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Dos meses de AMLO… ¿Un balance positivo o negativo?
La llegada de López Obrador a la presidencia se ha movido entre la esperanza y los grandes desafíos de un país en situación crítica
Por El Saxofón
Desde su toma de protesta como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha acaparado la agenda mediática; con sus conferencias matutinas, que con la respectiva sesión de preguntas de los reporteros de la fuente, se prolongan por poco más de hora y media, el mandatario federal marca la pauta de los temas que habrán de ocupar las portadas de los diarios.
A lo largo de los primeros dos meses de su mandato, López Obrador ha ido enfilando sus baterías hacia algunos problemas del país, lo que genera la impresión de que el gobierno ha tomado el toro por los cuernos.
Los problemas que ha atacado son tan evidentes, que la oposición de algunos sectores que se ven afectados por las medidas presidenciales y, sobre todo, la de los partidos políticos hayan poco eco; aunado a ello, los partidos de oposición, tras los resultados electorales del 1 de julio de 2018, quedaron prácticamente en la lona.
Una vez que dio por cancelado el megaproyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco y sentó las bases para la terminal aérea en la base militar de Santa Lucía, el primer embate de López Obrador, fue contra los onerosos sueldos de los funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno, que a lo largo de varios sexenios indignaron a los mexicanos, sin que nadie hiciera nada durante las pasadas administraciones federales.
Aunque enfrentó resistencias y la Ley de Remuneraciones permanece congelada en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), López Obrador logró que los propios ministros de la Corte se bajaran el sueldo “por iniciativa propia”.
En algunas entidades del país, los Congresos locales, también se vieron en la necesidad de bajar las percepciones de algunos funcionarios.
Si bien en algunos casos, como es el de San Luis Potosí, la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos ha sido vista como una simulación.
El gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López ganará apenas unos cuantos miles de pesos menos que el presidente López Obrador, pese a que su responsabilidad como Ejecutivo Estatal es menor que la del Ejecutivo Federal.
Del mismo modo, los diputados locales potosinos, ganarán apenas unos pocos miles de pesos menos que el gobernador Carreras, pese a que su responsabilidad como legisladores es compartida, y también menor en comparación con la del Ejecutivo Estatal.
OPOSICIÓN EN LA LONA
Los primeros dos meses han revelado a una oposición desarticulada y que, ante la evidente urgencia en la atención de algunos problemas, como el derroche en la función pública y el robo de combustible, poco han podido argumentar en contra de las iniciativas lopezobradoristas o morenistas.
Si bien, temas importantes como la Guardia Nacional se mantienen en análisis, la oposición más fuerte y argumentada proviene de organismos de la sociedad civil, mientras que los partidos de oposición, el PRI y el PAN, concretamente, poco tienen que decir, pues la militarización de la seguridad no fue ajena a sus gobiernos, y más bien fueron estos regímenes los que la impusieron casi como una norma.
Además diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del PRD se han sumado al partido de López Obrador y por otro lado, el PRI ya ha comenzado a pactar con Morena, bajo el argumento de que apoyarán aquellas iniciativas que sean benéficas para el país.
La declaración de Yeidckol Polevnsky, quien aseguró que “se oye mejor PRI-MOR que PRI-AN”, dan cuenta de ello.
Mientras tanto, el discurso del PAN, no ha ido más allá de reiterar que serán “una oposición responsable”.
ALGUNOS PROBLEMAS
La tarde del pasado 24 de diciembre, parecía que el gobierno de López Obrador hacía agua, debido al desplome de la avioneta en la que viajaban la recién investida gobernadora de Puebla, Erika Alonso y su esposo, el ex gobernador y senador de la República, Rafael Moreno Valle.
De inmediato comenzaron a generarse especulaciones y surgió la teoría de la conspiración, que señalaban un posible atentado orquestado contra la pareja de políticos, las miras apuntaban al gobierno federal, con base en el hecho de que la gubernatura de Puebla se había resuelto en tribunales, en una apretada contienda entre el candidato de Morena, Miguel Barbosa, y la panista Alonso.
