Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas 
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
La titular de la SCT, Araceli Martínez, condenó el actuar de los taxistas, quienes están identificados y serán citados a declarar
Por: Redacción
El pasado martes, se desató un fuerte altercado en la carretera a Rioverde, cuando tras un incidente entre un transporte de personal y un taxi, varios taxistas emprendieron una persecución en contra del camión, el cual llevaba pasajeros.
Los conductores arremetieron contra la unidad, causando varios daños estructurales y generando nerviosismo entre los pasajeros, quienes intentaron huir por las ventanas. Una persona resultó herida y varias sufrieron crisis nerviosas.
Los elementos de seguridad se apersonaron en el lugar, donde además de contener la situación, concretaron la detención de dos personas, así como el aseguramiento de dos vehículos.
Al respecto, Araceli Martínez Acosta, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), explicó que el conflicto se desató después de que el camión chocara a un taxi, lesionando a una señora de la tercera edad.
Ante esto, el conductor se comunicó con los otros integrantes de su gremio, qui enes siempre dispuestos a causar violencia, no tardaron en llegar para comenzar la cacería del transporte colectivo.
Martínez Acosta reprobó el violento proceder de los agresores, señalando que no debieron haber reaccionado de la manera en la que lo hicieron, pues no solo es que se fueran contra el camionero, sino que también perjudicaron a los pasajeros.
Indicó que se estableció un procedimiento administrativo, y a través de los videos que se han difundido, han podido identificar a muchos de los taxistas involucrados, quienes serán citados a declarar para analizar su participación en los hechos.
Finalmente, añadió que están en coordinación con la Fiscalía General del Estado para determinar si se trata de un suceso delictivo que debe ser tipificado, y con base en esa resolución, actuar según lo que dicta la ley.
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Se promueve el Código Rosa con atención 24/7, arranca curso de emprendimiento para mujeres con discapacidad y lanzan concurso musical “Ella Suena”
Por: Redacción
La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) en San Luis Potosí intensificó sus acciones en las cuatro regiones del estado con una inversión superior a los 60 millones de pesos, destinada a programas de atención, prevención y empoderamiento para mujeres.
La encargada de despacho, Gloria Serrato, informó que estos recursos se aplicarán en coordinación con el Gobierno Federal y los municipios, a través de un convenio firmado con la Secretaría Nacional de las Mujeres.
Entre las principales acciones destaca la apertura de 11 nuevos Centros Libres, espacios enfocados en la atención de violencias y el fortalecimiento de la autonomía de las mujeres.
En la región Huasteca ya operan nuevos centros en San Vicente, Axtla de Terrazas y San Martín Chalchicuautla, que se suman a los existentes en municipios como Aquismón, Xilitla, Ciudad Valles y Tamuín, ampliando la cobertura en una de las zonas prioritarias.
Además, se prevé la apertura de oficinas en Zaragoza, Villa de Arriaga, Villa de Arista y Catorce, q
Serrato explicó que estos espacios no solo brindan atención a víctimas, sino que también impulsan actividades de desarrollo personal y económico: “Se ofrecen talleres, cursos, capacitación en derechos humanos y programas de empoderamiento económico”, detalló.
Como parte de las acciones institucionales, se mantiene la difusión del Código Rosa, una estrategia estatal que brinda atención las 24 horas ante situaciones de violencia.
Asimismo, la dependencia inició un curso de emprendimiento dirigido a mujeres con discapacidad, con el objetivo de generar oportunidades de inclusión económica.
En el ámbito cultural, Semujeres lanzó el concurso “Ella Suena”, enfocado en mujeres interesadas en la música, quienes podrán participar para grabar una canción en formato de concierto.
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El Gobernador del Estado favoreció a 372 personas, de cinco diferentes Centros Estatales de Reinserción Social, dentro del programa de reinserción sin límites, brindándoles la oportunidad de retomar su proyecto de vida
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, concedió la preliberación a 372 personas privadas de la libertad de cinco diferentes Centros Estatales de Reinserción Social: “La Pila”, Ciudad Valles, Rioverde, Tamazunchale y el Centro de Reinserción Social Femenil de Tancanhuitz.
El gobernador Ricardo Gallardo destacó que esta estrategia se ejecuta bajo un enfoque humanista que prioriza la reintegración social y la reconstrucción del tejido comunitario, permitiendo a las y los beneficiarios acceder a una nueva etapa junto a sus familias y con perspectivas renovadas.
Durante el evento, el gobernador del estado destacó que toda persona merece la posibilidad de rehacer su vida cuando demuestra voluntad de cambio, arrepentimiento y conducta positiva; añadió que, desde la implementación del programa, no se han registrado casos de reincidencia entre quienes han sido favorecidos.
Asimismo, resaltó que su administración estatal pone a disposición de quienes obtienen su libertad diversas alternativas para su desarrollo, como oportunidades laborales, apoyos para el emprendimiento a través del Sistema de Financiamiento para el Desarrollo del Estado (SIFIDE), además de opciones educativas, culturales, capacitación laboral y acceso al deporte.
Finalmente, Ricardo Gallardo aseguró que este esquema de reinserción social, sin precedentes en la entidad potosina, es resultado del trabajo coordinado entre el Poder Judicial del Estado, la Defensoría Pública, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo que ha permitido establecer las condiciones legales y sociales necesarias para otorgar este beneficio a quienes cumplen con los criterios establecidos.
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