noviembre 18, 2026

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#Elecciones2021 | Conoce a los siete candidatos y candidatas que quieren ser alcaldes de la capital SLP

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Estos son los cinco hombres y las dos mujeres que quieren presidir a Xavier Nava, o en su caso, buscar la reelección.

Por: Alejandro Zermeño

El domingo 28 de febrero fue el último día para las inscripciones de los y las candidatas a la presidencia municipal de la capital ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí (Ceepac), y con ello, quedaron definidos los contendientes para las próximas elecciones del 6 de junio.

A continuación, presentamos los perfiles de todos los candidatos y candidatas que participarán en el proceso electoral para presidir la alcaldía la capitalina, en donde participan los siguientes partidos: la coalición “Sí por San Luis” (PRI, PAN, PRD y Conciencia Popular), Morena, la coalición “Juntos hacemos historia” (Partido Verde y Partido del Trabajo), el Partido Encuentro Solidario (PES), el Partido Nueva Alianza (Panal), Redes Sociales Progresistas (RSP), y Movimiento Ciudadano.

 

ENRIQUE GALINDO – “Sí, por San Luis Potosí”

Es excomisionado de la Policía Federal. Enrique Galindo tiene trayectoria trabajando en sectores locales, federales y estatales en ámbitos, principalmente, policiacos y de seguridad.

Destaca en su currículum su participación como secretario ejecutivo de la Comunidad de Policías de América, Ameripol.

Ha participado en cargos públicos dentro de la administración municipal y estatal.

En el 2015, se esperaba que fuera el candidato del PRI a gobernador de San Luis Potosí, pero de última hora y de manera sorpresiva fue electo Juan Manuel Carreras

LEONEL SERRATO – Partido Verde

Licenciado en derecho por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Forma parte de los Servidores de la Nación.

Fue consejero Jurídico del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, también fue delegado regional de programas sociales del gobierno federal en la zona metropolitana. Fue candidato a la presidencia municipal de la capital por Morena en las elecciones del 2018.

Es notario y antes fue el mejor posicionado en Morena para ser candidato a gobernador, sin embargo, con la decisión del partido para postular a una mujer, fue dejado fuera de esa posibilidad.

JORGE ANDRÉS LÓPEZ ESPINOSA – Movimiento Ciudadano

Estudió leyes en la facultad de derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es especialista en derechos humanos por la Universidad de Castilla y la Mancha Y el Centro Nacional de Derechos Humanos. Es maestro en derecho constitucional y juicio de amparo por la Universidad Iberoamericana.

Su labor más reciente fue la de ser titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

XAVIER NAVA PALACIOS – Morena

Xavier Nava es licenciado en Relaciones Internacionales egresado de la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Política Social y Planeación por la London School of Economics.

Xavier Nava fue jefe de Evaluación y Análisis de Proyectos en el gobierno del Distrito Federal en 1999. Luego fue Asesor del director general de Servicios Metropolitanos del Distrito Federal en el 2000. Tres años más tarde fue asesor del secretario de Gobierno de Chiapas. En el 2006 trabajó como Asesor en la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.

Contendió por el PRD como diputado federal del VI Distrito, haciendo campaña junto Ricardo Gallardo Juarez. Luego dejó al partido para buscar ser candidato independiente en las elecciones del 2018, al no lograrlo migró al PAN, donde ganó la elección a la alcaldía. Recientemente perdió la elección interna del PAN para ser candidato a gobernador frente a Octavio Pedroza, lo que le obligó a saltar Morena.

MARÍA TERESA CARRIZALES HERNÁNDEZ – Partido Encuentro Solidario

Se volvió una figura pública luego de que se vitalizara un video en que agentes de la Policía Municipal a cargo de Xavier Nava la desalojaron de forma violenta cuando para ineludibles que continuara en su cargo como oficial del Registro Civil.

Cursó la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, junto a dos posgrados, uno en marketing político y otro en alta dirección.

MARÍA DE LOS ÁNGELES HERMOSILLO – Nueva Alianza

Se ha dedicado a apoyar a grupos vulnerables y participa activamente en diferentes asociaciones civiles, llevando a cabo acciones de prevención a la violencia y al bullying en los planteles educativos.

Ha sido nominada al Premio Estatal de Derechos Humanos en 2016 y 2017, así como a la Mujer Potosina del año en 2017. Recibió la Presea internacional de Oro “Ray Tico”, en Costa Rica en agosto del presente año y actualmente es nominada para recibir el premio nacional “Voluntades México”.

