Estado
Empresas agroindustriales pretenden apoderarse sitios sagrados en Wirikuta
El conflicto que se desarrolla en el municipio de Catorce involucra a activistas, autoridades ejidales, gobernantes e inversionistas
Por: Bernardo Vera
A comienzos de este 2023, se dio a conocer en medios nacionales que un grupo de ejidatarios del municipio de Catorce acusaban a funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) adscritos a San Luis Potosí, de intervenir en un proceso de entrega de tierras que beneficiaría a personas ajenas a esta demarcación, para ser vendidas y favorecer la expansión de complejos agroindustriales.
Los denunciantes, pertenecientes al ejido ‘Las Margaritas’, emitieron un comunicado donde señalaron que las autoridades locales en temas agrarios los “dejaron plantados”, esto como una maniobra para aprobar la modificación del reglamento interno, poder repartir las tierras de uso común y facilitar su venta.
El documento también solicitaba la intervención del Gobierno Federal para impedir ese proceso, en el que se involucraba una porción de terreno correspondiente a Wirikuta, sitio sagrado para los wixaricas, ya que en caso contrario, avanzaría un proceso “que apunta hacia el despojo territorial, y en este caso a la destrucción de un sitio sagrado que se perfila para ser considerado patrimonio biocultural de la humanidad por la Unesco”.
El tema fue consultado con el Ayuntamiento de Catorce vía correo electrónico y telefónica. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre el conocimiento de esta situación, o si podría intervenir en el conflicto.
Carlos Covarrubias, activista e integrante de “Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, dijo que este caso llama la atención, pues involucra a un Área Natural Protegida de carácter estatal. Además, recriminó el desempeño de funcionarios de la PA y visitadores agrarios asignados a diferentes entidades de la República, que efectúan prácticas de corrupción “propias del viejo régimen”.
“Tiene que ver con que la Procuraduría Agraria sigue teniendo elementos muy negativos. Pese a que el procurador Luis Hernández Palacios tiene toda la voluntad, se han dado supuestos muy delicados en los estados. En San Luis Potosí fue destituido Ernesto Rendón, quien era el responsable de la PA, por actos de corrupción en el ejido La Pila, sus maniobras en San Juan de Guadalupe y su irresponsabilidad en el decreto de Área Natural Protegida”.
David Mazatl Velázquez, promotor de la Cultura del Anáhuac y ex miembro del Frente en Defensa de Wirikuta, precisó que se trata de un conflicto de especulación de tierras en el Altiplano potosino, ocasionado entre ejidatarios habitantes y grupos de propietarios ajenos a la población, o a disposición de empresarios. 
El promotor cultural explicó que una de las principales demandas de la comunidad wixarica al gobierno, ha sido que no existan más proyectos destructivos de este territorio, ya que causan impacto social y ecológico en la región. “Se meten agroindustrias con el tema del desarrollo y generar empleos en la zona, pero finalmente son empleos mal pagados, jornaleros. Y también causan un conflicto ambiental, ya que avientan bombas para disolver las nubes, porque como tienen pozos profundos, todo el tiempo van a tener cosechas, y la lluvia de temporal les afecta. Es un sistema hidropónico”, mencionó.
Mazatl Velázquez dijo que los wixaricas esperan que se genere el Plan de Justicia para el pueblo wixarika, iniciativa de Andrés Manuel Lopez Obrador, que garantice las condiciones adecuadas y se realizó gracias a la movilización social de sus habitantes y otros sectores de la sociedad. Además consideró que el presidente Lopez Obrador ha mostrado una apertura al diálogo más estrecha con ellos, a diferencia de otros mandatarios.
“El actual gobierno ha tenido más oídos abiertos actualmente, pero todo esto ha sido a partir de una movilización social. El gobierno de Lopez Obrador se ha caracterizado por escuchar y dar prioridad a la gente de pueblos originarios, pero también fue la movilización. Antes de ser recibidos en Palacio Nacional hubo una movilización anterior a eso, de tipo espiritual, que propició un arreglo para que el presidente recibiera y escuchara estas demandas, que ahora ya es el Plan de Justicia, efectuado desde marzo del año pasado, y esto no se había hecho antes”, finalizó.
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El Poder Judicial afirmó que los ajustes económicos se atienden en su mesa con el sindicato mayoritario
Por: Redacción
El Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí reiteró su disposición al diálogo con personas jubiladas y pensionadas, y señaló que los planteamientos sobre prestaciones y ajustes económicos se atienden en la mesa que mantiene con el sindicato mayoritario.
