septiembre 6, 2026

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Estado

Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”

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La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro

Por: Redacción

El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.

El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.

Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:

Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.

 Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.

Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.

También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas

; o tenga uno o varios accesorios u objetos que se utilizan en los vehículos oficiales de instituciones policiales, de tránsito, militares de cualquier índole o utilice en aquéllos los colores, insignias, diseño o particularidades para asemejar la apariencia de los vehículos oficiales.

Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.

Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.

Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.

Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.

Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.

Estado

Sara Rocha propone incluir igualdad salarial y brecha de género en la ley estatal

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La iniciativa busca armonizar la legislación de San Luis Potosí con los estándares nacionales y garantizar condiciones laborales sin discriminación para las mujeres

Por: Redacción

La diputada Sara Rocha Medina presentó una iniciativa para reformar la Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico en materia de igualdad sustantiva e incorporar los conceptos de igualdad salarial y brecha salarial de género.

La propuesta, turnada a la Comisión de Igualdad de Género, define la brecha salarial como la diferencia en la remuneración entre mujeres y hombres por razones de género al realizar un trabajo de igual valor. También establece que la igualdad salarial implica recibir la misma remuneración por trabajos de igual valor, sin distinción por sexo, género, identidad de género, origen étnico, orientación sexual, edad o condición social, económica, de salud o jurídica.

De aprobarse, los entes públicos estatales deberán garantizar la igualdad sustantiva y salarial en el ámbito laboral, así como el derecho a la no discriminación en ofertas de empleo, capacitación, promoción profesional, condiciones de trabajo y remuneraciones, además de la participación en organizaciones sindicales y empresariales.

Rocha Medina señaló que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental del orden jurídico mexicano y consideró necesario avanzar de una igualdad formal hacia una igualdad sustantiva que se traduzca en oportunidades, trato y condiciones equitativas en la vida cotidiana.

La legisladora sostuvo que es indispensable armonizar la legislación estatal con los nuevos estándares nacionales para garantizar mayor coherencia jurídica y fortalecer la aplicación de políticas públicas enfocadas en la igualdad.

“La armonización normativa propuesta no solo responde a un mandato legal derivado de la reforma federal, sino también a un compromiso ético y social con las mujeres potosinas, quienes históricamente han enfrentado condiciones de desigualdad que limitan su desarrollo personal y profesional”, afirmó.

La iniciativa también plantea reconocer el valor del trabajo de las mujeres, incluido el trabajo doméstico y de cuidados, actividades que, señaló la diputada, han sido tradicionalmente invisibilizadas. Con ello, busca establecer un marco jurídico estatal acorde con los estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos e igualdad de género.

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Estado

Gobierno del Estado acerca oportunidades de empleo a mujeres potosinas

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Once empresas ofrecerán vacantes con prestaciones y opciones de mejores ingresos durante la séptima Jornada de Reclutamiento, este 8 de septiembre

Por: Redacción

El Gobierno del Estado acercará nuevas oportunidades laborales a mujeres potosinas mediante la séptima Jornada de Reclutamiento, que se realizará este 8 de septiembre con la participación de 11 empresas que ofrecerán vacantes, prestaciones y opciones para acceder a mejores ingresos.

La actividad es organizada por la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Servicio Nacional de Empleo (SNE), y se llevará a cabo de 9:00 a 13:00 horas en el patio central de Semujeres.

El encuentro tendrá lugar en Jardín Colón número 23, en el barrio de San Miguelito, donde las mujeres interesadas podrán conocer las vacantes disponibles y establecer contacto directo con las empresas participantes.

La titular de Semujeres, Roxanna Hernández Ramírez, señaló que, por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se mantienen acciones para vincular a las buscadoras de empleo con empresas que ofrecen alternativas laborales formales.

De acuerdo con la dependencia, estas jornadas buscan acercar opciones de contratación y generar condiciones que contribuyan a mejorar los ingresos, la autonomía económica y el bienestar de las familias potosinas.

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FGESLP captura a presunto implicado en feminicidio de Tatiana “N”

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Juan “N” fue detenido por su presunta participación en el feminicidio y en hechos relacionados con la desaparición de la joven de 32 años, cuyo cuerpo fue localizado en Villa de Reyes

Por: Redacción

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cumplimentó una orden de aprehensión contra Juan “N”, señalado como presunto responsable de los delitos de feminicidio y hechos relacionados con la desaparición de personas, en el caso de Tatiana “N”.

La joven, de 32 años y de origen colombiano, fue reportada como no localizada por sus familiares, quienes señalaron que dejaron de tener comunicación con ella desde el 25 de agosto. La denuncia fue presentada ante la Fiscalía el 31 de agosto y el 1 de septiembre se emitió una ficha de búsqueda.

Ese mismo 1 de septiembre, agentes ministeriales y elementos de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Tatiana sin vida en una comunidad del municipio de Villa de Reyes, por lo que la Fiscalía amplió las investigaciones y realizó trabajo de campo para esclarecer lo ocurrido.

De acuerdo con las indagatorias, la víctima habría sido privada de la vida el 28 de agosto

al interior de un establecimiento ubicado sobre la carretera 57, en la capital potosina. Posteriormente, su cuerpo habría sido trasladado del lugar a bordo de un vehículo.

A partir del análisis de videograbaciones obtenidas en sitios cercanos al lugar donde Tatiana fue vista por última vez, la Policía de Investigación estableció la identidad del probable responsable y solicitó a un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente.

La Fiscalía informó que Juan “N” será puesto a disposición del Juez de Control, quien determinará su situación jurídica conforme a derecho.

La FGESLP reiteró que las investigaciones se realizan con apego a la legalidad, respeto a los derechos humanos y perspectiva de género, además de refrendar su compromiso de esclarecer los hechos.

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