octubre 14, 2026

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Dos meses de AMLO… ¿Un balance positivo o negativo?

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La llegada de López Obrador a la presidencia se ha movido entre la esperanza y los grandes desafíos de un país en situación crítica

Por El Saxofón

Desde su toma de protesta como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha acaparado la agenda mediática; con sus conferencias matutinas, que con la respectiva sesión de preguntas de los reporteros de la fuente, se prolongan por poco más de hora y media, el mandatario federal marca la pauta de los temas que habrán de ocupar las portadas de los diarios.

A lo largo de los primeros dos meses de su mandato, López Obrador ha ido enfilando sus baterías hacia algunos problemas del país, lo que genera la impresión de que el gobierno ha tomado el toro por los cuernos.

Los problemas que ha atacado son tan evidentes, que la oposición de algunos sectores que se ven afectados por las medidas presidenciales y, sobre todo, la de los partidos políticos hayan poco eco; aunado a ello, los partidos de oposición, tras los resultados electorales del 1 de julio de 2018, quedaron prácticamente en la lona.

Una vez que dio por cancelado el megaproyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en Texcoco y sentó las bases para la terminal aérea en la base militar de Santa Lucía, el primer embate de López Obrador, fue contra los onerosos sueldos de los funcionarios públicos en los tres niveles de gobierno, que a lo largo de varios sexenios indignaron a los mexicanos, sin que nadie hiciera nada durante las pasadas administraciones federales.

Aunque enfrentó resistencias y la Ley de Remuneraciones permanece congelada en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), López Obrador logró que los propios ministros de la Corte se bajaran el sueldo “por iniciativa propia”.

En algunas entidades del país, los Congresos locales, también se vieron en la necesidad de bajar las percepciones de algunos funcionarios.

Si bien en algunos casos, como es el de San Luis Potosí, la regulación de las remuneraciones de los servidores públicos ha sido vista como una simulación.

El gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López ganará apenas unos cuantos miles de pesos menos que el presidente López Obrador, pese a que su responsabilidad como Ejecutivo Estatal es menor que la del Ejecutivo Federal.

Del mismo modo, los diputados locales potosinos, ganarán apenas unos pocos miles de pesos menos que el gobernador Carreras, pese a que su responsabilidad como legisladores es compartida, y también menor en comparación con la del Ejecutivo Estatal.

 

OPOSICIÓN EN LA LONA

 

Los primeros dos meses han revelado a una oposición desarticulada y que, ante la evidente urgencia en la atención de algunos problemas, como el derroche en la función pública y el robo de combustible, poco han podido argumentar en contra de las iniciativas lopezobradoristas o morenistas.

Si bien, temas importantes como la Guardia Nacional se mantienen en análisis, la oposición más fuerte y argumentada proviene de organismos de la sociedad civil, mientras que los partidos de oposición, el PRI y el PAN, concretamente, poco tienen que decir, pues la militarización de la seguridad no fue ajena a sus gobiernos, y más bien fueron estos regímenes los que la impusieron casi como una norma.

Además diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del PRD se han sumado al partido de López Obrador y por otro lado, el PRI ya ha comenzado a pactar con Morena, bajo el argumento de que apoyarán aquellas iniciativas que sean benéficas para el país.

La declaración de Yeidckol Polevnsky, quien aseguró que “se oye mejor PRI-MOR que PRI-AN”, dan cuenta de ello.

Mientras tanto, el discurso del PAN, no ha ido más allá de reiterar que serán “una oposición responsable”.


ALGUNOS PROBLEMAS

 

La tarde del pasado 24 de diciembre, parecía que el gobierno de López Obrador hacía agua, debido al desplome de la avioneta en la que viajaban la recién investida gobernadora de Puebla, Erika Alonso y su esposo, el ex gobernador y senador de la República, Rafael Moreno Valle.

De inmediato comenzaron a generarse especulaciones y surgió la teoría de la conspiración, que señalaban un posible atentado orquestado contra la pareja de políticos, las miras apuntaban al gobierno federal, con base en el hecho de que la gubernatura de Puebla se había resuelto en tribunales, en una apretada contienda entre el candidato de Morena, Miguel Barbosa, y la panista Alonso.

Los días siguientes fueron de exigencias de justicia por parte del PAN, y de dar algunos elementos de las investigaciones, por parte del gobierno lopezobradorista, sin embargo, el mandatario federal abrió un nuevo frente de batalla cuando anunció su estrategia contra el robo de combustible.

