Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas 
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
La diputada Sara Rocha atribuyó a la Federación el abandono de las carreteras estatales frente al aumento de feminicidios en San Luis Potosí
Por: Redacción
La diputada local Sara Rocha Medina, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), afirmó que el aumento de feminicidios en San Luis Potosí es un tema de responsabilidad compartida, no solo del gobierno, y señaló que la mayor responsabilidad de investigación recae en la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP). La fiscal general, María Manuela García Cázares, confirmó la semana pasada el aumento de muertes violentas de mujeres en la entidad.
La Fiscalía había registrado, hasta julio, cinco feminicidios confirmados en 2026 frente a los seis de todo 2025. En septiembre se sumaron al menos dos casos más: el de una mujer colombiana asesinada en un hotel de Villa de Reyes, tipificado como feminicidio, y el de otra víctima investigada por el mismo delito en La Pila
Cuestionada sobre el llamado a las autoridades tras la desaparición de una joven en la carretera federal 57, rumbo a la zona Altiplano, y sobre la falta de atención de las autoridades federales responsables de esa vía, Rocha respondió que no se trata de un tema nuevo: “Las autoridades federales han abandonado a México en todos los temas, y éste ni se diga: no les interesan ni los temas de las mujeres, mucho menos los de la sociedad.”
Sobre los avances del Congreso del Estado en materia de protección a las mujeres, Rocha dijo que la legislatura ya ha legislado al respecto y que los diputados tienen la responsabilidad de seguir dando herramientas a las investigaciones y a la Fiscalía.
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El diputado dijo que cambiar a jueces y magistrados sin cambiar el sistema deja todo prácticamente igual
Por: Redacción
El rezago en la impartición de justicia sigue siendo un problema de fondo, pese a la elección de jueces y magistrados que impulsó Morena a nivel nacional, dijo el diputado local Rubén Guajardo Barrera, del PAN. Recordó que su bancada advirtió desde el inicio, cuando se planteó la reforma, que ese no era el problema real.
Guajardo Barrera dijo que lo que hace falta es más presupuesto para todo el proceso de impartición de justicia, y que sustituir a las personas que ocupan los cargos, sin modificar el sistema en su conjunto, no resuelve nada. “De nada sirve cambiar a las personas que solamente se cambiaron los nombres si todo el sistema judicial queda igual”, afirmó.
El diputado dijo que la situación se repite tanto a nivel nacional como en San Luis Potosí: se sustituyeron jueces, magistrados y ministros por la vía electoral, pero el sistema de impartición de justicia permanece prácticamente sin cambios. Llamó a hacer un diagnóstico a fondo para mejorar los procesos y lograr que la justicia sea pronta y expedita.
La postura contrasta con la de la magistrada presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, quien defendió este mes que el rezago judicial no se debe a una falta de autonomía financiera del Poder Judicial, y citó más de 25 mil audiencias penales y otras 25 mil resoluciones familiares resueltas como parte del primer informe del Poder Judicial tras la reforma.
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El acuerdo nacional de la CONAEDU coincide con la iniciativa de Ricardo Gallardo que sigue en análisis en el Congreso del Estado
Por: Redacción
San Luis Potosí se sumó a la ruta nacional que la CONAEDU —instancia que reúne a las autoridades educativas estatales y federal— acordó para regular el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en las escuelas, un tema que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona ya había llevado al Congreso del Estado desde el 11 de septiembre, donde su iniciativa sigue en análisis en comisiones.
La Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) tomó parte en la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria de la CONAEDU, donde se acordaron los criterios de la ruta nacional. Deysi Maribel López Sierra, titular de la SEGE, señaló que San Luis Potosí ya había colocado este tema en la agenda educativa y que ahora existe coincidencia con la política que plantea el Gobierno Federal para mejorar las condiciones de aprendizaje y convivencia en las escuelas.
Los acuerdos nacionales plantean restringir el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar en primaria y secundaria, mientras que en educación media superior y superior cada autoridad educativa fijará sus propios criterios y exhortará a evitar su uso en clases. Para computadoras y tabletas, la propuesta es privilegiar su utilización exclusivamente con fines pedagógicos.
La propuesta de Gallardo lleva diez días en el Congreso del Estado sin dictamen. López Sierra dijo que responde a la necesidad de generar entornos educativos con mayor concentración, convivencia responsable y aprovechamiento académico.
La iniciativa ya cuenta con el respaldo público del diputado local Crisógono Pérez López, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, quien la avaló el 8 de septiembre citando los resultados de México en la prueba PISA.
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