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Empleados en gasolineras, más protegidos que policías; denuncian
Por: Abelardo Medellín
“No es posible que una gasolinera con menos poder que el gobierno del estado, proteja a sus trabajadores muy bien con caretas, y los policías que somos la primera línea de contacto con el ciudadano, anden con un cubrebocas y nos digan que tenemos que reutilizarlo y lavarlo, no es posible”, dijo en entrevista para La Orquesta el presidente de la Asociación de Pensionados y Jubilados del Poder Judicial, Ministerios Públicos, Policías y Custodios, Jesús Luevanos Rivera, quien sostuvo una mesa de negociaciones por más de diez horas el día de ayer con representantes del poder ejecutivo estatal, con quienes llegaron a un acuerdo para surtir del equipamiento mínimo que protegerá a los uniformados frente a la contingencia del Covid-19, entre otras peticiones.
“Lo que pedimos es que se respeten los derechos humanos y laborales que tenemos como personas, somos esenciales para el estado, pero no se reconocen nuestra prerrogativas, y es muy sencillo, buscamos que se cumpla a cabalidad el artículo 57 de la Ley de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, que se garanticen las 17 fracciones que hoy en día no se cumplen: seguros de vida, gastos médicos mayores, entre otras prestaciones que hoy no recibimos”, dijo Luevanos Rivera.
Según el presidente de Asociación de Pensionados y Jubilados, existen alrededor de 4 mil policías e integrantes de seguridad pública qué se verían afectados por la falta en estas prestaciones y la reciente falta de insumos mínimos de salubridad para trabajar en el estado mientras este se encuentra en fase dos de contingencia por coronavirus.
“En esta administración, y nos es el gobernador, sino el secretario Pineda, quien ha violado los derechos laborales de los policías”, aseguró Jesús Luevanos, quien comentó que durante las negociaciones del día de ayer lograron ser atendidos y a pesar de la extensión de las pláticas, se dará cumplimiento el día de hoy las garantías de salud: “muchos son hipertensos o diabéticos y necesitábamos los materiales mínimos como cubrebocas, caretas, geles 
El presidente Luevanos Rivera aseguró que en días pasados se les había extendido a los integrante de la policía estatal activos, un cubrebocas de tela el cual tenía que ser “lavado”; “eso fue una burla, pero ya se acordó que por lo menos el primer respondiente a un llamado debe estar cubierto con traje, careta, porque ya basta de exponerlos al peligro, ellos son la primera línea de cercanía con la ciudadanía, policías estatales, custodios, todos ellos”.
“Nosotros nos vamos a seguir manifestando hasta que se nos den las garantías enteras, porque ya vimos ayer a un compañero que era policía saliente, que no debía estar trabajando, él era hipertenso, salió de trabajar, llegó a su casa y falleció de un derrame cerebral, 26 años de servicio y ni siquiera los honores le dieron, no se puede continuar así y menos en una situación de contingencia sanitaria, ¿o cuántos más muertos quiere el secretario?”, concluyó Luevanos Rivera.
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El ex diputado y candidato a la gubernatura no cumplía con los requisitos para otorgarle la protección, por tanto se permitirá continuar la investigación en su contra
Por: Redacción
El Juzgado Sexto de Distrito en San Luis Potosí negó la suspensión definitiva solicitada por José Luis Romero Calzada, exdiputado local y ex candidato político, conocido por múltiples acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito, delitos fiscales y otros crímenes.
De acuerdo con Ciudadanos Observando, la solicitud de amparo 735/2024 buscaba detener acciones legales de diversas autoridades que lo investigan, pero el juez determinó que no cumplía con los requisitos para otorgar la protección, permitiendo que las investigaciones y procesos judiciales sigan adelante.
Esta decisión representa un revés significativo para Romero Calzada, apodado “Tekmol”, quien ha sido denunciado penalmente por delitos graves, como desvío de recursos públicos, evasión fiscal, lavado de dinero y robo de combustible.
A lo largo de los años, ha intentado evadir la justicia mediante diversas estrategias legales,
El fallo judicial subraya la prioridad de esclarecer actos de corrupción y proteger el interés público. A pesar de que Romero Calzada se presenta como víctima de persecución política, las pruebas en su contra y su historial de acciones ilegales lo colocan como un símbolo de los esquemas corruptos que han afectado al estado.
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Exigen que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) exigió en la Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados de este jueves que se investigue la corrupción entre el huachicolero y lavador de dinero Gerardo Sánchez Zumaya y PEMEX.
Con portada en mano del diario Reforma, que en su edición del martes pasado revela los nexos de Morena con Sánchez Zumaya, diputadas y diputados panistas exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar la denuncia presentada en el Estado de Tabasco contra dicho personaje, quien de la noche a la mañana se enriqueció con el presunto lavado de dinero por más de 15 mil millones de pesos a través de una red de empresas factureras.
En su intervención en tribuna, la diputada Paulina Rubio Fernández exigió a la Fiscalía General de la República que se investigue a PEMEX y PETROGESA
“Hoy sabemos que Pemex se convirtió en caja grande de Morena y que han hecho millonarios a empresarios de 30 años (de edad) en San Luis Potosí, curiosamente íntimos amigos de los liderazgos de Morena y hoy le incrementan más dinero a PEMEX para seguir ordeñándola”, acusó.
Mientras la diputada denunciaba estos hechos sobre Sánchez Zumaya, al que también se le señala como extractor de gasolina en los Estados de Tabasco y Veracruz, toda la fracción parlamentaria del PAN se sumó a su reclamo y exigió que se investigue al facturero y huachicolero potosino.
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El caso fue archivado al no encontrar pruebas suficientes; además de señalar inconsistencias en el informe presentado por la UIF
Por: Redacción
La Fiscalía General de la República (FGR) cerró oficialmente la carpeta de investigación en contra de Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí.
La FGR decidió no proceder penalmente contra el gobernador y otros implicados en una investigación por desvío de recursos y contratos irregulares con empresas vinculadas a su entorno familiar.
La carpeta FED/SEIDF/UEIDFF-SLP/0001100/2020, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en 2020, que señalaba transferencias ilícitas en contratos entre 2013 y 2017, fue archivada al no encontrar pruebas suficientes; además, señalaron inconsistencias en los informes presentados por la UIF y falta de evidencia directa que vincule a los implicados con actos ilícitos.
El caso había sido reactivado en septiembre de 2024, señalaba presuntas irregularidades en contratos millonarios otorgados a las empresas Clínica Wong y Grupo Axioma Kusuri, durante los gobiernos de Ricardo Gallardo Juárez y Ricardo Gallardo Cardona en Soledad de Graciano Sánchez y la capital de San Luis Potosí.
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