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El doloroso adiós de 29 programas a Radio Universidad
Locutores y productores aseguran haber sido dejados sin sus espacios sin explicaciones y con malos tratos; es parte de una renovación, dice la directora Ana Isabel Méndez
Por: Ana Dora
El pasado 10 de junio, a través de redes sociales, Ana Neumann comunicó a radioescuchas, seguidores y amigos la abrupta salida de su programa radiofónico Antología, de la estación 88.5 FM Radio Universidad. La razón, de acuerdo con su testimonio, se debió a la decisión de la directora de Radio y Televisión Universitaria, Ana Isabel Méndez Ortiz.
Ana Neumann informó a diversos medios de comunicación que la directora de Radio y Televisión Universitaria le solicitó diversos requisitos para poder mantener Antología al aire, y que, después de una marcada presión de Méndez Ortiz, la cuentacuentos no tuvo otra alternativa más que ceder y dejar definitivamente Radio Universidad, después de 19 años, dos meses y 9 días de colaborar con esa estación.
Posteriormente a que Ana Neumann hiciera pública su salida de Radio y Televisión Universitaria, otros más se le unieron: productores y locutores manifestaron exigencias, tratos hostiles y diversas anomalías por parte de la directora de radio.
Desde la llegada de Ana Isabel Méndez Ortiz como directora de Radio y Televisión Universitaria en julio del 2016, y de acuerdo con diversos testimonios, fuentes que solicitaron anonimato, la funcionaria comenzó a hacer una serie de cambios en la estructura administrativa y operativa, con la anuencia del rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Manuel Fermín Villar Rubio.
Los testimonios narran que Méndez Ortiz tiene un trato grosero con el público, colaboradores y trabajadores, por lo que comenzó una tensa situación laboral dentro de esa dirección. Con el argumento de modernizar la programación, la directora tomó la decisión de retirar definitivamente programas, algunos con casi treinta años al aire.
Fueron 29 programas radiofónicos los que han salido del aire por la decisión de Ana Isabel de modernizar la programación. Otro, del Inpojuve, dejó de transmitirse por la cancelación del programa federal Prospera, ya que no hubo manera de sostener a los becarios que participaban.
José Manuel Castillo, locutor de Tardes del Rock, narra que en abril del 2018, Méndez Ortiz, sin explicación alguna, decidió sacarlo del aire “de la noche a la mañana, dijo que mi programa ya no estaría”. Fue a través de un correo electrónico como la dirección le comunicó que finalizaba su intervención en Radio Universidad. José Manuel es también trabajador de la UASLP e indicó que a causa de la presión de la directora tuvo que pedir un permiso por seis meses. Tardes del Rock estuvo al aire por cinco años: “En el programa se interactuaba con los radioescuchas, transmitía rock en español e invitaba bandas locales”. A causa de la intempestiva salida tuvo que cancelar entrevistas ya agendadas a dos meses. Era transmitido los miércoles de 7 a 8 de la noche: “mi programa le daba vida a esa hora”, dice José Manuel, quien asegura ya tener otros proyectos en puerta. “A la Universidad y a Radio le debo todo”, asegura el locutor, pues llevaba 11 años trabajando en ese lugar. Lamenta que la dirección actual no aprecie el trabajo de productores y locutores que han colaborado por décadas sin recibir remuneración alguna.
Otro testimonio, el de Eduardo Alonso Ramírez, productor de Las grandes bandas de Radio Universidad, externó a este medio que al igual que la denuncia de otros productores, la directora Ana Isabel Méndez lo sacó de la programación sin darle una explicación. Comentó que un día de marzo llegó a cabina y una persona de oficina le dijo “tu programa se suspende hasta nuevo aviso”, sin mayor explicación y muchos menos la presencia de la directora de Radio y Televisión Universitaria. Eduardo llevaba 30 años colaborando con Radio Universidad sin recibir remuneración alguna. Su trabajo lo hacía por pasión y amor en transmitir la música del recuerdo, colecciones únicas propiedad de su familia. En Las grandes bandas de Radio Universidad se podía escuchar a Glenn Miler, Ray Conniff, Aretha Franklin, entre otros. Se transmitía los sábados de 2 a 4 de la tarde. En su lugar, Ana Isabel Méndez decidió programar “Selecciones de Radio Universidad”, algo así como música pop o moderna. Alonso Ramírez dice no querer dinero, solo exige un trato respetuoso por los años que dio a esa Casa de Estudios, comentó que a diferencia de otros testimonios, Méndez Ortiz siempre tuvo un trato respetuoso con él, y que es por eso que se siente ofendido, porque desde su salida la directora no ha tenido contacto: “nunca me citó para darme las gracias por los 32 años que colaboré gratuitamente con Radio Universidad” .
