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#Editorial | El alcalde Lujambio tiene a la ciudad abandonada
Suciedad, obras públicas detenidas, falta de operación política y carencia de trabajo administrativo, este será el legado que dejará el suplente de Xavier Nava para SLP
Por: La Orquesta
El 12 de noviembre del 2020, Xavier Nava presentó su solicitud de licencia a su cargo como alcalde de San Luis Potosí, esto para poder participar del proceso de elección de candidato a gobernador por el PAN. Desde entonces su lugar fue tomado por el regidor Alfredo Lujambio, pero hubiera sido igual si nadie toma el cargo, pues la presencia del presidente interino ha sido tan tenue que alcanza a notarse.
El problema más grave es el congelamiento de las obras públicas, pues se ven pocas acciones de bacheo y peor aún, las dos obras que más presumió Xavier Nava durante su informe y que son cruciales para la ciudad: el puente en el boulevard Antonio Rocha Cordero y la ampliación del puente Pemex se han frenado casi en su totalidad, solo se encuentran los señalamientos de la obra en ejecución, pero solo ocasionalmente se aparece algún empleado a recabar algunos datos.
Lujambio le queda a deber hasta al propio Xavier, quien le encomendó como gran misión la aprobación de los planes de desarrollo urbano, un tema de total importancia para la ciudad, pero principalmente para el propio Nava, pues de esta autorización depende que le cumpla a varios de sus patrocinadores más importantes en el sector de la construcción, pero esto cada vez luce más complicado: ayer la Semarnat envió un documento en que le solicitó al Ayuntamiento suspender la discusión de los planes, al menos hasta que se defina el polígono de la Sierra de San Miguelito al que declarará área natural protegida.
Tampoco se han mostrado avances en la investigación sobre los recursos robados por un ex trabajador municipal de la tesorería, que ha sido confirmado y documentado por el propio tesorero Rodrigo Portilla.
Una de las últimas acciones que presentó Nava fue el nuevo alumbrado público, el cual fue objeto de críticas debido a su alto costo y a los problemas que presentó casi de inmediato, ya que algunas luminarias funcionaban de forma intermitente o sencillamente no lo hacía, ante ello Xavier dio a conocer un centro de vigilancia en el que, aseguró, podían detectar en tiempo real cualquier falla, pero hace falta recorrer cualquier calle para encontrarse con las mismas deficiencias. 
La ciudad se encuentra en un estado lamentable, pues a pesar de la baja en la movilidad de las personas derivada de las restricciones por la pandemia, las calles están sucias, principalmente el primer cuadro de la ciudad, pero no es solo en esa zona, diversos usuarios han reportado que en avenida Salvador Nava los trabajadores de limpia se limitan a acumular la basura a las orillas sin recogerla, lo que finalmente genera que se vuelva a dispersar.
Otras de las grandes carencias que Lujambio no ha logrado solventar es el desabasto de agua, que si bien ha sido generado por fallas en el sistema de abastecimiento de la presa El Realito, tampoco han presentado algún programa emergente que ayude a la población a mitigar los males de la falta de líquido.
Por último, Yoy Bike, el programa de renta de bicicletas compartidas del Ayuntamiento de la capital, también ha sufrido de la ausencia del gobierno capitalino, pues a pesar de que solo registra 56 viajes al día, se ha empeñado en mantener sus altos costos que, por ejemplo, son un 298% más caros que el Ecobici en la ciudad de México.
Todo indica que será Lujambio quien siga como alcalde hasta el final del trienio, por lo que no se pueden esperar cambios importantes en su manera de abordar el ejercicio público, pero esto incluso puede resultar un riesgo para las aspiraciones políticas de Xavier Nava, quien parece tratará de reelegirse, una misión que dada su displicencia, y la de su suplente, parece imposible.
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El pasado 3 de julio el padre de “Chuy” Nava fue detenido por agresiones contra una mujer, sin embargo fue liberado a las pocas horas; no sería la primera carpeta en su contra por este delito
Por: Redacción
A casi un mes de la detención de J. Santos “N”, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava, perteneciente al PRI, el caso se ha convertido en un asunto con implicaciones políticas que amenazan con marcar el futuro del grupo que actualmente gobierna el municipio.
A través de redes sociales, habitantes del municipio han externado sus dudas sobre la actuación de las autoridades, los señalamientos de un posible tráfico de influencias, las versiones sobre presuntas presiones para que la víctima otorgara el perdón y el antecedente de otras investigaciones por hechos similares han colocado al gobierno municipal en el centro de una controversia que trasciende el ámbito judicial y comienza a impactar la imagen del proyecto político de la familia Nava.
La madrugada del 3 de julio comenzaron a difundirse en redes sociales reportes ciudadanos sobre la presunta detención de J. Santos “N”, identificado como padre del alcalde de Cerro de San Pedro.
De acuerdo con las versiones difundidas por vecinos, el hombre habría sido asegurado tras un incidente en agravio de una mujer identificada como Mayra “N”. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.
La información señalaba que el detenido fue trasladado a las celdas preventivas mientras se definía su situación jurídica. Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que había recuperado su libertad el mismo día.
