Estado
Empresas agroindustriales pretenden apoderarse sitios sagrados en Wirikuta
El conflicto que se desarrolla en el municipio de Catorce involucra a activistas, autoridades ejidales, gobernantes e inversionistas
Por: Bernardo Vera
A comienzos de este 2023, se dio a conocer en medios nacionales que un grupo de ejidatarios del municipio de Catorce acusaban a funcionarios de la Procuraduría Agraria (PA) adscritos a San Luis Potosí, de intervenir en un proceso de entrega de tierras que beneficiaría a personas ajenas a esta demarcación, para ser vendidas y favorecer la expansión de complejos agroindustriales.
Los denunciantes, pertenecientes al ejido ‘Las Margaritas’, emitieron un comunicado donde señalaron que las autoridades locales en temas agrarios los “dejaron plantados”, esto como una maniobra para aprobar la modificación del reglamento interno, poder repartir las tierras de uso común y facilitar su venta.
El documento también solicitaba la intervención del Gobierno Federal para impedir ese proceso, en el que se involucraba una porción de terreno correspondiente a Wirikuta, sitio sagrado para los wixaricas, ya que en caso contrario, avanzaría un proceso “que apunta hacia el despojo territorial, y en este caso a la destrucción de un sitio sagrado que se perfila para ser considerado patrimonio biocultural de la humanidad por la Unesco”.
El tema fue consultado con el Ayuntamiento de Catorce vía correo electrónico y telefónica. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta sobre el conocimiento de esta situación, o si podría intervenir en el conflicto.
Carlos Covarrubias, activista e integrante de “Guardianes de la Sierra de San Miguelito”, dijo que este caso llama la atención, pues involucra a un Área Natural Protegida de carácter estatal. Además, recriminó el desempeño de funcionarios de la PA y visitadores agrarios asignados a diferentes entidades de la República, que efectúan prácticas de corrupción “propias del viejo régimen”.
“Tiene que ver con que la Procuraduría Agraria sigue teniendo elementos muy negativos. Pese a que el procurador Luis Hernández Palacios tiene toda la voluntad, se han dado supuestos muy delicados en los estados. En San Luis Potosí fue destituido Ernesto Rendón, quien era el responsable de la PA, por actos de corrupción en el ejido La Pila, sus maniobras en San Juan de Guadalupe y su irresponsabilidad en el decreto de Área Natural Protegida”.
David Mazatl Velázquez, promotor de la Cultura del Anáhuac y ex miembro del Frente en Defensa de Wirikuta, precisó que se trata de un conflicto de especulación de tierras en el Altiplano potosino, ocasionado entre ejidatarios habitantes y grupos de propietarios ajenos a la población, o a disposición de empresarios. 
El promotor cultural explicó que una de las principales demandas de la comunidad wixarica al gobierno, ha sido que no existan más proyectos destructivos de este territorio, ya que causan impacto social y ecológico en la región. “Se meten agroindustrias con el tema del desarrollo y generar empleos en la zona, pero finalmente son empleos mal pagados, jornaleros. Y también causan un conflicto ambiental, ya que avientan bombas para disolver las nubes, porque como tienen pozos profundos, todo el tiempo van a tener cosechas, y la lluvia de temporal les afecta. Es un sistema hidropónico”, mencionó.
Mazatl Velázquez dijo que los wixaricas esperan que se genere el Plan de Justicia para el pueblo wixarika, iniciativa de Andrés Manuel Lopez Obrador, que garantice las condiciones adecuadas y se realizó gracias a la movilización social de sus habitantes y otros sectores de la sociedad. Además consideró que el presidente Lopez Obrador ha mostrado una apertura al diálogo más estrecha con ellos, a diferencia de otros mandatarios.
“El actual gobierno ha tenido más oídos abiertos actualmente, pero todo esto ha sido a partir de una movilización social. El gobierno de Lopez Obrador se ha caracterizado por escuchar y dar prioridad a la gente de pueblos originarios, pero también fue la movilización. Antes de ser recibidos en Palacio Nacional hubo una movilización anterior a eso, de tipo espiritual, que propició un arreglo para que el presidente recibiera y escuchara estas demandas, que ahora ya es el Plan de Justicia, efectuado desde marzo del año pasado, y esto no se había hecho antes”, finalizó.
