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Dos meses de AMLO… ¿Un balance positivo o negativo?
La llegada de López Obrador a la presidencia se ha movido entre la esperanza y los grandes desafíos de un país en situación crítica
Por El Saxofón
Desde su toma de protesta como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha acaparado la agenda mediática; con sus conferencias matutinas, que con la respectiva sesión de preguntas de los reporteros de la fuente, se prolongan por poco más de hora y media, el mandatario federal marca la pauta de los temas que habrán de ocupar las portadas de los diarios.
A lo largo de los primeros dos meses de su mandato, López Obrador ha ido enfilando sus baterías hacia algunos problemas del país, lo que genera la impresión de que el gobierno ha tomado el toro por los cuernos.
Los problemas que ha atacado son tan evidentes, que la oposición de algunos sectores que se ven afectados por las medidas presidenciales y, sobre todo, la de los partidos políticos hayan poco eco; aunado a ello, los partidos de oposición, tras los resultados electorales del 1 de julio de 2018, quedaron prácticamente en la lona.
Una vez que dio por cancelado el megaproyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco y sentó las bases para la terminal aérea en la base militar de Santa Lucía, el primer embate de López Obrador, fue contra los onerosos sueldos de los funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno, que a lo largo de varios sexenios indignaron a los mexicanos, sin que nadie hiciera nada durante las pasadas administraciones federales.
Aunque enfrentó resistencias y la Ley de Remuneraciones permanece congelada en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), López Obrador logró que los propios ministros de la Corte se bajaran el sueldo “por iniciativa propia”.
En algunas entidades del país, los Congresos locales, también se vieron en la necesidad de bajar las percepciones de algunos funcionarios.
Si bien en algunos casos, como es el de San Luis Potosí, la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos ha sido vista como una simulación.
El gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López ganará apenas unos cuantos miles de pesos menos que el presidente López Obrador, pese a que su responsabilidad como Ejecutivo Estatal es menor que la del Ejecutivo Federal.
Del mismo modo, los diputados locales potosinos, ganarán apenas unos pocos miles de pesos menos que el gobernador Carreras, pese a que su responsabilidad como legisladores es compartida, y también menor en comparación con la del Ejecutivo Estatal.
OPOSICIÓN EN LA LONA
Los primeros dos meses han revelado a una oposición desarticulada y que, ante la evidente urgencia en la atención de algunos problemas, como el derroche en la función pública y el robo de combustible, poco han podido argumentar en contra de las iniciativas lopezobradoristas o morenistas.
Si bien, temas importantes como la Guardia Nacional se mantienen en análisis, la oposición más fuerte y argumentada proviene de organismos de la sociedad civil, mientras que los partidos de oposición, el PRI y el PAN, concretamente, poco tienen que decir, pues la militarización de la seguridad no fue ajena a sus gobiernos, y más bien fueron estos regímenes los que la impusieron casi como una norma.
Además diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del PRD se han sumado al partido de López Obrador y por otro lado, el PRI ya ha comenzado a pactar con Morena, bajo el argumento de que apoyarán aquellas iniciativas que sean benéficas para el país.
La declaración de Yeidckol Polevnsky, quien aseguró que “se oye mejor PRI-MOR que PRI-AN”, dan cuenta de ello.
Mientras tanto, el discurso del PAN, no ha ido más allá de reiterar que serán “una oposición responsable”.
ALGUNOS PROBLEMAS
La tarde del pasado 24 de diciembre, parecía que el gobierno de López Obrador hacía agua, debido al desplome de la avioneta en la que viajaban la recién investida gobernadora de Puebla, Erika Alonso y su esposo, el ex gobernador y senador de la República, Rafael Moreno Valle.
De inmediato comenzaron a generarse especulaciones y surgió la teoría de la conspiración, que señalaban un posible atentado orquestado contra la pareja de políticos, las miras apuntaban al gobierno federal, con base en el hecho de que la gubernatura de Puebla se había resuelto en tribunales, en una apretada contienda entre el candidato de Morena, Miguel Barbosa, y la panista Alonso.
Los días siguientes fueron de exigencias de justicia por parte del PAN, y de dar algunos elementos de las investigaciones, por parte del gobierno lopezobradorista, sin embargo, el mandatario federal abrió un nuevo frente de batalla cuando anunció su estrategia contra el robo de combustible.
No fue la estrategia en sí la que regresó el control de la agenda al Gobierno Federal, sino uno de sus efectos: el desabasto de gasolina.
La escasez del hidrocarburo puso histéricos a los mexicanos de varios estados del país, y la agenda mediática se centró en este problema, dejando de lado la “tragedia de Puebla”, la primera del gobierno de López Obrador.
