septiembre 13, 2026

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Estado

Diputado potosino sigue inconforme con su sueldo de 90 mil pesos

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Aunque el Tribunal Electoral definió que la reducción de sueldos del 10% es procedente, Rubén Guajardo aseguró que impugnará la reducción de aguinaldo para que el recurso no se devuelva al Ejecutivo

Por: Karina González

Rubén Guajardo Barrera, diputado potosino por el Partido Acción Nacional (PAN), señaló que aunque está inconforme con la resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que desechó la demanda que presentó en contra de la reducción del 10% de su sueldo mensual; sin embargo, apuntó que es respetuoso de las instituciones, por lo que aceptará lo resultó, no obstante, tiene en curso otra impugnación con referencia al aguinaldo y dijo esperar que en esta sí se analice el fondo de la inconformidad. Con la reducción, el sueldo de Guajardo y del resto de los congresistas se queda en 90 mil pesos mensuales.

El líder de los legisladores de derecha indicó que pese a que el tema se atacó por distintas instancias, “nunca se entró al análisis del fondo y yo respeto la decisión de los tribunales y su decisión jurisdiccional, siempre he sido institucional y en este caso respetamos la sentencia de la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral”, sostuvo.

Con respecto a la impugnación que presentó por la reducción del aguinaldo, señaló que podría quedar resuelta hasta 2022, toda vez que los tribunales toman un receso vacacional a partir del 20 de diciembre y retoman hasta enero, por lo que dijo, espera que en esta ocasión se analice el tema de diferente manera.

Espero que ahora entren al fondo porque en la reducción del salario nunca entraron al fondo. Posiblemente entre hasta el otro año porque se irán de vacaciones el 20 pero ojalá que ahora sí entren al fondo”, dijo.

El líder de la bancada del PAN señaló que las razones de su inconformidad se deben a que tanto los aguinaldos como los salarios se establecieron desde que se aprobó el presupuesto para el 2021 y el recurso se encuentra etiquetado para tal fin dentro del capítulo 1000 y de no ejercerse el presupuesto en el Poder Legislativo, este recurso se devolverá a Poder Ejecutivo para que pueda disponer de él.

Creo que el proyecto se debió haber hecho para que en la Ley de Egresos del Congreso del Estado ya viniera la reducción y que no se regresara al ejecutivo”, apuntó.

Cabe señalar que el diputado fue renuente a revelar a cuánto ascienden tanto su salario como el aguinaldo que le corresponde, indicó que la información se puede consultar a través de los portales de transparencia; sin embargo, oscila entre los 90 mil pesos mensuales y alrededor de 45 mil pesos de aguinaldo, en un estimado de acuerdo a datos que brindaron asesores de algunos diputados.

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Congreso del Estado

Familias de desaparecidos podrían acceder a herencias y seguros tras reducir plazo legal en SLP

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La Comisión Segunda de Justicia aprobó la reforma al Código Civil de SLP para desapariciones durante guerras, naufragios, inundaciones o siniestros similares se plantean dos años

Por: Redacción

La Comisión Segunda de Justicia del Congreso del Estado aprobó un dictamen para modificar el Código Civil de San Luis Potosí y reducir los plazos para que, en determinados casos, pueda declararse la presunción de muerte de una persona desaparecida, con el objetivo de que sus familiares puedan acceder a derechos patrimoniales y sociales.

La propuesta establece que, cuando una persona desaparezca durante una guerra, un naufragio, una inundación u otro siniestro similar, podrían transcurrir dos años desde la desaparición para solicitar la presunción de muerte, sin que sea necesario declarar previamente su ausencia.

El plazo sería considerablemente menor —seis meses— cuando la desaparición ocurra como consecuencia de un incendio, explosión, terremoto o catástrofe aérea o ferroviaria, siempre que exista una fundada presunción de que la persona se encontraba en el lugar del siniestro.

El mismo plazo de seis meses aplicaría, de aprobarse la reforma, cuando existan datos de prueba que permitan presumir que la desaparición fue consecuencia de un secuestro o desaparición forzada.

La iniciativa también plantea que la solicitud de presunción de muerte se publique hasta tres veces durante el procedimiento sin costo para los familiares, en un proceso que no deberá exceder de 30 días.

