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En dos años, edificio construido por la UASLP presentó desperfectos millonarios
La torre Pedregal, inaugurada en 2020 con un valor de 80 millones, hoy requiere de 22.5% más de su costo original solo para hacerla funcional
Por: Ana G Silva
El 28 de abril de 2020, Juan Manuel Carreras López, ex gobernador del estado, y Manuel Fermín Villar Rubio, ex rector de la Universidad Autónoma de San Luis (UASLP), inauguraron la torre de la Facultad de Ciencias en el Campus Pedregal, que tuvo una inversión de 80 millones de pesos. No obstante, desde los primeros meses presentó grietas y fallas, además después de la revisiones hechas al inmueble que debido a los temblores durante este mes de septiembre el inmueble tras los sismos registrados en el mes de septiembre pasado el edificio fue recatalogado de un espacio con bajo riesgo a riesgo moderado, por ello el rector Alejandro Zermeño decretó su cierre total y anunció que reparar las fallas 18 millones de pesos, un 22.5% de su valor original. Esto a pesar de que hace meses La Orquesta advirtió sobre el peligro que representaba para la comunidad universitaria
El edificio presentó sus primeros desperfectos en menos de un año, esto a pesar de que nunca fue utilizado al 100% de su capacidad, esto debido a que un mes antes de su inauguración todos los niveles educativos suspendieron clases presenciales resultado del confinamiento por el covid-19.
El 30 de enero de 2020, poco antes de su apertura, se registraron vientos de hasta 70 km/h, que provocaron que en el edificio hubiera desprendimiento de los cristales. Se argumentó que esto se debió a que algunas ventanas estaban abiertas. En redes sociales, alumnos y docentes difundieron videos de los daños. Para mayo de ese año se anunció que la torre presentaba grandes grietas y la falta de calidad en la obra obligó a ordenar un proceso de investigación.
La Orquesta presentó una entrevista el 27 de abril de 2022 con Aurelia de la O Flores, directora de comunicación social de la universidad, en ella comentó que en julio de 2021 se realizó un peritaje por parte de Protección Civil Municipal; en el que se consideró que el sitio era seguro, pero se llegó a conclusión de que no fue el más completo.
De la O Flores detalló que se buscó a otras empresas especializadas para realizar el estudio técnico, lo que les llevó tres meses y cuyas investigaciones iniciaron en diciembre del 2021 y que entregaron resultados el 22 de abril de 2022, donde se había mencionado que el edificio no corría el riesgo de caer, sin embargo, no se debía exceder cierto peso, es decir el 30% de su capacidad, pues aún faltaba un estudio de suelo por lo que la UASLP contrató a otra empresa. En ese momento, los alumnos no llevaban clases en la torre, sino en el antiguo edificio del Instituto de Física, por lo que solo estaba activa la biblioteca y algunos laboratorios de la torre.
Ese mismo 27 de abril, La Orquesta acudió al edificio para verificar las condiciones y recopilar algunas reacciones de alumnos, quienes confirmaron que en la torre no se dan clases, aunque los cubículos, área de investigadores y la biblioteca estaban en funcionamiento. Uno de ellos comentó que lo que le causaba miedo es que “el aire lo pueda tirar y la biblioteca está hasta el piso 12”. Otro de ellos también coincidió que “sí da miedo que se caiga de la nada”, por lo que prefiere no permanecer mucho tiempo en la biblioteca y “sacar los libros prestados”.
Tras el sismo que se reportó en Michoacán este lunes 19 de septiembre, y que se sintió en algunas partes de San Luis Potosí, los alumnos de este campus fueron desalojados para evitar riesgos, lo que provocó que nuevamente señalaran las condiciones en las que se encuentran las más de mil 500 personas que acuden a él.
A través de la red social Facebook, el usuario Sergio Alberto de León, alumno de la facultad, describió que el edificio siempre ha sido un tema de controversia entre el estudiantado y los docentes, ya que su altura y ubicación sobre terreno irregular ha impedido su uso en algunos espacios y nada se ha hecho para remediarlo.
Jorge Alberto Pérez González, secretario académico e ingeniero civil de la UASLP, comentó el 21 de septiembre que la Contraloría Interna de la Universidad lleva a cabo una investigación para determinar por qué se han suscitado las fallas en dicho edificio que fue edificado por el propio Departamento de Construcción de la máxima casa de estudios del estado:
“Finalmente quien construyó el edificio fue nuestro propio Departamento de Construcción y la Contraloría Interna es la que realiza la investigación para determinar qué fue lo que sucedió con el proceso de esta obra, esto por petición del rector Alejandro Zermeño”, apuntó el funcionario universitario.
El secretario académico dijo que la última evaluación de una firma especialista en ingeniería estructural, externa a la universidad y cuyos resultados fueron entregados en agosto, recomendó realizar una serie de intervenciones de reforzamiento en algunos sitios del edificio, además de utilizarlo con un máximo del 30% de su capacidad, aunque el riesgo de colapsar era bajo.
