Estado
Empresas agroindustriales pretenden apoderarse sitios sagrados en Wirikuta
El conflicto que se desarrolla en el municipio de Catorce involucra a activistas, autoridades ejidales, gobernantes e inversionistas
Por: Bernardo Vera
A comienzos de este 2023, se dio a conocer en medios nacionales que un grupo de ejidatarios del municipio de Catorce acusaban a funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) adscritos a San Luis Potosí, de intervenir en un proceso de entrega de tierras que beneficiaría a personas ajenas a esta demarcación, para ser vendidas y favorecer la expansión de complejos agroindustriales.
Los denunciantes, pertenecientes al ejido ‘Las Margaritas’, emitieron un comunicado donde señalaron que las autoridades locales en temas agrarios los “dejaron plantados”, esto como una maniobra para aprobar la modificación del reglamento interno, poder repartir las tierras de uso común y facilitar su venta.
El documento también solicitaba la intervención del Gobierno Federal para impedir ese proceso, en el que se involucraba una porción de terreno correspondiente a Wirikuta, sitio sagrado para los wixaricas, ya que en caso contrario, avanzaría un proceso “que apunta hacia el despojo territorial, y en este caso a la destrucción de un sitio sagrado que se perfila para ser considerado patrimonio biocultural de la humanidad por la Unesco”.
El tema fue consultado con el Ayuntamiento de Catorce vía correo electrónico y telefónica. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre el conocimiento de esta situación, o si podría intervenir en el conflicto.
Carlos Covarrubias, activista e integrante de “Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, dijo que este caso llama la atención, pues involucra a un Área Natural Protegida de carácter estatal. Además, recriminó el desempeño de funcionarios de la PA y visitadores agrarios asignados a diferentes entidades de la República, que efectúan prácticas de corrupción “propias del viejo régimen”.
“Tiene que ver con que la Procuraduría Agraria sigue teniendo elementos muy negativos. Pese a que el procurador Luis Hernández Palacios tiene toda la voluntad, se han dado supuestos muy delicados en los estados. En San Luis Potosí fue destituido Ernesto Rendón, quien era el responsable de la PA, por actos de corrupción en el ejido La Pila, sus maniobras en San Juan de Guadalupe y su irresponsabilidad en el decreto de Área Natural Protegida”.
David Mazatl Velázquez, promotor de la Cultura del Anáhuac y ex miembro del Frente en Defensa de Wirikuta, precisó que se trata de un conflicto de especulación de tierras en el Altiplano potosino, ocasionado entre ejidatarios habitantes y grupos de propietarios ajenos a la población, o a disposición de empresarios. 
El promotor cultural explicó que una de las principales demandas de la comunidad wixarica al gobierno, ha sido que no existan más proyectos destructivos de este territorio, ya que causan impacto social y ecológico en la región. “Se meten agroindustrias con el tema del desarrollo y generar empleos en la zona, pero finalmente son empleos mal pagados, jornaleros. Y también causan un conflicto ambiental, ya que avientan bombas para disolver las nubes, porque como tienen pozos profundos, todo el tiempo van a tener cosechas, y la lluvia de temporal les afecta. Es un sistema hidropónico”, mencionó.
Mazatl Velázquez dijo que los wixaricas esperan que se genere el Plan de Justicia para el pueblo wixarika, iniciativa de Andrés Manuel Lopez Obrador, que garantice las condiciones adecuadas y se realizó gracias a la movilización social de sus habitantes y otros sectores de la sociedad. Además consideró que el presidente Lopez Obrador ha mostrado una apertura al diálogo más estrecha con ellos, a diferencia de otros mandatarios.
“El actual gobierno ha tenido más oídos abiertos actualmente, pero todo esto ha sido a partir de una movilización social. El gobierno de Lopez Obrador se ha caracterizado por escuchar y dar prioridad a la gente de pueblos originarios, pero también fue la movilización. Antes de ser recibidos en Palacio Nacional hubo una movilización anterior a eso, de tipo espiritual, que propició un arreglo para que el presidente recibiera y escuchara estas demandas, que ahora ya es el Plan de Justicia, efectuado desde marzo del año pasado, y esto no se había hecho antes”, finalizó.
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Desalojos de este tipo —ordenados por jueces civiles y mercantiles— ocurren dos o tres veces al día en la entidad, según el funcionario responsable de seguridad estatal
Por: Redacción
Jesús Juárez Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, afirmó que la participación de la Guardia Civil Estatal en el desalojo de familias indígenas en el predio La Peña de Tampamolón fue realizada como “apoyo” a una orden judicial de restitución de inmueble emanada de un juzgado civil, y que la corporación actúa conforme a “fundamento legal” sin conocer los expedientes específicos de cada caso.
En respuesta a cuestionamientos sobre la intervención de la corporación en el desalojo, que circuló en redes sociales con denuncias de agresiones, detenciones y daños, Juárez Hernández precisó que la Guardia Civil no fue convocada de oficio sino mediante solicitud formal de la autoridad judicial. “No fuimos convocados mediante oficio para apoyar nada más”, dijo durante la entrevista.
