Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas 
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
Como parte de la modernización, también se renovaron las redes de agua potable y drenaje sanitario, con 147 servicios intervenidos
Por: Redacción
Ricardo Gallardo Cardona, continúa la modernización de la infraestructura urbana en Villa de Pozos, con la rehabilitación integral de la Calle 101, en la colonia El Palmar, una obra que mejora la movilidad, la seguridad vial y los servicios básicos de 3 mil 500 habitantes, mediante una inversión de 12.9 millones de pesos.
La intervención comprendió 783 metros lineales de vialidad, en el tramo de las calles 24 a 26, donde se colocaron más de 7 mil 360 metros cuadrados de concreto hidráulico de 15 centímetros de espesor, además de la rehabilitación de banquetas y guarniciones. En conjunto, los trabajos abarcaron una superficie superior a los 9 mil 978 metros cuadrados, ofreciendo mejores condiciones para automovilistas y peatones.
Como parte de la modernización, también se renovaron las redes de agua potable y drenaje sanitario, con 147 servicios intervenidos, además de incorporar alumbrado público y señalización horizontal y vertical, para brindar mayor seguridad y mejores condiciones de tránsito a las familias de esta zona.
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona destacó que su administración mantiene la atención en colonias que requieren infraestructura y servicios públicos de calidad, mediante obras integrales que atienden necesidades de la población y contribuyen al desarrollo ordenado de los municipios de San Luis Potosí.
El auditor superior dijo que ya se presentaron denuncias por contratos irregulares en algunos municipios
Por: Redacción
El Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) ha identificado irregularidades en procedimientos de contratación de algunos municipios y ya presentó las denuncias correspondientes, informó su titular, Rodrigo Joaquín Lecourtois López, quien advirtió que, de ser necesario, promoverá nuevas acciones legales.
“No abusen del recurso público ni de figuras legales como la adjudicación directa para asignar obra pública. La ley prevé estas modalidades, pero deben utilizarse conforme a los supuestos y requisitos establecidos”, pidió a los funcionarios municipales.
Qué es la adjudicación directa
La adjudicación directa es cuando un gobierno entrega un contrato a una empresa sin concurso, a diferencia de la licitación pública, en la que varias empresas compiten y gana la que ofrece mejores condiciones.
El auditor superior aclaró que adjudicar de forma directa no es ilegal por sí mismo. Sin embargo, en algunos casos se ha usado con incumplimiento de requisitos legales, simulación de procedimientos, direccionamiento de contratos (es decir, arreglar el proceso para que gane una empresa elegida de antemano) o posibles actos de colusión, que son acuerdos entre funcionarios o empresas para repartirse contratos. Esas conductas pueden derivar en faltas administrativas o hechos con apariencia de delito
Denuncias sin esperar el fin de la auditoría
Lecourtois explicó que no es necesario concluir una auditoría para presentar una denuncia: si durante la revisión aparecen elementos que hagan presumir un delito, el instituto da parte a las autoridades competentes.
Así ocurrió en Axtla de Terrazas. En octubre, el IFSE informó que denunció ante las autoridades penales presuntas irregularidades en la construcción de la Unidad Deportiva, donde se ejercieron alrededor de 14.5 millones de pesos durante la administración de Gregorio Cruz Martínez. Según el instituto, en esa obra se evitó la licitación pública y el contrato se asignó de forma directa.
“Lo importante es que se cumpla la ley, que se busquen las mejores condiciones para el Estado y que la ciudadanía tenga la confianza de que los recursos públicos se ejercen de manera transparente y responsable”, concluyó.
La información es del Instituto de Fiscalización Superior del Estado.
También lee: IFSE denuncia ante la Fiscalía irregularidades en unidad deportiva de Axtla
El único morenista presente atribuyó la ausencia de su bancada a que algunos compañeros llegaron demorados
Por: Redacción
Cinco de los seis diputados de Morena no participaron en la votación con la que el Congreso del Estado designó a Benjamín Pérez Álvarez como fiscal anticorrupción, porque llegaron tarde a la sesión. Así lo reconoció el único integrante de la bancada que estuvo presente.
El diputado José Roberto García Castillo, quien anuló su voto, explicó que la sesión se convocó desde la reunión anterior, por lo que todos conocían el orden del día. Atribuyó la ausencia de sus compañeros a que algunos llegaron demorados, y reconoció que en la bancada no hubo consenso sobre el nombramiento.
“Siempre debemos estar aquí presentes y en nuestra responsabilidad”, afirmó.
Los morenistas que no votaron fueron Carlos Arreola, Cuauhtli Badillo, Nancy Jeanine García Martínez, Jessica Gabriela López Torres y Luis Emilio Rosas. También faltó la priista Frinné Azuara.
López Torres explicó que la ausencia se debió a que la sesión comenzó puntualmente. Señaló que en ocasiones anteriores el inicio se había retrasado hasta casi una hora, por lo que los legisladores de su bancada aún no estaban en sus curules cuando arrancó.
Su compañera García Martínez, quien tampoco votó, subió a tribuna en asuntos generales para inconformarse con el procedimiento. Sostuvo que el perfil elegido no cumple con los criterios de solvencia técnica
García Castillo adelantó que Morena analizará lo ocurrido. Indicó que la autoridad que verifica la asistencia ya comunicó las ausencias y será la que informe al respecto.
Sin la bancada de Morena, el nombramiento se aprobó con 21 diputados presentes. El boletín oficial del Congreso reporta 18 votos a favor y tres nulos. Sin embargo, versiones difundidas tras la sesión señalan cuatro votos nulos y que en el recinto se anunciaron 17 votos a favor, que después se contabilizaron como 18. La diferencia no se aclaró durante la sesión.
Pérez Álvarez fue propuesto en terna por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Fue director general de la Comisión Estatal del Agua entre 2022 y 2024, y hasta su designación era secretario general del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez. Concluirá el periodo de Felipe Aurelio Torres Zúñiga, que termina el 5 de mayo de 2028.
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