Estado
Empresas agroindustriales pretenden apoderarse sitios sagrados en Wirikuta
El conflicto que se desarrolla en el municipio de Catorce involucra a activistas, autoridades ejidales, gobernantes e inversionistas
Por: Bernardo Vera
A comienzos de este 2023, se dio a conocer en medios nacionales que un grupo de ejidatarios del municipio de Catorce acusaban a funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) adscritos a San Luis Potosí, de intervenir en un proceso de entrega de tierras que beneficiaría a personas ajenas a esta demarcación, para ser vendidas y favorecer la expansión de complejos agroindustriales.
Los denunciantes, pertenecientes al ejido ‘Las Margaritas’, emitieron un comunicado donde señalaron que las autoridades locales en temas agrarios los “dejaron plantados”, esto como una maniobra para aprobar la modificación del reglamento interno, poder repartir las tierras de uso común y facilitar su venta.
El documento también solicitaba la intervención del Gobierno Federal para impedir ese proceso, en el que se involucraba una porción de terreno correspondiente a Wirikuta, sitio sagrado para los wixaricas, ya que en caso contrario, avanzaría un proceso “que apunta hacia el despojo territorial, y en este caso a la destrucción de un sitio sagrado que se perfila para ser considerado patrimonio biocultural de la humanidad por la Unesco”.
El tema fue consultado con el Ayuntamiento de Catorce vía correo electrónico y telefónica. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre el conocimiento de esta situación, o si podría intervenir en el conflicto.
Carlos Covarrubias, activista e integrante de “Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, dijo que este caso llama la atención, pues involucra a un Área Natural Protegida de carácter estatal. Además, recriminó el desempeño de funcionarios de la PA y visitadores agrarios asignados a diferentes entidades de la República, que efectúan prácticas de corrupción “propias del viejo régimen”.
“Tiene que ver con que la Procuraduría Agraria sigue teniendo elementos muy negativos. Pese a que el procurador Luis Hernández Palacios tiene toda la voluntad, se han dado supuestos muy delicados en los estados. En San Luis Potosí fue destituido Ernesto Rendón, quien era el responsable de la PA, por actos de corrupción en el ejido La Pila, sus maniobras en San Juan de Guadalupe y su irresponsabilidad en el decreto de Área Natural Protegida”.
David Mazatl Velázquez, promotor de la Cultura del Anáhuac y ex miembro del Frente en Defensa de Wirikuta, precisó que se trata de un conflicto de especulación de tierras en el Altiplano potosino, ocasionado entre ejidatarios habitantes y grupos de propietarios ajenos a la población, o a disposición de empresarios. 
El promotor cultural explicó que una de las principales demandas de la comunidad wixarica al gobierno, ha sido que no existan más proyectos destructivos de este territorio, ya que causan impacto social y ecológico en la región. “Se meten agroindustrias con el tema del desarrollo y generar empleos en la zona, pero finalmente son empleos mal pagados, jornaleros. Y también causan un conflicto ambiental, ya que avientan bombas para disolver las nubes, porque como tienen pozos profundos, todo el tiempo van a tener cosechas, y la lluvia de temporal les afecta. Es un sistema hidropónico”, mencionó.
Mazatl Velázquez dijo que los wixaricas esperan que se genere el Plan de Justicia para el pueblo wixarika, iniciativa de Andrés Manuel Lopez Obrador, que garantice las condiciones adecuadas y se realizó gracias a la movilización social de sus habitantes y otros sectores de la sociedad. Además consideró que el presidente Lopez Obrador ha mostrado una apertura al diálogo más estrecha con ellos, a diferencia de otros mandatarios.
“El actual gobierno ha tenido más oídos abiertos actualmente, pero todo esto ha sido a partir de una movilización social. El gobierno de Lopez Obrador se ha caracterizado por escuchar y dar prioridad a la gente de pueblos originarios, pero también fue la movilización. Antes de ser recibidos en Palacio Nacional hubo una movilización anterior a eso, de tipo espiritual, que propició un arreglo para que el presidente recibiera y escuchara estas demandas, que ahora ya es el Plan de Justicia, efectuado desde marzo del año pasado, y esto no se había hecho antes”, finalizó.
