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Diputados de SLP chocan opiniones sobre la Guardia Nacional
“Los y las senadoras y diputadas del PRI harían muy bien en apoyar a su compañera Yolanda de la Torre”: Juan Ramiro Robledo
Por: Ana G Silva
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados Nacional discutirá y votará mañana la iniciativa de la diputada federal Yolanda de la Torre Valdez (PRI) que plantea ampliar de cinco a nueve años la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es decir hasta 2028; esto ha causado una suspensión temporal de la alianza Va por México, pues el PAN y el PRD se han posicionado en contra de la propuesta priista, pues aseguran que contraviene a la agenda de la coalición opositora. La Orquesta conversó con Xavier Azuara Zúñiga (PAN) y Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena), legisladores federales por San Luis Potosí, para que expliquen desde su perspectiva de qué trata dicha propuesta y cómo es que impactaría en el país.
Azuara Zúñiga detalló que al inicio del sexenio, como oposición, se aprobó la reforma constitucional que originó a la Guardia Nacional, donde se propuso un mando civil y acompañamiento militar con el fin de fortalecer a la policía para enfrentar la inseguridad. Agregó que pese a estas estipulaciones, la Guardia Nacional tiene un mando militar, lo que es “una clara violación al mandato constitucional”.
“Hoy en México hay los niveles más altos de violencia e inseguridad de los que se tenga memoria. Las elecciones federales y estatales del 2021 fueron muy violentas y hubo una clara participación del crimen organizado, eso se debió al debilitamiento de las policías estatales y municipales y la estrategia fallida del presidente Andrés Manuel López Obrador de ‘Abrazos no balazos’”, apuntó el congresista panista.
El diputado dijo que desde la legislatura pasada “se sumaron esfuerzos entre el PRI, PAN y PRD para frenar el régimen totalitario” y dejaron de lado las diferencias para formar la coalición Va por México en la que firmaron una agenda electoral y legislativa en conjunto.
El legislador del bloque opositor resaltó que el pasado mes junio, la alianza PRI-PAN-PRD refrendó su compromiso de poder seguir con una agenda común, no obstante, subrayó, con la iniciativa de reforma constitucional de Yolanda de la Torre del PRI, que prolonga hasta el 2028 la presencia militar en labores de seguridad se contraviene a lo pactado.
Juan Ramiro Robledo dijo que la visión de que con la propuesta priista la Guardia Nacional se convertiría en un ente puramente militar es equivocada, pues solo se extiende el plazo “para crear una gran policía nacional de carácter civil”.
“No hay en México, en este momento, ninguna corporación policial ni la Guardia Nacional que sea capaz de afrontar la gran problemática de seguridad que es la delincuencia organizada, solo el Ejército; entonces ¿qué hacer?, pues intentar consolidar la policía nacional: hay más de 250 cuarteles y más de 115 mil miembros. En la Policía Federal había cerca de 35 mil elementos pero solo 20 mil eran operativos; ahora operativos hay 113 mil guardias nacionales distribuidos en México, pero no es suficiente, necesitan al Ejército para que termine la profesionalización, capacitación, eficacia y especialidad de la Guardia Nacional”.
Robledo Ruiz señaló se negó a emitir una opinión sobre la discusión de la posible separación de la alianza Va por México, aunque apuntó: “harían muy bien los diputados y los senadores del PRI de apoyar una iniciativa de una de su compañera, porque apoya a uno de los grandes problemas del país como es la inseguridad por el crimen organizado”.
Xavier Azuara agregó que el PAN ha expresado su sorpresa e inconformidad, por lo que pide a Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, revalore y “honre” la plataforma electoral a la que se comprometió, así como el compromiso constitucional:
“Prorrogar la militarización del país es una irresponsabilidad, ya que implica transferir a las fuerzas armadas responsabilidades que no les corresponden, reconocemos el valor del Ejército, por eso pausamos la coalición electoral hasta que el PRI defina si honrará los términos firmados entre estos partidos”.
