Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas 
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
La propuesta de la diputada Brisseire Sánchez se aprobó en sesión del Pleno del Congreso del Estado
Por: Redacción
El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo de la diputada Brisseire Sánchez López para exhortar a los ayuntamientos a fortalecer y promover, dentro de sus atribuciones y de su presupuesto disponible, acciones de adopción responsable de animales de compañía, con prioridad en su bienestar, protección y trato digno.
El exhorto también pide a los municipios fortalecer la coordinación con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones protectoras de animales, rescatistas, centros de atención animal y demás agrupaciones dedicadas al bienestar animal, para organizar campañas de información, jornadas de adopción y mecanismos de entrega responsable que procuren hogares adecuados y permanentes.
La diputada señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe el maltrato animal y obliga al Estado a garantizar la protección y el cuidado de los animales, una responsabilidad que, dijo, debe asumirse de manera compartida entre autoridades, sociedad civil y ciudadanía.
Expuso que los animales en situación de calle, el abandono y la reproducción sin control de perros y gatos afectan el bienestar animal, la salud pública, la convivencia social y el entorno urbano. De acuerdo con estimaciones de activistas, en el estado habría alrededor de 400 mil perros en situación de calle.
Para la legisladora, la adopción responsable es una herramienta para dar una segunda oportunidad a animales abandonados, rescatados o resguardados en centros de control, asociaciones protectoras o por personas dedicadas al rescate. Consideró que fomentarla no debe limitarse a jornadas ocasionales o a publicar animales disponibles, sino que debe promoverse una cultura en la que las personas conozcan las obligaciones de llevar un animal a su hogar.
Sánchez López explicó que adoptar implica proporcionar alimento, atención veterinaria, vacunas, esterilización cuando corresponda, alojamiento adecuado, ejercicio y atención, así como garantizar una vida libre de maltrato, abandono y negligencia. Propuso que los ayuntamientos realicen acciones permanentes de sensibilización y promoción de la adopción en sus medios institucionales, redes sociales y espacios públicos.
También reconoció el trabajo de las organizaciones civiles, asociaciones protectoras y rescatistas, y planteó que los municipios refuercen la colaboración con ellas mediante campañas permanentes, jornadas de adopción, difusión de animales disponibles y actividades de concientización.
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El representante del partido ante el CEEPAC pidió mecanismos preventivos desde el arranque del proceso electoral
Por: Redacción
El Partido Acción Nacional (PAN) pidió a las autoridades y a los partidos establecer desde ahora mecanismos para evitar que el crimen organizado intervenga en el proceso electoral 2026-2027. Lo planteó durante la instalación del Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), con la que arrancó formalmente la contienda.
José Salvador Mendoza Hernández, representante del PAN ante el CEEPAC, advirtió que la violencia y la injerencia del crimen organizado son los mayores desafíos para la democracia. Señaló que no debe normalizarse que los aspirantes enfrenten amenazas, ni permitirse que intereses criminales presionen a los votantes o definan candidaturas.
El representante panista también alertó sobre el uso clientelar de recursos públicos, es decir, el uso de dinero o programas de gobierno para ganar votos. Habló además de lo que llamó intentos del gobierno federal por debilitar los contrapesos democráticos, y sostuvo que defender la autonomía del CEEPAC protege la competencia equitativa.
Paz social, según el Gobierno del Estado
En la misma ceremonia, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, en representación del gobernador Ricardo Gallardo Cardona
El Gobierno del Estado, el CEEPAC y el Instituto Nacional Electoral (INE) se reúnen una o dos veces al mes en la Mesa para la Coordinación y Construcción de la Paz para coordinar la seguridad de la elección. A partir de enero, las reuniones serán cada lunes.
Listos para 2027
Eduardo Nava Díaz, secretario jurídico del PAN, dijo que el partido está listo para la contienda de 2027 y que San Luis Potosí merece elecciones transparentes y sin miedo. Mendoza Hernández agregó que el PAN participará en el Consejo General con vigilancia y que señalará lo que considere contrario a la Constitución y a la ley electoral.
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El secretario General de Gobierno señaló que el 4 de enero inician las precampañas federales
Por: Redacción
El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, pidió a quienes aspiren a un cargo de elección federal o local que tomen su decisión “ya en los próximos días”. Dijo que “aquí no vamos a permitir que esté en mitad y mitad”: quien ejerza un cargo público y quiera participar debe renunciar o pedir licencia, según el caso.
“Que lo haga de manera responsable”
Torres Sánchez dijo que quien tenga un interés “genuino” de participar, algo que calificó como “muy válido”, debe hacerlo “de manera responsable”. “Si ejerce un cargo público, que lo deje bien, que renuncie o bien que pida licencia según sea la condición de cada caso”, afirmó.
Fechas
Recordó que el proceso electoral local arrancó este domingo y que el federal ya había arrancado. Agregó que, en el caso del federal, el 4 de enero inician los periodos de precampañas.
El plazo que fijó Gallardo
El 15 de septiembre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona fijó diciembre como el límite para que los funcionarios que busquen una candidatura dejen el gobierno. Después dijo que tendría reuniones individuales con quienes del gabinete quieran participar en 2027.
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