Estado
Empresas agroindustriales pretenden apoderarse sitios sagrados en Wirikuta
El conflicto que se desarrolla en el municipio de Catorce involucra a activistas, autoridades ejidales, gobernantes e inversionistas
Por: Bernardo Vera
A comienzos de este 2023, se dio a conocer en medios nacionales que un grupo de ejidatarios del municipio de Catorce acusaban a funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) adscritos a San Luis Potosí, de intervenir en un proceso de entrega de tierras que beneficiaría a personas ajenas a esta demarcación, para ser vendidas y favorecer la expansión de complejos agroindustriales.
Los denunciantes, pertenecientes al ejido ‘Las Margaritas’, emitieron un comunicado donde señalaron que las autoridades locales en temas agrarios los “dejaron plantados”, esto como una maniobra para aprobar la modificación del reglamento interno, poder repartir las tierras de uso común y facilitar su venta.
El documento también solicitaba la intervención del Gobierno Federal para impedir ese proceso, en el que se involucraba una porción de terreno correspondiente a Wirikuta, sitio sagrado para los wixaricas, ya que en caso contrario, avanzaría un proceso “que apunta hacia el despojo territorial, y en este caso a la destrucción de un sitio sagrado que se perfila para ser considerado patrimonio biocultural de la humanidad por la Unesco”.
El tema fue consultado con el Ayuntamiento de Catorce vía correo electrónico y telefónica. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre el conocimiento de esta situación, o si podría intervenir en el conflicto.
Carlos Covarrubias, activista e integrante de “Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, dijo que este caso llama la atención, pues involucra a un Área Natural Protegida de carácter estatal. Además, recriminó el desempeño de funcionarios de la PA y visitadores agrarios asignados a diferentes entidades de la República, que efectúan prácticas de corrupción “propias del viejo régimen”.
“Tiene que ver con que la Procuraduría Agraria sigue teniendo elementos muy negativos. Pese a que el procurador Luis Hernández Palacios tiene toda la voluntad, se han dado supuestos muy delicados en los estados. En San Luis Potosí fue destituido Ernesto Rendón, quien era el responsable de la PA, por actos de corrupción en el ejido La Pila, sus maniobras en San Juan de Guadalupe y su irresponsabilidad en el decreto de Área Natural Protegida”.
David Mazatl Velázquez, promotor de la Cultura del Anáhuac y ex miembro del Frente en Defensa de Wirikuta, precisó que se trata de un conflicto de especulación de tierras en el Altiplano potosino, ocasionado entre ejidatarios habitantes y grupos de propietarios ajenos a la población, o a disposición de empresarios. 
El promotor cultural explicó que una de las principales demandas de la comunidad wixarica al gobierno, ha sido que no existan más proyectos destructivos de este territorio, ya que causan impacto social y ecológico en la región. “Se meten agroindustrias con el tema del desarrollo y generar empleos en la zona, pero finalmente son empleos mal pagados, jornaleros. Y también causan un conflicto ambiental, ya que avientan bombas para disolver las nubes, porque como tienen pozos profundos, todo el tiempo van a tener cosechas, y la lluvia de temporal les afecta. Es un sistema hidropónico”, mencionó.
Mazatl Velázquez dijo que los wixaricas esperan que se genere el Plan de Justicia para el pueblo wixarika, iniciativa de Andrés Manuel Lopez Obrador, que garantice las condiciones adecuadas y se realizó gracias a la movilización social de sus habitantes y otros sectores de la sociedad. Además consideró que el presidente Lopez Obrador ha mostrado una apertura al diálogo más estrecha con ellos, a diferencia de otros mandatarios.
“El actual gobierno ha tenido más oídos abiertos actualmente, pero todo esto ha sido a partir de una movilización social. El gobierno de Lopez Obrador se ha caracterizado por escuchar y dar prioridad a la gente de pueblos originarios, pero también fue la movilización. Antes de ser recibidos en Palacio Nacional hubo una movilización anterior a eso, de tipo espiritual, que propició un arreglo para que el presidente recibiera y escuchara estas demandas, que ahora ya es el Plan de Justicia, efectuado desde marzo del año pasado, y esto no se había hecho antes”, finalizó.
También lee: Gobierno de Juan Manuel Carreras pagaba doble servicio de salud a sindicalizados
El Consejo determinó la procedencia de medidas cautelares ante la violencia de género ejercida contra la jueza Fátima Viera Gutiérrez
Por: Redacción
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), emitió una resolución dentro del expediente PSE-01/2026, en la que determinó la procedencia de medidas cautelares derivadas de una denuncia por presuntos actos de violencia política en razón de género contra la jueza Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez.
Se trata de una determinación inédita en San Luis Potosí, pues es la primera vez en que se involucra el ejercicio de la función jurisdiccional y la difusión de contenidos que inciden en el desempeño público de una mujer en un cargo de decisión.
El organismo electoral ordenó la implementación de acciones provisionales y de precaución, con el fin garantizar la protección de los derechos de la denunciante, así como la supervisión de su cumplimiento por parte de la autoridad correspondiente.
