noviembre 24, 2025

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¿Es SLP el paso más peligroso para los migrantes?

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En menos de dos meses 134 migrantes han sido rescatados en municipios del altiplano potosino

Por: Ana G Silva

El 17 de mayo de 2022, fueron rescatados 34 migrantes que habían sido privados de su libertad dos días antes cuando viajaban a bordo de un autobús rumbo a Doctor Arroyo, Nuevo León, comunidad fronteriza con San Luis Potosí. Este hecho, cuenta como la segunda vez en que el estado potosino se ve involucrado en un caso de secuestro de migrantes, lo que lo vuelve un foco rojo para estas personas que intentan cruzar hacia Estados Unidos.

 

Los 86 rescatados en Matehuala

El primer caso fue reportado el pasado 7 de abril, cuando se inició con una búsqueda de 23 supuestos turistas provenientes de Guanajuato con destino a Saltillo, Coahuila, y que concluyó con el rescate de 86 personas secuestradas. Unidades de la Policía de Guanajuato, San Luis Potosí, la Guardia Nacional y el Ejército, liberaron a cuatro grupos de personas en distintos puntos que habían sido secuestrados al transitar por la carretera Matehuala.

En aquella tragedia la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la muerte de Joel Juárez, uno de los conductores de la empresa Grupo Eiffel, que transportaba a una parte de los desaparecidos, quien murió a golpes al ser atacado por sus captores; otros dos choferes, Joel Juárez y Luis Felipe Macías, fueron hallados con vida. En el operativo de reacción se aseguraron varios vehículos con reporte de robo, y armas de diverso calibre.

En un principio se informó que se trataba de 105 personas, no obstante, José Luis Ruiz Contreras, titular de la FGE, precisó que fueron 86 los secuestrados: 59 eran migrantes y el resto eran mexicanos.

Un supuesto audio filtrado y obtenido por el portal Aristegui Noticias, el 10 de abril, adviertió que la persona que rentó las camionetas, lo hizo con intención de movilizar a las y los migrantes. Además, se expuso que estos sucesos serían cometidos bajo el conocimiento de Eduardo Maldonado García, presidente municipal de San Felipe Torres Mochas, Guanajuato.

El audio de WhatsApp, enviado por un empresario del transporte del estado de Guanajuato, señaló que Luis Ángel Ramírez, persona que contrató los servicios de Grupo Eiffel, es el que tendría contacto con el grupo criminal que trasladó y luego retuvo a los viajantes. Mientras que del alcalde de San Felipe, Guanajuato, mencionó: “entonces, pues ahí sí, ahí está toda la pinche tregua y el presidente municipal, pues ya sabe cómo está el pedo güey. Bien que sabe cómo está el pedo güey”.

Diego Sinhue Rodriguez Vallejo, gobernador del estado de Guanajuato, declaró que la fiscalía de ese estado llamaría a comparecer a todas las partes involucradas, además de mantener coordinación con Ricardo Gallardo y las dependencias de seguridad de la entidad potosina.

El mismo día que fue revelado el audio, la FGE dio a conocer que también se investigaría al Iván Estrada Guzmán, alcalde de Matehuala y a su director de la policía municipal, que fue detenido un día después junto a tres elementos más de dicha corporación luego de un operativo sorpresa realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), quienes habrían descubierto en la oficina del titular por lo menos tres bolsitas de una sustancia que aparentemente se trataba de cocaína.

Por su parte, el presidente municipal matehualense hizo público un comunicado en el que reconoció que no tiene la capacidad para combatir la trata de personas en su demarcación y posteriormente subió un video donde indicó que hay una guerra sucia en su contra.

El presidente Andrés Manuel López dio más detalles sobre el secuestro de los migrantes durante su conferencia matutina del 11 de abril, donde destacó que hubo un intento de extorsión en la liberación de las personas que se encontraban retenidas. Aseveró que a cada persona que se encontraba privada de su libertad le fue exigida una cuota: “les estaban pidiendo 60 mil pesos a cada uno para liberarlos”.

Accionistas de la empresa de Transporte Eiffel solicitaron a las autoridades, el 13 de abril, que realicen las investigaciones correspondientes sobre el caso de los 86 migrantes que fueron rescatados en Matehuala, para así limpiar su nombre: “Fuimos víctimas del crimen organizado y lo más lamentable, que ahora de ser víctimas, pasamos a ser victimarios”.