Los días siguientes fueron de exigencias de justicia por parte del PAN, y de dar algunos elementos de las investigaciones, por parte del gobierno lopezobradorista, sin embargo, el mandatario federal abrió un nuevo frente de batalla cuando anunció su estrategia contra el robo de combustible.
No fue la estrategia en sí la que regresó el control de la agenda al Gobierno Federal, sino uno de sus efectos: el desabasto de gasolina.
La escasez del hidrocarburo puso histéricos a los mexicanos de varios estados del país, y la agenda mediática se centró en este problema, dejando de lado la “tragedia de Puebla”, la primera del gobierno de López Obrador.
Incluso, en esos días, una matanza de 30 personas en el estado de Tamaulipas, que sigue pagando su cuota de sangre debido a que sigue siendo una de las zonas más disputadas por el narcotráfico, pasó casi desapercibida. El tema de la violencia podría haber resurgido ahí, sin embargo, no pasó.
El tema del desabasto de gasolina permaneció en la prensa desde el viernes 11 hasta el anochecer del viernes 18 de enero, cuando una explosión en un ducto de Pemex, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, dio un giro a la agenda mediática.
Lo que se avizoraba como un problema para el gobierno federal, por el descontento que podía generar el desabasto de gasolina entre la población y sus esperados efectos en la economía, dejó de serlo, cuando el “huachicoleo” mostró sus verdaderos peligros, y dio al país una experiencia “dura, dolorosa”, pero “aleccionadora”, según palabras del propio presidente.
El desabasto de gasolina persistió en algunos estados, sin embargo, la cobertura mediática cedió sus mejores espacios al saldo fatal de lo ocurrido en Tlahuelilpan.
Aunque se quiso llevar a debate el papel de los elementos del Ejército Mexicano que atendieron el reporte de la fuga, nadie, ni desde la oposición, ni desde otro ámbito pudo capitalizar este argumento. El Ejército, visto como represor cuando actúa, no fue visto como negligente, al no detener a la gente en Tlahuelilpan, que según algunas crónicas periodísticas, convirtieron el campo de alfalfa donde se localizaba la toma clandestina, antes de la explosión, en un ambiente de fiesta.
La irresponsabilidad recayó en las víctimas, que no quisieron entender el riesgo obvio de aproximarse a una fuga de gasolina, y no quisieron atender, o como se dice comunmente “se sordearon”, ante los poco enérgicos llamados de policías y militares, a abandonar la zona.
Hasta la fecha, no termina el conteo de muertos por esa tragedia, desde el 18 de enero cuando se dio la cifra inicial de 20 fallecidos, cada día, la nueva cifra de fallecimientos aumenta y es nota; ya suman 125, según los últimos reportes, y 22 personas permanecen hospitalizadas bajo un pronóstico de salud que va de reservado a grave.
Así, el Gobierno de López Obrador, acumula dos tragedias la de Puebla, y la de Hidalgo, una cubrió a la otra.
Podríamos decir que por ahora, el lopezobradorismo lleva un saldo aparentemente a favor, puesto que no se ha demostrado ni negligencias, ni omisiones, aunque sin descartar que pudiera haberlas.
Un punto a favor es la voluntad del gobierno federal de informar. En un principio, se criticó a López Obrador porque siempre era él quien respondía a todo. El mandatario tomó nota de estas críticas y sacó a la palestra a los integrantes de su gabinete para que respondieran las preguntas de los reporteros y la prensa tuviera información de primera mano.
¿Para qué esperar a que la prensa investigue y se entere de los montos que alcanza el robo de combustible cuando el propio gobierno puede darlo a conocer?
Acaso ese sea su mejor capital, tener una respuesta para todo. Ante gobiernos y mandatarios que solían responder demasiado tarde y hacer esperar demasiado a la prensa y a la opinión pública para dar a conocer pormenores o posturas acerca de los problemas del país, el de AMLO, opta por dar la mayor cantidad de información posible.
