La CURP se convertirá en el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y disponible en formatos físico y digital

Por Roberto Mendoza

La Cámara de Diputados, en sesión larga qué termino casi a las dos de la madrugada, votó reformas a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, que incluyen la creación de la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos y la instauración de una Plataforma Única de Identidad para facilitar la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

La minuta fue enviada al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. La Ley General en Materia de Desaparición Forzada, obtuvo 417 a favor, 60 en contra y cero abstenciones, mientras que la Ley General de Población, la votación fue de 345 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones.

El dictamen precisa que la CURP se convertirá en el documento nacional de identificación obligatorio, de aceptación universal y disponible en formatos físico y digital, integrando datos personales como nombre, fecha de nacimiento, nacionalidad, huellas dactilares y fotografía. Su expedición y gestión quedará a cargo de la Secretaría de Gobernación, que también desarrollará un programa específico para incorporar los datos biométricos de niñas, niños y adolescentes. Además, la CURP biométrica podrá vincularse al Registro del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de garantizar el acceso universal a la salud desde el nacimiento, y deberá ser solicitada por cualquier ente público o privado para trámites y servicios.

La Plataforma Única de Identidad será la herramienta central para consultar, validar y gestionar la CURP biométrica, permitiendo el cruce de datos entre registros oficiales y bases de datos de particulares, exclusivamente en casos de investigación, búsqueda, localización o identificación de personas desaparecidas. Esta plataforma estará interconectada con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la Base Nacional de Carpetas de Investigación, el Banco Nacional de Datos Forenses y otros registros administrativos, incluidos aquellos de instituciones privadas como bancos, empresas de telecomunicaciones, servicios de salud, educación y transporte. El acceso a estos datos estará condicionado a contar previamente con un Folio Único de Búsqueda o número de carpeta de investigación, y se restringirá a los fines establecidos en la ley, con controles para el resguardo y protección de datos personales.

La legislación define además nuevas figuras como la Familia Social, que reconoce vínculos afectivos más allá de la consanguinidad o parentesco legal, y el Nombre Social, entendido como el nombre que una persona se autoasigna y por el cual desea ser identificada. Se instituye también la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación, que deberá activarse de forma inmediata ante la denuncia o reporte de una persona desaparecida.

Toda búsqueda o consulta en la Plataforma Única quedará registrada, y el uso indebido de esta información será considerado una falta grave, sancionada con multas de hasta 20,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Las entidades públicas o privadas que obstaculicen el acceso a información relevante en estos casos podrán enfrentar sanciones económicas.

Las reformas establecen que las entidades federativas y municipios tendrán un plazo máximo de 180 días para armonizar su normativa en materia de cementerios, crematorios y fosas comunes, obligándose a llevar registros digitales y detallados de cuerpos inhumados o cremados, vinculados al Sistema Nacional de Búsqueda.

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