Los empresarios aseguraron que ellos solo dieron el servicio de transporte. Uno de los propietarios, declaró que el servicio de transporte fue solicitado como cualquier otro y que en esta ocasión el traslado era para una familia; también exhortó a las autoridades a que conozcan la ruta, ya que en ella se muestran puntos claves donde debería haber cámaras de vigilancia, como en una gasolinera de nombre Pocitos en el libramiento de Matehuala en San Luis Potosí

, lugar donde se presume fue donde secuestraron las unidades; agregaron que al darse cuenta que las unidades no estaban siguiendo la ruta adecuada, denunciaron a las autoridades el hecho.

La Unidad Especializada de Combate al Secuestro (UECS) de la FGE, consiguió que fueran vinculados a proceso, el 15 de abril, dos individuos que habrían participado en la privación de la libertad de un grupo de migrantes en Matehuala. Jesús “N” y Francisco “N”, quedaron en prisión preventiva oficiosa como medida cautelar. Estos hombres fueron detenidos por la Policía de Investigación (PDI) el 6 de abril de 2023, cuando detectaron que tenían secuestradas a al menos nueve víctimas y por las cuales pedían a sus familiares un rescate económico.

Fue hasta el 5 de mayo, cuando el medio nacional Reporte Índigo difundió audios en redes sociales en el que se vincula al alcalde de Matehuala directamente con un grupo del crimen organizado. Luego de esto, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, y la diputada petista Verónica Segovia, presidenta de la mesa Directiva del Congreso del Estado, pidieron al edil aclarar el tema.

En uno de los audios en cuestión se logra escuchar al presidente municipal de Matehuala decir que está dispuesto a “jugármela con el cártel”, a quien además brinda acceso completo a esta zona del Altiplano potosino para así mantener sus operaciones sin ningún tipo de contratiempo. También aseguró que se avecina un año político “movido”, por lo que deben reforzar los trabajos contra la delincuencia organizada.

 

El secuestro del autobús

El portal Astrolabio dio a conocer sobre el secuestro de un autobús el pasado 15 de mayo, que partió de Tapachula, Chiapas, con destino a Monterrey, Nuevo León, con 50 personas migrantes de origen centroamericano y dos operadores en la carretera 57, en San Luis Potosí, a pocos kilómetros del entronque El Huizache. Sin embargo, el gobierno del estado potosino indicó que el hecho se suscitó en el municipio de Doctor Arroyo, Nuevo León.

Seis de los migrantes secuestrados escaparon hasta llegar, la tarde del miércoles 17 de mayo, a Matehuala, allí fueron apoyados por la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado y la Guardia Civil Estatal. Su testimonio sirvió para que las autoridades de San Luis Potosí implementaran un operativo de búsqueda, internándose en el estado de Nuevo León, en la comunidad Cruz de Elorza, donde encontraron con vida a 34 personas más: 10 niños, 14 mujeres y 10 hombres.

El secuestro se suscitó el pasado lunes durante la madrugada, cuando los delincuentes, vestidos como policías, abordaron el autobús, les quitaron sus pertenencias y tomaron fotografías a cada uno. Sus captores se quejaron de que el chofer no se “había reportado con ellos, que ya había pasado varias veces por la carretera 57 sin avisarles”. Luego los condujeron a una casa abandonada en la comunidad Cruz de Elorza y los amontonaron ahí.

De los secuestrados, 15 lograron escapar, 9 caminaron rumbo al norte y fueron hallados por autoridades de Nuevo León la noche del martes 16 de mayo, los otros seis caminaron rumbo al sur durante 16 horas hasta llegar a la cabecera municipal de Matehuala.

Perfecto Vázquez, dueño de la empresa de transporte confirmó que los dos conductores del autobús que transportaban al grupo de migrantes secuestrados aparecieron el 19 de mayo, quienes llegaron por medios propios a sus domicilios en Tlaxcala. Agregó que los dos trabajadores se encontraban golpeados y traumatizados, además, señaló que serán trasladados a la Fiscalía de Tlaxcala.

 

El territorio potosino es paso obligado del grueso de los miles de migrantes sudamericanos que al año intentan cruzar la frontera norte rumbo a los Estados Unidos.

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Ayuntamiento de SLP

Sin incrementos y moderada, cabildo capitalino aprueba Ley de Ingresos 2026

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Esta sesión se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución

 

Por: Redacción

El Ayuntamiento de la Capital avaló la propuesta por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos, enfocada en ordenar trámites y fortalecer la recaudación. A nombre de la ciudad, el alcalde Enrique Galindo hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar esta iniciativa con apertura y sensibilidad.

Durante la sesión ordinaria celebrada este lunes en las instalaciones del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el Cabildo de la Capital aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, en el que se contempla prácticamente el mismo monto que en 2025, por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos. El documento será turnado al Congreso del Estado para su revisión y eventual autorización.