Incluso, en esos días, una matanza de 30 personas en el estado de Tamaulipas, que sigue pagando su cuota de sangre debido a que sigue siendo una de las zonas más disputadas por el narcotráfico, pasó casi desapercibida. El tema de la violencia podría haber resurgido ahí, sin embargo, no pasó. 
El tema del desabasto de gasolina permaneció en la prensa desde el viernes 11 hasta el anochecer del viernes 18 de enero, cuando una explosión en un ducto de Pemex, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, dio un giro a la agenda mediática.
Lo que se avizoraba como un problema para el gobierno federal, por el descontento que podía generar el desabasto de gasolina entre la población y sus esperados efectos en la economía, dejó de serlo, cuando el “huachicoleo” mostró sus verdaderos peligros, y dio al país una experiencia “dura, dolorosa”, pero “aleccionadora”, según palabras del propio presidente.
Tlahuelilpan, Hidalgo
El desabasto de gasolina persistió en algunos estados, sin embargo, la cobertura mediática cedió sus mejores espacios al saldo fatal de lo ocurrido en Tlahuelilpan.
Aunque se quiso llevar a debate el papel de los elementos del Ejército Mexicano que atendieron el reporte de la fuga, nadie, ni desde la oposición, ni desde otro ámbito pudo capitalizar este argumento. El Ejército, visto como represor cuando actúa, no fue visto como negligente, al no detener a la gente en Tlahuelilpan, que según algunas crónicas periodísticas, convirtieron el campo de alfalfa donde se localizaba la toma clandestina, antes de la explosión, en un ambiente de fiesta.
La irresponsabilidad recayó en las víctimas, que no quisieron entender el riesgo obvio de aproximarse a una fuga de gasolina, y no quisieron atender, o como se dice comunmente “se sordearon”, ante los poco enérgicos llamados de policías y militares, a abandonar la zona.
Hasta la fecha, no termina el conteo de muertos por esa tragedia, desde el 18 de enero cuando se dio la cifra inicial de 20 fallecidos, cada día, la nueva cifra de fallecimientos aumenta y es nota; ya suman 125, según los últimos reportes, y 22 personas permanecen hospitalizadas bajo un pronóstico de salud que va de reservado a grave.
Así, el Gobierno de López Obrador, acumula dos tragedias la de Puebla, y la de Hidalgo, una cubrió a la otra.
Podríamos decir que por ahora, el lopezobradorismo lleva un saldo aparentemente a favor, puesto que no se ha demostrado ni negligencias, ni omisiones, aunque sin descartar que pudiera haberlas.
Un punto a favor es la voluntad del gobierno federal de informar. En un principio, se criticó a López Obrador porque siempre era él quien respondía a todo. El mandatario tomó nota de estas críticas y sacó a la palestra a los integrantes de su gabinete para que respondieran las preguntas de los reporteros y la prensa tuviera información de primera mano.
¿Para qué esperar a que la prensa investigue y se entere de los montos que alcanza el robo de combustible cuando el propio gobierno puede darlo a conocer?
Acaso ese sea su mejor capital, tener una respuesta para todo. Ante gobiernos y mandatarios que solían responder demasiado tarde y hacer esperar demasiado a la prensa y a la opinión pública para dar a conocer pormenores o posturas acerca de los problemas del país, el de AMLO, opta por dar la mayor cantidad de información posible.
Hay demagogia en el discurso, sin duda, pero también hay datos, y eso lo hace más tolerable y más creíble que el de gobiernos y funcionarios anteriores.
Según una encuesta de El Financiero, López Obrador inició su mandato con 73 por ciento de aprobación de los mexicanos. Para el 22 de enero, después de la tragedia de Tlahuelilpan, su popularidad había llegado al 88.7 por ciento, según un sondeo del Gabinete de Comunicación Estratégica.
Estamos sin duda ante un hecho inédito. Es el primer presidente de la República que tiene un gran capital moral, basado sobre todo en su austeridad, rechaza el lujo, y no se ve por ningún lado que busque enriquecerse, como otros políticos han hecho; sus “baños de pueblo”, son diarios y en su afán de no alejarse del “pueblo bueno”, ha relajado los esquemas de seguridad que anteriormente amurallaban la figura presidencial.
+SOLO
“Llegué a la Presidencia después de muchos años de lucha personal y colectiva (…) estoy preparado para no fallarle a mi pueblo”.
-Andrés Manuel López Obrador durante su primer discurso como primer mandatario el 1 de diciembre de 2018
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El Naranjo recibe 1,558 dólares de remesas por habitante al año, el nivel más alto de los 20 municipios de la Huasteca potosina, y al mismo tiempo la asignación más baja del fondo federal destinado a infraestructura social
Por: Carlos Ruíz
En 2025, los migrantes de El Naranjo enviaron a sus familias el equivalente a 626 millones de pesos. El Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), el instrumento federal creado para financiar obra básica en municipios de alta marginación, le asignó ese mismo año 21.9 millones. Por cada peso de ese fondo, los migrantes pusieron 28.
