Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas 
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
La quinta donación multiorgánica del año permitió beneficiar a pacientes de Ciudad de México y Monterrey mediante un operativo especial de traslado
Por: Redacción
Los Servicios de Salud y el Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), implementaron un operativo especial de traslado durante la quinta donación multiorgánica realizada en San Luis Potosí, facilitando el envío seguro de órganos a distintos puntos del país.
La donación se llevó a cabo en la Clínica 50 del IMSS Ordinario, donde la decisión solidaria de una familia permitió que una menor de 11 años trascendiera al brindar esperanza de vida a por lo menos ocho personas. Para agilizar el traslado de los órganos, personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) activó el operativo Ola Verde, mientras que una aeronave Estatal trasladó un corazón al Hospital Ignacio Chávez de la Ciudad de México.
Los riñones y el hígado fueron enviados a la Clínica 25 del IMSS en Monterrey, además de que las corneas se quedaron en la entidad en el banco de tejidos oculares. El trabajo sin límites entre instituciones fortalece la capacidad de respuesta en procedimientos que requieren precisión y rapidez.
La coordinación desplegada consolida el cambio que se vive y se siente al contar con mecanismos eficientes, colocándose en el séptimo lugar nacional de trasplantes y tejidos. Las personas interesadas en sumarse, pueden acercarse al centro.
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Congreso del Estado
Diputados de SLP exhortan a Federación a destinar más recursos contra el gusano barrenador
La propuesta impulsada por la diputada Frinné Azuara busca: Más recursos para SENASICA, transparencia sobre el gasto ejercido, recuperar el estatus sanitario y reactivar exportaciones de ganado hacia Estados Unidos
Por: Redacción
A propuesta de la diputada Frinné Azuara Yarzábal, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Punto de Acuerdo para exhorta a diversas autoridades federales a que lleven a cabo acciones de contención, prevención, vigilancia y control del gusano barrenador.
El Punto de Acuerdo exhorta a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión para que, en el ejercicio de sus facultades presupuestales, realice una revisión profunda y, en su caso, una ampliación urgente al presupuesto del SENASICA para el ejercicio fiscal 2026, que permita revertir los recortes aplicados y dotar a la institución de los recursos humanos y materiales necesarios para hacer frente a esta y futuras contingencias sanitarias.
A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y al Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) ambas del Gobierno Federal para que informen detalladamente a esta Soberanía sobre el presupuesto ejercido en los últimos cinco años para la campaña contra el gusano barrenador, las acciones concretas realizadas en San Luis Potosí, y el plan a corto, mediano y largo plazo para recuperar el estatus sanitario que permita la reapertura del mercado estadounidense.
Y a la Secretaría de Relaciones Exteriores a gestionar, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), un acuerdo sanitario de emergencia con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) que permita restablecer la certificación de zonas libres de gusano barrenador y reactive las exportaciones de ganado mexicano a la brevedad posible.
En su exposición de motivos, se indica que esta situación que ya está dejando huella en el campo mexicano, particularmente en regiones como San Luis Potosí, donde la presencia del gusano barrenador ha dejado de ser un aviso técnico para convertirse en un problema económico y social concreto.
Por otro lado, el acceso al mercado estadounidense no es un lujo para la ganadería nacional; es el eje que sostiene la viabilidad de miles de ranchos, la cadena de insumos, el empleo rural y el dinamismo de municipios enteros. Si no se interviene con coordinación y recursos reales, el costo de la inacción se multiplicará con creces
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De acuerdo con el más reciente ranking, el mandatario potosino alcanzó una aprobación del 65.1%, superando a Samuel García y Delfina Gómez
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se posicionó como el mandatario estatal mejor evaluado del país en el más reciente estudio nacional de aprobación de gobernadores realizado por FactoMétrica, al alcanzar una aprobación del 65.1 por ciento en el rubro de trabajo en general.
De acuerdo con los resultados del Ranking Nacional de Gobernadores correspondiente a mayo de 2026, el mandatario potosino encabeza la lista nacional, superando a sus homólogos de Nuevo León, Samuel García, quien registró 64.5 por ciento, y del Estado de México, Delfina Gómez, con 63.3 por ciento.
El estudio de FactoMétrica evalúa el desempeño de los gobiernos estatales en temas fundamentales para la ciudadanía, entre ellos el trabajo gubernamental en general, el combate a la inseguridad, la transparencia y el combate a la corrupción,
La primera posición obtenida por Ricardo Gallardo Cardona refleja el respaldo ciudadano a las políticas públicas impulsadas por su administración, orientadas a fortalecer el desarrollo social, la infraestructura, la movilidad, la seguridad y el bienestar de las familias potosinas.
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