No fue la estrategia en sí la que regresó el control de la agenda al Gobierno Federal, sino uno de sus efectos: el desabasto de gasolina.

La escasez del hidrocarburo puso histéricos a los mexicanos de varios estados del país, y la agenda mediática se centró en este problema, dejando de lado la “tragedia de Puebla”, la primera del gobierno de López Obrador.

Incluso, en esos días, una matanza de 30 personas en el estado de Tamaulipas, que sigue pagando su cuota de sangre debido a que sigue siendo una de las zonas más disputadas por el narcotráfico, pasó casi desapercibida. El tema de la violencia podría haber resurgido ahí, sin embargo, no pasó.

El tema del desabasto de gasolina permaneció en la prensa desde el viernes 11 hasta el anochecer del viernes 18 de enero, cuando una explosión en un ducto de Pemex, en el municipio de Tlahuelilpan, Hidalgo, dio un giro a la agenda mediática.

Lo que se avizoraba como un problema para el gobierno federal, por el descontento que podía generar el desabasto de gasolina entre la población y sus esperados efectos en la economía, dejó de serlo, cuando el “huachicoleo” mostró sus verdaderos peligros, y dio al país una experiencia “dura, dolorosa”, pero “aleccionadora”, según palabras del propio presidente.

Tlahuelilpan, Hidalgo

El desabasto de gasolina persistió en algunos estados, sin embargo, la cobertura mediática cedió sus mejores espacios al saldo fatal de lo ocurrido en Tlahuelilpan.

Aunque se quiso llevar a debate el papel de los elementos del Ejército Mexicano que atendieron el reporte de la fuga, nadie, ni desde la oposición, ni desde otro ámbito pudo capitalizar este argumento. El Ejército, visto como represor cuando actúa, no fue visto como negligente, al no detener a la gente en Tlahuelilpan, que según algunas crónicas periodísticas, convirtieron el campo de alfalfa donde se localizaba la toma clandestina, antes de la explosión, en un ambiente de fiesta.

La irresponsabilidad recayó en las víctimas, que no quisieron entender el riesgo obvio de aproximarse a una fuga de gasolina, y no quisieron atender, o como se dice comunmente “se sordearon”, ante los poco enérgicos llamados de policías y militares, a abandonar la zona.

Hasta la fecha, no termina el conteo de muertos por esa tragedia, desde el 18 de enero cuando se dio la cifra inicial de 20 fallecidos, cada día, la nueva cifra de fallecimientos aumenta y es nota; ya suman 125, según los últimos reportes, y 22 personas permanecen hospitalizadas bajo un pronóstico de salud que va de reservado a grave.

Así, el Gobierno de López Obrador, acumula dos tragedias la de Puebla, y la de Hidalgo, una cubrió a la otra.

Podríamos decir que por ahora, el lopezobradorismo lleva un saldo aparentemente a favor, puesto que no se ha demostrado ni negligencias, ni omisiones, aunque sin descartar que pudiera haberlas.

Un punto a favor es la voluntad del gobierno federal de informar. En un principio, se criticó a López Obrador porque siempre era él quien respondía a todo. El mandatario tomó nota de estas críticas y sacó a la palestra a los integrantes de su gabinete para que respondieran las preguntas de los reporteros y la prensa tuviera información de primera mano.

¿Para qué esperar a que la prensa investigue y se entere de los montos que alcanza el robo de combustible cuando el propio gobierno puede darlo a conocer?

Acaso ese sea su mejor capital, tener una respuesta para todo. Ante gobiernos y mandatarios que solían responder demasiado tarde y hacer esperar demasiado a la prensa y a la opinión pública para dar a conocer pormenores o posturas acerca de los problemas del país, el de AMLO, opta por dar la mayor cantidad de información posible.

Hay demagogia en el discurso, sin duda, pero también hay datos, y eso lo hace más tolerable y más creíble que el de gobiernos y funcionarios anteriores.

Según una encuesta de El Financiero, López Obrador inició su mandato con 73 por ciento de aprobación de los mexicanos. Para el 22 de enero, después de la tragedia de Tlahuelilpan, su popularidad había llegado al 88.7 por ciento, según un sondeo del Gabinete de Comunicación Estratégica.

Estamos sin duda ante un hecho inédito. Es el primer presidente de la República que tiene un gran capital moral, basado sobre todo en su austeridad, rechaza el lujo, y no se ve por ningún lado que busque enriquecerse, como otros políticos han hecho; sus “baños de pueblo”, son diarios y en su afán de no alejarse del “pueblo bueno”, ha relajado los esquemas de seguridad que anteriormente amurallaban la figura presidencial.

