mayo 18, 2026

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Estado

Empresas agroindustriales pretenden apoderarse sitios sagrados en Wirikuta

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El conflicto que se desarrolla en el municipio de Catorce involucra a activistas, autoridades ejidales, gobernantes e inversionistas

Por: Bernardo Vera

A comienzos de este 2023, se dio a conocer en medios nacionales que un grupo de ejidatarios del municipio de Catorce acusaban a funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) adscritos a San Luis Potosí, de intervenir en un proceso de entrega de tierras que beneficiaría a personas ajenas a esta demarcación, para ser vendidas y favorecer la expansión de complejos agroindustriales.

Los denunciantes, pertenecientes al ejido ‘Las Margaritas’, emitieron un comunicado donde señalaron que las autoridades locales en temas agrarios los “dejaron plantados”, esto como una maniobra para aprobar la modificación del reglamento interno, poder repartir las tierras de uso común y facilitar su venta.

El documento también solicitaba la intervención del Gobierno Federal para impedir ese proceso, en el que se involucraba una porción de terreno correspondiente a Wirikuta, sitio sagrado para los wixaricas, ya que en caso contrario, avanzaría un proceso “que apunta hacia el despojo territorial, y en este caso a la destrucción de un sitio sagrado que se perfila para ser considerado patrimonio biocultural de la humanidad por la Unesco”.

El tema fue consultado con el Ayuntamiento de Catorce vía correo electrónico y telefónica. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre el conocimiento de esta situación, o si podría intervenir en el conflicto.

Carlos Covarrubias, activista e integrante de “Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, dijo que este caso llama la atención, pues involucra a un Área Natural Protegida de carácter estatal. Además, recriminó el desempeño de funcionarios de la PA y visitadores agrarios asignados a diferentes entidades de la República, que efectúan prácticas de corrupción “propias del viejo régimen”.

“Tiene que ver con que la Procuraduría Agraria sigue teniendo elementos muy negativos. Pese a que el procurador Luis Hernández Palacios tiene toda la voluntad, se han dado supuestos muy delicados en los estados. En San Luis Potosí fue destituido Ernesto Rendón, quien era el responsable de la PA, por actos de corrupción en el ejido La Pila, sus maniobras en San Juan de Guadalupe y su irresponsabilidad en el decreto de Área Natural Protegida”.

David Mazatl Velázquez, promotor de la Cultura del Anáhuac y ex miembro del Frente en Defensa de Wirikuta, precisó que se trata de un conflicto de especulación de tierras en el Altiplano potosino, ocasionado entre ejidatarios habitantes y grupos de propietarios ajenos a la población, o a disposición de empresarios.

Mencionó que no es un caso nuevo, sino que se remonta al año de 1992, cuando Carlos Salinas de Gortari, entonces presidente de la República, realizó modificaciones al artículo 27 de la Constitución Política “dando la posibilidad a la especulación de la tierra”, y que permitió, en su momento, la entrada de empresas mineras al municipio de Catorce, y se podría replicar con el sector agroindustrial.

El promotor cultural explicó que una de las principales demandas de la comunidad wixarica al gobierno, ha sido que no existan más proyectos destructivos de este territorio, ya que causan impacto social y ecológico en la región. “Se meten agroindustrias con el tema del desarrollo y generar empleos en la zona, pero finalmente son empleos mal pagados, jornaleros. Y también causan un conflicto ambiental, ya que avientan bombas para disolver las nubes, porque como tienen pozos profundos, todo el tiempo van a tener cosechas, y la lluvia de temporal les afecta. Es un sistema hidropónico”, mencionó.

Mazatl Velázquez dijo que los wixaricas esperan que se genere el Plan de Justicia para el pueblo wixarika, iniciativa de Andrés Manuel Lopez Obrador, que garantice las condiciones adecuadas y se realizó gracias a la movilización social de sus habitantes y otros sectores de la sociedad. Además consideró que el presidente Lopez Obrador ha mostrado una apertura al diálogo más estrecha con ellos, a diferencia de otros mandatarios.

“El actual gobierno ha tenido más oídos abiertos actualmente, pero todo esto ha sido a partir de una movilización social. El gobierno de Lopez Obrador se ha caracterizado por escuchar y dar prioridad a la gente de pueblos originarios, pero también fue la movilización. Antes de ser recibidos en Palacio Nacional hubo una movilización anterior a eso, de tipo espiritual, que propició un arreglo para que el presidente recibiera y escuchara estas demandas, que ahora ya es el Plan de Justicia, efectuado desde marzo del año pasado, y esto no se había hecho antes”, finalizó.

