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Diputados de SLP chocan opiniones sobre la Guardia Nacional
“Los y las senadoras y diputadas del PRI harían muy bien en apoyar a su compañera Yolanda de la Torre”: Juan Ramiro Robledo
Por: Ana G Silva
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados Nacional discutirá y votará mañana la iniciativa de la diputada federal Yolanda de la Torre Valdez (PRI) que plantea ampliar de cinco a nueve años la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es decir hasta 2028; esto ha causado una suspensión temporal de la alianza Va por México, pues el PAN y el PRD se han posicionado en contra de la propuesta priista, pues aseguran que contraviene a la agenda de la coalición opositora. La Orquesta conversó con Xavier Azuara Zúñiga (PAN) y Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), legisladores federales por San Luis Potosí, para que expliquen desde su perspectiva de qué trata dicha propuesta y cómo es que impactaría en el país.
Azuara Zúñiga detalló que al inicio del sexenio, como oposición, se aprobó la reforma constitucional que originó a la Guardia Nacional, donde se propuso un mando civil y acompañamiento militar con el fin de fortalecer a la policía para enfrentar la inseguridad. Agregó que pese a estas estipulaciones, la Guardia Nacional tiene un mando militar, lo que es “una clara violación al mandato constitucional”.
“Hoy en México hay los niveles más altos de violencia e inseguridad de los que se tenga memoria. Las elecciones federales y estatales del 2021 fueron muy violentas y hubo una clara participación del crimen organizado, eso se debió al debilitamiento de las policías estatales y municipales y la estrategia fallida del presidente Andrés Manuel López Obrador de ‘Abrazos no balazos’”, apuntó el congresista panista.
El diputado dijo que desde la legislatura pasada “se sumaron esfuerzos entre el PRI, PAN y PRD para frenar el régimen totalitario” y dejaron de lado las diferencias para formar la coalición Va por México en la que firmaron una agenda electoral y legislativa en conjunto.
El legislador del bloque opositor resaltó que el pasado mes junio, la alianza PRI-PAN-PRD refrendó su compromiso de poder seguir con una agenda común, no obstante, subrayó, con la iniciativa de reforma constitucional de Yolanda de la Torre del PRI, que prolonga hasta el 2028 la presencia militar en labores de seguridad se contraviene a lo pactado.
Juan Ramiro Robledo dijo que la visión de que con la propuesta priista la Guardia Nacional se convertiría en un ente puramente militar es equivocada, pues solo se extiende el plazo “para crear una gran policía nacional de carácter civil”.
“No hay en México, en este momento, ninguna corporación policial ni la Guardia Nacional que sea capaz de afrontar la gran problemática de seguridad que es la delincuencia organizada, solo el Ejército; entonces ¿qué hacer?, pues intentar consolidar la policía nacional: hay más de 250 cuarteles y más de 115 mil miembros. En la Policía Federal había cerca de 35 mil elementos pero solo 20 mil eran operativos; ahora operativos hay 113 mil guardias nacionales distribuidos en México, pero no es suficiente, necesitan al Ejército para que termine la profesionalización, capacitación, eficacia y especialidad de la Guardia Nacional”.
Robledo Ruiz señaló se negó a emitir una opinión sobre la discusión de la posible separación de la alianza Va por México, aunque apuntó: “harían muy bien los diputados y los senadores del PRI de apoyar una iniciativa de una de su compañera, porque apoya a uno de los grandes problemas del país como es la inseguridad por el crimen organizado”.
Xavier Azuara agregó que el PAN ha expresado su sorpresa e inconformidad, por lo que pide a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, revalore y “honre” la plataforma electoral a la que se comprometió, así como el compromiso constitucional:
“Prorrogar la militarización del país es una irresponsabilidad, ya que implica transferir a las fuerzas armadas responsabilidades que no les corresponden, reconocemos el valor del Ejército, por eso pausamos la coalición electoral hasta que el PRI defina si honrará los términos firmados entre estos partidos”.
