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Dos meses de AMLO… ¿Un balance positivo o negativo?
La llegada de López Obrador a la presidencia se ha movido entre la esperanza y los grandes desafíos de un país en situación crítica
Por El Saxofón
Desde su toma de protesta como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha acaparado la agenda mediática; con sus conferencias matutinas, que con la respectiva sesión de preguntas de los reporteros de la fuente, se prolongan por poco más de hora y media, el mandatario federal marca la pauta de los temas que habrán de ocupar las portadas de los diarios.
A lo largo de los primeros dos meses de su mandato, López Obrador ha ido enfilando sus baterías hacia algunos problemas del país, lo que genera la impresión de que el gobierno ha tomado el toro por los cuernos.
Los problemas que ha atacado son tan evidentes, que la oposición de algunos sectores que se ven afectados por las medidas presidenciales y, sobre todo, la de los partidos políticos hayan poco eco; aunado a ello, los partidos de oposición, tras los resultados electorales del 1 de julio de 2018, quedaron prácticamente en la lona.
Una vez que dio por cancelado el megaproyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco y sentó las bases para la terminal aérea en la base militar de Santa Lucía, el primer embate de López Obrador, fue contra los onerosos sueldos de los funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno, que a lo largo de varios sexenios indignaron a los mexicanos, sin que nadie hiciera nada durante las pasadas administraciones federales.
Aunque enfrentó resistencias y la Ley de Remuneraciones permanece congelada en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), López Obrador logró que los propios ministros de la Corte se bajaran el sueldo “por iniciativa propia”.
En algunas entidades del país, los Congresos locales, también se vieron en la necesidad de bajar las percepciones de algunos funcionarios.
Si bien en algunos casos, como es el de San Luis Potosí, la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos ha sido vista como una simulación.
El gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López ganará apenas unos cuantos miles de pesos menos que el presidente López Obrador, pese a que su responsabilidad como Ejecutivo Estatal es menor que la del Ejecutivo Federal.
Del mismo modo, los diputados locales potosinos, ganarán apenas unos pocos miles de pesos menos que el gobernador Carreras, pese a que su responsabilidad como legisladores es compartida, y también menor en comparación con la del Ejecutivo Estatal.
OPOSICIÓN EN LA LONA
Los primeros dos meses han revelado a una oposición desarticulada y que, ante la evidente urgencia en la atención de algunos problemas, como el derroche en la función pública y el robo de combustible, poco han podido argumentar en contra de las iniciativas lopezobradoristas o morenistas.
Si bien, temas importantes como la Guardia Nacional se mantienen en análisis, la oposición más fuerte y argumentada proviene de organismos de la sociedad civil, mientras que los partidos de oposición, el PRI y el PAN, concretamente, poco tienen que decir, pues la militarización de la seguridad no fue ajena a sus gobiernos, y más bien fueron estos regímenes los que la impusieron casi como una norma.
Además diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del PRD se han sumado al partido de López Obrador y por otro lado, el PRI ya ha comenzado a pactar con Morena, bajo el argumento de que apoyarán aquellas iniciativas que sean benéficas para el país.
La declaración de Yeidckol Polevnsky, quien aseguró que “se oye mejor PRI-MOR que PRI-AN”, dan cuenta de ello.
Mientras tanto, el discurso del PAN, no ha ido más allá de reiterar que serán “una oposición responsable”.
ALGUNOS PROBLEMAS
La tarde del pasado 24 de diciembre, parecía que el gobierno de López Obrador hacía agua, debido al desplome de la avioneta en la que viajaban la recién investida gobernadora de Puebla, Erika Alonso y su esposo, el ex gobernador y senador de la República, Rafael Moreno Valle.
De inmediato comenzaron a generarse especulaciones y surgió la teoría de la conspiración, que señalaban un posible atentado orquestado contra la pareja de políticos, las miras apuntaban al gobierno federal, con base en el hecho de que la gubernatura de Puebla se había resuelto en tribunales, en una apretada contienda entre el candidato de Morena, Miguel Barbosa, y la panista Alonso.
Los días siguientes fueron de exigencias de justicia por parte del PAN, y de dar algunos elementos de las investigaciones, por parte del gobierno lopezobradorista, sin embargo, el mandatario federal abrió un nuevo frente de batalla cuando anunció su estrategia contra el robo de combustible.
