abril 1, 2026

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Dos meses de AMLO… ¿Un balance positivo o negativo?

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La llegada de López Obrador a la presidencia se ha movido entre la esperanza y los grandes desafíos de un país en situación crítica

Por El Saxofón

Desde su toma de protesta como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha acaparado la agenda mediática; con sus conferencias matutinas, que con la respectiva sesión de preguntas de los reporteros de la fuente, se prolongan por poco más de hora y media, el mandatario federal marca la pauta de los temas que habrán de ocupar las portadas de los diarios.

A lo largo de los primeros dos meses de su mandato, López Obrador ha ido enfilando sus baterías hacia algunos problemas del país, lo que genera la impresión de que el gobierno ha tomado el toro por los cuernos.

Los problemas que ha atacado son tan evidentes, que la oposición de algunos sectores que se ven afectados por las medidas presidenciales y, sobre todo, la de los partidos políticos hayan poco eco; aunado a ello, los partidos de oposición, tras los resultados electorales del 1 de julio de 2018, quedaron prácticamente en la lona.

Una vez que dio por cancelado el megaproyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco y sentó las bases para la terminal aérea en la base militar de Santa Lucía, el primer embate de López Obrador, fue contra los onerosos sueldos de los funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno, que a lo largo de varios sexenios indignaron a los mexicanos, sin que nadie hiciera nada durante las pasadas administraciones federales.

Aunque enfrentó resistencias y la Ley de Remuneraciones permanece congelada en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), López Obrador logró que los propios ministros de la Corte se bajaran el sueldo “por iniciativa propia”.

En algunas entidades del país, los Congresos locales, también se vieron en la necesidad de bajar las percepciones de algunos funcionarios.

Si bien en algunos casos, como es el de San Luis Potosí, la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos ha sido vista como una simulación.

El gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López ganará apenas unos cuantos miles de pesos menos que el presidente López Obrador, pese a que su responsabilidad como Ejecutivo Estatal es menor que la del Ejecutivo Federal.

Del mismo modo, los diputados locales potosinos, ganarán apenas unos pocos miles de pesos menos que el gobernador Carreras, pese a que su responsabilidad como legisladores es compartida, y también menor en comparación con la del Ejecutivo Estatal.

 

OPOSICIÓN EN LA LONA

 

Los primeros dos meses han revelado a una oposición desarticulada y que, ante la evidente urgencia en la atención de algunos problemas, como el derroche en la función pública y el robo de combustible, poco han podido argumentar en contra de las iniciativas lopezobradoristas o morenistas.

Si bien, temas importantes como la Guardia Nacional se mantienen en análisis, la oposición más fuerte y argumentada proviene de organismos de la sociedad civil, mientras que los partidos de oposición, el PRI y el PAN, concretamente, poco tienen que decir, pues la militarización de la seguridad no fue ajena a sus gobiernos, y más bien fueron estos regímenes los que la impusieron casi como una norma.

Además diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del PRD se han sumado al partido de López Obrador y por otro lado, el PRI ya ha comenzado a pactar con Morena, bajo el argumento de que apoyarán aquellas iniciativas que sean benéficas para el país.

La declaración de Yeidckol Polevnsky, quien aseguró que “se oye mejor PRI-MOR que PRI-AN”, dan cuenta de ello.

Mientras tanto, el discurso del PAN, no ha ido más allá de reiterar que serán “una oposición responsable”.


ALGUNOS PROBLEMAS

 

La tarde del pasado 24 de diciembre, parecía que el gobierno de López Obrador hacía agua, debido al desplome de la avioneta en la que viajaban la recién investida gobernadora de Puebla, Erika Alonso y su esposo, el ex gobernador y senador de la República, Rafael Moreno Valle.

De inmediato comenzaron a generarse especulaciones y surgió la teoría de la conspiración, que señalaban un posible atentado orquestado contra la pareja de políticos, las miras apuntaban al gobierno federal, con base en el hecho de que la gubernatura de Puebla se había resuelto en tribunales, en una apretada contienda entre el candidato de Morena, Miguel Barbosa, y la panista Alonso.

