Estado
Empresas agroindustriales pretenden apoderarse sitios sagrados en Wirikuta
El conflicto que se desarrolla en el municipio de Catorce involucra a activistas, autoridades ejidales, gobernantes e inversionistas
Por: Bernardo Vera
A comienzos de este 2023, se dio a conocer en medios nacionales que un grupo de ejidatarios del municipio de Catorce acusaban a funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) adscritos a San Luis Potosí, de intervenir en un proceso de entrega de tierras que beneficiaría a personas ajenas a esta demarcación, para ser vendidas y favorecer la expansión de complejos agroindustriales.
Los denunciantes, pertenecientes al ejido ‘Las Margaritas’, emitieron un comunicado donde señalaron que las autoridades locales en temas agrarios los “dejaron plantados”, esto como una maniobra para aprobar la modificación del reglamento interno, poder repartir las tierras de uso común y facilitar su venta.
El documento también solicitaba la intervención del Gobierno Federal para impedir ese proceso, en el que se involucraba una porción de terreno correspondiente a Wirikuta, sitio sagrado para los wixaricas, ya que en caso contrario, avanzaría un proceso “que apunta hacia el despojo territorial, y en este caso a la destrucción de un sitio sagrado que se perfila para ser considerado patrimonio biocultural de la humanidad por la Unesco”.
El tema fue consultado con el Ayuntamiento de Catorce vía correo electrónico y telefónica. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre el conocimiento de esta situación, o si podría intervenir en el conflicto.
Carlos Covarrubias, activista e integrante de “Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, dijo que este caso llama la atención, pues involucra a un Área Natural Protegida de carácter estatal. Además, recriminó el desempeño de funcionarios de la PA y visitadores agrarios asignados a diferentes entidades de la República, que efectúan prácticas de corrupción “propias del viejo régimen”.
“Tiene que ver con que la Procuraduría Agraria sigue teniendo elementos muy negativos. Pese a que el procurador Luis Hernández Palacios tiene toda la voluntad, se han dado supuestos muy delicados en los estados. En San Luis Potosí fue destituido Ernesto Rendón, quien era el responsable de la PA, por actos de corrupción en el ejido La Pila, sus maniobras en San Juan de Guadalupe y su irresponsabilidad en el decreto de Área Natural Protegida”.
David Mazatl Velázquez, promotor de la Cultura del Anáhuac y ex miembro del Frente en Defensa de Wirikuta, precisó que se trata de un conflicto de especulación de tierras en el Altiplano potosino, ocasionado entre ejidatarios habitantes y grupos de propietarios ajenos a la población, o a disposición de empresarios. 
El promotor cultural explicó que una de las principales demandas de la comunidad wixarica al gobierno, ha sido que no existan más proyectos destructivos de este territorio, ya que causan impacto social y ecológico en la región. “Se meten agroindustrias con el tema del desarrollo y generar empleos en la zona, pero finalmente son empleos mal pagados, jornaleros. Y también causan un conflicto ambiental, ya que avientan bombas para disolver las nubes, porque como tienen pozos profundos, todo el tiempo van a tener cosechas, y la lluvia de temporal les afecta. Es un sistema hidropónico”, mencionó.
Mazatl Velázquez dijo que los wixaricas esperan que se genere el Plan de Justicia para el pueblo wixarika, iniciativa de Andrés Manuel Lopez Obrador, que garantice las condiciones adecuadas y se realizó gracias a la movilización social de sus habitantes y otros sectores de la sociedad. Además consideró que el presidente Lopez Obrador ha mostrado una apertura al diálogo más estrecha con ellos, a diferencia de otros mandatarios.
“El actual gobierno ha tenido más oídos abiertos actualmente, pero todo esto ha sido a partir de una movilización social. El gobierno de Lopez Obrador se ha caracterizado por escuchar y dar prioridad a la gente de pueblos originarios, pero también fue la movilización. Antes de ser recibidos en Palacio Nacional hubo una movilización anterior a eso, de tipo espiritual, que propició un arreglo para que el presidente recibiera y escuchara estas demandas, que ahora ya es el Plan de Justicia, efectuado desde marzo del año pasado, y esto no se había hecho antes”, finalizó.
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El Partido Verde recibirá la cifra más alta con 47.6 millones de pesos, mientras que el Partido del Trabajo recibirá la cifra menor con 11.7 millones
Por: Redacción
El Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) aprobó en sesión extraordinaria la distribución del financiamiento público correspondiente al ejercicio fiscal 2026, al que tienen derecho cada uno de los Partidos Políticos con registro e inscripción ante el Organismo Electoral.
Por ley, el 30% del total de los recursos se distribuyen de forma equitativa entre cada partido político y el otro 70% de forma proporcional al porcentaje de votos obtenidos por partido en la elección inmediata anterior.
La distribución quedó de la siguiente forma: $ 165 millones, 811 mil, 863.13 pesos para gasto por actividades ordinarias permanentes; $ 4 millones, 974 mil, 355.89 pesos para gasto por actividades específicas; $3 millones, 316 mil, 237.26 pesos para financiamiento por franquicias postales; y 113 mil, 140.00 pesos para financiamiento adicional a partidos políticos locales; el total de financiamiento a partidos políticos es de $174 millones, 215 mil, 596.28 pesos.
