Estado
Empresas agroindustriales pretenden apoderarse sitios sagrados en Wirikuta
El conflicto que se desarrolla en el municipio de Catorce involucra a activistas, autoridades ejidales, gobernantes e inversionistas
Por: Bernardo Vera
A comienzos de este 2023, se dio a conocer en medios nacionales que un grupo de ejidatarios del municipio de Catorce acusaban a funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) adscritos a San Luis Potosí, de intervenir en un proceso de entrega de tierras que beneficiaría a personas ajenas a esta demarcación, para ser vendidas y favorecer la expansión de complejos agroindustriales.
Los denunciantes, pertenecientes al ejido ‘Las Margaritas’, emitieron un comunicado donde señalaron que las autoridades locales en temas agrarios los “dejaron plantados”, esto como una maniobra para aprobar la modificación del reglamento interno, poder repartir las tierras de uso común y facilitar su venta.
El documento también solicitaba la intervención del Gobierno Federal para impedir ese proceso, en el que se involucraba una porción de terreno correspondiente a Wirikuta, sitio sagrado para los wixaricas, ya que en caso contrario, avanzaría un proceso “que apunta hacia el despojo territorial, y en este caso a la destrucción de un sitio sagrado que se perfila para ser considerado patrimonio biocultural de la humanidad por la Unesco”.
El tema fue consultado con el Ayuntamiento de Catorce vía correo electrónico y telefónica. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre el conocimiento de esta situación, o si podría intervenir en el conflicto.
Carlos Covarrubias, activista e integrante de “Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, dijo que este caso llama la atención, pues involucra a un Área Natural Protegida de carácter estatal. Además, recriminó el desempeño de funcionarios de la PA y visitadores agrarios asignados a diferentes entidades de la República, que efectúan prácticas de corrupción “propias del viejo régimen”.
“Tiene que ver con que la Procuraduría Agraria sigue teniendo elementos muy negativos. Pese a que el procurador Luis Hernández Palacios tiene toda la voluntad, se han dado supuestos muy delicados en los estados. En San Luis Potosí fue destituido Ernesto Rendón, quien era el responsable de la PA, por actos de corrupción en el ejido La Pila, sus maniobras en San Juan de Guadalupe y su irresponsabilidad en el decreto de Área Natural Protegida”.
David Mazatl Velázquez, promotor de la Cultura del Anáhuac y ex miembro del Frente en Defensa de Wirikuta, precisó que se trata de un conflicto de especulación de tierras en el Altiplano potosino, ocasionado entre ejidatarios habitantes y grupos de propietarios ajenos a la población, o a disposición de empresarios. Mencionó que no es un caso nuevo, sino que se remonta al año de 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de la República, realizó modificaciones al artículo 27 de la Constitución Política “dando la posibilidad a la especulación de la tierra”, y que permitió, en su momento, la entrada de empresas mineras al municipio de Catorce, y se podría replicar con el sector agroindustrial.
El promotor cultural explicó que una de las principales demandas de la comunidad wixarica al gobierno, ha sido que no existan más proyectos destructivos de este territorio, ya que causan impacto social y ecológico en la región. “Se meten agroindustrias con el tema del desarrollo y generar empleos en la zona, pero finalmente son empleos mal pagados, jornaleros. Y también causan un conflicto ambiental, ya que avientan bombas para disolver las nubes, porque como tienen pozos profundos, todo el tiempo van a tener cosechas, y la lluvia de temporal les afecta. Es un sistema hidropónico”, mencionó.
Mazatl Velázquez dijo que los wixaricas esperan que se genere el Plan de Justicia para el pueblo wixarika, iniciativa de Andrés Manuel Lopez Obrador, que garantice las condiciones adecuadas y se realizó gracias a la movilización social de sus habitantes y otros sectores de la sociedad. Además consideró que el presidente Lopez Obrador ha mostrado una apertura al diálogo más estrecha con ellos, a diferencia de otros mandatarios.