Las dos cifras describen la misma realidad desde lados opuestos. De los 20 municipios de la Huasteca potosina, El Naranjo es el que más remesas recibe por habitante —1,558 dólares al año por cada uno de sus 20,959 residentes, según el cruce de los datos del Banco de México con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI— y también el que menos recibe del FISM.
El Naranjo tiene el segundo porcentaje más alto de viviendas que reciben remesas de toda la Huasteca: 11.44%, solo detrás de Tamasopo, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO), que clasifica su grado de intensidad migratoria como Alto.
La distribución del fondo se mueve en sentido contrario a la migración
El contraste no es exclusivo de El Naranjo. En la Huasteca, los municipios que reciben más FISM son precisamente los de menor intensidad migratoria.
Tamazunchale, el mayor receptor de la región, recibió 208.1 millones de pesos en 2025 y tiene el índice migratorio más bajo del grupo: 2.05% de viviendas con remesas. Aquismón recibió 201.4 millones con 2.33%. Xilitla, 158 millones con 7.17%. En el otro extremo, Tamasopo —el de mayor porcentaje de viviendas con remesas de la región, con 15.70%— recibió 66.8 millones, y El Naranjo, con 11.44%, apenas 21.9 millones.
Aquismón recibe 9.2 veces más FISM que El Naranjo, y sus habitantes reciben 16 veces menos remesas por persona: 97 dólares al año contra 1,558.
La explicación está en la fórmula. El FISM se distribuye conforme a la Ley de Coordinación Fiscal con base en indicadores de pobreza y carencias sociales —rezago educativo, acceso a servicios de salud, calidad de la vivienda, servicios básicos, alimentación—, no en función de la migración ni de la dependencia de las remesas. Un municipio puede tener a una parte importante de su población trabajando en el extranjero y sostener a sus familias desde allá, y eso no modifica lo que le corresponde del fondo. En los casos donde las remesas han mejorado indicadores de vivienda, el efecto sobre la fórmula puede ser incluso el inverso.
Los dos flujos no son equivalentes ni se sustituyen entre sí. Las remesas son ingreso privado que llega a los hogares y se destina sobre todo al gasto corriente; el FISM financia obra que ninguna familia puede costear por su cuenta: agua potable, drenaje, electrificación, caminos, vivienda. Es precisamente por eso que el contraste importa. En el municipio de la Huasteca donde más hogares dependen del dinero que llega de fuera, el fondo destinado a construir esa infraestructura es el más pequeño de la región.
El fondo se redujo en toda la región
La asignación de El Naranjo en 2025 fue 4.6% menor que la del año anterior. La reducción no es exclusiva de ese municipio: el FISM del conjunto de la Huasteca bajó de 1,555 a 1,483 millones de pesos entre 2024 y 2025. El ajuste coincide con la incorporación de Villa de Pozos como el municipio 59 del estado, que en 2025 recibió 24.9 millones de pesos del mismo fondo, más de lo que se asignó a El Naranjo.
Los montos por municipio están publicados en el Periódico Oficial del Estado “Plan de San Luis” del 11 de septiembre de 2025. Los datos trimestrales de remesas por municipio están en el cuadro CE166 del Banco de México, de consulta pública y sin necesidad de solicitud de transparencia.
También lee: 341 millones en remesas: el banco paralelo de la Huasteca potosina
La cifra del INEGI representa una reducción cercana al 28% respecto al año anterior
Por: Ana G Silva
San Luis Potosí registró durante 2025 un total preliminar de 369 defunciones por presunto homicidio, la cifra más baja de los últimos diez años y una reducción cercana al 28 por ciento respecto a 2024, cuando se contabilizaron 511 casos, de acuerdo con las Estadísticas de Defunciones Registradas publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Además de la disminución en el número de víctimas, la entidad también presentó una mejora en su tasa de homicidios. Mientras que en 2024 San Luis Potosí registró 18 homicidios por cada 100 mil habitantes, para 2025 la tasa descendió a 13 por cada 100 mil, ubicándose muy por debajo del promedio nacional, que fue de 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes.
Los datos del INEGI muestran que la entidad ha mantenido una tendencia descendente desde los niveles más altos de violencia registrados durante la pandemia. En 2020 se documentaron 803 homicidios, cifra que prácticamente duplica los casos registrados en 2025. Posteriormente se contabilizaron 797 homicidios en 2021, 759 en 2022, 560 en 2023, 511 en 2024 y ahora 369 en 2025, consolidando una reducción sostenida en los últimos años.
