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Entre carencias, miedo y emoción, estudiantes vuelven hoy a las escuelas de SLP
Docentes y alumnos presentan diversos puntos de vista sobre el regreso a la aulas
Por: Karina González
Con temor al contagio de covid-19 y a la vez el entusiasmo de regresar a las clases presenciales, saludar a compañeros y amigos, así como la necesidad de recuperar lo más de 18 meses sin clases presenciales, este lunes 30 de agosto los alumnos y alumnas de primaria, secundaria y preparatoria en San Luis Potosí comenzarán el retorno escalonado a la nueva normalidad escolar.
Ante este inevitable regreso, La Orquesta entrevistó a algunas personas para conocer su opinión sobre las clases presenciales pese a la tercera ola de covid-19 que azota al país, los entrevistados manifestaron emoción, nervios y disgusto, por esta decisión que algunos creen necesaria y otros apresurada.
Laura Castillo, es doctora en gestión educativa y docente de nivel primaria y preparatoria en la capital potosina, ella compartió que si bien es necesario recuperar en los alumnos una educación integral, señaló que por ahora el regreso debe ser escalonado, híbrido y con el compromiso de los padres de familia para que desde casa, concienticen a sus hijos sobre la importancia de mantener las normas de higiene y sana distancia para prevenir los contagios en el interior de los centros educativos.
La profesora reconoció que es difícil tener a los niños sin contacto con otros compañeros, pues relató que para un pequeño es normal convivir e interactuar a través del juego con otros alumnos “no estamos en condiciones óptimas favorables para que los niños puedan convivir como lo hacíamos, es muy complicado porque en nivel primaria los niños pequeñitos quieren interactuar y jugar con los demás, agarran materiales y se corren más riesgos y ni siquiera están vacunados”, expresó.
La especialista insistió en que el regreso forzosamente debe ser híbrido, pues reconoció que las escuelas públicas de San Luis Potosí no tienen las herramientas para garantizar un regreso seguro y con bajo riesgo de contagio, toda vez que los alumnos menores de 18 años ni siquiera cuentan con la vacuna contra el virus, por lo que la inmunidad colectiva todavía no está en proceso, “no se cuenta con los insumos necesarios sobre todo de limpieza, podemos ver que las que se encuentran en la ciudad pueden tener la infraestructura, pero faltan insumos como cloro, jabón, gel, las autoridades no han brindado kits de limpieza y se tiene que solicitar el apoyo de los padres de familia igual con el aseo”, lamentó. Reconoció la labor de los padres de familia para ayudar a mantener una escuela libre de contagio a través de brigadas de limpieza, también resaltó que en la capital potosina muchas escuelas son de doble turno y esto dificulta una correcta sanitización de áreas.
Laura Castillo dijo estar a favor de volver a clases y señaló que le entusiasma estar de nuevo frente al grupo, sin embargo, recalcó que una labor del docente será reaprender junto a sus alumnos los hábitos de higiene y reforzarlos para evitar contagios, hizo hincapié en que esto se podrá lograr solo con la colaboración de los padres de familia, sin importar el grado académico que cursen sus hijos, además, mencionó que será importante respetar el horario escalonado y así evitar que los alumnos se vayan en grupos a la hora de salida, “hay que hacerlos reflexionar y que dimensionen qué tanto podría afectar que tengan contacto entre ellos fuera de la escuela y no cuidarse. Y que al retirarse del aula realmente vayan a su casa y que se respete la salida escalonada para evitar aglomeraciones”, dijo.
El tema cambia en las escuelas rurales, cuya realidad es otra:
Diana Chávez es docente de telesecundaria en el municipio de Aquismón y originaria de Ciudad Valles, se traslada diariamente a la comunidad Los Hornos, en dónde imparte clases, relató que en comparación con las escuelas de la capital que además de una amplia infraestructura cuentan con servicios básicos, en la escuela en la que ella labora no hay agua potable, acceso a internet con facilidad y además la vacunación para los habitantes de esa zona tuvo una baja respuesta debido a creencias propias de la cultura de la región.