“El actual gobierno ha tenido más oídos abiertos actualmente, pero todo esto ha sido a partir de una movilización social. El gobierno de Lopez Obrador se ha caracterizado por escuchar y dar prioridad a la gente de pueblos originarios, pero también fue la movilización. Antes de ser recibidos en Palacio Nacional hubo una movilización anterior a eso, de tipo espiritual, que propició un arreglo para que el presidente recibiera y escuchara estas demandas, que ahora ya es el Plan de Justicia, efectuado desde marzo del año pasado, y esto no se había hecho antes”, finalizó.
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Congreso del Estado
Sin consentimiento ciudadano no habrá fracking en la Huasteca: Roberto García
El presidente de la Jucopo aseguró que cualquier proyecto será consultado y citó el compromiso de la presidenta Sheinbaum; el Congreso local se mantendrá atento para informar a la ciudadanía.
Por: Redacción
José Roberto García Castillo, diputado presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, afirmó que ningún proyecto de fracturamiento hidráulico o fracking se llevará a cabo en la Huasteca Potosina sin el consentimiento de la población, ni se vulnerarán derechos ciudadanos.
El legislador se apoyó en lo dicho por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha asegurado que nada se hará sin el consentimiento de la población, por lo que cualquier decisión será consultada.
“El tema del fracking es algo muy importante, ha causado muchas opiniones diversas de la ciudadanía. Pero ya lo dijo la presidenta de México: nunca se va a hacer nada que el pueblo no esté de acuerdo, nunca se va a vulnerar un derecho de la ciudadanía, y en la Huasteca Potosina pueden estar tranquilos”, expuso.
García Castillo señaló que estos proyectos tienen que ser consultados a la ciudadanía, “y si la gente no está de acuerdo, de ninguna manera se puede hacer algo indebido”.
Agregó que el Gobierno de México garantizará la opinión y los acuerdos con la ciudadanía, y que el Congreso del Estado se mantendrá al pendiente de cualquier información relacionada para darla a conocer, además de reiterar el respaldo del Legislativo a los habitantes de la Huasteca.
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Destacadas
Hablo por mí. Apuntes de Jorge Saldaña
Intervención para el foro sobre libertad de expresión · San Luis Potosí
Jorge Saldaña · Director general de LaOrquesta.mx
Sabemos perfectamente por qué estamos aquí. No hace falta el eufemismo.
Una reforma al Código Penal —que alguien bautizó “Ley Serrano“, aunque no es una ley, es apenas una reforma— derivó en la detención de tres personas. Lo digo así, sin adjetivo: tres personas. Y a eso se sumó la filtración de una lista de supuestos nombres con órdenes de aprehensión. Sacado de contexto, aquello encendió una percepción local y nacional: que el poder salió a cazar voces críticas.
Voy a ser franco, y empiezo por la casa incómoda. Esa reforma quizá no fue correcta. No fue acertada, ni fue precisa. No la justifico.
Pero tampoco me voy a hacer tonto con lo que vino después. Porque la narrativa que se construyó —local, nacional— fue una sola, la de la cacería, y esa narrativa fue aprovechada por intereses políticos muy identificados para derogar una norma y poner al estado en la mira internacional. Las personas no respondemos a términos jurídicos. Respondemos a emociones. Y alguien supo exactamente qué emoción encender.
Hubo hasta una manifestación que se atrevió a hablar “por todos los periodistas”. Con todo respeto: nadie me consultó. Así que quede claro desde mi primera línea. Yo hablo por mí. No me atrevo a hablar por ningún otro medio, ni por ningún otro colega. Vengo a poner mi nombre sobre la mesa, no el de un gremio que no me nombró vocero.
Y ya que hablamos de nombres, conviene fijar algo que no está a debate, porque no depende de este gobierno ni de ninguno.