Los días siguientes fueron de exigencias de justicia por parte del PAN, y de dar algunos elementos de las investigaciones, por parte del gobierno lopezobradorista, sin embargo, el mandatario federal abrió un nuevo frente de batalla cuando anunció su estrategia contra el robo de combustible.

No fue la estrategia en sí la que regresó el control de la agenda al Gobierno Federal, sino uno de sus efectos: el desabasto de gasolina.

La escasez del hidrocarburo puso histéricos a los mexicanos de varios estados del país, y la agenda mediática se centró en este problema, dejando de lado la “tragedia de Puebla”, la primera del gobierno de López Obrador.

Incluso, en esos días, una matanza de 30 personas en el estado de Tamaulipas, que sigue pagando su cuota de sangre debido a que sigue siendo una de las zonas más disputadas por el narcotráfico, pasó casi desapercibida. El tema de la violencia podría haber resurgido ahí, sin embargo, no pasó.

El tema del desabasto de gasolina permaneció en la prensa desde el viernes 11 hasta el anochecer del viernes 18 de enero, cuando una explosión en un ducto de Pemex, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, dio un giro a la agenda mediática.

Lo que se avizoraba como un problema para el gobierno federal, por el descontento que podía generar el desabasto de gasolina entre la población y sus esperados efectos en la economía, dejó de serlo, cuando el “huachicoleo” mostró sus verdaderos peligros, y dio al país una experiencia “dura, dolorosa”, pero “aleccionadora”, según palabras del propio presidente.

Tlahuelilpan, Hidalgo

El desabasto de gasolina persistió en algunos estados, sin embargo, la cobertura mediática cedió sus mejores espacios al saldo fatal de lo ocurrido en Tlahuelilpan.

Aunque se quiso llevar a debate el papel de los elementos del Ejército Mexicano que atendieron el reporte de la fuga, nadie, ni desde la oposición, ni desde otro ámbito pudo capitalizar este argumento. El Ejército, visto como represor cuando actúa, no fue visto como negligente, al no detener a la gente en Tlahuelilpan, que según algunas crónicas periodísticas, convirtieron el campo de alfalfa donde se localizaba la toma clandestina, antes de la explosión, en un ambiente de fiesta.

La irresponsabilidad recayó en las víctimas, que no quisieron entender el riesgo obvio de aproximarse a una fuga de gasolina, y no quisieron atender, o como se dice comunmente “se sordearon”, ante los poco enérgicos llamados de policías y militares, a abandonar la zona.

Hasta la fecha, no termina el conteo de muertos por esa tragedia, desde el 18 de enero cuando se dio la cifra inicial de 20 fallecidos, cada día, la nueva cifra de fallecimientos aumenta y es nota; ya suman 125, según los últimos reportes, y 22 personas permanecen hospitalizadas bajo un pronóstico de salud que va de reservado a grave.

Así, el Gobierno de López Obrador, acumula dos tragedias la de Puebla, y la de Hidalgo, una cubrió a la otra.

Podríamos decir que por ahora, el lopezobradorismo lleva un saldo aparentemente a favor, puesto que no se ha demostrado ni negligencias, ni omisiones, aunque sin descartar que pudiera haberlas.

Un punto a favor es la voluntad del gobierno federal de informar. En un principio, se criticó a López Obrador porque siempre era él quien respondía a todo. El mandatario tomó nota de estas críticas y sacó a la palestra a los integrantes de su gabinete para que respondieran las preguntas de los reporteros y la prensa tuviera información de primera mano.

¿Para qué esperar a que la prensa investigue y se entere de los montos que alcanza el robo de combustible cuando el propio gobierno puede darlo a conocer?

Acaso ese sea su mejor capital, tener una respuesta para todo. Ante gobiernos y mandatarios que solían responder demasiado tarde y hacer esperar demasiado a la prensa y a la opinión pública para dar a conocer pormenores o posturas acerca de los problemas del país, el de AMLO, opta por dar la mayor cantidad de información posible.

