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En 2018, SLP tuvo 9% más delitos que 2017
Más de 38 mil potosinos fueron víctimas del crimen el año pasado
Por: El Saxofón
En 2018, más de 38 mil potosinos fueron víctimas de algún delito, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
De acuerdo con las cifras oficiales, el año pasado la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 38 mil 362 carpetas de investigación por diversos delitos, con lo cual, la incidencia delictiva en la entidad creció 9.04 por ciento con respecto a 2017.
El SESNSP clasifica los delitos según el Bien jurídico afectado (La vida y la integridad; la libertad personal; la libertad y la seguridad sexual; el patrimonio; la familia, la sociedad y otros), el tipo de delito, subtipo y modalidad.
En el caso de los delitos contra La vida y la integridad, se engloban los delitos de homicidio, feminicidio y lesiones.
En el caso de los homicidios dolosos, este delito cobró 528 víctimas, sin embargo, la Fiscalía solo abrió 458 carpetas de investigación. Esto se debe a que en casos de homicidios dobles o múltiples, solo se abre una carpeta de investigación.
Llama la atención que el 72.3 por ciento de los homicidios dolosos, es decir, 7 de cada 10, se cometieron con armas de fuego.
A las muertes violentas, se suman 454 homicidios culposos, que ocurrieron, según la estadística, en accidentes de tránsito.
Además la entidad potosina registró 27 víctimas de feminicidio, por los cuales la FGE abrió 26 indagatorias. Se trata de la cifra más alta en los últimos años.
Los asesinatos de mujeres por razones de género aumentaron 36.84 por ciento en 2018, con respecto a 2017. La tendencia a la alza en la incidencia de feminicidio fue notoria a lo largo de todo el año, y generó preocupación entre la sociedad potosina.
En el caso de los delitos contra la libertad personal, cabe mencionar que el número de víctimas de secuestro disminuyó de 31 en 2017 a 25 en 2018 (19.35%). Por estas 25 víctimas, la Fiscalía abrió 20 carpetas de investigación.
El tráfico de menores registró al menos 5 casos en 2018, cifra que puso a San Luis Potosí entre las entidades con más investigaciones abiertas por este delito en el país.
La Fiscalía General del Estado atendió mil 159 denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual; 420 de las denuncias fueron por casos de abuso sexual, 136 por acoso, 25 por hostigamiento, 487 por violación simple, 40 por violación equiparada, uno por incesto y 50 por otros delitos de esta misma naturaleza.
En el caso de los delitos patrimoniales, los 20 mil 40 casos registrados representan el 52.23 por ciento del total de delitos denunciados en 2018 
A su vez, más del 50 por ciento de los delitos patrimoniales son algún tipo de robo. A lo largo del año pasado, la Fiscalía estatal abrió 13 mil 991 carpetas de investigación por robos de distintos tipos, subtipos y modalidades.
El único tipo de robo que fue a la baja fue el Robo domiciliario, por el cual solo se presentaron mil 800 denuncias, mientras que en 2017 se registraron más de 2 mil.
De ahí en fuera, el Robo de vehículos registró la cifra más alta desde que comenzaron a llevarse las estadísticas.
En 2018, 3 mil 705 potosinos vieron afectado su patrimonio por el robo de sus vehículos. La delincuencia se apoderó de 2 mil 158 coches de cuatro ruedas, un promedio de 179 cada mes.
También se robaron mil 547 motocicletas. Ese delito se incrementó en todo el país, y San Luis Potosí no podía ser la excepción.
En cuanto al robo de autopartes, se presentaron 686 denuncias.
Por otro lado, resalta el incremento en el Robo a negocios. En 2018, la Fiscalía del estado recibió mil 668 denuncias por este delito; al menos 888 fueron asaltos violentos, más del 50 por ciento. Mientras que 780 fueron robos sin violencia.
Por robo a transportistas, la FGE recibió 556 denuncias; por robo a transeúntes en la vía pública fueron mil 234 denuncias; por robo en el transporte colectivo, 71 denuncias y 18 por robo a institución bancaria.
Además, a lo largo de 2018, se presentaron 122 denuncias por extorsión, mil 247 por fraude, y 3 mil 809 por daños a la propiedad.
En el caso de los delitos contra la Familia, resalta el gran número de denuncias por violencia familiar: 6 mil 360 casos a lo largo del año.
En el caso de los delitos contra la sociedad, se registraron 36 denuncias por corrupción de menores, y cinco por Trata de personas.
En el caso de otros delitos, la FGE abrió 503 carpetas de investigación por narcomenudeo, mil 775 por amenazas.
Esta categoría también engloba los delitos electorales, y habiendo sido el 2018 un año de elecciones, la Fiscalía recibió 62 denuncias por delitos de esta índole.
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Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
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Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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