Estado
Empresas agroindustriales pretenden apoderarse sitios sagrados en Wirikuta
El conflicto que se desarrolla en el municipio de Catorce involucra a activistas, autoridades ejidales, gobernantes e inversionistas
Por: Bernardo Vera
A comienzos de este 2023, se dio a conocer en medios nacionales que un grupo de ejidatarios del municipio de Catorce acusaban a funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) adscritos a San Luis Potosí, de intervenir en un proceso de entrega de tierras que beneficiaría a personas ajenas a esta demarcación, para ser vendidas y favorecer la expansión de complejos agroindustriales.
Los denunciantes, pertenecientes al ejido ‘Las Margaritas’, emitieron un comunicado donde señalaron que las autoridades locales en temas agrarios los “dejaron plantados”, esto como una maniobra para aprobar la modificación del reglamento interno, poder repartir las tierras de uso común y facilitar su venta.
El documento también solicitaba la intervención del Gobierno Federal para impedir ese proceso, en el que se involucraba una porción de terreno correspondiente a Wirikuta, sitio sagrado para los wixaricas, ya que en caso contrario, avanzaría un proceso “que apunta hacia el despojo territorial, y en este caso a la destrucción de un sitio sagrado que se perfila para ser considerado patrimonio biocultural de la humanidad por la Unesco”.
El tema fue consultado con el Ayuntamiento de Catorce vía correo electrónico y telefónica. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre el conocimiento de esta situación, o si podría intervenir en el conflicto.
Carlos Covarrubias, activista e integrante de “Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, dijo que este caso llama la atención, pues involucra a un Área Natural Protegida de carácter estatal. Además, recriminó el desempeño de funcionarios de la PA y visitadores agrarios asignados a diferentes entidades de la República, que efectúan prácticas de corrupción “propias del viejo régimen”.
“Tiene que ver con que la Procuraduría Agraria sigue teniendo elementos muy negativos. Pese a que el procurador Luis Hernández Palacios tiene toda la voluntad, se han dado supuestos muy delicados en los estados. En San Luis Potosí fue destituido Ernesto Rendón, quien era el responsable de la PA, por actos de corrupción en el ejido La Pila, sus maniobras en San Juan de Guadalupe y su irresponsabilidad en el decreto de Área Natural Protegida”.
David Mazatl Velázquez, promotor de la Cultura del Anáhuac y ex miembro del Frente en Defensa de Wirikuta, precisó que se trata de un conflicto de especulación de tierras en el Altiplano potosino, ocasionado entre ejidatarios habitantes y grupos de propietarios ajenos a la población, o a disposición de empresarios. 
El promotor cultural explicó que una de las principales demandas de la comunidad wixarica al gobierno, ha sido que no existan más proyectos destructivos de este territorio, ya que causan impacto social y ecológico en la región. “Se meten agroindustrias con el tema del desarrollo y generar empleos en la zona, pero finalmente son empleos mal pagados, jornaleros. Y también causan un conflicto ambiental, ya que avientan bombas para disolver las nubes, porque como tienen pozos profundos, todo el tiempo van a tener cosechas, y la lluvia de temporal les afecta. Es un sistema hidropónico”, mencionó.
Mazatl Velázquez dijo que los wixaricas esperan que se genere el Plan de Justicia para el pueblo wixarika, iniciativa de Andrés Manuel Lopez Obrador, que garantice las condiciones adecuadas y se realizó gracias a la movilización social de sus habitantes y otros sectores de la sociedad. Además consideró que el presidente Lopez Obrador ha mostrado una apertura al diálogo más estrecha con ellos, a diferencia de otros mandatarios.
“El actual gobierno ha tenido más oídos abiertos actualmente, pero todo esto ha sido a partir de una movilización social. El gobierno de Lopez Obrador se ha caracterizado por escuchar y dar prioridad a la gente de pueblos originarios, pero también fue la movilización. Antes de ser recibidos en Palacio Nacional hubo una movilización anterior a eso, de tipo espiritual, que propició un arreglo para que el presidente recibiera y escuchara estas demandas, que ahora ya es el Plan de Justicia, efectuado desde marzo del año pasado, y esto no se había hecho antes”, finalizó.
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El diputado dijo que la propuesta de los concesionarios debe empatar con la política de movilidad de la SCT
Por: Redacción
La solicitud de los permisionarios del transporte urbano para incluir en el Presupuesto de Egresos del Estado 2027 una partida de 2 mil 700 millones de pesos para mejorar el servicio debe analizarse en conjunto con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que tiene las definiciones en materia de movilidad, dijo el diputado Héctor Serrano Cortés.
