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Diputados de SLP chocan opiniones sobre la Guardia Nacional
“Los y las senadoras y diputadas del PRI harían muy bien en apoyar a su compañera Yolanda de la Torre”: Juan Ramiro Robledo
Por: Ana G Silva
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados Nacional discutirá y votará mañana la iniciativa de la diputada federal Yolanda de la Torre Valdez (PRI) que plantea ampliar de cinco a nueve años la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es decir hasta 2028; esto ha causado una suspensión temporal de la alianza Va por México, pues el PAN y el PRD se han posicionado en contra de la propuesta priista, pues aseguran que contraviene a la agenda de la coalición opositora. La Orquesta conversó con Xavier Azuara Zúñiga (PAN) y Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), legisladores federales por San Luis Potosí, para que expliquen desde su perspectiva de qué trata dicha propuesta y cómo es que impactaría en el país.
Azuara Zúñiga detalló que al inicio del sexenio, como oposición, se aprobó la reforma constitucional que originó a la Guardia Nacional, donde se propuso un mando civil y acompañamiento militar con el fin de fortalecer a la policía para enfrentar la inseguridad. Agregó que pese a estas estipulaciones, la Guardia Nacional tiene un mando militar, lo que es “una clara violación al mandato constitucional”.
“Hoy en México hay los niveles más altos de violencia e inseguridad de los que se tenga memoria. Las elecciones federales y estatales del 2021 fueron muy violentas y hubo una clara participación del crimen organizado, eso se debió al debilitamiento de las policías estatales y municipales y la estrategia fallida del presidente Andrés Manuel López Obrador de ‘Abrazos no balazos’”, apuntó el congresista panista.
El diputado dijo que desde la legislatura pasada “se sumaron esfuerzos entre el PRI, PAN y PRD para frenar el régimen totalitario” y dejaron de lado las diferencias para formar la coalición Va por México en la que firmaron una agenda electoral y legislativa en conjunto.
El legislador del bloque opositor resaltó que el pasado mes junio, la alianza PRI-PAN-PRD refrendó su compromiso de poder seguir con una agenda común, no obstante, subrayó, con la iniciativa de reforma constitucional de Yolanda de la Torre del PRI, que prolonga hasta el 2028 la presencia militar en labores de seguridad se contraviene a lo pactado.
Juan Ramiro Robledo dijo que la visión de que con la propuesta priista la Guardia Nacional se convertiría en un ente puramente militar es equivocada, pues solo se extiende el plazo “para crear una gran policía nacional de carácter civil”.
“No hay en México, en este momento, ninguna corporación policial ni la Guardia Nacional que sea capaz de afrontar la gran problemática de seguridad que es la delincuencia organizada, solo el Ejército; entonces ¿qué hacer?, pues intentar consolidar la policía nacional: hay más de 250 cuarteles y más de 115 mil miembros. En la Policía Federal había cerca de 35 mil elementos pero solo 20 mil eran operativos; ahora operativos hay 113 mil guardias nacionales distribuidos en México, pero no es suficiente, necesitan al Ejército para que termine la profesionalización, capacitación, eficacia y especialidad de la Guardia Nacional”.
Robledo Ruiz señaló se negó a emitir una opinión sobre la discusión de la posible separación de la alianza Va por México, aunque apuntó: “harían muy bien los diputados y los senadores del PRI de apoyar una iniciativa de una de su compañera, porque apoya a uno de los grandes problemas del país como es la inseguridad por el crimen organizado”.
Xavier Azuara agregó que el PAN ha expresado su sorpresa e inconformidad, por lo que pide a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, revalore y “honre” la plataforma electoral a la que se comprometió, así como el compromiso constitucional:
“Prorrogar la militarización del país es una irresponsabilidad, ya que implica transferir a las fuerzas armadas responsabilidades que no les corresponden, reconocemos el valor del Ejército, por eso pausamos la coalición electoral hasta que el PRI defina si honrará los términos firmados entre estos partidos”.
El diputado morenista reiteró que ni la iniciativa de ampliar las funciones del Ejército en tareas de seguridad pública ni la minuta recién aprobada en la Cámara de Senadores sobre adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, significan la militarización de los elementos policiacos.
Robledo Ruiz respondió que la reforma solo redistribuye las tareas de seguridad pública del Ejecutivo en dos secretarías de estado: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Secretaría de la Defensa Nacional: “que no es lo mismo que el Ejército y no se trastoca el decreto de 2019”.
“De que se va a militarizar la seguridad pública no es verdad, porque no se aplicaran las leyes y ni códigos militares, sino son los códigos civiles. Lo que pasa es que los militares tienen una gran capacidad y solo estaban dentro de los cuarteles, ahora están incorporados a muchas tareas de seguridad pública y de otras naturaleza, son 350 mil elementos y están capacitados en diferentes rubros, es una gran fuerza del estado mexicano que está siendo aprovechada ahora”.
Finalmente, Juan Ramiro Robledo invitó a los diputados y senadores del bloque opositor a presentar su demanda ante la corte si consideran que es inconstitucional dichas medidas; agregó que considera que esto puede ser una aportación a la pacificación del país.