El análisis realizado por el CEEPAC advierte que el contenido difundido en redes sociales (incluyendo la circulación reiterada de un video en el que la juzgadora aparece en un contexto de confrontación dentro de un órgano jurisdiccional) no se limita a informar sobre un hecho de interés público, sino que incorpora elementos que pueden colocarla en una posición de descrédito, vulnerabilidad y cuestionamiento de su capacidad para ejercer el cargo,
Asimismo, el organismo señaló que la forma en que dicho contenido ha sido presentado incorpora narrativas que buscan quitar legitimidad al actuar de una mujer en ejercicio de funciones públicas, lo cual, bajo un análisis con perspectiva de género, puede reproducir estereotipos y formas de violencia simbólica.
En este sentido, se determinó la adopción de medidas orientadas a la eliminación de contenidos digitales que formen parte de estas conductas, así como el seguimiento institucional para verificar su cumplimiento, en apego a la normatividad aplicable.
También lee: San Luis fortalece revisión del proceso electoral judicial
La magistrada presidenta Lourdes Zarazúa informó que se atiende la falta de personal en juzgados y ya operan mecanismos disciplinarios con primeros casos registrados
Por: Redacción
A seis meses de la implementación del nuevo esquema operativo derivado de la reforma judicial, el Poder Judicial de San Luis Potosí avanza en la consolidación de su estructura interna, con énfasis en la reducción del rezago de personal en áreas clave.
La magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, informó que en los próximos días se darán a conocer los resultados del examen para secretarios de acuerdos, una de las categorías con mayor déficit dentro de los juzgados.
“Vamos a encontrar un desahogo muy grande en los juzgados, porque era una de las áreas donde más nos faltaba personal”, señaló. Además, adelantó que se llevarán a cabo evaluaciones adicionales para cubrir plazas de proyectistas y actuarios, como parte de una estrategia integral para mejorar la eficiencia en la impartición de justicia.
Zarazúa Martínez indicó que, tras medio año de operación, el Poder Judicial ya cuenta con un diagnóstico más preciso de sus necesidades, lo que ha permitido identificar áreas de oportunidad y enfocar esfuerzos en una mayor eficacia institucional.
En materia disciplinaria, destacó que el nuevo órgano de control ya registra al menos cuatro casos, principalmente relacionados con incumplimientos administrativos, como la omisión en la presentación de declaraciones patrimoniales y faltas de asistencia. Aclaró que estos procedimientos han sido dirigidos, hasta ahora, a personal y no a jueces.
Sobre el padrón de deudores alimentarios, explicó que la información se mantiene bajo carácter restringido y únicamente es accesible para las partes involucradas, en cumplimiento con la normativa de protección de datos personales. Añadió que las personas pueden entrar o salir del registro dependiendo de si cumplen o no con sus obligaciones.
En otros temas, la magistrada rechazó que actividades recientes dentro del Poder Judicial, como la presencia de personas de pueblos originarios ofreciendo productos, deban considerarse incidentes, al señalar que forman parte de una política institucional de inclusión y fomento cultural.
“El Poder Judicial está abierto a todos, incluyendo a nuestros pueblos originarios. Es parte de nuestra responsabilidad como institución”, afirmó.
Finalmente, señaló que la institución continuará realizando ajustes conforme avance la implementación del nuevo marco legal, con el objetivo de fortalecer su funcionamiento y responder de manera más eficiente a las demandas de la ciudadanía.
Lee también: Poder Judicial de SLP niega adeudos a jubilados y ajusta pagos
Gobierno estatal fijó su postura: no a proyectos que destruyan identidad
Por: Redacción
El titular de la Secretaría General de Gobierno de San Luis Potosí, afirmó que el gobierno estatal no se opone a la inversión minera, pero advirtió que estas actividades deben ser socialmente responsables y no afectar el entorno ni la identidad del estado, tras la reciente resolución judicial sobre concesiones en Wirikuta.
El funcionario explicó que las concesiones mineras anuladas recientemente son de carácter federal, por lo que no fueron otorgadas por el gobierno estatal, lo que limita su intervención directa en este tipo de decisiones.
“Las concesiones son permisos que otorga la Federación, no el estado”, puntualizó.
Sin embargo, Torres Sánchez subrayó que existen antecedentes negativos en San Luis Potosí, como el caso de Cerro de San Pedro
En ese sentido, reiteró que, aunque la entidad está abierta a la llegada de inversiones, no se permitirán proyectos que dañen ecosistemas o el patrimonio cultural, en referencia a territorios como Wirikuta, considerado sagrado por el pueblo wixárika.
Cabe recordar que recientemente el Poder Judicial de la Federación resolvió revocar diversas concesiones mineras otorgadas durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa dentro de Wirikuta, tras más de una década de litigio impulsado por comunidades indígenas.
La sentencia reconoce el derecho del pueblo wixárika a ser consultado antes de cualquier proyecto que impacte su territorio, por lo que no prohíbe la minería, pero condiciona su desarrollo a procesos de consulta previa, libre e informada.
También lee: Semana Santa en SLP cierra con saldo blanco y 2 millones de visitantes
-
Destacadas2 añosCon 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras
-
Ciudad3 años
¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?
-
Ciudad4 años
Tornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino
-
Destacadas5 años
“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas
-
Ciudad3 años
Crudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP
-
Estado2 años
A partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales
-
#4 Tiempos3 años
La disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno
-
Destacadas3 años
SLP podría volver en enero a clases online
