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En dos años, edificio construido por la UASLP presentó desperfectos millonarios
La torre Pedregal, inaugurada en 2020 con un valor de 80 millones, hoy requiere de 22.5% más de su costo original solo para hacerla funcional
Por: Ana G Silva
El 28 de abril de 2020, Juan Manuel Carreras López, ex gobernador del estado, y Manuel Fermín Villar Rubio, ex rector de la Universidad Autónoma de San Luis (UASLP), inauguraron la torre de la Facultad de Ciencias en el Campus Pedregal, que tuvo una inversión de 80 millones de pesos. No obstante, desde los primeros meses presentó grietas y fallas, además después de la revisiones hechas al inmueble que debido a los temblores durante este mes de septiembre el inmueble tras los sismos registrados en el mes de septiembre pasado el edificio fue recatalogado de un espacio con bajo riesgo a riesgo moderado, por ello el rector Alejandro Zermeño decretó su cierre total y anunció que reparar las fallas 18 millones de pesos, un 22.5% de su valor original. Esto a pesar de que hace meses La Orquesta advirtió sobre el peligro que representaba para la comunidad universitaria
El edificio presentó sus primeros desperfectos en menos de un año, esto a pesar de que nunca fue utilizado al 100% de su capacidad, esto debido a que un mes antes de su inauguración todos los niveles educativos suspendieron clases presenciales resultado del confinamiento por el covid-19.
El 30 de enero de 2020, poco antes de su apertura, se registraron vientos de hasta 70 km/h, que provocaron que en el edificio hubiera desprendimiento de los cristales. Se argumentó que esto se debió a que algunas ventanas estaban abiertas. En redes sociales, alumnos y docentes difundieron videos de los daños. Para mayo de ese año se anunció que la torre presentaba grandes grietas y la falta de calidad en la obra obligó a ordenar un proceso de investigación.
La Orquesta presentó una entrevista el 27 de abril de 2022 con Aurelia de la O Flores, directora de comunicación social de la universidad, en ella comentó que en julio de 2021 se realizó un peritaje por parte de Protección Civil Municipal; en el que se consideró que el sitio era seguro, pero se llegó a conclusión de que no fue el más completo.
De la O Flores detalló que se buscó a otras empresas especializadas para realizar el estudio técnico, lo que les llevó tres meses y cuyas investigaciones iniciaron en diciembre del 2021 y que entregaron resultados el 22 de abril de 2022, donde se había mencionado que el edificio no corría el riesgo de caer, sin embargo, no se debía exceder cierto peso, es decir el 30% de su capacidad, pues aún faltaba un estudio de suelo por lo que la UASLP contrató a otra empresa. En ese momento, los alumnos no llevaban clases en la torre, sino en el antiguo edificio del Instituto de Física, por lo que solo estaba activa la biblioteca y algunos laboratorios de la torre.
Ese mismo 27 de abril, La Orquesta acudió al edificio para verificar las condiciones y recopilar algunas reacciones de alumnos, quienes confirmaron que en la torre no se dan clases, aunque los cubículos, área de investigadores y la biblioteca estaban en funcionamiento. Uno de ellos comentó que lo que le causaba miedo es que “el aire lo pueda tirar y la biblioteca está hasta el piso 12”. Otro de ellos también coincidió que “sí da miedo que se caiga de la nada”, por lo que prefiere no permanecer mucho tiempo en la biblioteca y “sacar los libros prestados”.
Tras el sismo que se reportó en Michoacán este lunes 19 de septiembre, y que se sintió en algunas partes de San Luis Potosí, los alumnos de este campus fueron desalojados para evitar riesgos, lo que provocó que nuevamente señalaran las condiciones en las que se encuentran las más de mil 500 personas que acuden a él.
A través de la red social Facebook, el usuario Sergio Alberto de León, alumno de la facultad, describió que el edificio siempre ha sido un tema de controversia entre el estudiantado y los docentes, ya que su altura y ubicación sobre terreno irregular ha impedido su uso en algunos espacios y nada se ha hecho para remediarlo. 
