Estado
Empresas agroindustriales pretenden apoderarse sitios sagrados en Wirikuta
El conflicto que se desarrolla en el municipio de Catorce involucra a activistas, autoridades ejidales, gobernantes e inversionistas
Por: Bernardo Vera
A comienzos de este 2023, se dio a conocer en medios nacionales que un grupo de ejidatarios del municipio de Catorce acusaban a funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) adscritos a San Luis Potosí, de intervenir en un proceso de entrega de tierras que beneficiaría a personas ajenas a esta demarcación, para ser vendidas y favorecer la expansión de complejos agroindustriales.
Los denunciantes, pertenecientes al ejido ‘Las Margaritas’, emitieron un comunicado donde señalaron que las autoridades locales en temas agrarios los “dejaron plantados”, esto como una maniobra para aprobar la modificación del reglamento interno, poder repartir las tierras de uso común y facilitar su venta.
El documento también solicitaba la intervención del Gobierno Federal para impedir ese proceso, en el que se involucraba una porción de terreno correspondiente a Wirikuta, sitio sagrado para los wixaricas, ya que en caso contrario, avanzaría un proceso “que apunta hacia el despojo territorial, y en este caso a la destrucción de un sitio sagrado que se perfila para ser considerado patrimonio biocultural de la humanidad por la Unesco”.
El tema fue consultado con el Ayuntamiento de Catorce vía correo electrónico y telefónica. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre el conocimiento de esta situación, o si podría intervenir en el conflicto.
Carlos Covarrubias, activista e integrante de “Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, dijo que este caso llama la atención, pues involucra a un Área Natural Protegida de carácter estatal. Además, recriminó el desempeño de funcionarios de la PA y visitadores agrarios asignados a diferentes entidades de la República, que efectúan prácticas de corrupción “propias del viejo régimen”.
“Tiene que ver con que la Procuraduría Agraria sigue teniendo elementos muy negativos. Pese a que el procurador Luis Hernández Palacios tiene toda la voluntad, se han dado supuestos muy delicados en los estados. En San Luis Potosí fue destituido Ernesto Rendón, quien era el responsable de la PA, por actos de corrupción en el ejido La Pila, sus maniobras en San Juan de Guadalupe y su irresponsabilidad en el decreto de Área Natural Protegida”.
David Mazatl Velázquez, promotor de la Cultura del Anáhuac y ex miembro del Frente en Defensa de Wirikuta, precisó que se trata de un conflicto de especulación de tierras en el Altiplano potosino, ocasionado entre ejidatarios habitantes y grupos de propietarios ajenos a la población, o a disposición de empresarios. 
El promotor cultural explicó que una de las principales demandas de la comunidad wixarica al gobierno, ha sido que no existan más proyectos destructivos de este territorio, ya que causan impacto social y ecológico en la región. “Se meten agroindustrias con el tema del desarrollo y generar empleos en la zona, pero finalmente son empleos mal pagados, jornaleros. Y también causan un conflicto ambiental, ya que avientan bombas para disolver las nubes, porque como tienen pozos profundos, todo el tiempo van a tener cosechas, y la lluvia de temporal les afecta. Es un sistema hidropónico”, mencionó.
Mazatl Velázquez dijo que los wixaricas esperan que se genere el Plan de Justicia para el pueblo wixarika, iniciativa de Andrés Manuel Lopez Obrador, que garantice las condiciones adecuadas y se realizó gracias a la movilización social de sus habitantes y otros sectores de la sociedad. Además consideró que el presidente Lopez Obrador ha mostrado una apertura al diálogo más estrecha con ellos, a diferencia de otros mandatarios.
“El actual gobierno ha tenido más oídos abiertos actualmente, pero todo esto ha sido a partir de una movilización social. El gobierno de Lopez Obrador se ha caracterizado por escuchar y dar prioridad a la gente de pueblos originarios, pero también fue la movilización. Antes de ser recibidos en Palacio Nacional hubo una movilización anterior a eso, de tipo espiritual, que propició un arreglo para que el presidente recibiera y escuchara estas demandas, que ahora ya es el Plan de Justicia, efectuado desde marzo del año pasado, y esto no se había hecho antes”, finalizó.
