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Diputados de Morena critican a Konishi por cuestionamientos a programas sociales
El legislador independiente y aspirante a dirigente de MC afirmó que los apoyos dados por el gobierno de AMLO generan que las personas no quieran trabajar como obreras
Por: Ana G Silva
Héctor Mauricio Ramírez Konishi, diputado local independiente y quien busca la dirigencia de Movimiento Ciudadano, aseguró la semana pasada que los apoyos sociales que brinda el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador son culpables de que las empresas de la Zona Industrial tengan dificultades para atraer obreros, pues generan que los beneficiarios estén “muy a gusto” desde en sus casas; al respecto, Antonio Lorca Valle y Lidia Nallely Vargas Hernández, legisladores de Morena, defendieron estos programas, cuestionaron al congresista y mencionaron que son una ayuda, pero negaron que causen que las personas no quieran trabajar.
Lorca señaló que aunque Morena y la presidencia de la República han hecho esfuerzos importantes para aumentar el salario mínimo, este es aún muy bajo, al llegar a los 6 mil pesos mensuales (cifra que es incorrecta, ya que actualmente es de 5 mil 156 pesos):
“Se necesitan por lo menos dos salarios mínimos para poder vivir bien; los programas y becas son necesarios para ayudar a las personas. Hoy se dan los programas sociales más atractivos de la historia para que se alcance a cubrir alguna de las necesidades, no para todas obviamente, pero se busca que sí se llegue a eso, por lo menos en los sectores más vulnerables: discapacitados y adultos mayores”.
Lidia Vargas consideró que Mauricio Ramírez desconoce cómo se trabaja con los programas sociales, y dijo que por esa razón hay diputado que siempre votan en contra de estos apoyos a la ciudadanía:
“Cuando los diputados somos de campo, sabemos de las necesidades de la gente, que son muchas y son ellos quienes están más agradecidos por todo el apoyo que nunca antes había recibido. Antes la oposición prefería robarse el dinero”.
Antonio Lorca declaró que no coincide con la postura de Ramírez Konishi, pues los programas sociales van dirigidos a grupos muy específicos de la sociedad mexicana, como el de Jóvenes Construyendo el Futuro que se da a estudiantes 
“El programa Jóvenes Construyendo el Futuro ayuda al sector empresarial y esto los beneficia a los dos: al empresario y a el joven, ya que se capacita y así tiene más oportunidades de empleo”, agregó Lidia Vargas.
El congresista apuntó que la ayuda a adultos mayores se entre justamente porque a ese sector de población las empresas ya no lo contrata, así como a personas con alguna discapacidad; mientras que los programas de apoyos a madres solteras, son para las mujeres que no tienen la posibilidad de dejar a sus hijos con alguien, pues no hay guarderías nocturnas.
“No sé a cuáles programas sociales se refiere el diputado, al contrario yo veo dinero donde no lo había, entonces la gente de 22 a 45 años es el mercado laboral más fuerte que tienen las empresas y yo no identificó ningún programa social en ese rango de edad”.
Al cuestionar a los diputados morenistas si consideran que Mauricio Ramírez habló del “problema de los programas sociales” desde el privilegio y el clasismo, Lorca Valle respondió que lo desconoce y parece ser que habló de una situación muy específica:
“Creo que habla desde un punto de vista muy limitado de una o dos empresas que le comentaron esta situación, sin haber hecho un análisis como el que se afecte un mercado laboral por los programas sociales”; mientras que Vargas Hernández apuntó que “el diputado habla con desconocimiento de cómo se trabaja con los programas”.
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El alcalde descartó el reparto de agua por pipas como solución a las fallas del acueducto, al considerarlo “el peor escenario” para colonias sin aljibe.
Por: Redacción
Cuando el acueducto El Realito falla, la afectación llega a 70 colonias y unas 35 mil viviendas de la capital potosina, señaló el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
El edil sostuvo que, aunque el suministro eventualmente se restablece, el problema de fondo persiste: “la gente siempre vive con una expectativa de cómo va a amanecer el día, y eso no es vida”, afirmó.
Galindo descartó el reparto de agua mediante pipas como solución a estas fallas, al calificarlo como “el peor escenario” disponible, pues dijo que existen colonias abastecidas por El Realito
El alcalde indicó que Interapas y el Ayuntamiento ya cuentan con un operativo establecido para atender estas zonas cada vez que el acueducto sale de operación.
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La mayoría de los municipios de San Luis Potosí no tiene relleno sanitario, sino tiraderos a cielo abierto, reconoció la Segam
Por: Redacción
La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) realizó más de 350 inspecciones a empresas industriales en San Luis Potosí durante este año, la mayoría en la zona capitalina, informó su titular, Sonia Mendoza Díaz.
La funcionaria explicó que cuando una empresa es sorprendida con residuos en algún relleno, tiradero o predio clandestino, la dependencia procede a clausurarla de inmediato, porque las empresas están obligadas a demostrar la trazabilidad de sus desechos.
Mendoza Díaz precisó que las multas no solo se aplican a quien tira los residuos, sino también a la empresa generadora, como parte de la estrategia para frenar la disposición ilegal.
La Segam también regularizó a numerosas empresas dedicadas a la compra y venta de chatarra, exigiendo permisos tanto a los generadores de residuos como a quienes se dedican a recolectarlos.
