Destacadas
El fraude del metrobús de SLP hoy tiene responsables
Leopoldo N, encargado de la construcción de esa obra, fue detenido entre sospechas de corrupción y malos manejos de recursos públicos
Por: Ana G Silva
Leopoldo Stevens Amaro, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) en la administración de Juan Manuel Carreras, fue detenido esta mañana quien estaría involucrado en el desvío de recursos denunciado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona en el proyecto de la Red Metro que asciende a cientos de millones de pesos.
La denuncia contra los ex funcionarios y particulares que estuvieron a cargo de la Red Metro se habría realizado desde el pasado 21 de febrero por Leonel Serrato Sánchez, secretario de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí (SCT), pues la obra quedó inconclusa y que pese a ello, se pagó en su totalidad, significando un gasto de 180 millones de pesos para el estado. La Orquesta realizó una recopilación de los trabajos realizados, los que no se concretaron y la proyección que se tenía en 2015 cuando inició el proyecto.
El proyecto inicial había sido anunciado por Fernando Toranzo, el cual tenía por objetivo habilitar cuatro corredores para este sistema de transporte, dos de los cuales eran para el sexenio de Juan Manuel Carreras, y se prometió un cambio total en el transporte urbano de San Luis Potosí para agilizar la movilidad hacia la Zona Industrial, no obstante en pleno 2022 el proyecto no ha arrancado.
Los dos primeros corredores proyectados eran: el principal de la Estación de Transferencia en la Alameda hacia la Zona Industrial y el otro que recorrería varias colonias de la capital potosina hasta una de las estaciones del primer corredor; se haría una inversión de 541 millones de pesos y se proyectaba que entre ambos tuvieran una afluencia diaria de 100 mil personas; no obstante, luego se decidió que solo se construiría el primer corredor.
En 2016, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) definió que el metrobús no pasaría por la carretera 57, sino por avenida Industrias, esto debido a la oposición de los vecinos, lo que provocó que la expectativa de uso se redujera en 12 mil usuarios.
Para 2019, la obra pasó a ser responsabilidad de la Junta Estatal de Caminos (JEC) y se renombró Red Metro y nuevamente cambió a su ruta original que iba desde la Alameda hasta el Eje 124, en la Zona Industrial, por ambos lados de la lateral de carretera 57 y se dijo que se concluiría para abril del 2020; sin embargo, su conclusión fue reprogramada cinco veces: para junio del 2020, agosto del 2020, marzo del 2021, abril del 2021 y septiembre de 2021, pero su inauguración nunca se llevó a cabo.
Una de las características que hacía al sistema de transporte atractivo era que contaría con un carril exclusivo y así agilizar su traslado a los destinos; sin embargo, nunca se construyó, incluso este carril “exclusivo” es usado como estacionamiento por algunos automovilistas.
Se construirían 48 estaciones de las cuales arrancarían 41 y siete más se concluirían después; proyectando 12 rutas en operación; también contaría de inicio con 56 unidades que pasarían cada 10 minutos, aunque actualmente no hay ningún transporte de este tipo circulando por la ciudad, a pesar de que el 8 de octubre el 2021 se vio un camión de prueba que no se ha vuelto a utilizar, algunas de las estaciones hoy se encuentran rayadas, sin techos, no tienen bancas, los pisos son de tierra o simplemente no existen 
El carril está marcado por algunas boyas y una línea blanca, pero esta no se inicia desde la Alameda, tampoco en Avenida Universidad, ni siquiera al entrar a la Carretera 57, sino hasta la avenida José de Gálvez; lo mismo pasa con la pavimentación, pues aunque la obra haya sido planeada desde la administración de Fernando Toranzo, el reencarpetamiento solo avanzó un 50%.
La Red Metro tuvo un costo de 180 millones de pesos, los cuales ya fueron pagados en su totalidad, aunque no hay un proyecto concretado. Leonel Serrato calificó la Red Metro como “un cochinero” y desde el 12 de noviembre del 2021 anunció que realizaría una demanda por estos hechos.
El funcionario estatal dijo que aunque la ejecución fue mala, la planeación del proyecto está bien hecha y es necesaria para la ciudad, por lo que se corregirá y continuará a pesar de lo ocurrido. Esto fue confirmado por el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona el pasado 10 de febrero quien dijo que habría una modificación en la cual la ruta iniciará desde el Saucito hasta el Parque Industrial Logistik.