En un comunicado, la institución indicó que esos temas se abordan “conforme a las disposiciones legales, administrativas y presupuestales aplicables”, y que dará seguimiento a los derechos y prestaciones del personal a través de las instancias competentes.
El Poder Judicial también reconoció el derecho de manifestación de los jubilados y su derecho a presentar solicitudes por las vías institucionales.
El posicionamiento se dio luego de que, el miércoles 28 de octubre, la Primera Gran Asociación de Jubilados y Pensionados del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí
Ana Luisa Morales Lara, presidenta de la asociación, dijo que el Ejecutivo estatal aplicó ese ajuste a sus sindicatos desde el 10 de agosto
La asociación indicó que hace 28 días solicitó audiencia con el Órgano de Administración Judicial, que preside Mónica Larraga Sáinz, y con la Presidencia del Poder Judicial, y anunció que mantendrá su protesta en la sede de la institución hasta ser atendida.
En agosto, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), dijo que la relación con los sindicatos había mejorado y que se comprometió a realizar el pago correspondiente a los trabajadores.
La postura institucional proviene del comunicado del Poder Judicial.
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El titular del IFSE dijo que se evitó la licitación pública y que el contratista recibió pagos mayores a lo presupuestado
Por: Redacción
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) presentó una denuncia penal por presuntas irregularidades en la construcción de la Unidad Deportiva de Axtla de Terrazas. En esa obra se ejercieron alrededor de 14.5 millones de pesos durante la administración municipal de Gregorio Cruz Martínez.
El titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, explicó que las anomalías se detectaron desde 2024. Por su gravedad, el área de investigación del Instituto decidió llevar el caso ante las autoridades penales. Dijo que la denuncia se presentó el mes pasado y que él mismo la firmó.
Sin licitación y pagos de más
Según Lecourtois, una de las principales irregularidades fue que se evitó la licitación pública, que es el concurso abierto en el que varias empresas compiten por una obra. En su lugar, el contrato se asignó de forma directa a una empresa que, dijo, no cumplió adecuadamente con los trabajos.
Además, señaló que el contratista recibió pagos mayores a los montos que estaban presupuestados.
El titular del IFSE explicó que la obra fue observada en su totalidad y que los señalamientos forman parte de las observaciones firmes
Una obra en disputa
El 22 de octubre, durante una gira por Axtla, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona pidió a la Fiscalía General de la República y a la del Estado revisar las cuentas de una administración pasada por esta unidad deportiva. Dijo que el Estado la pagó completa y nunca se entregó.
Ese mismo día, el exalcalde Gregorio Cruz respondió que su ayuntamiento recibió 13 millones de pesos, no 20, y que la obra se entregó “en tiempo y forma, con sus expedientes completos”. El Gobierno del Estado inauguró la unidad renovada con una inversión cercana a los 20 millones de pesos.
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Según su familia, otro estudiante le prensó la mano con una puerta; la escuela solo cubrió los 50 mil pesos del seguro escolar
Por: Redacción
Un niño perdió dos dedos de la mano derecha tras lesionarse dentro del Colegio Valladolid, en San Luis Potosí. Según su familia, otro estudiante le prensó la mano con una puerta. El hecho ocurrió la mañana del martes 27 de octubre.
De acuerdo con el testimonio de la familia, el menor sufrió el aplastamiento de dos dedos y fue trasladado a un hospital. Ahí, primero se advirtió sobre una posible amputación. Después, sus familiares informaron que el niño perdió ambos dedos y que necesita más cirugías.
“Solo un golpe”
La madre denunció que el colegio fue evasivo al comunicarle lo ocurrido. En un principio, dijo, solo le avisaron que su hijo había recibido un golpe y tenía dolor. La familia supo de la gravedad de las lesiones hasta que el padre acudió al plantel.
Los familiares consideran que la escuela intentó minimizar el incidente para evitar responsabilidades, aunque ocurrió dentro de sus instalaciones.
Seguro de 50 mil pesos
La familia también denunció que el colegio limitó su apoyo a los 50 mil pesos que cubre la póliza del seguro escolar y que después se deslindó de los gastos adicionales. Según su testimonio, necesitaban reunir otros 30 mil pesos para seguir con la atención quirúrgica del niño.
Piden investigar
Otras familias señalaron que en la escuela habría antecedentes de agresiones y bullying, o acoso escolar, entre alumnos. Por eso pidieron investigar si hubo conductas intencionales y omisiones en la supervisión.
Padres de familia exigen la intervención de la Secretaría de Educación y de la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y determinar si hay responsabilidades, incluidas posibles omisiones de las autoridades escolares.
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