La cifra preliminar de 2025 también representa el nivel más bajo para San Luis Potosí desde 2015, cuando el estado registró 266 homicidios. Desde entonces, la incidencia creció hasta alcanzar su punto máximo en 2020 y, posteriormente, comenzó una trayectoria descendente que se mantiene por quinto año consecutivo.
En el contexto nacional, México registró de manera preliminar 27 mil 989 defunciones por presunto homicidio durante 2025, una disminución respecto a las 33 mil 550 reportadas en 2024. La tasa nacional pasó de 25.8 a 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que confirma una reducción generalizada; sin embargo, la disminución observada en San Luis Potosí fue proporcionalmente mayor.
En comparación con entidades vecinas, San Luis Potosí también se ubicó en una posición intermedia. Su tasa de 13 homicidios por cada 100 mil habitantes fue inferior a la de Zacatecas (16) y muy distante de Guanajuato (51), uno de los estados con mayor incidencia, aunque permaneció por encima de Querétaro (7), Tamaulipas (8) y ligeramente arriba de Nuevo León (12).
A nivel nacional, el INEGI informó que el 70.8 por ciento de los presuntos homicidios fueron cometidos con arma de fuego, mientras que las agresiones con objetos punzocortantes representaron el 9.4 por ciento del total. Asimismo, los hombres continuaron siendo las principales víctimas, con una tasa de 38.4 homicidios por cada 100 mil hombres, frente a 4.7 por cada 100 mil mujeres.
También lee: Actividad económica a la baja en SLP: INEGI
Destacadas
Golpe al huachicol en SLP: FGR asegura dos centros clandestinos de procesamiento de hidrocarburos
En los operativos aseguraron cientos de miles de litros de combustible, tanques industriales, maquinaria, líneas de producción y documentación relacionada con las operaciones
Por: Redacción
San Luis Potosí fue el principal escenario del operativo federal más reciente contra el robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos, luego de que autoridades desmantelaran dos presuntos centros clandestinos donde fueron asegurados cientos de miles de litros de combustibles, infraestructura industrial y maquinaria especializada utilizada para procesar petrolíferos.
Las acciones fueron encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y PEMEX Logística, como parte de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos.
De acuerdo con la dependencia federal, los cateos derivaron de trabajos de inteligencia, intercambio de información entre instituciones de seguridad y denuncias ciudadanas que alertaron sobre movimientos inusuales de autotanques y posibles actividades ilícitas.
El primer operativo se realizó en una nave industrial ubicada en el municipio de San Luis Potosí, donde las autoridades localizaron una infraestructura de gran escala presuntamente destinada al procesamiento clandestino de combustibles.
En el inmueble fueron asegurados ocho tanques con capacidad aproximada de 80 mil litros cada uno, ocho cilindros horizontales sin identificación, seis cilindros verticales y 894 contenedores tipo tótem con capacidad para mil litros cada uno.
Además, fueron decomisados entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero, una máquina asfaltadora, un generador eléctrico de diésel, una máquina roscadora para tuberías, equipo de cómputo, una camioneta tipo pick up, documentación diversa y alrededor de 40 cinchos de seguridad para escotillas de pipas, utilizados comúnmente en el transporte de combustibles.
En un segundo cateo, realizado en la comunidad de Laguna de San Vicente, también en territorio potosino, la FGR aseguró otro inmueble donde presuntamente operaba un centro de procesamiento ilegal de hidrocarburos.
Ahí fueron encontrados 18 tanques verticales, dos líneas completas de producción para hidrocarburos, alrededor de 40 mil litros de petróleo crudo y diésel, además de muestras de ácido sulfúrico, hidrocarburos y diversa documentación relacionada con la operación del sitio.
Las investigaciones también permitieron ejecutar cateos en Tizayuca, Hidalgo, y Cuautla, Morelos.
En Hidalgo fueron asegurados más de 456 mil litros de un líquido que podría corresponder a hidrocarburos o productos químicos utilizados para su procesamiento, mientras que en Morelos se localizaron documentos, talones de cheques y muestras obtenidas de diversos contenedores.
La Fiscalía General de la República informó que estos operativos forman parte del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, cuyo objetivo es combatir los delitos de alto impacto, entre ellos el robo y procesamiento ilegal de hidrocarburos.
Según la institución, el desmantelamiento de estos centros clandestinos representa un golpe a las estructuras logísticas y financieras dedicadas al mercado ilícito de combustibles, una actividad que genera pérdidas millonarias para el Estado y representa riesgos para la infraestructura energética nacional.
Las autoridades señalaron que las investigaciones continúan para identificar a las personas responsables de operar estos inmuebles, así como las posibles redes criminales relacionadas con el procesamiento y distribución ilegal de combustibles.
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