El Estado no tiene facultad para decidir quién es periodista y quién no. Tampoco quién es medio y quién no. No es cortesía: es doctrina asentada. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo resolvió hace cuarenta años, en la Opinión Consultiva 5 de 1985: exigirle a alguien un certificado o una colegiación para ejercer el periodismo es incompatible con la libertad de expresión. El día que el poder reparte credenciales de periodista, ese día decide a quién silencia.
Que quede grabado: aquí nadie pide esa facultad. Y si alguien la ofreciera, habría que rechazarla.
Entonces vamos al grano, porque para eso me invitaron.
En San Luis hay medios anónimos. De un lado y del otro, de todos los colores. Páginas sin dueño, sin domicilio, sin firma, que golpean y desaparecen. A esos no los podemos regular. No está en nuestras manos, y qué bueno que no lo esté.
Pero lo que sí está en nuestras manos es distinguir. Porque ya no existe solo “el periodismo” y “el medio”. El terreno se pobló de figuras nuevas que se disfrazan unas de otras a propósito. Yo encontré siete y las voy a nombrar una por una:
Medio de comunicación. Propiedad y financiamiento identificables, alguien que firma, corrige y da la cara.
Periodista. Lo define el método —fuentes, contraste, contexto—, no el gafete.
Generador de contenido. Audiencia sin método periodístico. Legítimo, valioso, pero no es lo mismo.
Personaje de opinión. Habla en primera persona, sin disfraz de neutralidad. Como yo, en este momento.
Canal de propaganda. Dinero encubierto, agenda de un tercero, cero responsabilidad editorial.
Ecosistema de golpeteo. Cuentas coordinadas, el pasamontañas que se renta para pegar con la cara tapada.
Replicador de mentiras. El que amplifica una falsedad demostrable, con inteligencia artificial o sin ella.
Ninguna de esas siete definiciones dice una palabra sobre el contenido de la crítica. Se distingue por transparencia, método y responsabilidad. Nunca por lo incómoda que resulte la nota.
Y ahora la parte que a nadie le gusta oír, empezando por mí. Todos —todos— sabemos quién está detrás de los medios anónimos de esta ciudad. Los de un bando y los del otro, de todos los colores. Sabemos quién los paga, quién los opera y para quién golpean…y callamos.
Nos decimos a nosotros mismos que callar es “solidaridad gremial”, que colega no muerde a colega. Con todo respeto: es una postura absurda e hipócrita. Eso no es solidaridad. Es complicidad. Cada silencio nuestro engorda un ecosistema de mentiras donde cada vez cuesta más trabajo distinguir al que hace periodismo del que hace daño con disfraz de periodismo.
Y la factura ya nos llegó. Según el Digital News Report 2025 del Instituto Reuters, la confianza de los mexicanos en las noticias es de apenas 36 por ciento. En 2017 era del 49 . Trece puntos de credibilidad perdidos en menos de una década, y buena parte la perdimos nosotros solos, por tapar lo que había que nombrar.
Pónganlo en términos de barrio.
No creo que tengamos que reescribir las leyes de San Luis. Pero sí creo que tenemos una oportunidad enorme: ser, quizá, el primer estado de Latinoamérica que ponga a debate serio tres temas distintos y no los revuelva. Uno, la libertad de expresión. Dos, el uso de la inteligencia artificial en el periodismo. Tres, cómo desenmascarar a las páginas que mienten desde el anonimato: qué son, quién las paga y qué mentiras fabrican.
Traigo tres propuestas concretas.
Primera, un acuerdo con las universidades.
Catedráticos y especialistas potosinos construyendo, como ya existe en otros países, una herramienta de verificación con inteligencia artificial: un fact-check al que todos los medios de San Luis podamos acceder para que un tercero imparcial valide, o no, lo que publicamos en caso de haber controversia.
¿Quién entra? Voluntario. Sin premio para el que se apunte, sin castigo para el que no, así la sociedad sabrá quién está dispuesto a que lo revisen y quién prefiere quedarse en la sombra. Esa sola diferencia ya dice mucho.
