Rosas Montiel afirmó que el tratado prevé revisiones anuales durante una década, en momentos en que Estados Unidos mantiene aranceles a acero y aluminio.

Por: Redacción

Luis Emilio Rosas Montiel, diputado local y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, afirmó que existe un buen avance en las revisiones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en las mesas de negociación entre los tres países, con el objetivo de mantener las bases del comercio en la región de Norteamérica.

Rosas Montiel recordó que se estableció que el T-MEC mantendrá su vigencia por 10 años, a través de un mecanismo de revisiones anuales que permitirá a las tres naciones evaluar de forma constante su implementación.

“En las mesas de negociación se estableció un tiempo de 10 años, con una revisión anual y aquí de lo que se trata es de establecer las bases para que haya un comercio fuerte en la región de Norteamérica, no creo que vaya a existir nuevos aranceles a diversos productos, sino lo que se busca es la disminución de los que ya están en marcha”, afirmó el diputado.

El legislador recalcó que se trata de un tratado importante para toda la región de Norteamérica, ya que el 80 por ciento de las exportaciones de México se dirige a Estados Unidos, con un peso centrado en la industria automotriz.

“El 80 por ciento de lo que exportamos es hacia Estados Unidos, y lo que se estará centrando es la cuestión automotriz, y en los aceros, aluminios es donde han centrado los aranceles”, sostuvo Rosas Montiel.

El T-MEC entró en vigor en julio de 2020, en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tras un proceso de renegociación entre los gobiernos de los tres países. El tratado contempla una revisión conjunta a los seis años de su entrada en vigor, con posibilidad de prórroga hasta por 16 años más si las tres naciones lo ratifican.

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El legislador panista busca que los ayuntamientos incorporen el sistema en su presupuesto de 2027

Por: Redacción

Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, presentará este miércoles ante la comisión permanente del Congreso del Estado un exhorto a 56 municipios de San Luis Potosí que aún no operan el sistema de justicia cívica, previsto en la ley aprobada por el Legislativo estatal en el cuarto periodo.

La ley no obliga a los municipios a operar el sistema, pero sí exige que los ayuntamientos que ya cuenten con uno propio se adecuen al nuevo marco normativo estatal. Actualmente solo tres municipios lo tienen en funcionamiento: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles.

Guajardo, integrante de la primera Comisión de Hacienda Municipal, planteó que julio y agosto son el momento idóneo para que los 56 municipios restantes incorporen el gasto del sistema en su Ley de Ingresos y Egresos de 2027, antes de presentarla al Congreso del Estado.

El diputado sostuvo que la justicia cívica permitiría resolver conflictos menores —ruido, maltrato animal, acumulación de basura y choques leves— sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí

La nueva ley, dijo, también fijó requisitos para los jueces cívicos que antes cada ayuntamiento definía a su libre albedrío: ahora deben ser abogados y acreditar cierta experiencia. Guajardo sostuvo que el sistema, además de aligerar la carga de la Fiscalía, contribuiría a una mejor convivencia y a la seguridad pública en los municipios, al tratarse de un mecanismo preventivo.

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El cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México

Por: Redacción

Con el objetivo de establecer disposiciones en apego a los ordenamientos normativos generales en materia de salud y de detección del cáncer, la diputada Frinné Azuara Yarzábal propuso una iniciativa para expedir la Ley para la Detección y Tratamiento Oportuno e Integral del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia del Estado.

Con esta nueva legislación, se busca coordinar de mejor manera la estrategia para canalizar los recursos materiales y humanos que requieren los menores de edad en el tratamiento de este padecimiento, de acuerdo con su condición física, garantizando con ello el derecho a la salud, del interés superior de la niñez y a la vida.

Indica que que el cáncer infantil y adolescente constituye una de las principales causas de mortalidad en menores de 18 años en México, con predominio de leucemias, linfomas y tumores del sistema nervioso central.

Además, señaló que la Ley General para la Detección Oportuna del Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, establece derechos y obligaciones que deben ser replicados y fortalecidos en el ámbito estatal.