El secretario de Comunicaciones y Transportes comentó que los precios de la Red Metro ya no representan los mismo costos que hace más de seis años en el gobierno de Toranzo, sino que ahora se calcula que por lo menos costará el doble al estado poder construir un sistema de transporte eficiente, además de lo costoso que dijo, resultará comenzar desde cero las obras que se tendrán que reponer.
No fue hasta este 21 de febrero que el titular de la SCT pudo realizar la denuncia en donde argumentó que fue difícil conformarla, ya que se encubrió mucha corrupción durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López como gobernador, siendo que el proyecto de la Red Metro inició cuando aún era gobernador Fernando Toranzo Fernández, por lo que las investigaciones llegarán hasta estos funcionarios.
La gravedad del asunto recae en que el estado está comprometido a pagar una serie de cosas a Banobras ya que a través de un fideicomiso se erogaron 48 millones de pesos que no fueron aplicados a lo que se suman los 135 millones aproximadamente invertidos por el gobierno estatal, es decir más de 180 millones de pesos fue el costo que presentaron de la obra, sin entregarla funcional.
Serrato aseguró que algunos de los involucrados ocupan actualmente cargos públicos en algunos municipios.
También lee: Otro ex funcionario de Juan Manuel Carreras se va la cárcel
La secretaria Deisy López afirmó que el trámite administrativo ante la SEGE ya concluyó, aunque la Fiscalía mantiene abiertas más de veinte carpetas
Por: Redacción
Deisy Maribel López Sierra, secretaria de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), afirmó que el trámite administrativo del caso de la Universidad Potosina ante su dependencia “ya quedó concluido”.
El caso se originó por la denuncia de 48 exalumnos de la carrera de Medicina de la Universidad Potosina, en Carranza, quienes acusaron a la institución de operar sin el Registro de Validez Oficial de Estudios (REVOE), lo que les impidió obtener título profesional o realizar prácticas clínicas. La Fiscalía General del Estado (FGE) documentó al menos 31 denuncias contra la institución y su entonces rector, Arturo Segoviano García.
Pese al cierre administrativo que reporta la SEGE, la vía penal permanece activa: para julio de 2026 existían al menos 23 carpetas de investigación abiertas desde junio de 2024, y los denunciantes se preparaban para promover un amparo por la lentitud en el avance de las audiencias, de acuerdo con reportes de Astrolabio Diario Digital
El abogado de los exalumnos, Jaime Soria Osornio, ha acusado además una posible colusión entre funcionarios de la propia SEGE y el exrector Segoviano, a quien atribuye una protección institucional que, según él, rebasa la competencia estatal del caso.
La actual administración de la Universidad Potosina se deslindó formalmente de la gestión de Segoviano y opera bajo otra razón social, en un domicilio distinto al plantel señalado por la falta de registro.
También lee: 341 millones en remesas: el banco paralelo de la Huasteca potosina
En 2025, los migrantes de la Huasteca potosina enviaron cuatro veces el dinero que el gobierno federal destinó a infraestructura en la región, en El Naranjo, la brecha llega a 27 a uno
Por: Carlos Ruíz
La Huasteca potosina opera con un presupuesto paralelo que ningún instrumento de gobierno controla: en 2025, sus migrantes enviaron 341 millones de dólares desde Estados Unidos, cuatro veces el dinero federal destinado a infraestructura social en la región ese mismo año.
El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), principal mecanismo del gobierno federal para obra en municipios de alta marginación— distribuyó 1,555 millones de pesos entre los 20 municipios de la Huasteca en 2024.
Las remesas del mismo período equivalen a aproximadamente 6,550 millones de pesos al tipo de cambio promedio de 2025. Por cada peso del FISM, los migrantes mandaron 4.2. Los datos provienen del Banco de México (serie CE166) y del Periódico Oficial del Estado.
El extremo más pronunciado es El Naranjo. El municipio serrano tiene el segundo índice de intensidad migratoria más alto de la región, pues el 11.44% de sus hogares recibe remesas, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), y aun así recibe el FISM más bajo de toda la Huasteca: 23 millones de pesos al año. En 2025, sus migrantes enviaron el equivalente a 626 millones de pesos. 27 veces el monto del FISM.
