Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas 
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
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Caso del perrito Hachi en Valles: lo sometieron de forma violenta y entregaron el cuerpo degollado
El alcalde David Medina Salazar respaldó el actuar del personal de Protección Civil, aseguró que “la intervención se realizó conforme a protocolo”
Por: Redacción
La muerte de “Hachi”, un perro de raza labrador, ha generado indignación en Ciudad Valles, luego de que su familia denunciara un sometimiento violento por parte de elementos de Protección Civil municipal, así como la entrega del cuerpo degollado, lo que que calificaron como indignantes.
De acuerdo con los testimonios difundidos, el animal se encontraba bajo el cuidado de un tercero cuando, durante un paseo, reaccionó tras presunta agresión por parte de menores, lo que derivó en el reporte a autoridades.
Al lugar acudieron elementos de Protección Civil, quienes procedieron a asegurar al perro. Sin embargo, testigos y familiares señalan que el procedimiento incluyó uso excesivo de la fuerza, con inmovilización del animal mediante sujeción física que le impidió moverse, lo que —afirman— le provocó lesiones.
Imágenes difundidas en redes sociales muestran al perro sujeto contra una estructura, con el cuerpo restringido y sin posibilidad de movimiento, mientras era ahorcado por varios elementos con cuerdas y sogas.
Horas después, de acuerdo a información de C4 Jiménez, la familia denunció que el cuerpo de Hachi fue devuelto sin vida, dentro de una bolsa plástica y en condiciones que evidenciaban un manejo inadecuado y falta de respeto, pues el animal estaba degollado, en bolsas de plástico y otras partes del cuerpo cortadas.
Pese a estos señalamientos, el alcalde David Medina Salazar respaldó el actuar de su personal, asegurando que la intervención se realizó conforme a protocolo.
En la misma línea, el director de Protección Civil, Miguel Ángel Sánchez, sostuvo que el procedimiento fue correcto.
Ante ello, ciudadanos y organizaciones han solicitado la intervención de la Fiscalía General del Estado para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
El caso de Hachi ha colocado en el centro del debate no solo la actuación de las autoridades, sino también los límites del llamado “protocolo” frente al respeto y protección de la vida animal.
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La diputada Frinné Azuara Yarzábal detalló que sería gratuita, única e individual, también coexistiría con la cartilla física
Por: Redacción
La diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado para implementar la Cartilla Electrónica de Vacunación.
La propuesta busca establecer que el sistema de información en vacunación estatal se incluya en un registro nominal de las vacunas aplicadas a cada persona residente en el territorio potosino, e incorporar la figura de la Cartilla Nacional de Vacunación Electrónica como un derecho de las y los potosinos.
Dicha cartilla misma que será gratuita, única e individual y coexistirá con la versión física, garantizando la interoperabilidad del sistema estatal con las instituciones federales de salud como son IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, para que el historial de vacunación sea accesible en todo momento; además de establecer la obligación de la Secretaría de Salud del Estado de implementar mecanismos de consulta digital y notificaciones oportunas a la población sobre los esquemas de vacunación.
En su exposición de motivos, la diputada Frinné Azuara, también presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social, establece que en nuestro país y particularmente en nuestro estado, el sector salud enfrenta un desafío histórico en materia de prevención, debido en gran parte, a la falta de un registro nominal y digitalizado que permita conocer con certeza el estatus de vacunación de cada persona.
Dijo que en la actualidad, la herramienta principal sigue siendo la cartilla de vacunación en formato físico, la cual enfrenta problemas estructurales ya que se extravía con facilidad, se presenta incompleta, se deteriora con el tiempo, y en muchas ocasiones, las familias recurren a la memoria para reconstruir el esquema de vacunación de sus hijos.
Mencionó que esta situación impide que el estado pueda planear con precisión sus campañas de salud, dado que sin un registro nominal, las autoridades sanitarias caminan sin precisión al no saber cuántos niños faltan por vacunar en cada colonia o comunidad rural, y no pueden identificar con nombre y apellido a quiénes les hace falta un refuerzo, y carecen de herramientas para reaccionar oportunamente ante brotes epidémicos.
Informó que en el legislativo federal, ya se ha presentado una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, buscando establecer que el sistema de información en vacunación, se base en un registro nominal de las vacunas aplicadas a cada persona residente en el país, así como la existencia de una Cartilla Nacional de Vacunación tanto física como electrónica, gratuita, única e individual.
Por ello, en congruencia con este propuesta nacional, se propone también que nuestro estado cuente con esta armonización legislativa y cumpla con los principios de justicia social y modernización administrativa.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Salud y Asistencia Social; y Hacienda del Estado.
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Ante un respaldo multitudinario de agremiados de diversos sindicatos, el Gobernador del Estado, además, les anunció apoyos de 5 mil lotes gratuitos y material para la construcción de viviendas, así como la extensión de más rutas de la RedMetro
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, en el marco del Día del Trabajo, firmó, junto a líderes sindicales y agremiados, el proceso de creación del Congreso Laboral Potosí, lo que permitirá construir un espacio de diálogo entre sindicatos y Gobierno en favor de la clase trabajadora.
Ante un cálido recibimiento de miles de agremiados de los sindicatos participantes, el Gobernador Ricardo Gallardo aseguró que la creación de este nuevo congreso traerá grandes beneficios para las familias de las y los trabajadores, como más de 3 mil becas de educación media superior para sus hijas e hijos; 5 mil lotes gratuitos y material para la construcción de viviendas y la extensión de más rutas de la RedMetro para brindar un transporte público seguro, moderno y gratuito que llegará a los centros laborales.
El Gobernador de San Luis Potosí resaltó, en este cambio que se vive y se siente, el avance que ha tenido el Estado en infraestructura para que hijas, hijos y familiares de las y los trabajadores tengan mejores condiciones de vida y un entorno digno,
El Gobernador Ricardo Gallardo comentó que el Congreso Laboral Potosí busca modernizar el mundo de las y los trabajadores al acercar herramientas de digitalización, el nearshoring y la transición energética; de igual forma, se buscará cumplir con compromisos del T-MEC y la Reforma Laboral 2019 y se contemplará la instalación de un órgano técnico, plural y permanente para anticipar riesgos y formular recomendaciones.
Finalmente, Ricardo Galallardo agradeció a los líderes y agremiados de la Confederación Regional Obrera Mexicana de San Luis Potosí (CROM), de la Federación Internacional de Trabajadores (FIT), de la Confederación Auténtica de Trabajadores del Estado Potosino (CAT) y al Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalmecánica en el Estado de San Luis Potosí (SINERGIA) por mostrar su disposición para trabajar juntos en este nuevo proyecto que beneficiará a la fuerza laboral de San Luis Potosí.
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