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#Editorial | El alcalde Lujambio tiene a la ciudad abandonada
Suciedad, obras públicas detenidas, falta de operación política y carencia de trabajo administrativo, este será el legado que dejará el suplente de Xavier Nava para SLP
Por: La Orquesta
El 12 de noviembre del 2020, Xavier Nava presentó su solicitud de licencia a su cargo como alcalde de San Luis Potosí, esto para poder participar del proceso de elección de candidato a gobernador por el PAN. Desde entonces su lugar fue tomado por el regidor Alfredo Lujambio, pero hubiera sido igual si nadie toma el cargo, pues la presencia del presidente interino ha sido tan tenue que alcanza a notarse.
El problema más grave es el congelamiento de las obras públicas, pues se ven pocas acciones de bacheo y peor aún, las dos obras que más presumió Xavier Nava durante su informe y que son cruciales para la ciudad: el puente en el boulevard Antonio Rocha Cordero y la ampliación del puente Pemex se han frenado casi en su totalidad, solo se encuentran los señalamientos de la obra en ejecución, pero solo ocasionalmente se aparece algún empleado a recabar algunos datos.
Lujambio le queda a deber hasta al propio Xavier, quien le encomendó como gran misión la aprobación de los planes de desarrollo urbano, un tema de total importancia para la ciudad, pero principalmente para el propio Nava, pues de esta autorización depende que le cumpla a varios de sus patrocinadores más importantes en el sector de la construcción, pero esto cada vez luce más complicado: ayer la Semarnat envió un documento en que le solicitó al Ayuntamiento suspender la discusión de los planes, al menos hasta que se defina el polígono de la Sierra de San Miguelito al que declarará área natural protegida.
Tampoco se han mostrado avances en la investigación sobre los recursos robados por un ex trabajador municipal de la tesorería, que ha sido confirmado y documentado por el propio tesorero Rodrigo Portilla.
Una de las últimas acciones que presentó Nava fue el nuevo alumbrado público, el cual fue objeto de críticas debido a su alto costo y a los problemas que presentó casi de inmediato, ya que algunas luminarias funcionaban de forma intermitente o sencillamente no lo hacía, ante ello Xavier dio a conocer un centro de vigilancia en el que, aseguró, podían detectar en tiempo real cualquier falla, pero hace falta recorrer cualquier calle para encontrarse con las mismas deficiencias. 
La ciudad se encuentra en un estado lamentable, pues a pesar de la baja en la movilidad de las personas derivada de las restricciones por la pandemia, las calles están sucias, principalmente el primer cuadro de la ciudad, pero no es solo en esa zona, diversos usuarios han reportado que en avenida Salvador Nava los trabajadores de limpia se limitan a acumular la basura a las orillas sin recogerla, lo que finalmente genera que se vuelva a dispersar.
Otras de las grandes carencias que Lujambio no ha logrado solventar es el desabasto de agua, que si bien ha sido generado por fallas en el sistema de abastecimiento de la presa El Realito, tampoco han presentado algún programa emergente que ayude a la población a mitigar los males de la falta de líquido.
Por último, Yoy Bike, el programa de renta de bicicletas compartidas del Ayuntamiento de la capital, también ha sufrido de la ausencia del gobierno capitalino, pues a pesar de que solo registra 56 viajes al día, se ha empeñado en mantener sus altos costos que, por ejemplo, son un 298% más caros que el Ecobici en la ciudad de México.
Todo indica que será Lujambio quien siga como alcalde hasta el final del trienio, por lo que no se pueden esperar cambios importantes en su manera de abordar el ejercicio público, pero esto incluso puede resultar un riesgo para las aspiraciones políticas de Xavier Nava, quien parece tratará de reelegirse, una misión que dada su displicencia, y la de su suplente, parece imposible.
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Varios medios difundieron imágenes en las que el presidente municipal aparecería accionando un arma de fuego en la vía pública
Por: Redacción
Imágenes difundidas en redes sociales por varios medios de comunicación muestran, presuntamente, al presidente municipal de San Vicente Tancuayalab, Gilberto González Zumaya, realizando detonaciones de arma de fuego al aire durante un supuesto festejo en la vía pública.
En el video, la persona señalada como el edil acciona el arma en un sitio donde se encuentran habitantes. Disparar al aire implica un riesgo para quienes están cerca, pues el proyectil puede caer y causar lesiones.
El hecho se suma al contexto de seguridad que atraviesa el municipio. El 21 de octubre, la Guardia Civil Estatal detuvo a dos hombres que se identificaron como policías municipales, Pascual “N”, de 43 años, y Nicasio “N”, de 56. Se les imputa portación de arma sin licencia, una pistola calibre 9 milímetros
Dos días antes, el 19 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona informó que la Fiscalía General del Estado y la FGR investigan la actividad de grupos criminales en Tanquián de Escobedo y San Vicente Tancuayalab. El 26 de octubre, la SSPC señaló que ambos municipios se encontraban en calma, con presencia de las corporaciones de seguridad y del Ejército.