La brecha no es homogénea. En los municipios del norte y centro de la región: Ciudad Valles, El Naranjo, Tamuín, Xilitla, Tanquián de Escobedo, Tamasopo, las remesas superan al FISM en proporciones de entre 5
El flujo va en aumento. En el primer trimestre de 2026, la Huasteca recibió 73.8 millones de dólares —el dato trimestral más alto desde que existen registros desagregados por municipio, y el 16% del total estatal, la mayor participación histórica. La tendencia coincide con los debates sobre un posible impuesto de 3.5% a las remesas en Estados Unidos propuesto por la administración de Donald Trump. Si esa medida se aplicara, la Huasteca perdería alrededor de 12 millones de dólares al año, más de lo que el FISM asigna a tres de sus municipios juntos.
El FISM calcula sus asignaciones con base en índices de pobreza y rezago social, no en flujos migratorios. En El Naranjo (donde el dinero de los migrantes supera 27 veces al presupuesto federal), la asignación fue la mínima de toda la Huasteca.
También lee: Actividad económica a la baja en SLP: INEGI
El Congreso del Estado derogó este jueves con 22 votos la Ley Serrano, la reforma sobre inteligencia artificial que enfrentó críticas nacionales e internacionales, una impugnación ante la Suprema Corte y meses de presión política
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó este jueves, de manera unánime, con 22 votos a favor, la derogación total de la Ley Serrano, la reforma en materia de inteligencia artificial que en los últimos meses provocó una ola de críticas nacionales e internacionales, una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y presión de organismos de derechos humanos, colectivos de comunicadores y del propio alcalde de la capital.
La ley, impulsada por el diputado local Héctor Serrano y aprobada por mayoría del Congreso en un proceso que el diputado panista Rubén Guajardo calificó de “exprés” —de entre 10 y 11 días, sin un análisis profundo—, endureció las sanciones penales por manipulación de contenido digital y suplantación de identidad mediante inteligencia artificial.
La reforma fue impugnada ante la Suprema Corte por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que argumentó que vulneraba derechos humanos y la libertad de expresión, y motivó procesos penales contra al menos 10 personas señaladas como creadoras de contenido y comunicadores, de acuerdo con el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
La presión por derogarla escaló en julio. El 16 de julio, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que existía consenso entre los poderes del estado, medios de comunicación, academia y organismos descentralizados para derogar de manera “absoluta, total” la ley, y adelantó que una nueva legislación sobre inteligencia artificial se construiría en foros con todos los sectores.
Un día después, el Gobierno del Estado firmó formalmente la iniciativa de derogación, en acuerdo con el Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía General, y la envió al Legislativo para su discusión.
Serrano, autor de la ley que coloquialmente fue nombrada con su apellido, defendió la reforma hasta el último momento. Horas antes de que el Congreso aprobara la derogación este jueves, el legislador había rechazado que las críticas internacionales representaran algo más que una opinión política, calificó el debate en su contra como “politizado por parte de grupos que tienen interés político” y remitió la determinación sobre la legalidad de la norma a la Suprema Corte.
Días antes, había insistido en que la Ley Serrano fue precursora de la regulación de la inteligencia artificial en el país, incluso cuando el propio Gobierno del Estado ya impulsaba su derogación.
El alcalde Galindo, uno de los principales críticos de la norma, había adelantado que la derogación debía significar la exención total de responsabilidad penal para los procesados, pues el tipo penal dejaría de existir, y que esas personas podrían exigir algún tipo de resarcimiento.
Con la derogación aprobada este jueves, el Gobierno del Estado deberá ahora avanzar en la construcción de la nueva ley de inteligencia artificial anunciada por Gallardo, que el mandatario señaló que “pondrá la dignidad humana por encima de cualquier cosa” y buscará proteger a periodistas, columnistas, caricaturistas e influencers, además de combatir a los llamados medios fake.
También lee: Gallardo alista su Quinto Informe de Gobierno; será en Rioverde
-
Destacadas2 añosCon 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras
-
Ciudad4 años
¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?
-
Ciudad4 años
Tornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino
-
Destacadas5 años
“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas
-
Ciudad4 años
Crudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP
-
Estado3 años
A partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales
-
#4 Tiempos4 años
La disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno
-
Destacadas4 años
SLP podría volver en enero a clases online