El diputado morenista reiteró que ni la iniciativa de ampliar las funciones del Ejército en tareas de seguridad pública ni la minuta recién aprobada en la Cámara de Senadores sobre adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, significan la militarización de los elementos policiacos.
Robledo Ruiz respondió que la reforma solo redistribuye las tareas de seguridad pública del Ejecutivo en dos secretarías de estado: la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y la Secretaría de la Defensa Nacional: “que no es lo mismo que el Ejército y no se trastoca el decreto de 2019”.
“De que se va a militarizar la seguridad pública no es verdad, porque no se aplicaran las leyes y ni códigos militares, sino son los códigos civiles. Lo que pasa es que los militares tienen una gran capacidad y solo estaban dentro de los cuarteles, ahora están incorporados a muchas tareas de seguridad pública y de otras naturaleza, son 350 mil elementos y están capacitados en diferentes rubros, es una gran fuerza del estado mexicano que está siendo aprovechada ahora”.
Finalmente, Juan Ramiro Robledo invitó a los diputados y senadores del bloque opositor a presentar su demanda ante la corte si consideran que es inconstitucional dichas medidas; agregó que considera que esto puede ser una aportación a la pacificación del país.
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Ladrona del Centro de SLP en la mira de la Fiscalía
Comerciantes han denunciado en redes a una mujer que presuntamente roba en negocios aprovechando descuidos
Por: Redacción
María Manuela García Cázares, titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), señaló que hasta el momento no tiene información específica sobre el caso de una mujer que presuntamente se dedica a cometer robos en comercios del Centro Histórico de San Luis Potosí y que, según denuncias difundidas en redes sociales, contaría con varias carpetas de investigación en su contra.
Al ser cuestionada sobre el tema, la fiscal indicó que revisará la situación debido a que se trata de un delito que afecta a la sociedad y que además se persigue de oficio.
“No he tenido información al respecto, pero reviso el tema, sobre todo porque es un delito que afecta a la sociedad”, expresó.
En los últimos días, comerciantes del Centro Histórico han difundido videos en redes sociales en los que se observa a una mujer presuntamente sustraer carteras, dinero en efectivo y otros objetos dentro de establecimientos
, aprovechando descuidos de los trabajadores.Sobre este tipo de delitos, García Cázares explicó que generalmente se trata de robos sin violencia, en los que los responsables aprovechan momentos de distracción para cometer el ilícito.
Asimismo, señaló que en el Centro Histórico se han reforzado los rondines de vigilancia por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí y de la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí, lo que ha contribuido a disminuir este tipo de incidentes en la zona.
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Convenio por 516 millones… pero la UASLP solo tiene garantizados 320
El rector Alejandro Zermeño explicó que el calendario de ministraciones estatales deja 196 millones sujetos a disponibilidad presupuestal, un escenario que podría replicar las tensiones financieras del año pasado para la universidad
Por: Jorge Saldaña
Aunque el convenio de financiamiento entre la federación y el gobierno estatal establece una aportación de 516 millones de pesos para la UASLP, el esquema de pagos previsto por la administración estatal solo garantiza 320 millones durante el año, cantidad autorizada por el Congreso del Estado, divididos en doce mensualidades.
Así lo explicó el rector Alejandro Zermeño Guerra, quien detalló que en estos días la universidad ya recibió únicamente el 10 por ciento de la primera ministración federal, mientras que la aportación del gobierno está pendiente y se espera para los próximos días.
Entrevistado en el marco de la inauguración de la edición número 50 de la Feria Nacional del Libro de la UASLP, Zermeño Guerra precisó que el proceso de liberación de recursos sigue una cadena administrativa: primero la firma del convenio entre Federación y estado, (14 de enero) luego el envío del documento a la Federación, la ministración federal y posteriormente la aportación estatal.
“El recurso de la Federación nos fue ministrado hace tres días”, señaló, por lo que la universidad espera que en los próximos días llegue la parte estatal correspondiente a enero, febrero y lo que va de marzo.