En cuanto al peritaje realizado luego del sismo del pasado 19 de septiembre, Pérez González detalló que el personal especializado por parte de la Facultad de Ingeniería acudió a la Facultad de Ciencias para hacer una inspección visual preliminar, junto con el Departamento de Protección Civil de la propia universidad, donde se determinó que no había daños. Apuntó que al día siguiente el personal de Protección Civil Municipal también realizó una inspección exhaustiva, y corroboraron lo dicho por las autoridades de la UASLP.
Luego del terremoto del 22 de septiembre que también se sintió en el estado, Alejandro Zermeño ordenó el cierre total del edificio Pedregal para evitar daños en la integridad de los alumnos, docentes y trabajadores, luego de que se determinó, el edificio pasó de ser considerado como de bajo a moderado riesgo; además, reconoció que es importante hacer una rehabilitación completa de la torre.
El rector dijo que las investigaciones de parte de la Contraloría Interna de la UASLP continúan, y se podría llegar a tener denuncias si se determina que hubo irregularidades en el destino del presupuesto para este edificio.
Alejandro Zermeño informó, ante el Consejo Directivo Universitario, que el refuerzo del torre de la Facultad de Ciencias tendrá un costo de 18 millones de pesos, lo que representa el 22.5% del valor de construcción. Explicó que la primera etapa incluirá la remodelación de pisos, escaleras, además de un refuerzo estructural, por lo que se tendrá que mantener desocupado el recinto. La segunda parte será de la parte exterior del edificio.
El 30 de septiembre, la diputada Lidia Nallely Vargas Hernández, vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, hizo un llamado para que se lleve a cabo una revisión de los constructores y estos asuman su responsabilidad. Comentó que no se puede permitir que los responsables de las obras salgan impunes, por lo que se revisará y trabajará de la mano con las autoridades involucradas para verificar este tipo de hechos.
Acento Ajeno
La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés
ACENTO AJENO
Por: Haniel Valdés Velázquez
Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.
Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.
En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.
Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?
Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.
Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.
Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.
La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades
ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.
El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.
Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.
Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.
La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.
Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.
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Funcionarios con aspiraciones para 2027 tendrán reunión personal con Gallardo
Gallardo negó que medio gabinete quiera participar en el proceso electoral
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona tendrá reuniones individuales con los integrantes de su gabinete que quieran participar en el proceso electoral de 2027. Dijo que ese tema lo verá con cada uno “en lo personal, no abierto en un gabinete”.
Lo anunció al salir de una reunión con su gabinete, en la que pidió ajustar el gasto de cierre de año. “Tendré una reunión posterior ya individual con los que yo sé que quieren participar en algún proceso”, dijo. A la pregunta de si se trata de medio gabinete, respondió: “No, no, no”.
Plazo: diciembre
El 15 de septiembre, Gallardo fijó diciembre como el límite para que los funcionarios que busquen una candidatura dejen el gobierno. Explicó que ese plazo coincide con el proceso interno del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y adelantó que podría haber “una o dos bajas”.
Dos semanas después, tras su Quinto Informe de Gobierno, dijo que haría uno o dos cambios en su gabinete y que serían “100% electorales”. En ese momento aseguró que ningún colaborador saldría todavía: “Va a esperar los tiempos”.
Las cartas del Verde
El 6 de octubre, el gobernador dijo que el Verde tiene una “baraja” de cuatro perfiles para la gubernatura, sin dar nombres: el presidente del partido, el secretario general de Gobierno, un alcalde de la zona metropolitana y un diputado federal. Ese mismo mes, J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General de Gobierno, se dijo listo si el partido lo llama.
“O trabajan o se van”
En su comparecencia ante el Congreso del Estado, el 19 de octubre, Torres Sánchez reconoció que algunos funcionarios de primer nivel aspiran a contender, aunque ninguno le había manifestado con claridad su intención de pedir licencia. Dijo que los tiempos legales para separarse del cargo aún no llegan.
En julio, el mismo secretario había advertido a quienes tuvieran aspiraciones: “O trabajan y se quedan o se van y participan”.
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SSPC atiende señalamientos de droga en escuelas de Ciudad Valles
Jesús Juárez dijo que la SSPC mantiene vigilancia en escuelas y colonias por instrucción del gobernador
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, informó que la dependencia da seguimiento a los señalamientos de venta de droga en planteles de Ciudad Valles.
Explicó que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) tiene la instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona de “estar muy atentos” en el ámbito de las escuelas y las colonias para prevenir la venta de droga.
Juárez Hernández señaló que la SSPC ha detenido a personas cerca de escuelas, pero que ninguna detención deriva específicamente de venta de droga al interior de un plantel.
Sobre qué droga se vende más a los jóvenes, dijo que en general lo que la SSPC registra en el estado es la venta de marihuana, seguida del cristal.
También lee: Ejército, Guardia Nacional y Guardia Civil decomisan 63 kilos de droga en Valles
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