Estado
Ejidatarios de Tamuín fueron despojados de sus tierras desde 1963, denuncian
Autoridades del ejido La Palma, en Tamuín, dijeron que en el lugar existen plantas cementeras y termoeléctricas que los despojaron de sus tierras
Por: Redacción
Autoridades del ejido “La Palma” en el municipio de Tamuín fueron atendidas por el presidente de la Comisión del Agua, Mario Lárraga Delgado, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Pedro César Carrizales Becerra, ante quienes expusieron la problemática que viven desde hace décadas por el funcionamiento de dos plantas termoeléctricas y una cementera.
Pidieron la intervención del Congreso del Estado para que las autoridades federales, estatales y municipales impidan el funcionamiento de esas empresas y les restituyan las tierras y el agua que son de su propiedad, ya que durante años han sido ignorados y “lo único que nos han dado son órdenes de aprehensión”.
Los inconformes dijeron que, además de la grave contaminación de ríos, mantos freáticos y medio ambiente, fueron despojados de sus tierras por las grandes empresas que pertenecen a particulares extranjeros y que no dejan ningún beneficio para los habitantes, pues, al contrario, no reciben programas sociales ni respaldo oficial de ninguna índole .
El apoderado general Ernesto Vázquez Torres, acompañado de la presidenta del comisariado ejidal Nora Elena González, así como sus abogados y habitantes de la zona, señalaron que en 1963 les fueron expropiadas por causa de utilidad pública un total de 1 mil 266 hectáreas, de las cuales, con el pretexto de crear el corredor industrial de Tamuín .
“En todos estos años de lucha lo único que hemos recibido es cárcel, persecución, humillación e indiferencia a nuestras exigencias, hemos estado en la cárcel, nos reprimen, y nosotros no queremos que nos den la razón, solamente que atiendan nuestras demandas y se actúe en consecuencia”, apuntó el apoderado general.
Denunciaron que los desechos industriales van a parar al rio Tampaón, “están derrochando toda el agua cuando nosotros no tenemos en las casas, pero además la contaminan, hay casos de cáncer y de otras enfermedades, pero ninguna autoridad nos escucha, es la primera vez que el Congreso del Estado nos abre sus puertas para que podamos exponer la problemática”.
El presidente de la Comisión del Agua diputado Mario Lárraga dijo que la presidenta municipal de Tamuín puede actuar, revisando los permisos y licencias de funcionamiento de las empresas y verificar que todo se encuentre en orden, “la situación ya no es como antes y nos comprometemos a revisar el caso”, mencionó.
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Estado
TEPJF anula nombramiento de José Luis Ruiz Contreras como magistrado en SLP
Su paso reciente como fiscal general lo inhabilita para ocupar el cargo, determina el tribunal electoral federal
Por: Redacción
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que José Luis Ruiz Contreras, exfiscal general del estado de San Luis Potosí, no es elegible para ocupar el cargo de magistrado del Poder Judicial local, al considerar que no cumple con los requisitos establecidos en las constituciones federal y estatal.
La sentencia señala que Ruiz Contreras se encuentra impedido constitucionalmente para acceder a la magistratura debido a que ejerció funciones como fiscal dentro del año anterior a la convocatoria, lo cual infringe el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 92 de la Constitución del Estado de San Luis Potosí.
Derivado de este fallo, el TEPJF decidió revocar parcialmente la resolución emitida por el Tribunal Electoral local, dejando sin efecto la constancia de asignación
previamente otorgada a Ruiz Contreras. Asimismo, ordenó al instituto electoral del estado reasignar la posición a la siguiente persona con mayor número de votos , siempre y cuando cumpla con todos los requisitos legales de elegibilidad.Durante el análisis del caso, los magistrados federales argumentaron que la naturaleza del cargo de fiscal, ligado a la función de procuración de justicia, no permite un paso inmediato al ámbito jurisdiccional, debido a que se trata de esferas con funciones distintas dentro del sistema judicial.
También subrayaron que la vacante deberá cubrirse respetando los principios democráticos, priorizando a la persona con mayor respaldo ciudadano, sin importar el género, siempre que sea jurídicamente apta para el cargo.
Con esta decisión, el máximo órgano electoral del país reafirma su compromiso de garantizar que la conformación del Poder Judicial en San Luis Potosí se realice con pleno apego a los principios constitucionales, legales y democráticos.
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Estado
Conflicto de Valeo impacta industria automotriz a nivel nacional, reconoce STPS
Gobierno buscó evitar toma de plantas para no afectar industria automotriz, pues el conflicto impacta a armadoras como GM y BMW
Por: Redacción
Crisógono Sánchez Lara, secretario del Trabajo y Previsión Social, subrayó que, pese a las tensiones, la mediación ha evitado bloqueos o tomas de plantas que afectarían la producción automotriz.