 

+SOLO

“Llegué a la Presidencia después de muchos años de lucha personal y colectiva (…) estoy preparado para no fallarle a mi pueblo”.

-Andrés Manuel López Obrador durante su primer discurso como primer mandatario el 1 de diciembre de 2018

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Guerra de nóminas: Está en juego juicio político contra Galindo o pérdida de curul de Gámez

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El cruce de acusaciones entre el alcalde Enrique Galindo y el presidente de la mesa directiva del congreso local en San Luis Potosí, diputado Luis Fernando Gámez, abrió dos rutas legales: una revisión a contratos municipales por honorarios y una posible causal de pérdida del cargo legislativo

Por: Haniel Valdés

El conflicto político entre el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, y el diputado local Luis Fernando Gámez Macías escaló de las declaraciones públicas a un terreno jurídico de mayores consecuencias. Mientras Gámez amagó con promover juicio político contra el presidente municipal por la contratación de Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal en funciones del PAN, Galindo respondió con un señalamiento que, de comprobarse, tendría efectos directos sobre el legislador: la posible pérdida de su curul si actualmente cobrara también en el Gobierno del Estado.

El intercambio dejó dos preguntas legales abiertas. La primera, si el Ayuntamiento capitalino puede pagar honorarios a Dahud Uresti sin que ello implique uso indebido de recursos públicos con fines partidistas. La segunda, si Gámez Macías mantiene o mantuvo simultáneamente un cargo remunerado en la Secretaría General de Gobierno después de haber rendido protesta como diputado local.

El caso de Dahud Uresti se hizo público el lunes, cuando el dirigente panista fue cuestionado por la periodista Ana Dora Cabrera, en conferencia de prensa sobre una posible relación contractual con el Ayuntamiento. Ante la pregunta, remitió a la comunicadora a los mecanismos de transparencia. Un día después, Galindo confirmó que Dahud sí cobra en la administración municipal.

“Sí, Enrique cobra en el Ayuntamiento, no es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función con un contrato de honorarios”, declaró el alcalde. Diversas fuentes ubican el pago en aproximadamente 28 mil pesos mensuales.

La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí no prohíbe expresamente que un ayuntamiento contrate a un dirigente partidista. Sin embargo, el artículo 32, fracción VI, establece que los ayuntamientos no pueden “autorizar o destinar recursos humanos y partidas para el financiamiento de campañas políticas de partidos o candidatos” lo que no es el caso pues no hay campaña en el PAN ni Dahud es candidato.

En reacción, Gámez Macías anunció que solicitará al Instituto de Fiscalización Superior del Estado una revisión especial de las contrataciones por honorarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Además, adelantó que presentará denuncias ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En ese mismo contexto, advirtió que podría impulsar un juicio político contra Galindo por el presunto uso irregular de recursos públicos.

Galindo, por su parte, sostuvo que puede acreditar la función que desempeña Dahud dentro de la administración municipal y respondió con un señalamiento contra el diputado. El alcalde afirmó que registros de transparencia ubican a Gámez como director general en la Secretaría General de Gobierno, con un sueldo cercano a los 32 mil pesos mensuales

, y señaló que, si no ha renunciado, “eso sí es un delito”.

La consecuencia jurídica de ese supuesto sería mayor para el legislador. El artículo 49 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí prohíbe que los diputados desempeñen, sin licencia del Congreso, cargos o empleos remunerados en los gobiernos federal, estatal o municipal. La propia norma establece que la infracción se castiga con la pérdida del cargo.

Documentos atribuidos a la Secretaría General de Gobierno, citados por medios potosinos señalan que Gámez presentó renuncia voluntaria e irrevocable al cargo el 29 de febrero de 2024, con efectos a partir del 1 de marzo de ese año. Es decir, más de seis meses antes de asumir como diputado local.

Los documentos referidos incluyen un aviso de suspensión de pago y un movimiento de personal con folio SGG/127/2024. No obstante, también existe un documento atribuido a la CEGAIP actualizado al 30 de agosto del presente año en el que aparece el nombre del legislador como Director de área en la SGG.

Tanto el contrato de Dahud como el expediente de personal de Gámez pueden solicitarse por la vía de transparencia, pero la Plataforma Estatal de Transparencia permanece suspendida desde el 5 de octubre debido a trabajos de actualización y adecuación, según informó la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública a través de sus redes sociales 8 días después.

