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Entre carencias, miedo y emoción, estudiantes vuelven hoy a las escuelas de SLP
Docentes y alumnos presentan diversos puntos de vista sobre el regreso a la aulas
Por: Karina González
Con temor al contagio de covid-19 y a la vez el entusiasmo de regresar a las clases presenciales, saludar a compañeros y amigos, así como la necesidad de recuperar lo más de 18 meses sin clases presenciales, este lunes 30 de agosto los alumnos y alumnas de primaria, secundaria y preparatoria en San Luis Potosí comenzarán el retorno escalonado a la nueva normalidad escolar.
Ante este inevitable regreso, La Orquesta entrevistó a algunas personas para conocer su opinión sobre las clases presenciales pese a la tercera ola de covid-19 que azota al país, los entrevistados manifestaron emoción, nervios y disgusto, por esta decisión que algunos creen necesaria y otros apresurada.
Laura Castillo, es doctora en gestión educativa y docente de nivel primaria y preparatoria en la capital potosina, ella compartió que si bien es necesario recuperar en los alumnos una educación integral, señaló que por ahora el regreso debe ser escalonado, híbrido y con el compromiso de los padres de familia para que desde casa, concienticen a sus hijos sobre la importancia de mantener las normas de higiene y sana distancia para prevenir los contagios en el interior de los centros educativos.
La profesora reconoció que es difícil tener a los niños sin contacto con otros compañeros, pues relató que para un pequeño es normal convivir e interactuar a través del juego con otros alumnos “no estamos en condiciones óptimas favorables para que los niños puedan convivir como lo hacíamos, es muy complicado porque en nivel primaria los niños pequeñitos quieren interactuar y jugar con los demás, agarran materiales y se corren más riesgos y ni siquiera están vacunados”, expresó.
La especialista insistió en que el regreso forzosamente debe ser híbrido, pues reconoció que las escuelas públicas de San Luis Potosí no tienen las herramientas para garantizar un regreso seguro y con bajo riesgo de contagio, toda vez que los alumnos menores de 18 años ni siquiera cuentan con la vacuna contra el virus, por lo que la inmunidad colectiva todavía no está en proceso, “no se cuenta con los insumos necesarios sobre todo de limpieza, podemos ver que las que se encuentran en la ciudad pueden tener la infraestructura, pero faltan insumos como cloro, jabón, gel, las autoridades no han brindado kits de limpieza y se tiene que solicitar el apoyo de los padres de familia igual con el aseo”, lamentó. Reconoció la labor de los padres de familia para ayudar a mantener una escuela libre de contagio a través de brigadas de limpieza, también resaltó que en la capital potosina muchas escuelas son de doble turno y esto dificulta una correcta sanitización de áreas.
Laura Castillo dijo estar a favor de volver a clases y señaló que le entusiasma estar de nuevo frente al grupo, sin embargo, recalcó que una labor del docente será reaprender junto a sus alumnos los hábitos de higiene y reforzarlos para evitar contagios, hizo hincapié en que esto se podrá lograr solo con la colaboración de los padres de familia, sin importar el grado académico que cursen sus hijos, además, mencionó que será importante respetar el horario escalonado y así evitar que los alumnos se vayan en grupos a la hora de salida, “hay que hacerlos reflexionar y que dimensionen qué tanto podría afectar que tengan contacto entre ellos fuera de la escuela y no cuidarse. Y que al retirarse del aula realmente vayan a su casa y que se respete la salida escalonada para evitar aglomeraciones”, dijo.
El tema cambia en las escuelas rurales, cuya realidad es otra:
Diana Chávez es docente de telesecundaria en el municipio de Aquismón y originaria de Ciudad Valles, se traslada diariamente a la comunidad Los Hornos, en dónde imparte clases, relató que en comparación con las escuelas de la capital que además de una amplia infraestructura cuentan con servicios básicos, en la escuela en la que ella labora no hay agua potable, acceso a internet con facilidad y además la vacunación para los habitantes de esa zona tuvo una baja respuesta debido a creencias propias de la cultura de la región.
“Estoy en contra, en cuanto a mi perspectiva personal y área de trabajo. Pues es que de principio allá no se vacunaron por pensamientos de culturas y religiones y miedos. No hay agua potable. No hay recursos económicos para comprar insumos de limpieza, no tienen hábitos de higiene, será súper difícil hacerlos mantener el cubrebocas todo el día y que se laven las manos”, lamentó.