Sobre el manejo de basura municipal, la funcionaria reconoció que la mayoría de los municipios de San Luis Potosí no cuenta con relleno sanitario, sino con tiraderos a cielo abierto, por lo que la dependencia realiza inspecciones permanentes para exigir que la basura sea cubierta y se reduzcan las emisiones de gases.
Dijo que a los municipios se les pide contar con pozos de venteo para liberar gases y con un cuarto de lixiviados que permita cubrir los residuos orgánicos y evitar contaminación
La Segam también sostiene pláticas con los presidentes municipales para cerrar y multar los sitios donde se detecta basura tirada de manera clandestina, e insistió en que la ciudadanía debe tomar conciencia de que no puede arrojar basura en cualquier lugar.
En el tema de calidad del aire, Mendoza Díaz señaló que ya se dio a conocer la norma que regulará a las ladrilleras a partir de enero de 2027, luego de un foro en el que participaron distintos sectores. Calificó el conflicto con estos hornos como un problema social que requiere pláticas constantes y generación de acuerdos, más allá de la sanción.
La funcionaria reconoció que la caseta de monitoreo ambiental conocida como “Verde” no está funcionando actualmente, aunque dijo que se trabaja para corregir la falla.
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En contraste, la entidad tiene una de las tasas más bajas de internamiento juvenil
Por: Ana G Silva
Mientras el número de adolescentes que enfrentan procesos por la presunta comisión de delitos continúa en aumento en México, San Luis Potosí se ubica ligeramente por encima del promedio nacional en la tasa de menores imputados. Sin embargo, la entidad presenta una de las tasas más bajas de ingresos a centros de internamiento, lo que refleja un comportamiento distinto al observado en varios estados con mayores índices de criminalidad.
Así lo revela la edición 2026 de las Estadísticas sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley (EPACOL) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que actualiza la información correspondiente a 2024.
Durante 2024, México registró 35 mil 193 adolescentes imputados por la presunta comisión de algún delito, un incremento de 7.1 por ci ento
Cuando la cifra se ajusta por población adolescente, la tasa nacional fue de 259.3 personas imputadas por cada 100 mil adolescentes.
En ese indicador, San Luis Potosí registró una tasa de 262.2, suficiente para colocarse ligeramente por encima de la media nacional y en la mitad superior del país.
Aunque la diferencia respecto al promedio es reducida, el contraste con otras entidades resulta significativo.
Los estados con mayores tasas fueron:
- Aguascalientes: 841.1
- Nuevo León: 665.4
- Sonora: 631.5
- Ciudad de México: 611.8
Mientras tanto, los registros más bajos correspondieron a:
- Tlaxcala: 10.5
- Chiapas: 36.9
- Nayarit: 49.1
- Michoacán: 51.0
El incremento observado en San Luis Potosí ocurre dentro de una tendencia nacional.
Desde 2021, la tasa de adolescentes imputados pasó de 166.5 a 259.3 por cada 100 mil habitantes adolescentes, un crecimiento cercano al 56 por ciento.
Otro de los cambios más relevantes detectados por el instituto es la transformación en el tipo de delitos. Durante cinco años consecutivos, el robo había sido el ilícito más frecuente entre adolescentes. Sin embargo, desde 2022 esa posición fue ocupada por las lesiones
El resto de los principales delitos fueron:
- Robo (12.6%)
- Amenazas (10.6%)
- Abuso sexual (8.6%)
- Narcomenudeo (8.4%)
Uno de los datos donde San Luis Potosí presenta un comportamiento distinto es el relacionado con el internamiento.
Mientras la tasa nacional fue de 17.2 adolescentes ingresados a centros especializados por cada 100 mil jóvenes de entre 14 y 17 años, San Luis Potosí registró 7.3, menos de la mitad del promedio nacional.
Las tasas más altas fueron: Sonora (67.0), Aguascalientes (55.4) y Baja California (53.8). En contraste, Tlaxcala no registró ningún ingreso durante 2024.
El propio sistema privilegia sanciones distintas al encarcelamiento. Al cierre de 2024, el INEGI registró 4 mil 095 adolescentes sujetos a alguna medida de sanción en todo el país.
De ellos: 64.3 por ciento cumplía medidas no privativas de la libertad. Mientras el 35.7 por ciento permanecía bajo medidas privativas o restrictivas.
Esto significa que la mayoría de los adolescentes enfrenta procesos de reinserción mediante supervisión, tratamiento, trabajo comunitario u otras medidas previstas por la legislación.
El reporte identifica condiciones de vulnerabilidad entre quienes llegan al sistema penal.
Entre los adolescentes internados:
- 34.5 por ciento sólo había concluido la secundaria.
- 32.6 por ciento cursó preparatoria.
- 18.1 por ciento no tenía estudios o únicamente había alcanzado preescolar o primaria.
Aunque estos datos corresponden al panorama nacional, muestran una relación entre rezago educativo y población privada de la libertad.
El informe también documenta que 33.1 por ciento de los adolescentes internados permanecía sin resolución judicial al cierre de 2024. Se trata del porcentaje más alto registrado desde 2017.
Este indicador refleja que una parte importante de los jóvenes permanece bajo medidas cautelares mientras su situación jurídica continúa pendiente.
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