Estado
Empresas agroindustriales pretenden apoderarse sitios sagrados en Wirikuta
El conflicto que se desarrolla en el municipio de Catorce involucra a activistas, autoridades ejidales, gobernantes e inversionistas
Por: Bernardo Vera
A comienzos de este 2023, se dio a conocer en medios nacionales que un grupo de ejidatarios del municipio de Catorce acusaban a funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) adscritos a San Luis Potosí, de intervenir en un proceso de entrega de tierras que beneficiaría a personas ajenas a esta demarcación, para ser vendidas y favorecer la expansión de complejos agroindustriales.
Los denunciantes, pertenecientes al ejido ‘Las Margaritas’, emitieron un comunicado donde señalaron que las autoridades locales en temas agrarios los “dejaron plantados”, esto como una maniobra para aprobar la modificación del reglamento interno, poder repartir las tierras de uso común y facilitar su venta.
El documento también solicitaba la intervención del Gobierno Federal para impedir ese proceso, en el que se involucraba una porción de terreno correspondiente a Wirikuta, sitio sagrado para los wixaricas, ya que en caso contrario, avanzaría un proceso “que apunta hacia el despojo territorial, y en este caso a la destrucción de un sitio sagrado que se perfila para ser considerado patrimonio biocultural de la humanidad por la Unesco”.
El tema fue consultado con el Ayuntamiento de Catorce vía correo electrónico y telefónica. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre el conocimiento de esta situación, o si podría intervenir en el conflicto.
Carlos Covarrubias, activista e integrante de “Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, dijo que este caso llama la atención, pues involucra a un Área Natural Protegida de carácter estatal. Además, recriminó el desempeño de funcionarios de la PA y visitadores agrarios asignados a diferentes entidades de la República, que efectúan prácticas de corrupción “propias del viejo régimen”.
“Tiene que ver con que la Procuraduría Agraria sigue teniendo elementos muy negativos. Pese a que el procurador Luis Hernández Palacios tiene toda la voluntad, se han dado supuestos muy delicados en los estados. En San Luis Potosí fue destituido Ernesto Rendón, quien era el responsable de la PA, por actos de corrupción en el ejido La Pila, sus maniobras en San Juan de Guadalupe y su irresponsabilidad en el decreto de Área Natural Protegida”.
David Mazatl Velázquez, promotor de la Cultura del Anáhuac y ex miembro del Frente en Defensa de Wirikuta, precisó que se trata de un conflicto de especulación de tierras en el Altiplano potosino, ocasionado entre ejidatarios habitantes y grupos de propietarios ajenos a la población, o a disposición de empresarios. 
El promotor cultural explicó que una de las principales demandas de la comunidad wixarica al gobierno, ha sido que no existan más proyectos destructivos de este territorio, ya que causan impacto social y ecológico en la región. “Se meten agroindustrias con el tema del desarrollo y generar empleos en la zona, pero finalmente son empleos mal pagados, jornaleros. Y también causan un conflicto ambiental, ya que avientan bombas para disolver las nubes, porque como tienen pozos profundos, todo el tiempo van a tener cosechas, y la lluvia de temporal les afecta. Es un sistema hidropónico”, mencionó.
Mazatl Velázquez dijo que los wixaricas esperan que se genere el Plan de Justicia para el pueblo wixarika, iniciativa de Andrés Manuel Lopez Obrador, que garantice las condiciones adecuadas y se realizó gracias a la movilización social de sus habitantes y otros sectores de la sociedad. Además consideró que el presidente Lopez Obrador ha mostrado una apertura al diálogo más estrecha con ellos, a diferencia de otros mandatarios.
“El actual gobierno ha tenido más oídos abiertos actualmente, pero todo esto ha sido a partir de una movilización social. El gobierno de Lopez Obrador se ha caracterizado por escuchar y dar prioridad a la gente de pueblos originarios, pero también fue la movilización. Antes de ser recibidos en Palacio Nacional hubo una movilización anterior a eso, de tipo espiritual, que propició un arreglo para que el presidente recibiera y escuchara estas demandas, que ahora ya es el Plan de Justicia, efectuado desde marzo del año pasado, y esto no se había hecho antes”, finalizó.