Hay demagogia en el discurso, sin duda, pero también hay datos, y eso lo hace más tolerable y más creíble que el de gobiernos y funcionarios anteriores.
Según una encuesta de El Financiero, López Obrador inició su mandato con 73 por ciento de aprobación de los mexicanos. Para el 22 de enero, después de la tragedia de Tlahuelilpan, su popularidad había llegado al 88.7 por ciento, según un sondeo del Gabinete de Comunicación Estratégica.
Estamos sin duda ante un hecho inédito. Es el primer presidente de la República que tiene un gran capital moral, basado sobre todo en su austeridad, rechaza el lujo, y no se ve por ningún lado que busque enriquecerse, como otros políticos han hecho; sus “baños de pueblo”, son diarios y en su afán de no alejarse del “pueblo bueno”, ha relajado los esquemas de seguridad que anteriormente amurallaban la figura presidencial.
+SOLO
“Llegué a la Presidencia después de muchos años de lucha personal y colectiva (…) estoy preparado para no fallarle a mi pueblo”.
-Andrés Manuel López Obrador durante su primer discurso como primer mandatario el 1 de diciembre de 2018
También lea: Localizan manta y falsos explosivos dirigidos a AMLO en Guanajuato
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Más altura que un puente y nos vemos a la salida | Apuntes de Jorge Saldaña
Apuntes
Culto Público, hijos de mis desvelos:
Todavía no tenemos puente Jacobo Payán ni todavía hay salida a Guadalajara.
Lo que sí tenemos es lo que parece el previo de un pleito en el patio de la secundaria. ¿Se acuerdan?
“Uuuuhhh…lo que te dijo…uuuhhh ¿a poco te vas a dejar?”
Hoy el gobernador Ricardo Gallardo dio cifras, datos y comparativas del puente que construye su administración en lo que le llaman Glorieta de la Familia, contra el que construye el gobierno de Enrique Galindo y que va a conectar Río Españita y Salvador Nava, y que le pusieron Jacobo Payán.
Entre todo esto, hay cosas mezcladas de forma, y una muy clara y definida de fondo que está escalando demasiado rápido, enrareciendo y polarizando el ambiente.
El problema no es que uno mienta y el otro sea un santo, el problema es que ambas partes usan el mismo discurso.
Ambos creen su verdad.
En el señalamiento de temprano, y el revire en vivo de hace un rato, se están enredando varias cosas como si fueran un solo mensaje: el costo de las obras, la venta del patrimonio, el desliz velado del sobrecosto, lo grave de una licitación que no aparece y por supuesto, la guerra sucia.
Todos sabemos que peras con manzanas saben bien en ensalada, pero lo que estamos viendo es de plano una licuadora sin frutas, al máximo y sin tapa.
Total que el puente y la glorieta ya cargan más peso político que estructural .
Mientras tanto el expediente es de papel y tiene sello: son 244 millones IVA incluido y ya.
El proyecto en la salida a Guadalajara también debe tener cifra precisa, y no son iguales pues nada más porque son dos obras distintas.
El resto de las cifras que se manejaron hoy: los 280, los 274, y los 350 millones, son tal cual, los aventones en el recreo antes de verse a la salida.
Unos le ponen números, pero no se trata de números.
Otros le ponen apellidos, pero no se trata de apellidos.
Se trata de dos proyectos políticos que están de frente. El concreto, los pesos y los metros cuadrados son poco menos que la ortografía de una carta de solicitud al poder.
Si suben y escalan los tonos era de esperarse.
Lo que no se vale es que un mano a mano termine en campal de turbas enardecidas.
Creo que los potosinos nos merecemos más altura… que la de un puente.
Yo soy Jorge Saldaña.
También lee: Gallardo: puente de Glorieta de la Familia lleva 35% de avance
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La profunda conexión Gómez Mont con SLP: Más allá de cuatro empresas.
Investigación en exclusiva revela una amplia red empresarial y notarial potosina que operó detrás del caso
Investigación especial
San Luis Potosí, S.L.P.