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Se abrió un espacio de diálogo directo con quienes desde la sociedad civil realizan labores de rescate, protección, adopción y cuidado animal
Por: Redacción
Villa de Pozos, a través de la Dirección de Gestión Ambiental, sostuvo un encuentro de acercamiento con representantes de 17 asociaciones, organizaciones y rescatistas independientes, a quienes presentó el Informe de Bienestar Animal con los resultados de las acciones realizadas durante los últimos dos años.
Durante la reunión, encabezada por la presidenta concejal Patricia Aradillas Aradillas y el director de Gestión Ambiental, Alejandro Leal Espinosa, se abrió un espacio de diálogo directo con quienes desde la sociedad civil realizan labores de rescate, protección, adopción y cuidado animal, con el propósito de escuchar sus propuestas, conocer sus necesidades y consolidar una agenda de trabajo conjunto.
Uno de los temas centrales fue la aprobación del Reglamento para la Protección y Bienestar de los Animales, sobre el cual Paty Aradillas destacó la importancia de incorporar las aportaciones de las asociaciones para fortalecer su contenido, así como sumar su participación en la vigilancia de su aplicación y cumplimiento.
Como parte del informe, se dieron a conocer los resultados de la atención a denuncias por maltrato animal, las jornadas de esterilización y vacunación antirrábica para perros y gatos, las campañas de adopción, los espacios de resguardo temporal y los avances del Programa Animal Comunitario. También se abordaron las acciones para regularizar a las personas dedicadas a la recolección voluntaria y avanzar en el retiro de animales de carga, con apego a las disposiciones legales y bajo un enfoque de bienestar animal.
El despliegue contempla vigilancia, control y orientación para facilitar el ingreso y la salida del público, así como mantener condiciones de orden
Por: Redacción
Para brindar seguridad a las familias y aficionados, el Gobierno del Estado desplegará el operativo “Estadio Seguro” antes, durante y después del partido programado a las 19:00 horas en el estadio Libertad Financiera, por instrucción del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) coordinará acciones preventivas en accesos, inmediaciones, zonas de concentración de aficionados y vialidades cercanas, con la participación de corporaciones de seguridad y servicios de atención de emergencias.
El despliegue contempla vigilancia, control y orientación para facilitar el ingreso y la salida del público, así como mantener condiciones de orden en el entorno del estadio.
Con esta coordinación, el Gobierno del cambio mantiene la prevención y la atención oportuna como parte de la seguridad en eventos de concentración masiva.
El dictamen de la Comisión de Ecología también crea un comité técnico y obliga a llevar expedientes clínicos
Por: Redacción
La Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado aprobó un dictamen que reforma la Ley de Protección a los Animales de San Luis Potosí para fijar reglas a quienes ejercen la medicina veterinaria. Un dictamen es el documento con el que una comisión aprueba una propuesta antes de que la vote el Pleno.
La reforma la impulsaron la diputada Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez y el médico veterinario Antonio Muñoz Ramos. Busca que la protección de los animales “no se limite a sancionar el maltrato una vez que ocurre, sino también prevenir el sufrimiento y promover una atención veterinaria responsable”, explicó la legisladora.
Obligación de avisar
Si se aprueba, los veterinarios tendrían que informar a las autoridades cuando detecten posibles casos de maltrato o crueldad animal, siempre que tengan elementos objetivos para sostenerlo. También tendrían que reportar las enfermedades de notificación obligatoria, que son las que deben avisarse a las autoridades sanitarias por el riesgo de contagio, y los posibles casos de usurpación de funciones, es decir, personas que ejercen la profesión sin estar autorizadas.
Además, deberían mantener actualizados sus conocimientos y expedir documentos solo sobre procedimientos que hayan hecho o verificado.
Expedientes y consentimiento
El dictamen contempla el consentimiento informado, que es la autorización que da el dueño del animal después de que se le explica un tratamiento, y la obligación de integrar y conservar expedientes clínicos.
También prohíbe prácticas veterinarias que impliquen maltrato, crueldad o sufrimiento innecesario, sin impedir tratamientos o cirugías médicamente necesarios.
Un comité técnico
La reforma crea un Comité Técnico para el Bienestar Animal y el Ejercicio Profesional de la Medicina Veterinaria y Zootecnia, ligado al Consejo Consultivo Mixto que ya existe en la ley. Podrá aportar conocimientos, promover capacitación y emitir recomendaciones, pero no podrá expedir cédulas, inspeccionar establecimientos ni imponer sanciones.
El dictamen pasará al Pleno del Congreso para su análisis y votación.
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