Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas 
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
Congreso del Estado
Integrantes de la comisión de movilidad, comunicaciones y transportes se reunieron con un grupo de taxistas
El poder legislativo mantiene las puertas abiertas con todos los sectores para escuchar sus planteamientos: Dip. Jacquelinn Jáuregui Mendoza
Por: Redacción
La Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado sostuvo una reunión con representantes de una agrupación del gremio de taxistas, a fin de escuchar sus inquietudes y posicionamientos sobre las condiciones en que trabaja este sector, informó la presidenta diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza.
Señaló que el Congreso del Estrado abre las puertas y tiende los puentes a todos los sectores y esta vez no fue la excepción, por lo que escucharon a Luis Alberto Colorado Saavedra, Joel Ochoa Portillo y José Miguel Ceja Montaño.
La diputada señaló que los trabajadores aclararon su participación en diferentes manifestaciones y expusieron señalamientos falsos que se han hecho en su contra.
El diputado Luis Emilio Rosas dijo que los taxistas pidieron que se les apliquen cursos integrales, que las sanciones en su contra dejen de ser injustas y que haya piso parejo para todo el gremio
Otro de los temas expuestos es el relacionado al funcionamiento y registro del servicio a través de plataformas, cobros justos y un diálogo directo con las autoridades de Comunicaciones y Transportes, ya que hay muchos temas que se deben tratar cotidianamente para evitar confusiones y malos entendidos.
La diputada Jáuregui Mendoza expuso que se elaboró una lista de todas sus peticiones e inquietudes, que serán tratadas con la titular de la SCT para dar una respuesta puntual a los taxistas inconformes, quienes por su parte reconocieron la apertura al diálogo por parte de los representantes populares.
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Existe colaboración permanente con la Fiscalía, atendiendo de manera puntual los requerimientos de información
Por: Redacción
Como parte de la estrategia de saneamiento, transparencia y combate a la impunidad, la Dirección General de Pensiones interpuso cuatro nuevas denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGESLP) luego de identificar presuntos desvíos y anomalías financieras heredadas de ejercicios anteriores, como parte del seguimiento institucional para fortalecer el funcionamiento del organismo.
El director general, Luis Arturo Coronado Puente, informó que estas querellas se suman a las carpetas de investigación ya activas y precisó que fueron promovidas tanto contra qui en resulte responsable como hacia personas posiblemente involucradas en conductas constitutivas de delito. Las revisiones internas continúan y, por el momento, el monto estimado del daño patrimonial permanece bajo reserva para no afectar el desarrollo de las investigaciones, pero se trata de afectaciones considerables.
Existe colaboración permanente con la Fiscalía, atendiendo de manera puntual los requerimientos de información para fortalecer las indagatorias. Asimismo, indicó que, por respeto al debido proceso y al carácter reservado de las investigaciones, los detalles se mantendrán bajo resguardo hasta que la autoridad determine lo conducente.
Guillermo Morales Díaz tomó posesión como Enlace federal el 1 de enero de 2025 en la misma delegación que su hijo encabeza. Su declaración patrimonial registra licenciatura trunca y como último empleo previo: taxista
Por: Redacción
Guillermo Morales López, titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo de la Secretaría de Bienestar en San Luis Potosí, contrató a su padre —Guillermo Morales Díaz— como Enlace en la oficina bajo su mando, de acuerdo con las declaraciones de situación patrimonial que ambos presentaron ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. El hecho ocurrió al arranque del gobierno de Claudia Sheinbaum, mientras la presidenta impulsaba en el Congreso una reforma constitucional para prohibir el nepotismo en la función pública.
Los documentos públicos acreditan que padre e hijo comparten dependencia, adscripción y domicilio laboral: ambos registran como lugar de trabajo la Delegación San Luis Potosí de la Secretaría de Bienestar, en Calzada Fray Diego de la Magdalena, colonia El Saucito, en la capital potosina. Morales López encabeza la delegación con nivel jerárquico de Director General u Homólogo; Morales Díaz figura en la misma estructura como su subordinado en el cargo de Enlace.
El perfil curricular del padre contrasta con el puesto que ocupa. Guillermo Morales Díaz no concluyó sus estudios universitarios —registra licenciatura en Ciencias Químicas con estatus trunco— y sus dos últimos empleos previos son: promotor vendedor en la empresa Alijumex SA de CV, de agosto de 1998 a septiembre de 2004, y taxista en el ámbito municipal, de junio de 2014 a enero de 2019.
La contratación ocurrió mientras Sheinbaum impulsaba modificaciones a seis artículos constitucionales para frenar el nepotismo en cargos públicos. Luisa María Alcalde, entonces presidenta nacional de Morena, respaldó la iniciativa y anunció candados estatutarios para impedir que el partido postulara a familiares de funcionarios en cargos de elección popular. “A la gente no le gustan los cacicazgos, no le gusta que se hereden los cargos“, sostuvo Alcalde en declaraciones a medios nacionales.
Guillermo Morales López no ha emitido declaración pública sobre la contratación de su padre en la delegación que dirige.
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