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La SCJN dio plazo para formalizar el protocolo; el ejercicio podría costar nuevamente nueve millones de pesos
Por: Redacción
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Héctor Serrano Cortés, afirmó que en el mes de abril estará lista la organización de las consultas que se llevarán a cabo para dar cumplimiento a la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego de que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) definiera que no coadyuvará con el Poder Legislativo en la realización de este ejercicio, legisladores, la presidenta de la Directiva, diputada Sara Rocha, y personal del área jurídica se reunieron con la SCJN para abordar el tema.
Serrano Cortés reconoció al máximo órgano de justicia del país como un facilitador del proceso y señaló que se agotó la posibilidad de realizar las consultas a través del Ceepac, que —dijo— es un órgano que puede garantizar un proceso equilibrado y equitativo, pero informó que no hubo condiciones para concretarlo.
El diputado añadió que la consulta ya se había realizado previamente con un costo de nueve millones de pesos; sin embargo, la instrucción es llevarla a cabo nuevamente. Explicó que la Corte otorgó un plazo para formalizar el protocolo, construir un cuerpo operativo y técnico, así como definir preguntas y lineamientos
Indicó que a principios de abril se contará con el protocolo y se realizará una reunión previa con la SCJN para evitar futuras impugnaciones derivadas de posibles omisiones en la formalidad del proceso.
Sobre el costo del nuevo ejercicio, señaló que se contempla una base presupuestal similar a la anterior, lo cual ya fue dialogado con la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo, al tratarse de un mandato que no puede postergarse y tras no concretarse el apoyo del Ceepac.
Finalmente, expuso que el Congreso puede realizar directamente el ejercicio, aunque buscarán reducir costos. Precisó que se llevarán a cabo dos consultas: una en materia de discapacidad, que calificó como más sencilla y que se realizará primero; y otra relacionada con la Ley Indígena, la cual representa mayor complejidad y se desarrollará conforme a los mecanismos establecidos en la legislación correspondiente.
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El gobernador comentó que las corporaciones estatales de seguridad se encuentran listas para vigilar y resguardar los 59 municipios
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, asistió a la toma de protesta de bandera y posesión del nuevo coordinador de la Guardia Nacional en el Estado, Jorge Enrique Martínez Medina, a quien felicitó y reafirmó su colaboración para seguir manteniendo a la entidad potosina entre una de las cuatro más seguras del país.
En el marco de este evento protocolario, el Gobernador del Estado aseguró que reforzará la colaboración que se tiene en conjunto con la Guardia Nacional y con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), instituciones con las que se ha obtenido resultados positivos gracias a los operativos que se realizan en las cuatro regiones de San Luis Potosí.
De igual forma, Ricardo Gallardo compartió que se tiene una gran coordinación entre la Guardia Nacional y la División Caminos de la Guardia Civil Estatal
Finalmente, el gobernador comentó que las corporaciones estatales de seguridad se encuentran listas para vigilar y resguardar los 59 municipios de la entidad potosina en las próximas vacaciones de Semana Santa, cuyo objetivo es que las familias potosinas, así como de visitantes de otras partes del país y del mundo, puedan disfrutar de los atractivos turísticos que hay en todo el Estado.
La diputada Gabriela López sostuvo que esta figura jurídica aplica cuando hombres agreden a mujeres utilizando a sus hijos
Por: Redacción
La diputada local Gabriela López Torres afirmó que la violencia vicaria debe entenderse como una agresión ejercida de manera predominante por hombres hacia mujeres, utilizando como medio a los hijos en común.
La legisladora explicó que este criterio ha sido respaldado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por la Secretaría de las Mujeres (Semujeres), instancia que ha detallado el enfoque jurídico y social de esta figura.
Señaló que, aunque existen casos aislados en otros estados donde se intentó sancionar a mujeres bajo esta figura, la interpretación predominante establece que la violencia vicaria se configura cuando un hombre ejerce violencia contra la madre de sus hijos utilizando a los menores como instrumento de daño.
López Torres aclaró que reconocer esta definición no implica negar que existan mujeres que ejerzan violencia, sino que estadísticamente y conforme a los estudios sociales, esta modalidad específica responde a una problemática estructural que afecta mayoritariamente a mujeres.
“Cuando una mujer pudiera ejercer violencia en circunstancias similares, tendría que recibir otro nombre, pero no es propiamente violencia vicaria”, puntualizó.
La diputada agregó que desde el Poder Legislativo de San Luis Potosí aún existen pendientes en materia de armonización y fortalecimiento del marco jurídico para atender este tipo de violencia.
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