noviembre 19, 2026

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Estado

Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”

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La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro

Por: Redacción

El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.

El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.

Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:

Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.

 Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.

Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.

También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas

; o tenga uno o varios accesorios u objetos que se utilizan en los vehículos oficiales de instituciones policiales, de tránsito, militares de cualquier índole o utilice en aquéllos los colores, insignias, diseño o particularidades para asemejar la apariencia de los vehículos oficiales.

Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.

Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.

Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.

Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.

Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.

Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.

La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.

Congreso del Estado

Congreso amplía qué se considera “razones de género” en feminicidio

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El Pleno aprobó la reforma al artículo 135 del Código Penal sin cambiar la pena de 40 a 60 años de prisión

Por: Redacción

El Pleno del Congreso del Estado aprobó una reforma al artículo 135 del Código Penal de San Luis Potosí, el que define el delito de feminicidio. La reforma incorpora características que ayudan a investigar estos crímenes, evitar su impunidad y garantizar a las víctimas el acceso a la justicia.

El dictamen lo presentó la Comisión Primera de Justicia, que preside la diputada Leticia Vázquez Hernández. Amplía los ámbitos de violencia previa y de las relaciones entre personas que permiten acreditar las “razones de género”, es decir, el elemento que debe demostrarse para que la muerte de una mujer se considere feminicidio.

La reforma no cambia la pena ni crea un delito abierto o impreciso, para no violar el principio de legalidad, que exige que los delitos estén descritos con claridad en la ley.

Qué se agrega

Habrá razones de género cuando exista una relación de subordinación o superioridad, formal o de hecho: institucional, laboral, docente, religiosa, de servicio o de cualquier otro tipo.

También cuando la víctima estuviera en indefensión o desprotección real, por edad, embarazo, discapacidad, dependencia de cuidados, consumo de sustancias, somnolencia o alteración del estado de conciencia, o por dificultad para pedir auxilio, ya sea por la distancia a un lugar habitado o por un impedimento físico o material.

Otra característica es que la víctima haya sido reportada como desaparecida o buscada por familiares, particulares o autoridades antes de localizar su cuerpo o restos, o que el cuerpo haya sido expuesto, arrojado, enterrado u ocultado en un lugar público o privado.

Cuál es la pena

El feminicidio se castiga con 40 a 60 años de prisión y una multa de 4 mil a 6 mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), el valor de referencia que se usa para calcular multas y otros pagos. La pena aumenta hasta en una tercera parte cuando hay varios autores, cuando el delito ocurre en contextos de trata de personas o explotación sexual, o cuando se comete frente a personas con vínculo de parentesco, afectivo o de confianza con la víctima, o si ésta es niña o adolescente.

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Estado

Gobierno presenta a Canaco estrategias de seguridad y desarrollo económico

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Según el Gobierno del Estado, los empresarios reconocieron que las acciones favorecen la actividad comercial

Por: Redacción

Funcionarios del Gobierno del Estado presentaron ante el Consejo Directivo de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) las estrategias y resultados de la administración en seguridad, infraestructura y desarrollo económico.

En la reunión participaron el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez; el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Jesús Juárez Hernández; el secretario de Desarrollo Económico (Sedeco), Mario García Valdez, y el presidente de la Canaco-Servytur, Mauricio Mahbub Tamez.

Los funcionarios expusieron las herramientas tecnológicas

, las inversiones en equipamiento e infraestructura policial y las capacidades operativas que forman parte de la estrategia de seguridad del gobernador
Ricardo Gallardo Cardona, así como los resultados de la coordinación con la federación.

De acuerdo con el Gobierno del Estado, los representantes empresariales reconocieron que estas acciones contribuyen a generar condiciones para el crecimiento económico y la actividad comercial. Los tres secretarios reiteraron su disposición de mantener comunicación con la cámara, compartir información sobre las estrategias en marcha y atender sus planteamientos.

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Ayuntamiento de SLP

Galindo celebra que la Corte invalide precampañas de 20 días

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Llamó a los diputados a aprovechar los meses que restan de la legislatura para reconsiderar sus decisiones

Por: Redacción

El alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, celebró la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó la reforma electoral aprobada por el Congreso del Estado para reducir a 20 días las precampañas a la gubernatura, las diputaciones y los ayuntamientos.

Galindo consideró que la decisión de las ministras y ministros representa un regreso al orden democrático. Dijo que la modificación no estuvo sustentada en criterios de racionalidad y que pudo afectar las condiciones de competencia electoral rumbo a 2027.

“Pena ajena”

“Me da un poco de pena ajena que otra vez, de nueva cuenta, la Corte le enmiende la plana al Congreso del Estado”, expresó. Señaló que no es la primera vez que decisiones del Poder Legislativo local son corregidas por instancias constitucionales.

Lo que resolvió la Corte

La SCJN declaró inconstitucional la reforma a la Ley Electoral potosina que fijaba precampañas de 20 días. Con la resolución se restituyen los periodos de 40 días

para la gubernatura y de 25 para diputaciones y ayuntamientos. Antes, en septiembre, la Corte ya había anulado la alternancia de género a la gubernatura, otra parte de la misma reforma.

Preguntas al Congreso

Galindo cuestionó qué justificación había para reducir los tiempos de precampaña y a quién beneficiaba esa modificación. Con base en eso, dijo que la resolución de la Corte restablece condiciones democráticas en el estado.

Llamado a los diputados

Sostuvo que el Congreso local ha dejado mucho que desear y llamó a sus integrantes a aprovechar los meses que restan de la legislatura para reconsiderar sus decisiones y mejorar su desempeño.

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Opinión

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