El convenio global firmado con la Federación contempla un poco más de 3 mil millones de pesos, de los que el gobierno estatal se comprometió a aportar 516 millones. Sin embargo, el esquema de pagos que se notificó recientemente contempla solamente 320 millones lo que podría poner en una situación de crisis a la institución igual a la que se vivió el año pasado, con la diferencia que en este convenio se contempló una cláusula de disponibilidad presupuestal, es decir que gobierno podría no estar en condiciones de alcanzar la cantidad total.
“Hay cláusula respecto a la situación financiera de los gobiernos; nadie está obligado a lo imposible”, reconoció Zermeño, aunque subrayó que mantiene confianza en que el acuerdo pueda cumplirse en su totalidad.
“Yo tengo que seguir teniendo confianza porque confío en que una autoridad como nuestro gobernador, si firma un documento es porque seguramente va a tratar de cumplir”, expresó.
El rector también señaló que la universidad enfrenta adeudos cruzados con el gobierno estatal. Por un lado, la UASLP solicitó a inicios de año un préstamo al gobierno de 100 millones de pesos para cubrir compromisos de nómina.
Por otro lado, el gobierno estatal mantiene un adeudo superior a 20 millones de pesos relacionado con un pago que la universidad adelantó para cubrir una deuda con Conagua, operación que permitió reducir un pasivo que originalmente superaba los 50 millones.
A estos pendientes se suma un monto de 540 millones de pesos acumulados durante los últimos tres años, según explicó el rector.
Pese a este escenario financiero, Zermeño reiteró que mantiene expectativas de que el gobierno estatal cumpla con los compromisos asumidos.
“La esperanza muere al último”, dijo.
Nota completa: Inició Feria Nacional del Libro de la UASLP
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Más de 20 mil hectáreas han sido consumidas por incendios en SLP
El incendio más grande ocurrió en Santo Domingo, San Luis Potosí, con 15 mil 300 hectáreas afectadas
Por: Redacción
Sonia Mendoza Díaz, titular de la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí (Segam), informó que en los primeros meses del año el estado ha registrado una alta incidencia de incendios, con más de 20 mil 160 hectáreas afectadas.
La funcionaria explicó que actualmente se mantiene un incendio activo, y señaló que la cantidad de siniestros registrados en aproximadamente dos meses ha sido considerable, lo que ha obligado a las autoridades a reforzar las acciones de prevención.
Mendoza Díaz destacó que uno de los incendios más graves ocurrió en el municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí, donde se registraron 15 mil 300 hectáreas siniestradas, convirtiéndose en el incendio más grande del que se tenga registro en la historia del estado.
La titular de la Segam indicó que, debido a la magnitud de los daños, San Luis Potosí se encuentra actualmente en primer lugar a nivel nacional en territorio afectado por incendios, aunque aclaró que esto se refiere a superficie siniestrada y no al número total de incendios registrados.
Ante este panorama, la dependencia ha iniciado reuniones con alcaldes de distintas regiones para coordinar estrategias de prevención. Hace unos días se realizó un encuentro con presidentes municipales del Altiplano, zona que presenta alta peligrosidad debido a la sequía y a las condiciones de los pastizales.
Asimismo, este jueves fueron convocados los alcaldes de la zona centro, donde municipios como Mexquitic de Carmona, Zaragoza, San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez han registrado una importante incidencia de incendios en los últimos días.
La funcionaria explicó que muchos de estos siniestros se originan por quemas agrícolas realizadas por habitantes de comunidades, quienes buscan limpiar sus terrenos, pero en ocasiones el fuego se sale de control.
Por ello, las autoridades estatales trabajan con los gobiernos municipales para reforzar campañas de concientización y pedir a la población evitar quemas sin previo aviso a las autoridades competentes, con el fin de prevenir nuevas contingencias y proteger a las comunidades cercanas.
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