Por: Carlos Ruiz / Jorge Saldaña
Una investigación documental sobre las empresas de San Luis Potosí involucradas en el caso de Inés Gómez Mont y Víctor Manuel Álvarez Puga permitió identificar una red empresarial más extensa de lo que hasta ahora se había dado a conocer: 13 sociedades mercantiles, nueve más de las que se habían vinculado públicamente con el caso, relacionadas entre sí mediante socios comunes, administradores, apoderados y movimientos notariales realizados en las mismas fechas.
La revisión de actas constitutivas, modificaciones societarias, poderes notariales y registros del Servicio de Administración Tributaria (SAT) revela un patrón de creación y reorganización de compañías, especialmente durante 2016 y 2017, en el que se repiten nombres, notarías, capitales sociales e incluso descripciones idénticas de las actividades para las que fueron constituidas.
Cinco de las empresas identificadas terminaron incorporadas a los listados definitivos del SAT, bajo el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por operaciones consideradas inexistentes para efectos fiscales.
La red tiene entre sus principales personajes a Armando Romero López, empresario relacionado con al menos seis sociedades potosinas, detenido el 14 de febrero de 2025 en la colonia Estrella de la capital del estado y vinculado a proceso seis días después por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con la información judicial disponible, el juez Enrique Beltrán Santés le impuso prisión preventiva en el penal del Altiplano, misma que sigue vigente.
Romero López aparece como fundador y administrador único de tres compañías vinculadas directamente con el expediente federal: Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Comcelint y Rancel.
Empresas constituidas en serie ante la misma notaría
Uno de los principales hallazgos está en los registros de la Notaría Pública número 24 de San Luis Potosí, a cargo de Juan Francisco Corripio Andrés.
En menos de 20 días, entre el 18 de febrero y el 8 de marzo de 2016, ante ese mismo fedatario se constituyeron tres empresas que posteriormente aparecerían relacionadas con el caso.
La primera fue Comcelint, constituida el 18 de febrero, con Armando Romero López y Joel Alejandro Sánchez Romero como accionistas, cada uno con el 50 por ciento del capital.
Siete días después, el 25 de febrero, se constituyó Gupea Construcciones, con Yareli Eunice Delgado García como accionista mayoritaria, propietaria del 60 por ciento de las acciones, y Steve Santiago Colorado Muñoz con el 40 por ciento restante.
El 8 de marzo se formalizó Rancel, nuevamente con Romero López como socio y administrador único, acompañado de Jorge Armando Romero Gaspar.
Las tres compañías nacieron con un capital social de 50 mil pesos y bajo un esquema de dos accionistas y un administrador único.
Pero las coincidencias no terminaron ahí.
Los documentos registrales muestran que Gupea y Rancel realizaron el pago de su inscripción mercantil el mismo 31 de marzo de 2016, con las boletas 2713157 y 2713159, prácticamente consecutivas.
La proximidad de las fechas de constitución, la intervención del mismo notario y la coincidencia de los trámites registrales constituyen uno de los patrones detectados por la investigación.
Meses después, la misma Notaría 24 formalizó otras dos sociedades relacionadas con este grupo empresarial: Comeceler y Serbatel, constituidas el 28 de octubre de 2016 mediante los instrumentos notariales consecutivos 11993 y 11994.
Ambas tuvieron el mismo capital social de 50 mil pesos y exactamente los mismos dos accionistas, aunque con las participaciones invertidas.
En Comeceler, Mario Alberto Galindo Sáenz concentró el 80 por ciento de las acciones y Juan del Ángel Munguía Navarro el 20 por ciento. Hasta donde se pudo investigar, Juan del Ángel Munguía Navarro se promociona como músico local para eventos sociales.
En Serbatel ocurrió lo contrario: Munguía Navarro quedó con el 80 por ciento y Galindo Sáenz con el 20 por ciento.
En total, seis compañías de la red se constituyeron ante el mismo notario: cinco en 2016 y una más, Arquitectura y Acabados Yardel, en julio de 2015.