El funcionario sostuvo que la corporación cumple un rol limitado en estos operativos: ejecutar la orden sin intervenir en la evaluación de los expedientes civiles que la originan. “No conocemos el expediente, solamente cumplimos con el ordenamiento”, afirmó Juárez Hernández, al reiterar que desconoce el trasfondo específico del desalojo en Tampamolón.
Según el titular de Seguridad, los desalojos con apoyo de fuerzas públicas —ya sean municipales, estatales o de la Policía de Investigación— son procedimientos recurrentes en la entidad. “Son de recurrentes, dos o tres diarias
Juárez Hernández justificó la presencia de fuerzas de seguridad en estos actos como medida preventiva ante posibles conflictos entre los actores involucrados. “Precisamente por eso es necesaria la presencia de la fuerza pública para evitar que los actores entren en conflicto“, comentó, aunque aclaró nuevamente que la corporación no revisa ni participa en la decisión judicial que origina el desalojo.
El contexto del desalojo en Tampamolón incluye denuncias en redes sociales de presuntas agresiones, detenciones y daños a viviendas, según reportaron habitantes de la comunidad que identificaron a las familias desalojadas como indígenas náhuatl y tének. La participación de la fuerza pública en estos conflictos agrarios ha generado cuestionamientos sobre represión y supervisión de las corporaciones.
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La iniciativa busca garantizar prevención, detección, diagnóstico y seguimiento integral del síndrome, que afecta entre 8 y 13 por ciento de mujeres en edad reproductiva
Por: Redacción
La diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para incorporar el síndrome ovárico metabólico poliendocrino en la Ley de Salud del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de garantizar su prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento integral.
La iniciativa adiciona una fracción al artículo 4 y reforma las fracciones II, XI Bis y XIV de la Ley de Salud estatal. El concepto incorporado es el de síndrome ovárico metabólico poliendocrino, antes conocido como síndrome de ovario poliquístico.
Se trata de un trastorno endocrino-metabólico crónico que afecta principalmente a mujeres en edad reproductiva y puede persistir en etapas posteriores de la vida. Se caracteriza por hiperandrogenismo clínico y/o bioquímico, disfunción ovulatoria y alteraciones morfológicas ováricas.
El síndrome se asocia con mayor riesgo de resistencia a la insulina, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, hipertensión arterial, enfermedad cardiovascular, trastornos de la fertilidad y repercusiones psicológicas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que se trata de una condición crónica con repercusiones a largo plazo que requiere prevención, diagnóstico oportuno, tratamiento y seguimiento continuo. Estudios sitúan su prevalencia aproximada entre 8 y 13 por ciento
A pesar de su prevalencia, persisten el subdiagnóstico, la identificación tardía y la atención fragmentada, especialmente cuando las manifestaciones del padecimiento se tratan de forma aislada y no como parte de un mismo síndrome.
La iniciativa contempla integrar dentro de la atención médica ginecológica la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de trastornos endocrino-metabólicos que afecten la salud reproductiva, como el síndrome ovárico metabólico poliendocrino.
También propone incorporar en las acciones de prevención y el control de las enfermedades no transmisibles y accidentes, las enfermedades endocrinas, metabólicas y cardiovasculares, reconociendo al síndrome ovárico metabólico poliendocrino como padecimiento que requiere acciones específicas de prevención, diagnóstico temprano, tratamiento y seguimiento integral.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud y Asistencia Social para su análisis.
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Pascual Martínez Sánchez afirmó que el contrato sigue vigente por alrededor de siete años más, aunque insistió en que sus condiciones son desfavorables para el estado
Por: Redacción
La Comisión Estatal del Agua (CEA) prevé aplicar una sanción cercana a los 14 millones de pesos a la empresa operadora de la Presa El Realito, luego de la falla más reciente que dejó sin funcionamiento al sistema durante aproximadamente cinco días.
Pascual Martínez Sánchez, titular de la Comisión, explicó que las penalizaciones están contempladas en el contrato y se calculan con base en los días que el agua deja de llegar a los tanques de almacenamiento que abastecen a la zona metropolitana de San Luis Potosí.
“En esta última falla, que duró alrededor de cinco días, ya estamos preparando el procedimiento correspondiente. La multa rondaría los 14 millones de pesos”, señaló.
El funcionario detalló que las sanciones se aplican mediante descuentos a los pagos que la administración estatal realiza a la empresa concesionaria. Agregó que durante 2025 también se han aplicado penalizaciones por interrupciones en el servicio.
Martínez Sánchez recordó que tan solo el año pasado se registraron alrededor de 21 fallas en el sistema
A pesar de las sanciones, reconoció que el gobierno estatal mantiene inconformidades con las condiciones bajo las que fue firmado el contrato de El Realito, al considerar que favorece ampliamente a la empresa operadora.
“No estamos de acuerdo con la forma en que se estableció este contrato. Lo hemos dicho en otras ocasiones: es un contrato muy leonino”, afirmó.
El titular de la CEA indicó que actualmente se analizan mecanismos legales y administrativos para modificar las condiciones del acuerdo, aunque reconoció que hasta el momento no ha sido posible rescindirlo.
Según explicó, el contrato aún tiene una vigencia aproximada de siete años, por lo que cualquier acción deberá considerar el impacto que tendría sobre el suministro de agua para la zona metropolitana.
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