Estado
Empresas agroindustriales pretenden apoderarse sitios sagrados en Wirikuta
El conflicto que se desarrolla en el municipio de Catorce involucra a activistas, autoridades ejidales, gobernantes e inversionistas
Por: Bernardo Vera
A comienzos de este 2023, se dio a conocer en medios nacionales que un grupo de ejidatarios del municipio de Catorce acusaban a funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) adscritos a San Luis Potosí, de intervenir en un proceso de entrega de tierras que beneficiaría a personas ajenas a esta demarcación, para ser vendidas y favorecer la expansión de complejos agroindustriales.
Los denunciantes, pertenecientes al ejido ‘Las Margaritas’, emitieron un comunicado donde señalaron que las autoridades locales en temas agrarios los “dejaron plantados”, esto como una maniobra para aprobar la modificación del reglamento interno, poder repartir las tierras de uso común y facilitar su venta.
El documento también solicitaba la intervención del Gobierno Federal para impedir ese proceso, en el que se involucraba una porción de terreno correspondiente a Wirikuta, sitio sagrado para los wixaricas, ya que en caso contrario, avanzaría un proceso “que apunta hacia el despojo territorial, y en este caso a la destrucción de un sitio sagrado que se perfila para ser considerado patrimonio biocultural de la humanidad por la Unesco”.
El tema fue consultado con el Ayuntamiento de Catorce vía correo electrónico y telefónica. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre el conocimiento de esta situación, o si podría intervenir en el conflicto.
Carlos Covarrubias, activista e integrante de “Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, dijo que este caso llama la atención, pues involucra a un Área Natural Protegida de carácter estatal. Además, recriminó el desempeño de funcionarios de la PA y visitadores agrarios asignados a diferentes entidades de la República, que efectúan prácticas de corrupción “propias del viejo régimen”.
“Tiene que ver con que la Procuraduría Agraria sigue teniendo elementos muy negativos. Pese a que el procurador Luis Hernández Palacios tiene toda la voluntad, se han dado supuestos muy delicados en los estados. En San Luis Potosí fue destituido Ernesto Rendón, quien era el responsable de la PA, por actos de corrupción en el ejido La Pila, sus maniobras en San Juan de Guadalupe y su irresponsabilidad en el decreto de Área Natural Protegida”.
David Mazatl Velázquez, promotor de la Cultura del Anáhuac y ex miembro del Frente en Defensa de Wirikuta, precisó que se trata de un conflicto de especulación de tierras en el Altiplano potosino, ocasionado entre ejidatarios habitantes y grupos de propietarios ajenos a la población, o a disposición de empresarios. 
El promotor cultural explicó que una de las principales demandas de la comunidad wixarica al gobierno, ha sido que no existan más proyectos destructivos de este territorio, ya que causan impacto social y ecológico en la región. “Se meten agroindustrias con el tema del desarrollo y generar empleos en la zona, pero finalmente son empleos mal pagados, jornaleros. Y también causan un conflicto ambiental, ya que avientan bombas para disolver las nubes, porque como tienen pozos profundos, todo el tiempo van a tener cosechas, y la lluvia de temporal les afecta. Es un sistema hidropónico”, mencionó.
Mazatl Velázquez dijo que los wixaricas esperan que se genere el Plan de Justicia para el pueblo wixarika, iniciativa de Andrés Manuel Lopez Obrador, que garantice las condiciones adecuadas y se realizó gracias a la movilización social de sus habitantes y otros sectores de la sociedad. Además consideró que el presidente Lopez Obrador ha mostrado una apertura al diálogo más estrecha con ellos, a diferencia de otros mandatarios.
“El actual gobierno ha tenido más oídos abiertos actualmente, pero todo esto ha sido a partir de una movilización social. El gobierno de Lopez Obrador se ha caracterizado por escuchar y dar prioridad a la gente de pueblos originarios, pero también fue la movilización. Antes de ser recibidos en Palacio Nacional hubo una movilización anterior a eso, de tipo espiritual, que propició un arreglo para que el presidente recibiera y escuchara estas demandas, que ahora ya es el Plan de Justicia, efectuado desde marzo del año pasado, y esto no se había hecho antes”, finalizó.
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La evaluación histórica muestra una disminución constante en los indicadores generales de San Luis Potosí
Por: Redacción
San Luis Potosí mantiene una tendencia positiva en materia de seguridad y fortalecimiento de la tranquilidad, de acuerdo con el Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, donde la entidad registró una mejora en su calificación general al ubicarse en 2.906, reflejando una evolución favorable y una tendencia sostenida derivada de la Estrategia Integral de Seguridad.
