octubre 13, 2026

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Estado

Empresas agroindustriales pretenden apoderarse sitios sagrados en Wirikuta

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El conflicto que se desarrolla en el municipio de Catorce involucra a activistas, autoridades ejidales, gobernantes e inversionistas

Por: Bernardo Vera

A comienzos de este 2023, se dio a conocer en medios nacionales que un grupo de ejidatarios del municipio de Catorce acusaban a funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) adscritos a San Luis Potosí, de intervenir en un proceso de entrega de tierras que beneficiaría a personas ajenas a esta demarcación, para ser vendidas y favorecer la expansión de complejos agroindustriales.

Los denunciantes, pertenecientes al ejido ‘Las Margaritas’, emitieron un comunicado donde señalaron que las autoridades locales en temas agrarios los “dejaron plantados”, esto como una maniobra para aprobar la modificación del reglamento interno, poder repartir las tierras de uso común y facilitar su venta.

El documento también solicitaba la intervención del Gobierno Federal para impedir ese proceso, en el que se involucraba una porción de terreno correspondiente a Wirikuta, sitio sagrado para los wixaricas, ya que en caso contrario, avanzaría un proceso “que apunta hacia el despojo territorial, y en este caso a la destrucción de un sitio sagrado que se perfila para ser considerado patrimonio biocultural de la humanidad por la Unesco”.

El tema fue consultado con el Ayuntamiento de Catorce vía correo electrónico y telefónica. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre el conocimiento de esta situación, o si podría intervenir en el conflicto.

Carlos Covarrubias, activista e integrante de “Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, dijo que este caso llama la atención, pues involucra a un Área Natural Protegida de carácter estatal. Además, recriminó el desempeño de funcionarios de la PA y visitadores agrarios asignados a diferentes entidades de la República, que efectúan prácticas de corrupción “propias del viejo régimen”.

“Tiene que ver con que la Procuraduría Agraria sigue teniendo elementos muy negativos. Pese a que el procurador Luis Hernández Palacios tiene toda la voluntad, se han dado supuestos muy delicados en los estados. En San Luis Potosí fue destituido Ernesto Rendón, quien era el responsable de la PA, por actos de corrupción en el ejido La Pila, sus maniobras en San Juan de Guadalupe y su irresponsabilidad en el decreto de Área Natural Protegida”.

David Mazatl Velázquez, promotor de la Cultura del Anáhuac y ex miembro del Frente en Defensa de Wirikuta, precisó que se trata de un conflicto de especulación de tierras en el Altiplano potosino, ocasionado entre ejidatarios habitantes y grupos de propietarios ajenos a la población, o a disposición de empresarios.

Mencionó que no es un caso nuevo, sino que se remonta al año de 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de la República, realizó modificaciones al artículo 27 de la Constitución Política “dando la posibilidad a la especulación de la tierra”, y que permitió, en su momento, la entrada de empresas mineras al municipio de Catorce, y se podría replicar con el sector agroindustrial.

El promotor cultural explicó que una de las principales demandas de la comunidad wixarica al gobierno, ha sido que no existan más proyectos destructivos de este territorio, ya que causan impacto social y ecológico en la región. “Se meten agroindustrias con el tema del desarrollo y generar empleos en la zona, pero finalmente son empleos mal pagados, jornaleros. Y también causan un conflicto ambiental, ya que avientan bombas para disolver las nubes, porque como tienen pozos profundos, todo el tiempo van a tener cosechas, y la lluvia de temporal les afecta. Es un sistema hidropónico”, mencionó.

Mazatl Velázquez dijo que los wixaricas esperan que se genere el Plan de Justicia para el pueblo wixarika, iniciativa de Andrés Manuel Lopez Obrador, que garantice las condiciones adecuadas y se realizó gracias a la movilización social de sus habitantes y otros sectores de la sociedad. Además consideró que el presidente Lopez Obrador ha mostrado una apertura al diálogo más estrecha con ellos, a diferencia de otros mandatarios.

“El actual gobierno ha tenido más oídos abiertos actualmente, pero todo esto ha sido a partir de una movilización social. El gobierno de Lopez Obrador se ha caracterizado por escuchar y dar prioridad a la gente de pueblos originarios, pero también fue la movilización. Antes de ser recibidos en Palacio Nacional hubo una movilización anterior a eso, de tipo espiritual, que propició un arreglo para que el presidente recibiera y escuchara estas demandas, que ahora ya es el Plan de Justicia, efectuado desde marzo del año pasado, y esto no se había hecho antes”, finalizó.

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Congreso del Estado

Congreso trabajará con alcaldes para que los policías municipales se certifiquen

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Cuauhtli Badillo dijo que los agentes pueden acudir al órgano de fiscalización, al tribunal administrativo o promover un amparo

Por: Redacción

Los policías municipales que no reciben el salario mínimo de 14 mil pesos mensuales que fija la ley pueden denunciar a su ayuntamiento, dijo el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado.

“Los propios policías que no han recibido ese salario pueden realizar las denuncias correspondientes, ir al órgano de fiscalización, al tribunal de administración, y pueden generar hasta un amparo”, explicó. Un amparo es un juicio para pedir a un juez que proteja un derecho que la autoridad no está respetando.

