Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas 
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
Jesús Juárez Hernández, destacó que este reconocimiento fue recibido por segundo año consecutivo
Por: Redacción
El Centro Estatal de Reinserción Social de San Luis Potosí, ubicado en La Pila, obtuvo una Mención Honorífica en el concurso nacional “Hip Hop por la Paz 2.0”, convocado por la federación, por la participación artística de personas privadas de la libertad que encontraron en la música un espacio de expresión y reflexión.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández, destacó que este reconocimiento, recibido por segundo año consecutivo, forma parte del trabajo de reinserción social que desarrolla el Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, mediante actividades culturales y de desarrollo humano.
El proyecto surgió por iniciativa del Colectivo Bendito Estilo, en colaboración con Red Viral, y cuenta con la participación del Instituto Potosino de la Juventud (Inpojuve). A través de la creación musical se promueven la cultura de paz y la prevención de la violencia.
En esta edición participaron 530 personas privadas de la libertad de 88 centros penitenciarios estatales y federales de 22 entidades del país. Juárez Hernández señaló que estas actividades ofrecen herramientas para una integración positiva a la sociedad.
El acuerdo del INE también fija el 21 de marzo como último día para modificar los convenios, sin cambiar su modalidad
Por: Redacción
A más tardar el 4 de enero de 2027, Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) tendrán que definir si compiten juntos por las diputaciones federales de mayoría relativa. Ese día vence el plazo para registrar coaliciones ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
La fecha quedó fijada en el acuerdo INE/CG564/2026, que el Consejo General aprobó el 24 de septiembre y publicó el 19 de octubre. El documento establece las reglas para registrar y modificar los convenios de coalición para la Cámara de Diputados.
En San Luis Potosí, la fecha marca la negociación de los distritos federales entre Morena, el Verde, el Partido del Trabajo (PT), el PAN y el PRI.
El candado del 4 de enero
Después del registro, los partidos podrán modificar sus convenios hasta el 21 de marzo de 2027, un día antes de que arranque el registro de candidaturas. Lo que no podrán cambiar es la modalidad de la coalición que inscribieron.
Es decir, una alianza registrada como parcial no podrá convertirse en total, ni al revés. Lo que se firme en enero define cómo llegará cada bloque a la boleta.
El INE fundamentó el acuerdo en el artículo 276 del Reglamento de Elecciones y en criterios de la sent encia SUP-RAP-246/2014
Morena y el Verde, sin acuerdo en SLP
En el estado, Morena y el Verde ya se separaron en la elección de gobernador. El 28 de septiembre, Citlalli Hernández Mora, secretaria general de Morena, anunció que en San Luis Potosí el partido irá sin el Verde, la única excepción del país. La senadora del Verde Ruth González Silva respondió: “Con Morena, seguramente no”.
Pero la gubernatura no es la única boleta. Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, adelantó en septiembre que la coalición sería parcial: “en todo sí, menos en la gubernatura”. Segura ubicó el arranque de las negociaciones el 15 de noviembre y señaló que las candidaturas federales del Verde las define su dirigencia nacional.
Del lado de Morena, la dirigente estatal Rita Ozalia Rodríguez dijo en agosto que las coaliciones federales “se ven en la Ciudad de México”.
El PT, tercer socio de la coalición nacional, mantiene “en pausa” sus negociaciones con Morena, aunque descartó romper la alianza, dijo en octubre su comisionado político nacional, Gerardo Acosta Zavala.
El plazo corre igual para la oposición: el PAN y el PRI también tendrán hasta el 4 de enero para registrar cualquier coalición en los distritos federales.
También lee: Partido Verde negociará alianzas de 2027 a partir de noviembre
Ni la Auditoría Superior de la Federación ni el instituto estatal tienen intermediarios autorizados, y piden a municipios verificar cualquier contacto
Por: Redacción
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) alertaron sobre terceras personas que recorren municipios y se atribuyen falsamente una representación oficial de la ASF, con el fin de realizar gestiones, solicitar información o contactar a autoridades.
El titular del IFSE, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, informó que, tras el relevo en la titularidad de la ASF, ese organismo amplió de manera significativa el alcance de la fiscalización superior, y que esa situación ha sido aprovechada de manera indebida por terceros.
Por ello, la ASF comunicó a todas las entidades estatales de fiscalización del país que no cuenta con gestores, representantes, intermediarios ni terceras personas autorizadas para solicitar información, concertar reuniones o actuar en su nombre. Precisó que tampoco tiene gestiones especiales, procedimientos extraordinarios ni mecanismos de atención a través de particulares, y que las auditorías, los requerimientos y las reuniones se realizan por los canales oficiales y conforme a la ley.
La ASF exhortó a los entes sujetos de fiscalización a no dejarse engañar y, ante cualquier gestión que genere dudas, verificar su procedencia directamente a través de sus canales oficiales.
Lecourtois López, en su calidad de Auditor Superior del Estado, replicó la exhortación a las y los funcionarios municipales para que eviten intentos de suplantación o gestiones irregulares de despachos “coyotes”, que, según dijo, operan de manera fraudulenta ofreciendo ayuda para solventar observaciones estatales y federales.
También lee: Mauricio Vila respalda a Galindo y Verónica para gubernatura y capital
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