Jorge Alberto Pérez González, secretario académico e ingeniero civil de la UASLP, comentó el 21 de septiembre que la Contraloría Interna de la Universidad lleva a cabo una investigación para determinar por qué se han suscitado las fallas en dicho edificio que fue edificado por el propio Departamento de Construcción de la máxima casa de estudios del estado:
“Finalmente quien construyó el edificio fue nuestro propio Departamento de Construcción y la Contraloría Interna es la que realiza la investigación para determinar qué fue lo que sucedió con el proceso de esta obra, esto por petición del rector Alejandro Zermeño”, apuntó el funcionario universitario.
El secretario académico dijo que la última evaluación de una firma especialista en ingeniería estructural, externa a la universidad y cuyos resultados fueron entregados en agosto, recomendó realizar una serie de intervenciones de reforzamiento en algunos sitios del edificio, además de utilizarlo con un máximo del 30% de su capacidad, aunque el riesgo de colapsar era bajo.
En cuanto al peritaje realizado luego del sismo del pasado 19 de septiembre, Pérez González detalló que el personal especializado por parte de la Facultad de Ingeniería acudió a la Facultad de Ciencias para hacer una inspección visual preliminar, junto con el Departamento de Protección Civil de la propia universidad, donde se determinó que no había daños. Apuntó que al día siguiente el personal de Protección Civil Municipal también realizó una inspección exhaustiva, y corroboraron lo dicho por las autoridades de la UASLP.
Luego del terremoto del 22 de septiembre que también se sintió en el estado, Alejandro Zermeño ordenó el cierre total del edificio Pedregal para evitar daños en la integridad de los alumnos, docentes y trabajadores, luego de que se determinó, el edificio pasó de ser considerado como de bajo a moderado riesgo; además, reconoció que es importante hacer una rehabilitación completa de la torre.
El rector dijo que las investigaciones de parte de la Contraloría Interna de la UASLP continúan, y se podría llegar a tener denuncias si se determina que hubo irregularidades en el destino del presupuesto para este edificio.
Alejandro Zermeño informó, ante el Consejo Directivo Universitario, que el refuerzo del torre de la Facultad de Ciencias tendrá un costo de 18 millones de pesos, lo que representa el 22.5% del valor de construcción. Explicó que la primera etapa incluirá la remodelación de pisos, escaleras, además de un refuerzo estructural, por lo que se tendrá que mantener desocupado el recinto. La segunda parte será de la parte exterior del edificio.
El 30 de septiembre, la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández, vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, hizo un llamado para que se lleve a cabo una revisión de los constructores y estos asuman su responsabilidad. Comentó que no se puede permitir que los responsables de las obras salgan impunes, por lo que se revisará y trabajará de la mano con las autoridades involucradas para verificar este tipo de hechos.
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Se sabía, se avisó y nadie hizo nada: evaluación judicial, el camino para depurar la base trabajadora | Columna de Víctor Ezequiel
SERENDIPIA
Por: Víctor Ezequiel
X: @MrVictorHdz
Culto público, amanecimos con tremendo golpe al personal operativo del PJF. Este 5 de noviembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación un Acuerdo General que fue aprobado por unanimidad el 28 de octubre por el Pleno del Órgano de Administración Judicial. Su supuesto objeto es “regular la evaluación del desempeño del personal de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación”.
Su justificación oficial es fortalecer la profesionalización, mejorar la impartición de justicia, identificar necesidades de capacitación y establecer parámetros objetivos para valorar el desempeño. Hasta ahí, nadie podría oponerse a que el servicio público sea evaluado. El problema comienza cuando revisamos cómo se hará y qué consecuencias puede tener.
¿A quiénes alcanza?
La evaluación comprende las categorías de: secretarios de tribunales y juzgados, proyectistas, asistentes de constancias y registro, secretarios instructores y de acuerdos de tribunales laborales, actuarios y oficiales judiciales, entre otros. Se excluye al personal adscrito a la Suprema Corte y al Tribunal Electoral. También puede evaluarse al personal que tenga al menos seis meses ininterrumpidos en el mismo órgano y categoría, independientemente de que cuente o no con nombramiento de base.
Esto último merece atención: no se trata únicamente de quienes tienen una plaza definitiva. El acuerdo alcanza a un universo amplio de personas que realizan funciones de carrera judicial.
¿Cómo se evaluará?