Explicó que hay plena disposición de las y los legisladores para reunirse con los solicitantes y escuchar sus argumentos y los detalles de la propuesta, pero es la SCT la que tiene el tema entre sus atribuciones, para armonizar lo que pretenden los transportistas con lo que la propia dependencia tiene planeado como política pública de movilidad.
El secretario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) afirmó que “no puede estar distanciado un proyecto de concesionarios con las determinaciones que el gobierno del estado tenga. Además, no estamos hablando de cualquier cantidad, se rebasan los 2,700 millones de pesos y por ello, hay que revisarlo a fondo”.
Serrano Cortés añadió que habría mucho que revisar con la titular de la SCT: “Insistimos en que tiene que empatarse la propuesta, y qué bueno que lo dicen, la concesión es eso, otorga una posibilidad de usufructo de servicio público, pero sigue siendo una potestad del estado. Es decir, los concesionarios no son propietarios de esta condición, y por tanto tienen que estar muy empatados con lo que la secretaría determina”.
El legislador señaló que los permisionarios del transporte urbano mantienen comunicación con la secretaria, quien siempre atiende este tipo de temas. “Vamos a ponderar con la secretaria cualquier posibilidad y estar armonizándolo con los propios concesionarios, pero por supuesto que vamos a tener comunicación con ellos. Estamos a punto de abrir todo lo que implica la revisión de los proyectos de egresos, ahí entraría esta parte de propuesta”, puntualizó.
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La nueva sucursal beneficiará a más de 800 familias; el programa ya tiene tortillerías en colonias como Prados, Satélite y Las Flores
Por: Redacción
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona inauguró una tortillería del programa TortiApoyo en la colonia El Mezquital, en la zona norte de la capital, donde el kilo de tortilla se ofrecerá a 14 pesos y beneficiará a más de 800 familias, informó el Gobierno del Estado.
Además, encabezó la entrega gratuita de tinacos y calentadores solares para mil hogares del norte de la ciudad.
Más tortillerías en la capital
Con esta sucursal, TortiApoyo ya tiene establecimientos en las colonias Prados, Satélite, Las Flores, Las Julias, Residencial del Bosque y Librado Rivera, además de El Mezquital. Según el Gobierno estatal, cada tortillería tiene capacidad para producir de mil a mil 500 kilos diarios, lo que permite llegar en conjunto a más de 7 mil hogares.
El gobernador dijo que su administración llevará los programas sociales a las cuatro regiones del estado. “No habrá colonia, comunidad ni rincón de San Luis Potosí al que no lleguemos con nuestros programas sociales”, afirmó.
Tinacos y calentadores solares
Los tinacos y calentadores solares se entregarán de forma gratuita a mil familias del norte de la ciudad. El Gobierno estatal indicó que los apoyos buscan mejorar el almacenamiento de agua y reducir gastos del hogar, y forman parte de sus programas de mejoramiento de vivienda.
Contexto
El 10 de noviembre, Gallardo Cardona amplió TortiApoyo a la colonia Librado Rivera. El programa ofrece el kilo de tortilla a 14 pesos mediante un subsidio estatal de 45 por ciento, y el gobernador dijo que la meta es llegar a 100 por ciento.
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Palmira Flores expuso en Ginebra las trabas de los indígenas urbanos para entrar al catálogo del INPI
Por: Redacción
Integrantes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) retomaron el informe que Palmira Flores, representante de la Comunidad Triqui de San Luis Potosí, presentó durante el examen al Estado mexicano, celebrado el 4 y 5 de noviembre en Ginebra, Suiza.
Los planteamientos del documento entraron al diálogo oficial que el Comité sostuvo con la delegación mexicana. Quedaron incorporados al análisis sobre el cumplimiento de los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas en el país.
El CDESC vigila que los países cumplan el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y revisa periódicamente a cada Estado que lo ratificó. México fue examinado en la 80ª sesión del organismo.
El texto de la comunidad es un informe alternativo, que es el documento que la sociedad civil entrega en paralelo al reporte oficial del Gobierno federal. El informe se centra en los indígenas que viven en contextos urbanos y en las trabas que enfrentan para entrar al Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas
Quedar fuera de ese registro tiene efectos concretos: limita el reconocimiento de sus derechos colectivos y el acceso a programas y recursos federales.
Los triquis son un pueblo originario de la región Mixteca de Oaxaca. La comunidad asentada en San Luis Potosí forma parte de las poblaciones indígenas que residen fuera de sus territorios de origen.
Flores viajó a Ginebra con financiamiento del Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, mecanismo que la seleccionó para participar en el examen a México.
Tras la revisión, el Comité emitirá observaciones y recomendaciones al Estado mexicano. La comunidad señaló que ese documento abre la puerta a exigir seguimiento institucional en reconocimiento, inclusión y acceso a derechos de los pueblos indígenas asentados en ciudades.
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