No fue la estrategia en sí la que regresó el control de la agenda al Gobierno Federal, sino uno de sus efectos: el desabasto de gasolina.
La escasez del hidrocarburo puso histéricos a los mexicanos de varios estados del país, y la agenda mediática se centró en este problema, dejando de lado la “tragedia de Puebla”, la primera del gobierno de López Obrador.
Incluso, en esos días, una matanza de 30 personas en el estado de Tamaulipas, que sigue pagando su cuota de sangre debido a que sigue siendo una de las zonas más disputadas por el narcotráfico, pasó casi desapercibida. El tema de la violencia podría haber resurgido ahí, sin embargo, no pasó.
El tema del desabasto de gasolina permaneció en la prensa desde el viernes 11 hasta el anochecer del viernes 18 de enero, cuando una explosión en un ducto de Pemex, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, dio un giro a la agenda mediática.
Lo que se avizoraba como un problema para el gobierno federal, por el descontento que podía generar el desabasto de gasolina entre la población y sus esperados efectos en la economía, dejó de serlo, cuando el “huachicoleo” mostró sus verdaderos peligros, y dio al país una experiencia “dura, dolorosa”, pero “aleccionadora”, según palabras del propio presidente.
El desabasto de gasolina persistió en algunos estados, sin embargo, la cobertura mediática cedió sus mejores espacios al saldo fatal de lo ocurrido en Tlahuelilpan.
Aunque se quiso llevar a debate el papel de los elementos del Ejército Mexicano que atendieron el reporte de la fuga, nadie, ni desde la oposición, ni desde otro ámbito pudo capitalizar este argumento. El Ejército, visto como represor cuando actúa, no fue visto como negligente, al no detener a la gente en Tlahuelilpan, que según algunas crónicas periodísticas, convirtieron el campo de alfalfa donde se localizaba la toma clandestina, antes de la explosión, en un ambiente de fiesta.
La irresponsabilidad recayó en las víctimas, que no quisieron entender el riesgo obvio de aproximarse a una fuga de gasolina, y no quisieron atender, o como se dice comunmente “se sordearon”, ante los poco enérgicos llamados de policías y militares, a abandonar la zona.
Hasta la fecha, no termina el conteo de muertos por esa tragedia, desde el 18 de enero cuando se dio la cifra inicial de 20 fallecidos, cada día, la nueva cifra de fallecimientos aumenta y es nota; ya suman 125, según los últimos reportes, y 22 personas permanecen hospitalizadas bajo un pronóstico de salud que va de reservado a grave.
Así, el Gobierno de López Obrador, acumula dos tragedias la de Puebla, y la de Hidalgo, una cubrió a la otra.
Podríamos decir que por ahora, el lopezobradorismo lleva un saldo aparentemente a favor, puesto que no se ha demostrado ni negligencias, ni omisiones, aunque sin descartar que pudiera haberlas.
Un punto a favor es la voluntad del gobierno federal de informar. En un principio, se criticó a López Obrador porque siempre era él quien respondía a todo. El mandatario tomó nota de estas críticas y sacó a la palestra a los integrantes de su gabinete para que respondieran las preguntas de los reporteros y la prensa tuviera información de primera mano.
¿Para qué esperar a que la prensa investigue y se entere de los montos que alcanza el robo de combustible cuando el propio gobierno puede darlo a conocer?
Acaso ese sea su mejor capital, tener una respuesta para todo. Ante gobiernos y mandatarios que solían responder demasiado tarde y hacer esperar demasiado a la prensa y a la opinión pública para dar a conocer pormenores o posturas acerca de los problemas del país, el de AMLO, opta por dar la mayor cantidad de información posible.
Hay demagogia en el discurso, sin duda, pero también hay datos, y eso lo hace más tolerable y más creíble que el de gobiernos y funcionarios anteriores.
Según una encuesta de El Financiero, López Obrador inició su mandato con 73 por ciento de aprobación de los mexicanos. Para el 22 de enero, después de la tragedia de Tlahuelilpan, su popularidad había llegado al 88.7 por ciento, según un sondeo del Gabinete de Comunicación Estratégica.
