Estado
Empresas agroindustriales pretenden apoderarse sitios sagrados en Wirikuta
El conflicto que se desarrolla en el municipio de Catorce involucra a activistas, autoridades ejidales, gobernantes e inversionistas
Por: Bernardo Vera
A comienzos de este 2023, se dio a conocer en medios nacionales que un grupo de ejidatarios del municipio de Catorce acusaban a funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) adscritos a San Luis Potosí, de intervenir en un proceso de entrega de tierras que beneficiaría a personas ajenas a esta demarcación, para ser vendidas y favorecer la expansión de complejos agroindustriales.
Los denunciantes, pertenecientes al ejido ‘Las Margaritas’, emitieron un comunicado donde señalaron que las autoridades locales en temas agrarios los “dejaron plantados”, esto como una maniobra para aprobar la modificación del reglamento interno, poder repartir las tierras de uso común y facilitar su venta.
El documento también solicitaba la intervención del Gobierno Federal para impedir ese proceso, en el que se involucraba una porción de terreno correspondiente a Wirikuta, sitio sagrado para los wixaricas, ya que en caso contrario, avanzaría un proceso “que apunta hacia el despojo territorial, y en este caso a la destrucción de un sitio sagrado que se perfila para ser considerado patrimonio biocultural de la humanidad por la Unesco”.
El tema fue consultado con el Ayuntamiento de Catorce vía correo electrónico y telefónica. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre el conocimiento de esta situación, o si podría intervenir en el conflicto.
Carlos Covarrubias, activista e integrante de “Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, dijo que este caso llama la atención, pues involucra a un Área Natural Protegida de carácter estatal. Además, recriminó el desempeño de funcionarios de la PA y visitadores agrarios asignados a diferentes entidades de la República, que efectúan prácticas de corrupción “propias del viejo régimen”.
“Tiene que ver con que la Procuraduría Agraria sigue teniendo elementos muy negativos. Pese a que el procurador Luis Hernández Palacios tiene toda la voluntad, se han dado supuestos muy delicados en los estados. En San Luis Potosí fue destituido Ernesto Rendón, quien era el responsable de la PA, por actos de corrupción en el ejido La Pila, sus maniobras en San Juan de Guadalupe y su irresponsabilidad en el decreto de Área Natural Protegida”.
David Mazatl Velázquez, promotor de la Cultura del Anáhuac y ex miembro del Frente en Defensa de Wirikuta, precisó que se trata de un conflicto de especulación de tierras en el Altiplano potosino, ocasionado entre ejidatarios habitantes y grupos de propietarios ajenos a la población, o a disposición de empresarios. 
El promotor cultural explicó que una de las principales demandas de la comunidad wixarica al gobierno, ha sido que no existan más proyectos destructivos de este territorio, ya que causan impacto social y ecológico en la región. “Se meten agroindustrias con el tema del desarrollo y generar empleos en la zona, pero finalmente son empleos mal pagados, jornaleros. Y también causan un conflicto ambiental, ya que avientan bombas para disolver las nubes, porque como tienen pozos profundos, todo el tiempo van a tener cosechas, y la lluvia de temporal les afecta. Es un sistema hidropónico”, mencionó.
Mazatl Velázquez dijo que los wixaricas esperan que se genere el Plan de Justicia para el pueblo wixarika, iniciativa de Andrés Manuel Lopez Obrador, que garantice las condiciones adecuadas y se realizó gracias a la movilización social de sus habitantes y otros sectores de la sociedad. Además consideró que el presidente Lopez Obrador ha mostrado una apertura al diálogo más estrecha con ellos, a diferencia de otros mandatarios.
“El actual gobierno ha tenido más oídos abiertos actualmente, pero todo esto ha sido a partir de una movilización social. El gobierno de Lopez Obrador se ha caracterizado por escuchar y dar prioridad a la gente de pueblos originarios, pero también fue la movilización. Antes de ser recibidos en Palacio Nacional hubo una movilización anterior a eso, de tipo espiritual, que propició un arreglo para que el presidente recibiera y escuchara estas demandas, que ahora ya es el Plan de Justicia, efectuado desde marzo del año pasado, y esto no se había hecho antes”, finalizó.
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Estado
Gobierno revisará denuncias de falta de materiales y pagos atrasados en el Centro de las Artes
El secretario general de Gobierno descartó que la falta de materiales y los retrasos en pagos se deban a un problema de dinero
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, dijo que hablará directamente con la directora del Centro de las Artes de San Luis Potosí por las denuncias de falta de materiales, desatención a los docentes y retrasos en sus pagos.
“La funcionalidad de ese lugar y de todas las entidades que forman parte del Poder Ejecutivo tiene que estar al día. Si efectivamente hay alguna circunstancia como la que tú mencionas, vamos a ponerle atención”, señaló, y pidió que se dé curso a las denuncias.