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La empresaria, capturada en San Luis Potosí por su presunta participación en una red de huachicol fiscal, permanecerá en prisión preventiva mientras continúa el proceso judicial
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) realizó la detención de Adriana “N”, en San Luis Potosí, por su presunta vinculación con el caso de Ernesto “N” y el huachicol fiscal.
Fue detenida el pasado 17 de julio en la capital potosina durante un operativo federal. La Fiscalía General de la República (FGR) la identifica como accionista y representante legal de la empresa Logística Ferroviaria Fargo, S.A. de C.V., con operaciones en la Zona Industrial de San Luis Potosí, y la señala como presunta integrante de la estructura empresarial utilizada para importar combustibles de manera irregular.
De acuerdo con la investigación de la FGR, la organización habría importado combustibles declarando únicamente una parte del volumen real para evadir el pago del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA), mediante una red integrada por empresarios, agentes aduanales y representantes de diversas compañías.
La titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México negó conceder la suspensión solicitada por la defensa de Adriana “N”, al considerar que los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos por los que es investigada ameritan prisión preventiva oficiosa, de acuerdo con la Ley de Amparo.
La jueza fijó para el próximo 28 de julio la audiencia en la que resolverá si concede o no la suspensión definitiva solicitada por la defensa. Paralelamente, un juez de control federal continúa la audiencia en la que determinará si vincula a proceso a Adriana “N”, Ernesto “N” y los demás imputados.
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Además de fortalecer las capacidades operativas, en la capacitación se proporcionaron herramientas para que policías orienten a la ciudadanía
Por: Redacción
Elementos de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos participaron en una capacitación sobre las recientes reformas al Código Penal que permiten investigar de oficio este ilícito.
El director de la Guardia Civil Municipal, David Valdivia Carranza, informó que la capacitación fue impartida por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno Federal, quienes acudieron a las instalaciones de la Comandancia Magueyes para brindar a las y los elementos los conocimientos necesarios sobre la aplicación de las modificaciones legales y los nuevos procedimientos de actuación.
Explicó que, como parte de la estrategia impulsada por la Federación, se instruyó a los elementos a recabar la mayor cantidad de información posible para fortalecer el trabajo de los grupos de inteligencia, con el propósito de evolucionar de un modelo reactivo a uno basado en inteligencia policial, mediante la generación y análisis de datos que permitan prevenir e investigar este tipo de delitos con mayor eficacia.
Además de fortalecer las capacidades operativas de la corporación, durante la capacitación se proporcionaron herramientas para que las y los policías orienten a la ciudadanía y al sector comercial sobre las nuevas disposiciones legales, las medidas de prevención y la forma adecuada de actuar en caso de ser víctimas de una extorsión; información que será incorporada a los operativos y acciones preventivas que desarrolla la Guardia Civil Municipal como parte de las actividades para fortalecer la seguridad en Villa de Pozos.
La modificación a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que las autoridades deberán implementar estrategias para proteger la salud mental infantil frente al uso excesivo de dispositivos electrónicos
Por: Redacción
El Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de San Luis Potosí para fortalecer la protección de la salud mental de menores de edad ante los efectos del uso excesivo de dispositivos digitales.
La iniciativa, presentada por el diputado César Arturo Lara Rocha, establece que las autoridades estatales y municipales deberán desarrollar estrategias de prevención, detección y atención de riesgos asociados al uso intensivo de la tecnología, entre ellos la adicción digital.
Entre las acciones contempladas se encuentran campañas de concientización dirigidas a madres, padres de familia, docentes y estudiantes
En la exposición de motivos del dictamen se advierte que el uso de pantallas como herramienta para entretener o distraer a niñas y niños pequeños puede representar riesgos para su salud mental, por lo que la reforma busca incorporar este tema al marco de protección integral de los derechos de la infancia en la entidad.
Con la modificación, las autoridades educativas, de salud, seguridad pública y de protección de niñas, niños y adolescentes deberán implementar medidas orientadas a prevenir los efectos negativos derivados del uso excesivo de dispositivos digitales y promover hábitos tecnológicos saludables.
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