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En dos años, edificio construido por la UASLP presentó desperfectos millonarios
La torre Pedregal, inaugurada en 2020 con un valor de 80 millones, hoy requiere de 22.5% más de su costo original solo para hacerla funcional
Por: Ana G Silva
El 28 de abril de 2020, Juan Manuel Carreras López, ex gobernador del estado, y Manuel Fermín Villar Rubio, ex rector de la Universidad Autónoma de San Luis (UASLP), inauguraron la torre de la Facultad de Ciencias en el Campus Pedregal, que tuvo una inversión de 80 millones de pesos. No obstante, desde los primeros meses presentó grietas y fallas, además después de la revisiones hechas al inmueble que debido a los temblores durante este mes de septiembre el inmueble tras los sismos registrados en el mes de septiembre pasado el edificio fue recatalogado de un espacio con bajo riesgo a riesgo moderado, por ello el rector Alejandro Zermeño decretó su cierre total y anunció que reparar las fallas 18 millones de pesos, un 22.5% de su valor original. Esto a pesar de que hace meses La Orquesta advirtió sobre el peligro que representaba para la comunidad universitaria
El edificio presentó sus primeros desperfectos en menos de un año, esto a pesar de que nunca fue utilizado al 100% de su capacidad, esto debido a que un mes antes de su inauguración todos los niveles educativos suspendieron clases presenciales resultado del confinamiento por el covid-19.
El 30 de enero de 2020, poco antes de su apertura, se registraron vientos de hasta 70 km/h, que provocaron que en el edificio hubiera desprendimiento de los cristales. Se argumentó que esto se debió a que algunas ventanas estaban abiertas. En redes sociales, alumnos y docentes difundieron videos de los daños. Para mayo de ese año se anunció que la torre presentaba grandes grietas y la falta de calidad en la obra obligó a ordenar un proceso de investigación.
La Orquesta presentó una entrevista el 27 de abril de 2022 con Aurelia de la O Flores, directora de comunicación social de la universidad, en ella comentó que en julio de 2021 se realizó un peritaje por parte de Protección Civil Municipal; en el que se consideró que el sitio era seguro, pero se llegó a conclusión de que no fue el más completo.
De la O Flores detalló que se buscó a otras empresas especializadas para realizar el estudio técnico, lo que les llevó tres meses y cuyas investigaciones iniciaron en diciembre del 2021 y que entregaron resultados el 22 de abril de 2022, donde se había mencionado que el edificio no corría el riesgo de caer, sin embargo, no se debía exceder cierto peso, es decir el 30% de su capacidad, pues aún faltaba un estudio de suelo por lo que la UASLP contrató a otra empresa. En ese momento, los alumnos no llevaban clases en la torre, sino en el antiguo edificio del Instituto de Física, por lo que solo estaba activa la biblioteca y algunos laboratorios de la torre.
Ese mismo 27 de abril, La Orquesta acudió al edificio para verificar las condiciones y recopilar algunas reacciones de alumnos, quienes confirmaron que en la torre no se dan clases, aunque los cubículos, área de investigadores y la biblioteca estaban en funcionamiento. Uno de ellos comentó que lo que le causaba miedo es que “el aire lo pueda tirar y la biblioteca está hasta el piso 12”. Otro de ellos también coincidió que “sí da miedo que se caiga de la nada”, por lo que prefiere no permanecer mucho tiempo en la biblioteca y “sacar los libros prestados”.
Tras el sismo que se reportó en Michoacán este lunes 19 de septiembre, y que se sintió en algunas partes de San Luis Potosí, los alumnos de este campus fueron desalojados para evitar riesgos, lo que provocó que nuevamente señalaran las condiciones en las que se encuentran las más de mil 500 personas que acuden a él.
A través de la red social Facebook, el usuario Sergio Alberto de León, alumno de la facultad, describió que el edificio siempre ha sido un tema de controversia entre el estudiantado y los docentes, ya que su altura y ubicación sobre terreno irregular ha impedido su uso en algunos espacios y nada se ha hecho para remediarlo.
Jorge Alberto Pérez González, secretario académico e ingeniero civil de la UASLP, comentó el 21 de septiembre que la Contraloría Interna de la Universidad lleva a cabo una investigación para determinar por qué se han suscitado las fallas en dicho edificio que fue edificado por el propio Departamento de Construcción de la máxima casa de estudios del estado:
“Finalmente quien construyó el edificio fue nuestro propio Departamento de Construcción y la Contraloría Interna es la que realiza la investigación para determinar qué fue lo que sucedió con el proceso de esta obra, esto por petición del rector Alejandro Zermeño”, apuntó el funcionario universitario.
El secretario académico dijo que la última evaluación de una firma especialista en ingeniería estructural, externa a la universidad y cuyos resultados fueron entregados en agosto, recomendó realizar una serie de intervenciones de reforzamiento en algunos sitios del edificio, además de utilizarlo con un máximo del 30% de su capacidad, aunque el riesgo de colapsar era bajo.
En cuanto al peritaje realizado luego del sismo del pasado 19 de septiembre, Pérez González detalló que el personal especializado por parte de la Facultad de Ingeniería acudió a la Facultad de Ciencias para hacer una inspección visual preliminar, junto con el Departamento de Protección Civil de la propia universidad, donde se determinó que no había daños. Apuntó que al día siguiente el personal de Protección Civil Municipal también realizó una inspección exhaustiva, y corroboraron lo dicho por las autoridades de la UASLP.
Luego del terremoto del 22 de septiembre que también se sintió en el estado, Alejandro Zermeño ordenó el cierre total del edificio Pedregal para evitar daños en la integridad de los alumnos, docentes y trabajadores, luego de que se determinó, el edificio pasó de ser considerado como de bajo a moderado riesgo; además, reconoció que es importante hacer una rehabilitación completa de la torre.
El rector dijo que las investigaciones de parte de la Contraloría Interna de la UASLP continúan, y se podría llegar a tener denuncias si se determina que hubo irregularidades en el destino del presupuesto para este edificio.
Alejandro Zermeño informó, ante el Consejo Directivo Universitario, que el refuerzo del torre de la Facultad de Ciencias tendrá un costo de 18 millones de pesos, lo que representa el 22.5% del valor de construcción. Explicó que la primera etapa incluirá la remodelación de pisos, escaleras, además de un refuerzo estructural, por lo que se tendrá que mantener desocupado el recinto. La segunda parte será de la parte exterior del edificio.
El 30 de septiembre, la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández, vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, hizo un llamado para que se lleve a cabo una revisión de los constructores y estos asuman su responsabilidad. Comentó que no se puede permitir que los responsables de las obras salgan impunes, por lo que se revisará y trabajará de la mano con las autoridades involucradas para verificar este tipo de hechos.
Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
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Destacadas
“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares
El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.
A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.
Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.
Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”
Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.
Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.
También lee: Verde será el último en definir candidatos en SLP: Gallardo
Ciudad
SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo
El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.
Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.
Cajeros del centro histórico
Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.
Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”
, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.Fraudes en línea
El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.
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