Hay demagogia en el discurso, sin duda, pero también hay datos, y eso lo hace más tolerable y más creíble que el de gobiernos y funcionarios anteriores.

Según una encuesta de El Financiero, López Obrador inició su mandato con 73 por ciento de aprobación de los mexicanos. Para el 22 de enero, después de la tragedia de Tlahuelilpan, su popularidad había llegado al 88.7 por ciento, según un sondeo del Gabinete de Comunicación Estratégica.

Estamos sin duda ante un hecho inédito. Es el primer presidente de la República que tiene un gran capital moral, basado sobre todo en su austeridad, rechaza el lujo, y no se ve por ningún lado que busque enriquecerse, como otros políticos han hecho; sus “baños de pueblo”, son diarios y en su afán de no alejarse del “pueblo bueno”, ha relajado los esquemas de seguridad que anteriormente amurallaban la figura presidencial.

 

+SOLO

“Llegué a la Presidencia después de muchos años de lucha personal y colectiva (…) estoy preparado para no fallarle a mi pueblo”.

-Andrés Manuel López Obrador durante su primer discurso como primer mandatario el 1 de diciembre de 2018

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Ciudad

¿Quién es Ángeles Rodríguez Aguirre, la nueva secretaria general del Ayuntamiento de SLP?

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Con experiencia como diputada federal, funcionaria municipal y perfil técnico, llega a uno de los cargos clave en la operación del gobierno de Enrique Galindo

Por: Ana G Silva

En sesión de Cabildo, María de los Ángeles Rodríguez Aguirre tomó protesta como nueva secretaria general del Ayuntamiento de San Luis Potosí, integrándose al equipo del alcalde Enrique Galindo Ceballos en la recta final de la administración municipal.

Rodríguez Aguirre cuenta con una trayectoria política y administrativa vinculada principalmente al Partido Acción Nacional (PAN), al que se afilió en 1996. Es ingeniera en alimentos por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), donde egresó en 1992.

En el ámbito legislativo, se desempeñó como diputada federal por el quinto distrito de San Luis Potosí de 2015 a 2018. Además, ha ocupado distintos cargos dentro de la administración pública, entre ellos su paso por la Secretaría de Desarrollo Social, donde participó en labores institucionales durante varios años.

En el ámbito interno del PAN, fue consejera estatal en 2008, consolidando su presencia dentro del partido.

En el gobierno municipal capitalino, su experiencia reciente incluye su desempeño como directora de Catastro y posteriormente como directora general de Gestión Territorial y Catastro, cargo que asumió en 2025, donde fue reconocida por impulsar estrategias para atender el crecimiento urbano de la ciudad.

También cuenta con experiencia académica, ya que en 1997 impartió clases en el Instituto de Estudios Superiores, además de contar con un diplomado en gestión de gobierno local.

Con este nombramiento, el Ayuntamiento busca dar continuidad operativa y fortalecer la coordinación interna, en un momento clave de la administración municipal.

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Semujeres gestiona 40 mdp para atención a mujeres en SLP

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Centros Libres pasan de 22 a 33 en el estado; la cobertura alcanzará los 58 municipios

Por: Redacción

Gloria Serrato, titular de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), informó que para este 2026 se gestionaron casi 40 millones de pesos en recursos federales destinados a fortalecer la atención integral a mujeres en el estado, particularmente en el marco de las acciones relacionadas con la Alerta de Violencia de Género.

Explicó que, a diferencia de años anteriores, los fondos ahora son administrados a través de la Secretaría Nacional de las Mujeres, donde los estados deben concursar mediante proyectos para acceder al financiamiento, dependiendo de su viabilidad y evaluación.

En este contexto, destacó que uno de los principales logros será la ampliación de los llamados Centros Libres, espacios destinados a la atención integral de mujeres en situación de violencia.

“Este año logramos gestionar recursos para abrir 11 centros más, p asando de 22 a un total de 33 en todo el estado”,

subrayó.