La evaluación histórica muestra una disminución constante en los indicadores generales del estado, al pasar de una calificación de 3.303 en 2020 a 2.906 en la medición más reciente, mientras que el impacto económico de la violencia también presentó una reducción importante, al pasar de 99.4 mil millones de pesos en 2021 a 68.5 mil millones en 2025, reflejando menores afectaciones para las familias.
Respecto a los indicadores relacionados con delitos vinculados a la delincuencia organizada, particularmente el narcomenudeo, el incremento en los registros oficiales responde al fortalecimiento de la actividad operativa, el aumento de detenciones y las acciones implementadas para desarticular puntos de distribución de sustancias ilícitas, resultado de una estrategia que priorizó el combate a factores generadores de violencia.
La dirigente panista llama a transparentar la discusión de la reforma electoral en San Luis Potosí
Por: Redacción
El PAN propone fortalecer la democracia en San Luis Potosí mediante una reforma electoral abierta, plural y blindada contra la injerencia del crimen organizado.
Verónica Rodríguez Hernández, presidenta estatal del Partido Acción Nacional en San Luis Potosí, hizo un llamado al Congreso del Estado para que la reforma electoral que habrá de aprobarse en las próximas semanas integre las propuestas de todas las fuerzas políticas y se construya de cara a la ciudadanía, con total transparencia y sin acuerdos “en lo oscurito”, a fin de garantizar elecciones limpias y con certeza rumbo al proceso electoral de 2027.
La dirigente panista reconoció la apertura que hasta ahora han mostrado las distintas bancadas para avalar la propuesta electoral impulsada por el CEEPAC; sin embargo, advirtió que la reforma no puede limitarse únicamente a la propuesta original del órgano electoral, sino enriquecerse con las iniciativas presentadas por otras fuerzas políticas, incluidas las del PAN. “San Luis Potosí necesita reglas claras, piso parejo y una reforma sólida que fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones electorales”, señaló.
Rodríguez Hernández subrayó que Acción Nacional presentó cuatro propuestas fundamentales con el objetivo de blindar la elección de 2027 de cualquier intento de infiltración del crimen organizado en la vida pública y en las candidaturas. Entre ellas, destacó la obligación de que quienes aspiren a un cargo de elección popular acrediten no contar con antecedentes penales, además de mecanismos para evitar la sobrerepresentación y garantizar gobiernos más transparentes y con mayor rendición de cuentas.
Asimismo, resaltó la propuesta panista para fortalecer la participación política de las mujeres, estableciendo que el 50 por ciento de las candidaturas sean para mujeres y el otro 50 por ciento candidaturas sin género
La presidenta estatal del PAN también exhortó a que las mesas de discusión y los foros anunciados por el Congreso del Estado se desarrollen de manera pública, abierta a la ciudadanía, a la academia y a especialistas en materia electoral. “La democracia no puede construirse a puerta cerrada ni responder a intereses particulares. Las y los potosinos tienen derecho a conocer cómo se están definiendo las reglas de la elección de 2027”, enfatizó.
Finalmente, Verónica Rodríguez confió en que exista voluntad política para alcanzar consensos que permitan construir una reforma electoral integral y con visión de futuro. “No queremos que San Luis Potosí viva situaciones que hoy lastiman a otros estados del país. Queremos elecciones limpias, instituciones fuertes y gobiernos legítimos que respondan únicamente a la ciudadanía. Desde Acción Nacional seguiremos impulsando todo lo necesario para defender la democracia y blindar el futuro de San Luis Potosí”, concluyó.
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Alcaldes reconocieron el trabajo impulsado por el gobernador y la SSPC Estatal para mantener la reducción del 80.8 por ciento en homicidios dolosos
Por: Redacción
Tras las reuniones sostenidas entre el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, y presidentas y presidentes municipales de las regiones Altiplano y Centro, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC) reafirmó el compromiso de fortalecer la coordinación institucional y mantener acciones conjuntas que permitan seguir avanzando en la construcción de un San Luis Potosí más seguro y con mayor tranquilidad para las familias potosinas.
Las y los alcaldes reconocieron el trabajo que realiza el Gobierno del Estado y la SSPC encabezada por Jesús Juárez Hernández, destacando los resultados obtenidos en materia de seguridad, particularmente la reducción del 80.8 por ciento en homicidios dolosos, lo que posiciona a San Luis Potosí entre los estados con mejores avances en este rubro
Las autoridades municipales coincidieron en que estos resultados son producto del trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, así como del respaldo y apoyo permanente que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ha llevado a las cuatro regiones del estado mediante acciones de seguridad, equipamiento, infraestructura y fortalecimiento institucional.
Entre los acuerdos alcanzados se reiteró la importancia de fortalecer las corporaciones municipales con mayor capacitación, incorporación de más elementos y mejores herramientas operativas, además de mantener una comunicación permanente entre las autoridades estatales y municipales para responder de manera oportuna a las necesidades de cada región.
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