Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas 
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
El diputado descartó que las críticas a la ahora derogada normativa representen más que una opinión política, y remitió la definición de su legalidad a la Suprema Corte
Por: Redacción
El diputado local Héctor Serrano rechazó que las condenas de organismos internacionales contra la iniciativa que reguló la inteligencia artificial en San Luis Potosí —conocida como la Ley Serrano y derogada hoy por el Congreso del Estado— representen algo más que una opinión política, y afirmó que la legalidad de la propuesta solo puede determinarla la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Lo que yo le estoy diciendo a usted es que todo va en curso a la legalidad (…) están en su derecho de presentar cada instancia, cada institución y cada organización; ese es el derecho a la libertad de expresión con la que comulgo”, señaló el legislador, aunque advirtió que “en muchos de los casos hay opiniones” que no necesariamente definen la legalidad de una norma.
Serrano sostuvo que el debate en torno a la iniciativa estuvo “politizado por parte de grupos que tienen interés político
El legislador insistió en que la intención de la iniciativa fue “privilegiar el derecho a la dignidad humana”, y reiteró su respaldo a la libertad de expresión y a la democracia, aunque distinguió entre la opinión pública y la legalidad: “cuando se trata de legalidad existe una instancia que es la que determina si es legal o no, para que quede perfectamente definida una y otra expresión”.
Después de estas declaraciones, el Congreso del Estado aprobó la derogación total de la reforma, tras una mesa con los tres poderes, medios de comunicación y academia, y anunció que una nueva ley sobre inteligencia artificial saldrá de foros de consulta.
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La CEA negocia sustituir entre 12 y 13 kilómetros con tubería de alta resistencia para disminuir fracturas y brindar mayor confiabilidad al abasto metropolitano
Por: Redacción
El Gobierno del Estado avanza en una solución de fondo para reducir las constantes fallas del acueducto de la presa El Realito, mediante la posible sustitución de entre 12 y 13 kilómetros de tubería en el tramo donde se concentra el mayor número de fracturas.
El director general de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Pascual Martínez Sánchez, explicó que los estudios técnicos detectaron fuertes contrapresiones hidráulicas, conocidas como golpe de ariete, que superan la capacidad del material instalado originalmente. La propuesta contempla colocar tubería de polietileno de alta densidad, más flexible y resistente.
La CEA
Mientras avanzan los acuerdos, el Gobierno mantiene una ruta técnica para brindar mayor seguridad al sistema hidráulico y solicita al Interapas atender las fugas de su red de distribución, a fin de evitar pérdidas del recurso.
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El Congreso del Estado derogó este jueves con 22 votos la Ley Serrano, la reforma sobre inteligencia artificial que enfrentó críticas nacionales e internacionales, una impugnación ante la Suprema Corte y meses de presión política
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó este jueves, de manera unánime, con 22 votos a favor, la derogación total de la Ley Serrano, la reforma en materia de inteligencia artificial que en los últimos meses provocó una ola de críticas nacionales e internacionales, una impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y presión de organismos de derechos humanos, colectivos de comunicadores y del propio alcalde de la capital.
La ley, impulsada por el diputado local Héctor Serrano y aprobada por mayoría del Congreso en un proceso que el diputado panista Rubén Guajardo calificó de “exprés” —de entre 10 y 11 días, sin un análisis profundo—, endureció las sanciones penales por manipulación de contenido digital y suplantación de identidad mediante inteligencia artificial.
La reforma fue impugnada ante la Suprema Corte por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que argumentó que vulneraba derechos humanos y la libertad de expresión, y motivó procesos penales contra al menos 10 personas señaladas como creadoras de contenido y comunicadores, de acuerdo con el alcalde Enrique Galindo Ceballos.
La presión por derogarla escaló en julio. El 16 de julio, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona anunció que existía consenso entre los poderes del estado, medios de comunicación, academia y organismos descentralizados para derogar de manera “absoluta, total” la ley, y adelantó que una nueva legislación sobre inteligencia artificial se construiría en foros con todos los sectores.
Un día después, el Gobierno del Estado firmó formalmente la iniciativa de derogación, en acuerdo con el Congreso, el Poder Judicial y la Fiscalía General, y la envió al Legislativo para su discusión.
Serrano, autor de la ley que coloquialmente fue nombrada con su apellido, defendió la reforma hasta el último momento. Horas antes de que el Congreso aprobara la derogación este jueves, el legislador había rechazado que las críticas internacionales representaran algo más que una opinión política, calificó el debate en su contra como “politizado por parte de grupos que tienen interés político” y remitió la determinación sobre la legalidad de la norma a la Suprema Corte.
Días antes, había insistido en que la Ley Serrano fue precursora de la regulación de la inteligencia artificial en el país, incluso cuando el propio Gobierno del Estado ya impulsaba su derogación.
El alcalde Galindo, uno de los principales críticos de la norma, había adelantado que la derogación debía significar la exención total de responsabilidad penal para los procesados, pues el tipo penal dejaría de existir, y que esas personas podrían exigir algún tipo de resarcimiento.
Con la derogación aprobada este jueves, el Gobierno del Estado deberá ahora avanzar en la construcción de la nueva ley de inteligencia artificial anunciada por Gallardo, que el mandatario señaló que “pondrá la dignidad humana por encima de cualquier cosa” y buscará proteger a periodistas, columnistas, caricaturistas e influencers, además de combatir a los llamados medios fake.
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