noviembre 17, 2026

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Estado

Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”

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La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro

Por: Redacción

El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.

El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.

Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:

Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.

 Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.

Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.

También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas

; o tenga uno o varios accesorios u objetos que se utilizan en los vehículos oficiales de instituciones policiales, de tránsito, militares de cualquier índole o utilice en aquéllos los colores, insignias, diseño o particularidades para asemejar la apariencia de los vehículos oficiales.

Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.

Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.

Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.

Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.

Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.

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Protección Civil Estatal promueve el uso de la mochila de emergencia

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Debe contener suministros para que una familia sea autosuficiente durante 72 horas

Por: Redacción

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) promueve el uso de la mochila de emergencia como herramienta de autoprotección familiar ante sismos, inundaciones, incendios y otras situaciones de riesgo. Lo hace a través del programa “El Gober en tu Casa”, en el que personal operativo acude a las colonias para orientar a personas de todas las edades.

El objetivo es que las familias cuenten con suministros que les permitan mantener una autonomía de 72 horas mientras llega la ayuda.

La dependencia recomienda que la mochila contenga agua potable, dos litros por persona; alimentos no perecederos y energéticos; botiquín de primeros auxilios

; medicamentos esenciales; linterna con pilas; radio portátil y silbato. También sugiere incluir copias de documentos oficiales en una bolsa hermética, ropa abrigadora, impermeable, una cobija ligera, artículos de higiene personal, dinero en efectivo y llaves de reserva.

La CEPC exhortó a la ciudadanía a preparar su mochila, colocarla en un lugar de fácil acceso, revisar su contenido cada seis meses y compartir estas recomendaciones para que más familias estén preparadas ante posibles contingencias.

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Estado

López Torres acusa violencia política de Sara Rocha en tribuna

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La morenista acusó a la Mesa Directiva de violar el reglamento y retó a la priista a probar sus acusaciones ante las autoridades

Por: Redacción

La diputada de Morena Jessica Gabriela López Torres calificó como violencia política que la diputada del PRI Sara Rocha Medina expusiera su situación conyugal en la tribuna del Congreso del Estado, durante la sesión ordinaria de este martes. También acusó a la Mesa Directiva de violar el reglamento al permitir esa intervención.

En un posicionamiento difundido tras la sesión, López Torres explicó que en asuntos generales habló sobre la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y criticó a la oposición. Al terminar, Rocha Medina pidió la palabra mediante una rectificación de hechos.

En su intervención, la priista dirigió acusaciones contra López Torres y contra quien identificó como su esposo, a quien vinculó con presuntos actos de corrupción en la Delegación del Bienestar.

“La corrupción la tienes en tu casa, diputada”, dijo Rocha desde la tribuna.

La morenista sostuvo que el artículo 89 del Reglamento del Congreso establece que la rectificación de hechos se hace desde la curul, en un máximo de tres minutos, y solo para aclarar, corregir o ampliar lo expuesto por quien habló antes. Según López Torres, la Directiva permitió que Rocha subiera a la tribuna y que su intervención se apartara de los datos que ella había presentado, como el incremento de 154%

al salario mínimo en ocho años y la construcción de 1.8 millones de viviendas.

Responsabilizó de esa decisión a las tres diputaciones que integran la Directiva, y dijo que no es la primera vez que señala este tipo de “libre interpretación” del reglamento.

La diputada también respondió a la priista Frinné Azuara Yarzábal, quien, según relató, le exigió que se callara y regresara a su lugar. López Torres le contestó que no es su maestra y que en el Congreso se debate con argumentos.

Por último, pidió a Rocha Medina conducirse con ética y respeto, y llevar sus acusaciones ante las instancias correspondientes.

“Si tiene pruebas contra su servidora o contra algún funcionario público, preséntelas ante las autoridades correspondientes en lugar de solo lanzar acusaciones al aire”, expresó.

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Congreso aprueba la Ley Hope contra el maltrato animal

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La reforma, impulsada por iniciativa ciudadana, agrava las penas para quien grabe o fotografíe el maltrato

Por: Redacción

El Congreso del Estado aprobó la reforma al artículo 317 del Código Penal conocida como Ley Hope, que endurece las sanciones por maltrato animal y limita la posibilidad de que los agresores eviten la cárcel mediante acuerdos reparatorios.

La reforma surgió de una iniciativa ciudadana respaldada por más de 26 mil firmas físicas y digitales, reunidas durante meses en plazas públicas, escuelas y espacios comunitarios. Su origen es el caso de Hope, un animal que fue quemado y sometido a una agonía prolongada, cuyo caso se buscó cerrar con un arreglo económico mínimo y sin prisión para el responsable.

Con los cambios, la tutela penal se amplía a los animales ferales, que se suman a los domésticos y silvestres ya protegidos por la ley.

Las nuevas penas quedan así:

  • Lesiones mínimas: de 5 meses a 2 años de prisión y multa de hasta 300 UMA.
  • Lesiones permanentes: de 1 a 4 años de prisión y multa de hasta 600 UMA.
  • Muerte del animal: de 2 a 6 años de prisión y multa de hasta 1,000 UMA.
  • Actos sádicos, zoofilia o sobreexplotación física: de 3 a 6 años de prisión y multa de hasta 800 UMA.

La reforma también incorpora agravantes que elevan la pena hasta en 50%. Aplican cuando se prolongue innecesariamente la agonía del animal, se usen métodos crueles o sádicos, o el agresor grabe o fotografíe el maltrato, aunque no difunda el material.

Al elevarse los rangos de pena en los casos más graves, la persona juzgadora podrá, a su criterio, imponer prisión preventiva justificada para que el agresor no enfrente el proceso en libertad. Además, se restringe el acceso a los mecanismos alternativos de solución de controversias, como los acuerdos reparatorios con pagos económicos que extinguían la acción penal.

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Opinión

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