“Si bien es cierto, esto impacta la industria automotriz, porque Valeo surte a GM, BMW y otras armadoras, hemos logrado concientizar y conciliar con los propios ex trabajadores para que no se presentara este problema”, señaló.
El funcionario aseguró que la resolución del conflicto de utilidades de la empresa Valeo está en manos del SAT, organismo que definirá los términos del pago pendiente a ex trabajadores y trabajadores activos.
“Lo de Valeo ustedes saben que nosotros somos muy respetuosos del manejo de la ley. Y aquí la resolución la tiene el SAT. El SAT en su momento tendrá que decidir en qué términos podría quedar lo de Valeo”, declaró.
Recordó que en una primera etapa se pagaron más de 261 millones de pesos en utilidades, y que estaba previsto un segundo y tercer pago, aunque el proceso legal ha retrasado su cumplimiento. “El primer pago fue más de 261 millones de pesos y se iba a pagar un segundo y un tercero en las mismas condiciones, pero ustedes saben que es un proceso que lleva a cabo el SAT ”, explicó.
Sobre las versiones de que solo se beneficiaría a los trabajadores sindicalizados en activo, Sánchez Lara aclaró que la definición no depende de la Secretaría. “La resolución debe traer una cantidad, naturalmente no la misma que se pagó en el primer pago, pero es un tema que corresponde al SAT y a los resultados de los despachos jurídicos de las partes”.
En cuanto a la posibilidad de que ex empleados protesten durante la próxima visita de Claudia Sheinbaum a San Luis Potosí, el titular de la STPS reconoció su derecho a la libre manifestación, aunque pidió prudencia: “Nunca le hemos cortado a ningún trabajador la libertad de expresión, lo único que pedimos es que no se dañe a terceros, porque si se cometen delitos tendrán que responder como ciudadanos”.
Finalmente, destacó que el gobierno estatal busca mantener la estabilidad laboral en la entidad. “Nos hemos estado manejando de una manera como debe de ser en San Luis Potosí, cuidando siempre la paz laboral que tenemos”, concluyó.
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Estado
Voz y Dignidad por los nuestros acusa al Congreso de SLP de darles la espalda
Acusan falta de voluntad para legislar en materia de personas desaparecidas y exigen la creación de una fiscalía especializada
Por: Redacción
Integrantes del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros, en conjunto con abogados de la Clínica de Litigio Estratégico de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), se manifestaron en las afueras del Congreso del Estado para anunciar la presentación de un amparo indirecto contra el propio Poder Legislativo.
El recurso fue interpuesto por lo que consideran una omisión criminal del Congreso al no armonizar la legislación en materia de desaparición de personas, como lo establece el marco legal y constitucional, y por su negativa reiterada a crear una fiscalía especializada en desapariciones.
Además, denunciaron múltiples violaciones y omisiones por parte del Gobierno del Estado en relación con este tema, señalando que los casos de desaparición han incrementado considerablemente en los últimos años.
“Han pasado casi 8 años de promesas rotas, de discursos vacíos y de fotos conmemorativas que nada cambian la realidad. El Congreso y las autoridades que alguna vez se proclamaron aliadas de las familias buscadoras han demostrado que su memoria es corta, su palabra hueca y su compromiso inexistente”, expresaron las integrantes del colectivo.
Criticaron la postura de las autoridades, señalando que no muestran empatía ni voluntad real para atender el sufrimiento de las familias de personas desaparecidas: “La omisión legislativa no es un descuido burocrático, es una forma de violencia institucional. Es el reflejo de un Estado indolente, insensible e incapaz de responder a la crisis de desapariciones que vive San Luis Potosí.
Mientras se legisla con rapidez para negocios, intereses políticos o reformas menores.”Explicaron que decidieron presentar el amparo debido a que han perdido la confianza en las instituciones: “Si el Congreso no actúa por voluntad ni por conciencia, tendrá que hacerlo obligado por la justicia federal. El recurso legal es la única vía que nos queda.”
También lanzaron una crítica directa al discurso oficial: “Ese es el verdadero rostro de San Luis Potosí: un Estado que presume logros en sus informes de gobierno, pero calla su deuda más dolorosa, la indiferencia ante la desaparición. Ojalá tuvieran el valor de decirlo en sus discursos oficiales.”
Finalmente, agradecieron el apoyo de los abogados de la UASLP y reiteraron su exigencia de justicia y la creación inmediata de una fiscalía especializada, advirtiendo que “cada día de omisión es un día más de impunidad y de sufrimiento para las familias.”
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