ULISES HERNÁNDEZ alias el “Fido” – Redes Sociales Progresistas

Policía municipal por más de 15 años. Campeón nacional e internacional de box. Tiene más de seis años haciendo labor social con niños, ancianos, personas que viven en medio de la mendicidad, comerciantes ambulantes y compañeros policías.

También lee: Serrato, Galindo y Nava, los favoritos para ganar la alcaldía: analistas

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“No se volverán a ver”: Alertan por publicación que ofrece desaparecer perros callejeros en SLP

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Fátima Ramírez, de Salvando Huellitas, anunció que documenta el caso para denunciarlo ante la Fiscalía

Por: Redacción

Un día después de que el Congreso del Estado aprobó por unanimidad la Ley Hope, que endurece las penas por maltrato animal, un perfil llamó a recoger perros en situación de calle desde un grupo de Facebook de San Luis Potosí con más de 46 mil miembros.

“alto a los perros callejeros…. son una plaga… estaremos pasando recogiéndolos… nos haremos cargo.. comenten dónde hay para ir por ellos…”, escribió un perfil en un grupo público. La publicación sumaba 91 comentarios y se había compartido 10 veces cuando se documentó.

Otro perfil preguntó qué harían con los animales. Según capturas de la conversación, el autor respondió: “No te preocupes no se volverán a ver”. Después se desactivaron los comentarios de la publicación.

La Asociación Salvando Huellitas, representada por la activista Fátima Ramírez Martínez, calificó la publicación como una incitación a cometer un delito. Anunció que documenta el caso para presentar denuncia ante la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) y ante la autoridad municipal.

“Los perros en situación de calle no son una plaga. Son seres sintientes, víctimas del abandono y de la falta de políticas de esterilización, educación y tenencia responsable”, señaló la organización en su posicionamiento.

La asociación le exigió a la administración del grupo cuatro cosas. Pidió eliminar la publicación y sancionar al perfil autor y a quienes coordinen en los comentarios la recolección de animales. También pidió conservar la evidencia sin borrar comentarios, nombres de perfil ni horarios, y moderar el grupo para frenar cualquier publicación que promueva el maltrato.

Lo que cambió con la Ley Hope

La reforma al artículo 317 del Código Penal del Estado se aprobó el martes 17 de noviembre

con 25 votos a favor. Castiga con 2 a 6 años de prisión el maltrato que cause la muerte de un animal y con hasta 4 años el que deje daños físicos permanentes. Además, incluye a los animales ferales en la protección penal.

Según la asociación, el abandono que ponga en riesgo la vida del animal se castiga con 2 a 5 años. La pena puede subir hasta 50 por ciento, es decir, hasta 9 años de prisión, si se prolonga el sufrimiento, se usan métodos crueles o se graba la agresión.

Salvando Huellitas recordó también el artículo 21 del Código Penal: hace responsable a quien lleve dolosamente a otro a cometer el delito o le preste ayuda. Mencionó además el artículo 280, que castiga el encubrimiento, incluida la destrucción o alteración de indicios.

En agosto, la diputada Brisseire Sánchez López presentó una iniciativa para crear un tipo penal contra la apología o incitación al maltrato animal, incluida la que se hace en redes sociales. La propuesta se turnó a comisiones.

La organización pidió a quien vea que se llevan perros en su colonia que lo documente con fecha, hora, fotos y video, que resguarde a los animales si puede hacerlo sin riesgo y que presente la denuncia.

También lee: Congreso aprueba la Ley Hope contra el maltrato animal

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Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina

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Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía

A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.

Por: Redacción

La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.

Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.

La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.

Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.

Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?

A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.

Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.

También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.

Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.

La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.

Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.

El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.

Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación

Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.

Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.

Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.

Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.

La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.

La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.

De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.

El arzobispo, ausente de la primera respuesta

La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.

Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.

Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.

La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.

La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.

La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?

La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.

La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí

Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.

En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.

Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.

El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.

Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.

Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.

La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.

Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños

Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.

Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.

La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.

También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.

Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.

La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.

Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina

Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.

La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.

La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.

Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.

También lee: Iglesia condena feminicidios, pero rechaza daños en La Compañía

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SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo

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El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas

Por: Redacción

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.

Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.

Cajeros del centro histórico

Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.

Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”

, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.

Fraudes en línea

El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.

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