Además de manifestar su inconformidad por los tratos hostiles de la directora de Radio y Televisión Universitaria, los productores señalaron su preocupación por las condiciones del acervo sonoro de Radio Universidad, pues mencionaron que los discos y acetatos fueron trasladados por instrucciones de la dirección a la Preparatoria número 1, actual bodega, en la colonia Fresnos, y desconocen las condiciones de los mismos. También denuncian que no hay catálogo ni las condiciones adecuadas para la conservación del acervo que posee la historia de sus programas.
Buscan nuevas audiencias, dice Méndez Ortiz
La Orquesta acudió a la Dirección de Radio y Televisión Universitaria, con Ana Isabel Méndez Ortiz, quien comentó que los cambios se deben a una reestructuración de las estaciones de radio con el objetivo de fortalecer los contenidos para que atraigan a diferentes audiencias: “Hemos dedicado espacios a una barra infantil”, señaló.
Respecto a las inconformidades de productores y locutores, Ana Isabel Méndez respondió que los programas que salieron fueron a causa de la decisión de cada productor, por negarse a seguir los nuevos lineamientos: “En realidad aquí a nadie se le corrió”. De Antología, con Ana Neumann, no se ha tenido contacto, dijo la directora de Radio y Televisión Universitaria.
También se le cuestionó sobre los señalamientos por presuntos tratos groseros y hostiles de su parte: Méndez Ortiz negó y dijo no haber escuchado esas acusaciones, “cada quien puede expresarse de manera libre, somos un espacio de servicio, ese tipo de actitudes no las incentivamos, por tanto no puedo decir más”.
La directora de Radio y Televisión Universitaria indicó que los nuevos lineamientos van de acuerdo a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en el año 2014, y a pesar de que lleve más de cuatro años de vigencia, apenas en el 2018 se aplicó en esa dirección. Dijo también que anteriormente se estaba en una “zona de confort” y que ahora se está en un ejercicio de actualización continuo, por lo que habrá más cambios.
Radio Universidad es una estación de orden cultural, no hay un pago para los productores ni locutores, y a pesar de que la directora dijo estar consciente de que estos lo hacían tan solo por “el gusto de compartir su conocimiento y su amor a la música”, la Dirección no contempló alguna forma para agradecer el servicio otorgado, en algunos casos, por décadas.
Ana Isabel Méndez indicó que ningún programa salió por rating, aunque estas mediciones no llegan directamente ahí sino a la dirección de Comunicación Social.
Respecto a las decisiones de restructuración, Méndez Ortiz dijo no haber solicitado la opinión del Consejo Ciudadano, órgano autónomo que de acuerdo con la Ley citada tiene atribuciones de consulta para establecer acciones en las políticas, programas y proyectos.
“En realidad yo vi la opinión del presidente del Consejo en una columna en la que presta sus servicios. Reconocía que estábamos en proceso de cambio y restructuración y que es evidente que haya resistencia al respecto”.
También señaló que la Defensoría de las Audiencias, a cargo de Filiberto Juárez, tampoco fue consultada para los cambios.
“Todos los cambios derivan de la adecuación a ley”, aseguró Méndez Ortiz.