Los nombres que conectan a las empresas
La identificación de las personas que aparecen en las actas permite reconstruir las relaciones entre las distintas sociedades.
Armando Romero López figura como accionista y administrador único de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, fundada en julio de 2007, así como de Comcelint y Rancel, creadas en 2016.
Además, las actas inscritas en el Sistema Integral de Gestión Registral (SIGER) muestran que fundó Vialidades del Tangamanga en 2008 y Tangamanga Innovaciones y Negocios en 2016. Ese mismo año compró el 80 por ciento de Innovación en Servicios Integrales Dicont y quedó como su administrador hasta 2018, cuando vendió sus acciones. En 2017 también fue nombrado comisario, es decir, encargado de vigilar las cuentas, de Electro-Construcciones Quiga.
Otra figura central es Yareli Eunice Delgado García, socia mayoritaria y administradora única de Gupea Construcciones.
El registro también la identifica como socia de Arquitectura y Acabados Yardel y Electro-Construcciones Quiga. La primera fue incluida en 2019 en la lista definitiva de contribuyentes del artículo 69-B (conocida como la lista negra de empresas factureras).
La conexión entre ambos grupos empresariales se amplía con Mario Alberto Galindo Sáenz.
El 29 de abril de 2016, Gupea le otorgó un poder general que incluía facultades para actos de dominio, es decir, atribuciones para disponer de bienes en representación de la compañía.
Cinco días después, el 4 de mayo, Galindo Sáenz constituyó M y R Proyectos Integrales Constructora y Renta de Equipo, donde tenía el 70 por ciento de las acciones y era administrador.
En octubre participó en la fundación de Comeceler y Serbatel, las dos sociedades constituidas el mismo día ante la Notaría 24.
Así, un apoderado de Gupea aparece también como fundador o accionista de otras tres compañías, un vínculo mercantil que permite extender el mapa de relaciones más allá de las firmas originalmente identificadas en la investigación penal.
Cambios de socios, poderes y operaciones ante otra notaría
La revisión de los movimientos posteriores permitió detectar otro patrón: la participación recurrente de determinadas personas en la compraventa de acciones y los cambios de administración.
La Notaría Pública número 21, de Gerardo Parra Dávalos, aparece en varios actos relacionados con estas compañías.
Ante ella se formalizó el poder que Gupea otorgó a Galindo Sáenz, así como modificaciones de Comeceler y operaciones societarias de M y R Proyectos y Grupo Roilwe.
En junio de 2017, Galindo Sáenz salió de M y R Proyectos mediante una operación accionaria. Alberto Casas Castillo terminó incorporándose a la administración de esa sociedad y también aparece como socio y administrador de Grupo Roilwe, constituida en abril de ese año.
Lourdes García Ávalos participó igualmente en operaciones accionarias de las dos empresas.
En enero de 2018, García Ávalos y Casas Castillo vendieron sus acciones de Grupo Roilwe a Omar y Adriana Rivera Alonso. En junio del mismo año, Alberto y Areli Casas Castillo quedaron con el total del capital de M y R Proyectos.
Por su parte, Comeceler, constituida en octubre de 2016, fue disuelta en marzo de 2018 y liquidada en junio de ese mismo año mediante trámites formalizados en la Ciudad de México.
Los movimientos muestran una secuencia de constituciones, otorgamientos de poderes, compraventas de acciones, sustituciones de administradores y liquidaciones que involucraron a personas recurrentes en un periodo relativamente corto.
El patrón permite establecer documentalmente relaciones que no resultaban evidentes al revisar cada empresa de manera aislada.
El mismo objeto social en compañías diferentes
Otro hallazgo está en la redacción de las actividades autorizadas a varias de las sociedades.
Comcelint, Rancel, Comeceler, Serbatel y Grupo Roilwe reproducen textualmente disposiciones de su objeto social relacionadas con servicios de recepción de llamadas telefónicas y soluciones integrales de centros de contacto.
