Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas 
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
El rector de la UASLP defiende autonomía y pide a las autoridades invertir recursos en este sector
Por: Redacción
“La Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) no tiene nada que esconder; al contrario, tiene mucho de qué enorgullecerse” señaló el rector doctor Alejandro Javier Zermeño Guerra, en el marco de la presentación del Segundo Informe de la Gestión 2024-2028, donde reportó que el año pasado la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revisó el 98.5 del presupuesto ejercido en 2024 con un resultado de cero irregularidades.
“El rigor académico empieza por la honestidad en el gasto”, dijo a las y los integrantes del Consejo Directivo Universitario (CDU) durante la sesión extraordinaria que se efectuó este jueves 30 de abril en el Auditorio Rafael Nieto. Evento que contó con la asistencia del universitario Mtro. Juan Ramiro Robledo Ruiz, titular de la Unidad de Enlace de la Segob, con la representación de la secretaria de Gobernación, Lic. Rosa Icela Rodríguez Velázquez; así como de integrantes de la Junta Suprema de Gobierno, el Comité Asesor Externo, exrectores, líderes empresariales, representantes del Poder Judicial, autoridades estatales y municipales, además de la comunidad universitaria.
Durante la presentación del Segundo Informe, con fundamento en el Estatuto Orgánico, Zermeño Guerra dijo que la Universidad es un pilar fundamental del desarrollo educativo, científico y cultural del estado y de México. “Desde su fundación, ha sido una institución comprometida con la formación de profesionistas críticos, la generación de conocimiento y el servicio a la sociedad”, recalcó.
No obstante, advirtió que la defensa de la autonomía frente a presiones políticas sigue siendo un desafío vigente, señalando al financiamiento como uno de los principales mecanismos de coacción. Explicó que la dependencia de recursos públicos expone a las instituciones a decisiones presupuestales que suelen priorizar intereses políticos sobre la planeación educativa a largo plazo: “La defensa de la autonomía implica exigir un financiamiento suficiente, oportuno y sin condicionamientos”, aseveró.
Durante este Segundo informe, el rector enfatizó que es tangible cuando una universidad pública funciona bien. Ejemplo de ello es la UASLP: que brinda formación a 33 mil 224 estudiantes de licenciatura y posgrado, cuenta con 3 mil 290 académicos donde el 85 % de los profesores de tiempo completo tiene formación en doctorado e imparte 223 programas educativos en ocho municipios.
Además, reporta a 744 investigadoras e investigadores en el SNII (el número más alto en la historia, que representa un crecimiento del 37 por ciento en solo cinco años); y logró el primer lugar nacional en el Examen General de Egreso del CENEVAL.
Asimismo, detalló que en 2025 la UASLP contó con 4 mil 297 titulaciones en todos los niveles y que, en la Región Huasteca Sur, el 43 por ciento de quienes hoy escriben su tesis pertenecen a pueblos originarios
En el último año, la UASLP consolidó proyectos de alto impacto como la Agenda Hídrica de la Zona Metropolitana, el primer documento de este tipo en la historia de la ciudad, desarrollada por el Grupo Universitario del Agua y el Atlas Dinámico de Riesgos del municipio de San Luis Potosí desarrollado por CIACYT con el ayuntamiento capitalino. Por otra parte, 89 mil potosinos accedieron a servicios de salud como atención médica, dental, o psicológica, entre otros, brindados por diferentes facultades y clínicas de la universidad.
Respecto al Centro de Bienestar Familiar, Zermeño Guerra manifestó que éste llega a donde otros programas no: a las familias de los trabajadores universitarios y a la comunidad. En 2025 se expandió a Matehuala, la sede fue gestionada enteramente por el Comité de Damas Voluntarias con recursos propios. Gracias a su trabajo, hoy el Centro opera en tres ciudades y atendió a más de mil personas.
En este tenor, el rector destacó que, para garantizar el crecimiento donde el presupuesto público no alcanza, pero también como un ejercicio de libertad, la UASLP autogeneró el 19 por ciento de su presupuesto. “Estos recursos nos permitieron seguir caminando cuando otros calendarios tenían otras prioridades”, manifestó.
