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En 2018, SLP tuvo 9% más delitos que 2017
Más de 38 mil potosinos fueron víctimas del crimen el año pasado
Por: El Saxofón
En 2018, más de 38 mil potosinos fueron víctimas de algún delito, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo con las cifras oficiales, el año pasado la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 38 mil 362 carpetas de investigación por diversos delitos, con lo cual, la incidencia delictiva en la entidad creció 9.04 por ciento con respecto a 2017.
El SESNSP clasifica los delitos según el Bien jurídico afectado (La vida y la integridad; la libertad personal; la libertad y la seguridad sexual; el patrimonio; la familia, la sociedad y otros), el tipo de delito, subtipo y modalidad.
En el caso de los delitos contra La vida y la integridad, se engloban los delitos de homicidio, feminicidio y lesiones.
En el caso de los homicidios dolosos, este delito cobró 528 víctimas, sin embargo, la Fiscalía solo abrió 458 carpetas de investigación. Esto se debe a que en casos de homicidios dobles o múltiples, solo se abre una carpeta de investigación.
Llama la atención que el 72.3 por ciento de los homicidios dolosos, es decir, 7 de cada 10, se cometieron con armas de fuego.
A las muertes violentas, se suman 454 homicidios culposos, que ocurrieron, según la estadística, en accidentes de tránsito.
Además la entidad potosina registró 27 víctimas de feminicidio, por los cuales la FGE abrió 26 indagatorias. Se trata de la cifra más alta en los últimos años.
Los asesinatos de mujeres por razones de género aumentaron 36.84 por ciento en 2018, con respecto a 2017. La tendencia a la alza en la incidencia de feminicidio fue notoria a lo largo de todo el año, y generó preocupación entre la sociedad potosina.
En el caso de los delitos contra la libertad personal, cabe mencionar que el número de víctimas de secuestro disminuyó de 31 en 2017 a 25 en 2018 (19.35%). Por estas 25 víctimas, la Fiscalía abrió 20 carpetas de investigación.
El tráfico de menores registró al menos 5 casos en 2018, cifra que puso a San Luis Potosí entre las entidades con más investigaciones abiertas por este delito en el país.
La Fiscalía General del Estado atendió mil 159 denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual; 420 de las denuncias fueron por casos de abuso sexual, 136 por acoso, 25 por hostigamiento, 487 por violación simple, 40 por violación equiparada, uno por incesto y 50 por otros delitos de esta misma naturaleza.
En el caso de los delitos patrimoniales, los 20 mil 40 casos registrados representan el 52.23 por ciento del total de delitos denunciados en 2018 
A su vez, más del 50 por ciento de los delitos patrimoniales son algún tipo de robo. A lo largo del año pasado, la Fiscalía estatal abrió 13 mil 991 carpetas de investigación por robos de distintos tipos, subtipos y modalidades.
El único tipo de robo que fue a la baja fue el Robo domiciliario, por el cual solo se presentaron mil 800 denuncias, mientras que en 2017 se registraron más de 2 mil.
De ahí en fuera, el Robo de vehículos registró la cifra más alta desde que comenzaron a llevarse las estadísticas.
En 2018, 3 mil 705 potosinos vieron afectado su patrimonio por el robo de sus vehículos. La delincuencia se apoderó de 2 mil 158 coches de cuatro ruedas, un promedio de 179 cada mes.
También se robaron mil 547 motocicletas. Ese delito se incrementó en todo el país, y San Luis Potosí no podía ser la excepción.
En cuanto al robo de autopartes, se presentaron 686 denuncias.
Por otro lado, resalta el incremento en el Robo a negocios. En 2018, la Fiscalía del estado recibió mil 668 denuncias por este delito; al menos 888 fueron asaltos violentos, más del 50 por ciento. Mientras que 780 fueron robos sin violencia.
Por robo a transportistas, la FGE recibió 556 denuncias; por robo a transeúntes en la vía pública fueron mil 234 denuncias; por robo en el transporte colectivo, 71 denuncias y 18 por robo a institución bancaria.
Además, a lo largo de 2018, se presentaron 122 denuncias por extorsión, mil 247 por fraude, y 3 mil 809 por daños a la propiedad.
En el caso de los delitos contra la Familia, resalta el gran número de denuncias por violencia familiar: 6 mil 360 casos a lo largo del año.
En el caso de los delitos contra la sociedad, se registraron 36 denuncias por corrupción de menores, y cinco por Trata de personas.
En el caso de otros delitos, la FGE abrió 503 carpetas de investigación por narcomenudeo, mil 775 por amenazas.
Esta categoría también engloba los delitos electorales, y habiendo sido el 2018 un año de elecciones, la Fiscalía recibió 62 denuncias por delitos de esta índole.
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Aunque la Fiscalía ya había obtenido una orden de aprehensión, un juez federal le concedió una suspensión dentro de un juicio de amparo
Por: Redacción
El hombre señalado por presuntamente haber matado a balazos a dos perros en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez no será detenido por el momento, luego de obtener una suspensión federal dentro de un juicio de amparo que frena la ejecución de la orden de aprehensión girada en su contra.