Confirma Fiscalía el hallazgo de una mujer sin vida en Soledad
Ciudad
Presunto abuso contra ocho niñas sacude nuevamente a la Iglesia potosina
Arquidiócesis admite salida del señalado y surgen dudas sobre actuación de Fiscalía
A más de una década del escándalo del sacerdote Eduardo Córdova, nuevas denuncias de violencia sexual infantil alcanzan a una capilla de Prados. Familias señalan que la Fiscalía dejó libre al presunto agresor, mientras la Iglesia informa que el trabajador renunció voluntariamente y ofrece colaborar con las investigaciones.
Por: Redacción
La Arquidiócesis de San Luis Potosí enfrenta un nuevo caso de presunto abuso sexual infantil que revive los cuestionamientos sobre la protección de menores en espacios religiosos, la responsabilidad de las autoridades eclesiásticas y la capacidad de las instituciones de justicia para responder a denuncias de esta gravedad.
Esta vez el señalado no es un sacerdote, sino un trabajador de una capilla ubicada en la colonia Prados, a quien se atribuyen presuntas agresiones sexuales contra al menos ocho niñas de entre cinco y 13 años de edad.
La diferencia en su condición laboral o religiosa no disminuye la gravedad de los señalamientos ni elimina la necesidad de esclarecer qué mecanismos de vigilancia y protección existían dentro del recinto, cómo se permitió el contacto del trabajador con las menores y cuál fue la reacción de los responsables de la capilla al conocer las acusaciones.
Mientras las familias exigen justicia, la respuesta pública de la Arquidiócesis se ha concentrado en informar que el señalado dejó de trabajar en el lugar mediante una renuncia voluntaria, que está dispuesta a colaborar con la Fiscalía General del Estado (FGE) y que ofrecerá acompañamiento psicológico a las posibles víctimas.
Sin embargo, permanecen sin respuesta preguntas fundamentales: ¿cuándo conocieron las autoridades religiosas los primeros señalamientos?, ¿qué medidas adoptaron para proteger a las niñas?, ¿se investigó la posible existencia de otras víctimas? y ¿qué responsabilidad corresponde a quienes tenían a su cargo la supervisión del trabajador?
A ello se suma un señalamiento particularmente delicado: de acuerdo con información proporcionada por familiares de las menores, la Fiscalía habría dejado en libertad al presunto agresor, una circunstancia cuya situación jurídica y razones deben ser aclaradas por la autoridad ministerial.
Representantes de la Arquidiócesis confirmaron que el trabajador señalado ya no presta servicios en la capilla y explicaron que presentó su renuncia de manera voluntaria. Según la información proporcionada, habría dejado el lugar desde el pasado viernes.
También reconocieron que, ante la naturaleza de las acusaciones, no podían permitir que continuara teniendo contacto con menores de edad mientras se esclarecen los hechos.
Sin embargo, la salida del trabajador no resuelve las interrogantes sobre la responsabilidad institucional.
La Arquidiócesis no ha explicado públicamente si existieron reportes anteriores sobre su conducta, qué controles se aplicaban al personal que convivía con niñas y niños o si se abrió alguna investigación interna para determinar posibles omisiones de quienes estaban al frente del recinto religioso.
Tampoco ha quedado establecido si la separación ocurrió por una decisión preventiva de la institución o exclusivamente por la renuncia presentada por el propio señalado.
El caso exige respuestas que van mucho más allá de confirmar que el trabajador ya no se encuentra en la capilla.
Familias denuncian liberación del presunto responsable; Fiscalía debe aclarar su situación
Otro de los aspectos que incrementa la preocupación es la actuación de la Fiscalía General del Estado.
Familiares de las menores sostienen que el presunto responsable fue dejado en libertad, pese a la existencia de denuncias por posibles agresiones sexuales.
Hasta ahora, con la información disponible, no se ha establecido oficialmente si el señalado fue detenido, presentado ante el Ministerio Público o sujeto a alguna medida cautelar, ni bajo qué circunstancias habría quedado libre.
Toca a la Fiscalía esclarecer estos puntos, así como precisar el estado procesal de las denuncias y las medidas adoptadas para proteger a las niñas y evitar cualquier riesgo de intimidación o acercamiento por parte del investigado.
