marzo 5, 2026

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De un cañonazo, AMLO gana la Sierra de San Miguelito | Columna de Jorge Saldaña

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TERCERA LLAMADA.

 

Y retiemble en sus centros la tierra. Andrés Manuel López Obrador hizo sonoro el rugir de su mandato en 111 mil hectáreas de tierra potosina.

Ayer lo adelantaba en mis apuntes, hoy cumplo con mi “crónica de guerra”: El comandante en jefe de la Cuatro Te, ganó la primer batalla de forma contundente con el cañonazo que ordenó a la generala Albores en San Luis al presentar el plan de manejo del Área Natural Protegida (ojo, presentar apenas… que lo acepten y adopten 35 núcleos agrarios será otro cantar) en la Sierra de San Miguelito.

Se consumó y rapidito, por parte del gobierno federal, y se blindó por parte del gobierno del estado el acuerdo que protege una porción tan enorme de territorio potosino que la ciudad cabría dos veces en el mismo.

¡Bravo! Lo celebro sin ser socarrón y sin sarcasmo. La Sierra tenía que ser protegida, fue una promesa presidencial y un compromiso del gobierno de Ricardo Gallardo que ambos cumplieron.

Se destacó que se dejaron fuera a los “intereses inmobiliarios” y hasta se hizo comparativa la declaratoria de territorio potosino con la protección al Lago de Texcoco, justo “donde el águila paró”, lugar donde los neoliberales querían poner un aeropuerto… que romántico, en serio, que bonito.

El tema se celebra a nivel nacional y con justicia, no hay duda. Que era absolutamente necesario e inaplazable, por supuesto que sí.

Ganó la justicia contra la avaricia, parece ser el mensaje enviado a todo el país ayer desde la capital potosina y lo festejo.

Hasta aquí vamos muy bien y los voceros, activistas y periodistas empapados del asunto (que en su envoltorio es bastante popular, pero en su contenido es algo más que denso) se palmean unos a otros por una declaratoria que parece (repito, parece) ya inapelable.

Sin embargo, quien esto escribe, asumiendo y siendo consciente del riesgo de ser bastante impopular, ser tachado de imprudente, Ecoloco, odia la naturaleza, vendido, fifí, chayotero, neoliberal, y cuanto quieran agregar, se permite enlistar algunas posturas, preguntas y reflexiones que ni la declaratoria general ni el acuerdo ayer signado me responden y que con su permiso comparto:

1) Dejemos fuera, porque ya lo están, a los inversionistas específicamente del proyecto Cañadas, al casi centenar de empresarios encabezados por el Chato López que se convirtió a momentos en la figura visible tras apellidos como Tamayo, Mahbub, Valladares, Del Valle y docenas y docenas más de familias adineradas que tuvieron el interés de urbanizar una franja de la Sierra. Ese negocio ya se les acabó, ni modo, apostaron y perdieron. No podrán urbanizar un solo metro cuadrado de las 2 mil hectáreas que pretendían convertir en oro.

2) El amparo 1364/2021-VIII interpuesto en el juzgado cuarto de distrito existe y no debe ser minimizado. Personalmente me ofende la opinión ligera de un activista que desdeñó el instrumento porque, según dijo, lo interpusieron “unos comuneros muy pobres” y yo me pregunto: señor Hernández, ¿desde cuándo un juicio de amparo solo puede ser promovido por señores “ricos”? No jodan. Lo mismo vale un amparo interpuesto por el más paupérrimo que por el más adinerado, hasta donde yo entiendo…

3) El recurso del amparo fue reconocido, aunque socarronamente, por la propia secretaria Albores ayer cuando ofreció su rueda de prensa en Palacio de Gobierno y salió a flote con la clásica de “me enteré por medios, pero no hemos sido notificados”.

4) El amparo, si bien no “tumba” la declaratoria ni el acuerdo, si mete una vez más el asunto en litigio, uno que no se resolverá de la noche a la mañana ni de un mes a otro, quizás ni de un sexenio a otro, es decir, el asunto va para largo en el terreno jurídico y mientras tanto, aunque parece que el compromiso está cumplido, el “prietito en el arroz” del amparo no puede ser desacreditado ni suprimido.