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La obra más grande, de 40 millones, construirá una línea de 56 kilómetros para abastecer a 13 comunidades indígenas de Tanlajás
Por: Redacción
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ejecutará cerca de 200 millones de pesos en obras de infraestructura hidráulica en siete municipios de San Luis Potosí a través del programa Proagua, informó Darío Fernando González Castillo, delegado de la dependencia en la entidad.
La inversión más importante corresponde a Tanlajás: 40 millones de pesos para construir una línea de conducción de más de 56 kilómetros que llevará agua potable a las 13 comunidades indígenas del municipio, detalló González Castillo.
Los demás municipios beneficiados son Villa de Ramos, Mezquitic, Huehuetlán, Santa María, Santa Catarina y Guadalcázar. Las obras oscilan entre los 3 millones y los 40 millones de pesos según la magnitud de cada proyecto.
El programa también contempla más de 25 millones de pesos para el mantenimiento de las plantas del Porvenir y el Tulillo, en la zona de Ébano, dentro del Distrito de Riego 093, y 8 millones de pesos para el manantial de la Media Luna en el Distrito de Riego de Río Verde.
En materia de regularización, la dirección local abatió más del 60 por ciento del rezago en títulos de concesión y atendió 859 expedientes de campesinos tras la aplicación del decreto de facilidades, informó González Castillo.
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La empresa tiene 10 días para entregar el plan de manejo de las presas de jale
Por: Redacción
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) impuso una multa y medidas cautelares a la minera de San Nicolás Tolentino, en la zona de Aquismón, por irregularidades en el manejo de sus presas de jale, informó Darío Fernando González Castillo, delegado de la dependencia en San Luis Potosí.
La empresa tiene 10 días para entregar el plan de manejo de las presas de jale, depósitos mineros diseñados para almacenar los residuos (lodos o relaves) resultantes de la extracción de minerales. Si no lo presenta, la Conagua continuará con los trámites administrativos para prevenir la contaminación del río y proteger a las comunidades de Santa Catarina y San Nicolás Tolentino, advirtió González Castillo.
La actividad minera en la región Huasteca ha sido motivo de preocupación constante entre habitantes, organizaciones ambientales y autoridades debido a los riesgos que representan las presas de jales cuando no cuentan con un manejo adecuado. Estos depósitos almacenan residuos derivados de los procesos de extracción y beneficio de minerales, por lo que cualquier falla en su operación puede derivar en filtraciones o escurrimientos que afecten cuerpos de agua, suelos y comunidades cercanas.
En años recientes, la vigilancia sobre este tipo de infraestructura se ha intensificado a nivel nacional luego de diversos incidentes ambientales registrados en zonas mineras del país
Asimismo, especialistas han señalado que la supervisión permanente de las presas de jales es fundamental durante la temporada de lluvias, ya que el incremento en los niveles de agua puede aumentar el riesgo de desbordamientos o afectaciones a la infraestructura de contención. Por ello, las autoridades buscan garantizar que las empresas mineras cumplan con las medidas de seguridad y mitigación necesarias para evitar impactos ambientales y proteger a las poblaciones asentadas aguas abajo de estas instalaciones.
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De los 516 millones convenidos para 2026, el gobierno estatal solo ha entregado una fracción; Zermeño Guerra indicó que espera que el Gobierno cumpla su promesa de ponerse al corriente
Por: Redacción
El Gobierno del Estado de San Luis Potosí adeuda más de 160 millones de pesos a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) del convenio anual de 516 millones, reveló Alejandro Zermeño Guerra, rector de la institución.
Recordó que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona se comprometió el 18 de marzo a entregar el recurso en doceavos. Sin embargo, a la fecha la UASLP ha recibido alrededor de 90 millones de pesos de los 250 millones que —según los cálculos del rector— ya deberían haberse pagado.
Zermeño Guerra advirtió que la falta de pagos tiene consecuencias inmediatas: “ahorita necesitamos hacer un arreglo en un edificio, una impermeabilización en la zona huasteca.
El gobernador declaró recientemente que la UASLP recibirá los pagos y que él “la está apoyando”. Zermeño Guerra dijo esperar que eso se concrete pronto para no repetir “las angustias presupuestales” del año pasado, que se resolvieron “de último minuto”.
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