Las cantidades señaladas en la distribución del financiamiento público asignado por partido político, de acuerdo a la ley, es derivado del porcentaje de votación en la última elección, el total por partido político se desglosa de la siguiente forma:
- El Partido Acción Nacional recibirá: $28,851,627.70 pesos (veintiocho millones, ochocientos cincuenta y un mil, seiscientos veintisiete pesos 70/100 m.n.)
- El Partido Revolucionario Institucional recibirá: $19,235,994.71 pesos (Diecinueve millones, doscientos treinta y cinco mil, novecientos noventa y cuatro pesos 71/100 m.n.).
- El Partido Verde Ecologista de México recibirá: $47,607,686.35 pesos (Cuarenta y siete millones, seiscientos siete mil, seiscientos ochenta y seis pesos 35/100 m.n.).
- El Partido del Trabajo: $11,766,083.77 pesos (Once millones, setecientos sesenta y seis mil, ochenta y tres pesos 77/100 m.n.)
- El Partido Movimiento Ciudadano recibirá: $17,975,662.24 pesos (Diecisiete millones, novecientos setenta y cinco mil, seiscientos sesenta y dos pesos 24/100 m.n.).
- El Partido MORENA recibirá: $35,153,709.55 pesos (Treinta y cinco millones, ciento cincuenta y tres mil, setecientos nueve pesos 55/100 m.n.)
- El Partido Nueva Alianza SLP recibirá: $13,624,831.96 pesos (Trece millones seiscientos veinticuatro mil ochocientos treinta y un pesos 96/100 m.n.)
Este financiamiento a partidos está compuesto por Actividades Ordinarias, Actividades específicas y Franquicias Postales.
En la misma sesión del Consejo General del CEEPAC también se aprobó el acuerdo mediante el cual se determinan los topes del financiamiento privado para los partidos políticos con registro e inscripción vigente ante el organismo electoral por parte de militantes y simpatizantes durante el ejercicio 2026.
El límite de aportaciones que cada partido político podrá recibir en el año en dinero o especie a través de sus militantes es la cantidad de $16,581,186.30 (dieciséis millones, quinientos ochenta y un mil ciento ochenta y seis pesos 30/100 m.n.).
El límite de las aportaciones que cada partido político podrá recibir de sus simpatizantes en dinero o en especie para el ejercicio 2026, corresponde a la cantidad de $5,844,772.94 (cinco millones ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y dos pesos 94/100 m.n.).
En cuanto el límite individual de aportaciones de simpatizantes en dinero y especie será la cantidad de $146,119.32 (ciento cuarenta y seis mil ciento diecinueve pesos 32/100 M.N.).
Cabe señalar que la suma del financiamiento privado de los partidos políticos con inscripción o registro, bajo todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y actividades específicas.
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Estado
Veto de Gallardo a Ley de Paridad, acto de responsabilidad constitucional: José Luis Fernández
El diputado federal consideró que esta acción no debe leerse como un paso atrás en la paridad
Por: Redacción
José Luis Fernández Martínez, diputado federal por San Luis Potosí opinó que la decisión del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de ejercer su derecho de veto contra la reforma electoral que pretendía obligar a los partidos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027, no debe leerse como un paso atrás en la paridad, sino como un acto de responsabilidad constitucional y una muestra de confianza política.
Para el legislador federal, Gallardo Cardona ha sido claro en su postura ya que no se opone a la igualdad de género, sino que su intención es garantizar que cualquier cambio en las reglas del juego sea jurídicamente sólido y en su carácter de Ejecutivo estatal buscar evitar que San Luis Potosí caiga en controversias legales que empañen el próximo proceso electoral y peor aún, sean motivo de inestabilidad social o ingobernabilidad.
Para Fernández Martínez uno de los puntos más valiosos de este veto es que establece un piso parejo, ya que al solicitar que el CEEPAC replantee la iniciativa con la participación de expertos, académicos y todas las fuerzas políticas, se busca un consenso que no excluya a nadie de manera arbitraria.
Añadió que esta decisión garantiza que se protejan los derechos constitucionales de todo aquel que aspire al cargo, sin distinción de género y se elimine la percepción de una “ley a la medida”
Desde una óptica política, dijo el legislador federal, este movimiento refuerza la posición del Partido Verde en el estado, porque este partido lidera las preferencias y cuenta con cuadros destacados —tanto hombres como mujeres— por lo que no necesita de reformas “forzadas” para asegurar su competitividad.
Fernández Martínez concluyó que el veto de Ricardo Gallardo Cardona es una decisión acertada que prioriza la salud democrática de San Luis Potosí, ya que al exigir un debate más amplio y técnico, asegura que la paridad de género avance de la mano con el respeto a la ley, garantizando que en 2027 ganen las mejores propuestas en un escenario de verdadera competencia y equidad.
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La diputada señaló que las secuelas de la pandemia de COVID-19 han generado que se agudice la relevancia de este hospital
Por: Redacción
Aranza Puente Bustindui, diputada local de San Luis Potosí, reconoció la importancia de que el estado pueda tener un hospital psiquiátrico ante las “nuevas realidades” que se viven después de la pandemia de COVID-19.
La diputada señaló que la crisis sanitaria ocasionó que muchas personas hayan sufrido depresión u otros problemas psicológicos en los últimos años, por lo que el hospital podría brindarles la atención necesaria.
Según datos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el estado se reportaron 2 mil 700 casos de depresión el año pasado, y se estima que alrededor del 4% de la población presenta este trastorno.
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