Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas 
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
La iniciativa plantea que estos vehículos operen únicamente en zonas delimitadas y con permisos temporales ligados a la actividad turística
Por: Redacción
Una iniciativa presentada en el Congreso del Estado busca abrir la posibilidad de que mototaxis, motocarros, bicicletas y triciclos sean utilizados como opciones de transporte turístico en municipios de San Luis Potosí.
La propuesta, impulsada por la diputada Brisseire Sánchez López, plantea modificaciones a la Ley de Transporte del Estado para incorporar estas modalidades dentro de los servicios auxiliares destinados al turismo.
De aprobarse, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) podría otorgar permisos temporales para la operación de mototaxis o motocarros de al menos 200 centímetros cúbicos, así como de vehículos impulsados por fuerza humana, como bicicletas y triciclos.
La iniciativa establece que estos servicios sólo podrían funcionar en áreas destinadas a actividades turísticas y dentro de un radio máximo de cinco kilómetros alrededor de las cabeceras municipales.
Entre los cambios propuestos se incorpora la definición de mototaxi o motocarro como una unidad con capacidad máxima para tres pasajeros destinada exclusivamente a recorridos turísticos
De acuerdo con la exposición de motivos, la medida busca ofrecer alternativas de movilidad para visitantes en temporadas de alta afluencia, además de generar oportunidades económicas para prestadores de servicios locales.
La legisladora argumenta que este tipo de transporte podría complementar la oferta turística en municipios con vocación turística, al tiempo que promueve opciones de movilidad de menor impacto ambiental.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes, donde será analizada antes de que pueda ser discutida por el pleno del Congreso del Estado.
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José Guadalupe Torres afirmó que el Poder Ejecutivo no concibe la función pública sin los contrapesos que generan los medios de comunicación
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, José Guadalupe Torres Sánchez, aseguró que la administración estatal mantendrá una política de respeto hacia la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, en medio del debate generado por reformas legales que han despertado preocupaciones entre organismos defensores de derechos y representantes de la prensa.
Cuestionado sobre las garantías para el trabajo periodístico y sobre posibles presiones de funcionarios hacia medios de comunicación, el funcionario sostuvo que desde el Poder Ejecutivo existe una postura de respeto a quienes informan, investigan y documentan la actividad pública.
Torres Sánchez afirmó que el periodismo constituye un elemento fundamental para la vida democrática al generar equilibrios frente al poder público y contribuir a la rendición de cuentas.
“Nosotros no concibimos el ejercicio de la actividad pública sin los equilibrios que generan los medios de comunicación“, declaró.
El secretario también aseguró que esa visión debe prevalecer en todas las dependencias del gabinete estatal, incluyendo la relación con reporteros, editores, directivos y responsables de medios de comunicación.
Durante la entrevista, el funcionario fue cuestionado sobre señalamientos relacionados con posibles intentos de funcionarios para influir en la cobertura periodística mediante solicitudes para modificar o retirar información publicada. En respuesta, reiteró que la postura institucional es de respeto al trabajo de los medios.
Por otra parte, respecto a las críticas surgidas en torno a la reforma que sanciona el uso indebido de herramientas de inteligencia artificial, Torres Sánchez sostuvo que corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinar la constitucionalidad de la norma a partir de los recursos promovidos en su contra.
Indicó que el gobierno estatal permanecerá atento a la resolución judicial y, en su caso, a los ajustes que pudieran derivarse de una determinación de las autoridades jurisdiccionales.
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Las autoridades coincidieron en que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno son fundamentales
Por: Redacción
Villa de Pozos, en coordinación con el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP), celebró la Primera Sesión Ordinaria de Seguridad para dar seguimiento a las estrategias implementadas en el municipio.
La presidenta concejal de Villa de Pozos, Patricia Aradillas, destacó que la seguridad de las familias poceñas es una prioridad para su administración, por lo que se mantiene un trabajo permanente de coordinación con las corporaciones de seguridad y las instancias estatales para fortalecer las acciones preventivas, dar seguimiento a las estrategias implementadas y garantizar mejores resultados en beneficio de la ciudadanía.
Como parte de los trabajos, el titular de la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos, David Valdivia Carranza,
Las autoridades coincidieron en que la evaluación constante de resultados y la coordinación entre los distintos niveles de gobierno son fundamentales para fortalecer la seguridad en el municipio, por lo que reiteraron su compromiso de dar continuidad a las estrategias y programas que contribuyan a preservar la paz social y mejorar las condiciones de bienestar para la población.
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