Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas 
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
La propuesta busca que autoridades y jueces eviten decisiones basadas en estereotipos por edad
Por: Redacción
En sesión de la Diputación Permanente, la diputada María Dolores Robles Chairez propuso una iniciativa para modificar el Código Familiar del Estado y la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí, con el fin de establecer la definición jurídica de la “Perspectiva de Persona Adulta Mayor”, de acuerdo con criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Explicó que la reforma daría identidad a ese concepto para dos fines: el proceso legislativo del Congreso del Estado y el diseño de políticas públicas del Poder Ejecutivo estatal, además de la resolución de controversias en materia familiar.
La perspectiva se define como un enfoque especializado, diferenciado e integral que exige situar a la persona adulta mayor en su contexto particular y evitar decisiones basadas en estereotipos por edad, reconociendo que el envejecimiento varía según factores económicos, sociales, culturales, de género, de salud y de redes de apoyo. La iniciativa se turnó a la Comisión de Derechos Humanos
En otras iniciativas, se turnó a la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte una propuesta del diputado Cesar Arturo Lara Rocha para reformar la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y garantizar a los menores el derecho a una vivienda digna. También se turnó a la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable una iniciativa de la directora general de los Servicios de Salud del Estado para desincorporar seis inmuebles de esa dependencia y donarlos al IMSS-Bienestar.
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso reformar la Ley de Salud Mental del Estado y Municipios para transformar la atención municipal de un modelo asistencial a uno que incorpore atención psiquiátrica, turnada a las comisiones de Salud y Asistencia Social, y de Régimen Interno y Asuntos Electorales. También planteó incorporar el principio de paridad a la Ley para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado, turnada a la Comisión de Igualdad de Género.
Se turnó a las comisiones de Ecología y Medio Ambiente, y de Régimen Interno y Asuntos Electorales, una iniciativa para crear Centros de Recuperación Animal dedicados a la atención, vacunación, esterilización, rehabilitación y adopción de animales en situación de calle. Y se turnó a la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte una propuesta de la diputada María Antonia Castro Castañeda para promover, desde la ley, la formación en valores democráticos y derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
Por separado, la diputada Ma. Sara Rocha Medina propuso un punto de acuerdo para exhortar al gobierno, al Poder Judicial y a la Fiscalía General de Campeche, así como al Gobierno Federal, a garantizar los derechos humanos, la seguridad y la paz social en el país. Se turnó a la Comisión Primera de Justicia.
La próxima sesión de la Diputación Permanente será el lunes 24 de agosto, a las 8:00 horas, en el Salón Ponciano Arriaga Leija.
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Antes del regreso a clases continua la cobertura de los centros educativos, principalmente en las áreas más demandadas
Por: Redacción
Con el objetivo de mantener el resguardo de las escuelas durante el periodo de vacaciones de verano y en el comienzo del nuevo ciclo escolar, la Guardia Civil Municipal de Villa de Pozos, a través de su Dirección de Vialidad, mantiene los operativos de vigilancia en los alrededores de las instituciones educativas.
El director de Vialidad, Juan Ramón Velázquez, explicó que se realiza la cobertura a 87 escuelas distribuidas en el municipio, con el seguimiento a 15 escuelas por día durante las mañanas y las tardes durante las vacaciones.
Añadió que hasta el momento se ha tenido un saldo positivo, pues durante este receso solo se ha presentado un reporte contra una escuela en Las Mercedes, el cual fue atendido en su momento.
Por último, explicó que antes del regreso a clases el próximo 31 de agosto continua la cobertura de los centros educativos, principalmente en las áreas más demandadas como la cabecera municipal y la zona urbana, con el objetivo de mantener las instalaciones resguardadas e inhibir conductas delictivas para un regreso a clases seguro.
Durante las inspecciones no se ha detectado alcohol adulterado y las observaciones relacionadas a establecimientos han sido atendidas
Por: Redacción
La Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2026 mantiene saldo blanco como resultado de las acciones permanentes de inspección y vigilancia que se realizan desde la apertura de actividades y hasta las 4:00 horas, para garantizar condiciones de seguridad y orden dentro del recinto ferial.
Por instrucciones del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, la Dirección General de Gobernación mantiene recorridos constantes para verificar el cumplimiento de la normatividad en establecimientos y espacios de venta de bebidas alcohólicas.
La titular de la dependencia, María Guadalupe Chávez Meza
Durante las inspecciones no se ha detectado alcohol adulterado y las observaciones relacionadas con documentación de establecimientos han sido atendidas oportunamente. La coordinación con licenciatarios y expositores permite que las actividades de la Fenapo continúen desarrollándose en un ambiente seguro y familiar.
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