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Congreso del Estado

Congreso se matendrá al pendiente de avances en auditorías de obra municipal

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Diputado Luis Fernando Gámez indica que es importante la verificación de obras para que se cumpla lo establecido en las licitaciones

Por: Redacción

La Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización se mantendrá al pendiente de los avances en las auditorías de obra que realiza el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), como parte del proceso de revisión a las cuentas públicas 2025 a los municipios del estado, señaló el diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de esta comisión legislativa.

Precisó que actualmente los auditores se encuentran en la etapa de despliegue en los diferentes municipios para la revisión de obras, por lo que se hace el llamado a que las y los presidentes municipales, brinden las facilidades para la revisión de este trabajo.

“Estamos en la etapa de despliegue de todos los auditores del estado de San Luis Potosí para revisar obra principalmente, lo que se está verificando es que las obras de los municipios cumplan las características de las licitaciones y las convocatorias y en ese sentido, lo que le hemos pedido a los alcaldes es que les permitan realizar su trabajo”.

Precisó que es importante la verificación de estas obras, ya que se trata de recursos que deben ser aplicados en atender las necesidades de la población, en cuanto a infraestructura pública.

“Las auditorías tienen un fin social dentro de la etapa de presupuesto, que inicia con la planeación, ejecución, distribución de los recursos, ejecución de auditoria y finalmente comprobar que esta obras llegaron a satisfacer las necesidades de los potosinos”, señaló el diputado Gámez Macías.

Puntualizó que, con ello, se da respuesta a algunas peticiones de los mismos habitantes en relación a la calidad y avance de las obras, “que los mismos ciudadanos reportan, sobre todo en el tema de agua y de drenaje, y estamos muy atentos a la revisión de este presupuesto y conforme se vayan dando los avances, estaremos informando”.

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Estado

IFSE va contra proveedores de gobierno implicados en corrupción

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Podrían estar involucrados en delitos como cohecho, peculado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y/o uso indebido de recursos públicos

Por: Redacción

El Instituto de Fiscalización Superior del Estado de San Luis Potosí (IFSE) anunció que continúa el proceso de auditorías a las Cuentas Públicas 2025, donde se encargan de evaluar resultados de la gestión financiera, verificar el cumplimiento de objetivos, dar vista a las autoridades competentes en caso de faltas no graves y promover denuncias e imposición de sanciones administrativas y penales en caso de faltas graves

Rodrigo Joaquín Lecourtois López, auditor superior del Estado, detalló que los auditores siguen en los municipios y dependencias del estado, ejecutando el primer momento de los procedimientos de auditoría de campo a la obra pública, confrontando la información que proporcionan los entes públicos, con la que se requiere a terceros y proveedores, para verificar que todo coincida conforme a las leyes. 

El procedimiento también integra la revisión por pares con cruce de datos, para la ejecución de las auditorías 2026. En este sentido, el titular del IFSE señaló que los auditores tienen la facultad de requerir documentación comprobatoria y justificativa a terceros, para realizar las investigaciones que se estimen necesarias. 

Al respecto, Rodrigo Lecourtois puntualizó que es la autoridad judicial la responsable de imponer las sanciones correspondientes. “Las penas pueden ser económicas, pero también abarcan castigos como inhabilitación temporal para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas; indemnización por daños y perjuicios al patrimonio público; suspensión de actividades; y disolución de la sociedad en caso de tratarse de personas morales”.

Finalmente, el titular del IFSE llamó a los funcionarios públicos y particulares relacionados contractualmente con los entes obligados, a brindar las facilidades y accesos necesarios al personal del organismo fiscalizador para que efectúen las inspecciones en el lugar, recolecten evidencias y verifiquen el cumplimiento puntual de procesos y normas.

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Ciudad

Villa de Pozos clausura granja avícola

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La clausura fue por una denuncia ciudadana y la falta de documentación obligatoria requerida durante el procedimiento administrativo

Por: Redacción

Villa de Pozos realizó la clausura parcial de las fosas de disposición final de residuos de una granja avícola ubicada en el municipio, tras detectarse la operación sin dictamen de ecología ni autorizaciones ambientales para el manejo de residuos.

El titular de Gestión Ambiental, Alejandro Leal Espinosa explicó que, esta clausura derivó de un procedimiento administrativo iniciado el pasado 04 de mayo del presente año; las instalaciones operan desde hace varios años en un predio cercano a la planta de tratamiento de Tanque Tenorio, situación que representa un riesgo potencial de contaminación en caso de un manejo inadecuado de residuos avícolas, por lo que se actuó de manera preventiva y conforme a la normatividad ambiental vigente.

Detalló que la clausura fue resultado de una denuncia ciudadana y de la falta de documentación obligatoria requerida durante el procedimiento administrativo, entre ella la licencia de funcionamiento, licencia de uso de suelo, dictamen de ecología y manifestación de impacto ambiental, documentos que no fueron presentados dentro del plazo establecido por la ley.

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Opinión

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