Segunda, una comisión ciudadana y académica.
Un comité con criterio propio que defienda al lector y sepa dirimir qué es un ataque disfrazado y qué es crítica legítima. Que no dependa del gobierno ni de los medios: de la sociedad.
Tercera, esta sí tendría que ir tipificada en la ley.
Dinamarca abrió el camino: reconocerle a cada persona derechos sobre su propia imagen y su propia voz. Que quien las use sin mi consentimiento —una cara sintética, una voz clonada— pueda ser denunciado, y que me pague, porque mi rostro es mío. Sé que es un reto para nuestro sistema judicial, donde no hay nada expedito, ni siquiera para el que se roba un Oxxo. Por eso mismo hay que explorar cómo hacerlo posible. La pregunta no es si es difícil. La pregunta es por qué.
Y termino con lo que de verdad me trajo aquí.
Estoy en contra de la cárcel por daño moral, calumnia o por ejercer el periodismo. Que quede clarísimo.
Pero no me pidan que confunda dos cosas por comodidad política. Una es el periodista incómodo; otra, muy otra, es quien usa una imagen falsa para destruir una vida.
Si lo que hubo detrás de algún caso fue suplantación dolosa —no reportaje, no opinión, sino una mentira fabricada para arruinar a alguien—, eso no es periodismo, y cobijarlo bajo la libertad de expresión insulta a los que sí la ejercen, nos pone en un nivel muy bajo.
Insisto, no pido prisión. Pido algo más simple: que quien me arruine la vida con una imagen falsa no quede impune, y que yo tenga herramientas para poder denunciarlo.
El derecho a criticar no puede ser la coartada del que difama sin cara.
Porque —y aquí no hay matiz que valga— yo estoy a favor de toda la crítica. De la más dura. De la que despierta al poder a media noche. Incomodar al poder es inherente al periodismo, y una democracia sin ese contrapeso no es democracia, es escenografía con bonita letra.
Pero la crítica que respeto es la que firma. La que da la cara.
Ese es todo el punto. No pedimos que nadie apruebe lo que decimos. Pedimos que se sepa quién lo dice y se haga con método. Yo ya dije mi nombre al principio, y lo repito al final, porque es la única credencial que reconozco:
Yo soy Jorge Saldaña.
Estado
Ruth González reconoce labor del personal de la SEGE
La senadora del Partido Verde destacó que su trabajo es fundamental para que las y los docentes puedan desempeñar su labor en las aulas y garantizar una educación de calidad
Por: Redacción
Ruth González Silva, senadora de la República por San Luis Potosí, reconoció el compromiso y la dedicación del personal de apoyo y asistencia a la educación de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), al destacar que su trabajo es indispensable para el funcionamiento del sistema educativo y para que miles de docentes puedan concentrarse en la formación de niñas, niños y jóvenes potosinos.
Al participar como invitada en la “Ceremonia de Entrega de Estímulos por Antigüedad y Premios Municipales y Estatales al Personal de Apoyo y Asistencia a la Educación 2026”, la senadora afirmó que el esfuerzo diario del personal administrativo representa uno de los pilares que sostienen la educación pública en San Luis Potosí.
Ruth González comentó que este reconocimiento tiene un significado especial para ella, ya que antes de incursionar en la vida pública se desempeñó como profesora de inglés en nivel secundaria, experiencia que le permitió conocer de cerca la importancia del trabajo coordinado entre docentes y personal administrativo.
“Reconozco profundamente la gran labor que realizan las y los maestros al frente de las aulas, formando a las nuevas generaciones con entrega y vocación; este esfuerzo no sería posible sin el trabajo diario de todas y todos ustedes, quienes desde las áreas administrativas hacen posible que las escuelas funcionen y que la educación llegue a miles de estudiantes”, expresó.
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