julio 27, 2026

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El fraude del metrobús de San Luis Potosí

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Con 180 millones de pesos gastados, el proyecto no ha podido arrancar y su infraestructura luce lejos de estar terminada

Por: Ana G. Silva

El 21 de febrero Leonel Serrato Sánchez, secretario de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí (SCT), presentó una denuncia contra los ex funcionarios y particulares que resulten responsables de peculado, cohecho, ejercicio ilícito de la función pública y asociación delictuosa por las obras de la Red Metro, mismas que quedaron inconclusas y que pese a ello, se pagaron en su totalidad, significando un gasto de 180 millones de pesos para el estado. La Orquesta realizó una recopilación de los trabajos realizados, los que no se concretaron y la proyección que se tenía en 2015 cuando inició el proyecto.

El proyecto inicial había sido anunciado por Fernando Toranzo, el cual tenía por objetivo habilitar cuatro corredores para este sistema de transporte, dos de los cuales eran para el sexenio de Juan Manuel Carreras, y se prometió un cambio total en el transporte urbano de San Luis Potosí para agilizar la movilidad hacia la Zona Industrial, no obstante en pleno 2022 el proyecto no ha arrancado.

Los dos primeros corredores proyectados eran: el principal de la Estación de Transferencia en la Alameda hacia la Zona Industrial y el otro que recorrería varias colonias de la capital potosina hasta una de las estaciones del primer corredor; se haría una inversión de 541 millones de pesos y se proyectaba que entre ambos tuvieran una afluencia diaria de 100 mil personas; no obstante, luego se decidió que solo se construiría el primer corredor.

En 2016, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obra Pública (Seduvop) definió que el metrobús no pasaría por la carretera 57, sino por avenida Industrias, esto debido a la oposición de los vecinos, lo que provocó que la expectativa de uso se redujera en 12 mil usuarios.

Para 2019, la obra pasó a ser responsabilidad de la Junta Estatal de Caminos (JEC) y se renombró Red Metro y nuevamente cambió a su ruta original que iba desde la Alameda hasta el Eje 124, en la Zona Industrial, por ambos lados de la lateral de carretera 57 y se dijo que se concluiría para abril del 2020; sin embargo, su conclusión fue reprogramada cinco veces: para junio del 2020, agosto del 2020, marzo del 2021, abril del 2021 y septiembre de 2021, pero su inauguración nunca se llevó a cabo.

Una de las características que hacía al sistema de transporte atractivo era que contaría con un carril exclusivo y así agilizar su traslado a los destinos; sin embargo, nunca se construyó, incluso este carril “exclusivo” es usado como estacionamiento por algunos automovilistas.

Se construirían 48 estaciones de las cuales arrancarían 41 y siete más se concluirían después; proyectando 12 rutas en operación; también contaría de inicio con 56 unidades que pasarían cada 10 minutos, aunque actualmente no hay ningún transporte de este tipo circulando por la ciudad, a pesar de que el 8 de octubre el 2021 se vio un camión de prueba que no se ha vuelto a utilizar, algunas de las estaciones hoy se encuentran rayadas, sin techos, no tienen bancas, los pisos son de tierra o simplemente no existen

, ni siquiera la estación principal de arranque fue construida de manera correcta en la Alameda Juan Sarabia, ya que la altura no es la correcta.

El carril está marcado por algunas boyas y una línea blanca, pero esta no se inicia desde la Alameda, tampoco en Avenida Universidad, ni siquiera al entrar a la Carretera 57, sino hasta la avenida José de Gálvez; lo mismo pasa con la pavimentación, pues aunque la obra haya sido planeada desde la administración de Fernando Toranzo, el reencarpetamiento solo avanzó un 50%.

La Red Metro tuvo un costo de 180 millones de pesos, los cuales ya fueron pagados en su totalidad, aunque no hay un proyecto concretado. Leonel Serrato calificó la Red Metro como “un cochinero” y desde el 12 de noviembre del 2021 anunció que realizaría una demanda por estos hechos.

