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En dos años, edificio construido por la UASLP presentó desperfectos millonarios
La torre Pedregal, inaugurada en 2020 con un valor de 80 millones, hoy requiere de 22.5% más de su costo original solo para hacerla funcional
Por: Ana G Silva
El 28 de abril de 2020, Juan Manuel Carreras López, ex gobernador del estado, y Manuel Fermín Villar Rubio, ex rector de la Universidad Autónoma de San Luis (UASLP), inauguraron la torre de la Facultad de Ciencias en el Campus Pedregal, que tuvo una inversión de 80 millones de pesos. No obstante, desde los primeros meses presentó grietas y fallas, además después de la revisiones hechas al inmueble que debido a los temblores durante este mes de septiembre el inmueble tras los sismos registrados en el mes de septiembre pasado el edificio fue recatalogado de un espacio con bajo riesgo a riesgo moderado, por ello el rector Alejandro Zermeño decretó su cierre total y anunció que reparar las fallas 18 millones de pesos, un 22.5% de su valor original. Esto a pesar de que hace meses La Orquesta advirtió sobre el peligro que representaba para la comunidad universitaria
El edificio presentó sus primeros desperfectos en menos de un año, esto a pesar de que nunca fue utilizado al 100% de su capacidad, esto debido a que un mes antes de su inauguración todos los niveles educativos suspendieron clases presenciales resultado del confinamiento por el covid-19.
El 30 de enero de 2020, poco antes de su apertura, se registraron vientos de hasta 70 km/h, que provocaron que en el edificio hubiera desprendimiento de los cristales. Se argumentó que esto se debió a que algunas ventanas estaban abiertas. En redes sociales, alumnos y docentes difundieron videos de los daños. Para mayo de ese año se anunció que la torre presentaba grandes grietas y la falta de calidad en la obra obligó a ordenar un proceso de investigación.
La Orquesta presentó una entrevista el 27 de abril de 2022 con Aurelia de la O Flores, directora de comunicación social de la universidad, en ella comentó que en julio de 2021 se realizó un peritaje por parte de Protección Civil Municipal; en el que se consideró que el sitio era seguro, pero se llegó a conclusión de que no fue el más completo.
De la O Flores detalló que se buscó a otras empresas especializadas para realizar el estudio técnico, lo que les llevó tres meses y cuyas investigaciones iniciaron en diciembre del 2021 y que entregaron resultados el 22 de abril de 2022, donde se había mencionado que el edificio no corría el riesgo de caer, sin embargo, no se debía exceder cierto peso, es decir el 30% de su capacidad, pues aún faltaba un estudio de suelo por lo que la UASLP contrató a otra empresa. En ese momento, los alumnos no llevaban clases en la torre, sino en el antiguo edificio del Instituto de Física, por lo que solo estaba activa la biblioteca y algunos laboratorios de la torre.
Ese mismo 27 de abril, La Orquesta acudió al edificio para verificar las condiciones y recopilar algunas reacciones de alumnos, quienes confirmaron que en la torre no se dan clases, aunque los cubículos, área de investigadores y la biblioteca estaban en funcionamiento. Uno de ellos comentó que lo que le causaba miedo es que “el aire lo pueda tirar y la biblioteca está hasta el piso 12”. Otro de ellos también coincidió que “sí da miedo que se caiga de la nada”, por lo que prefiere no permanecer mucho tiempo en la biblioteca y “sacar los libros prestados”.
Tras el sismo que se reportó en Michoacán este lunes 19 de septiembre, y que se sintió en algunas partes de San Luis Potosí, los alumnos de este campus fueron desalojados para evitar riesgos, lo que provocó que nuevamente señalaran las condiciones en las que se encuentran las más de mil 500 personas que acuden a él.
A través de la red social Facebook, el usuario Sergio Alberto de León, alumno de la facultad, describió que el edificio siempre ha sido un tema de controversia entre el estudiantado y los docentes, ya que su altura y ubicación sobre terreno irregular ha impedido su uso en algunos espacios y nada se ha hecho para remediarlo. 
Jorge Alberto Pérez González, secretario académico e ingeniero civil de la UASLP, comentó el 21 de septiembre que la Contraloría Interna de la Universidad lleva a cabo una investigación para determinar por qué se han suscitado las fallas en dicho edificio que fue edificado por el propio Departamento de Construcción de la máxima casa de estudios del estado:
“Finalmente quien construyó el edificio fue nuestro propio Departamento de Construcción y la Contraloría Interna es la que realiza la investigación para determinar qué fue lo que sucedió con el proceso de esta obra, esto por petición del rector Alejandro Zermeño”, apuntó el funcionario universitario.
El secretario académico dijo que la última evaluación de una firma especialista en ingeniería estructural, externa a la universidad y cuyos resultados fueron entregados en agosto, recomendó realizar una serie de intervenciones de reforzamiento en algunos sitios del edificio, además de utilizarlo con un máximo del 30% de su capacidad, aunque el riesgo de colapsar era bajo.