El modelo combina conocimientos y rendimiento. El 60% corresponde a habilidades y competencias: 40% mediante un examen y 20% por capacitación. El 40% restante se distribuye entre productividad (10%), calidad del trabajo conforme al perfil (5%), trabajo en equipo y clima organizacional (5%), ética (5%), servicio a la ciudadanía (5%) y comportamiento y ejercicio profesional (10%).
Para integrar los resultados se utilizarán exámenes, cuestionarios contestados por titulares o administradores, cuestionarios confidenciales aplicados a compañeros y reportes institucionales. También se tomarán en cuenta antecedentes disciplinarios, administrativos y laborales, así como informes desfavorables de revisiones técnicas, bajo las condiciones previstas en el acuerdo.
Aquí aparece una preocupación evidente: ¿cómo se evitará que las diferencias personales, los conflictos internos o las relaciones de poder dentro de cada órgano influyan en una evaluación que pretende ser objetiva? El documento ordena utilizar información verificable y establecer controles metodológicos contra posibles sesgos, pero una declaración normativa no garantiza, por sí sola, que estos no ocurran.
Las consecuencias no son menores.
Los resultados se clasifican en cinco niveles: sobresaliente, de 90 a 100 puntos; satisfactorio, de 80 a 89; regular, de 70 a 79; suficiente, de 60 a 69; e insuficiente, de 0 a 59.
Quienes obtengan resultados satisfactorios o sobresalientes recibirán una constancia de permanencia por dos años. Los niveles regular y suficiente tendrán una constancia por un año y deberán cumplir acciones de fortalecimiento. El resultado insuficiente se traduce en un estándar de desempeño no alcanzado y abre la posibilidad de un examen extraordinario o un recurso de revisión, según el origen de la calificación. Si el resultado queda firme, el asunto se remite al Pleno para los efectos previstos en la Ley de Carrera Judicial, incluida la posible separación en los supuestos legales.
El recurso de revisión debe interponerse en diez días hábiles y el Pleno cuenta con un plazo máximo de cuatro meses
¿Y qué sucede durante 2026?
El acuerdo establece expresamente que la evaluación de este año será diagnóstica: no contará como periodo ordinario ni producirá consecuencias individuales de permanencia o separación. Sin embargo, la participación será obligatoria y sus resultados servirán para diseñar programas de capacitación que también serán obligatorios y considerados en la primera evaluación ordinaria.
El calendario ya está definido: del 11 al 13 de noviembre se cargará información a la plataforma; el 17 y 18 se notificará y publicará el temario; del 4 al 15 de diciembre se aplicarán cuestionarios. Los exámenes serán el 4 de diciembre para secretarios, el 8 para actuarios y los días 14 y 15 para oficiales judiciales. De enero a marzo de 2027 se analizarán resultados y se elaborarán informes y acciones de fortalecimiento. La primera evaluación con consecuencias se realizará después de concluir la capacitación correspondiente.
La memoria de 2024 no puede borrarse.
Durante el paro nacional de trabajadores del PJF en 2024, una de las principales preocupaciones fue precisamente la posible afectación a los derechos laborales. En aquel momento, se sostuvo que la reforma buscaba combatir el nepotismo y la corrupción, particularmente respecto de las personas titulares, y que el personal no tendría por qué resultar perjudicado.
Hoy, con un nuevo “modelo de evaluación” que alcanza a oficiales, actuarios y secretarios, resulta difícil separar las piezas. Entre 2024 y 2026 se impulsaron numerosos concursos abiertos de oposición para integrar listas de personas habilitadas; ahora existe un universo amplio de aspirantes disponibles, mientras el personal que construyó su trayectoria dentro de la institución queda sujeto a un sistema que puede comprometer su permanencia.
La lectura política es inevitable: la reforma no solamente cambió quiénes ocupan los cargos de juzgadores; también está reconfigurando las condiciones bajo las cuales permanece el personal que sostiene la operación judicial. La evaluación puede convertirse en una herramienta de profesionalización, pero también en un mecanismo de depuración si sus criterios se aplican de manera sesgada o se utilizan para favorecer la sustitución de personal de carrera por perfiles alineados con el nuevo proyecto político. No es una preocupación que deba despacharse con el argumento de que todo se hace por eficiencia.