El legislador reconoció que hay ayuntamientos que no han cumplido con el sueldo y que podrían recibir sanciones. Aclaró que eso depende de la revisión del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), el órgano que revisa cómo gastan su dinero los gobiernos, y que “hay que esperar a que el tema se revise con puntualidad para conocer detalles”.

Los plazos ya vencieron

La obligación viene de la reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026, que fija un salario mínimo de 14 mil pesos para los policías de los 59 municipios. El plazo para cumplirla venció el 31 de agosto.

Al cierre de ese plazo, 24 ayuntamientos entregaron documentos para demostrar que ya pagan ese sueldo, y Ciudad Valles y Soledad ya lo acreditaban. El 2 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona

dijo que hay una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados, es decir, que se les prohibiría ocupar cargos públicos durante un tiempo.

Sin certificado

Badillo dijo que la comisión trabajará con los presidentes municipales en la capacitación de los policías y en el Certificado Único Policial (CUP), un documento que acredita que un agente cumple con los requisitos de formación y evaluación que pide la Federación. Según el diputado, la mayoría de los policías municipales no lo tiene.

“Lo más importante es que tengan los CUP. Con ello, la Federación da cuenta de qué tan bien capacitados o cuántos policías están capacitados para brindarle seguridad a sus municipalidades”, dijo.

Contó que hace poco estuvo en San Luis Potosí personal del órgano certificador del Gobierno de México para evaluar el tema, y que el Congreso buscará la manera de apoyar con cambios a las leyes “para que existan mejores policías municipales”.

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Estado

Vero Rodríguez pide investigar posible uso político del reparto de agua

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Exigió al INE y al CEEPAC indagar los señalamientos de presuntos condicionamientos políticos en el programa de pipas del Gobierno del Estado

Por: Redacción

La senadora Verónica Rodríguez Hernández, del PAN, exigió desde la tribuna del Senado que se investigue el posible uso de recursos públicos en beneficio del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en San Luis Potosí, a partir de señalamientos sobre presuntos condicionamientos políticos en el programa de reparto de agua del Gobierno del Estado.

La legisladora citó una investigación periodística de N+ con testimonios que, dijo, apuntan a una posible intervención de estructuras partidistas en la distribución del recurso, mientras numerosas familias de la zona metropolitana enfrentan problemas de abastecimiento y dependen de las pipas.

“El agua es un derecho humano, no una moneda de cambio para mantener el poder”, afirmó.

Rodríguez Hernández pidió al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) que, en el ámbito de sus atribuciones, investiguen el caso y determinen responsabilidades. También exigió que se apliquen sanciones a quienes resulten responsables, sin importar el cargo que ocupen.

La senadora demandó al Gobierno del Estado una explicación sobre los criterios con los que se reparte el agua, quiénes intervienen en la distribución y quiénes autorizan las entregas, además de que se garantice el suministro sin intermediarios partidistas y se proteja a quienes hayan denunciado irregularidades.

“El agua no pertenece a un padrón electoral ni a las coordinadoras de un partido”, concluyó.

El comunicado no incluye la respuesta del Gobierno del Estado ni del PVEM a estos señalamientos.

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Ciudad

Villa de Pozos mantiene y refuerza la distribución gratuita de agua potable

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La Dirección de Servicios Municipales mantiene abiertos sus canales de atención para recibir solicitudes de abastecimiento

Por: Redacción

Ante las constantes deficiencias en el suministro de agua potable por parte del organismo operador Interapas, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos mantiene y refuerza la distribución gratuita del vital líquido mediante pipas, como una medida de apoyo directo a las familias que enfrentan la falta de este servicio básico, con acciones que permiten atender las necesidades más urgentes de los hogares y reducir las afectaciones ocasionadas por la irregularidad del abastecimiento.

El director de Servicios Municipales, Erwin Alejandro Elvira Juárez, informó que durante la última semana se brindó atención a más de 12 colonias y fraccionamientos, entre ellos El Pueblito, Montecillo, Aguilares, San Jorge, Las Mercedes, Ciudad 2000, Los Silos y La Libertad II, donde las unidades municipales realizaron recorridos para acercar el agua a las vivi endas que presentan problemas de suministro.

Elvira Juárez destacó que, ante las fallas en la operación de Interapas, el Gobierno Municipal mantiene este esquema de apoyo con la distribución de cerca de 700 mil litros de agua a la semana, con el propósito de que las familias puedan cubrir necesidades esenciales como la higiene personal, la limpieza del hogar y otras actividades cotidianas, mientras persisten las deficiencias en el servicio que corresponde brindar al organismo operador.

Finalmente, reiteró que la Dirección de Servicios Municipales mantiene abiertos sus canales de atención para recibir solicitudes de abastecimiento, tanto de manera presencial en sus oficinas como a través de WhatsApp, con el objetivo de dar seguimiento a los reportes ciudadanos y programar la distribución de pipas en las zonas afectadas, al destacar que el Gobierno Municipal continuará respaldando a las familias poceñas ante la falta de un suministro regular de agua potable.

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Opinión

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