En cuanto al peritaje realizado luego del sismo del pasado 19 de septiembre, Pérez González detalló que el personal especializado por parte de la Facultad de Ingeniería acudió a la Facultad de Ciencias para hacer una inspección visual preliminar, junto con el Departamento de Protección Civil de la propia universidad, donde se determinó que no había daños. Apuntó que al día siguiente el personal de Protección Civil Municipal también realizó una inspección exhaustiva, y corroboraron lo dicho por las autoridades de la UASLP.
Luego del terremoto del 22 de septiembre que también se sintió en el estado, Alejandro Zermeño ordenó el cierre total del edificio Pedregal para evitar daños en la integridad de los alumnos, docentes y trabajadores, luego de que se determinó, el edificio pasó de ser considerado como de bajo a moderado riesgo; además, reconoció que es importante hacer una rehabilitación completa de la torre.
El rector dijo que las investigaciones de parte de la Contraloría Interna de la UASLP continúan, y se podría llegar a tener denuncias si se determina que hubo irregularidades en el destino del presupuesto para este edificio.
Alejandro Zermeño informó, ante el Consejo Directivo Universitario, que el refuerzo del torre de la Facultad de Ciencias tendrá un costo de 18 millones de pesos, lo que representa el 22.5% del valor de construcción. Explicó que la primera etapa incluirá la remodelación de pisos, escaleras, además de un refuerzo estructural, por lo que se tendrá que mantener desocupado el recinto. La segunda parte será de la parte exterior del edificio.
El 30 de septiembre, la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández, vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, hizo un llamado para que se lleve a cabo una revisión de los constructores y estos asuman su responsabilidad. Comentó que no se puede permitir que los responsables de las obras salgan impunes, por lo que se revisará y trabajará de la mano con las autoridades involucradas para verificar este tipo de hechos.
Ricardo Gallardo dijo que en más de 12 municipios hay solo cuatro elementos por turno
Por: Redacción
Nueve municipios de San Luis Potosí todavía no han querido elevar el sueldo de sus policías municipales, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien agregó que más de 12 municipios tienen apenas siete u ocho elementos divididos en dos turnos.
“Tienen cuatro policías por turno. Uno lo trae el alcalde, otro lo trae la puerta de la presidencia y dos están en la plaza principal con el lleva-lleva. Entonces, prácticamente tienen cero seguridad municipal”, dijo.
Sobre las sanciones a esos ayuntamientos, Gallardo remitió al Congreso del Estado.
La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.
Desde el 1 de septiembre, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas llevan el procedimiento administrativo contra los ayuntamientos que no homologaron los sueldos. Las sanciones van de la amonestación a la inhabilitación
El 2 de octubre, Gallardo habló de una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados. El 23 de octubre, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos.
Ese mismo día, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, dijo que en algunas supervisiones a corporaciones municipales “no hay a quien supervisar” y que “tres o cuatro elementos durante un turno para un municipio, pues son muy pocos”.
También lee: Mayoría de policías municipales no hace detenciones, señala la SSPC
Además, cada negocio potosino pagó más por la delincuencia, mientras en el país ese costo bajó
Por: Ana G Silva
Nueve de cada cien negocios de San Luis Potosí sufrieron al menos un robo o asalto de bienes o dinero durante 2025, una proporción 50 por ciento mayor que la del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La tasa estatal fue de 898 unidades económicas víctimas de ese delito por cada 10 mil, contra 597 en el país. Con esa cifra, San Luis Potosí ocupó el quinto lugar nacional, solo detrás de Chihuahua, Campeche, Querétaro y Aguascalientes.
En total, la encuesta estimó 15 mil 777 robos o asaltos de bienes o dinero contra negocios potosinos en el año. Es una tasa de mil 410 por cada 10 mil unidades económicas, frente a 885 a nivel nacional.
Si se cuentan todos los delitos, 31 mil 814 de los casi 112 mil negocios del estado fueron víctimas de al menos uno. Es 28.4 por ciento, por encima del 25.9 por ciento nacional.
Más caro que hace dos años
La delincuencia también le salió más cara a cada negocio. El costo promedio del delito por unidad económica en San Luis Potosí aumentó 6 por ciento entre 2023 y 2025, mientras que en el país bajó 18.2 por ciento.
San Luis Potosí fue uno de los 12 estados donde ese costo creció. El INEGI ubicó al estado en el rango medio, de entre 40 mil 986 y 61 mil 983 pesos
Pequeñas y grandes, las más expuestas
La brecha con el resto del país es mayor en las empresas pequeñas y grandes. En las pequeñas, 5 mil 596 de cada 10 mil fueron víctimas de algún delito, contra 4 mil 154 a nivel nacional: 35 por ciento más.