La CEGAIP prevé reanudar el sistema el 19 de octubre. Mientras tanto, los registros de honorarios del Ayuntamiento capitalino y los datos de personal de la Secretaría General de Gobierno no pueden consultarse en esa plataforma.

En juego está la amenaza de juicio político contra el alcalde o la pérdida de la curul por parte de Gámez.

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Rosas Montiel busca que los municipios presupuesten dinero para bomberos

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El diputado de Morena presentó en abril la reforma que obligaría a los ayuntamientos a incluir una partida anual para los bomberos

Por: Haniel Valdés

El diputado local Luis Emilio Rosas Montiel dijo que su iniciativa para obligar a los municipios a destinar dinero a los bomberos sigue en comisiones, unos seis meses después de que la presentó. La propuesta, de abril, reforma la Ley Orgánica del Municipio Libre para que los 59 ayuntamientos incluyan una partida anual para los cuerpos de bomberos.

Explicó que la iniciativa, que dijo tiene el visto bueno del comandante Adolfo Benavente Duque y de los bomberos, obliga a los municipios a incluir ese monto en el paquete económico que envían al Congreso y a visitar las estaciones para hacer un inventario de sus deficiencias.

Rosas Montiel dijo que el problema no es solo de la zona metropolitana, sino también de Matehuala, Ciudad Valles y Rioverde. “No es posible que ni siquiera pongan para la gasolina, muchos de ellos”, afirmó.

Según sus cifras, el cuerpo de bomberos metropolitano tiene un déficit de 38 millones de pesos. Afirmó que, de los nueve municipios a los que da servicio, solo uno aporta, y que de las ocho estaciones únicamente cuatro están en servicio.

El patronato de los bomberos señaló otra cuenta: recibe 1.85 millones de pesos al mes del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de la capital y Soledad, y opera con un déficit mensual de 800 mil a 900 mil pesos. Dijo también que solo cuatro estaciones abren las 24 horas y que otras lo hacen “un día sí y un día no”.

El diputado aseguró que el último camión nuevo que se donó a los bomberos de la zona metropolitana fue en el año 2000, hace 26 años. Dijo además que los trajes de protección son donados desde Estados Unidos y que los bomberos le han comentado que entran a los incendios sin saber si tienen algún químico que los haga prenderse.

Sobre el avance de la iniciativa, señaló que está en la Comisión de Régimen Interno, que dijo que preside Rubén Guajardo, y que hay que hacer el cabildeo. “Estaré dándole seguimiento como a todas las iniciativas que tengo”, afirmó.

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Diputados modifican las reglas del Impuesto Sobre la Renta para pequeños contribuyentes y grandes empresas

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El ajuste amplía el techo del régimen simplificado y acota los gastos deducibles de las corporaciones

Por: Roberto Mendoza

En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 349 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención, el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para reformar el cobro del Impuesto Sobre la Renta. Durante la presentación del documento, Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, resumió el objetivo de los controles incorporados: “Se combate el uso indebido de facturas y deducciones”.

Para el sector de menores ingresos, el ajuste permite que profesionistas, arrendadores y dueños de micronegocios que perciban hasta cinco millones de pesos al año —un millón y medio más que el tope previo— tributen en el Régimen Simplificado de Confianza con una tasa máxima mensual del 2.50 por ciento. El esquema se extiende además a negocios que facturen hasta 50 millones de pesos anuales, y los productores del campo y la pesca quedan exentos de impuestos hasta por un millón de pesos.

Por el contrario, a las compañías con ingresos superiores a 50 millones de pesos anuales se les restringe el porcentaje de gastos operativos y de pérdidas de años anteriores que pueden descontar. También se reduce del 30 al 20 por ciento

la deducción por intereses de deuda, se suprime el régimen opcional para grupos de sociedades y se condiciona la deducción de pagos enviados al extranjero a que primero entreguen la retención al fisco.

Respecto a estos candados, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que aplicar un límite generalizado, en vez de detectar individualmente las facturas improcedentes, posterga las deducciones excedentes hasta por veinte años e incrementa el pago inmediato del impuesto para las industrias manufactureras y comerciales que operan con márgenes de utilidad reducidos.

La reforma también fija en la ley, con vigencia hasta 2030, incentivos fiscales para descontar de inmediato las inversiones y los gastos en capacitación e innovación dentro del Plan México y en los corredores industriales del Istmo de Tehuantepec, Yucatán y de economía circular. Con estas medidas, el Gobierno Federal proyecta simplificar el pago de contribuciones, frenar a las empresas factureras y captar mayores recursos para programas sociales y obras de infraestructura.

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