La maestra mencionó que debido a que en Ciudad Valles se mantiene alto el riesgo de contagios, el que los docentes se trasladen desde ese municipio al de Aquismón diariamente, sería también poner en riesgo a los alumnos y familiares de ellos 
La profesora resaltó que ni la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE), ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) han implementado la entrega de materiales e insumos de limpieza o apoyo con recursos para una correcta higiene y sanitización, además de la falta de personal de intendencia en muchas escuelas.
Cabe señalar que esta escuela telesecundaria inició una colecta de materiales de higiene, para poder dar mantenimiento constante a la escuela, debido a que también, por ser de una comunidad rural, se complica que los padres de familia cooperen para este tipo de actividades por la marginación económica que se vive en lugares arraigados de la huasteca sur.
Los alumnos están deseoso de volver, pero también tienen miedo.
Para algunos estudiantes el panorama es incierto, pues no imaginan una escuela donde no puedan trabajar en equipo, compartir el lunch o reunirse después de clases a hacer alguna tarea o simplemente para pasar el día o acompañarse de camino a casa.
Nathaly Paola González iniciará el nivel medio superior y ni siquiera recuerda bien a sus compañeros de secundaria, su graduación fue virtual y dice sentirse insegura de no tener los conocimientos suficientes para iniciar un nuevo nivel académico; además, señaló estar preocupada sobre la forma en que va a interactuar con sus compañeros, pues argumentó que siente que es un gran cambio haber estado en segundo de secundaria cuando se ordenó el confinamiento y ahora volver a una escuela que no conoce, con un sistema totalmente diferente al que vivió.
“Pues me preocupa un poco el regreso, no sé, no sé si pueda hacer amigos pronto y me preocupan las materias que voy a llevar, tampoco se nos ha informado mucho sobre los protocolos y las medidas pero mis papás ya me dijeron que no puedo tener mucho contacto con otras personas porque ya nos dio covid el año pasado y afortunadamente no fue grave, pero sí tenemos miedo de volver a contagiarnos, aunque lo bueno es que mis papás ya tienen la vacuna, pero yo no y mi sobrina de kinder tampoco”, dijo.
Por otro lado, Paulina Martínez de tan solo ocho años de edad, dijo que el sistema de clases a distancia le funcionó bien, pues toma clases en un colegio particular que siempre estuvo al pendiente de ella, pero acotó que sus primos no vivieron los mismo, porque no se conectaban con frecuencia a las clases en escuelas públicas, tampoco veían los mismos temas y no conocían a sus compañeros. Sin embargo, dijo estar muy contenta de volver a clases y describió que en su escuela ya les informaron sobre todos los protocolos y filtros que deberán pasar para un ingreso seguro.
“Mi mamá ya me dijo cómo tengo que lavarme las manos y ponerme gel, también nos dijeron que nos van a checar la temperatura y nos tenemos que lavar las manos antes de entrar y tienen unos tapetes para limpiar los pies, además los señores que limpian la escuela van a sanitizar antes y después de clases y tenemos que llevar caretas y cubrebocas o lentes de los transparentes, pero yo estoy emocionada porque veré a mis amigas después de mucho tiempo”, finalizó.
San Luis Potosí, sus escuelas, docentes y estudiantes se embarcan este lunes en el reto más grande de sus historia, y muy pronto se verá si los esfuerzos personales e institucionales son suficiente para avanzar pequeños pasos a la normalidad.
Lee también: Diputado propone campaña para que más gente se vacune contra el covid
Entre 2017 y 2025, la Fiscalía de San Luis Potosí documentó al menos ocho procesos penales contra personal con funciones docentes por delitos sexuales contra menores, repartidos en al menos cinco municipios
Por: Haniel Valdés Velázquez
En octubre de 2019, un hombre identificado como David “N” era profesor de inglés en un preescolar de Matlapa. Ahí, según la Fiscalía General del Estado (FGESLP), violó a un niño de identidad reservada. El caso avanzó durante cuatro años hasta que, el 2 de diciembre de 2023, un juez lo declaró penalmente responsable de violación específica agravada y lo sentenció a 14 años y seis meses de prisión. La Fiscalía señaló entonces que el sentenciado enfrentaba más carpetas de investigación pendientes, sin precisar cuántas ni de qué naturaleza.