Las críticas por el hecho se dirigieron hacia el presidente municipal, al considerar que su parentesco con el señalado podía influir en el desarrollo del procedimiento.
Durante los días posteriores, diversos usuarios en redes sociales exigieron que el caso fuera investigado sin privilegios, mientras reclamaban que la ley se aplicara de la misma manera que en cualquier otro asunto de violencia contra las mujeres.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado públicamente cuál fue el seguimiento jurídico del caso.
No se ha informado cuáles fueron las actuaciones ministeriales derivadas de la detención, si la investigación continúa abierta, ni bajo qué circunstancias se determinó la situación jurídica del señalado. Tampoco existe una postura oficial que responda a los cuestionamientos surgidos entre la población respecto al procedimiento.
Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio aseguraron que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón al presunto agresor. Aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado ni por otra autoridad competente, representa uno de los principales cuestionamientos que rodean el caso, debido a que pondría en entredicho las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento.
De acuerdo con información obtenida por este medio, esta no sería la primera carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de violencia que enfrenta J. Santos “N”; pues hay dos más en los años 2019 y 2020.
La dimensión política comenzó prácticamente desde el primer día. Diversas publicaciones ciudadanas en Facebook cuestionaron que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de su detención y señalaron un posible uso de influencias para favorecerlo.
Incluso algunos mensajes compararon el caso con otros procesos de violencia contra mujeres que sí derivaron en condenas penales, argumentando que la aplicación de la justicia parece variar cuando los involucrados mantienen vínculos con el poder político.
El caso también coincide con el momento en que distintos grupos políticos comienzan a preparar la sucesión municipal.
Fuentes cercanas a la vida política de Cerro de San Pedro señalaron a este medio que integrantes de la familia del actual presidente municipal buscan mantenerse como un grupo con influencia dentro del gobierno local una vez concluida la administración encabezada por Jesús “Chuy” Nava.
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La buena noticia es que, comparado con junio de 2025, el indicador bajó 12.3 puntos porcentuales, lo que refleja una mejora respecto al año pasado
Por: Ana G Silva
La percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí aumentó durante el segundo trimestre de 2026, en contraste con la tendencia nacional, que registró una disminución. Sin embargo, al comparar los resultados con el mismo periodo del año pasado, la entidad muestra una mejora importante de más de 12 puntos porcentuales.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que el 62.5 por ciento de la población de 18 años y más en la ciudad de San Luis Potosí considera que vivir en la capital es inseguro, frente al 57.6 por ciento reportado en marzo de este mismo año.
Este incremento ocurre mientras que, a nivel nacional, la percepción de inseguridad siguió una trayectoria opuesta. En el conjunto de las 91 ciudades evaluadas por la ENSU, el porcentaje de personas que consideran insegura su ciudad pasó de 61.5 a 59.8 por ciento, lo que representó una disminución estadísticamente significativa respecto al trimestre anterior.
Aunque el aumento registrado en San Luis Potosí no fue señalado por el INEGI como un cambio estadísticamente significativo, sí coloca a la capital potosina por encima del promedio nacional, pues casi dos de cada tres habitantes continúan percibiendo a la ciudad como un lugar inseguro para vivir.
La comparación anual muestra un panorama distinto
Pese al incremento observado entre marzo y junio de este año, el comportamiento cambia al revisar el comparativo anual.
En junio de 2025, 74.8 por ciento de los habitantes de San Luis Potosí afirmaba sentirse inseguro en la ciudad. Para junio de 2026, esa cifra disminuyó a 62.5 por ciento
Esta reducción coloca a San Luis Potosí entre las ciudades que lograron mejorar su percepción de seguridad respecto al año anterior. De acuerdo con la ENSU, 23 ciudades del país registraron disminuciones significativas en la percepción de inseguridad durante el último año, mientras que únicamente seis presentaron incrementos.
A nivel nacional también se observó una mejora anual, al pasar de 63.2 por ciento en junio de 2025 a 59.8 por ciento en junio de 2026.
A pesar de la mejora anual, la capital potosina continúa ubicándose ligeramente por encima del promedio del país en percepción de inseguridad.
Mientras el promedio nacional se ubicó en 59.8 por ciento, en San Luis Potosí alcanzó 62.5 por ciento, una diferencia de 2.7 puntos porcentuales, lo que refleja que la percepción ciudadana sobre la seguridad aún no logra alinearse con la tendencia nacional de recuperación.
La ENSU mide trimestralmente la percepción de seguridad de la población de 18 años y más en 91 ciudades del país, con el objetivo de generar información sobre la forma en que la ciudadanía evalúa las condiciones de seguridad pública y aportar elementos para el diseño de políticas públicas en esta materia.
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La Fiscalía potosina, en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión ocurrida la mañana de este domingo
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que, tras la agresión a la Guardia Civil Estatal ocurrida esta mañana en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, de esta capital, y en la que fallecieron dos elementos de dicha corporación, la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron a un presunto involucrado en estos hechos.
El operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional se activó justo después de que los números de emergencia reportaran esta mañana la agresión a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones
La FGESLP agregó que, conforme avancen las diligencias, se dará a conocer la actualización correspondiente a través de los canales institucionales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.
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