“Estoy en contra, en cuanto a mi perspectiva personal y área de trabajo. Pues es que de principio allá no se vacunaron por pensamientos de culturas y religiones y miedos. No hay agua potable. No hay recursos económicos para comprar insumos de limpieza, no tienen hábitos de higiene, será súper difícil hacerlos mantener el cubrebocas todo el día y que se laven las manos”, lamentó.
La maestra mencionó que debido a que en Ciudad Valles se mantiene alto el riesgo de contagios, el que los docentes se trasladen desde ese municipio al de Aquismón diariamente, sería también poner en riesgo a los alumnos y familiares de ellos 
La profesora resaltó que ni la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) han implementado la entrega de materiales e insumos de limpieza o apoyo con recursos para una correcta higiene y sanitización, además de la falta de personal de intendencia en muchas escuelas.
Cabe señalar que esta escuela telesecundaria inició una colecta de materiales de higiene, para poder dar mantenimiento constante a la escuela, debido a que también, por ser de una comunidad rural, se complica que los padres de familia cooperen para este tipo de actividades por la marginación económica que se vive en lugares arraigados de la huasteca sur.
Los alumnos están deseoso de volver, pero también tienen miedo.
Para algunos estudiantes el panorama es incierto, pues no imaginan una escuela donde no puedan trabajar en equipo, compartir el lunch o reunirse después de clases a hacer alguna tarea o simplemente para pasar el día o acompañarse de camino a casa.
Nathaly Paola González iniciará el nivel medio superior y ni siquiera recuerda bien a sus compañeros de secundaria, su graduación fue virtual y dice sentirse insegura de no tener los conocimientos suficientes para iniciar un nuevo nivel académico; además, señaló estar preocupada sobre la forma en que va a interactuar con sus compañeros, pues argumentó que siente que es un gran cambio haber estado en segundo de secundaria cuando se ordenó el confinamiento y ahora volver a una escuela que no conoce, con un sistema totalmente diferente al que vivió.
“Pues me preocupa un poco el regreso, no sé, no sé si pueda hacer amigos pronto y me preocupan las materias que voy a llevar, tampoco se nos ha informado mucho sobre los protocolos y las medidas pero mis papás ya me dijeron que no puedo tener mucho contacto con otras personas porque ya nos dio covid el año pasado y afortunadamente no fue grave, pero sí tenemos miedo de volver a contagiarnos, aunque lo bueno es que mis papás ya tienen la vacuna, pero yo no y mi sobrina de kinder tampoco”, dijo.
Por otro lado, Paulina Martínez de tan solo ocho años de edad, dijo que el sistema de clases a distancia le funcionó bien, pues toma clases en un colegio particular que siempre estuvo al pendiente de ella, pero acotó que sus primos no vivieron los mismo, porque no se conectaban con frecuencia a las clases en escuelas públicas, tampoco veían los mismos temas y no conocían a sus compañeros. Sin embargo, dijo estar muy contenta de volver a clases y describió que en su escuela ya les informaron sobre todos los protocolos y filtros que deberán pasar para un ingreso seguro.
“Mi mamá ya me dijo cómo tengo que lavarme las manos y ponerme gel, también nos dijeron que nos van a checar la temperatura y nos tenemos que lavar las manos antes de entrar y tienen unos tapetes para limpiar los pies, además los señores que limpian la escuela van a sanitizar antes y después de clases y tenemos que llevar caretas y cubrebocas o lentes de los transparentes, pero yo estoy emocionada porque veré a mis amigas después de mucho tiempo”, finalizó.
San Luis Potosí, sus escuelas, docentes y estudiantes se embarcan este lunes en el reto más grande de sus historia, y muy pronto se verá si los esfuerzos personales e institucionales son suficiente para avanzar pequeños pasos a la normalidad.