Es, hasta ahora, el desenlace judicial más contundente que se puede documentar en San Luis Potosí sobre personal educativo señalado de violencia sexual contra un menor. Pero no es un caso aislado ni reciente: es, más bien, el más antiguo y el que más tardó en resolverse de una lista que la propia Fiscalía ha hecho pública, boletín por boletín, durante casi una década.
En ese mismo municipio, Matlapa, pero en un caso distinto, un profesor de educación física identificado como Víctor “N”, de 35 años, fue detenido el 27 de diciembre de 2021 —tres años y nueve meses después de los hechos, ocurridos en marzo de 2018— acusado de violar a un alumno de un jardín de niños y de amenazarlo para que no lo contara. A diferencia del caso de David “N”, no hay en varias fuentes revisadas una sentencia posterior confirmada para Víctor “N”: lo último documentado es su detención y el inicio del proceso penal.
En Aquismón, un profesor de primaria identificado como Herminio “N”, de 41 años, fue detenido el 3 de enero de 2021 y vinculado a proceso el 11 de enero de ese año, acusado de manosear reiteradamente a una alumna cuando la niña se acercaba a su escritorio a que le revisara la tarea. Los hechos habían ocurrido en 2017 y 2018, es decir, entre tres y cuatro años antes de que el caso llegara a un juez.
En Ciudad Valles, un profesor jubilado identificado como J. Jesús “N”, de 58 años, fue vinculado a proceso el 25 de febrero de 2020 con prisión preventiva oficiosa. La Fiscalía documentó que la víctima, un niño de 14 años de una comunidad tének, había sido su alumno desde los 11 años, y que el hombre lo explotaba sexualmente desde entonces a cambio de dinero u objetos: no fue un episodio único, sino una relación de abuso sostenida durante al menos tres años antes de que un reporte al 911 —por la presencia de un adulto con un menor en un hotel de Ciudad Valles— destapara el caso.
En Rioverde, un maestro de 65 años fue detenido el 3 de noviembre de 2020, acusado de abusar sexualmente de una alumna de 13 años durante una clase de regularización. Es, de los ocho casos documentados, el único en el que no fue posible confirmar el nombre del imputado ni el estatus posterior del proceso. Rioverde tiene, además, al menos otros dos casos de personal docente señalado por delitos sexuales en años distintos —uno en 2019 y otro en diciembre de 2025—, que este medio no ha confirmado a fondo todavía y que representan, por sí solos, un hilo de reporteo propio.
En la capital, un docente identificado como José Manuel “N”, de 39 años, fue detenido el 2 de enero de 2022 —originalmente por hechos del 14 de diciembre de 2021— acusado de aprovechar unas clases de regularización a domicilio para tocar a una menor de edad.
El caso más reciente de este tipo documentado por la propia Fiscalía ocurrió en septiembre de 2025: un entrenador de fútbol identificado como Jesús Jaime “N” fue detenido en flagrancia, dentro de un vehículo estacionado cerca de una cancha de la colonia Valle del Potosí, en la capital, acusado de violar a una de sus jugadoras, de 12 años. El 13 de septiembre de 2025 fue vinculado a proceso por violación específica agravada, con prisión preventiva justificada.
Ocho procesos, cinco municipios, hechos que van de 2017 a 2025: no es un patrón nuevo ni exclusivo de este año. Es, más bien, una constante que la Fiscalía ha ido documentando boletín por boletín sin que, hasta ahora, ningún medio local —incluido este— la haya puesto junta.
Estos son solo los casos que se han viralizado o que han llegado al conocimiento público, muchos de ellos demorados o sin resolución legal, al menos verificable. ¿Pero cuántos hechos como estos no habrán quedado silenciados en el tiempo?
La ola de 2026
Los casos más recientes que ha cubierto este medio ocurrieron ya en instituciones concretas de educación media superior y superior, con nombre propio de por medio. En diciembre de 2025, una exalumna de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) denunció ante la FGESLP que un profesor de esa entidad académica, identificado como César Gabriel “N”, la había agredido con un cuchillo en un departamento donde ella se hospedaba temporalmente.
