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De un cañonazo, AMLO gana la Sierra de San Miguelito | Columna de Jorge Saldaña
TERCERA LLAMADA.
Y retiemble en sus centros la tierra. Andrés Manuel López Obrador hizo sonoro el rugir de su mandato en 111 mil hectáreas de tierra potosina.
Ayer lo adelantaba en mis apuntes, hoy cumplo con mi “crónica de guerra”: El comandante en jefe de la Cuatro Te, ganó la primer batalla de forma contundente con el cañonazo que ordenó a la generala Albores en San Luis al presentar el plan de manejo del Área Natural Protegida (ojo, presentar apenas… que lo acepten y adopten 35 núcleos agrarios será otro cantar) en la Sierra de San Miguelito.
Se consumó y rapidito, por parte del gobierno federal, y se blindó por parte del gobierno del estado el acuerdo que protege una porción tan enorme de territorio potosino que la ciudad cabría dos veces en el mismo.
¡Bravo! Lo celebro sin ser socarrón y sin sarcasmo. La Sierra tenía que ser protegida, fue una promesa presidencial y un compromiso del gobierno de Ricardo Gallardo que ambos cumplieron.
Se destacó que se dejaron fuera a los “intereses inmobiliarios” y hasta se hizo comparativa la declaratoria de territorio potosino con la protección al Lago de Texcoco, justo “donde el águila paró”, lugar donde los neoliberales querían poner un aeropuerto… que romántico, en serio, que bonito.
El tema se celebra a nivel nacional y con justicia, no hay duda. Que era absolutamente necesario e inaplazable, por supuesto que sí.
Ganó la justicia contra la avaricia, parece ser el mensaje enviado a todo el país ayer desde la capital potosina y lo festejo.
Hasta aquí vamos muy bien y los voceros, activistas y periodistas empapados del asunto (que en su envoltorio es bastante popular, pero en su contenido es algo más que denso) se palmean unos a otros por una declaratoria que parece (repito, parece) ya inapelable.
Sin embargo, quien esto escribe, asumiendo y siendo consciente del riesgo de ser bastante impopular, ser tachado de imprudente, Ecoloco, odia la naturaleza, vendido, fifí, chayotero, neoliberal, y cuanto quieran agregar, se permite enlistar algunas posturas, preguntas y reflexiones que ni la declaratoria general ni el acuerdo ayer signado me responden y que con su permiso comparto:
1) Dejemos fuera, porque ya lo están, a los inversionistas específicamente del proyecto Cañadas, al casi centenar de empresarios encabezados por el Chato López que se convirtió a momentos en la figura visible tras apellidos como Tamayo, Mahbub, Valladares, Del Valle y docenas y docenas más de familias adineradas que tuvieron el interés de urbanizar una franja de la Sierra. Ese negocio ya se les acabó, ni modo, apostaron y perdieron. No podrán urbanizar un solo metro cuadrado de las 2 mil hectáreas que pretendían convertir en oro.
2) El amparo 1364/2021-VIII interpuesto en el juzgado cuarto de distrito existe y no debe ser minimizado. Personalmente me ofende la opinión ligera de un activista que desdeñó el instrumento porque, según dijo, lo interpusieron “unos comuneros muy pobres” y yo me pregunto: señor Hernández, ¿desde cuándo un juicio de amparo solo puede ser promovido por señores “ricos”? No jodan. Lo mismo vale un amparo interpuesto por el más paupérrimo que por el más adinerado, hasta donde yo entiendo…
3) El recurso del amparo fue reconocido, aunque socarronamente, por la propia secretaria Albores ayer cuando ofreció su rueda de prensa en Palacio de Gobierno y salió a flote con la clásica de “me enteré por medios, pero no hemos sido notificados”.
4) El amparo, si bien no “tumba” la declaratoria ni el acuerdo, si mete una vez más el asunto en litigio, uno que no se resolverá de la noche a la mañana ni de un mes a otro, quizás ni de un sexenio a otro, es decir, el asunto va para largo en el terreno jurídico y mientras tanto, aunque parece que el compromiso está cumplido, el “prietito en el arroz” del amparo no puede ser desacreditado ni suprimido.