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La magistrada presidenta del STJE dice que el Congreso apenas verá la declaratoria en septiembre, mientras Matehuala funciona como piloto
Por: Haniel Valdés Velázquez
Ante la pregunta sobre el avance en la implementación de los juicios orales en materia civil y familiar, la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que el Congreso del Estado se encuentra en receso y que el Poder Judicial espera hasta septiembre para definir lo relacionado con la declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
Zarazúa explicó que la reforma tiene una dimensión “impresionante” —mayor, dijo, a la que en su momento representó la materia penal— y adelantó que el Poder Judicial evalúa una implementación paulatina, además de insta lar mesas de trabajo sobre temas pendientes, entre ellos la relación con los notarios y la armonización del Código Familiar y el Código Civil del estado.
Detalló que desde hace un año el Poder Judicial realiza pruebas piloto, pensadas inicialmente para arrancar en Matehuala, “precisamente porque hay muchos temas que ver.”
Entre los pendientes que enumeró están la construcción de salas orales, la toma de protesta de dos jueces ya electos en materia oral que “no han tomado precisamente cargo,” y la certificación del personal.
Consultada sobre si San Luis Potosí llegará a tiempo al plazo federal del 1 de abril de 2027, Zarazúa respondió enumerando el trabajo en curso, sin precisar una fecha de conclusión.
También lee: Al PJE le quedan 3 meses para hacer lo que no hizo en 4 años
Lunes 17 de agosto de 2026
Culto Público, hijos del domingo en la noche me acordé de la cartulina:
El Poder Judicial potosino amaneció con dos relojes atrasados.
Uno dice que hoy no puede con lo que tiene y el otro tiene alarma para el 1 de abril de 2027.
Esa alarma es de las que no se pueden ni detener ni “*dame otros 5 minutitos”*
EL PODER JUDICIAL TIENE 227 DÍAS. PARA LO QUE NO HIZO EN 4 AÑOS Y 500 NOCHES.
Este es el tema del día y es investigación de La Orquesta.
El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares fue publicado en junio de 2023 y fijó el 1 de abril de 2027 como fecha máxima para que opere la nueva justicia civil y familiar.
No es sugerencia. No hay prórroga.
Tampoco se trata de cambiar formatos y ponerle nueva portada a los expedientes.
La reforma exige juicios orales, salas equipadas, expedientes electrónicos, videoconferencias, conectividad y personal capacitado.
El problema es el calendario.
Si la infraestructura depende del presupuesto 2027, al Poder Judicial podrían quedarle enero, febrero y marzo para hacer lo que sabía desde hace casi cuatro años que tendría que hacer.
Y la ley entra en vigor aunque San Luis no esté listo.
Una demanda presentada el 2 de abril tendrá que procesarse con las nuevas reglas.
Es una escena bastante extraordinaria: el Poder Judicial podría terminar incumpliendo una ley porque el propio Poder Judicial no construyó a tiempo las condiciones para cumplirla.
Y no está preparando el nuevo sistema desde una cancha vacía:
Jorge Chessal calcula que la Fiscalía podría acumular 23 o 24 mil carpetas este año y advierte que la llegada de nuevos juzgadores no ha resuelto la saturación. (Pulso trae de 8 este certero apunte de el prestigiado abogado Jorge -quebonitonombre- Chessal)
LA SENTENCIA QUE LLEVA DOS AÑOS ESPERANDO A SER DESCUBIERTA
Este es otro hallazgo documental de Pulso.
Sonia Mendoza, titular de Segam, sostiene que todavía espera una resolución definitiva para determinar quién debe retirar el lirio acuático de la presa San José.
El problema es que la resolución existe.
El Segundo Tribunal Colegiado resolvió desde el 31 de enero de 2024 y vinculó al gobernador, Segam, CEA e Interapas.
Puede haber actuaciones pendientes para cumplir la sentencia. Eso merece explicación.
Lo que no está pendiente es la sentencia.
SALVITA: LA EXIGENCIA SALE A LA CALLE
Este es tema de seguimiento.
Estudiantes de la UASLP marcharán el miércoles 19 de agosto a las 14:00 horas, desde Criminología hasta la Fiscalía, para exigir justicia por el asesinato de Gabriel Salvador Martínez Flores.
Las autoridades hablan de presuntos responsables identificados.
Los estudiantes están pidiendo el siguiente verbo: detenidos.
