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En SLP se denuncia más de un caso al día de maltrato animal
En lo que va del gobierno de Enrique Galindo se han reportado 140 casos
Por: Ana G Silva
Ricardo Gallardo, gobernador de San Luis Potosí, denunció esta semana el asesinato de otro perro comunitario, está vez en el fraccionamiento Villas de Jacarandas, por lo que ayer presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado para aumentar a 5 años la pena de cárcel a quienes cometan maltrato animal. Ante esto, Víctor Hugo Salgado, primer síndico del Ayuntamiento de la capital, encargado de recibir las denuncias por este tipo de casos, indicó que en lo que va del gobierno del alcalde Enrique Galindo, tres meses y medio, se han recibido 140 acusaciones de este tipo, más de una por día, en donde los animales maltratados han sido puestos a salvo.
Víctor Salgado indicó que estas denuncias se han hecho a través de redes sociales, vía telefónica o los denunciantes acuden personalmente, en las que se han atendido 35 denuncias en octubre, 50 en noviembre y 54 en diciembre; reiteró que desde que se expidió el reglamento de prevención de maltrato animal en julio de 2020 se han realizado mil 900 averiguaciones.
“El tema es que en algunos casos los vecinos denuncian maltrato animal en algunas propiedades privadas y nuestro margen de actuación no llega a la invasión de dichos espacios, pero habrá sanciones para estos dos casos que se han hecho virales, en los que apenas estamos trabajando”.
Salgado reiteró que el protocolo que se lleva a cabo en la Sindicatura municipal es que, una vez que se activa la denuncia ciudadana o anónima, se pide a la dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos que un inspector acuda al lugar de los hechos y levante un informe pormenorizado. Posteriormente, se da inicio al procedimiento administrativo sancionador en el que con el informe y con los elementos de prueba, se hace del conocimiento del probable infractor que hay una denuncia en su contra, en caso de que esté identificado, para que realice las manifestaciones que a su derecho correspondan e incluso aporte pruebas.
La sindicatura valorará la gravedad, las condiciones socioeconómicas del infractor, el carácter intencional y, si se trata de reincidencia, se emite una resolución que se le da a conocer al secretario General para que este notifique la infracción correspondiente y a su vez a la Tesorería Municipal se le hace del conocimiento para que cobre la multa.
Víctor Salgado dijo que en el caso de los supuestos asesinatos a perros comunitarios en San Luis Potosí que se han suscitado en las últimas fechas, se debe notificar a la Fiscalía General del Estado para que se inicie una investigación y se den las sanciones penales, independientemente de las administrativas que aplican los ayuntamientos, pues los casos se encuentran en el Código Penal:
“Trabajamos en ambos casos, el martes nos llegó la denuncia del caso de Jacarandas y estamos en los plazos que marca la ley y el reglamento para interponer algunas sanciones. Como en todos los casos jurídicos siempre hay dos partes, nosotros vamos a hacer garantes de que se escuchen y que aporten las pruebas que a su derecho convengan, a la par trabajaré con la Dirección de Ecología para unas adecuaciones al reglamento del municipio para que tengamos mayor margen de actuación y sobre todo inmediato en maltrato animal en flagrancia de esa manera”.
El síndico municipal añadió que se buscará mejorar los protocolos para atender las denuncias, indicó que en el caso de los hechos de maltrato animal en propiedades privadas “no se puede hacer mucho” pues constitucionalmente necesitan una orden de un juez para atenderlo: “Queremos tener un margen de actuación que nos permita tener protocolos más eficaces e inmediatos y tengamos una pronta respuesta a las denuncias que se hacen al maltrato animal”.
Finalmente, Víctor Salgado destacó que aquellas sanciones que no van ligadas al Código Penal pueden apoyarse en procedimientos administrativos que se tienen en el gobierno municipal que se hacen valer para que los infractores paguen:
“Es a través de la Tesorería, a través del pago de impuestos, si tienes algún otro tramite a tu nombre no te deja hacerlo hasta que cumplas con estas multas y sanciones, incluso la ley es clara que dice que podemos poner como sanción atención médica con psicólogos en el que deben de cumplirlo para ser una sanción integral, no solo multas económicas”.
Lee también: Fiscalía abrió carpeta de investigación por asesinato de perro en Valle de Jacarandas
Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
También lee: Xavier Nava obtuvo un amparo contra inhabilitación por 18 años
Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
También lee: Estafan a potosinos a nombre de Gobierno Federal
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