5) ¿Por qué se amparan las comunidades, ejidos y demás núcleos agrarios? ¿No se supone que serían los primeros interesados en estar protegidos? Pues no, evidentemente no están de acuerdo en el tamaño de la declaratoria federal por una sencilla razón: con el terreno público, la nación puede ordenar lo que le venga en gana, pero de todo ese territorio, resulta que una buena porción tiene dueños, mismos que se sienten (porque así lo manifestaron ayer) agraviados y desprotegidos por no ser tomados en cuenta en el destino que se le dará a SU propiedad y con el siguiente ejemplo espero pueda ser más explicativo:
6) Usted es dueño de su casa, no obstante, el gobierno federal decreta que su casa por ser tan bonita y tener características específicas, tendrá que ser museo. No le van a quitar su casa, seguirá siendo suya, sin embargo no la podrá usted usar como su hogar porque pues a partir de un decreto presidencial, pasará a ser muse 
7) ¿Estaría usted de acuerdo en que su propiedad tenga limitaciones, regulaciones y condicionantes impuestas por alguien más?
8) Las opciones para los inconformes son pocas: continuar interponiendo amparos y alargar así las certezas. Comenzar con marchas y manifestaciones rumbo a la Ciudad de México (a ver cuándo llegan), delimitar sus comunidades y no permitir acceso de ningún tipo a sus tierras (aunque sociales, son muy sus tierras); en una asamblea repartirse parcelas, lotes o lo que sea, dividir a como Dios les dé a entender y tener a tiro de piedra de la ciudad, un territorio de nadie, desordenado, sin servicios, sin certezas jurídicas, e inaugurar un cinturón de miseria en forma de gallineros, establos, vulcanizadoras, casas, lotes abandonados, porquerizas o residencias sin luz ni drenaje. En otras palabras, poner la primera piedra para un problema social enfermizo y exponencial.
9) ¿Dónde quedó entonces el Plan de Desarrollo Urbano que llevó años en elaborarse, consultar y publicar?
10) Quizás el punto más importante. ¿Para dónde va a crecer la ciudad? Aquí le dejo el mapa que en exclusiva pude obtener de la delimitación de la Área Natural Protegida. De acuerdo al mismo hay dos opciones: desarrollar rumbo al norponiente del aeropuerto (con sus asegunes de acuerdo a los usos de suelo) o hacia Soledad. No hay más y si acaso como alternativa construir privadas en parcelas en Villa de Zaragoza, Jassos y anexas. Ah… se me olvidaba, si hay una opción más: comprar el desarrollo libre de protección ambiental del Grupo México. Mire qué casualidad.
11) Las alternativas se agotan, por eso en la capital no hay más de unos 2 mil lotes disponibles en 25 desarrollos, casi todos a las orillas de la ciudad con precios que van desde los 4 mil 100 el más barato metro cuadrado, hasta de 12 mil 500 el más caro, con una ciudad que suma 20 mil autos nuevos al año y una Vía alterna que inicia y regresa a la misma carretera 57 a la que alivia en solo un tramo.
12) ¿Fue buena la declaratoria? Por supuesto, fue espléndida. El gobierno ya cumplió y como lo dijo la secretaria ayer, los comuneros tendrán acceso a recursos de la Conafor, de la Conagua y de la Semarnat… lo que no dijo es que esos recursos… pues son muy pocos, son de los que se recortaron y casi “ya no hay”, pero de que se cumplió, ni quién lo dude. El problema que venga, pues que lo resuelva la capital y el gobierno del estado. ¿Qué fácil no?
13) Mención aparte lleva el municipio de Villa de Reyes. Prácticamente no tiene un metro para dónde crecer. Todo es ANP. ¿Se convertirá entonces en un municipio exclusivo de sembrar piñones? Mire usted el mapa…
14) Solo como aclaración pertinente para los mal pensados: No, no estoy ni nunca estuve a favor de la urbanización de la Sierra, si un medio de comunicación fue crítico al proyecto Cañadas fue La Orquesta y hasta una demanda millonaria fue interpuesta en contra de quien esto escribe y contra de esta empresa por dar seguimiento al tema, no obstante eso no me limita a pensar en las consecuencias, daños o bondades colaterales así como reflexionar, acertada o equivocadamente, lo que, con permiso suyo, aquí he expresado.
Por supuesto que igual que la mayoría de los potosinos, deseo un futuro verde, una ciudad con agua, una capital con recursos, proteger al ambiente, su flora y su fauna, pero también quiero desarrollo, conectiviAdad, movilidad, prosperidad y orden en la ciudad, y eso nada más, porque 111 mil hectáreas fue un exceso y creo que vale la pena darle una pensada, ¿usted?
Hasta la próxima, Culto Público.
Atentamente,
Jorge Saldaña, el senderista en potencia.
