Estado
Empresas agroindustriales pretenden apoderarse sitios sagrados en Wirikuta
El conflicto que se desarrolla en el municipio de Catorce involucra a activistas, autoridades ejidales, gobernantes e inversionistas
Por: Bernardo Vera
A comienzos de este 2023, se dio a conocer en medios nacionales que un grupo de ejidatarios del municipio de Catorce acusaban a funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) adscritos a San Luis Potosí, de intervenir en un proceso de entrega de tierras que beneficiaría a personas ajenas a esta demarcación, para ser vendidas y favorecer la expansión de complejos agroindustriales.
Los denunciantes, pertenecientes al ejido ‘Las Margaritas’, emitieron un comunicado donde señalaron que las autoridades locales en temas agrarios los “dejaron plantados”, esto como una maniobra para aprobar la modificación del reglamento interno, poder repartir las tierras de uso común y facilitar su venta.
El documento también solicitaba la intervención del Gobierno Federal para impedir ese proceso, en el que se involucraba una porción de terreno correspondiente a Wirikuta, sitio sagrado para los wixaricas, ya que en caso contrario, avanzaría un proceso “que apunta hacia el despojo territorial, y en este caso a la destrucción de un sitio sagrado que se perfila para ser considerado patrimonio biocultural de la humanidad por la Unesco”.
El tema fue consultado con el Ayuntamiento de Catorce vía correo electrónico y telefónica. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre el conocimiento de esta situación, o si podría intervenir en el conflicto.
Carlos Covarrubias, activista e integrante de “Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, dijo que este caso llama la atención, pues involucra a un Área Natural Protegida de carácter estatal. Además, recriminó el desempeño de funcionarios de la PA y visitadores agrarios asignados a diferentes entidades de la República, que efectúan prácticas de corrupción “propias del viejo régimen”.
“Tiene que ver con que la Procuraduría Agraria sigue teniendo elementos muy negativos. Pese a que el procurador Luis Hernández Palacios tiene toda la voluntad, se han dado supuestos muy delicados en los estados. En San Luis Potosí fue destituido Ernesto Rendón, quien era el responsable de la PA, por actos de corrupción en el ejido La Pila, sus maniobras en San Juan de Guadalupe y su irresponsabilidad en el decreto de Área Natural Protegida”.
David Mazatl Velázquez, promotor de la Cultura del Anáhuac y ex miembro del Frente en Defensa de Wirikuta, precisó que se trata de un conflicto de especulación de tierras en el Altiplano potosino, ocasionado entre ejidatarios habitantes y grupos de propietarios ajenos a la población, o a disposición de empresarios. Mencionó que no es un caso nuevo, sino que se remonta al año de 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de la República, realizó modificaciones al artículo 27 de la Constitución Política “dando la posibilidad a la especulación de la tierra”, y que permitió, en su momento, la entrada de empresas mineras al municipio de Catorce, y se podría replicar con el sector agroindustrial.
El promotor cultural explicó que una de las principales demandas de la comunidad wixarica al gobierno, ha sido que no existan más proyectos destructivos de este territorio, ya que causan impacto social y ecológico en la región. “Se meten agroindustrias con el tema del desarrollo y generar empleos en la zona, pero finalmente son empleos mal pagados, jornaleros. Y también causan un conflicto ambiental, ya que avientan bombas para disolver las nubes, porque como tienen pozos profundos, todo el tiempo van a tener cosechas, y la lluvia de temporal les afecta. Es un sistema hidropónico”, mencionó.
Mazatl Velázquez dijo que los wixaricas esperan que se genere el Plan de Justicia para el pueblo wixarika, iniciativa de Andrés Manuel Lopez Obrador, que garantice las condiciones adecuadas y se realizó gracias a la movilización social de sus habitantes y otros sectores de la sociedad. Además consideró que el presidente Lopez Obrador ha mostrado una apertura al diálogo más estrecha con ellos, a diferencia de otros mandatarios.
“El actual gobierno ha tenido más oídos abiertos actualmente, pero todo esto ha sido a partir de una movilización social. El gobierno de Lopez Obrador se ha caracterizado por escuchar y dar prioridad a la gente de pueblos originarios, pero también fue la movilización. Antes de ser recibidos en Palacio Nacional hubo una movilización anterior a eso, de tipo espiritual, que propició un arreglo para que el presidente recibiera y escuchara estas demandas, que ahora ya es el Plan de Justicia, efectuado desde marzo del año pasado, y esto no se había hecho antes”, finalizó.
