Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas 
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
El despojo se castigará con dos a siete años de prisión, y la pena crece si se usan documentos falsos o participa un servidor público
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó por unanimidad aumentar las penas por despojo, que ahora será castigado con dos a siete años de prisión. En la misma sesión ordinaria también endureció el castigo para los directivos de hospitales y clínicas que retengan a pacientes, a recién nacidos o un cuerpo por adeudos.
Ambas reformas modifican el Código Penal del Estado, la ley que define qué conductas son delito y qué castigo les corresponde.
Qué cambia con el despojo
El despojo es el delito de ocupar o quedarse con una casa, un terreno o cualquier inmueble ajeno sin tener derecho a ello, ya sea por la fuerza o con engaños. Con la reforma al artículo 227, quien lo cometa enfrentará de dos a siete años de cárcel y una multa de 100 a 500 días de UMA. La UMA es la Unidad de Medida y Actualización, una cifra de referencia que se usa para calcular multas en lugar del sa lario mínimo.
Además, con el nuevo artículo 228 BIS, la pena podrá crecer hasta la mitad en sus mínimos y máximos en estos casos:
- Cuando se simulen actos de autoridad.
- Cuando se use documentación falsa.
- Cuando la víctima sea un ascendiente (madre, padre, abuelos) o una persona adulta mayor.
- Cuando participe un servidor público. En ese caso, además, será destituido e inhabilitado para trabajar en el gobierno durante el mismo tiempo que dure su condena de prisión.
Hospitales que retengan por deudas
La segunda reforma, al artículo 248, fija penas de dos a seis años de prisión y multas de 60 a 200 días de UMA para los directores, encargados o administradores de hospitales, clínicas o sanatorios, públicos o privados, que:
- Impidan la salida de un paciente cuando él o sus familiares lo pidan, con el argumento de que hay deudas pendientes.
- Retengan sin necesidad a un recién nacido por ese mismo motivo.
- Retrasen o nieguen la entrega de un cuerpo, salvo cuando se requiera una orden de autoridad.
En la misma sesión, el Congreso aprobó otras reformas, entre ellas el uso obligatorio de casco en scooters eléctricos y nuevas reglas para declarar la presunción de muerte de personas desaparecidas.
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Se preveé que se realizarán recorridos de supervisión y cierres viales conforme a las necesidades de movilidad
Por: Redacción
Para prevenir incidentes, proteger la integridad de las familias y garantizar condiciones de orden durante las celebraciones en honor a San Judas Tadeo, el Gobierno Municipal de Villa de Pozos, a través de la Guardia Civil Municipal y la Dirección de Vialidad, implementará un operativo especial de vigilancia y prevención en el fraccionamiento Los Molinos y la colonia El Palmar, con presencia en las zonas de mayor concentración de feligreses y actividad comercial durante esta festividad religiosa.
El director de la Guardia Civil Municipal, David Valdivia Carranza, informó que las acciones estarán enfocadas en prevenir situaciones de riesgo, mantener el orden en la vía pública y evitar la instalación de toldos o estructuras destinadas a bailes públicos y presentaciones musicales, debido a que no se otorgaron permisos para este tipo de actividades. Señaló que la vigilancia será fundamental para favorecer el desarrollo seguro de las celebraciones y evitar condiciones que puedan poner en riesgo a las personas asistentes.
Por su parte, el director de Vialidad, Juan Ramón Velázquez Urista, indicó que se realizarán recorridos de supervisión y cierres viales conforme a las necesidades de movilidad en ambos puntos, a fin de facilitar el tránsito peatonal, prevenir congestionamientos y brindar condiciones más seguras a quienes acudan a las actividades religiosas y comerciales. El operativo comenzará a las 15:00 horas del 28 de octubre y se mantendrá hasta la medianoche, con el propósito de anticipar riesgos, atender oportunamente cualquier eventualidad y permitir que las familias celebren esta tradición con tranquilidad, orden y seguridad.
Imágenes de distintas convivencias y un video difundido en 2024 por el propio exaspirante a la gubernatura documentan la presencia de Juan de Jesús Salazar en su entorno social; las revelaciones surgen en medio de investigaciones y señalamientos sobre contratos millonarios con Pemex y una presunta red de facturación irregular
Por: Jorge Saldaña
La reciente detención de Juan de Jesús Salazar, alias “Wiwa”, señalado por las autoridades como presunto líder criminal en la Huasteca potosina y buscado por homicidio calificado, ha puesto bajo escrutinio sus relaciones sociales con el empresario Gerardo Sánchez Zumaya, quien hasta septiembre pasado aspiraba a la gubernatura de San Luis Potosí.
Fotografías de distintas convivencias muestran encuentros entre Salazar y personas del entorno empresarial y político de Sánchez Zumaya. Entre las imágenes difundidas destaca una en la que el ahora detenido aparece abrazado con el diputado federal panista David Azuara Zúñiga.