5) ¿Por qué se amparan las comunidades, ejidos y demás núcleos agrarios? ¿No se supone que serían los primeros interesados en estar protegidos? Pues no, evidentemente no están de acuerdo en el tamaño de la declaratoria federal por una sencilla razón: con el terreno público, la nación puede ordenar lo que le venga en gana, pero de todo ese territorio, resulta que una buena porción tiene dueños, mismos que se sienten (porque así lo manifestaron ayer) agraviados y desprotegidos por no ser tomados en cuenta en el destino que se le dará a SU propiedad y con el siguiente ejemplo espero pueda ser más explicativo:

6) Usted es dueño de su casa, no obstante, el gobierno federal decreta que su casa por ser tan bonita y tener características específicas, tendrá que ser museo. No le van a quitar su casa, seguirá siendo suya, sin embargo no la podrá usted usar como su hogar porque pues a partir de un decreto presidencial, pasará a ser muse

o. Eso sí, a usted le ofrecen, para mantenerse, imprimir y vender los boletos para entrar y ganarse el pan, pero ningún otro uso que usted quiera dar a su hogar estará permitido. Algo así le pasa a comuneros y ejidatarios de Escalerillas, San Juan de Guadalupe, Villa de Reyes, San José de Buenavista y otros 30 núcleos agrarios que sería ocioso transcribir.

7) ¿Estaría usted de acuerdo en que su propiedad tenga limitaciones, regulaciones y condicionantes impuestas por alguien más?

8) Las opciones para los inconformes son pocas: continuar interponiendo amparos y alargar así las certezas. Comenzar con marchas y manifestaciones rumbo a la Ciudad de México (a ver cuándo llegan), delimitar sus comunidades y no permitir acceso de ningún tipo a sus tierras (aunque sociales, son muy sus tierras); en una asamblea repartirse parcelas, lotes o lo que sea, dividir a como Dios les dé a entender y tener a tiro de piedra de la ciudad, un territorio de nadie, desordenado, sin servicios, sin certezas jurídicas, e inaugurar un cinturón de miseria en forma de gallineros, establos, vulcanizadoras, casas, lotes abandonados, porquerizas o residencias sin luz ni drenaje. En otras palabras, poner la primera piedra para un problema social enfermizo y exponencial.

9) ¿Dónde quedó entonces el Plan de Desarrollo Urbano que llevó años en elaborarse, consultar y publicar?

10) Quizás el punto más importante. ¿Para dónde va a crecer la ciudad? Aquí le dejo el mapa que en exclusiva pude obtener de la delimitación de la Área Natural Protegida. De acuerdo al mismo hay dos opciones: desarrollar rumbo al norponiente del aeropuerto (con sus asegunes de acuerdo a los usos de suelo) o hacia Soledad. No hay más y si acaso como alternativa construir privadas en parcelas en Villa de Zaragoza, Jassos y anexas. Ah… se me olvidaba, si hay una opción más: comprar el desarrollo libre de protección ambiental del Grupo México. Mire qué casualidad.

11) Las alternativas se agotan, por eso en la capital no hay más de unos 2 mil lotes disponibles en 25 desarrollos, casi todos a las orillas de la ciudad con precios que van desde los 4 mil 100 el más barato metro cuadrado, hasta de 12 mil 500 el más caro, con una ciudad que suma 20 mil autos nuevos al año y una Vía alterna que inicia y regresa a la misma carretera 57 a la que alivia en solo un tramo.

12) ¿Fue buena la declaratoria? Por supuesto, fue espléndida. El gobierno ya cumplió y como lo dijo la secretaria ayer, los comuneros tendrán acceso a recursos de la Conafor, de la Conagua y de la Semarnat… lo que no dijo es que esos recursos… pues son muy pocos, son de los que se recortaron y casi “ya no hay”, pero de que se cumplió, ni quién lo dude. El problema que venga, pues que lo resuelva la capital y el gobierno del estado. ¿Qué fácil no?