ELECTORAL POTOSINO | TRES PUEDEN SER MULTITUD
El Heraldo de México coloca hoy a San Luis en la conversación nacional con dos datos que juntos hacen ruido.
Morena encabeza las preferencias como partido, pero Ruth González aparece adelante en los careos personales. Al mismo tiempo, se plantea la posibilidad de que Morena, PVEM y PT compitan separados en 2027.
Abusados: encuesta no es resultado y escenario no es candidatura.
La alianza en SLP a la gubernatura desde hace mucho parece lejana, el nombre de la candidata Verde muy conocido y un As bajo la manga que se asoma o se sospecha para jugada clave de último minuto.
BARRIDO NACIONAL | ANDY NO PUEDE IR A DISNEY
…y quizá pronto a ningún otro lado.
La cancelación de la visa estadounidense de Andrés Manuel López Beltrán se comió buena parte de la conversación nacional.
La Embajada de Estados Unidos
Ahí apareció el vacío perfecto para que cada quien meta lo suyo.
La oposición intenta relacionar el episodio con investigaciones y posibles irregularidades; del otro lado se presenta como persecución política contra el hijo del expresidente. Y en medio ya comenzó la inevitable especulación sobre qué significa todo esto para su futuro dentro de Morena.
Es curioso: Andy pasa en cuestión de días de dirigente cuestionado a víctima geopolítica y de ahí a posible activo electoral.
—Disculpe, ¿me dijo que la nieve la quería de limón, verdad?—
CONVERSACIÓN DE COLUMNAS
Adriana Ochoa publicó ayer su columna de lectura obligada para todo aquel que se diga interesado en el tema público, “La Cábala” con una entrega titulada En azul craquelado.
Su lectura más filosa para esta semana: reducir las precampañas a 20 días beneficia especialmente a quienes lleguen con estructura, territorio y candidatura prácticamente resueltos.
La campaña formal se hizo más corta.
La campaña real, evidentemente, no.
La conversación local coincide además en otro asunto: cambiar personas no necesariamente cambia instituciones.
El Poder Judicial ya tiene nuevos juzgadores, pero conserva el cuello de botella en impartir justicia porque los juzgadores nuevos no dan una…
LOS 3 HALLAZGOS
1. EL PLAZO QUE NO SE MUEVE. El nuevo sistema civil y familiar deberá operar el 1 de abril de 2027 aunque el Poder Judicial potosino no esté materialmente preparado.
2. LA SENTENCIA QUE SÍ EXISTE. Segam habla de una resolución pendiente sobre el lirio cuando existe una ejecutoria desde enero de 2024.
3. EL AGUA QUE SE VA ANTES DE LA CAJA. BBVA Research calcula que los organismos operadores de SLP cobran apenas 4.1 de cada diez litros suministrados. Antes de discutir solamente de dónde traer más agua, convendría saber qué estamos haciendo con la que ya tenemos.
LAS DE 8
Pulso: insuficiente la llegada de nuevos juzgadores ante la carga del sistema de justicia.
Plano Informativo: saturación de litigaciones, el lastre del sistema judicial.
Dos portadas y la investigación de La Orquesta terminan diciendo “eso es elefante”: el problema judicial ya no es solamente quién juzga, sino con qué sistema va a hacerlo y el reloj sigue su marcha.
MAÑANERA
La educación media superior marcó buena parte de la conferencia presidencial. Claudia Sheinbaum anunció una ampliación de espacios y modalidades para facilitar el ingreso de jóvenes al bachillerato.
San Luis Potosí no fue tema específico.
¿QUÉ PREGUNTARÍA HOY?
1. Según los números, el Verde gana solo, pero ¿Qué perdería ganando solo?
INDICADORES ÚTILES: 1) EL REALITO: SI FUNCIONA
2) “ECHAR LAVADORAS” ES LA RESPUESTA DEL 94.7% DE LA POBLACIÓN A LA PREGUNTA ¿QUÉ HICISTE EL DOMINGO?