La UASLP se enteró del caso hasta enero de 2026 y no fue sino hasta el 10 de febrero —dos meses después de los hechos— que la Defensoría de los Derechos Universitarios separó al profesor de toda actividad frente a grupo
En octubre de 2024, el director del Colegio de Bachilleres de San Luis Potosí (Cobach) informó que tres profesores habían sido cesados en lo que iba del año por acoso; uno de ellos respondió con una demanda por despido injustificado, cuyo resultado nunca se hizo público. En mayo de 2025, una división interna en el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP) salió a la luz por denuncias de abuso de autoridad y hostigamiento laboral; el caso fue turnado a la Fiscalía y al Tecnológico Nacional de México (TecNM), sin resolución conocida. Y en junio de 2026, La Orquesta documentó que una madre llevaba cuatro meses exigiendo, sin respuesta, que la Secretaría de Educación y la Fiscalía actuaran contra una maestra que golpeó a su hija, una niña con autismo, dentro de la escuela.
La cifra que cambió sin explicación
Ese patrón, construido caso por caso desde 2017, tiene un contrapunto en las declaraciones del propio gobierno estatal. El 22 de octubre de 2025, el entonces titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Juan Carlos Torres Cedillo, informó que 11 docentes de distintas instituciones y regiones de San Luis Potosí habían sido cesados de manera definitiva por acoso, abuso sexual o discriminación, y que más de 30 adicionales habían enfrentado procesos administrativos con sanciones menores.
Cinco meses después, el 5 de marzo de 2026, el mismo funcionario informó que “alrededor de 40 trabajadores” de diversos niveles educativos habían sido separados de su cargo tras confirmarse su participación en casos de acoso y abuso sexual. Torres Cedillo no explicó, en ninguna de las dos ocasiones, si la segunda cifra incluye a los 11 docentes ya mencionados en octubre, si se trata de una revisión retroactiva de expedientes anteriores, o si refleja casos nuevos confirmados en ese periodo.
Ninguna de las dos cifras de la SEGE coincide, tampoco, con el número de casos que la propia Fiscalía ha hecho público en sus boletines: los ocho documentados aquí corresponden a personal masculino identificado con nombre reservado ante un juez, mientras que las cifras de la SEGE son agregados administrativos sin nombres ni fechas. Son, en los hechos, dos conteos distintos de un mismo problema que ninguna de las dos dependencias ha cruzado públicamente.
El sistema que no se ve
Todos los casos documentados hasta ahora, desde el maestro de Matlapa a los procesos de 2026, ocurrieron en instituciones públicas. No existe, en ninguna fuente oficial o periodística consultada, un solo caso registrado en una escuela privada de San Luis Potosí. Eso no significa que no ocurran: significa que, si ocurren, no hay un mecanismo público que los documente ni una autoridad que públicamente los reconozca.
El contexto general de la violencia sexual en el estado tampoco ayuda a dimensionar el problema específico en las aulas. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), San Luis Potosí acumuló 965 víctimas de delitos contra la libertad y la seguridad sexual en el primer semestre de 2026, con junio como el mes más alto del año (185 víctimas). En el comparativo contra el mismo periodo de 2025, las carpetas de investigación por estos delitos bajaron 15.5% en general, aunque el hostigamiento sexual aumentó 75%. Ninguna de estas cifras distingue si el presunto agresor era personal educativo.
Ninguna de las dos cifras que ha dado la SEGE vino acompañada de un desglose público por año, nivel educativo, municipio o estatus judicial, y tampoco lo ha hecho la Fiscalía respecto al conjunto de los ocho casos que sí ha documentado en sus propios boletines a lo largo de casi una década.
Es información que ambas dependencias deberían ofrecer por iniciativa propia, sin que medios o padres de familia tengan que reconstruirla boletín por boletín, como se hizo para este trabajo: se trata de personal que trabajó con menores de edad en escuelas públicas, pagadas con presupuesto del estado. Mientras esa información no se transparente por voluntad propia, la pregunta de cuántos casos existen en total y cuántos de ellos seguirán sin respuesta.
También lee: Gusano barrenador: de 1,500 a 80 casos bajo control con mosca estéril en SLP
La entidad registra 80 casos activos de gusano barrenador mientras despliega control con 100 millones de moscas estériles producidas en Chiapas
Por: Redacción
Jorge Luis Díaz Salinas, titular de Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (Sedarh), reportó que aunque históricamente se registraron más de mil 500 casos de gusano barrenador en la entidad, actualmente hay 80 casos activos en atención, una cifra significativamente menor después del tratamiento de los animales afectados.
Díaz Salinas aclaró una confusión común: “porque piensan que son mil 500 activos y no lo son. Ahorita hay como 80 activos”. Las regiones más afectadas fueron Guadalcázar y Ciudad del Maíz, aunque también se ha presentado la plaga en animales domésticos como perros y gatos en la zona metropolitana.