El diputado morenista reiteró que ni la iniciativa de ampliar las funciones del Ejército en tareas de seguridad pública ni la minuta recién aprobada en la Cámara de Senadores sobre adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, significan la militarización de los elementos policiacos.
Robledo Ruiz respondió que la reforma solo redistribuye las tareas de seguridad pública del Ejecutivo en dos secretarías de estado: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Secretaría de la Defensa Nacional: “que no es lo mismo que el Ejército y no se trastoca el decreto de 2019”.
“De que se va a militarizar la seguridad pública no es verdad, porque no se aplicaran las leyes y ni códigos militares, sino son los códigos civiles. Lo que pasa es que los militares tienen una gran capacidad y solo estaban dentro de los cuarteles, ahora están incorporados a muchas tareas de seguridad pública y de otras naturaleza, son 350 mil elementos y están capacitados en diferentes rubros, es una gran fuerza del estado mexicano que está siendo aprovechada ahora”.
Finalmente, Juan Ramiro Robledo invitó a los diputados y senadores del bloque opositor a presentar su demanda ante la corte si consideran que es inconstitucional dichas medidas; agregó que considera que esto puede ser una aportación a la pacificación del país.
Congreso del Estado
Sigue en estudio continuidad de concejales de Pozos
Héctor Serrano afirmó que los concejales no fueron electos y que el Congreso es la autoridad competente para tomar decisiones sobre ellos
Por: Redacción
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, diputado Héctor Serrano Cortés, confirmó que los concejales de Villa de Pozos que incurrieron en una “mala actuación” ya se encuentran bajo revisión jurídica y administrativa por parte del propio Legislativo y del órgano de control interno del municipio.
Serrano explicó que, tras diversas observaciones y conductas presuntamente irregulares dentro del concejo, se inició un proceso formal para integrar expedientes y deslindar posibles responsabilidades.
“¿Qué es preferible? ¿Atender un acto que a la luz pública muestra por lo menos una ilegalidad, o dejarlo pasar con la impunidad que eso implica?”, cuestionó el legislador, al señalar que su obligación es concluir estos procedimientos con estricto apego a la legalidad.
El diputado destacó que esta revisión interna ocurre en paralelo al reciente fallo del Tribunal Electoral del Estado (TEE), que confirmó que la designación de Martha Patricia Aradillas como presidenta concejal no es un tema electoral, sino estrictamente administrativo y de competencia del Congreso.
“Siempre lo dijimos: los concejales no fueron electos, no son producto de la voluntad popular; por tanto, el órgano que tiene injerencia sobre sus decisiones es el que los designó, en este caso, el Congreso del Estado”, afirmó. Añadió que el Tribunal desechó las impugnaciones precisamente por ser improcedentes y no tener materia qué analizar.
Serrano reiteró que para el Congreso lo fundamental es mantener la estabilidad y la seguridad social de los habitantes de Villa de Pozos. Recordó que no hubo elecciones previas debido a diversos amparos que frenaron el proceso, por lo que los comicios se realizarán hasta 2027.
Mientras tanto, el órgano de control municipal integra observaciones, evalúa responsabilidades y da seguimiento a las conductas de los concejales señalados. El diputado sostuvo que el compromiso del Congreso es claro: “He pugnado siempre por la legalidad”.
También lee: Torres Sánchez pide a concejal de Villa de Pozos “dejar el protagonismo y ponerse a trabajar”
Destacadas
¿Tocan mujeres? CEEPAC propone paridad total y alternancia en candidaturas
La propuesta incluye que si en la elección pasada un partido postuló a un hombre para la gubernatura o ayuntamientos, obligatoriamente ahora deberá postular a una mujer, y viceversa
Por: Redacción
El Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceeoac) entregó al Congreso del Estado una Iniciativa Integral de Reforma Constitucional y Electoral que busca modernizar el sistema comicial potosino, fortalecer sus instituciones y garantizar el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de toda la ciudadanía.