El funcionario estatal dijo que aunque la ejecución fue mala, la planeación del proyecto está bien hecha y es necesaria para la ciudad, por lo que se corregirá y continuará a pesar de lo ocurrido. Esto fue confirmado por el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona el pasado 10 de febrero quien dijo que habría una modificación en la cual la ruta iniciará desde el Saucito hasta el Parque Industrial Logistik.

El secretario de Comunicaciones y Transportes comentó que los precios de la Red Metro ya no representan los mismo costos que hace más de seis años en el gobierno de Toranzo, sino que ahora se calcula que por lo menos costará el doble al estado poder construir un sistema de transporte eficiente, además de lo costoso que dijo, resultará comenzar desde cero las obras que se tendrán que reponer.

No fue hasta este 21 de febrero que el titular de la SCT pudo realizar la denuncia en donde argumentó que fue difícil conformarla, ya que se encubrió mucha corrupción durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López como gobernador, siendo que el proyecto de la Red Metro inició cuando aún era gobernador Fernando Toranzo Fernández, por lo que las investigaciones llegarán hasta estos funcionarios.

La gravedad del asunto recae en que el estado está comprometido a pagar una serie de cosas a Banobras ya que a través de un fideicomiso se erogaron 48 millones de pesos que no fueron aplicados a lo que se suman los 135 millones aproximadamente invertidos por el gobierno estatal, es decir más de 180 millones de pesos fue el costo que presentaron de la obra, sin entregarla funcional.

Serrato aseguró que algunos de los involucrados ocupan actualmente cargos públicos en algunos municipios.

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Violencia e influyentismo: el caso que persigue al alcalde de Cerro de San Pedro

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El pasado 3 de julio el padre de “Chuy” Nava fue detenido por agresiones contra una mujer, sin embargo fue liberado a las pocas horas; no sería la primera carpeta en su contra por este delito

Por: Redacción

A casi un mes de la detención de J. Santos “N”, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava, perteneciente al PRI, el caso se ha convertido en un asunto con implicaciones políticas que amenazan con marcar el futuro del grupo que actualmente gobierna el municipio.

A través de redes sociales, habitantes del municipio han externado sus dudas sobre la actuación de las autoridades, los señalamientos de un posible tráfico de influencias, las versiones sobre presuntas presiones para que la víctima otorgara el perdón y el antecedente de otras investigaciones por hechos similares han colocado al gobierno municipal en el centro de una controversia que trasciende el ámbito judicial y comienza a impactar la imagen del proyecto político de la familia Nava.

La madrugada del 3 de julio comenzaron a difundirse en redes sociales reportes ciudadanos sobre la presunta detención de J. Santos “N”, identificado como padre del alcalde de Cerro de San Pedro.

De acuerdo con las versiones difundidas por vecinos, el hombre habría sido asegurado tras un incidente en agravio de una mujer identificada como Mayra “N”. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.

La información señalaba que el detenido fue trasladado a las celdas preventivas mientras se definía su situación jurídica. Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que había recuperado su libertad el mismo día.

Las críticas por el hecho se dirigieron hacia el presidente municipal, al considerar que su parentesco con el señalado podía influir en el desarrollo del procedimiento.

Durante los días posteriores, diversos usuarios en redes sociales exigieron que el caso fuera investigado sin privilegios, mientras reclamaban que la ley se aplicara de la misma manera que en cualquier otro asunto de violencia contra las mujeres.

Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado públicamente cuál fue el seguimiento jurídico del caso.

No se ha informado cuáles fueron las actuaciones ministeriales derivadas de la detención, si la investigación continúa abierta, ni bajo qué circunstancias se determinó la situación jurídica del señalado. Tampoco existe una postura oficial que responda a los cuestionamientos surgidos entre la población respecto al procedimiento.

Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio aseguraron que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón al presunto agresor. Aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado ni por otra autoridad competente, representa uno de los principales cuestionamientos que rodean el caso, debido a que pondría en entredicho las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento.

De acuerdo con información obtenida por este medio, esta no sería la primera carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de violencia que enfrenta J. Santos “N”; pues hay dos más en los años 2019 y 2020.

La dimensión política comenzó prácticamente desde el primer día. Diversas publicaciones ciudadanas en Facebook cuestionaron que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de su detención y señalaron un posible uso de influencias para favorecerlo.