13) Mención aparte lleva el municipio de Villa de Reyes. Prácticamente no tiene un metro para dónde crecer. Todo es ANP. ¿Se convertirá entonces en un municipio exclusivo de sembrar piñones? Mire usted el mapa…

14) Solo como aclaración pertinente para los mal pensados: No, no estoy ni nunca estuve a favor de la urbanización de la Sierra, si un medio de comunicación fue crítico al proyecto Cañadas fue La Orquesta y hasta una demanda millonaria fue interpuesta en contra de quien esto escribe y contra de esta empresa por dar seguimiento al tema, no obstante eso no me limita a pensar en las consecuencias, daños o bondades colaterales así como reflexionar, acertada o equivocadamente, lo que, con permiso suyo, aquí he expresado.

Por supuesto que igual que la mayoría de los potosinos, deseo un futuro verde, una ciudad con agua, una capital con recursos, proteger al ambiente, su flora y su fauna, pero también quiero desarrollo, conectiviAdad, movilidad, prosperidad y orden en la ciudad, y eso nada más, porque 111 mil hectáreas fue un exceso y creo que vale la pena darle una pensada, ¿usted?

Hasta la próxima, Culto Público.

Atentamente,

Jorge Saldaña, el senderista en potencia.

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Aunque pierde todo en tribunales, la UASLP mantiene al IFSE “en el chori”

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Rodrigo Lecourtois insiste en revisar los recursos propios de la universidad que encabeza Alejandro Zermeño y advierte que negarse podría tener consecuencias legales tarde o temprano

Por: Jorge Saldaña

El auditor superior Rodrigo Lecourtois afirma que la autonomía universitaria no impide la fiscalización del dinero autogenerado. Advierte que la estrategia jurídica encabezada por la rectoría de Alejandro Zermeño Guerra ha sido derrotada en tribunales y que, si la negativa persiste, podrían venir consecuencias legales

El titular del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE), Rodrigo Lecourtois, reiteró que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) está obligada a permitir la revisión de sus recursos autogenerados, y advirtió que la estrategia jurídica con la que la rectoría encabezada por Alejandro Zermeño Guerra ha intentado evitar las auditorías ha sido sistemáticamente derrotada en tribunales.

En entrevista, Lecourtois sostuvo que la negativa de la universidad a abrir sus cuentas bajo el argumento de la autonomía universitaria no tiene sustento legal, pues la Constitución establece que todo recurso público debe ser fiscalizado.

El auditor recordó que desde principios de 2026 el IFSE solicitó formalmente la revisión de estos fondos, petición que —según dijo— la universidad prácticamente ignoró.

“Nos mandaron al chori”, dijo entonces Lecourtois, utilizando una expresión coloquial para describir que la solicitud fue desestimada por la rectoría.

Meses después, el conflicto permanece sin resolverse y con un historial jurídico que, según el propio auditor, no favorece a la universidad.

De acuerdo con lo expuesto por el titular del IFSE, cada recurso legal promovido por la defensa jurídica de la UASLP para frenar la auditoría ha sido rechazado por las instancias correspondientes, lo que debilita el argumento central de la rectoría encabezada por Zermeño: que revisar los recursos propios violaría la autonomía universitaria.

Lecourtois sostuvo que la autonomía protege la vida académica y administrativa de la universidad, pero no puede convertirse en un escudo para impedir la fiscalización de dinero público.

En ese contexto, advirtió que si la universidad mantiene su postura de negarse a la revisión, las consecuencias podrían escalar al terreno jurídico.

“La fiscalización no es opcional”, señaló.

El funcionario explicó que el IFSE está obligado por ley a revisar todos los recursos que ejerzan las instituciones públicas, incluidos aquellos que las universidades generan a través de cuotas, servicios, proyectos o convenios.

La disputa entre el IFSE y la UASLP, encabezada por el rector Alejandro Zermeño Guerra, lleva ya varios años en tribunales y se ha convertido en uno de los debates más delicados sobre los límites entre la autonomía universitaria y la rendición de cuentas.

Mientras la rectoría ha insistido en que auditar estos recursos vulneraría la autonomía institucional, el órgano fiscalizador dirigido por Rodrigo Lecourtois sostiene que la transparencia es una obligación constitucional.

Hasta ahora, sin embargo, el conflicto mantiene un matiz incómodo para ambas partes: la universidad ha perdido sus batallas legales, pero el IFSE aún no ha logrado abrir completamente las cuentas que busca revisar.