Así lo confirmó María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), quien explicó que la dependencia ya había integrado la carpeta de investigación por presunto maltrato animal y conseguido una orden de captura emitida por un juez de Control. Sin embargo, antes de que ésta pudiera ejecutarse, el imputado recurrió a la justicia federal.
La fiscal detalló que el Juzgado de Distrito concedió una suspensión para evitar que el hombre sea detenido mientras se resuelve el procedimiento de amparo, aunque la protección judicial está condicionada al cumplimiento de diversas medidas.
Entre ellas, deberá cubrir una garantía económica y acudir periódicamente ante la autoridad judicial para acreditar que permanece a disposición de la justicia: “Está concedida la suspensión para efecto de que no se le detenga”, señaló García Cázares.
La funcionaria precisó que la orden de aprehensión sigue vigente y podría ejecutarse si el acusado incumple cualquiera de las condiciones impuestas por el Poder Judicial de la Federación.
Por ahora, el caso que provocó indignación entre colectivos animalistas y usuarios de redes sociales permanece en una fase de espera, mientras las autoridades verifican que el imputado cumpla con las obligaciones derivadas del amparo.
El hecho ocurrió recientemente en un campo de fútbol de Soledad de Graciano Sánchez, donde dos perros fueron asesinados a balazos, un caso que generó una fuerte condena pública y reavivó el debate sobre las sanciones por maltrato animal en San Luis Potosí.
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Jesús Juárez aseguró que muchas liberaciones no obedecen a errores policiales, sino a decisiones judiciales
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, criticó los criterios utilizados por algunos jueces federales para otorgar medidas cautelares distintas a la prisión preventiva a personas detenidas por delitos graves, al considerar que estas resoluciones debilitan el trabajo de las corporaciones de seguridad y pueden representar un riesgo para la ciudadanía.
El funcionario sostuvo que, en diversos casos, las liberaciones no obedecen a fallas en las detenciones realizadas por policías estatales o municipales, sino a decisiones tomadas posteriormente por las autoridades judiciales: “La situación de la liberación no tiene que ver incluso con la actuación policial”, afirmó.
Juárez explicó que las corporaciones suelen realizar investigaciones, operativos y puestas a disposición conforme a los procedimientos establecidos; sin embargo, señaló que algunos jueces optan por imponer medidas cautelares que permiten a los imputados enfrentar sus procesos en libertad.
Según el titular de Seguridad, existe una tend encia de algunos juzgadores a privilegiar criterios garantistas sobre la prisión preventiva,
“Entiendo yo, es una percepción, que hay jueces federales muy garantistas; prefieren dar otra medida en libertad que la prisión preventiva”, expresó.
El secretario advirtió que este tipo de resoluciones generan frustración entre los cuerpos de seguridad, debido a que muchas detenciones son resultado de meses de investigación, seguimiento e inteligencia operativa.
Además, aseguró que las corporaciones han documentado casos en los que personas liberadas posteriormente reinciden en actividades delictivas, situación que consideró especialmente preocupante cuando deriva en nuevos hechos violentos.
“Lo hemos visto. Son liberados y luego privan de la vida a otra persona. Es lo más grave y es lo que deberían considerar los jueces federales o locales”, señaló.
Juárez Hernández consideró que cuando existen elementos que acreditan la portación de armas largas o la probable participación en delitos de alto impacto, los juzgadores deberían analizar con mayor firmeza la aplicación de la prisión preventiva, ya sea oficiosa o justificada, para evitar que los imputados continúen operando mientras enfrentan un proceso penal.
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El caso fue detectado por una clínica del IMSS tras atender a una mujer con sangrado después de las doce semanas de embarazo.
Por: Redacción
De los cinco abortos que reportó el Secretariado de Seguridad en lo que va del año, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) tiene abierta una sola carpeta de investigación penal, correspondiente a un procedimiento practicado fuera del límite legal de doce semanas, confirmó María Manuela García Cázares, titular de la dependencia.
El Congreso del Estado, en cumplimiento a la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reformó la legislación local en materia de aborto: el procedimiento es legal antes de las doce semanas de gestación y puede practicarse en los centros hospitalarios autorizados. A partir de esa semana se considera delito.
El único caso bajo investigación este año fue detectado por una denuncia de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS): una mujer llegó con sangrado y se determinó que el aborto había sido provocado después del límite legal.
Los otros cuatro registros del Secretariado no han llegado a la Fiscalía. La titular explicó que corresponde a la Secretaría de Salud verificar que los procedimientos se hayan practicado dentro de las doce semanas antes de que puedan ser atendidos en los centros autorizados.
En cuanto a quienes obliguen a una mujer a abortar —otro supuesto previsto en el Código Penal— García Cázares recordó el caso del año pasado: un médico que practicó un aborto ilegal y causó la muerte de la paciente. No informó si ese proceso concluyó ni cuál fue su resolución.
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