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Dijo que el dinero se queda en la economía local y que las obras tienen garantía de tres años
Por: Redacción
Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, informó que en el segundo periodo de su gobierno el 100 por ciento de la obra pública del Ayuntamiento se contrata con constructores potosinos, y que en los cinco años el promedio fue de entre 96 y 98 por ciento. El resto corresponde a obra muy especializada que se contrata fuera.
Explicó que el dinero se queda en el estado, porque la mano de obra, los directores de obra y los materiales son potosinos, y que en algunas colonias se contrató a personal de la propia colonia. Añadió que una parte pequeña de cada contrato se destina al DIF Municipal.
Dijo que en cinco años el Ayuntamiento ha realizado más de 240 obras y que ninguna constructora le ha fallado. Indicó que pidió a los constructores una garantía de 36 meses, cuando la ley obliga a año y medio, y que aceptaron. Como ejemplo, mencionó que el constructor de la avenida Chapultepec, que se deslava por las bajadas de agua, la sigue reparando mientras dure la garantía.
Al plantearle la contratación de empresas foráneas por el gobierno estatal, respondió que cada gobernante tiene sus propios criterios y que no quiere opinar sobre su motivación. Afirmó que él lo hace por San Luis Potosí, porque la obra pública es un detonador económico y el dinero que se invierte en el estado “derrama tres o cuatro veces”, además de dar empleo.
Recordó que obras como el distribuidor Juárez y las de la avenida Salvador Nava las hicieron constructores potosinos, y que ingenieros de la UASLP construyen en el mundo, entre ellos en un túnel de Santiago de Chile. “¿Por qué traer gente de fuera si aquí tenemos capacidad técnica, experiencia, compromiso?”, cuestionó.
Galindo opinó que quien llegue a la alcaldía debe mantener esta política: “Claro que debe seguir como política pública”, dijo.
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El organismo además reportó que en 2024 ninguno de los 254 entes obligados mereció recibir sanción alguna
Con un presupuesto de 25.9 millones en 2024 a la CEGAIP en SLP apenas le alcanzó para atender 392 solicitudes (poco más de una al día)
Por: Ana G Silva
Cada solicitud de información que recibió en 2024 el organismo garante de transparencia de San Luis Potosí equivale a cerca de 66 mil pesos de su presupuesto. En todo el año, no impuso una sola sanción por incumplimientos.
La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP) ejerció 25.9 millones de pesos durante 2024 y recibió 392 solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales. Así lo reporta el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Estatal (CNTAIPPDPE) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicado el 28 de octubre.
Al dividir el presupuesto ejercido entre las solicitudes recibidas, cada una equivale a 66 mil 71 pesos. Es una proporción: el presupuesto también cubre la resolución de recursos de revisión, la vigilancia de las instituciones obligadas y la capacitación, tareas cuyo costo el censo no desglosa.
Ese mismo año, la CEGAIP tenía bajo su vigilancia a 254 sujetos obligados: dependencias, ayuntamientos, organismos y otros entes que reciben recursos públicos. Reportó no haber sancionado a ninguno por incumplir sus obligaciones de transparencia.
Solo cinco entidades aplicaron sanciones en 2024: Hidalgo, Nuevo León, Nayarit, Aguascalientes y Sinaloa. Entre todas sumaron 349, de las cuales 305 fueron económicas y 44 administrativas, y Hidalgo concentró 41.5 por ciento. En 2022, los organismos garantes del país habían impuesto 1 mil 494.
Más caro por solicitud en otros estados
La proporción no es exclusiva de San Luis Potosí. El organismo del Estado de México ejerció 240.8 millones de pesos y recibió 1 mil 498 solicitudes, alrededor de 160 mil pesos por cada una. En la Ciudad de México, con 153.8 millones y 1 mil 754 solicitudes, fueron unos 87 mil pesos.
En conjunto, los organismos garantes estatales ejercieron 1 mil 506 millones de pesos y recibieron 13 mil 173 solicitudes en 2024, en promedio unos 114 mil pesos por solicitud.
Lo que el censo no mide
El informe no indica cuántas respuestas a solicitudes en San Luis Potosí fueron declaraciones de inexistencia, es decir, cuando la institución responde que “no cuenta con la información”. Tampoco dice cuántas fueron negativas ni cuántos recursos de revisión se presentaron contra ellas.
A escala nacional, 90.6 por ciento de las solicitudes que respondieron los organismos garantes se atendió en el plazo legal. El censo no ofrece ese dato por entidad.
Las cifras retratan el último año completo del modelo anterior. La reforma constitucional publicada en diciembre de 2024 eliminó al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y a los organismos garantes locales, entre ellos la CEGAIP.
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