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En 2018, SLP tuvo 9% más delitos que 2017
Más de 38 mil potosinos fueron víctimas del crimen el año pasado
Por: El Saxofón
En 2018, más de 38 mil potosinos fueron víctimas de algún delito, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo con las cifras oficiales, el año pasado la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 38 mil 362 carpetas de investigación por diversos delitos, con lo cual, la incidencia delictiva en la entidad creció 9.04 por ciento con respecto a 2017.
El SESNSP clasifica los delitos según el Bien jurídico afectado (La vida y la integridad; la libertad personal; la libertad y la seguridad sexual; el patrimonio; la familia, la sociedad y otros), el tipo de delito, subtipo y modalidad.
En el caso de los delitos contra La vida y la integridad, se engloban los delitos de homicidio, feminicidio y lesiones.
En el caso de los homicidios dolosos, este delito cobró 528 víctimas, sin embargo, la Fiscalía solo abrió 458 carpetas de investigación. Esto se debe a que en casos de homicidios dobles o múltiples, solo se abre una carpeta de investigación.
Llama la atención que el 72.3 por ciento de los homicidios dolosos, es decir, 7 de cada 10, se cometieron con armas de fuego.
A las muertes violentas, se suman 454 homicidios culposos, que ocurrieron, según la estadística, en accidentes de tránsito.
Además la entidad potosina registró 27 víctimas de feminicidio, por los cuales la FGE abrió 26 indagatorias. Se trata de la cifra más alta en los últimos años.
Los asesinatos de mujeres por razones de género aumentaron 36.84 por ciento en 2018, con respecto a 2017. La tendencia a la alza en la incidencia de feminicidio fue notoria a lo largo de todo el año, y generó preocupación entre la sociedad potosina.
En el caso de los delitos contra la libertad personal, cabe mencionar que el número de víctimas de secuestro disminuyó de 31 en 2017 a 25 en 2018 (19.35%). Por estas 25 víctimas, la Fiscalía abrió 20 carpetas de investigación.
El tráfico de menores registró al menos 5 casos en 2018, cifra que puso a San Luis Potosí entre las entidades con más investigaciones abiertas por este delito en el país.
La Fiscalía General del Estado atendió mil 159 denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual; 420 de las denuncias fueron por casos de abuso sexual, 136 por acoso, 25 por hostigamiento, 487 por violación simple, 40 por violación equiparada, uno por incesto y 50 por otros delitos de esta misma naturaleza.
En el caso de los delitos patrimoniales, los 20 mil 40 casos registrados representan el 52.23 por ciento del total de delitos denunciados en 2018 
A su vez, más del 50 por ciento de los delitos patrimoniales son algún tipo de robo. A lo largo del año pasado, la Fiscalía estatal abrió 13 mil 991 carpetas de investigación por robos de distintos tipos, subtipos y modalidades.
El único tipo de robo que fue a la baja fue el Robo domiciliario, por el cual solo se presentaron mil 800 denuncias, mientras que en 2017 se registraron más de 2 mil.
De ahí en fuera, el Robo de vehículos registró la cifra más alta desde que comenzaron a llevarse las estadísticas.
En 2018, 3 mil 705 potosinos vieron afectado su patrimonio por el robo de sus vehículos. La delincuencia se apoderó de 2 mil 158 coches de cuatro ruedas, un promedio de 179 cada mes.
También se robaron mil 547 motocicletas. Ese delito se incrementó en todo el país, y San Luis Potosí no podía ser la excepción.
En cuanto al robo de autopartes, se presentaron 686 denuncias.
Por otro lado, resalta el incremento en el Robo a negocios. En 2018, la Fiscalía del estado recibió mil 668 denuncias por este delito; al menos 888 fueron asaltos violentos, más del 50 por ciento. Mientras que 780 fueron robos sin violencia.
Por robo a transportistas, la FGE recibió 556 denuncias; por robo a transeúntes en la vía pública fueron mil 234 denuncias; por robo en el transporte colectivo, 71 denuncias y 18 por robo a institución bancaria.
Además, a lo largo de 2018, se presentaron 122 denuncias por extorsión, mil 247 por fraude, y 3 mil 809 por daños a la propiedad.
