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El fraude del metrobús de San Luis Potosí
Con 180 millones de pesos gastados, el proyecto no ha podido arrancar y su infraestructura luce lejos de estar terminada
Por: Ana G. Silva
El 21 de febrero Leonel Serrato Sánchez, secretario de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí (SCT), presentó una denuncia contra los ex funcionarios y particulares que resulten responsables de peculado, cohecho, ejercicio ilícito de la función pública y asociación delictuosa por las obras de la Red Metro, mismas que quedaron inconclusas y que pese a ello, se pagaron en su totalidad, significando un gasto de 180 millones de pesos para el estado. La Orquesta realizó una recopilación de los trabajos realizados, los que no se concretaron y la proyección que se tenía en 2015 cuando inició el proyecto.
El proyecto inicial había sido anunciado por Fernando Toranzo, el cual tenía por objetivo habilitar cuatro corredores para este sistema de transporte, dos de los cuales eran para el sexenio de Juan Manuel Carreras, y se prometió un cambio total en el transporte urbano de San Luis Potosí para agilizar la movilidad hacia la Zona Industrial, no obstante en pleno 2022 el proyecto no ha arrancado.
Los dos primeros corredores proyectados eran: el principal de la Estación de Transferencia en la Alameda hacia la Zona Industrial y el otro que recorrería varias colonias de la capital potosina hasta una de las estaciones del primer corredor; se haría una inversión de 541 millones de pesos y se proyectaba que entre ambos tuvieran una afluencia diaria de 100 mil personas; no obstante, luego se decidió que solo se construiría el primer corredor.
En 2016, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) definió que el metrobús no pasaría por la carretera 57, sino por avenida Industrias, esto debido a la oposición de los vecinos, lo que provocó que la expectativa de uso se redujera en 12 mil usuarios.
Para 2019, la obra pasó a ser responsabilidad de la Junta Estatal de Caminos (JEC) y se renombró Red Metro y nuevamente cambió a su ruta original que iba desde la Alameda hasta el Eje 124, en la Zona Industrial, por ambos lados de la lateral de carretera 57 y se dijo que se concluiría para abril del 2020; sin embargo, su conclusión fue reprogramada cinco veces: para junio del 2020, agosto del 2020, marzo del 2021, abril del 2021 y septiembre de 2021, pero su inauguración nunca se llevó a cabo.
Una de las características que hacía al sistema de transporte atractivo era que contaría con un carril exclusivo y así agilizar su traslado a los destinos; sin embargo, nunca se construyó, incluso este carril “exclusivo” es usado como estacionamiento por algunos automovilistas.
Se construirían 48 estaciones de las cuales arrancarían 41 y siete más se concluirían después; proyectando 12 rutas en operación; también contaría de inicio con 56 unidades que pasarían cada 10 minutos, aunque actualmente no hay ningún transporte de este tipo circulando por la ciudad, a pesar de que el 8 de octubre el 2021 se vio un camión de prueba que no se ha vuelto a utilizar, algunas de las estaciones hoy se encuentran rayadas, sin techos, no tienen bancas, los pisos son de tierra o simplemente no existen 
El carril está marcado por algunas boyas y una línea blanca, pero esta no se inicia desde la Alameda, tampoco en Avenida Universidad, ni siquiera al entrar a la Carretera 57, sino hasta la avenida José de Gálvez; lo mismo pasa con la pavimentación, pues aunque la obra haya sido planeada desde la administración de Fernando Toranzo, el reencarpetamiento solo avanzó un 50%.
La Red Metro tuvo un costo de 180 millones de pesos, los cuales ya fueron pagados en su totalidad, aunque no hay un proyecto concretado. Leonel Serrato calificó la Red Metro como “un cochinero” y desde el 12 de noviembre del 2021 anunció que realizaría una demanda por estos hechos.
El funcionario estatal dijo que aunque la ejecución fue mala, la planeación del proyecto está bien hecha y es necesaria para la ciudad, por lo que se corregirá y continuará a pesar de lo ocurrido. Esto fue confirmado por el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona el pasado 10 de febrero quien dijo que habría una modificación en la cual la ruta iniciará desde el Saucito hasta el Parque Industrial Logistik.
El secretario de Comunicaciones y Transportes comentó que los precios de la Red Metro ya no representan los mismo costos que hace más de seis años en el gobierno de Toranzo, sino que ahora se calcula que por lo menos costará el doble al estado poder construir un sistema de transporte eficiente, además de lo costoso que dijo, resultará comenzar desde cero las obras que se tendrán que reponer.
No fue hasta este 21 de febrero que el titular de la SCT pudo realizar la denuncia en donde argumentó que fue difícil conformarla, ya que se encubrió mucha corrupción durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López como gobernador, siendo que el proyecto de la Red Metro inició cuando aún era gobernador Fernando Toranzo Fernández, por lo que las investigaciones llegarán hasta estos funcionarios.
La gravedad del asunto recae en que el estado está comprometido a pagar una serie de cosas a Banobras ya que a través de un fideicomiso se erogaron 48 millones de pesos que no fueron aplicados a lo que se suman los 135 millones aproximadamente invertidos por el gobierno estatal, es decir más de 180 millones de pesos fue el costo que presentaron de la obra, sin entregarla funcional.
Serrato aseguró que algunos de los involucrados ocupan actualmente cargos públicos en algunos municipios.
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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano
Por: Jorge Saldaña
El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales
El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.
En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.
El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.
“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.
Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.
De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.
Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.
En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.
“La fiscalización no es opcional”, señaló.
El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.
La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.
Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.
Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.
Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.
De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.
En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.
Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.
Lee también: IFSE detecta irregularidades en municipios de SLP
El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.
El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la
“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.
El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.
De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.
Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.
El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.
En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.
El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.
Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.
Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.
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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención
Por: Redacción
A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.
De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.
También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso
Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.
Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.
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