Estado
Ejidatarios de Tamuín fueron despojados de sus tierras desde 1963, denuncian
Autoridades del ejido La Palma, en Tamuín, dijeron que en el lugar existen plantas cementeras y termoeléctricas que los despojaron de sus tierras
Por: Redacción
Autoridades del ejido “La Palma” en el municipio de Tamuín fueron atendidas por el presidente de la Comisión del Agua, Mario Lárraga Delgado, y el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Pedro César Carrizales Becerra, ante quienes expusieron la problemática que viven desde hace décadas por el funcionamiento de dos plantas termoeléctricas y una cementera.
Pidieron la intervención del Congreso del Estado para que las autoridades federales, estatales y municipales impidan el funcionamiento de esas empresas y les restituyan las tierras y el agua que son de su propiedad, ya que durante años han sido ignorados y “lo único que nos han dado son órdenes de aprehensión”.
Los inconformes dijeron que, además de la grave contaminación de ríos, mantos freáticos y medio ambiente, fueron despojados de sus tierras por las grandes empresas que pertenecen a particulares extranjeros y que no dejan ningún beneficio para los habitantes, pues, al contrario, no reciben programas sociales ni respaldo oficial de ninguna índole 
El apoderado general Ernesto Vázquez Torres, acompañado de la presidenta del comisariado ejidal Nora Elena González, así como sus abogados y habitantes de la zona, señalaron que en 1963 les fueron expropiadas por causa de utilidad pública un total de 1 mil 266 hectáreas, de las cuales, con el pretexto de crear el corredor industrial de Tamuín 
“En todos estos años de lucha lo único que hemos recibido es cárcel, persecución, humillación e indiferencia a nuestras exigencias, hemos estado en la cárcel, nos reprimen, y nosotros no queremos que nos den la razón, solamente que atiendan nuestras demandas y se actúe en consecuencia”, apuntó el apoderado general.
Denunciaron que los desechos industriales van a parar al rio Tampaón, “están derrochando toda el agua cuando nosotros no tenemos en las casas, pero además la contaminan, hay casos de cáncer y de otras enfermedades, pero ninguna autoridad nos escucha, es la primera vez que el Congreso del Estado nos abre sus puertas para que podamos exponer la problemática”.
El presidente de la Comisión del Agua diputado Mario Lárraga dijo que la presidenta municipal de Tamuín puede actuar, revisando los permisos y licencias de funcionamiento de las empresas y verificar que todo se encuentre en orden, “la situación ya no es como antes y nos comprometemos a revisar el caso”, mencionó.
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Estado
Veto de Gallardo a Ley de Paridad, acto de responsabilidad constitucional: José Luis Fernández
El diputado federal consideró que esta acción no debe leerse como un paso atrás en la paridad
Por: Redacción
José Luis Fernández Martínez, diputado federal por San Luis Potosí opinó que la decisión del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de ejercer su derecho de veto contra la reforma electoral que pretendía obligar a los partidos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027, no debe leerse como un paso atrás en la paridad, sino como un acto de responsabilidad constitucional y una muestra de confianza política.
Para el legislador federal, Gallardo Cardona ha sido claro en su postura ya que no se opone a la igualdad de género, sino que su intención es garantizar que cualquier cambio en las reglas del juego sea jurídicamente sólido y en su carácter de Ejecutivo estatal buscar evitar que San Luis Potosí caiga en controversias legales que empañen el próximo proceso electoral y peor aún, sean motivo de inestabilidad social o ingobernabilidad.
Para Fernández Martínez uno de los puntos más valiosos de este veto es que establece un piso parejo, ya que al solicitar que el CEEPAC replantee la iniciativa con la participación de expertos, académicos y todas las fuerzas políticas, se busca un consenso que no excluya a nadie de manera arbitraria.
Añadió que esta decisión garantiza que se protejan los derechos constitucionales de todo aquel que aspire al cargo, sin distinción de género y se elimine la percepción de una “ley a la medida”
Desde una óptica política, dijo el legislador federal, este movimiento refuerza la posición del Partido Verde en el estado, porque este partido lidera las preferencias y cuenta con cuadros destacados —tanto hombres como mujeres— por lo que no necesita de reformas “forzadas” para asegurar su competitividad.
Fernández Martínez concluyó que el veto de Ricardo Gallardo Cardona es una decisión acertada que prioriza la salud democrática de San Luis Potosí, ya que al exigir un debate más amplio y técnico, asegura que la paridad de género avance de la mano con el respeto a la ley, garantizando que en 2027 ganen las mejores propuestas en un escenario de verdadera competencia y equidad.
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La diputada señaló que las secuelas de la pandemia de COVID-19 han generado que se agudice la relevancia de este hospital
Por: Redacción
Aranza Puente Bustindui, diputada local de San Luis Potosí, reconoció la importancia de que el estado pueda tener un hospital psiquiátrico ante las “nuevas realidades” que se viven después de la pandemia de COVID-19.
La diputada señaló que la crisis sanitaria ocasionó que muchas personas hayan sufrido depresión u otros problemas psicológicos en los últimos años, por lo que el hospital podría brindarles la atención necesaria.
Según datos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el estado se reportaron 2 mil 700 casos de depresión el año pasado, y se estima que alrededor del 4% de la población presenta este trastorno.
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La diputada aseguró que el veto de estos dispositivos solo dará pie a un mercado negro fuera de la ley
Por: Redacción
Cuestionada sobre la prohibición de los vapeadores en San Luis Potosí, Aranza Puente Bustindui, diputada local, se manifestó en contra del veto a estos dispositivos, señalando que ella optaría por una regulación.
La diputada señaló que al haber tanta demanda, una prohibición total solo ocasionaría un mercado negro fuera de toda regulación, lo que generaría mayor peligro para los consumidores.
Puente Bustindui afirmó que hace falta mucha información sobre el tema, y sugirió que la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) lleve a cabo una regulación de las sustancias dañinas que contienen los vapeadores, así como que se realicen campañas de prevención y apoyo a los fumadores
La producción, distribución y venta de vapeadores fue prohibida por la Cámara de Diputados a finales del año pasado, argumentando que son dispositivos dañinos para la salud que fueron comercializados bajo la promesa no comprobada de ser menos dañinos que el cigarro.
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