Para combatir la mosca del gusano barrenador, Sedarh trabaja con el programa nacional de control mediante moscas estériles. Una planta en Chiapas, inaugurada por la presidenta Claudia Sheinbaum
Las moscas estériles son identificables por su color: “son más verdes, o sea, ahí vienen las fotografías. Es una mosca más verde como fosforescente”, explicó el titular, señalando que la población debe evitar matar estas moscas para permitir que cumplan su función de control.
Instó a la ciudadanía a reportar cualquier caso a través de Cenacica o a la Sedarch para intensificar el lanzamiento de moscas en las regiones afectadas.
También lee: Sheinbaum inaugura planta binacional para combatir el gusano barrenador
El alcalde aseguró que la falta de recursos ha impedido realizar el mantenimiento mayor que requiere la infraestructura hidráulica del organismo operador
Por Redacción
El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, reconoció que la situación financiera de Interapas limita la capacidad del organismo para rehabilitar la totalidad de los pozos que abastecen de agua a la zona metropolitana, luego de que se diera a conocer que durante la primera mitad del año se registraron 43 fallas en esta infraestructura.
El edil explicó que el problema responde al desgaste acumulado de la red hidráulica, pues los más de 170 pozos que opera Interapas en los municipios de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Cerro de San Pedro y Villa de Pozos requieren mantenimiento de fondo para garantizar su funcionamiento.
“De los más de 170 pozos que tenemos en los cuatro municipios, todos necesitan un mantenimiento mayor. Ya llegamos al momento en que requieren inversiones importantes”, afirmó.
Galindo recordó que, tras la crisis hídrica de 2023, una de las principales estrategias del organismo fue rehabilitar pozos existentes y perforar nuevas fuentes de abastecimiento para fortalecer el suministro de agua.
En ese sentido, aseguró que más de 70 pozos ya recibieron trabajos de reparación integral, incluyendo la sustitución de equipos electromecánicos y sistemas eléctricos; sin embargo, reconoció que la falta de recursos impide intervenir el resto de la infraestructura con la rapidez necesaria.
El presidente municipal sostuvo que el principal obstáculo para avanzar en el mantenimiento de los pozos es la situación financiera de Interapas.
Explicó que uno de los factores es la falta de recursos federales destinados al organismo durante el año pasado y el presente ejercicio fiscal. “Los recursos federales del año pasado y de este no llegaron”, afirmó.
A ello se suma, dijo, la falta de conciliación de cuentas entre Interapas y el Gobierno del Estado, un proceso que, aseguró, permanece pendiente desde hace cuatro años.
“El Gobierno del Estado tiene una deuda con nosotros muy fuerte y nosotros también tenemos una deuda con ellos. Tenemos que conciliar esas cuentas porque eso fortalecería las finanzas del organismo”, señaló.
El alcalde estimó que los montos involucrados superan los 400 millones de pesos, recurso que, de resolverse, permitiría mejorar la capacidad operativa de Interapas para atender fallas y realizar inversiones en infraestructura.
Otro de los factores que, según Galindo, ha deteriorado las finanzas de Interapas es el crecimiento de la cartera vencida, particularmente en Soledad de Graciano Sánchez y Villa de Pozos.
El alcalde aseguró que existe un llamado público para que los usuarios dejen de pagar el servicio de agua, situación que, dijo, termina afectando directamente la capacidad del organismo para operar.
“La gente dice: ‘¿Para qué pago el agua si mañana me van a decir que ya no la pague?’. Eso genera un círculo vicioso”, comentó.
Añadió que la falta de ingresos no solo afecta el mantenimiento de los pozos, sino también la reparación de infraestructura dañada, como drenajes colapsados y socavones.
Como ejemplo, explicó que la rehabilitación del socavón donde recientemente cayó una pipa representa una inversión cercana a 2.5 millones de pesos, mientras que actualmente existen alrededor de 50 socavones pendientes de reparación.
“Hay reparaciones que cuestan entre uno y dos millones de pesos. El socavón donde cayó la pipa cuesta alrededor de dos millones y medio, y todavía tenemos cerca de 50 más por atender”, indicó.
Finalmente, Galindo insistió en que resolver los problemas financieros del organismo será indispensable para garantizar el mantenimiento de la infraestructura hidráulica y evitar que las fallas en pozos continúen incrementándose durante los próximos años.
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