En el caso de los delitos contra la Familia, resalta el gran número de denuncias por violencia familiar: 6 mil 360 casos a lo largo del año.
En el caso de los delitos contra la sociedad, se registraron 36 denuncias por corrupción de menores, y cinco por Trata de personas.
En el caso de otros delitos, la FGE abrió 503 carpetas de investigación por narcomenudeo, mil 775 por amenazas.
Esta categoría también engloba los delitos electorales, y habiendo sido el 2018 un año de elecciones, la Fiscalía recibió 62 denuncias por delitos de esta índole.
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Ricardo Gallardo dijo que en más de 12 municipios hay solo cuatro elementos por turno
Por: Redacción
Nueve municipios de San Luis Potosí todavía no han querido elevar el sueldo de sus policías municipales, informó el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien agregó que más de 12 municipios tienen apenas siete u ocho elementos divididos en dos turnos.
“Tienen cuatro policías por turno. Uno lo trae el alcalde, otro lo trae la puerta de la presidencia y dos están en la plaza principal con el lleva-lleva. Entonces, prácticamente tienen cero seguridad municipal”, dijo.
Sobre las sanciones a esos ayuntamientos, Gallardo remitió al Congreso del Estado.
La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.
Desde el 1 de septiembre, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Pública y la Secretaría de Finanzas llevan el procedimiento administrativo contra los ayuntamientos que no homologaron los sueldos. Las sanciones van de la amonestación a la inhabilitación
El 2 de octubre, Gallardo habló de una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados. El 23 de octubre, el diputado Cuauhtli Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos.
Ese mismo día, Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Estado, dijo que en algunas supervisiones a corporaciones municipales “no hay a quien supervisar” y que “tres o cuatro elementos durante un turno para un municipio, pues son muy pocos”.
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Además, cada negocio potosino pagó más por la delincuencia, mientras en el país ese costo bajó
Por: Ana G Silva
Nueve de cada cien negocios de San Luis Potosí sufrieron al menos un robo o asalto de bienes o dinero durante 2025, una proporción 50 por ciento mayor que la del promedio nacional, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
La tasa estatal fue de 898 unidades económicas víctimas de ese delito por cada 10 mil, contra 597 en el país. Con esa cifra, San Luis Potosí ocupó el quinto lugar nacional, solo detrás de Chihuahua, Campeche, Querétaro y Aguascalientes.
En total, la encuesta estimó 15 mil 777 robos o asaltos de bienes o dinero contra negocios potosinos en el año. Es una tasa de mil 410 por cada 10 mil unidades económicas, frente a 885 a nivel nacional.
Si se cuentan todos los delitos, 31 mil 814 de los casi 112 mil negocios del estado fueron víctimas de al menos uno. Es 28.4 por ciento, por encima del 25.9 por ciento nacional.
Más caro que hace dos años
La delincuencia también le salió más cara a cada negocio. El costo promedio del delito por unidad económica en San Luis Potosí aumentó 6 por ciento entre 2023 y 2025, mientras que en el país bajó 18.2 por ciento.
San Luis Potosí fue uno de los 12 estados donde ese costo creció. El INEGI ubicó al estado en el rango medio, de entre 40 mil 986 y 61 mil 983 pesos
Pequeñas y grandes, las más expuestas
La brecha con el resto del país es mayor en las empresas pequeñas y grandes. En las pequeñas, 5 mil 596 de cada 10 mil fueron víctimas de algún delito, contra 4 mil 154 a nivel nacional: 35 por ciento más.
En las grandes, la tasa fue de 6 mil 68 por cada 10 mil, frente a 4 mil 840 en el país. Según las estimaciones del INEGI, el delito más frecuente entre estas empresas fue el robo de mercancía en tránsito, con 29 por ciento de sus casos.
Ese delito está en el centro de las protestas del transporte de carga. En octubre, transportistas potosinos se sumaron al paro nacional para exigir seguridad en la carretera federal 57. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) ubicó tramos de riesgo cerca de Santa María del Río, La Pila y El Huizache.
En las microempresas, que son la gran mayoría de los negocios, la tasa fue de 2 mil 704 por cada 10 mil, apenas arriba de la nacional de 2 mil 507. Por sector, el comercio fue el más golpeado: 3 mil 475 de cada 10 mil comercios sufrieron algún delito, contra 3 mil 49 en el país.