No se trata solamente de que fueran registradas para desarrollar actividades semejantes: las actas contienen fragmentos redactados con las mismas palabras.
Este patrón se combina con otras coincidencias: capitales sociales de 50 mil pesos, estructuras iniciales de dos accionistas, administradores únicos con facultades amplias y actuaciones notariales próximas.
Aunque las escrituras mercantiles pueden utilizar modelos estandarizados, la repetición de estos elementos, sumada al intercambio de socios y representantes, constituye un dato relevante para comprender la configuración del grupo empresarial.
El vínculo con los millones investigados por la FGR
La relevancia de estas conexiones está en el expediente federal que involucra a Gómez Mont y Álvarez Puga, relacionado con presuntas irregularidades en contratos del sistema penitenciario durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Según información judicial divulgada por Reforma en febrero de 2025, tres compañías constituidas en San Luis Potosí —Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Rancel y Comcelint— recibieron transferencias por un monto conjunto de aproximadamente 635.2 millones de pesos relacionadas con los recursos investigados.
Los registros difundidos atribuyen a Tangamanga depósitos por alrededor de 315.9 millones de pesos, a Rancel por 181.6 millones y a Comcelint por 137.6 millones.
De Ingeniería y Arquitectura Tangamanga salieron, según la investigación de la Fiscalía, transferencias por 7 millones 395 mil pesos a favor de Gómez Mont.
Otra empresa potosina, Gupea Construcciones, habría realizado operaciones por aproximadamente 7.4 millones de pesos a favor de la exconductora, de acuerdo con la información judicial publicada sobre el caso.
El monto atribuido a las operaciones con Gómez Mont es distinto de los 635.2 millones de pesos que recibieron en conjunto Tangamanga, Rancel y Comcelint, y también del valor total de los contratos federales investigados.
El 20 de febrero de 2025, un juez federal vinculó a proceso a Romero López, por considerar suficientes los datos de prueba presentados por el Ministerio Público para continuar el procedimiento penal. La vinculación a proceso no constituye una sentencia condenatoria.
Cinco empresas terminaron en las listas definitivas del SAT
La investigación documental permitió confirmar que cinco de las 13 sociedades relacionadas fueron incorporadas a las listas definitivas del SAT por operaciones inexistentes, conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Se trata de Ingeniería y Arquitectura Tangamanga, Comcelint, Rancel, Gupea Construcciones y Arquitectura y Acabados Yardel.
Rancel y Gupea fueron publicadas en el listado definitivo del Diario Oficial de la Federación el 9 de octubre de 2018.
Tangamanga y Comcelint aparecieron el 31 de diciembre del mismo año.
Yardel fue incorporada el 26 de diciembre de 2019.
La inclusión definitiva implica que la autoridad fiscal no tuvo por acreditada la capacidad material necesaria para realizar las operaciones facturadas, conforme al procedimiento legal aplicable.
Otra compañía de Álvarez Puga trasladó su domicilio a San Luis Potosí
A las 13 empresas identificadas en la revisión de relaciones mercantiles se suma otro hallazgo: Mase Energy, sociedad fundada en 2010 en la Ciudad de México por Víctor Manuel Álvarez Puga, su hermano Alejandro Mario Álvarez Puga y el potosino Sergio Martínez Vega, con un tercio de las acciones cada uno, según su acta constitutiva.
De acuerdo con las actas del Registro Público de Comercio, una asamblea celebrada el 23 de noviembre de 2015 acordó trasladar el domicilio de la compañía de la Ciudad de México a San Luis Potosí y aumentar su capital social en 5.1 millones de pesos. En la misma asamblea, Martínez Vega quedó como administrador único.
En esa operación, Alejandro Mario vendió todas sus acciones a su hermano Víctor Manuel, y Martínez Vega le vendió una parte de las suyas. Víctor Manuel quedó con el 70 por ciento del capital y Martínez Vega, con el 30 por ciento restante.
