noviembre 24, 2025

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Diputados de SLP chocan opiniones sobre la Guardia Nacional

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“Los y las senadoras y diputadas del PRI harían muy bien en apoyar a su compañera Yolanda de la Torre”: Juan Ramiro Robledo

Por: Ana G Silva

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados Nacional discutirá y votará mañana la iniciativa de la diputada federal Yolanda de la Torre Valdez (PRI) que plantea ampliar de cinco a nueve años la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es decir hasta 2028; esto ha causado una suspensión temporal de la alianza Va por México, pues el PAN y el PRD se han posicionado en contra de la propuesta priista, pues aseguran que contraviene a la agenda de la coalición opositora. La Orquesta conversó con Xavier Azuara Zúñiga (PAN) y Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), legisladores federales por San Luis Potosí, para que expliquen desde su perspectiva de qué trata dicha propuesta y cómo es que impactaría en el país.

Azuara Zúñiga detalló que al inicio del sexenio, como oposición, se aprobó la reforma constitucional que originó a la Guardia Nacional, donde se propuso un mando civil y acompañamiento militar con el fin de fortalecer a la policía para enfrentar la inseguridad. Agregó que pese a estas estipulaciones, la Guardia Nacional tiene un mando militar, lo que es “una clara violación al mandato constitucional”.

“Hoy en México hay los niveles más altos de violencia e inseguridad de los que se tenga memoria. Las elecciones federales y estatales del 2021 fueron muy violentas y hubo una clara participación del crimen organizado, eso se debió al debilitamiento de las policías estatales y municipales y la estrategia fallida del presidente Andrés Manuel López Obrador de ‘Abrazos no balazos’”, apuntó el congresista panista.

El diputado dijo que desde la legislatura pasada “se sumaron esfuerzos entre el PRI, PAN y PRD para frenar el régimen totalitario” y dejaron de lado las diferencias para formar la coalición Va por México en la que firmaron una agenda electoral y legislativa en conjunto.

El legislador del bloque opositor resaltó que el pasado mes junio, la alianza PRI-PAN-PRD refrendó su compromiso de poder seguir con una agenda común, no obstante, subrayó, con la iniciativa de reforma constitucional de Yolanda de la Torre del PRI, que prolonga hasta el 2028 la presencia militar en labores de seguridad se contraviene a lo pactado.

Juan Ramiro Robledo dijo que la visión de que con la propuesta priista la Guardia Nacional se convertiría en un ente puramente militar es equivocada, pues solo se extiende el plazo “para crear una gran policía nacional de carácter civil”.

“No hay en México, en este momento, ninguna corporación policial ni la Guardia Nacional que sea capaz de afrontar la gran problemática de seguridad que es la delincuencia organizada, solo el Ejército; entonces ¿qué hacer?, pues intentar consolidar la policía nacional: hay más de 250 cuarteles y más de 115 mil miembros. En la Policía Federal había cerca de 35 mil elementos pero solo 20 mil eran operativos; ahora operativos hay 113 mil guardias nacionales distribuidos en México, pero no es suficiente,

necesitan al Ejército para que termine la profesionalización, capacitación, eficacia y especialidad de la Guardia Nacional”.

Robledo Ruiz señaló se negó a emitir una opinión sobre la discusión de la posible separación de la alianza Va por México, aunque apuntó: “harían muy bien los diputados y los senadores del PRI de apoyar una iniciativa de una de su compañera, porque apoya a uno de los grandes problemas del país como es la inseguridad por el crimen organizado”.

Xavier Azuara agregó que el PAN ha expresado su sorpresa e inconformidad, por lo que pide a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, revalore y “honre” la plataforma electoral a la que se comprometió, así como el compromiso constitucional:

“Prorrogar la militarización del país es una irresponsabilidad, ya que implica transferir a las fuerzas armadas responsabilidades que no les corresponden, reconocemos el valor del Ejército, por eso pausamos la coalición electoral hasta que el PRI defina si honrará los términos firmados entre estos partidos”.

El diputado morenista reiteró que ni la iniciativa de ampliar las funciones del Ejército en tareas de seguridad pública ni la minuta recién aprobada en la Cámara de Senadores sobre adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, significan la militarización de los elementos policiacos.

Robledo Ruiz respondió que la reforma solo redistribuye las tareas de seguridad pública del Ejecutivo en dos secretarías de estado: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Secretaría de la Defensa Nacional: “que no es lo mismo que el Ejército y no se trastoca el decreto de 2019”.

“De que se va a militarizar la seguridad pública no es verdad, porque no se aplicaran las leyes y ni códigos militares, sino son los códigos civiles. Lo que pasa es que los militares tienen una gran capacidad y solo estaban dentro de los cuarteles, ahora están incorporados a muchas tareas de seguridad pública y de otras naturaleza, son 350 mil elementos y están capacitados en diferentes rubros, es una gran fuerza del estado mexicano que está siendo aprovechada ahora”.

Finalmente, Juan Ramiro Robledo invitó a los diputados y senadores del bloque opositor a presentar su demanda ante la corte si consideran que es inconstitucional dichas medidas; agregó que considera que esto puede ser una aportación a la pacificación del país.

Ayuntamiento de SLP

Sin incrementos y moderada, cabildo capitalino aprueba Ley de Ingresos 2026

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Esta sesión se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución

 

Por: Redacción

El Ayuntamiento de la Capital avaló la propuesta por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos, enfocada en ordenar trámites y fortalecer la recaudación. A nombre de la ciudad, el alcalde Enrique Galindo hizo un llamado al Congreso del Estado para analizar esta iniciativa con apertura y sensibilidad.

