octubre 27, 2026

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Estado

Empresas agroindustriales pretenden apoderarse sitios sagrados en Wirikuta

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El conflicto que se desarrolla en el municipio de Catorce involucra a activistas, autoridades ejidales, gobernantes e inversionistas

Por: Bernardo Vera

A comienzos de este 2023, se dio a conocer en medios nacionales que un grupo de ejidatarios del municipio de Catorce acusaban a funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) adscritos a San Luis Potosí, de intervenir en un proceso de entrega de tierras que beneficiaría a personas ajenas a esta demarcación, para ser vendidas y favorecer la expansión de complejos agroindustriales.

Los denunciantes, pertenecientes al ejido ‘Las Margaritas’, emitieron un comunicado donde señalaron que las autoridades locales en temas agrarios los “dejaron plantados”, esto como una maniobra para aprobar la modificación del reglamento interno, poder repartir las tierras de uso común y facilitar su venta.

El documento también solicitaba la intervención del Gobierno Federal para impedir ese proceso, en el que se involucraba una porción de terreno correspondiente a Wirikuta, sitio sagrado para los wixaricas, ya que en caso contrario, avanzaría un proceso “que apunta hacia el despojo territorial, y en este caso a la destrucción de un sitio sagrado que se perfila para ser considerado patrimonio biocultural de la humanidad por la Unesco”.

El tema fue consultado con el Ayuntamiento de Catorce vía correo electrónico y telefónica. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre el conocimiento de esta situación, o si podría intervenir en el conflicto.

Carlos Covarrubias, activista e integrante de “Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, dijo que este caso llama la atención, pues involucra a un Área Natural Protegida de carácter estatal. Además, recriminó el desempeño de funcionarios de la PA y visitadores agrarios asignados a diferentes entidades de la República, que efectúan prácticas de corrupción “propias del viejo régimen”.

“Tiene que ver con que la Procuraduría Agraria sigue teniendo elementos muy negativos. Pese a que el procurador Luis Hernández Palacios tiene toda la voluntad, se han dado supuestos muy delicados en los estados. En San Luis Potosí fue destituido Ernesto Rendón, quien era el responsable de la PA, por actos de corrupción en el ejido La Pila, sus maniobras en San Juan de Guadalupe y su irresponsabilidad en el decreto de Área Natural Protegida”.

David Mazatl Velázquez, promotor de la Cultura del Anáhuac y ex miembro del Frente en Defensa de Wirikuta, precisó que se trata de un conflicto de especulación de tierras en el Altiplano potosino, ocasionado entre ejidatarios habitantes y grupos de propietarios ajenos a la población, o a disposición de empresarios.

Mencionó que no es un caso nuevo, sino que se remonta al año de 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de la República, realizó modificaciones al artículo 27 de la Constitución Política “dando la posibilidad a la especulación de la tierra”, y que permitió, en su momento, la entrada de empresas mineras al municipio de Catorce, y se podría replicar con el sector agroindustrial.

El promotor cultural explicó que una de las principales demandas de la comunidad wixarica al gobierno, ha sido que no existan más proyectos destructivos de este territorio, ya que causan impacto social y ecológico en la región. “Se meten agroindustrias con el tema del desarrollo y generar empleos en la zona, pero finalmente son empleos mal pagados, jornaleros. Y también causan un conflicto ambiental, ya que avientan bombas para disolver las nubes, porque como tienen pozos profundos, todo el tiempo van a tener cosechas, y la lluvia de temporal les afecta. Es un sistema hidropónico”, mencionó.

Mazatl Velázquez dijo que los wixaricas esperan que se genere el Plan de Justicia para el pueblo wixarika, iniciativa de Andrés Manuel Lopez Obrador, que garantice las condiciones adecuadas y se realizó gracias a la movilización social de sus habitantes y otros sectores de la sociedad. Además consideró que el presidente Lopez Obrador ha mostrado una apertura al diálogo más estrecha con ellos, a diferencia de otros mandatarios.

“El actual gobierno ha tenido más oídos abiertos actualmente, pero todo esto ha sido a partir de una movilización social. El gobierno de Lopez Obrador se ha caracterizado por escuchar y dar prioridad a la gente de pueblos originarios, pero también fue la movilización. Antes de ser recibidos en Palacio Nacional hubo una movilización anterior a eso, de tipo espiritual, que propició un arreglo para que el presidente recibiera y escuchara estas demandas, que ahora ya es el Plan de Justicia, efectuado desde marzo del año pasado, y esto no se había hecho antes”, finalizó.

