Comparado con Canadá nuestro país libra, por ahora, aranceles a productos específicos

Por: Roberto Mendoza

El gobierno mexicano concluyó la tercera ronda de negociaciones para la revisión del tratado comercial de América del Norte en la Ciudad de México, con mesas de trabajo encabezadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

Este encuentro ocurrió en la misma ventana de tiempo en la que el Ejecutivo estadounidense anunció la imposición de un arancel global del 10 por ciento dirigido a 60 naciones, justificado oficialmente como una sanción contra el trabajo forzado en las cadenas de suministro.

Durante el intercambio de posiciones, la delegación estadounidense estableció que la viabilidad del acuerdo comercial está condicionada a una mayor cooperación bilateral en el control de la seguridad fronteriza y la gestión de recursos hídricos.

Frente a las exigencias operativas para endurecer las reglas de origen y aumentar el contenido regional, la estrategia técnica de México se centra en mantener el acceso libre de aranceles para el 85 por ciento de su volumen total de exportaciones. Sobre la medida punitiva global recién anunciada por Washington, la Secretaría de Economía determinó que el 80 por ciento de los envíos mexicanos hacia el mercado estadounidense no pagarán la tarifa del 10 por ciento

, al operar bajo el marco de cumplimiento del propio tratado.

El escenario comercial de México contrasta con la dinámica de negociación y las medidas aplicadas a Canadá. Tras la decisión de Estados Unidos de rechazar una extensión del tratado por 16 años y optar por un esquema de revisiones anuales hasta 2036, la administración estadounidense impuso un arancel adicional del 50 por ciento a bienes de origen canadiense, efectivo a partir de agosto de 2026. Esta tarifa está dirigida a sectores específicos como el alcohol, los lácteos y diversas líneas de productos no automotrices, operando sin las exenciones contempladas dentro de la normativa del acuerdo trilateral.

Las mesas de negociación continuarán su curso en los próximos meses con el objetivo, impulsado por Washington, de concentrar la producción industrial en la región y desplazar a las cadenas de suministro provenientes de otros continentes.

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Se busca congelar activos a personas y empresas supuestamente vinculadas a este grupo delictivo

Por Roberto Mendoza

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México ejecutaron una acción coordinada para sancionar a 55 sujetos vinculados a la red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación, designando además como nuevo líder de la organización a Juan Carlos González, alias “Pelón”, tras el fallecimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, en febrero de 2026. Al respecto, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, declaró: “El presidente Trump ha dejado claro que los cárteles terroristas serán desmantelados. Esta acción golpea el liderazgo, los financieros y las redes criminales del Cártel de Jalisco Nueva Generación, negándole al cártel los recursos que utiliza para traficar fentanilo, aterrorizar comunidades y amenazar la vida de los estadounidenses”.

En el ámbito nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera detectó indicadores de operaciones con recursos de procedencia ilícita que incluyen transferencias internacionales, compra de vehículos de alta gama, joyas, inmuebles y uso de activos virtuales, así como inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados en el sistema financiero. Derivado de estos hallazgos, la autoridad mexicana presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la República,

incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a los 55 objetivos señalados por las autoridades estadounidenses y sumó a ocho sujetos adicionales identificados mediante análisis independientes en el país.

Las sanciones impuestas en territorio estadounidense se fundamentan en las Órdenes Ejecutivas 14059 y 13224, enfocadas en combatir el tráfico internacional de drogas y el terrorismo internacional. Por su parte, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que la inmovilización de cuentas y la cooperación bilateral se mantienen en apego al marco jurídico vigente y a los estándares internacionales establecidos por el Grupo de Acción Financiera Internacional para salvaguardar la integridad del sistema financiero.

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Continuamente vemos cifras de cuánto dejó el turismo en un período determinado, pero ¿qué significan esos datos?

Por: Haniel Valdés Velázquez

Cada vez que termina una campaña de consumo turístico ocurre lo mismo en decenas de estados del país: gobiernos y cámaras empresariales anuncian, casi en cadena, su propia cifra de derrama económica.

Este año, el patrón se repitió puntualmente. A nivel nacional, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) reportó que “La Gran Escapada 2026 supera los 44 mil millones de pesos en derrama económica”, con la participación de 6,577 establecimientos y un crecimiento de 10% respecto a 2025, según informó Concanaco Servytur México, en un comunicado de prensa.

Guerrero reportó una derrama de 941 millones de pesos. Coahuila anunció 705 millones de pesos, con 168 establecimientos participantes y Saltillo como epicentro. San Luis Potosí sumó su propia cifra: 644 millones de pesos, con 310 establecimientos afiliados. Sinaloa, Puebla y otros estados hicieron anuncios equivalentes en sus propios comunicados.