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Guerra de nóminas: Está en juego juicio político contra Galindo o pérdida de curul de Gámez
El cruce de acusaciones entre el alcalde Enrique Galindo y el presidente de la mesa directiva del congreso local en San Luis Potosí, diputado Luis Fernando Gámez, abrió dos rutas legales: una revisión a contratos municipales por honorarios y una posible causal de pérdida del cargo legislativo
Por: Haniel Valdés
El conflicto político entre el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos, y el diputado local Luis Fernando Gámez Macías escaló de las declaraciones públicas a un terreno jurídico de mayores consecuencias. Mientras Gámez amagó con promover juicio político contra el presidente municipal por la contratación de Carlos Enrique Dahud Uresti, dirigente estatal en funciones del PAN, Galindo respondió con un señalamiento que, de comprobarse, tendría efectos directos sobre el legislador: la posible pérdida de su curul si actualmente cobrara también en el Gobierno del Estado.
El intercambio dejó dos preguntas legales abiertas. La primera, si el Ayuntamiento capitalino puede pagar honorarios a Dahud Uresti sin que ello implique uso indebido de recursos públicos con fines partidistas. La segunda, si Gámez Macías mantiene o mantuvo simultáneamente un cargo remunerado en la Secretaría General de Gobierno después de haber rendido protesta como diputado local.
El caso de Dahud Uresti se hizo público el lunes, cuando el dirigente panista fue cuestionado por la periodista Ana Dora Cabrera, en conferencia de prensa sobre una posible relación contractual con el Ayuntamiento. Ante la pregunta, remitió a la comunicadora a los mecanismos de transparencia. Un día después, Galindo confirmó que Dahud sí cobra en la administración municipal.
“Sí, Enrique cobra en el Ayuntamiento, no es ilegal, no es aviador tampoco. Cumple una función con un contrato de honorarios”, declaró el alcalde. Diversas fuentes ubican el pago en aproximadamente 28 mil pesos mensuales.
La Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí no prohíbe expresamente que un ayuntamiento contrate a un dirigente partidista. Sin embargo, el artículo 32, fracción VI, establece que los ayuntamientos no pueden “autorizar o destinar recursos humanos y partidas para el financiamiento de campañas políticas de partidos o candidatos” lo que no es el caso pues no hay campaña en el PAN ni Dahud es candidato.
En reacción, Gámez Macías anunció que solicitará al Instituto de Fiscalización Superior del Estado una revisión especial de las contrataciones por honorarios del Ayuntamiento de San Luis Potosí. Además, adelantó que presentará denuncias ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, el Instituto Nacional Electoral y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. En ese mismo contexto, advirtió que podría impulsar un juicio político contra Galindo por el presunto uso irregular de recursos públicos.
Galindo, por su parte, sostuvo que puede acreditar la función que desempeña Dahud dentro de la administración municipal y respondió con un señalamiento contra el diputado. El alcalde afirmó que registros de transparencia ubican a Gámez como director general en la Secretaría General de Gobierno, con un sueldo cercano a los 32 mil pesos mensuales
La consecuencia jurídica de ese supuesto sería mayor para el legislador. El artículo 49 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí prohíbe que los diputados desempeñen, sin licencia del Congreso, cargos o empleos remunerados en los gobiernos federal, estatal o municipal. La propia norma establece que la infracción se castiga con la pérdida del cargo.
Documentos atribuidos a la Secretaría General de Gobierno, citados por medios potosinos señalan que Gámez presentó renuncia voluntaria e irrevocable al cargo el 29 de febrero de 2024, con efectos a partir del 1 de marzo de ese año. Es decir, más de seis meses antes de asumir como diputado local.
Los documentos referidos incluyen un aviso de suspensión de pago y un movimiento de personal con folio SGG/127/2024. No obstante, también existe un documento atribuido a la CEGAIP actualizado al 30 de agosto del presente año en el que aparece el nombre del legislador como Director de área en la SGG.
Tanto el contrato de Dahud como el expediente de personal de Gámez pueden solicitarse por la vía de transparencia, pero la Plataforma Estatal de Transparencia permanece suspendida desde el 5 de octubre debido a trabajos de actualización y adecuación, según informó la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública a través de sus redes sociales 8 días después.
La CEGAIP prevé reanudar el sistema el 19 de octubre. Mientras tanto, los registros de honorarios del Ayuntamiento capitalino y los datos de personal de la Secretaría General de Gobierno no pueden consultarse en esa plataforma.
