Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas 
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
Esto permitirá impulsar intercambio de información, la generación de publicaciones y la implementación de esquemas de educación dual
Por: Redacción
Con el objetivo de fortalecer la vinculación interinstitucional y sentar las bases para el desarrollo de programas académicos y tecnológicos; y proyectos de investigación conjunta, el Congreso del Estado llevó a cabo la Firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional con el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles.
Esto permitirá impulsar proyectos de interés común, intercambio de información especializada, la generación de publicaciones conjuntas y la implementación de esquemas de educación dual, en beneficio del fortalecimiento institucional.
En representación del Congreso del Estado, el diputado Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), señaló que este acuerdo permitirá impulsar acciones de investigación y conocimiento para fortalecer la formación académica de las y los jóvenes.
“Hoy no solo firmamos un convenio, sino que damos un paso firme hacia la construcción de un mejor San Luis Potosí. Este acuerdo representa la suma de voluntades entre el ámbito legislativo y el académico, con el objetivo de fortalecer la formación de las y los jóvenes, impulsar el conocimiento y traducirlo en soluciones reales para nuestra sociedad”, expresó.
Gobierno estatal distingue entre migración nacional e irregular y limita permanencia de extranjeros
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, José Guadalupe Torres Sánchez, afirmó que la entidad no es un destino para migrantes extranjeros en condición irregular, al tiempo que reconoció un aumento en la llegada de personas provenientes de otros estados del país.
El funcionario estatal señaló que el gobierno mantiene una política diferenciada en materia migratoria, en la que se respeta a quienes llegan de otras entidades de México, pero se limita la permanencia de quienes ingresan al país sin documentación.
“Siempre y cuando se trate de personas que vienen de otros estados de manera legal, pues bienvenidos”, declaró Torres Sánchez, al referirse a ciudadanos mexicanos que buscan establecerse en la entidad por razones laborales o de seguridad.
Sin embargo, fue enfático al marcar distancia con la migración internacional irregular: “Si vienen migrando de otros países en forma irregular o ilícita, se les va a tratar bien, pero aquí San Luis Potosí no es un lugar para que ellos estén”.
El secretario general de Gobierno explicó que, en estos casos, la estrategia del estado consiste en brindar acompañamiento temporal y facilitar su salida
“A ellos hay que darles un acompañamiento y una salida”, puntualizó.
Torres Sánchez reconoció que el contexto actual, caracterizado por condiciones de seguridad y crecimiento económico, ha convertido a San Luis Potosí en un punto de atracción para migrantes internos, provenientes de entidades como Nuevo León, Guanajuato y Guerrero
En ese sentido, aseguró que el gobierno estatal mantiene una política de respeto a los derechos humanos, incluso con la creación de espacios de atención para población en tránsito.
“El gobernador generó un refugio justamente para niños en estado de tránsito, para niños migrantes”, indicó.
No obstante, reiteró que esta atención no implica una apertura para el establecimiento de personas extranjeras en condición irregular, al insistir en la necesidad de distinguir entre tipos de migración.
“Hay que distinguir entre quienes migran de sus países de origen de forma ilícita y quienes se trasladan dentro del país con un propósito de asentarse”, sostuvo.
Finalmente, el funcionario subrayó que la prioridad del gobierno estatal es mantener el orden y garantizar condiciones de seguridad, en un contexto donde —afirmó— la entidad se ha posicionado como atractiva tanto para inversión como para movilidad interna.
Lee también: Iglesia y gobierno chocan por daños 8M
José Guadalupe Torres Sánchez señala corresponsabilidad y ofrece reparar inmuebles
Por: Redacción
El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, José Guadalupe Torres Sánchez, respondió a los señalamientos de fieles católicos por los daños a inmuebles religiosos durante la marcha del 8M y aseguró que existe una “corresponsabilidad” en la protección de estos espacios.
Luego de que organizaciones religiosas reclamaran la falta de acciones por parte de autoridades, el funcionario estatal sostuvo que “cada quien debe de asumir su propia responsabilidad”, al tratarse de edificios históricos.
Torres Sánchez afirmó que el gobierno estatal incluso ofreció hacerse cargo de las reparaciones, aunque hasta el momento no ha habido respuesta por parte de la Iglesia.
“Por instrucciones del gobernador, el estado hizo base con algunos integrantes de la Iglesia Católica para ofrecer nosotros el llevar a cabo ese tipo de reparaciones sin que hasta el momento lo hayan aceptado”
El secretario general de Gobierno también pidió no perder de vista el contexto de la protesta, al señalar que las manifestaciones responden a problemáticas de fondo.
“No hay que perder de vista las causas que se refieren a todo este tema de la violencia en contra de las mujeres”, dijo.
En ese sentido, reiteró que el gobierno estatal ha mantenido una postura de respeto, tanto hacia las expresiones sociales como hacia los sectores religiosos involucrados en la polémica.
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