Estamos sin duda ante un hecho inédito. Es el primer presidente de la República que tiene un gran capital moral, basado sobre todo en su austeridad, rechaza el lujo, y no se ve por ningún lado que busque enriquecerse, como otros políticos han hecho; sus “baños de pueblo”, son diarios y en su afán de no alejarse del “pueblo bueno”, ha relajado los esquemas de seguridad que anteriormente amurallaban la figura presidencial.
+SOLO
“Llegué a la Presidencia después de muchos años de lucha personal y colectiva (…) estoy preparado para no fallarle a mi pueblo”.
-Andrés Manuel López Obrador durante su primer discurso como primer mandatario el 1 de diciembre de 2018
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Violencia e influyentismo: el caso que persigue al alcalde de Cerro de San Pedro
El pasado 3 de julio el padre de “Chuy” Nava fue detenido por agresiones contra una mujer, sin embargo fue liberado a las pocas horas; no sería la primera carpeta en su contra por este delito
Por: Redacción
A casi un mes de la detención de J. Santos “N”, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Jesús “Chuy” Nava, perteneciente al PRI, el caso se ha convertido en un asunto con implicaciones políticas que amenazan con marcar el futuro del grupo que actualmente gobierna el municipio.
A través de redes sociales, habitantes del municipio han externado sus dudas sobre la actuación de las autoridades, los señalamientos de un posible tráfico de influencias, las versiones sobre presuntas presiones para que la víctima otorgara el perdón y el antecedente de otras investigaciones por hechos similares han colocado al gobierno municipal en el centro de una controversia que trasciende el ámbito judicial y comienza a impactar la imagen del proyecto político de la familia Nava.
La madrugada del 3 de julio comenzaron a difundirse en redes sociales reportes ciudadanos sobre la presunta detención de J. Santos “N”, identificado como padre del alcalde de Cerro de San Pedro.
De acuerdo con las versiones difundidas por vecinos, el hombre habría sido asegurado tras un incidente en agravio de una mujer identificada como Mayra “N”. También trascendió que presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento de los hechos.
La información señalaba que el detenido fue trasladado a las celdas preventivas mientras se definía su situación jurídica. Sin embargo, horas más tarde comenzaron a circular publicaciones que afirmaban que había recuperado su libertad el mismo día.
Las críticas por el hecho se dirigieron hacia el presidente municipal, al considerar que su parentesco con el señalado podía influir en el desarrollo del procedimiento.
Durante los días posteriores, diversos usuarios en redes sociales exigieron que el caso fuera investigado sin privilegios, mientras reclamaban que la ley se aplicara de la misma manera que en cualquier otro asunto de violencia contra las mujeres.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha explicado públicamente cuál fue el seguimiento jurídico del caso.
No se ha informado cuáles fueron las actuaciones ministeriales derivadas de la detención, si la investigación continúa abierta, ni bajo qué circunstancias se determinó la situación jurídica del señalado. Tampoco existe una postura oficial que responda a los cuestionamientos surgidos entre la población respecto al procedimiento.
Fuentes cercanas al caso consultadas por este medio aseguraron que la víctima habría sido presionada para otorgar el perdón al presunto agresor. Aunque esta versión no ha sido confirmada por la Fiscalía General del Estado ni por otra autoridad competente, representa uno de los principales cuestionamientos que rodean el caso, debido a que pondría en entredicho las condiciones en las que se desarrolló el procedimiento.
De acuerdo con información obtenida por este medio, esta no sería la primera carpeta de investigación relacionada con presuntos hechos de violencia que enfrenta J. Santos “N”; pues hay dos más en los años 2019 y 2020.
La dimensión política comenzó prácticamente desde el primer día. Diversas publicaciones ciudadanas en Facebook cuestionaron que el padre del alcalde recuperara su libertad pocas horas después de su detención y señalaron un posible uso de influencias para favorecerlo.
Incluso algunos mensajes compararon el caso con otros procesos de violencia contra mujeres que sí derivaron en condenas penales, argumentando que la aplicación de la justicia parece variar cuando los involucrados mantienen vínculos con el poder político.
El caso también coincide con el momento en que distintos grupos políticos comienzan a preparar la sucesión municipal.
Fuentes cercanas a la vida política de Cerro de San Pedro señalaron a este medio que integrantes de la familia del actual presidente municipal buscan mantenerse como un grupo con influencia dentro del gobierno local una vez concluida la administración encabezada por Jesús “Chuy” Nava.