En juego está la amenaza de juicio político contra el alcalde o la pérdida de la curul por parte de Gámez.
También lee: Galindo revira a Gámez: cobra en Gobierno y Congreso; exige que deje la Directiva
El diputado de Morena presentó en abril la reforma que obligaría a los ayuntamientos a incluir una partida anual para los bomberos
Por: Haniel Valdés
El diputado local Luis Emilio Rosas Montiel dijo que su iniciativa para obligar a los municipios a destinar dinero a los bomberos sigue en comisiones, unos seis meses después de que la presentó. La propuesta, de abril, reforma la Ley Orgánica del Municipio Libre para que los 59 ayuntamientos incluyan una partida anual para los cuerpos de bomberos.
Explicó que la iniciativa, que dijo tiene el visto bueno del comandante Adolfo Benavente Duque y de los bomberos, obliga a los municipios a incluir ese monto en el paquete económico que envían al Congreso y a visitar las estaciones para hacer un inventario de sus deficiencias.
Rosas Montiel dijo que el problema no es solo de la zona metropolitana, sino también de Matehuala, Ciudad Valles y Rioverde. “No es posible que ni siquiera pongan para la gasolina, muchos de ellos”, afirmó.
Según sus cifras, el cuerpo de bomberos metropolitano tiene un déficit de 38 millones de pesos. Afirmó que, de los nueve municipios a los que da servicio, solo uno aporta, y que de las ocho estaciones únicamente cuatro están en servicio.
El patronato de los bomberos señaló otra cuenta: recibe 1.85 millones de pesos al mes del Gobierno del Estado y de los ayuntamientos de la capital y Soledad, y opera con un déficit mensual de 800 mil a 900 mil pesos. Dijo también que solo cuatro estaciones abren las 24 horas y que otras lo hacen “un día sí y un día no”.
El diputado aseguró que el último camión nuevo que se donó a los bomberos de la zona metropolitana fue en el año 2000, hace 26 años. Dijo además que los trajes de protección son donados desde Estados Unidos y que los bomberos le han comentado que entran a los incendios sin saber si tienen algún químico que los haga prenderse.
Sobre el avance de la iniciativa, señaló que está en la Comisión de Régimen Interno, que dijo que preside Rubén Guajardo, y que hay que hacer el cabildeo. “Estaré dándole seguimiento como a todas las iniciativas que tengo”, afirmó.
También lee: Bomberos atienden a nueve municipios, pero sólo dos les pagan
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Diputados modifican las reglas del Impuesto Sobre la Renta para pequeños contribuyentes y grandes empresas
El ajuste amplía el techo del régimen simplificado y acota los gastos deducibles de las corporaciones
Por: Roberto Mendoza
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados avaló en lo general, con 349 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención, el proyecto enviado por el Ejecutivo Federal para reformar el cobro del Impuesto Sobre la Renta. Durante la presentación del documento, Carol Antonio Altamirano, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, resumió el objetivo de los controles incorporados: “Se combate el uso indebido de facturas y deducciones”.
Para el sector de menores ingresos, el ajuste permite que profesionistas, arrendadores y dueños de micronegocios que perciban hasta cinco millones de pesos al año —un millón y medio más que el tope previo— tributen en el Régimen Simplificado de Confianza con una tasa máxima mensual del 2.50 por ciento. El esquema se extiende además a negocios que facturen hasta 50 millones de pesos anuales, y los productores del campo y la pesca quedan exentos de impuestos hasta por un millón de pesos.
Por el contrario, a las compañías con ingresos superiores a 50 millones de pesos anuales se les restringe el porcentaje de gastos operativos y de pérdidas de años anteriores que pueden descontar. También se reduce del 30 al 20 por ciento
Respecto a estos candados, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas advirtió que aplicar un límite generalizado, en vez de detectar individualmente las facturas improcedentes, posterga las deducciones excedentes hasta por veinte años e incrementa el pago inmediato del impuesto para las industrias manufactureras y comerciales que operan con márgenes de utilidad reducidos.
La reforma también fija en la ley, con vigencia hasta 2030, incentivos fiscales para descontar de inmediato las inversiones y los gastos en capacitación e innovación dentro del Plan México y en los corredores industriales del Istmo de Tehuantepec, Yucatán y de economía circular. Con estas medidas, el Gobierno Federal proyecta simplificar el pago de contribuciones, frenar a las empresas factureras y captar mayores recursos para programas sociales y obras de infraestructura.
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