Durante la sesión ordinaria celebrada este lunes en las instalaciones del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), el Cabildo de la Capital aprobó por mayoría el proyecto de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2026, en el que se contempla prácticamente el mismo monto que en 2025, por el orden de los 3 mil 650 millones de pesos. El documento será turnado al Congreso del Estado para su revisión y eventual autorización.

El presidente Municipal reiteró su petición —“a nombre de la ciudad”— al Congreso del Estado para que analice la iniciativa con apertura, al ser prácticamente idéntica en cifras a la del ejercicio anterior. Señaló que el próximo año implica compromisos financieros relevantes y que la administración hará un esfuerzo de gestión para responder a las necesidades de la Capital.

Enrique Galindo Ceballos explicó que se trata de una propuesta moderada, con montos similares a los autorizados el año pasado, y que incorpora ajustes normativos orientados a mejorar la eficiencia del Gobierno Municipal. Detalló que la iniciativa revisa y clarifica procesos como licencias de funcionamiento y de construcción, con el objetivo de facilitar que la ciudadanía realice trámites y que más contribuyentes en situación irregular puedan regularizarse.

Esta Sesión Ordinaria de Cabildo se realizó en las instalaciones del Ipicyt en conmemoración del 25 aniversario de la fundación de esta institución.

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Caso Rich: dos familias otorgan perdón; el resto exige justicia

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Dos familias otorgaron el perdón legal a los imputados tras recibir indemnizaciones de 150 mil y 250 mil pesos

Por: Redacción

En una audiencia larga, tensa y llena de episodios inesperados, dos de las familias de jóvenes lesionadas en el colapso del barandal del antro Rich —tragedia ocurrida el 7 de junio de 2024 en plaza Alttus— decidieron otorgar el perdón legal a los imputados, después de recibir indemnizaciones que oscilaron entre los 150 mil y los 250 mil pesos.

De acuerdo con El Universal San Luis, el acuerdo, alcanzado en una sola sesión, provocó molestia e indignación entre el resto de las víctimas, quienes insisten en que no buscan un arreglo económico, sino justicia.

Ramón Infante, padre de uno de los jóvenes fallecidos, lamentó la decisión de las jóvenes “A” y “R” —quienes acudieron acompañadas de sus madres— de desistir de cualquier acción penal.

“Ese fue el valor que le dieron a su vida y a sus lesiones. Es triste. Pero para nosotros la lucha sigue; no descansaremos hasta que haya una sentencia que deje un antecedente y evite que algo así vuelva a ocurrir”, señaló.

La audiencia se tornó aún más caótica cuando los abogados del despacho LEE, encabezados por el litigante Marco Polo Méndez —representantes de los imputados Nancy N., Ulises N. y Francisco N.—

abandonaron la sala de juicios orales, en lo que las demás partes consideraron una maniobra de presión y un acto grave de falta de profesionalismo.

“Fue una audiencia desgastante, llena de tácticas impropias. No se vale dejar botados a los propios representados en plena sala. Es una rebeldía que demuestra nulo compromiso con la verdad”, acusó Infante.

Aunque dos familias aceptaron las compensaciones —150 mil pesos para Andrea Reyna y 250 mil para Renata Portillo, quien era menor de edad el día del accidente— otras víctimas reiteraron que no aceptarán una salida alterna ni un juicio abreviado, figuras a las que la defensa intenta acogerse.

El colapso del barandal, ocurrido en un tercer nivel del antro Rich, dejó dos jóvenes muertos y más de diez heridos. Las investigaciones posteriores revelaron que el lugar operaba con sobrecupo, sin permisos adecuados y sin cumplir con medidas básicas de Protección Civil.

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Ciudad

Galindo reconoce que casi no hay denuncias por daños vehiculares

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El Ayuntamiento tiene menos de 10 reportes formales, aunque asegura que atiende el 90% de los baches que llegan por la app Güicho

Por: Redacción

Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí, reconoció que son muy pocas las denuncias formales de automovilistas que reclaman daños en sus vehículos debido a los baches de la ciudad. Señaló que, hasta el momento, el Ayuntamiento no tiene más de 10 reportes.

Galindo afirmó que la mayoría de las quejas se quedan en redes sociales, lo cual —insistió— no permite iniciar ningún proceso: “La denuncia en redes no nos ofrece identidad, no sabemos dónde ocurrió ni los detalles. Yo invito a la gente a que se acerque con nosotros.”

El edil explicó que el municipio ha realizado un “esfuerzo muy fuerte” para atender los reportes que ingresan por la aplicación Güicho, donde aseguró que se ha atendido casi el 90% de los reportes. Sin embargo, reconoció que “mucho no llega” por esa vía y que las cuadrillas siguen recorriendo la ciudad para detectar y tapar baches.

Galindo adelantó que para el próximo año se implementará un mecanismo nuevo relacionado con este programa de atención a daños vehiculares, aunque no quiso revelar detalles “hasta que esté consolidado”.

El alcalde también detalló el protocolo que sigue el Ayuntamiento cuando un bache provoca daños o un accidente: Primero se tapa el bache, para evitar más incidentes. Luego se atiende a la persona afectada, siempre y cuando exista una denuncia formal.

Pese a ello, insistió en que la falta de cultura de denuncia limita la posibilidad de que más ciudadanos accedan a este mecanismo de reparación: “Sí llegan muy pocas denuncias formales.”

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Opinión

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