Incluso algunos mensajes compararon el caso con otros procesos de violencia contra mujeres que sí derivaron en condenas penales, argumentando que la aplicación de la justicia parece variar cuando los involucrados mantienen vínculos con el poder político.

El caso también coincide con el momento en que distintos grupos políticos comienzan a preparar la sucesión municipal.

Fuentes cercanas a la vida política de Cerro de San Pedro señalaron a este medio que integrantes de la familia del actual presidente municipal buscan mantenerse como un grupo con influencia dentro del gobierno local una vez concluida la administración encabezada por Jesús “Chuy” Nava.

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Seis de cada diez potosinos consideran insegura la capital

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La buena noticia es que, comparado con junio de 2025, el indicador bajó 12.3 puntos porcentuales, lo que refleja una mejora respecto al año pasado

Por: Ana G Silva

La percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí aumentó durante el segundo trimestre de 2026, en contraste con la tendencia nacional, que registró una disminución. Sin embargo, al comparar los resultados con el mismo periodo del año pasado, la entidad muestra una mejora importante de más de 12 puntos porcentuales.

La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que el 62.5 por ciento de la población de 18 años y más en la ciudad de San Luis Potosí considera que vivir en la capital es inseguro, frente al 57.6 por ciento reportado en marzo de este mismo año.

Este incremento ocurre mientras que, a nivel nacional, la percepción de inseguridad siguió una trayectoria opuesta. En el conjunto de las 91 ciudades evaluadas por la ENSU, el porcentaje de personas que consideran insegura su ciudad pasó de 61.5 a 59.8 por ciento, lo que representó una disminución estadísticamente significativa respecto al trimestre anterior.

Aunque el aumento registrado en San Luis Potosí no fue señalado por el INEGI como un cambio estadísticamente significativo, sí coloca a la capital potosina por encima del promedio nacional, pues casi dos de cada tres habitantes continúan percibiendo a la ciudad como un lugar inseguro para vivir.

La comparación anual muestra un panorama distinto

Pese al incremento observado entre marzo y junio de este año, el comportamiento cambia al revisar el comparativo anual.

En junio de 2025, 74.8 por ciento de los habitantes de San Luis Potosí afirmaba sentirse inseguro en la ciudad. Para junio de 2026, esa cifra disminuyó a 62.5 por ciento

, es decir, 12.3 puntos porcentuales menos, una reducción que el propio INEGI identifica como estadísticamente significativa.

Esta reducción coloca a San Luis Potosí entre las ciudades que lograron mejorar su percepción de seguridad respecto al año anterior. De acuerdo con la ENSU, 23 ciudades del país registraron disminuciones significativas en la percepción de inseguridad durante el último año, mientras que únicamente seis presentaron incrementos.

A nivel nacional también se observó una mejora anual, al pasar de 63.2 por ciento en junio de 2025 a 59.8 por ciento en junio de 2026.

A pesar de la mejora anual, la capital potosina continúa ubicándose ligeramente por encima del promedio del país en percepción de inseguridad.

Mientras el promedio nacional se ubicó en 59.8 por ciento, en San Luis Potosí alcanzó 62.5 por ciento, una diferencia de 2.7 puntos porcentuales, lo que refleja que la percepción ciudadana sobre la seguridad aún no logra alinearse con la tendencia nacional de recuperación.

La ENSU mide trimestralmente la percepción de seguridad de la población de 18 años y más en 91 ciudades del país, con el objetivo de generar información sobre la forma en que la ciudadanía evalúa las condiciones de seguridad pública y aportar elementos para el diseño de políticas públicas en esta materia.

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Operativo interinstitucional asegura a un presunto agresor de elementos de la GCE

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La Fiscalía potosina, en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión ocurrida la mañana de este domingo

Por: Redacción

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que, tras la agresión a la Guardia Civil Estatal ocurrida esta mañana en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, de esta capital, y en la que fallecieron dos elementos de dicha corporación, la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron a un presunto involucrado en estos hechos.

El operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional se activó justo después de que los números de emergencia reportaran esta mañana la agresión a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones

.

La FGESLP agregó que, conforme avancen las diligencias, se dará a conocer la actualización correspondiente a través de los canales institucionales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.

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