Estado
Diputado propone añadir al Código Penal del Estado “Delitos contra la Comunidad”
La iniciativa especifica las conductas que pondrían ser sancionadas en este rubro
Por: Redacción
El diputado Alejandro Leal Tovías presentó una iniciativa para adicionar al Título Décimo Cuarto el Capítulo V denominado “Delitos contra la Comunidad” con su artículo 293 QUÁTER y sus fracciones del I a X, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, esto para aumentar al catálogo de tipos penales, diversas conductas que vulneran la seguridad de la comunidad, para sancionar y el tipo de pena a imponer, sin afectar los derechos fundamentales de los presuntos responsables.
El diputado señala en su exposición de motivos, que en los años recientes se ha dado, a nivel nacional un considerable crecimiento en la diversidad de conductas llevadas a cabo por la delincuencia organizada, incorporando figuras que obstaculizan o impiden el actuar de las corporaciones de seguridad, a través de la obtención de información privilegiada sobre la ubicación, actividades o rutas de los mismos, mediante la utilización de espías, que reportan y alertan sobre tal circunstancia, principalmente, por radio o telefonía celular, a fin de facilitar la ejecución de actividades criminales.
Es así que, la iniciativa propone que comete el delito de atentado contra la seguridad de la comunidad, quien, sin causa justificada, incurra en cualquiera de las siguientes conductas:
Utilice uno o más instrumentos en forma de abrojos, cuchillas, erizos, estrellas, púas o picos ponchallantas, fabricados de cualquier material que, dañe o impida el paso de vehículos particulares u oficiales. Cuando la conducta se cometa en contra de elementos de seguridad, de las fuerzas armadas o de sus equipos motores o muebles, se aumentará la penalidad dos terceras partes.
Además, cuando posea o porte, en el vehículo en el que se encuentre o se le relacione con éste, o en su domicilio uno o más aparatos o equipos de comunicación de cualquier tipo, que hubieren sido contratados con documentación falsa, o de terceros sin su conocimiento, o utilizados sin la autorización de éstos, o que por su origen a la autoridad le resulte imposible conocer la identidad real del usuario del aparato o equipo de comunicación.
Que tengan en su poder equipos o artefactos que permitan la intervención, escucha o transmisión de datos con respecto a canales de comunicación oficiales o de comunicaciones privadas; una o varias identificaciones alteradas o falsas, o tenga prendas de vestir, insignias, distintivos, equipos o condecoraciones correspondientes a instituciones policiales o militares de cualquier índole o que simulen la apariencia de los utilizados por éstas, sin estar facultado para ello.
También, que posea o porte, en su persona, o en el vehículo en que se encuentre o de cualquier manera se le relacione con éste, o en su domicilio, uno o varios escritos o mensajes producidos por cualquier medio que tengan relación con alguna pandilla o miembros de una pandilla de algún grupo o actividades delictivas 
Que aceche, vigile o realice las funciones de obtener información o comunicar dicha información sobre la ubicación, acciones, actividades, movimientos, operativos o en general, las labores de los elementos de seguridad pública o de las fuerzas armadas, con la finalidad de obstaculizar o impedir su actuación; o bien, con la finalidad de facilitar o permitir la realización de algún delito por sí o por un tercero.
Que dañe, altere o impida el adecuado funcionamiento o monitoreo de cámaras de vigilancia en la vía pública o establecimientos con acceso al público, instaladas para ser utilizadas por las instituciones de seguridad pública.
Además, que fabrique, instale, comercialice o utilice sistemas de blindaje en todo tipo de vehículos automotores, sin la autorización correspondiente; u ordene las mismas, a empresas o personas físicas que no cuenten con la autorización correspondiente. Entendiendo para estos efectos por blindaje, cualquier material interpuesto de metal, cerámica, fibras, vidrio u otros elementos, utilizado para impedir la penetración por impactos balísticos, de cuando menos el calibre crítico establecido .38 super auto + p.
Indica que este delito se sancionará con una pena de siete a quince años de prisión y sanción pecuniaria de doscientas a cuatrocientas veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
Igual sanción se impondrá a todos los participantes, cuando dos o más personas incurren en uno o más de los supuestos descritos en este artículo, si no es posible determinar quién posea dichos objetos.
Las penas a las que se refiere el presente artículo se aumentarán hasta en una mitad, cuando para su perpetración se utilice a uno o varios menores de edad o a personas que no tienen capacidad para entender el hecho o no tienen capacidad para resistirlo; o cuando sean realizadas por servidores públicos que pertenezcan o hayan pertenecido a alguna Institución de Seguridad Pública o Privada, a las Fuerzas Armadas o de procuración de justicia.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Justicia para su análisis.
Diputada Rocha Medina propone la medida para quienes obtengan promedio superior a 8 y no incurrieran en sanciones
Por: Redacción
A fin de apoyar a los jóvenes egresados de educación superior de universidades públicas, con la exención total de pago por concepto de expedición de título profesional, la diputada Sara Rocha Medina propuso una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí.
Busca que el Estado garantice la exención total de pago por concepto de expedición de título profesional a las y los estudiantes de educación superior de instituciones públicas, que hayan obtenido un promedio general igual o superior a 8.0 y que no hayan incurrido en sanciones académicas o disciplinarias durante su estancia.
Establece que queda prohibido cualquier cobro, cuota, aportación, trámite o requisito económico relacionado con la expedición del título profesional o con los procedimientos necesarios para obtenerlo, que tenga por objeto eludir, obstaculizar o contravenir el principio de gratuidad.