El acuerdo fue inscrito en el Registro Público de Comercio de San Luis Potosí el 28 de septiembre de 2016, el mismo año en que fueron constituidas varias de las compañías que forman parte de la red identificada.
Según el Diario Oficial de la Federación, Mase Energy también fue incluida el 8 de abril de 2021 en el listado definitivo del SAT por operaciones inexistentes, debido a la ausencia de activos y personal.
Esta relación directa con Álvarez Puga amplía la presencia de sociedades vinculadas al caso en San Luis Potosí.
La investigación también revisó los antecedentes de señalamientos periodísticos que vincularon a la firma contable Marcelo de los Santos y Cía., S.C., propiedad del exgobernador potosino Marcelo de los Santos Fraga, con las empresas relacionadas con este expediente.
En febrero de 2022, San Luis Al Instante publicó una información que atribuyó equivocadamente al diario Reforma y en la que se identificaba a Marcelo y Carlos de los Santos Anaya, hijos del exgobernador, como propietarios de compañías potosinas involucradas en el caso.
Sin embargo, en las actas constitutivas de las 13 empresas y en las modificaciones societarias revisadas, ninguno de los dos aparece como accionista, administrador, comisario o apoderado.
La búsqueda de socios en SIGER tampoco permitió establecer una relación entre los folios identificados a nombre de los hermanos y las sociedades investigadas.
Por tanto, los documentos revisados no respaldan atribuirles la propiedad de las empresas analizadas ni tampoco se puede comprobar que las mismas sociedades tengan relación contractual con la firma.
Lo que sí está documentado es la cercanía de Fernando Francisco Gómez Mont con el exgobernador potosino Marcelo de los Santos durante sus dos años de gestión como secretario de Gobernación en el periodo del expresidente Felipe Calderón. Fernando Gómez-Mont Urueta es tío de Inés Gómez Mont. Ocupó la Secretaría de Gobernación del 10 de noviembre de 2008 al 14 de julio de 2010, cuando él y De los Santos militaban en Acción Nacional. Se debe recordar que Gómez Mont tomó protesta luego de la trágica muerte de Juan Camilo Mouriño, en el desplome del Learjet que lo transportaba, precisamente de San Luis Potosí a la CDMX.
Una investigación que amplía el mapa empresarial del caso
La detención de Inés Gómez Mont en Florida, ocurrida el 30 de octubre de 2026 por motivos migratorios, reactivó la atención sobre la investigación federal. La FGR informó que mantiene tres órdenes de aprehensión vigentes en México contra la exconductora, cuya situación jurídica en Estados Unidos depende de las autoridades de ese país.
La evidencia que se presenta revela que la estructura empresarial potosina alrededor del caso Gómez Mont–Álvarez Puga es más amplia y presenta más conexiones de las que se habían documentado públicamente y es posible que conforme avancen las investigaciones puedan salir a la luz otros vínculos.
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Frente frío 5 entraría el jueves con lluvia en la Huasteca
La coordinadora estatal de Protección Civil dijo que será un frente de frío seco, con lluvias en la Huasteca y la zona norte
Por: Redacción
Con mucha probabilidad, el frente frío 5 ingresará el jueves a San Luis Potosí, informó Nadia Ochoa Limón, coordinadora estatal de Protección Civil.
Explicó que será un frente «distinto y peculiar» porque es de frío seco. Aun así, favorecerá lluvias fuertes y moderadas, principalmente en la Huasteca y en la zona alta y norte del estado.
El estado se mantiene bajo el frente frío 4. La mínima prevista para hoy es de 14 grados, sin que se haya llegado a cero, y para el jueves se espera que baje más. Las temperaturas más bajas se han registrado en las partes altas, principalmente en el Altiplano
.Para noviembre se esperan ocho frentes fríos y, en toda la temporada, un poco más de 60.
Ochoa Limón recomendó abrigar nariz y boca de los menores que acuden a la escuela por la mañana, para evitar contagios de enfermedades, y mantenerse atentos a la información oficial del Gobierno del Estado y del Servicio Meteorológico Nacional.
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