La propuesta incorpora ajustes operativos, nuevas obligaciones para los partidos y un énfasis inédito en la paridad, incluida una medida clave: alternancia obligatoria de género en la candidatura a la gubernatura, es decir, si en la elección pasada el partido postuló a un hombre, la siguiente deberá ser una mujer, y viceversa.
La iniciativa plantea al Legislativo analizar cambios de fondo como:
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Nuevo calendario electoral, adelantando el arranque del proceso al 15 de noviembre del año previo a la elección.
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Pago para integrantes de Comisiones Distritales y Comités Municipales, reconociendo su labor durante el proceso electoral.
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Procedimientos más sólidos para sustituir o revocar a personas integrantes de órganos desconcentrados.
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Modernización en el manejo de boletas, documentos y sistemas de resultados preliminares.
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Nuevas atribuciones del Ceepac en la elección de personas juzgadoras del Poder Judicial.
La iniciativa establece que los partidos políticos deberán destinar al menos 5% de su financiamiento a programas de formación política, desarrollo de habilidades y liderazgo, enfocados especialmente en:
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Personas con discapacidad
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Personas de la diversidad sexual
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La participación real en espacios de decisión
Uno de los ejes más robustos de la propuesta es el fortalecimiento sustantivo al principio de paridad:
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Alternancia obligatoria en la candidatura a la gubernatura según el género del registro previo.
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Integraciones paritarias en todos los ayuntamientos, incluidas las presidencias municipales.
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Armonización de la Comisión de Género con principios de igualdad y no discriminación.
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Facultad del Ceepac para rechazar registros que incumplan con la paridad.
En conjunto, la reforma busca construir un sistema electoral:
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Moderno y eficiente
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Con procesos confiables y transparentes
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Con igualdad sustantiva para todas las personas
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Que garantice participación equitativa de grupos históricamente excluidos
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Que consolide la pluralidad y la democracia potosina
El CEEPAC destacó que la discusión debe abrirse a diversos espacios públicos, académicos y políticos, a fin de que el Congreso defina la actualización legal que permita desarrollar procesos electorales íntegros, incluyentes y accesibles en San Luis Potosí.
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Gallardo acuerda más obras y apoyos con alcaldes
El Gobernador sostuvo reuniones con ediles de la capital, Alaquines, Axtla de Terrazas y Santo Domingo para consolidar más proyectos
Por: Redacción
El Gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona, acordó obras estratégicas que fortalecerán la infraestructura, mejorarán la movilidad, ampliarán el acceso al agua y crearán nuevos espacios deportivos, en reuniones de trabajo con los alcaldes de la capital, Alaquines, Axtla de Terrazas y Santo Domingo, además de coordinar más proyectos en los 59 municipios.
En la capital, el Gobernador y el alcalde Enrique Galindo Ceballos acordaron arrancar dos proyectos de infraestructura con una inversión histórica de 600 millones de pesos, que consolidarán un avance sin precedentes garantizando mejores condiciones de vida para las familias potosinas.
En Alaquines, Ricardo Gallardo y la presidenta municipal Laura Moctezuma de la Cruz definieron el inicio de una nueva unidad deportiva en Los Viveros, dentro de la colonia indígena, así como la rehabilitación con carpeta asfáltica del camino A laquines–El Llanito.
Durante la reunión con la presidenta de Axtla de Terrazas, Clara María Castro Jonguitud, el Mandatario confirmó la rehabilitación de la carretera principal Comoca–Axtla, la intervención del camino Jalpilla–Tenexio y el impulso a un proyecto integral de agua con sistema de bombeo en Cuayo–Cerro.
Finalmente, en Santo Domingo, junto al alcalde Filiberto Rodríguez Alvarado, el Gobernador anunció la instalación de nuevas luminarias, la construcción de una unidad deportiva en la cabecera municipal, un pozo de agua en la comunidad de Illescas y la ampliación de programas sociales orientados al bienestar de la población.
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