Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas 
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
Comisión del Agua aprobó reúso de aguas tratadas, sectorización y captación pluvial
Por: Redacción
La Comisión del Agua del Congreso del Estado aprobó, en reunión de trabajo, un paquete de reformas y exhortos en materia de agua: dictámenes para el reúso de aguas residuales tratadas, un exhorto a los ayuntamientos para implementar la sectorización de agua potable y otro para impulsar la captación de agua de lluvia.
Los dictámenes, presentados por la diputada María Aranzazu Puente Bustindui
La comisión también aprobó un Punto de Acuerdo, propuesto por el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, que exhorta a los 59 ayuntamientos y a los 21 organismos operadores de agua potable a implementar la sectorización de sus redes: dividirlas para optimizar el aprovechamiento del agua mediante control de presión y válvulas. Nancy Jeanine García Martínez
Otro punto de acuerdo aprobado por la comisión exhorta a la Comisión Estatal del Agua (CEA), a la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente y a los 59 municipios a implementar esquemas de captación, almacenamiento, tratamiento y aprovechamiento del agua de lluvia.
Los dictámenes y los puntos de acuerdo serán turnados al pleno del Congreso del Estado para su discusión y votación.
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El consejo impulsará discusiones sobre agua, seguridad, medio ambiente, movilidad, salud y campo; sus conclusiones buscarán convertirse en propuestas legislativas y planes de gobierno
Por: Redacción
El Consejo Consultivo Pensando en México, capítulo San Luis Potosí, anunció el inicio de una agenda de mesas ciudadanas y de especialistas para discutir algunos de los principales problemas públicos del estado y elaborar propuestas que puedan incorporarse posteriormente a políticas públicas, iniciativas legislativas y plataformas de gobierno.
El colectivo, presidido por Sebastián Pérez, informó que trabajará mediante talleres y mesas multidisciplinarias con participación de académicos, especialistas, técnicos y ciudadanos relacionados con cada uno de los temas.
Entre los asuntos que serán analizados se encuentran gestión del agua, seguridad, movilidad, salud, derechos de las mujeres, medio ambiente, desarrollo metropolitano, gobernanza, ordenamiento territorial y problemáticas del campo.
El Consejo está integrado por Isa Lastras, Diego Díaz Barriga, María Humara, Vanessa Cortez Colis, Luis González Lozano, Nicole Massieu, Fernando Rodríguez, Cecilia Zapata y Jaime Chalita Zarur.
Uno de los primeros ejes será el ambiental, con discusiones sobre calidad del aire, conservación de acuíferos, bosques y recursos naturales. El planteamiento del grupo es incorporar evidencia científica y criterios de largo plazo a la elaboración de propuestas públicas
En materia rural se analizarán problemas como la sequía, pérdida de cultivos, mecanismos de apoyo a productores, migración, pobreza y las condiciones de las mujeres que viven en comunidades del campo.
La primera mesa está prevista para octubre y será abierta a la participación de especialistas, académicos, técnicos y ciudadanía.
Aunque Pensando en México se presenta como una instancia autónoma, no deja claro que lo sea pues establece una relación política directa con Movimiento Ciudadano, partido que propuso este modelo de ejercicio como parte de una estrategia de participación, diálogo y construcción de propuestas.
El objetivo es que las conclusiones obtenidas en las mesas puedan convertirse en políticas públicas, propuestas legislativas y planes de gobierno para distintas plataformas políticas.
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El gobernador destacó resultados en pobreza, infraestructura y seguridad tras el informe presidencial
Por: Redacción
El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, asistió al Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, donde destacó la coordinación entre el Estado y la Federación en proyectos de infraestructura, bienestar, salud, educación y seguridad.
Gallardo señaló que 340 mil potosinas y potosinos salieron de la pobreza extrema en el periodo, resultado que atribuyó a la coordinación entre ambos gobiernos y a las políticas sociales aplicadas en las cuatro regiones del estado.
En infraestructura, el gobernador indicó que San Luis Potosí ha destinado más de 27 mil 600 millones de pesos a la modernización de carreteras, vialidades y espacios públicos, en paralelo a proyectos federales como la ampliación del aeropuerto de Tamuín, las carreteras Ciudad Valles-Tampico y Tamazunchale-Huejutla de Reyes, y distintos proyectos ferroviarios y de obra hídrica.
Gallardo dijo que el estado continuará trabajando con la Federación en proyectos como la Universidad Nacional Rosario Castellanos
En seguridad, el gobernador citó cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública: de enero a julio de 2026, San Luis Potosí concentró 0.3 por ciento de los homicidios dolosos del país, el tercer lugar más bajo entre las entidades, con una reducción del 80.5 por ciento frente al mismo periodo de 2025, la mayor caída registrada a nivel nacional.
Gallardo agregó que la coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y las corporaciones estatales continuará como parte de la estrategia contra los delitos de alto impacto en la entidad.
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