El patrón es tan constante que rara vez se pregunta de dónde sale cada número. Y cuando se revisa la metodología, la respuesta es la misma en todos los casos: ninguna de estas cifras es un conteo, es una multiplicación.

La metodología detrás de estas campañas, que la Secretaría de Turismo federal documenta bajo el sistema DATATUR y que estados y cámaras replican a su escala, parte de multiplicar un gasto promedio del turista por un número estimado de visitantes. Ninguno de los dos insumos surge de un conteo real. El gasto promedio se calcula con encuestas por muestreo, la Encuesta de Ocupación Hotelera y la Encuesta Nacional de Viajes de los Residentes en México (ENVIT), que el INEGI levanta entre una muestra de establecimientos y viajeros, no entre la totalidad. El número de turistas suele extrapolarse de registros de ocupación hotelera.

En campañas como “El Buen Fin” o “La Gran Escapada”, el mecanismo se vuelve todavía más laxo, porque buena parte del dato final se construye con lo que las propias cámaras empresariales, Concanaco y sus filiales estatales, Canaco locales, reportan sobre sus afiliados. Es la misma organización que promueve la campaña, necesita mostrar resultados ante el gobierno federal y la prensa, y termina siendo también la que estima cuánto se gastó. No hay una auditoría independiente de boletos, cortes de caja o bitácoras de taxis detrás de ninguno de estos 44 mil millones nacionales, ni de los 941, los 705 o los 644 millones que cada estado presumió por separado.

La prueba de que el método falla: el Mundial

El ejemplo más claro de qué tan lejos puede desviarse una proyección de este tipo es el Mundial de futbol 2026, que México organizó junto con Estados Unidos y Canadá. Daniel Zaga, socio de Deloitte México, tuvo que recortar en 40% las proyecciones iniciales de turistas para el torneo, después de que el comportamiento real del gasto no correspondiera con las estimaciones.

También se documentó una caída de 5.7% entre el gasto turístico proyectado y el efectivamente registrado. Si un evento de escala mundial, con más instrumentos de medición que una campaña de fin de semana, tuvo que corregirse a la baja en esa magnitud, es razonable dudar de la precisión de cifras que se calculan con muestras más pequeñas y sin ese nivel de escrutinio.

Para ver si alguna de estas cifras estatales puede confirmarse con información independiente, se tomó como caso de prueba San Luis Potosí, no porque su cifra sea más cuestionable que la de otros estados, sino porque es la más reciente disponible, y se revisaron tres fuentes de datos oficiales: recaudación fiscal, encuestas de INEGI y las plataformas abiertas de Banco de México.

La Ley de Ingresos del Estado de San Luis Potosí para el Ejercicio Fiscal 2026 (Decreto 0337, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 24 de diciembre de 2025) fija en $65,785,414 pesos la estimación de recaudación del Impuesto Sobre Hospedaje para todo el año —un dato oficial y auditable, pero del año completo, no de los días específicos de una campaña.

La Encuesta de Viajeros Internacionales del INEGI, que sí cuenta viajeros por muestreo en puntos de entrada en lugar de depender del autorreporte de negocios, registró 9,741 turistas internacionales no fronterizos en SLP durante mayo de 2026, con una derrama superior a 7.3 millones de dólares según datos de INEGI, pero mide solo turismo internacional, una fracción del universo que campañas como “La Gran Escapada” buscan captar.

En el Sistema de Información Económica de Banco de México se pudo confirmar que SLP tuvo 63,951 terminales punto de venta activas a mediados de 2025, cifra que bajó a 57,403 hacia inicios de 2026, pero ni Banxico ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publican el monto en pesos gastado con tarjeta, desagregado por sector y por estado de forma cruzada. Esa información existe dentro de los bancos y las cámaras de compensación, pero no se hace pública a ese nivel de detalle.

El resultado del ejercicio es el mismo, sin importar qué estado se hubiera elegido como caso de prueba: ningún dato público, fiscal, estadístico o bancario, permite confirmar ni refutar la cifra de derrama que un gobierno estatal anuncia después de una campaña como “La Gran Escapada”. No es una falla de un estado en particular. Es un vacío estructural que se repite en los 32 comunicados que, cada año, multiplican un promedio por un estimado y lo presentan como un hecho consumado.

Entonces, ¿sí comprobó alguien estos datos? ¿Sí aportan al estado o a la ciudad estas altas cifras que continuamente comunican las direcciones de turismo?

No queda de otra que apelar a la confianza, que las autoridades nos den estimaciones basadas en las estadísticas reales y no en inflar datos para mostrar resultados de cara a la elecciones de 2027.

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