La reserva legal de las carpetas de investigación no impide que la autoridad proporcione información general sobre sus actuaciones, sin comprometer las indagatorias ni revelar la identidad de las víctimas.
La activista Marilú González, quien hizo públicos los señalamientos, aseguró que existen ocho carpetas de investigación relacionadas con los hechos y advirtió sobre la posibilidad de que haya más menores afectadas.
De confirmarse la existencia de múltiples víctimas, la investigación tendría que establecer si las presuntas agresiones ocurrieron durante un periodo prolongado y si existieron circunstancias que facilitaron su repetición.
El arzobispo, ausente de la primera respuesta
La actuación de la jerarquía eclesiástica también ha generado cuestionamientos.
Tras hacerse públicas las denuncias, representantes de la Arquidiócesis señalaron inicialmente que el arzobispo no estaba enterado del caso y que se encontraba fuera de la ciudad.
Explicaron que las madres habían anunciado su intención de acudir al Arzobispado, aunque no precisaron horario ni identidades por razones de protección.
La respuesta incluyó la posibilidad de que el arzobispo se reuniera con ellas posteriormente, sin establecer una fecha concreta.
La activista Marilú González denunció que acudió a buscar un acercamiento con el máximo representante de la Iglesia católica potosina, pero no fue recibida.
La situación plantea un cuestionamiento sobre los mecanismos internos de comunicación y atención a víctimas: ¿cómo se informa a la máxima autoridad religiosa sobre acusaciones de violencia sexual contra menores y quién asume la responsabilidad inmediata de atenderlas?
La ausencia física del arzobispo no debería impedir la activación de protocolos de protección ni una respuesta institucional oportuna ante denuncias de esta naturaleza.
La sombra del caso Eduardo Córdova vuelve sobre San Luis Potosí
Las denuncias en Prados adquieren una dimensión particularmente sensible por los antecedentes de la Iglesia católica en San Luis Potosí.
En 2014 estalló públicamente el escándalo del sacerdote Eduardo Córdova Bautista, quien había ocupado cargos de relevancia dentro de la Arquidiócesis, incluido el de representante legal, y fue señalado por múltiples víctimas de abuso sexual.
Las denuncias revelaron una historia de acusaciones que se remontaba a años anteriores y dieron lugar a graves cuestionamientos sobre el conocimiento que las autoridades eclesiásticas tenían de los hechos y su actuación frente a ellos.
El caso se convirtió en uno de los episodios más graves y emblemáticos de las denuncias de abuso sexual clerical en San Luis Potosí.
Más de una década después, las acusaciones de la colonia Prados obligan a revisar si las lecciones de aquel escándalo se tradujeron en mecanismos eficaces de prevención, vigilancia y atención a víctimas.
Aunque los hechos y las personas señaladas en ambos casos son distintos, existe una preocupación institucional común: la seguridad de niñas, niños y adolescentes que participan en actividades religiosas y depositan su confianza en quienes tienen responsabilidades dentro de esos espacios.
La Iglesia potosina enfrenta nuevamente el desafío de demostrar que su compromiso con la protección de menores se traduce en acciones verificables, y no únicamente en declaraciones públicas después de que las denuncias salen a la luz.
Otras posibles víctimas y la obligación de evitar nuevos daños
Representantes de la Arquidiócesis reconocieron que dos madres acudieron a informar sobre los presuntos abusos y señalaron que, de acuerdo con lo que les comunicaron, podría haber más víctimas.
Según la información proporcionada, las madres conocieron los hechos el pasado 10 de noviembre, después de que sus hijas les relataron lo ocurrido, y acudieron a presentar denuncias formales.
La institución religiosa invitó a otras familias que pudieran tener información sobre posibles agresiones a denunciar ante las autoridades.
También ofreció proporcionar a la Fiscalía los expedientes, datos de identificación del trabajador y acceso a los espacios de la capilla que resulten necesarios para las investigaciones, además de acompañamiento psicológico especializado.
Estas medidas deberán traducirse en una atención efectiva, con personal capacitado, protección de la identidad de las niñas y procedimientos que eviten obligarlas a repetir innecesariamente sus testimonios.