Por ello, Lecourtois insistió en que la salida más razonable sería que la universidad permita la revisión.

De lo contrario, advirtió, la presión jurídica podría incrementarse.

En otras palabras, el auditor dejó abierta una posibilidad incómoda para la rectoría de Zermeño: que el tema deje de ser una discusión administrativa y termine escalando a responsabilidades legales.

Y en ese escenario, la pregunta que queda en el aire es simple: si este año la universidad volverá a “mandar al chori” al órgano fiscalizador… o si finalmente abrirá sus cuentas.

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Tren Querétaro–SLP–Saltillo arrancaría obras este mismo año

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El gobernador Ricardo Gallardo detalló que el sistema ferroviario tendría alrededor de 900 kilómetros de recorrido

Por: Redacción

Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, informó que el proyecto del tren de pasajeros que conectará a la entidad con Querétaro y Saltillo contempla varias estaciones dentro del territorio potosino, incluida una posible terminal en la capital.

El mandatario estatal explicó que la propuesta fue revisada durante una reunión con Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes

(SICT), donde se analizaron los trazos preliminares de los tramos Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.

“Ya tuvimos acceso a todo el proyecto. Contempla estaciones en San Luis Potosí capital y estamos revisando si el Museo del Ferrocarril puede convertirse en una gran estación en La Alameda”, explicó.

El gobernador señaló que la intención es que el tren llegue a la zona de La Alameda, lo que permitiría recuperar el valor histórico d el sistema ferroviario en la ciudad.

De acuerdo con el planteamiento presentado, las estaciones en territorio potosino incluirían Ahualulco, Moctezuma, Venado, Charcas y Real de Catorce, antes de continuar su trayecto hacia Saltillo.

Gallardo Cardona detalló que los nuevos tramos ferroviarios se construirían de manera paralela a las vías existentes, con el objetivo de agilizar los procesos de liberación de derecho de vía y facilitar la ejecución del proyecto.

El sistema ferroviario tendría una extensión aproximada de 900 kilómetros en total, considerando las rutas Querétaro–San Luis Potosí y San Luis Potosí–Saltillo.

En el caso del tramo hacia Querétaro, también se contemplan estaciones en Villa de Reyes y Santa María del Río, antes de llegar a la capital potosina.

El mandatario calificó el plan como “un proyecto muy ambicioso” y adelantó que la intención del gobierno federal es que las obras arranquen este mismo año.

Además, aseguró que el servicio tendría tarifas competitivas: “El costo será muy accesible, a nivel de autobús o incluso más barato”, afirmó.

Finalmente, destacó que el tren de pasajeros ayudaría a reducir la carga de tránsito en la carretera 57, especialmente en el traslado de pasajeros entre estados del Bajío y el norte del país.

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Objeción de conciencia y desinformación frenan acceso al aborto legal en SLP

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Activistas señalaron que habitantes de Rioverde y Ciudad Valles deben trasladarse hasta la capital para recibir atención

Por: Redacción

A un año de que el aborto fuera despenalizado en San Luis Potosí, integrantes de la Colectiva ILE señalaron que, aunque el derecho ya está reconocido en la ley, el acceso real al servicio aún enfrenta diversos obstáculos en el sistema de salud.

De acuerdo con Quadratín, Nuria, integrante del colectivo, explicó que actualmente las principales instituciones que brindan la interrupción legal del embarazo de manera gratuita son IMSS Bienestar, IMSS e ISSSTE. Sin embargo, advirtió que muchas mujeres todavía desconocen dónde pueden acudir o cuál es el procedimiento para solicitar el servicio.

También señaló que una parte importante de las solicitudes proviene de municipios como Rioverde y Ciudad Valles, cuyos habitantes deben trasladarse hasta la capital potosina para recibir atención, lo que implica gastos de transporte y otras barreras económicas que dificultan el acceso

.

Otro de los problemas detectados dentro de los hospitales es la objeción de conciencia por parte de personal médico, la cual, afirmó, en muchos casos no se encuentra debidamente justificada y termina funcionando como una barrera para acceder al servicio.

Finalmente, la activista recordó que aún está pendiente una reforma para homologar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, con el objetivo de que la negación del servicio de interrupción legal del embarazo pueda ser reconocida como violencia institucional.

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