En su exposición de motivos, la legisladora manifiesta que la eliminación de los costos de titulación no debe interpretarse como una concesión, sino como una medida de justicia educativa destinada a remover barreras estructurales que limitan el ejercicio efectivo del derecho a la educación. Esta acción beneficiaría no sólo a los egresados, sino también a sus familias, comunidades y al desarrollo económico del país en su conjunto.
Señala que, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), sólo la mitad de los estudiantes universitarios de una misma generación logra titularse. Entre las causas principales de esta situación se encuentra la falta de recursos económicos
Por ejemplo, en la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí (UTSLP), el área de Servicios Escolares, responsable del tema de titulación, menciona que para el nivel de Técnico Superior Universitario (TSU) y el nivel de Ingeniería se llega a cobrar cerca de 5 mil pesos para llevar a cabo este importante trámite. Mientras que en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, los costos de titulación oscilan entre los 5 mil y 10 mil pesos.
Esto demuestra que el costo de titularse puede equivaler al ingreso total de varios meses, lo que coloca a millones de jóvenes en una situación de exclusión educativa y profesional. De esta manera, aun quienes logran culminar sus estudios enfrentan un obstáculo económico final que puede condenarlos al rezago laboral.
La iniciativa se turnó para su análisis a las comisiones de Puntos Constitucionales y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
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El gobernador confirmó la ampliación del programa de Seguridad Alimentaria, más obras de infraestructura y renovación del transporte público
Por: Redacción
El gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, inició el año con un paquete de inversiones en infraestructura, programas sociales y movilidad, al comenzar la modernización de las unidades de transporte urbano, el arranque de la reconstrucción de las laterales de la carretera 57, obras para el Altiplano y el anuncio de la ampliación de MetroRed y de los programas de Seguridad Alimentaria y Visitando Corazones, el rescate de productores de frijol, y “Enchúlame tu Colonia”.
El jefe de Gobierno Estatal detalló que el 2026 será el mejor año para San Luis Potosí, ya que se ampliará la Seguridad Alimentaria con productos de limpieza del hogar, además de que se incluirá a más familias de las cuatro regiones, sumado a que el programa de salud casa por casa “Visitando Corazones” llegará a más municipios, además de que se amplió el servicio para la esterilización de mascotas de forma gratuita.
Ric ardo Gallardo también destacó que se lanzarán nuevas rutas de MetroRed de Tamazunchale a Ciudad Valles
Además del arranque de la rehabilitación de las laterales de la carretera 57, anunció el programa “Enchúlame tu Colonia”, con el cual se intervendrán las primeras 100 colonias durante este año, garantizando pavimentación, alumbrado, drenaje y reparación de calles, además del megapuente en Circuito Potosí y Bulevar Valle de los Fantasmas que está por concluirse, sumado a una inversión histórica para Infraestructura.
El mandatario reiteró que su compromiso es no detener el ritmo de cambio y consolidar a San Luis Potosí como uno de los estados más seguros y con mayor calidad de vida de todo México.
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Diputada Dolores Robles insiste en evitar riesgos en eventos donde existe gran aforo de personas
Por: Redacción
La diputada María Dolores Robles Chairez propuso un Punto de Acuerdo para exhortar de manera respetuosa a los 59 Ayuntamientos del Estado para que, en el ámbito de sus competencias y autonomía, refuercen la vigilancia y supervisión sobre la realización de espectáculos públicos que aglomeren cantidades considerables de personas en sus respectivos territorios.
Entre las medidas, la legisladora propone establecer que no se emita ningún permiso de funcionamiento o autorización comercial para eventos masivos sin que se haya presentado y aprobado un Programa Interno de Protección Civil, que incluya el análisis de riesgos, plan de evacuación y señalética adecuada.
Agregó que las Unidades Municipales de Protección Civil deben verificar la correcta instalación de anclajes, barandales y la estabilidad del terreno, así como la disponibilidad de servicios de atención médica pre hospitalaria en el sitio del evento; y que se dé cumplimiento a la normatividad local en materia de protección civil en lo que compete a la capacidad de aforo, sancionando de inmediato con la clausura ante cualquier indicio de sobrecupo que exceda la capacidad segura del recinto.
Además, que se fomente la capacitación y certificación del personal operativo de las diversas Unidades Municipales de Protección Civil, garantizando que el personal encargado de la supervisión posea los conocimientos técnicos necesarios para identificar cualquier riesgo.
La diputada Robles Chairez recordó que recientemente se presentó un incidente en la comunidad de Atotonilco, perteneciente al municipio de Ciudad Fernández, San Luis Potosí, donde una sección de gradas colapsó durante la celebración de un jaripeo, resultando lesionadas las personas que se encontraban sobre esta estructura, por lo que se deben tomar acciones ante la futura celebración de ferias regionales, fiestas patronales y otros eventos que aglomeran población en las cuatro regiones del estado.
Añade que en materia legislativa, este Congreso del Estado, ha realizado reformas a la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí, siendo la más reciente la publicada el 11 de julio de 2025, la cual fue diseñada precisamente para cerrar las brechas que permitían la realización de eventos masivos sin la debida supervisión.
En el Artículo 15 se robustece la prevención, obligando a que cualquier establecimiento o instalación, ya sea fija o móvil, que reciba afluencia masiva de personas, cuente con un Programa Interno de Protección Civil, y también introdujo la obligatoriedad de exhibir en el exterior del recinto una leyenda visible que indique la capacidad máxima de aforo autorizada.
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