La diputada Gabriela López Torres, presidenta de la Comisión Segunda de Justicia, explicó que la reforma busca resolver las consecuencias civiles y familiares que enfrentan quienes tienen a un ser querido desaparecido, sin que esto implique suspender las labores de búsqueda.

“Estas instituciones del estado tienen obligación de buscar hasta el momento del encuentro a esta persona desaparecida; sin embargo, en materia civil y familiar, si necesitamos darle certeza a las personas”, señaló.

De aprobarse en el Pleno, la modificación permitiría a los familiares realizar trámites relacionados con herencias, seguros de vida, pensiones de sobrevivientes y administración de bienes, además de facilitar la disolución del vínculo matrimonial o de una unión de hecho.

La propuesta busca atender así una situación distinta a la investigación sobre el paradero de la persona: mientras las autoridades continuarían obligadas a realizar su búsqueda, sus familiares podrían contar con una vía jurídica para resolver asuntos patrimoniales y familiares derivados de una desaparición prolongada.

El dictamen fue aprobado en comisión y será turnado al Pleno del Congreso del Estado para su discusión y, en su caso, votación.

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Congreso del Estado

Congreso de SLP anuncia acciones legales por hechos violentos ocurridos en el recinto

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El Legislativo afirmó que hubo agresiones físicas y verbales contra diputados y Rita Ozalia Rodríguez

Por: Redacción 

El Congreso del Estado anunció que emprenderá acciones legales por los hechos ocurridos el pasado viernes dentro del recinto legislativo, donde, según acusó, se registraron agresiones físicas y verbales contra diputadas, diputados y la dirigente estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez Velázquez.

A través de un posicionamiento firmado por las diputadas y diputados de la LXIV Legislatura, el Congreso señaló a Natalia Castil lo Vera y a sus acompañantes

como responsables de los actos que calificó como violentos, insultantes y contrarios a la civilidad.

De acuerdo con el comunicado, durante el incidente también se hicieron referencias a Gerardo Sánchez Zumaya, quien busca ser candidato a la gubernatura de San Luis Potosí, por lo que el Legislativo consideró que los hechos tuvieron un componente de carácter político-electoral.

El Congreso expresó además su solidaridad con Rita Ozalia Rodríguez Velázquez por lo ocurrido y sostuvo que el recinto legislativo debe ser un espacio donde prevalezcan la seguridad y el respeto.

Las y los legisladores advirtieron que la confrontación política no debe derivar en agresiones ni poner en riesgo la integridad de quienes acuden al Congreso, y señalaron que la libertad de expresión no debe utilizarse, según su postura, como justificación para conductas violentas.

Finalmente, informaron que el área correspondiente del Congreso iniciará las acciones legales que considere pertinentes para sancionar los hechos y evitar nuevos incidentes dentro del recinto.

El posicionamiento no detalla por ahora qué denuncias o procedimientos específicos serán presentados ni ante qué autoridad.

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Asesoría jurídica gratuita llega a los 59 municipios de San Luis Potosí

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El objetivo es acercar la orientación jurídica a comunidades que enfrentan dificultades para trasladarse

Por: Redacción

Las familias de los 59 municipios de San Luis Potosí pueden acceder a asesoría y orientación jurídica gratuita en asuntos civiles, familiares y penales a través del programa La Defensoría en tu Casa.

El esquema busca acercar los servicios de la Defensoría Pública del Estado a las cuatro regiones de la entidad, principalmente mediante su participación en Ferias de Servicios, donde abogados especializados atienden directamente a la población.

Durante una jornada realizada en Tierra Nueva, el titular de la Defensoría Pública del Estado, Edgar Valdez Zavala, señaló que el modelo permite que las personas conozcan sus derechos y reciban orientación legal sin tener que trasladarse hasta la capital u otros municipios para buscar atención.

La asesoría contempla materia civil, familiar y penal, por lo que puede servir como primer contacto para personas que requieren conocer las opciones legales disponibles ante algún conflicto o situación jurídica.

De acuerdo con la dependencia, el programa opera desde el inicio de la actual administración y busca ampliar el acceso a los servicios de defensa pública en comunidades de las distintas regiones del estado.

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