“Ayuda a poner orden”
Torres Sánchez consideró positivo que se denuncien estos problemas. “La verdad es que la cultura de la denuncia inclusive hacia adentro de la propia administración es buena, porque ayuda a poner orden a las cosas”, dijo.
Al preguntarle si los problemas podrían deberse a falta de recursos, lo descartó: “No, la verdad es que el tema presupuestal está solventado en todas las áreas y entidades del Poder Ejecutivo”.
El Centro de las Artes es un organismo del Gobierno del Estado que ofrece talleres y cursos de formación artística, y funciona en la antigua Penitenciaría del estado.
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Según la dirigente, el endeudamiento del Paquete Económico 2027 iría casi todo al costo de la deuda y no a salud, agua ni educación
Por: Redacción
La senadora Verónica Rodríguez Hernández, dirigente del PAN en San Luis Potosí, afirmó que el préstamo que solicita el gobierno federal en el Paquete Económico 2027 se utilizaría casi en un 95% para pagar los intereses de la deuda pública, y no para financiar proyectos de salud, educación o agua.
“Hoy tenemos un gobierno que está tratando de tapar su endeudamiento con más deuda. Es como si cualquier ciudadano solicitara una tarjeta de crédito para pagar los intereses de otra”, afirmó.
Rodríguez Hernández sostuvo que la deuda pública, que antes de la llegada de Morena al gobierno federal era de casi 11 billones de pesos, se duplicará en ocho años hasta casi 22 billones. Dijo que el dinero se necesita en rubros que, según ella, preocupan a la ciudadanía, como el proyecto hídrico, la educación tras los resultados de la prueba PISA y el sector salud, donde mencionó la falta de insumos y de garantías laborales para trabajadores del IMSS
La legisladora agregó que el PAN ha presentado iniciativas en el Senado, pero que las que implican recursos públicos son desechadas sin entrar a discusión.
“Saben que no hay recurso para poder inyectarle a estas iniciativas”, señaló.
Como ejemplo, describió una iniciativa suya para que la Federación diseñe un fondo que permita a los municipios sin personal especializado detectar dónde pierden agua, una de las problemáticas del estado, y mencionó que hay dependencias del gobierno estatal con deuda con Interapas.
De acuerdo con el análisis de México Cómo Vamos sobre el Paquete Económico 2027, el gobierno propone destinar 1.575 billones de pesos al costo financiero de la deuda, equivalente a 4% del PIB, y contempla ingresos por financiamiento de 1.479 billones de pesos.
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El presidente de Somos en SLP pone en duda al Tribunal Electoral por su sentencia de reponer su inscripción y retirarle financiamiento
Por: Redacción
El partido SOMOS impugnará la resolución del Tribunal Electoral del Estado (TEESLP) que revocó los acuerdos sobre su inscripción local y su financiamiento público, luego de un recurso de Morena, informó su dirigencia en conferencia de prensa.
Francisco Xavier Nava Palacios, presidente del Comité Estatal de SOMOS en San Luis Potosí, cuestionó que Morena impugnara la asignación de recursos a un partido de nueva creación con el argumento de que afectaría las prerrogativas de otros partidos. Dijo que el Tribunal se apoyó en la falta de disposiciones específicas en la legislación local para repartir financiamiento a nuevos partidos nacionales, aunque el artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos establece fórmulas para asignarlo.
Guadalupe Acosta Naranjo, presidente nacional de SOMOS, respaldó a la dirigencia potosina y responsabilizó a Morena y al gobierno de Ricardo Gallardo Cardona de generar un ambiente de violencia que impide la participación de nuevas fuerzas políticas. “Si no le tuvimos miedo a Andrés (AMLO), menos al Pollo”, dijo.
SOMOS pone en el mismo señalamiento a Morena, que presentó el recurso, y al gobierno de Gallardo, emanado del Partido Verde. En San Luis Potosí, sin embargo, ambos partidos no son aliados.
El Tribunal resolvió por unanimidad el 9 de octubre. Revocó los acuerdos “para efectos”: el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) deberá repetir el procedimiento de inscripción y emitir un nuevo dictamen. También ordenó al Congreso del Estado legislar sobre el financiamiento a partidos nacionales de reciente inscripción.
Roberto Heycher, secretario de Operación Electoral y Alianzas de SOMOS, cuestionó los fundamentos de la sentencia y señaló que el Tribunal habría dado prioridad a una interpretación restrictiva de la legislación estatal frente a las disposiciones nacionales. Consideró preocupante que el asunto se resolviera sin una discusión suficiente sobre sus consecuencias para la equidad electoral.
Mariana González Torres, secretaria del Campo de SOMOS y delegada especial en San Luis Potosí, expresó su preocupación por el clima político que, a su juicio, desalienta la participación de nuevas opciones ciudadanas. Acosta Naranjo cerró diciendo que la respuesta de SOMOS será jurídica, política y organizativa.
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