enero 28, 2026

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Diputados de SLP chocan opiniones sobre la Guardia Nacional

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“Los y las senadoras y diputadas del PRI harían muy bien en apoyar a su compañera Yolanda de la Torre”: Juan Ramiro Robledo

Por: Ana G Silva

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados Nacional discutirá y votará mañana la iniciativa de la diputada federal Yolanda de la Torre Valdez (PRI) que plantea ampliar de cinco a nueve años la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es decir hasta 2028; esto ha causado una suspensión temporal de la alianza Va por México, pues el PAN y el PRD se han posicionado en contra de la propuesta priista, pues aseguran que contraviene a la agenda de la coalición opositora. La Orquesta conversó con Xavier Azuara Zúñiga (PAN) y Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), legisladores federales por San Luis Potosí, para que expliquen desde su perspectiva de qué trata dicha propuesta y cómo es que impactaría en el país.

Azuara Zúñiga detalló que al inicio del sexenio, como oposición, se aprobó la reforma constitucional que originó a la Guardia Nacional, donde se propuso un mando civil y acompañamiento militar con el fin de fortalecer a la policía para enfrentar la inseguridad. Agregó que pese a estas estipulaciones, la Guardia Nacional tiene un mando militar, lo que es “una clara violación al mandato constitucional”.

“Hoy en México hay los niveles más altos de violencia e inseguridad de los que se tenga memoria. Las elecciones federales y estatales del 2021 fueron muy violentas y hubo una clara participación del crimen organizado, eso se debió al debilitamiento de las policías estatales y municipales y la estrategia fallida del presidente Andrés Manuel López Obrador de ‘Abrazos no balazos’”, apuntó el congresista panista.

El diputado dijo que desde la legislatura pasada “se sumaron esfuerzos entre el PRI, PAN y PRD para frenar el régimen totalitario” y dejaron de lado las diferencias para formar la coalición Va por México en la que firmaron una agenda electoral y legislativa en conjunto.

El legislador del bloque opositor resaltó que el pasado mes junio, la alianza PRI-PAN-PRD refrendó su compromiso de poder seguir con una agenda común, no obstante, subrayó, con la iniciativa de reforma constitucional de Yolanda de la Torre del PRI, que prolonga hasta el 2028 la presencia militar en labores de seguridad se contraviene a lo pactado.

Juan Ramiro Robledo dijo que la visión de que con la propuesta priista la Guardia Nacional se convertiría en un ente puramente militar es equivocada, pues solo se extiende el plazo “para crear una gran policía nacional de carácter civil”.

“No hay en México, en este momento, ninguna corporación policial ni la Guardia Nacional que sea capaz de afrontar la gran problemática de seguridad que es la delincuencia organizada, solo el Ejército; entonces ¿qué hacer?, pues intentar consolidar la policía nacional: hay más de 250 cuarteles y más de 115 mil miembros. En la Policía Federal había cerca de 35 mil elementos pero solo 20 mil eran operativos; ahora operativos hay 113 mil guardias nacionales distribuidos en México, pero no es suficiente,

necesitan al Ejército para que termine la profesionalización, capacitación, eficacia y especialidad de la Guardia Nacional”.

Robledo Ruiz señaló se negó a emitir una opinión sobre la discusión de la posible separación de la alianza Va por México, aunque apuntó: “harían muy bien los diputados y los senadores del PRI de apoyar una iniciativa de una de su compañera, porque apoya a uno de los grandes problemas del país como es la inseguridad por el crimen organizado”.

Xavier Azuara agregó que el PAN ha expresado su sorpresa e inconformidad, por lo que pide a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, revalore y “honre” la plataforma electoral a la que se comprometió, así como el compromiso constitucional:

“Prorrogar la militarización del país es una irresponsabilidad, ya que implica transferir a las fuerzas armadas responsabilidades que no les corresponden, reconocemos el valor del Ejército, por eso pausamos la coalición electoral hasta que el PRI defina si honrará los términos firmados entre estos partidos”.

El diputado morenista reiteró que ni la iniciativa de ampliar las funciones del Ejército en tareas de seguridad pública ni la minuta recién aprobada en la Cámara de Senadores sobre adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, significan la militarización de los elementos policiacos.

Robledo Ruiz respondió que la reforma solo redistribuye las tareas de seguridad pública del Ejecutivo en dos secretarías de estado: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Secretaría de la Defensa Nacional: “que no es lo mismo que el Ejército y no se trastoca el decreto de 2019”.

“De que se va a militarizar la seguridad pública no es verdad, porque no se aplicaran las leyes y ni códigos militares, sino son los códigos civiles. Lo que pasa es que los militares tienen una gran capacidad y solo estaban dentro de los cuarteles, ahora están incorporados a muchas tareas de seguridad pública y de otras naturaleza, son 350 mil elementos y están capacitados en diferentes rubros, es una gran fuerza del estado mexicano que está siendo aprovechada ahora”.

