Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas 
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
La Comisión de Hacienda del Estado aprobó una reforma para eliminar contradicciones entre la Ley de Hacienda y la Ley de Tránsito sobre el registro de unidades recién adquiridas
Por: Redacción
La Comisión de Hacienda del Estado aprobó una reforma para homologar los plazos establecidos en la Ley de Hacienda y la Ley de Tránsito de San Luis Potosí respecto a la obtención de placas, tarjeta de circulación y engomado para vehículos nuevos.
La presidenta de la comisión legislativa, María Dolores Robles Cháirez, explicó que actualmente existe una discrepancia entre ambos ordenamientos, ya que la Ley de Hacienda establece un plazo de 15 días posteriores a la compra del vehículo para realizar el trámite, mientras que la Ley de Tránsito contempla hasta 30 días.
La legisladora señaló que, tras consultar a la Dirección General de Ingresos de la Secretaría de Finanzas, se confirmó que el criterio aplicado por la autoridad es el de 15 días
Con la modificación aprobada, la Ley de Tránsito dejará de señalar un plazo específico y remitirá directamente a lo establecido en la Ley de Hacienda del Estado, con el fin de evitar contradicciones normativas.
Además, el dictamen corrige la terminología utilizada en la legislación para establecer el concepto de “engomado” como el término oficial del documento de control vehicular que se entrega a los propietarios.
La propuesta será enviada al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y eventual votación.
También lee: Gallardo apuesta que la corte avalará Ley Serrano, pero propone sustituirla
El gobernador aseguró que la Ley Serrano será validada por la Corte, pero adelantó que enviará una nueva propuesta de ley sobre noticias falsas y portales piratas
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, afirmó que la Ley Serrano será aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero adelantó que buscará enviar una nueva propuesta de ley enfocada en regular noticias falsas y portales de internet piratas.
Gallardo dijo que ya había abordado el tema en Ciudad Valles y que, en los próximos días, la Corte emitirá su fallo. “Viene a favor el fallo para que ya se quede instaurada”, afirmó, en referencia a la Ley Serrano.
Sin embargo, el gobernador adelantó que, pese al fallo favorable, buscará derogar la ley y redactar una nueva, luego de platicar con periodistas y reporteros sobre el tema.
Explicó que la nueva ley buscaría regular a portales de internet sin credibilidad que reproducen el trabajo de los medios legítimos, cambian títulos y difunden información falsa con fines distintos a los originales.
“Vamos a mandar la ley a revisión, la vamos a derogar y vamos a hacer una nueva ley donde ustedes también participen en estos foros”, aseguró Gallardo.
El gobernador mencionó que la nueva ley incluiría prestaciones sociales para reporteros, como seguro de gastos médicos, además de capacitaciones. No se precisó un calendario para elaborar o presentar la iniciativa.
También lee: Gallardo va contra Ley Serrano: Congreso espera
Juan Carlos Valladares plantea que ningún pleito civil o familiar llegue a juicio sin agotar antes una audiencia de mediación gratuita
Por: Redacción
Juan Carlos Valladares Eichelmann, diputado federal por San Luis Potosí, presentó una iniciativa para hacer obligatorias la mediación y la conciliación antes de iniciar cualquier juicio en materia civil o familiar, mediante una reforma al artículo 8 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.
La propuesta obligaría a las partes en conflicto a acudir a una audiencia gratuita en los Centros Públicos de Mecanismos Alternativos para intentar un acuerdo, con un plazo máximo de 45 días naturales para resolver el diferendo. Quedarían exentos los casos donde exista violencia familiar o presuntos delitos.
De acuerdo con datos del INEGI citados por el legislador, cada año ingresan 2.2 millones de asuntos a los poderes judiciales estatales, de los cuales cerca del 70 por ciento corresponde a las materias familiar y civil.
“El sistema está colapsado. Las familias se están destruyendo económica y emocionalmente en juzgados por conflictos que, con la ayuda de un experto neutral, podrían resolverse en semanas en lugar de años”, afirmó Valladares Eichelmann.
El diputado sostuvo que la iniciativa no busca prohibir los juicios, sino filtrarlos: la ley pediría a las partes agotar el diálogo antes de litigar. El planteamiento parte de que un divorcio o un pleito civil puede prolongarse durante años y costar decenas de miles de pesos en honorarios, además del desgaste emocional para las familias, argumentó.
Según el comunicado, en los estados y países donde la mediación es requisito previo al juicio las tasas de acuerdo superan el 70 por ciento, lo que reduce la carga de los tribunales y devuelve a las partes el control del conflicto. El boletín no precisó la fecha en que la iniciativa fue ingresada ni la comisión a la que fue turnada para su dictamen.
Valladares Eichelmann, exsecretario de Desarrollo Económico estatal, afirmó que su apuesta política pasa por la resolución de conflictos y no por la confrontación. “Yo no creo en la polarización; yo creo en la unidad y en los resultados”, dijo. El nombre del legislador figura además en el tablero local: el dirigente estatal del Partido Verde y Ricardo Gallardo Cardona, gobernador del estado, lo han mencionado como posible perfil para la alcaldía de la capital rumbo a 2027.
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