Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas 
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
El Partido Verde recibirá la cifra más alta con 47.6 millones de pesos, mientras que el Partido del Trabajo recibirá la cifra menor con 11.7 millones
Por: Redacción
El Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) aprobó en sesión extraordinaria la distribución del financiamiento público correspondiente al ejercicio fiscal 2026, al que tienen derecho cada uno de los Partidos Políticos con registro e inscripción ante el Organismo Electoral.
Por ley, el 30% del total de los recursos se distribuyen de forma equitativa entre cada partido político y el otro 70% de forma proporcional al porcentaje de votos obtenidos por partido en la elección inmediata anterior.
La distribución quedó de la siguiente forma: $ 165 millones, 811 mil, 863.13 pesos para gasto por actividades ordinarias permanentes; $ 4 millones, 974 mil, 355.89 pesos para gasto por actividades específicas; $3 millones, 316 mil, 237.26 pesos para financiamiento por franquicias postales; y 113 mil, 140.00 pesos para financiamiento adicional a partidos políticos locales; el total de financiamiento a partidos políticos es de $174 millones, 215 mil, 596.28 pesos.
Las cantidades señaladas en la distribución del financiamiento público asignado por partido político, de acuerdo a la ley, es derivado del porcentaje de votación en la última elección, el total por partido político se desglosa de la siguiente forma:
- El Partido Acción Nacional recibirá: $28,851,627.70 pesos (veintiocho millones, ochocientos cincuenta y un mil, seiscientos veintisiete pesos 70/100 m.n.)
- El Partido Revolucionario Institucional recibirá: $19,235,994.71 pesos (Diecinueve millones, doscientos treinta y cinco mil, novecientos noventa y cuatro pesos 71/100 m.n.).
- El Partido Verde Ecologista de México recibirá: $47,607,686.35 pesos (Cuarenta y siete millones, seiscientos siete mil, seiscientos ochenta y seis pesos 35/100 m.n.).
- El Partido del Trabajo: $11,766,083.77 pesos (Once millones, setecientos sesenta y seis mil, ochenta y tres pesos 77/100 m.n.)
- El Partido Movimiento Ciudadano recibirá: $17,975,662.24 pesos (Diecisiete millones, novecientos setenta y cinco mil, seiscientos sesenta y dos pesos 24/100 m.n.).
- El Partido MORENA recibirá: $35,153,709.55 pesos (Treinta y cinco millones, ciento cincuenta y tres mil, setecientos nueve pesos 55/100 m.n.)
- El Partido Nueva Alianza SLP recibirá: $13,624,831.96 pesos (Trece millones seiscientos veinticuatro mil ochocientos treinta y un pesos 96/100 m.n.)
Este financiamiento a partidos está compuesto por Actividades Ordinarias, Actividades específicas y Franquicias Postales.
En la misma sesión del Consejo General del CEEPAC también se aprobó el acuerdo mediante el cual se determinan los topes del financiamiento privado para los partidos políticos con registro e inscripción vigente ante el organismo electoral por parte de militantes y simpatizantes durante el ejercicio 2026.
El límite de aportaciones que cada partido político podrá recibir en el año en dinero o especie a través de sus militantes es la cantidad de $16,581,186.30 (dieciséis millones, quinientos ochenta y un mil ciento ochenta y seis pesos 30/100 m.n.).
El límite de las aportaciones que cada partido político podrá recibir de sus simpatizantes en dinero o en especie para el ejercicio 2026, corresponde a la cantidad de $5,844,772.94 (cinco millones ochocientos cuarenta y cuatro mil setecientos setenta y dos pesos 94/100 m.n.).
En cuanto el límite individual de aportaciones de simpatizantes en dinero y especie será la cantidad de $146,119.32 (ciento cuarenta y seis mil ciento diecinueve pesos 32/100 M.N.).
Cabe señalar que la suma del financiamiento privado de los partidos políticos con inscripción o registro, bajo todas sus modalidades, incluido el autofinanciamiento y rendimientos financieros, en ningún caso podrá ser superior al monto de financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y actividades específicas.
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Estado
Veto de Gallardo a Ley de Paridad, acto de responsabilidad constitucional: José Luis Fernández
El diputado federal consideró que esta acción no debe leerse como un paso atrás en la paridad
Por: Redacción
José Luis Fernández Martínez, diputado federal por San Luis Potosí opinó que la decisión del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de ejercer su derecho de veto contra la reforma electoral que pretendía obligar a los partidos a postular únicamente mujeres a la gubernatura en 2027, no debe leerse como un paso atrás en la paridad, sino como un acto de responsabilidad constitucional y una muestra de confianza política.
Para el legislador federal, Gallardo Cardona ha sido claro en su postura ya que no se opone a la igualdad de género, sino que su intención es garantizar que cualquier cambio en las reglas del juego sea jurídicamente sólido y en su carácter de Ejecutivo estatal buscar evitar que San Luis Potosí caiga en controversias legales que empañen el próximo proceso electoral y peor aún, sean motivo de inestabilidad social o ingobernabilidad.
Para Fernández Martínez uno de los puntos más valiosos de este veto es que establece un piso parejo, ya que al solicitar que el CEEPAC replantee la iniciativa con la participación de expertos, académicos y todas las fuerzas políticas, se busca un consenso que no excluya a nadie de manera arbitraria.
Añadió que esta decisión garantiza que se protejan los derechos constitucionales de todo aquel que aspire al cargo, sin distinción de género y se elimine la percepción de una “ley a la medida”
Desde una óptica política, dijo el legislador federal, este movimiento refuerza la posición del Partido Verde en el estado, porque este partido lidera las preferencias y cuenta con cuadros destacados —tanto hombres como mujeres— por lo que no necesita de reformas “forzadas” para asegurar su competitividad.
Fernández Martínez concluyó que el veto de Ricardo Gallardo Cardona es una decisión acertada que prioriza la salud democrática de San Luis Potosí, ya que al exigir un debate más amplio y técnico, asegura que la paridad de género avance de la mano con el respeto a la ley, garantizando que en 2027 ganen las mejores propuestas en un escenario de verdadera competencia y equidad.
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La diputada señaló que las secuelas de la pandemia de COVID-19 han generado que se agudice la relevancia de este hospital
Por: Redacción
Aranza Puente Bustindui, diputada local de San Luis Potosí, reconoció la importancia de que el estado pueda tener un hospital psiquiátrico ante las “nuevas realidades” que se viven después de la pandemia de COVID-19.
La diputada señaló que la crisis sanitaria ocasionó que muchas personas hayan sufrido depresión u otros problemas psicológicos en los últimos años, por lo que el hospital podría brindarles la atención necesaria.
Según datos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el estado se reportaron 2 mil 700 casos de depresión el año pasado, y se estima que alrededor del 4% de la población presenta este trastorno.
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