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Estado
Abogadas piden reforzar juzgados familiares ante rezago de hasta cuatro meses
Una de las activistas dijo que niñas y niños esperan hasta cuatro meses para regularizar una convivencia
Por: Redacción
Abogadas postulantes que acompañan a los colectivos Espacios Seguros y Libres de Violencia y Red Libres pidieron al Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) reforzar con personal a los juzgados familiares o abrir uno nuevo, ante un rezago que retrasa hasta cuatro meses los acuerdos de convivencia y de pensión alimenticia.
Alejandra Rivera, abogada postulante, dijo que niñas, niños y adolescentes esperan hasta tres o cuatro meses para que se regularice una convivencia en el centro de convivencia familiar, y que lo mismo ocurre con los alimentos. “Tengo un acuerdo desde abril que no me sale y son alimentos”, señaló.
Explicó que, para destrabar los casos, los litigantes han tenido que recurrir a la justicia federal. En los juzgados de distrito obtienen la suspensión de plano en beneficio de los menores, lo que obliga a la primera instancia a acordar de inmediato. “Sin embargo, no tendríamos que utilizarlo”, dijo.
Rivera aclaró que la petición “no es un golpeteo al tribunal” y atribuyó el rezago a la falta de personal frente al número de demandas y acuerdos que se presentan cada día. Los más afectados, afirmó, son los menores y los padres que no pueden tener acceso a las visitas, además de niñas y niños que viven una vida judicializada.
Otra de las abogadas señaló que los juzgados dictan acuerdos hasta uno o dos meses después de presentada la promoción, pese a los plazos que fija el Código de Procedimientos, y recordó que existen tesis aisladas que obligan a resolver con celeridad.
Dirigió el reclamo a los jueces electos tras la reforma judicial: “Sobre todo a estos nuevos jueces que prometieron que iban a cambiar el sistema de acceso a la justicia, que hagan su trabajo”.
Este mes, la magistrada presidenta del STJE, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, defendió que el rezago no se debe a una falta de autonomía financiera del Poder Judicial y citó más de 25 mil resoluciones familiares como parte del primer informe tras la reforma.
Violencia vicaria, cada 25 de mes
Los colectivos anunciaron que se manifestarán cada 25 de mes y señalaron que lo que viven las mujeres a las que acompañan “se llama violencia vicaria“. Pidieron a los abogados conducirse con ética en los procesos de convivencia y buscar el interés superior de la niñez, conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño.
En agosto, Zarazúa Martínez reconoció que la violencia vicaria es la que menos se logra acreditar ante los juzgados del estado.
Congreso desechó iniciativa escolar
Claudia Elizabeth Cuellar Ochoa, abogada y defensora de derechos humanos, integrante de Red Libres, informó que el Congreso del Estado desechó la iniciativa de los colectivos para crear unidades de prevención, atención y detección de la violencia en escuelas de educación básica.
De acuerdo con las opiniones técnicas, explicó, las escuelas ya cuentan con comités de seguridad que cubren esa función, y no había presupuesto para aplicarla. Cuellar sostuvo que esos comités existen, pero tienen otras funciones y no la de prevenir la violencia.
“¿Por qué hay dinero para todo menos para lo que es urgente?”, cuestionó. Recordó que 33 por ciento de la población de San Luis Potosí son niñas, niños y adolescentes, y afirmó que hay “aviadores” en el gobierno cuyo sueldo podría destinarse a prevenir la violencia contra las infancias. Calificó la decisión de los diputados como “un adultocentrismo total”.
Los colectivos preparan una tercera iniciativa, que prevén presentar al Congreso en noviembre, para fortalecer los comités de seguridad escolar y capacitarlos en la detección, prevención y atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes.
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Estado
Gallardo anuncia segunda etapa de vialidad hacia la Zona Industrial
La obra de cinco kilómetros conectará el Eje 122 con el Eje 140
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció la segunda etapa de la Vía Alterna Sur, una obra de cinco kilómetros que conectará el Eje 122 con el Eje 140 para ampliar las opciones de acceso y salida de la Zona Industrial, la principal zona productiva del estado. Dijo que la conexión beneficiará a más de 500 mil usuarios.
