Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas ; o tenga uno o varios accesorios u objetos que se utilizan en los vehículos oficiales de instituciones policiales, de tránsito, militares de cualquier índole o utilice en aquéllos los colores, insignias, diseño o particularidades para asemejar la apariencia de los vehículos oficiales.
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
Estado
Aprueban reforma para fortalecer supervisión de escuelas privadas
Asimismo, en la reforma se incluyó la protección en contra de los fraudes educativos de instituciones no reconocidas
Por: Redacción
Integrantes de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, aprobaron el dictamen para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación del Estado de San Luis Potosí en materia de publicidad educativa, supervisión y procedimientos sancionadores, dentro del marco de las competencias estatales, presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
Durante la sesión de trabajo, el diputado Crisógono Pérez López, presidente de esta comisión legislativa, destacó la relevancia de regular la prestación privada de servicios educativos, debido al crecimiento significativo que este sector ha registrado en los últimos años, así como los casos de fraude y engaño derivados de instituciones que operan sin el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE), afectando a miles de estudiantes potosinos.
Las y los integrantes de la comisión legislativa reconocieron que, la propuesta impulsada por el titular del Poder Ejecutivo, busca fortalecer la supervisión de las escuelas privadas y transparentar la publicidad educativa.
Asimismo, se endurecen las sanciones contra instituciones que engañan a estudiantes y padres de familia al carecer de autorización oficial, lo que impide la entrega de documentación académica, títulos o cualquier trámite oficial.
Entre los principales puntos de la reforma, se establece la obligación para las escuelas privadas de transparentar en toda publicidad la modalidad educativa y el domicilio autorizado. Además, se crean lineamientos específicos para la publicidad educativa en redes sociales y medios digitales, así como mecanismos de inspección ordinaria y extraordinaria.
La iniciativa también faculta a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado para retirar publicidad irregular y aplicar multas , que van desde mil hasta siete mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de detectarse la infracción.
De igual forma, contempla la revocación de autorizaciones o el retiro del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios a las instituciones que incumplan la ley, además de que las sanciones económicas podrán convertirse en créditos fiscales en caso de no ser cubiertas.
Las y los legisladores consideraron que esta reforma coloca a San Luis Potosí como referente nacional al construir un modelo que prioriza la protección de niñas, niños y adolescentes, salvaguarda los derechos de las familias, moderniza las herramientas de supervisión educativa y fortalece mecanismos sostenibles de financiamiento.
El legislador Crisógono Pérez López destacó que “esta reforma no sólo busca cerrar espacios al fraude educativo, sino elevar la integridad del sistema educativo, fortalecer la confianza pública y garantizar que toda oferta educativa cumpla con estándares de legalidad, calidad y pertinencia”.
Además, promueve una competencia leal entre prestadores privados, evitando que instituciones que cumplen con la ley sean desplazadas por aquellas que recurren a publicidad engañosa o prácticas deshonestas.
El dictamen será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación correspondiente.
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Estado
Gobierno Estatal fortalece coordinación rumbo al proceso electoral 2027
Mantiene diálogo institucional con el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para dar seguimiento a temas clave y fortalecer condiciones de certeza y gobernabilidad
Por: redacción
El secretario General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, sostuvo una reunión con la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), Paloma Blanco López, como parte de los trabajos de preparación rumbo al proceso electoral de 2027.
Durante el encuentro, ambas instancias dieron seguimiento a temas prioritarios relacionados con la organización de los próximos comicios, así como a las etapas clave
y mecanismos operativos que permitan un adecuado desarrollo de la jornada electoral.A través de mesas de trabajo periódicas, la Secretaría General de Gobierno (SGG) y el organismo electoral mantendrán una agenda para revisar escenarios y consolidar acuerdos orientados al fortalecimiento institucional.
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Ciudad
Museo del Ferrocarril no desaparecerá con la nueva terminal del tren: Secult
El secretario Mario García Valdez aseguró que “sería formidable” que museo y estación coexistan en el mismo lugar
Por: Redacción
Mario García Valdez, titular de la Secretaría de Cultura (Secult) aseguró que el inminente regreso del tren de pasajeros a San Luis Potosí no implicará la desaparición del Museo del Ferrocarril, aunque éste podría ser reubicado.
El proyecto federal tiene establecido poner la nueva terminal ferroviaria en la ubicación actual del museo, aprovechando la infraestructura que pasa por la que fuera la estación de trenes cuando todavía estaban activos.
García Valdez manifestó sus dudas en torno a la elección del edificio como la sede capitalina, puesto que aseguró que San Luis ya no es la misma ciudad que era hace cincuenta años, y además de la exposición, ya se estableció una zona de transferencia de autobuses.
Añadió que si finalmente se determina que es el sitio idóneo, entonces analizarán qué hacen con el museo, pero garantizó que acordó con el gobernador Ricardo Gallardo que no desaparecerá, sino que evaluarán si es necesario moverlo a otra ubicación.
Remarcó que “sería formidable” poder mantener las piezas en el mismo lugar y que museo y estación coexistan en un solo espacio, aunque esto dependerá de la logística del proyecto.
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