El presidente Municipal reiteró su petición —“a nombre de la ciudad”— al Congreso del Estado para que analice la iniciativa con apertura, al ser prácticamente idéntica en cifras a la del ejercicio anterior. Señaló que el próximo año implica compromisos financieros relevantes y que la administración hará un esfuerzo de gestión para responder a las necesidades de la Capital.

Enrique Galindo Ceballos explicó que se trata de una propuesta moderada, con montos similares a los autorizados el año pasado, y que incorpora ajustes normativos orientados a mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal. Detalló que la iniciativa revisa y clarifica procesos como licencias de funcionamiento y de construcción, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía realice trámites y que más contribuyentes en situación irregular puedan regularizarse.

Esta Sesión Ordinaria de Cabildo se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución.

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Destacadas

Caso Rich: dos familias otorgan perdón; el resto exige justicia

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Dos familias otorgaron el perdón legal a los imputados tras recibir indemnizaciones de 150 mil y 250 mil pesos

Por: Redacción

En una audiencia larga, tensa y llena de episodios inesperados, dos de las familias de jóvenes lesionadas en el colapso del barandal del antro Rich —tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en plaza Alttus— decidieron otorgar el perdón legal a los imputados, después de recibir indemnizaciones que oscilaron entre los 150 mil y los 250 mil pesos.

De acuerdo con El Universal San Luis, el acuerdo, alcanzado en una sola sesión, provocó molestia e indignación entre el resto de las víctimas, quienes insisten en que no buscan un arreglo económico, sino justicia.

Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, lamentó la decisión de las jóvenes “A” y “R” —quienes acudieron acompañadas de sus madres— de desistir de cualquier acción penal.

“Ese fue el valor que le dieron a su vida y a sus lesiones. Es triste. Pero para nosotros la lucha sigue; no descansaremos hasta que haya una sentencia que deje un antecedente y evite que algo así vuelva a ocurrir”, señaló.

La audiencia se tornó aún más caótica cuando los abogados del despacho LEE, encabezados por el litigante Marco Polo Méndez —representantes de los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N.—

abandonaron la sala de juicios orales, en lo que las demás partes consideraron una maniobra de presión y un acto grave de falta de profesionalismo.

“Fue una audiencia desgastante, llena de tácticas impropias. No se vale dejar botados a los propios representados en plena sala. Es una rebeldía que demuestra nulo compromiso con la verdad”, acusó Infante.

Aunque dos familias aceptaron las compensaciones —150 mil pesos para Andrea Reyna y 250 mil para Renata Portillo, quien era menor de edad el día del accidente— otras víctimas reiteraron que no aceptarán una salida alterna ni un juicio abreviado, figuras a las que la defensa intenta acogerse.

El colapso del barandal, ocurrido en un tercer nivel del antro Rich, dejó dos jóvenes muertos y más de diez heridos. Las investigaciones posteriores revelaron que el lugar operaba con sobrecupo, sin permisos adecuados y sin cumplir con medidas básicas de Protección Civil.

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Ciudad

Galindo reconoce que casi no hay denuncias por daños vehiculares

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El Ayuntamiento tiene menos de 10 reportes formales, aunque asegura que atiende el 90% de los baches que llegan por la app Güicho

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que son muy pocas las denuncias formales de automovilistas que reclaman daños en sus vehículos debido a los baches de la ciudad. Señaló que, hasta el momento, el Ayuntamiento no tiene más de 10 reportes.

Galindo afirmó que la mayoría de las quejas se quedan en redes sociales, lo cual —insistió— no permite iniciar ningún proceso: “La denuncia en redes no nos ofrece identidad, no sabemos dónde ocurrió ni los detalles. Yo invito a la gente a que se acerque con nosotros.”

El edil explicó que el municipio ha realizado un “esfuerzo muy fuerte” para atender los reportes que ingresan por la aplicación Güicho, donde aseguró que se ha atendido casi el 90% de los reportes. Sin embargo, reconoció que “mucho no llega” por esa vía y que las cuadrillas siguen recorriendo la ciudad para detectar y tapar baches.

Galindo adelantó que para el próximo año se implementará un mecanismo nuevo relacionado con este programa de atención a daños vehiculares, aunque no quiso revelar detalles “hasta que esté consolidado”.

El alcalde también detalló el protocolo que sigue el Ayuntamiento cuando un bache provoca daños o un accidente: Primero se tapa el bache, para evitar más incidentes. Luego se atiende a la persona afectada, siempre y cuando exista una denuncia formal.

Pese a ello, insistió en que la falta de cultura de denuncia limita la posibilidad de que más ciudadanos accedan a este mecanismo de reparación: “Sí llegan muy pocas denuncias formales.”

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Opinión

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