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Evidencia exhibe a Sánchez Zumaya y David Azuara con la “Wiwa”

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Imágenes de distintas convivencias y un video difundido en 2024 por el propio exaspirante a la gubernatura documentan la presencia de Juan de Jesús Salazar en su entorno social; las revelaciones surgen en medio de investigaciones y señalamientos sobre contratos millonarios con Pemex y una presunta red de facturación irregular

Por: Jorge Saldaña

La reciente detención de Juan de Jesús Salazar, alias “Wiwa”, señalado por las autoridades como presunto líder criminal en la Huasteca potosina y buscado por homicidio calificado, ha puesto bajo escrutinio sus relaciones sociales con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien hasta septiembre pasado aspiraba a la gubernatura de San Luis Potosí.

Fotografías de distintas convivencias muestran encuentros entre Salazar y personas del entorno empresarial y político de Sánchez Zumaya. Entre las imágenes difundidas destaca una en la que el ahora detenido aparece abrazado con el diputado federal panista David Azuara Zúñiga.

Los registros gráficos adquieren relevancia tras la captura de Salazar, de 35 años, a quien las autoridades estatales atribuyen presuntas actividades delictivas en la región Huasteca y quien, según información de inteligencia, se desenvolvía públicamente bajo un perfil empresarial.

La presencia de “Wiwa” en estas reuniones no se limita a un solo evento. Existen fotografías correspondientes a diferentes convivencias y un video específico de una celebración familiar difundido desde las redes sociales del propio Sánchez Zumaya.

Uno de esos registros corresponde a la ostentosa boda de Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, medio hermano de Gerardo Sánchez Zumaya, celebrada en abril de 2024 en la Antigua Nave Lewis del Parque Fundidora, en Monterrey.

En el video de la fiesta, difundido por el propio exaspirante a la gubernatura, aparece Salazar entre los asistentes. La celebración alcanzó notoriedad por las presentaciones de agrupaciones y artistas como Gerardo Ortiz, Gabito Ballesteros, Los Recoditos y La Sonora Dinamita.

Contratos millonarios, factureras y cuentas bloqueadas

La difusión de las fotografías ocurre cuando Gerardo Sánchez Zumaya enfrenta cuestionamientos por sus relaciones empresariales y financieras, particularmente por operaciones relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas señaladas en investigaciones periodísticas por presuntas irregularidades de facturación.

En noviembre de 2024, una investigación de Reforma dio a conocer señalamientos sobre operaciones y transacciones por más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024 en una presunta red de empresas relacionadas con el sector petrolero y vinculadas con el empresario potosino.

Más recientemente, otra investigación del mismo diario reveló que Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo pagaron durante 2025 facturas superiores a 2 mil 800 millones de pesos a empresas señaladas como parte de una red relacionada con Sánchez Zumaya.

Entre las compañías mencionadas en esos reportes figuran Grupo Mineral & Logistic, Safnat y Diazol, cuyas operaciones, domicilios fiscales y movimientos financieros han sido objeto de cuestionamientos.

Los señalamientos alcanzan también a familiares y personas relacionadas con el entramado empresarial investigado, entre ellos al novio de la boda del 2024, medio hermano del ex aspirante y socio de Mineral & Logistic que inyectó un aumento de capital por 400 millones de pesos sin explicar su procedencia.

En paralelo, empresas y particulares vinculados con esa presunta red han promovido recursos judiciales contra el bloqueo de cuentas bancarias dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya

, confirmó públicamente el congelamiento de cuentas atribuidas a Sánchez Zumaya y a familiares suyos, así como la salida del empresario del país.

Sánchez Zumaya anunció el 24 de septiembre su retiro de las aspiraciones a la gubernatura de San Luis Potosí, luego de buscar espacios políticos en Morena y el PT atribuyendo su retiro a la atención a “motivos familiares”.

Aunque las investigaciones periodísticas han documentado las presuntas irregularidades, hasta ahora no existe una sentencia judicial conocida que acredite responsabilidad penal de Gerardo Sánchez Zumaya aunque al mismo tiempo se sabe que salió del país.

Los Azuara Zúñiga

La aparición del diputado federal David Azuara Zúñiga en una fotografía junto a Salazar amplía la dimensión política de los encuentros documentados.

En esa imagen, el legislador panista aparece abrazado con quien posteriormente fue detenido y señalado como presunto líder criminal en la Huasteca potosina.