Ciudad
Xavier Nava recupera derechos políticos tras polémica del puente Rocha Cordero
La obra, que costó 271 mdp, se construyó violando un amparo, lo cual le costó al municipio 12 millones más
Por: Redacción
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anuló este miércoles la inhabilitación por 18 años que el Congreso estatal impuso a Xavier Nava Palacios, exalcalde de San Luis Potosí. Con ello, recupera sus derechos políticos y podría postularse en próximas elecciones.
La sanción original derivó de la construcción del puente vehicular sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, entre el Periférico Oriente y la avenida Industrias, que tuvo un costo de 27 millones de pesos. La obra avanzó pese a un amparo que la detenía. Este proyecto, erigido en terrenos del ejido Rancho Viejo La Libertad
, desató un conflicto legal que escaló hasta una suspensión política para Nava y varios regidores.Durante la administración actual, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pagó 4 millones de pesos como primer abono—de un total de 12 millones pactados— para la compra de esos terrenos y compensar a los ejidatarios afectados.
Sin embargo, la SCJN concordó con la argumentación de Nava y revocó la sanción, poniendo fin a un litigio de cuatro años.
También lee: Xavier Nava obtuvo un amparo contra inhabilitación por 18 años
Destacadas
SEP, ISSSTE y casas fantasma: el turbio historial de estafas de Norma Loredo
El fraude no solo se limitó al Gobierno Federal: la denominada “gobernadora indígena” de SLP cuenta con un historial de denuncias por estafar a potosinos
Por: Bernardo Vera
La Orquesta ha dado a conocer el fraude del que varios potosinos han sido víctimas, al ofrecerles una vacante en la Secretaría de Educación Pública (SEP) del Gobierno Federal, y del que supuestamente serían parte de una nueva dependencia conocida como “Subsecretaría de Auditoría y Control”.
La investigación arrojó el nombre de una persona identificada como Norma Judith Loredo Hernandez, quien de acuerdo a documentos, testimonios y otras pruebas, habría sido la encargada de operar este fraude contra alrededor de 500 personas en la entidad potosina , quienes tuvieron que pagar hasta 15 mil pesos para darse de alta en un sindicato fantasma.
Pero… ¿quién es Norma Judith Loredo Hernández?
Su nombre se ha relacionado con actividades públicas relacionadas con la cercanía a los sitios rurales o comunidades indígenas.
En agosto de 2022 fue electa como coordinadora estatal de la Unión Campesina Democrática (UCD) tras participar en la convocatoria en la que fue planilla única.
En el directorio de México Blanco (identificada como una asociación civil dedicada a atender condiciones de vulnerabilidad en el país) aparece como directora nacional de Estrategia para el fomento de Procuración de Fondos. Asociación que, según su sitio web, sustenta sus actividades mediante donaciones voluntarias.
Una búsqueda en redes sociales la identifica como Gobernadora Estatal Indígena de San Luis Potosí, agrupación perteneciente al Gobierno Nacional Originario Indigena y el Consejo Nacional Mexicano de Pueblos Originarios y Comunidades indígenas, lo que indicaría que se trata de un perfil público con carácter de cumplimiento de una función social y que goza de cierta reputación.
No obstante, fuentes cercanas a La Orquesta constataron que el nombramiento del Consejo Nacional Indígena y grupos de “gobernadores indígenas” son una organización de alcance nacional en la que participan personas que se autodenominan “indígenas”, sin serlo; desconocen la discusión y problemática acerca de los pueblos indígenas y solo emplean un disfraz folclorista para hacerse de recursos públicos y engañar.
El 14 de junio de este año, se denunció a Norma Loredo a través de redes sociales, por su participación en la oferta de casas. Ahí mismo, alertan a la comunidad Teenek de la Huasteca, para hacer caso omiso en caso de sostener algún contacto con Norma Loredo y en la que se identifica su antecedente con el modus operandi de la SEP, ahora en presunta complicidad con Julio Cesar Chavez Hernandez.
El 13 de marzo de este año, otra publicación la identificaba como parte de la misma operación de plazas en la SEP, ahora en contubernio con dos personas y extendiendo operaciones en la zona Huasteca. Una de ellas de nombre Karyme Novoa Jonguitud, de Ciudad Valles, quien recluta a los supuestos aspirantes y recibiría los recursos que aportaban para su contratación. Otra de ellas, identificada como Soraya Arredondo, quien trabajaba junto a Norma Loredo en su despacho de la calle Mariano Ávila, en la capital potosina.
Desde febrero de 2024 su nombre aparece relacionado con la operación del mismo esquema de fraude, con presencia en la zona Centro y Huasteca de la entidad potosina. Ahí, presuntos enganchadores ofrecían sueldos desde los 25 hasta 50 mil pesos, y en los que se les solicitaron hasta seis mil pesos, para obtener un contrato de trabajo en puestos de inspectores y de promotores de proyectos en la SEP, así como otros cargos en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
También lee: Estafan a potosinos a nombre de Gobierno Federal
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