El robo hormiga, de mercancía en pequeñas cantidades, alcanzó a mil 108 de cada 10 mil negocios potosinos, contra 954 en el promedio nacional.
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La Conagua en San Luis Potosí clausuró tres de los cuatro pozos de José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, en Salinas de Hidalgo y anunció sanciones. El agua que sale de esa propiedad abastece su hotel Canto de Sal
Por: Redacción
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) clausuró tres de los cuatro pozos que José Luis Romero Calzada, “Tecmol”, tiene en Salinas de Hidalgo, y abrió procedimientos administrativos que concluirán en sanciones.
Así lo informó el delegado federal en San Luis Potosí, Darío Fernando González Castillo.
“No puede robarle el agua a la gente, y menos en el altiplano”, dijo el funcionario.
El delegado no aludió al político del Partido Verde, pero confirmó que los pozos están en predios de la familia Romero Calzada y el agua que extraen abastece el hotel Canto de Sal, propiedad que él ha reconocido como propia de manera pública.
El nombre del hotel es también su coartada: en Salinas hay sequía y en Canto de Sal hay alberca.
Los pozos operaban sin la concesión correspondiente, según la dependencia. En estos casos la sanción reactiva es la clausura inmediata de la fuente de agua.
El pozo de la discordia
El del Rancho La Estancia del Carmen no es un pozo cualquiera: abasteció al municipio por más de 30 años. El Ayuntamiento lo operaba con un convenio privado de usufructo firmado el 3 de abril de 2008 por 28.06 metros cuadrados. En 2012, la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado avaló una servidumbre legal de paso: los propietarios debían permitir el ingreso de personal municipal para operar y dar mantenimiento a la fuente, de 8:00 a 18:00 horas, porque se usaba “para el servicio de la comunidad”.
En noviembre de 2018, Romero Calzada tramitó ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) el cambio de uso de un pozo agrícola para proveer de agua a su hotel Canto de Sal. El hotel abrió y opera desde entonces. Ese mismo año, habitantes de Salinas denunciaron que la población se quedó en sequía después de que el pozo saliera de las manos del municipio.
El exalcalde Teódulo Contreras Martínez (2007-2009), señalado en su momento por la venta del pozo, ha negado el hecho: el expediente del juicio civil acredita que el Ayuntamiento seguía operando la fuente años después de su gestión.
Las cifras de la dependencia
González Castillo dijo que en lo que va del año la delegación ha realizado alrededor de mil 600 inspecciones
Añadió que desde diciembre de 2024 no se ha otorgado ningún nuevo título de concesión en los acuíferos de San Luis, Salinas, Matehuala y Vanegas, y que está en curso un proceso para regularizar concesiones vencidas entre 2009 y 2026, con plazo al 4 de julio de 2027.
También reconoció los límites de la vigilancia: “No tengo el personal para estar revisando todo a nivel estatal”. La dependencia actúa sobre todo por denuncias ciudadanas.
Más allá de Salinas
En la misma entrevista, el delegado informó que en Ciudad Fernández, El Jabalí y la Media Luna se clausuraron tres pozos clandestinos y se detuvo la extracción de material de la cuenca del río. Sobre la Media Luna dijo que el agua se mantiene, pero que el daño está en el ecosistema, con “una petrificación impresionante” en el piso y raíces expuestas: esa parte corresponde a la SEGAM, la Semarnat y la Profepa.
Sobre las presas de jale de las mineras, sostuvo que la dependencia sancionó, clausuró y multó a una empresa que pagó y realiza obra civil para desviar el agua de lluvia, pero que el manejo de los depósitos corresponde “sobre todo” a la Profepa, a la que ya envió oficios.
Qué sigue
Los procedimientos administrativos abiertos en Salinas definirán el monto de las sanciones y si la clausura de los tres pozos se mantiene. Sigue vigente la servidumbre que obliga a los propietarios del Rancho La Estancia del Carmen a permitir el acceso del Ayuntamiento al pozo. Y el proceso federal de regularización de concesiones vence en julio de 2027.
Al ser cuestionado al respecto en Ciudad Valles, Romero Calzada huyó de la prensa.
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