La fotografía no constituye evidencia de participación del diputado en actividades delictivas, sin embargo, sí demuestran la relación estrecha entre Salazar, GSZ, círculos empresariales y políticos panistas de SLP.

La captura que volvió relevantes las fotografías

Juan de Jesús Salazar fue detenido en San Luis Potosí después de una serie de hechos violentos registrados en Tanquián de Escobedo, incluidos enfrentamientos ocurridos entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de octubre, tras el asesinato de un elemento federal.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Jesús Juárez Hernández, informó que, de acuerdo con información de inteligencia, Salazar presuntamente había llegado desde Veracruz para involucrarse en actividades delictivas en la región.

Las autoridades señalaron que era buscado por homicidio calificado y que mantenía una apariencia empresarial en su vida pública.

Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona advirtió que algunos presuntos líderes criminales buscan integrarse a la sociedad potosina presentándose como empresarios, instalándose en zonas residenciales de alta plusvalía y participando en círculos sociales de alto perfil.

La captura de “Wiwa” y las fotografías de sus encuentros con Sánchez Zumaya y Azuara Zúñiga plantean nuevas preguntas sobre las relaciones sociales del detenido.

La documentación gráfica coloca esas relaciones en el centro de la atención pública, mientras continúan los cuestionamientos sobre las operaciones financieras de las empresas vinculadas con Sánchez Zumaya y el alcance de las investigaciones correspondientes.

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Dirigencia nacional del Verde reconoce liderazgo legislativo de Ruth González

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Karen Castrejón y Manuel Velasco destacaron su trabajo parlamentario, su capacidad de diálogo y su participación en la agenda nacional

Por: Redacción

La dirigencia nacional del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), encabezada por Karen Castrejón Trujillo, y el coordinador del partido en el Senado, Manuel Velasco Coello, reconocieron el trabajo de la senadora Ruth González Silva durante su Segundo Informe de Actividades. Ambos destacaron su compromiso con las familias potosinas, su participación en asuntos de interés nacional y su disposición para construir acuerdos que impulsen la agenda legislativa.

Karen Castrejón definió a la senadora como una mujer con visión, sensibilidad política y compromiso social, orientada a promover iniciativas de bienestar e igualdad. Resaltó su cercanía con San Luis Potosí para llevar las demandas locales a la agenda federal, así como su colaboración con el proyecto nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por su parte, Manuel Velasco subrayó la capacidad de González Silva para dialogar con distintas fuerzas políticas y lograr consensos. Señaló que la legisladora tiene una identidad política propia, respaldada por la votación que obtuvo en las elecciones de 2024, y reconoció su desempeño al asumir responsabilidades clave en sus primeros dos años de encargo.

134 propuestas en dos años

Durante su informe, la senadora presentó un balance de 134 propuestas legislativas, de las cuales 91 corresponden a su segundo año. Se enfocan en derechos sociales, igualdad salarial, combate a la discriminación, protección de la niñez, salud y desarrollo para las familias.

En el ámbito internacional, como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte, González Silva ha participado en el análisis de la relación con Estados Unidos y Canadá, la cooperación regional y el seguimiento al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

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Estado

Interapas no paga saneamiento desde 2018, dijo titular de la CEA

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La CEA dijo que tiene abiertas las puertas a un convenio, pero Interapas no se ha acercado

Por: Redacción

Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión Estatal del Agua (CEA), dijo que Interapas no paga desde 2018 lo que le corresponde por el saneamiento de aguas residuales y que esa deuda se genera «de mes con mes».

Calificó el adeudo de «añejo». El saneamiento es el tratamiento de las aguas negras antes de devolverlas al ambiente o reutilizarlas.

Martínez Sánchez dijo que «al día de hoy» no ha habido acercamiento de Interapas con la CEA y que el organismo tiene «las puertas abiertas». Para resolverlo, afirmó, «simplemente es tener la voluntad de tener la cercanía» para remediar el adeudo o generar un convenio de pago.

Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin)

, estimó en su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe que el adeudo de Interapas supera los 900 millones de pesos. Dijo que la CEA paga 12 millones de pesos al mes por el saneamiento que correspondería cubrir al organismo.

El alcalde Enrique Galindo Ceballos, presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, dijo que el organismo atraviesa una crisis financiera y que el Gobierno del Estado le debe casi 300 millones de pesos. García Vidal reconoció que dependencias estatales tienen adeudos con Interapas, estimados en 184 millones en 2025, pendientes de conciliar.

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