También lee: Dos elementos de la Guardia Civil Estatal mueren tras agresión armada en Cerritos, La Pila
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Seis de cada diez potosinos consideran insegura la capital
La buena noticia es que, comparado con junio de 2025, el indicador bajó 12.3 puntos porcentuales, lo que refleja una mejora respecto al año pasado
Por: Ana G Silva
La percepción de inseguridad entre los habitantes de San Luis Potosí aumentó durante el segundo trimestre de 2026, en contraste con la tendencia nacional, que registró una disminución. Sin embargo, al comparar los resultados con el mismo periodo del año pasado, la entidad muestra una mejora importante de más de 12 puntos porcentuales.
La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada este 24 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reveló que el 62.5 por ciento de la población de 18 años y más en la ciudad de San Luis Potosí considera que vivir en la capital es inseguro, frente al 57.6 por ciento reportado en marzo de este mismo año.
Este incremento ocurre mientras que, a nivel nacional, la percepción de inseguridad siguió una trayectoria opuesta. En el conjunto de las 91 ciudades evaluadas por la ENSU, el porcentaje de personas que consideran insegura su ciudad pasó de 61.5 a 59.8 por ciento, lo que representó una disminución estadísticamente significativa respecto al trimestre anterior.
Aunque el aumento registrado en San Luis Potosí no fue señalado por el INEGI como un cambio estadísticamente significativo, sí coloca a la capital potosina por encima del promedio nacional, pues casi dos de cada tres habitantes continúan percibiendo a la ciudad como un lugar inseguro para vivir.
La comparación anual muestra un panorama distinto
Pese al incremento observado entre marzo y junio de este año, el comportamiento cambia al revisar el comparativo anual.
En junio de 2025, 74.8 por ciento de los habitantes de San Luis Potosí afirmaba sentirse inseguro en la ciudad. Para junio de 2026, esa cifra disminuyó a 62.5 por ciento , es decir, 12.3 puntos porcentuales menos, una reducción que el propio INEGI identifica como estadísticamente significativa.
Esta reducción coloca a San Luis Potosí entre las ciudades que lograron mejorar su percepción de seguridad respecto al año anterior. De acuerdo con la ENSU, 23 ciudades del país registraron disminuciones significativas en la percepción de inseguridad durante el último año, mientras que únicamente seis presentaron incrementos.
A nivel nacional también se observó una mejora anual, al pasar de 63.2 por ciento en junio de 2025 a 59.8 por ciento en junio de 2026.
A pesar de la mejora anual, la capital potosina continúa ubicándose ligeramente por encima del promedio del país en percepción de inseguridad.
Mientras el promedio nacional se ubicó en 59.8 por ciento, en San Luis Potosí alcanzó 62.5 por ciento, una diferencia de 2.7 puntos porcentuales, lo que refleja que la percepción ciudadana sobre la seguridad aún no logra alinearse con la tendencia nacional de recuperación.
La ENSU mide trimestralmente la percepción de seguridad de la población de 18 años y más en 91 ciudades del país, con el objetivo de generar información sobre la forma en que la ciudadanía evalúa las condiciones de seguridad pública y aportar elementos para el diseño de políticas públicas en esta materia.
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Operativo interinstitucional asegura a un presunto agresor de elementos de la GCE
La Fiscalía potosina, en coordinación con fuerzas estatales y federales, detuvo a un presunto involucrado en la agresión ocurrida la mañana de este domingo
Por: Redacción
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informa que, tras la agresión a la Guardia Civil Estatal ocurrida esta mañana en la comunidad de Cerrito de la Cruz, en la delegación de La Pila, de esta capital, y en la que fallecieron dos elementos de dicha corporación, la Policía de Investigación, la Guardia Civil Estatal y el Ejército Mexicano aseguraron a un presunto involucrado en estos hechos.
El operativo de rastreo y búsqueda interinstitucional se activó justo después de que los números de emergencia reportaran esta mañana la agresión a policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí, mientras que personal de la Vicefiscalía Científica recupera indicios en el lugar para fortalecer las investigaciones
.La FGESLP agregó que, conforme avancen las diligencias, se dará a conocer la actualización correspondiente a través de los canales institucionales, con el fin de no afectar el desarrollo de la investigación.
La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí refrenda su compromiso de trabajar con probidad, profesionalismo y justicia a favor de las y los potosinos.
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