El acuerdo dice que la evaluación será objetiva, imparcial y diagnóstica. Ahora corresponde demostrarlo. La independencia judicial también se construye con trabajadores que puedan desempeñar sus funciones sin temor a perder su empleo por criterios discrecionales. La transformación del Poder Judicial no puede convertirse en una puerta para sustituir experiencia, antigüedad y carrera por obediencia institucional.
Lee también: Poder Judicial: ¿austeridad o incertidumbre laboral?
El gobernador dijo que hay una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y recibir a los paisanos
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que la vigilancia de las carreteras para recibir a los migrantes potosinos se hará este año también por vía aérea, en coordinación con la Guardia Nacional.
Gallardo dijo que habrá “una gran caravana de migrantes” y que los paisanos serán recibidos “en próximos días”. Aseguró que existe una gran sincronización con la Guardia Nacional para vigilar las carreteras desde el aire y poder recibirlos “con los brazos abiertos”.
La Caravana del Migrante Potosino de este año traerá de regreso a entre 5 mil y 7 mil paisanos desde Estados Unidos, de acuerdo con el Instituto de Migración y Enlace Internacional de San Luis Potosí. Será la última de la administración 2021-2027 y más de 36 alcaldes
El Gobierno del Estado informó que unos 2 mil vehículos participarán en la caravana, que entrará a México el 20 de diciembre por Matamoros, Tamaulipas, con el apoyo de unas 40 dependencias que darán atención médica, asesoría jurídica y auxilio vial. La llegada a San Luis Potosí está prevista entre el 18 y el 21 de diciembre.
El Instituto recomendó a quienes regresan por su cuenta que se unan a la caravana oficial para viajar acompañados y con menos riesgo, pues desde septiembre muchos paisanos llegan al estado por separado.
También lee: Gallardo presume cero observaciones financieras en auditoría de 2025
Las noches de hotel en la capital bajaron 13% aunque la feria superó los 10 millones de visitas
Por: Ana G Silva
Los hoteles de la capital potosina ocuparon 53.96% de sus cuartos en agosto de 2026, el mes de la Feria Nacional Potosina (Fenapo), frente a 61.16% en agosto de 2025. La caída fue de 7.2 puntos, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (DataTur), de la Secretaría de Turismo federal.
Los hoteles de la capital mantuvieron su oferta de 6,181 cuartos, pero en agosto vendieron 103,106 noches de habitación, 11.7% menos que un año antes. Llegaron a los hoteles 88,823 turistas, 8.9% menos que en agosto de 2025.
Antes de la feria, Yolanda Josefina Cepeda Echavarría, titular de la Secretaría de Turismo del Estado, anticipó que los hoteles “se van a abarrotar” con la Fenapo. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que la derrama económica de esta edición “va a superar todo” lo registrado en 2025.
Más visitas a la feria, menos noches de hotel
Al cierre de la feria, en la que se incluyó el concierto gratuito de Katy Perry, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí reportó una ocupación hotelera de 80% en la capital. Esa cifra correspondió a los últimos días de la Fenapo; el promedio de todo agosto quedó 26 puntos
En septiembre, el gobierno estatal informó que la Fenapo rebasó los 10 millones de visitas en 24 días, más de tres millones por encima de su propia proyección.
Ese aumento no se reflejó en el hospedaje. Los turistas noche en hoteles de la capital, que suman las noches de cada huésped, bajaron de 191,979 en agosto de 2025 a 166,574 en agosto de 2026, una caída de 13.2%.
La Secretaría de Turismo del Estado reportó para todo el estado un incremento de poco más de 5% en la ocupación hotelera del verano, del 10 de julio al 30 de agosto. En la capital, julio y agosto juntos promediaron 55.3%, contra 60.6% en 2025.
El año también va abajo
De enero a septiembre de 2026, la ocupación promedio en la capital fue de 50.88%, contra 53.40% en el mismo periodo de 2025. Solo enero y mayo superaron el nivel del año anterior.
Septiembre, con 45.19%, fue el mes más bajo de 2026, siete puntos debajo de septiembre de 2025.
En nueve meses llegaron 694,483 turistas a los hoteles de la capital, 2.5% menos que un año antes. Los visitantes nacionales bajaron 7.9%, mientras los extranjeros subieron 71.6%, hasta 82,622, sin compensar la caída.
También lee: Katy Perry, seguridad reforzada y hoteles llenos marcan la Fenapo
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