julio 24, 2026

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En 2018, SLP tuvo 9% más delitos que 2017

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Más de 38 mil potosinos fueron víctimas del crimen el año pasado

Por: El Saxofón

En 2018, más de 38 mil potosinos fueron víctimas de algún delito, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con las cifras oficiales, el año pasado la Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 38 mil 362 carpetas de investigación por diversos delitos, con lo cual, la incidencia delictiva en la entidad creció 9.04 por ciento con respecto a 2017.

El SESNSP clasifica los delitos según el Bien jurídico afectado (La vida y la integridad; la libertad personal; la libertad y la seguridad sexual; el patrimonio; la familia, la sociedad y otros), el tipo de delito, subtipo y modalidad.

En el caso de los delitos contra La vida y la integridad, se engloban los delitos de homicidio, feminicidio y lesiones.

En el caso de los homicidios dolosos, este delito cobró 528 víctimas, sin embargo, la Fiscalía solo abrió 458 carpetas de investigación. Esto se debe a que en casos de homicidios dobles o múltiples, solo se abre una carpeta de investigación.

Llama la atención que el 72.3 por ciento de los homicidios dolosos, es decir, 7 de cada 10, se cometieron con armas de fuego.

A las muertes violentas, se suman 454 homicidios culposos, que ocurrieron, según la estadística, en accidentes de tránsito.

Además la entidad potosina registró 27 víctimas de feminicidio, por los cuales la FGE abrió 26 indagatorias. Se trata de la cifra más alta en los últimos años.

Los asesinatos de mujeres por razones de género aumentaron 36.84 por ciento en 2018, con respecto a 2017. La tendencia a la alza en la incidencia de feminicidio fue notoria a lo largo de todo el año, y generó preocupación entre la sociedad potosina.

En el caso de los delitos contra la libertad personal, cabe mencionar que el número de víctimas de secuestro disminuyó de 31 en 2017 a 25 en 2018 (19.35%). Por estas 25 víctimas, la Fiscalía abrió 20 carpetas de investigación.

El tráfico de menores registró al menos 5 casos en 2018, cifra que puso a San Luis Potosí entre las entidades con más investigaciones abiertas por este delito en el país.

La Fiscalía General del Estado atendió mil 159 denuncias por delitos contra la libertad y la seguridad sexual; 420 de las denuncias fueron por casos de abuso sexual, 136 por acoso, 25 por hostigamiento, 487 por violación simple, 40 por violación equiparada, uno por incesto y 50 por otros delitos de esta misma naturaleza.

En el caso de los delitos patrimoniales, los 20 mil 40 casos registrados representan el 52.23 por ciento del total de delitos denunciados en 2018

.

A su vez, más del 50 por ciento de los delitos patrimoniales son algún tipo de robo. A lo largo del año pasado, la Fiscalía estatal abrió 13 mil 991 carpetas de investigación por robos de distintos tipos, subtipos y modalidades.

El único tipo de robo que fue a la baja fue el Robo domiciliario, por el cual solo se presentaron mil 800 denuncias, mientras que en 2017 se registraron más de 2 mil.

De ahí en fuera, el Robo de vehículos registró la cifra más alta desde que comenzaron a llevarse las estadísticas.

En 2018, 3 mil 705 potosinos vieron afectado su patrimonio por el robo de sus vehículos. La delincuencia se apoderó de 2 mil 158 coches de cuatro ruedas, un promedio de 179 cada mes.

También se robaron mil 547 motocicletas. Ese delito se incrementó en todo el país, y San Luis Potosí no podía ser la excepción.

En cuanto al robo de autopartes, se presentaron 686 denuncias.

Por otro lado, resalta el incremento en el Robo a negocios. En 2018, la Fiscalía del estado recibió mil 668 denuncias por este delito; al menos 888 fueron asaltos violentos, más del 50 por ciento. Mientras que 780 fueron robos sin violencia.

Por robo a transportistas, la FGE recibió 556 denuncias; por robo a transeúntes en la vía pública fueron mil 234 denuncias; por robo en el transporte colectivo, 71 denuncias y 18 por robo a institución bancaria.

Además, a lo largo de 2018, se presentaron 122 denuncias por extorsión, mil 247 por fraude, y 3 mil 809 por daños a la propiedad.

En el caso de los delitos contra la Familia, resalta el gran número de denuncias por violencia familiar: 6 mil 360 casos a lo largo del año.

En el caso de los delitos contra la sociedad, se registraron 36 denuncias por corrupción de menores, y cinco por Trata de personas.

En el caso de otros delitos, la FGE abrió 503 carpetas de investigación por narcomenudeo, mil 775 por amenazas.

Esta categoría también engloba los delitos electorales, y habiendo sido el 2018 un año de elecciones, la Fiscalía recibió 62 denuncias por delitos de esta índole.

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Galindo rechaza pipas como solución a fallas de El Realito

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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.

Por: Redacción

Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.

El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.

Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito

que carecen de aljibe y dependen por completo de la red para recibir el servicio.

El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.

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Segam va contra empresas que no acrediten el destino de sus residuos

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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam

Por: Redacción

La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.

La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.

Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.

La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.

Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.

Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación

, aunque reconoció que no todos los ayuntamientos cumplen con esas condiciones.

La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.

En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.

La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.

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Más jóvenes en problemas con la ley; SLP rebasa la media nacional: Inegi

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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil

Por: Ana G Silva

Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.

Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.

Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento

respecto al año anterior y de 55.4 por ciento en comparación con 2021, el año con el menor registro desde que existe la serie estadística. Ocho de cada diez imputados fueron hombres.

Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.

En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.

Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.

Los estados con mayores tasas fueron:

  • Aguascalientes: 841.1
  • Nuevo León: 665.4
  • Sonora: 631.5
  • Ciudad de México: 611.8

Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:

  • Tlaxcala: 10.5
  • Chiapas: 36.9
  • Nayarit: 49.1
  • Michoacán: 51.0

El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.

Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.

Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones

, que en 2024 representaron 23.5 por ciento de los delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas contra adolescentes.

El resto de los principales delitos fueron:

  • Robo (12.6%)
  • Amenazas (10.6%)
  • Abuso sexual (8.6%)
  • Narcomenudeo (8.4%)

Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.

Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.

Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.

El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.

De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.

Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.

El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.

Entre los adolescentes internados:

  • 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
  • 32.6 por ciento cursó preparatoria.
  • 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.

Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.

El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.

Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.

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