Los registros gráficos adquieren relevancia tras la captura de Salazar, de 35 años, a quien las autoridades estatales atribuyen presuntas actividades delictivas en la región Huasteca y quien, según información de inteligencia, se desenvolvía públicamente bajo un perfil empresarial.
La presencia de “Wiwa” en estas reuniones no se limita a un solo evento. Existen fotografías correspondientes a diferentes convivencias y un video específico de una celebración familiar difundido desde las redes sociales del propio Sánchez Zumaya.
Uno de esos registros corresponde a la ostentosa boda de Eduardo Isaac Sánchez Zúñiga, medio hermano de Gerardo Sánchez Zumaya, celebrada en abril de 2024 en la Antigua Nave Lewis del Parque Fundidora, en Monterrey.
En el video de la fiesta, difundido por el propio exaspirante a la gubernatura, aparece Salazar entre los asistentes. La celebración alcanzó notoriedad por las presentaciones de agrupaciones y artistas como Gerardo Ortiz, Gabito Ballesteros, Los Recoditos y La Sonora Dinamita.
Contratos millonarios, factureras y cuentas bloqueadas
La difusión de las fotografías ocurre cuando Gerardo Sánchez Zumaya enfrenta cuestionamientos por sus relaciones empresariales y financieras, particularmente por operaciones relacionadas con Petróleos Mexicanos (Pemex) y empresas señaladas en investigaciones periodísticas por presuntas irregularidades de facturación.
En noviembre de 2024, una investigación de Reforma dio a conocer señalamientos sobre operaciones y transacciones por más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024 en una presunta red de empresas relacionadas con el sector petrolero y vinculadas con el empresario potosino.
Más recientemente, otra investigación del mismo diario reveló que Pemex y el Instituto Mexicano del Petróleo pagaron durante 2025 facturas superiores a 2 mil 800 millones de pesos a empresas señaladas como parte de una red relacionada con Sánchez Zumaya.
Entre las compañías mencionadas en esos reportes figuran Grupo Mineral & Logistic, Safnat y Diazol, cuyas operaciones, domicilios fiscales y movimientos financieros han sido objeto de cuestionamientos.
Los señalamientos alcanzan también a familiares y personas relacionadas con el entramado empresarial investigado, entre ellos al novio de la boda del 2024, medio hermano del ex aspirante y socio de Mineral & Logistic que inyectó un aumento de capital por 400 millones de pesos sin explicar su procedencia.
En paralelo, empresas y particulares vinculados con esa presunta red han promovido recursos judiciales contra el bloqueo de cuentas bancarias dispuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
El dirigente nacional del Partido del Trabajo, Alberto Anaya
Sánchez Zumaya anunció el 24 de septiembre su retiro de las aspiraciones a la gubernatura de San Luis Potosí, luego de buscar espacios políticos en Morena y el PT atribuyendo su retiro a la atención a “motivos familiares”.
Aunque las investigaciones periodísticas han documentado las presuntas irregularidades, hasta ahora no existe una sentencia judicial conocida que acredite responsabilidad penal de Gerardo Sánchez Zumaya aunque al mismo tiempo se sabe que salió del país.
Los Azuara Zúñiga
La aparición del diputado federal David Azuara Zúñiga en una fotografía junto a Salazar amplía la dimensión política de los encuentros documentados.
En esa imagen, el legislador panista aparece abrazado con quien posteriormente fue detenido y señalado como presunto líder criminal en la Huasteca potosina.
La fotografía no constituye evidencia de participación del diputado en actividades delictivas, sin embargo, sí demuestran la relación estrecha entre Salazar, GSZ, círculos empresariales y políticos panistas de SLP.
La captura que volvió relevantes las fotografías
Juan de Jesús Salazar fue detenido en San Luis Potosí después de una serie de hechos violentos registrados en Tanquián de Escobedo, incluidos enfrentamientos ocurridos entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de octubre, tras el asesinato de un elemento federal.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, Jesús Juárez Hernández, informó que, de acuerdo con información de inteligencia, Salazar presuntamente había llegado desde Veracruz para involucrarse en actividades delictivas en la región.
Las autoridades señalaron que era buscado por homicidio calificado y que mantenía una apariencia empresarial en su vida pública.
Por su parte, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona advirtió que algunos presuntos líderes criminales buscan integrarse a la sociedad potosina presentándose como empresarios, instalándose en zonas residenciales de alta plusvalía y participando en círculos sociales de alto perfil.
La captura de “Wiwa” y las fotografías de sus encuentros con Sánchez Zumaya y Azuara Zúñiga plantean nuevas preguntas sobre las relaciones sociales del detenido.
La documentación gráfica coloca esas relaciones en el centro de la atención pública, mientras continúan los cuestionamientos sobre las operaciones financieras de las empresas vinculadas con Sánchez Zumaya y el alcance de las investigaciones correspondientes.
También lee: Enfrentamientos armados en Tanquián; mencionan a grupo ligado a Sánchez Zumaya
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