Se pagaron 180 millones de pesos para la construcción, pero solo se avanzó un 25%

Por: Karina González

Este lunes, Leonel Serrato Sánchez, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí, presentó una denuncia contra los exfuncionarios y particulares que resulten responsables de peculado, cohecho, ejercicio ilícito de la función pública y asociación delictuosa por las obras de la Red Metro, mismas que quedaron inconclusas y que pese a ello, se pagaron en su totalidad, significando un gasto de 180 millones de pesos para el estado, cuando se calcula que el monto real que se destinó a este proyecto no llega a los 40 millones.

Leonel Serrato detalló que fue difícil conformar la denuncia, ya que se encubrió mucha corrupción durante el sexenio de Juan Manuel Carreras López como gobernador, siendo que el proyecto de la Red Metro inició cuando aún era gobernador Fernando Toranzo Fernández, por lo que las investigaciones llegarán hasta estos funcionarios.

El 10 de septiembre de 2021 se hizo un último pago para concluir la obra, cuando en realidad, dijo Serrato Sánchez, no existe un carril confinado, ni paradas o parabuses; tampoco están las 22 unidades del transporte aunque se pagaron 4 y se comprometió el pago de las otras.

La gravedad del asunto recae en que el estado está comprometido a pagar una serie de cosas a Banobras ya que a través de un fideicomiso se erogaron 48 millones de pesos que no fueron aplicados a lo que se suman los 135 millones aproximadamente invertidos por el gobierno estatal, es decir más de 180 millones de pesos fue el costo que presentaron de la obra, sin entregarla funcional.

Banobras tiene comprometida una línea de crédito 266 millones de pesos para la segunda línea de la Red Metro y lamentablemente el estado no va a poder acceder a ella si no se concluye la primera, misma que repitió, está pagada en su totalidad, pero no está construida ni siquiera en un 25 por ciento.

Además, los precios de la Red Metro ya no representan los mismo costos que hace más de seis años, en el gobierno de Toranzo, sino que ahora se calcula que por lo menos costará el doble al estado poder construir un sistema de transporte eficiente, además de lo costoso que dijo, resultará comenzar desde cero las obras que se tendrán que reponer.

“Son varios responsables de diversas dependencias de gobierno de Toranzo y Carreras, pero van desde los exgobernadores hasta secretarios de desarrollo, los y las directoras de la junta estatal de caminos, la secretaría de finanzas y además constructores particulares, son alrededor de 60 personas coludidas en el saqueo”, dijo el secretario.

Serrato aseguró que algunos de los involucrados ocupan actualmente cargos públicos en algunos municipios, dejando entrever la posibilidad de que las investigaciones toquen al actual secretario general de la capital potosina, Fernando Chávez Méndez, quien concluyó el periodo de Juan Manuel Carreras frente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. “Hay quienes tienen cargos en administraciones municipales. El delito de corrupción no alcanza fianza y al suceder la acusación deberán separarse de sus cargos”, dijo.

Sobre la actual infraestructura de la Red Metro, el titular de SCT señaló que pidieron al Fiscal General del Estado, José Luis Ruiz Contreras una certificación para que el gobierno pueda tener intervención en el proyecto pese a las investigaciones, para poder utilizarla, sin embargo, adelantó que esto requerirá de mucha documentación del actual estado de la red.

Por otra parte, Leonel Serrato anunció que se trabaja en la presentación de otras tres denuncias, una por disposición indebida de recursos en materia de telecomunicaciones, ya que las antenas no están en poder de gobierno sino en manos de un particular concesionadas.

Otra por uso indebido de insumos durante la pandemia, que aunque mencionó que no representa una gran saqueo económico, requiere ser señalada porque se robaron el dinero de cubrebocas, gel y dispensadores. Y la última denuncia se debe al uso indebido de trajeras de prepago en la pandemia, porque se solicitaron 15 millones de pesos para programas de ayuda que no se entregaron ni a estudiantes, ni a amas de casa a nadie y no se tiene registro de todas las tarjetas, sino únicamente de un gasto de 800 registros.

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