pública (SEP), identificada como la “Subsecretaría de Auditoría y Control”, supuestamente creada para supervisar el uso de recursos públicos en escuelas del país.
Los indicios apuntan a un elaborado esquema de fraude que podría haber afectado a más de 500 personas, con una estructura de operación activa y oficinas abiertas en la ciudad. La Orquesta ha recopilado testimonios, documentos y evidencias visuales, y verificó con una fuente al interior del Gobierno Federal que no existe tal subsecretaría, ni ningún órgano con esas funciones o nombre registrado en el Diario Oficial de la Federación.
La supuesta oficina de reclutamiento se ubica en Mariano Ávila #224 en la capital potosina. Según testigos (los cuales pidieron permanecer en el anonimato), ahí fueron atendidos los aspirantes para entregar documentación y cubrir el pago de cuotas para su supuesto ingreso a la “subsecretaría”. Justo a un costado del inmueble se localiza el domicilio de Norma Judith Loredo Hernández, nombrada gobernadora indígena del estado de San Luis Potosí y es señalada como la principal operadora del esquema.

Mariano Ávila #224

Foto de las sesiones para registrar a los supuestos aspirantes donde firman y dan sus documentos

Norma Judith Loredo supuestamente en reuniones con SEGE sobre el tema del #nuevo órgano de Control y Auditoría”
En este lugar se recaban papeles personales, se entrega un supuesto “manual de operaciones” y se les convence de que están siendo parte de un proceso formal de incorporación laboral. Incluso, algunos documentos presentados tienen logotipos del Gobierno de México y sellos apócrifos.

Supuesto manual de operaciones

Documentos con logotipos del gobierno federal y sellos apócrifos
Los reclutadores aparecieron en un programa de televisión abierta de la Ciudad de México titulado “Con M de Mañanita”, donde expusieron públicamente la existencia de la presunta subsecretaría y su operación nacional. Esto fue usado como una forma de validar el proyecto ante los aspirantes y fortalecer la percepción de legitimidad.
Uno de los momentos clave del presunto fraude ocurrió el 14 de enero de 2025, cuando varias personas reclutadas fueron dadas de alta durante dos semanas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Pero, lejos de tratarse de un trámite institucional, la alta se hizo a través de una empresa outsourcing con domicilio en Puebla. Una fuente interna del IMSS confirmó a los afectados que la afiliación duró exactamente 15 días, tras los cuales fueron dados de baja sin explicación oficial.
Parte del presunto esquema incluía una supuesta afiliación obligatoria al “Sindicato Único Nacional de Trabajadores de Auditorías Internas y Control”, el cual no tiene registro oficial conocido. Por este concepto, los denunciantes aseguran que se les pidieron pagos de entre 6 mil a 15 mil pesos para asegurar su entrada como trabajadores de base del Gobierno Federal.

Formato de afiliación del supuesto sindicato
A pesar de que se les prometieron nombramientos y sueldos mensuales cercanos a los 20 mil pesos, hasta ahora nadie ha recibido un solo pago ni una constancia oficial.
Uno de los principales recursos usados para dar veracidad al proyecto fue un supuesto decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, La Orquesta comprobó con fuentes federales que dicho decreto corresponde a otro tema y fue manipulado para aparentar que validaba la existencia de esta nueva subsecretaría. No hay, en ninguna parte del documento, evidencia de que se haya creado una estructura administrativa similar.
Checa el documento dando click AQUÍ.
Las personas afectadas relatan que no solo fueron víctimas de una estafa económica, sino también de una profunda vulneración emocional y social. En su mayoría, se trata de ciudadanos de bajos recursos que vieron en esta oportunidad una manera legítima de mejorar sus condiciones de vida.
Este medio hace un llamado a las autoridades estatales y federales, así como a la Fiscalía General del Estado, para investigar de fondo el caso y deslindar responsabilidades penales, tanto por uso indebido de documentos oficiales como por presunto fraude masivo.
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Iniciativas ciudadanas no pasan en el Congreso de SLP
El empresario Jaime Chalita manifestó que respeta la decisión del Legislativo, aunque también ha tenido acercamiento con diputados para el acompañamiento de su iniciativa
Por: Redacción
Jaime Chalita Zarur, ciudadano y empresario potosino, presentó una iniciativa al Congreso del Estado de San Luis Potosí, para reformar la Ley de Hacienda para los Municipios, con el objetivo de permitir que los ayuntamientos otorguen incentivos fiscales a las empresas que acrediten contar con infraestructura sustentable certificada.
En entrevista, habló de las iniciativas ciudadanas que son recibidas por la Legislatura local, y en su mayoría, son desechadas. En ese sentido, manifestó que es una decisión expresa del trabajo legislativo y cuya labor no desestima.
“Si las aprueban o las desechan, es cuestión de la conjunción de lo que quiere hacer el Congreso, lo cual yo respeto”, sostuvo.
El empresario dijo mantener cercanía con el legislador Luis Emilio Rosas Montiel, quien ha orientado el proceso para lograr el avance de dicha propuesta.
El Congreso del Estado de San Luis Potosí ha manifestado en diversas ocasiones que las iniciativas ciudadanas no caducan, a diferencia de las presentadas por las y los legisladores.
Sin embargo, diversas organizaciones civiles han manifestado en reiteradas ocasiones que las y los diputados no resuelven las iniciativas presentadas desde la sociedad civil en materias como la despenalización del aborto, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, las consultas y propuestas en favor de las personas con discapacidad, entre otras.
Además que las y los legisladores suelen pronunciarse a favor de algunas de sus causas, pero no dan seguimiento a las mismas. Así mismo, que el acercamiento con ellos es superficial, pues buscan “tomarse la foto”, pero no dan seguimiento a las iniciativas presentadas desde la sociedad civil, con alianzas simuladas y sin notificar del avance de sus propuestas.
También lee: Propone Jaime Chalita incentivos fiscales a empresas sustentables
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Hasta cuatro aseguramientos por huachicoleo a la semana, reporta SSPCE
El secretario Jesús Juárez dijo que las detenciones de tractocamiones ocurren en la carretera 57; los casos son canalizados a la FGR
Por: Redacción
El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández, habló sobre el problema del huachicoleo en San Luis Potosí. Informó que se han registrado altos índices de aseguramientos, principalmente de tractocamiones en la carretera 57.
“Todas las semanas realizamos entre tres y cuatro aseguramientos, mismos que ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR). Todo ha sido de la mano con la Fiscalía y la Guardia Nacional, que han hecho operativos contra el huachicol que serán permanentes”, declaró Juárez Hernández.
Detalló que la SSPC únicamente funge como entidad preventiva , y que una vez canalizados los casos a la FGR, la corporación deja de participar en el proceso y no recibe retroalimentación posterior.
Sobre los vehículos detenidos en la carretera 57, indicó que los arrestos se realizan en distintos puntos, principalmente en los tramos que van de la capital a Santa María del Río y de San Luis Potosí al Huizache.
Finalmente, aclaró que en lo que respecta al huachicoleo en ferrocarriles, la autoridad estatal no tiene injerencia, ya que se trata de infraestructura federal.
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