La prioridad debe ser la seguridad y recuperación de las posibles víctimas, sin presiones para retirar denuncias, conciliar hechos de naturaleza penal o guardar silencio en nombre de la reputación institucional.
Una prueba para la Iglesia y para la justicia potosina
Las acusaciones de Prados colocan bajo escrutinio a dos instituciones: la Arquidiócesis, por su responsabilidad de garantizar entornos seguros en sus espacios de culto y formación, y la Fiscalía, por su obligación de investigar con diligencia los posibles delitos contra menores de edad.
La presunción de inocencia del trabajador señalado debe respetarse, pero ello no limita el derecho de las niñas a recibir protección ni la obligación de investigar de manera exhaustiva.
La renuncia del acusado tampoco extingue posibles responsabilidades penales ni sustituye el esclarecimiento de eventuales omisiones institucionales.
Para una sociedad que aún recuerda el caso Córdova, las respuestas no pueden reducirse a informar que el presunto responsable ya no trabaja en una capilla o que la autoridad eclesiástica se reunirá eventualmente con las familias.
También lee: Iglesia condena feminicidios, pero rechaza daños en La Compañía
Destacadas
“Hay mucho trabajo que hacer por la capital y estoy listo”: Juan Carlos Valladares
El diputado federal del PVEM dijo que las definiciones para los nombres de las candidaturas del proceso electoral potosino están en su recta final y aseguró que siempre ha estado preparado para participar.
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal del PVEM, se declaró listo para el proceso electoral y adelantó que muy pronto habrá noticias sobre las definiciones: “Estamos preparados, siempre he estado… estoy listo”.
A pregunta expresa sobre su posicionamiento en encuestas y las menciones tanto de la dirigencia de su partido como del propio gobernador del estado, el también empresario indicó que en estos momentos se está en la recta final de las definiciones y adelantó que pronto habrá noticias al respecto.
Sobre las encuestas con las que el Verde elegirá a sus candidatos dijo confiar en las que son serias y cree en ellas y anticipó que “Seguramente, si hemos hecho un buen trabajo, vamos a estar arriba”.
Sobre la capital potosina, Valladares Eichelmann indicó que hay todavía “mucho trabajo que hacer, mucho por construir y muchas áreas de oportunidad”
Juan Carlos Valladares es uno de los perfiles que el Partido Verde baraja para la alcaldía de la capital. En julio, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, lo mencionó junto con Sonia Mendoza Díaz así como el propio gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, que lo ha mencionado en distintas ocasiones.
Las definiciones de los y las candidatas del Partido Verde se tomarán en la primera semana de enero del 2027 como se ha dado a conocer en otras oportunidades.
También lee: Verde será el último en definir candidatos en SLP: Gallardo
Ciudad
SSPC capitalina alista campaña para cuidar el aguinaldo
El director de la SSPC capitalina dijo que la policía cibernética encabezará la campaña y que se reforzará la presencia en el centro histórico y las principales plazas
Por: Redacción
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital prepara una campaña para cuidar el aguinaldo, con énfasis en la policía cibernética, ante la temporada en que muchas personas recibirán su aguinaldo y sus fondos de ahorro. Lo informó su director, Juan Antonio Villa Gutiérrez.
Dijo que reforzarán la presencia en el centro histórico y en las principales plazas, “sin dejar de lado” las colonias.
Cajeros del centro histórico
Villa Gutiérrez explicó que en los cajeros se cubrirán principalmente los del centro histórico, “donde hay una mayor cantidad de gente que acude”. No precisó cuántos elementos se destinarán.
Añadió que estarán atentos a los “desplazadores de tarjetas”
, personas que llegan con engaños a intercambiar una tarjeta mala por una buena. Después, dijo, la víctima no se da cuenta de las disposiciones de efectivo que hacen con ella.Fraudes en línea
El director recordó que en estas fechas aumentan los fraudes, con páginas que ofertan productos a un costo muy bajo, y que “ha habido ocasiones en que la gente cae” en ellos. Durante el Buen Fin, la policía cibernética dio de baja 60 páginas apócrifas.
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