Con esta expansión, detalló que se alcanzará cobertura en los 58 municipios, mediante esquemas de atención directa e itinerante.

Serrato explicó que estos centros brindan servicios especializados a través de un equipo multidisciplinario conformado por psicóloga, abogada, trabajadora social, promotora de redes y promotora de derechos humanos, lo que permite atender de manera integral las distintas formas de violencia.

Asimismo, indicó que el modelo de operación es tripartita, ya que: El Gobierno Federal cubre el pago del personal especializado, el Gobierno Estatal aporta equipamiento y los municipios proporcionan los espacios físicos.

Entre los municipios donde ya operan o se fortalecerán estos centros destacan Soledad, Tamuín, Ciudad Valles y Tamazunchale, mientras que este año se sumarán nuevos puntos en Santa María del Río, Villa de Arriaga, Catorce, San Ciro de Acosta, San Vicente y San Martín, entre otros.

Finalmente, la funcionaria subrayó que estos espacios no solo atienden casos de violencia, sino que también forman parte de una estrategia preventiva que busca garantizar el acceso de las mujeres a sus derechos.

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¿Castigar más a menores? Gobierno estatal abre discusión tras delitos graves

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José Guadalupe Torres Sánchez plantea debate sobre delitos graves y responsabilidad de padres o tutores

Por: Redacción

José Guadalupe Torres Sánchez, secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, consideró necesario abrir un debate “con mucha responsabilidad” sobre la posibilidad de imponer sanciones más severas a menores de edad que cometan delitos graves, aunque advirtió que el análisis debe contemplar múltiples factores legales y sociales.

El funcionario estatal señaló que este tema no puede resolverse de manera simplista ni a partir de declaraciones aisladas, sino mediante una revisión integral del marco jurídico y sus implicaciones.

“Es un debate que hay que tener con mucha responsabilidad y no únicamente expresarlo en una entrevista”, afirmó.

Torres Sánchez explicó que uno de los elementos centrales en esta discusión debe ser el nivel de violencia ejercida en los delitos, al referirse a casos recientes en el país donde menores han cometido actos de extrema gravedad.

“Tendría que tener como origen el grado o la brutalidad que algún adolescente o niño comete en contra de otro”, sostuvo.

Como ejemplo, mencionó un caso ocurrido en Michoacán, donde un menor de edad agredió a dos maestras, provocándoles la muerte, hecho que calificó como una “brutalidad” y que, dijo, evidencia la necesidad de revisar los alcances de la legislación actual.

“Por supuesto que es una brutalidad y frente a ello parecieran demasiado flexibles”, expresó en referencia a las sanciones vigentes.

No obstante, el secretario general de Gobierno subrayó que cualquier modificación legal debe contemplar también la responsabilidad de los adultos a cargo de los menores, particularmente padres o tutores.

“La responsabilidad debe de abrazar e incluir a sus tutores o a sus padres”, indicó, al señalar que en muchos casos estos actores no son considerados dentro de las consecuencias legales.

Torres Sánchez recordó que, a diferencia de los menores, los padres sí están sujetos a la legislación penal ordinaria, lo que abre la posibilidad de establecer mecanismos de corresponsabilidad más estrictos.

“Estos no olviden que sí son sujetos de una ley ordinaria o común que inclusive permite la reclusión”, apuntó.

En ese sentido, insistió en que el debate debe analizar todas las aristas antes de plantear cambios legales, especialmente ante propuestas impulsadas a nivel federal sobre el endurecimiento de sanciones para menores que cometan delitos de alto impacto.

“Cualquier idea que tienda o sume para poder erradicar este tipo de prácticas es bienvenida”, afirmó.

Finalmente, el funcionario estatal señaló que será necesario esperar a que se formalicen las iniciativas desde el ámbito federal para poder fijar una postura más concreta en San Luis Potosí, aunque adelantó que el estado se mantendrá atento a cualquier propuesta que busque fortalecer la seguridad y la justicia.

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