El Gobierno Federal asignó los trabajos que permitirán evaluar los impactos ambientales del tramo de 203 kilómetros

Por: Redacción

El proyecto del tren de pasajeros entre Querétaro y San Luis Potosí registró un nuevo avance luego de que el Gobierno Federal adjudicara los estudios ambientales necesarios para continuar con la planeación de la obra ferroviaria.

Será el consorcio conformado por Ingeniería y Construcción 3G y Ecosfera Consultoría Desarrollo y Supervisión Ambiental el que se encargue de esta parte del proyecto.

Los trabajos forman parte del proceso previo a la construcción del tramo Querétaro-San Luis Potosí, considerado dentro del corredor ferroviario México-Nuevo Laredo, una de las principales apuestas de infraestructura de la administración federal.

De acuerdo con la convocatoria emitida por la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Attrapi)

El tramo contemplado tiene una longitud aproximada de 203 kilómetros y atravesaría municipios de Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí. En territorio potosino, la ruta considera el paso por Santa María del Río, Villa de Reyes, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez.

Como parte de los trabajos también deberá elaborarse la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), así como estudios relacionados con cobertura vegetal, uso de suelo, manejo ambiental y evaluación técnico-económica del proyecto.

El tren Querétaro-San Luis Potosí forma parte de la segunda fase de expansión de la red nacional de trenes de pasajeros impulsada por el Gobierno Federal, junto con los tramos San Luis Potosí-Saltillo, Irapuato-Querétaro y Mazatlán-Los Mochis.

Aunque la adjudicación de los estudios no implica el inicio inmediato de las obras, sí representa uno de los pasos indispensables para obtener las autorizaciones ambientales y definir la viabilidad final del proyecto ferroviario.

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La rehabilitación integral de la presa, nuevas obras de abastecimiento y acciones de saneamiento consolidan una estrategia de largo plazo para garantizar agua

Por: Redacción

Cumpliendo con el compromiso del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de garantizar el acceso al agua y atender de fondo una de las principales demandas de las y los potosinos, el Gobierno del Estado consolida el rescate de la presa El Peaje como una de las acciones más importantes para fortalecer la seguridad hídrica y asegurar el suministro del recurso para miles de familias.

La rehabilitación integral del embalse, iniciada con la reparación de la cortina y la recuperación de infraestructura clave, devolvió a El Peaje un papel fundamental dentro del sistema hidráulico metropolitano. Además, el Gobierno Estatal llevó agua potable a la comunidad de Escalerillas mediante una planta potabilizadora y una red de distribución, reflejo del desarrollo sin límites que impulsa obras y soluciones, atendiendo demandas históricas que durante años permanecieron rezagadas.

Actualmente, la presa registra un almacenamiento superior al 80 por ciento de su capacidad, situación que confirma la pertinencia de las acciones emprendidas. Gracias a la gestión del Mandatario Estatal con el Gobierno Federal, a ello se suma el próximo acueducto que conectará El Peaje con la presa San José, así como la rehabilitación que ejecutará la Comisión Estatal del Agua (CEA) de la planta tratadora de aguas residuales, infraestructura que permitirá fortalecer el abasto, mejorar la calidad del agua y preservar el entorno para las futuras generaciones.

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Rubén Guajardo afirmó que la ley se aprobó sin suficiente análisis y reiteró que su bancada votó en contra desde el inicio

Por: Redacción

El grupo parlamentario del PAN en el Congreso de San Luis Potosí anunció que buscará reabrir la discusión sobre la denominada “Ley Serrano”.

El coordinador de la bancada panista, Rubén Guajardo Barrera, adelantó que su partido prepara una nueva propuesta legislativa que será presentada durante el próximo periodo ordinario de sesiones, al tiempo que insistió en mantener abiertos los canales de diálogo con colectivos, especialistas y ciudadanía inconforme.

El legislador recordó que las diputadas y diputados del PAN votaron en contra de la reforma desde su aprobación en el Pleno, al considerar que fue avalada sin un análisis suficientemente amplio y porque contempla sanciones penales en un contexto donde persisten cuestionamientos sobre el uso de medidas cautelares restrictivas de la libertad.

Guajardo Barrera señaló que una de las principales preocupaciones de Acción Nacional es que una persona pueda enfrentar consecuencias penales severas sin que exista todavía una sentencia firme en su contra.

El diputado sostuvo que el Congreso debe privilegiar la construcción de consensos y reconoció que el tema requiere un debate más amplio ante el rápido avance de las tecnologías digitales.

En ese sentido, informó que desde la Junta de Coordinación Política se buscará abrir mesas de diálogo para revisar posibles ajustes a la legislación y construir una propuesta que otorgue certeza jurídica sin afectar derechos fundamentales.

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