En la recta final de su mensaje, declaró que las universidades deben ser espacios libres donde se fomente el debate, la investigación independiente y la formación de ciudadanos comprometidos con su entorno. “Permitir que factores políticos interfieran en su funcionamiento pone en riesgo no solo a las instituciones, sino al desarrollo del mismo país”, exclamó.
El rector Alejandro Javier Zermeño aseveró que la defensa de la autonomía frente a los embates de la política es una tarea permanente que requiere la participación activa de toda la comunidad universitaria y el respaldo de la sociedad. Asimismo, instó a las autoridades presentes a apostarle a la inversión de recursos a la educación, ya que es la única apuesta que jamás falla.
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La propuesta destacó la necesidad de diálogo, garantías y condiciones laborales dignas para todo el sector de agricultura
Por: Redacción
El diputado Tomás Zavala González, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal, presentó un Punto de Acuerdo para exhortar a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno Federal, (SADER) para que se garanticen precios justos y apoyo a los productores rurales.
Destaca la necesidad de tener un diálogo permanente, inclusivo y efectivo con los productores agrícolas del Estado, para diseñar e implementar un programa de precios de garantía justo, oportuno y diferenciado por región y cultivo, que permita cubrir los costos de producción y asegure ingresos dignos.
Busca que fortalezcan las políticas de apoyo técnico, financiero y logístico al entorno rural potosino, priorizando a pequeños y medianos productores, mujeres rurales, jóvenes e indígenas, en el marco del derecho a la seguridad y soberanía alimentaria.
Señala en su exposición de motivos, que en los últimos meses, productores de San Luis Potosí han externado sus planteamientos para exigir condiciones dignas de vida, acceso justo a mercados, precios remunerativos para sus productos y políticas públicas efectivas que garanticen la viabilidad del campo; un foco visible en el sector del frijol, al menos en el altiplano potosino, pero su origen y alcance no trascienden a un solo cultivo sino a todos
Es pertinente que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) en atención a sus facultades para promover la producción, transformación y comercialización de productos agropecuarios, establezca mecanismos de estabilización de precios, proteger a los productores de la volatilidad del mercado y de la competencia desleal y, fomentar la organización social y productiva del campo.
Esto ante la caída sostenida de precios, la falta de canales de comercialización y el abandono de cultivos básicos para brindarles certeza en cuanto a continuidad de sus actividades pero sobre todo a la comercialización de los mismos en condiciones de respeto a los precios de mercado.
El Punto de Acuerdo se turnó para su análisis a la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal.
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El gobernador también se posicionó en el top 10 en la percepción de confianza, mientras que en seguridad, el estado ocupó el lugar 13
Por: Redacción
La consultora Massive Caller reveló los resultados de su encuesta mensual de gobernadores más recientes, en donde Ricardo Gallardo Cardona, mandatario estatal de San Luis Potosí, aparece como el cuarto con mayor aprobación en el país.
Según el ejercicio, Gallardo posee un nivel de aprobación del 55.3 por ciento, solo por detrás de Teresa Jiménez de Aguascalientes, Manolo Jiménez de Coahuila y Óscar Ramírez de Chiapas.
En cuanto a la percepción de confianza, el gobernador ocupa el décimo lugar con un 33.6 por ciento, mientras que en materia de seguridad, San Luis Potosí aparece en el lugar 13 con un 44 por ciento.
Sin embargo, los resultados disminuyeron en cuanto al mes pasado, donde el mandatario potosino ocupó el tercer lugar nacional con una aprobación del 57.2 por ciento
En los otros rubros, bajó un lugar en cuanto a seguridad (ocupaba el lugar 12 con 44.2 por ciento), mientras que en la percepción de confianza sí subió una posición, pues el mes pasado ocupó el onceavo lugar con 33.1 por ciento.
La encuesta se levantó por vía telefónica por la técnica de robot, con una frecuencia de no respuesta del 0%, pero una tasa de rechazo del 95%.
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