El gobernador explicó que esta etapa se suma a la transformación del antiguo Periférico, hoy Circuito Potosí, y a los puentes, pasos a desnivel y vialidades que ya mejoraron la conexión hasta el Eje 122. Dijo que la obra busca distribuir de mejor manera el flujo vehicular que hoy se concentra en las principales rutas hacia la Zona Industrial.
A estas acciones se suma el Puente La Familia, que mejorará la circulación en el sector surponiente del Circuito Potosí y facilitará los desplazamientos hacia fábricas, empresas y centros de trabajo al sur de la capital.
Gallardo Cardona dijo que mejores vialidades también generan condiciones más favorables para la actividad económica, al facilitar el traslado de personal, mercancías y servicios, y acompañar el crecimiento de la Zona Industrial.
También lee: Gallardo confirma arranque de Vía Alterna Eje 122-140 esta semana.
Destacadas
Presupuesto federal 2027: SLP recibirá 45 millones más para salud
Desde enero, las clínicas públicas no podrán rechazar a nadie por no ser derechohabiente
Por: Carlos Ruíz
El gobierno federal propone gastar 1 billón 105 mil 963 millones de pesos en salud durante 2027, 10.9% más que este año ya descontada la inflación. Aun con ese aumento, el dinero equivale a 2.8% de todo lo que produce el país en un año, el llamado Producto Interno Bruto (PIB).
Dicho de otra forma: de cada 100 pesos que genera la economía mexicana, poco menos de 3 irían a la salud pública. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomienda que sean al menos 6, según su agenda regional de salud 2018-2030.
Las cifras vienen del Paquete Económico 2027, que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó a la Cámara de Diputados el 8 de septiembre. Es una propuesta: los diputados tienen hasta el 15 de noviembre para aprobarla o modificarla.
Qué significa “10.9% más”
Cuando Hacienda habla de un aumento “en términos reales”, ya le quitó el efecto de la inflación, es decir, lo que suben los precios de un año a otro. Sin descontar la inflación, el gasto en salud crece 140 mil 300 millones de pesos.
El aumento llega después de un año de ajuste: en el presupuesto aprobado para 2026, el gasto en salud había bajado 3.2% en términos reales respecto a 2025. Desde 2020, su peso en la economía se ha mantenido entre 2.5 y 2.8% del PIB según Hacienda.
Quién recibe el dinero
El presupuesto de salud no está en una sola bolsa. La Secretaría de Salud, que opera los institutos nacionales y los hospitales federales, tendría 72 mil 306 millones de pesos, 4.8% más en términos reales.
El aumento mayor es para el IMSS-Bienestar, el sistema que atiende a quienes no tienen IMSS ni ISSSTE por su trabajo. Recibiría 193 mil 987 millones de pesos, 8.9% más que en 2026.
El programa de atención y medicamentos gratuitos que se entrega a los estados pasa de 88 mil 850 a 91 mil 718 millones de pesos. Descontada la inflación, se mantiene en el mismo nivel de este año.
“Cero rechazos” desde enero
La novedad del paquete es el Servicio Universal de Salud, que arrancará el 1 de enero de 2027; el presupuesto del IMSS-Bienestar incluye para ello un programa nuevo de 2 mil 500 millones de pesos. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, planteó en la carta con la que envió el presupuesto la regla de “cero rechazos”: ninguna persona podrá ser rechazada en una unidad médica pública por no ser derechohabiente.
En la primera etapa, el IMSS, el IMSS-Bienestar, el ISSSTE y Pemex intercambiarán servicios en urgencias, partos de emergencia, infartos, cáncer de mama e insuficiencia renal, entre otros casos. La credencialización empezará con las personas de 85 años y más.
Qué le toca a San Luis Potosí
San Luis Potosí firmó en agosto de 2022 el acuerdo con el gobierno federal para ampliar el IMSS-Bienestar en el estado, por lo que la atención de las personas sin seguridad social se paga, sobre todo, desde ese sistema.
Lo que sí llega etiquetado al estado es el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), dinero federal que se entrega a los gobiernos estatales para salud. Para 2027, a San Luis Potosí le tocarían 670 millones de pesos, 45 millones más que los 625 millones de este año.
Con la inflación que estima Hacienda para 2027, el aumento real para el estado ronda 3.9%, por encima del 2.7% que crece el fondo a nivel nacional.
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