También lee: A tiempo y marcando el ritmo – Dirige Jorge Saldaña (Viernes 14 de agosto de 2026)
De no lograrlo, el Poder Judicial quedaría en una grave falta a un ordenamiento federal
Por: Haniel Valdés Velázquez
El decreto que obliga a juicios orales en materia civil y familiar fue publicado desde 2023 y fija el 1 de abril de 2027 como plazo máximo e inaplazable. El calendario presupuestal estatal deja al Poder Judicial potosino apenas tres meses, entre enero y marzo, para construir la infraestructura que la ley exige.
El Poder Judicial de San Luis Potosí enfrenta una carrera contra el tiempo que fue advertida desde hace casi cuatro años: el decreto que crea el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023, fija el 1 de abril de 2027 como fecha límite —automática, sin posibilidad de prórroga— para que la nueva justicia civil y familiar, basada en juicios orales, entre en vigor en el estado. El problema es aritmético: por el propio calendario presupuestal estatal, el recurso para construirla no llega antes de enero de 2027.
El Artículo Segundo Transitorio del decreto no deja margen de interpretación. Establece que la aplicación del Código entrará en vigor en cada entidad mediante declaratoria del Congreso local, previa solicitud del propio Poder Judicial estatal, pero fija que dicho trámite no podrá exceder el 1 de abril de 2027. Y añade un candado adicional: si no se emite la declaratoria correspondiente, la entrada en vigor será automática en todo el territorio nacional, sin que la fecha límite se mueva. No hay escenario en el que San Luis Potosí quede exento del plazo.
Lo que exige el nuevo Código no es un ajuste de formularios. Obliga a que los procesos civiles y familiares se desarrollen en audiencias orales —salvo excepciones fundadas—, incorpora la justicia digital (videoconferencia, expedientes electrónicos) y crea figuras procesales completamente nuevas, como el Juicio Ordinario Civil Oral, el Ejecutivo Civil Oral y el Hipotecario Oral. Se traduce en salas equipadas, conectividad y personal capacitado en todo el estado, no en un memorando administrativo.
Ahí es donde se cruza con el calendario del dinero. Por mandato constitucional, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) formula anualmente su propio presupuesto y lo remite al Poder Ejecutivo para que lo incorpore al Presupuesto de Egresos estatal; no lo negocia directamente con el Congreso.
La magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, confirmó que la propuesta de presupuesto para 2027 debe quedar aprobada por los tres órganos internos del Poder Judicial
De ahí, el proceso sigue un patrón que se ha repetido en los últimos tres ejercicios fiscales: el Ejecutivo tiene hasta finales de noviembre para entregar el paquete económico completo —Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos— al Congreso del Estado. La Comisión de Hacienda lo revisa en tres o cuatro sesiones y el Pleno lo aprueba, según el historial reciente, entre mediados y finales de diciembre. El presupuesto para 2025, por ejemplo, se publicó en el Periódico Oficial hasta el 26 de diciembre de 2024. Bajo ese mismo calendario, el dinero para 2027 no estaría disponible antes del 1 de enero de ese año.
Ahí queda planteado el dilema: entre que el recurso llega y el tope legal del 1 de abril, el Poder Judicial tendría apenas tres meses para construir salas orales, instalar sistemas digitales y capacitar personal en los distritos judiciales del estado. Y en las prioridades de gasto que la propia magistrada presidenta ha hecho públicas para el presupuesto 2027 —edificios y personal— no aparece mencionada de manera explícita esta infraestructura específica que exige el Código Nacional.
El antecedente no juega a favor del Poder Judicial potosino. En enero de este año, la propia institución reconoció que la no renovación de contratos de personal respondió a “cuestiones meramente presupuestarias”, derivadas de la necesidad de ajustar el gasto. Es decir: la insuficiencia de recursos no es una hipótesis alarmista para 2027, es una condición que el propio Poder Judicial ha admitido enfrentar en el presente.
El escenario de riesgo es concreto. Si el 2 de abril de 2027 se presenta una demanda bajo el nuevo Código exigiendo su desahogo en juicio oral y en sala oral, y esa infraestructura no está lista, el Poder Judicial del Estado quedaría en los hechos incumpliendo una ley federal de la que tuvo aviso desde junio de 2023.
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