Finalmente, Juan Ramiro Robledo invitó a los diputados y senadores del bloque opositor a presentar su demanda ante la corte si consideran que es inconstitucional dichas medidas; agregó que considera que esto puede ser una aportación a la pacificación del país.

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Asaltan en carretera 57 a parte del equipo de Sheinbaum 

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El incidente se suscitó en el tramo Matehuala – San Luis Potosí de la ruta federal

Por: Redacción

Integrantes del equipo de logística y avanzada de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron asaltados en San Luis Potosí mientras transitaban el tramo Matehuala – San Luis de la carretera federal 57.

El equipo acompañó el fin de semana a la presidenta en la inauguración de la nueva Agencia Nacional de Aduanas, y mientras regresaban por tierra a la Ciudad de México, habrían sido interceptados a la altura de El Huizache, en Guadalcázar.

Una vez detenidos, los delincuentes les quitaron dinero en efectivo, así como cámaras, teléfonos celulares, equipos de comunicación y pertenencias personales. No se han reportado personas lesionadas.

Tras el suceso, se habría implementado un operativo en El Huizache con el fin de identificar a los perpetradores. Al momento, desde la Presidencia no se ha emitido ninguna información al respecto.

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Ciudad

Drenajes colapsados y fugas impulsan posible separación de Interapas

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Paty Aradillas mencionó que el análisis se encuentra en etapa técnica y administrativa: no hay una fecha definida para la separación

Por: Redacción

Patricia Aradillas Aradillas,  presidenta concejal de Villa de Pozos, confirmó que el municipio se encuentra realizando un análisis técnico y administrativo para dejar de depender del organismo operador Interapas y asumir directamente el control del servicio de agua potable y drenaje.

La funcionaria explicó que, si bien existe un convenio vigente con Interapas, las fallas recurrentes en la infraestructura hidráulica

, particularmente en drenajes colapsados y fugas de agua, han generado una problemática constante para la población.

Aradillas Aradillas subrayó que el acceso al agua es una necesidad básica, por lo que el municipio no puede permanecer ajeno a las deficiencias en el servicio, aun cuando la responsabilidad operativa recaiga actualmente en el organismo intermunicipal.

Indicó que la mayoría de los reportes ciudadanos están relacionados con drenajes colapsados y fugas, lo que evidencia la urgencia de replantear el esquema de operación del sistema hidráulico en Villa de Pozos.

Aunque aclaró que no existe una fecha definida para una eventual separación, señaló que el tema se encuentra en fase de estudio, y que una vez concluido el análisis se dará a conocer información más concreta sobre el futuro del servicio.

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Gobernador reprocha sueldos de 80 pesos diarios en Villa Juárez

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Tras la denuncia del sindicato de Villa Juárez, el mandatario señaló el abandono de algunas autoridades

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, calificó como “una burla” que trabajadores del Ayuntamiento de Villa Juárez perciban salarios por debajo del mínimo legal, luego de que el sindicato municipal presentara una denuncia formal por presuntas violaciones a la legislación laboral.

Al ser cuestionado sobre el tema, el mandatario estatal lamentó que este tipo de prácticas sigan ocurriendo en distintos puntos del país y las atribuyó a la falta de sentido humano por parte de algunas autoridades municipales. Aclaró que su señalamiento no se limita exclusivamente a Villa Juárez, sino que responde a un problema estructural que se repite en diversos gobiernos locales.

Gallardo Cardona subrayó que en San Luis Potosí ya se han comenzado a implementar medidas para frenar este tipo de abusos, y puso como ejemplo la reforma que entrará en vigor en febrero, mediante la cual se obliga a los municipios a incrementar el salario de los policías municipales. Advirtió que los alcaldes que no acaten esta disposición serán sancionados directamente, al tratarse de una responsabilidad legal y administrativa.

Las declaraciones del gobernador se dan en el contexto de una denuncia presentada por el Comité del Sindicato Único de Trabajadores y Empleados al Servicio del Ayuntamiento de Villa Juárez

, en la que se acusa al gobierno municipal de pagar sueldos diarios de entre 80 y 200 pesos, muy por debajo del salario mínimo vigente de 315.04 pesos diarios.

De acuerdo con el documento dirigido a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, estas prácticas se han mantenido de manera constante durante los años 2022, 2023, 2024 y 2025, situación que —según el sindicato— viola tanto la Ley Federal del Trabajo como la legislación estatal que regula a los trabajadores al servicio de instituciones públicas.

El sindicato también señaló que los salarios pagados se encuentran establecidos en un tabulador publicado en el Periódico Oficial del Estado en enero de 2025, lo que consideran una contradicción legal al tratarse de un documento oficial que avala percepciones inferiores al mínimo permitido.

Ante ello, los trabajadores solicitaron la intervención de las autoridades estatales para que se investigue el caso, se regularicen los salarios y se apliquen las sanciones correspondientes al gobierno municipal responsable, con el objetivo de garantizar el respeto a sus derechos laborales.

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