En las grandes, la tasa fue de 6 mil 68 por cada 10 mil, frente a 4 mil 840 en el país. Según las estimaciones del INEGI, el delito más frecuente entre estas empresas fue el robo de mercancía en tránsito, con 29 por ciento de sus casos.
Ese delito está en el centro de las protestas del transporte de carga. En octubre, transportistas potosinos se sumaron al paro nacional para exigir seguridad en la carretera federal 57. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ubicó tramos de riesgo cerca de Santa María del Río, La Pila y El Huizache.
En las microempresas, que son la gran mayoría de los negocios, la tasa fue de 2 mil 704 por cada 10 mil, apenas arriba de la nacional de 2 mil 507. Por sector, el comercio fue el más golpeado: 3 mil 475 de cada 10 mil comercios sufrieron algún delito, contra 3 mil 49 en el país.
El robo hormiga, de mercancía en pequeñas cantidades, alcanzó a mil 108 de cada 10 mil negocios potosinos, contra 954 en el promedio nacional.
También lee: La carretera 57, entre las exigencias de seguridad de transportistas en SLP
La Conagua en San Luis Potosí clausuró tres de los cuatro pozos de José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, en Salinas de Hidalgo y anunció sanciones. El agua que sale de esa propiedad abastece su hotel Canto de Sal
Por: Redacción
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró tres de los cuatro pozos que José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, tiene en Salinas de Hidalgo, y abrió procedimientos administrativos que concluirán en sanciones.
Así lo informó el delegado federal en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo.
“No puede robarle el agua a la gente, y menos en el altiplano”, dijo el funcionario.
El delegado no aludió al político del Partido Verde, pero confirmó que los pozos están en predios de la familia Romero Calzada y el agua que extraen abastece el hotel Canto de Sal, propiedad que él ha reconocido como propia de manera pública.
El nombre del hotel es también su coartada: en Salinas hay sequía y en Canto de Sal hay alberca.
Los pozos operaban sin la concesión correspondiente, según la dependencia. En estos casos la sanción reactiva es la clausura inmediata de la fuente de agua.
El pozo de la discordia
El del Rancho La Estancia del Carmen no es un pozo cualquiera: abasteció al municipio por más de 30 años. El Ayuntamiento lo operaba con un convenio privado de usufructo firmado el 3 de abril de 2008 por 28.06 metros cuadrados. En 2012, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado avaló una servidumbre legal de paso: los propietarios debían permitir el ingreso de personal municipal para operar y dar mantenimiento a la fuente, de 8:00 a 18:00 horas, porque se usaba “para el servicio de la comunidad”.
En noviembre de 2018, Romero Calzada tramitó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de un pozo agrícola para proveer de agua a su hotel Canto de Sal. El hotel abrió y opera desde entonces. Ese mismo año, habitantes de Salinas denunciaron que la población se quedó en sequía después de que el pozo saliera de las manos del municipio.
El exalcalde Teódulo Contreras Martínez (2007-2009), señalado en su momento por la venta del pozo, ha negado el hecho: el expediente del juicio civil acredita que el Ayuntamiento seguía operando la fuente años después de su gestión.
Las cifras de la dependencia
González Castillo dijo que en lo que va del año la delegación ha realizado alrededor de mil 600 inspecciones
Añadió que desde diciembre de 2024 no se ha otorgado ningún nuevo título de concesión en los acuíferos de San Luis, Salinas, Matehuala y Vanegas, y que está en curso un proceso para regularizar concesiones vencidas entre 2009 y 2026, con plazo al 4 de julio de 2027.
También reconoció los límites de la vigilancia: “No tengo el personal para estar revisando todo a nivel estatal”. La dependencia actúa sobre todo por denuncias ciudadanas.
Más allá de Salinas
En la misma entrevista, el delegado informó que en Ciudad Fernández, El Jabalí y la Media Luna se clausuraron tres pozos clandestinos y se detuvo la extracción de material de la cuenca del río. Sobre la Media Luna dijo que el agua se mantiene, pero que el daño está en el ecosistema, con “una petrificación impresionante” en el piso y raíces expuestas: esa parte corresponde a la SEGAM, la Semarnat y la Profepa.
Sobre las presas de jale de las mineras, sostuvo que la dependencia sancionó, clausuró y multó a una empresa que pagó y realiza obra civil para desviar el agua de lluvia, pero que el manejo de los depósitos corresponde “sobre todo” a la Profepa, a la que ya envió oficios.
Qué sigue
Los procedimientos administrativos abiertos en Salinas definirán el monto de las sanciones y si la clausura de los tres pozos se mantiene. Sigue vigente la servidumbre que obliga a los propietarios del Rancho La Estancia del Carmen a permitir el acceso del Ayuntamiento al pozo. Y el proceso federal de regularización de concesiones vence en julio de 2027.
Al ser cuestionado al respecto en Ciudad Valles, Romero Calzada huyó de la prensa.
Lee también: “Ese hombre para mí no existe”: Medina arremete contra Tecmol
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