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De un cañonazo, AMLO gana la Sierra de San Miguelito | Columna de Jorge Saldaña
TERCERA LLAMADA.
Y retiemble en sus centros la tierra. Andrés Manuel López Obrador hizo sonoro el rugir de su mandato en 111 mil hectáreas de tierra potosina.
Ayer lo adelantaba en mis apuntes, hoy cumplo con mi “crónica de guerra”: El comandante en jefe de la Cuatro Te, ganó la primer batalla de forma contundente con el cañonazo que ordenó a la generala Albores en San Luis al presentar el plan de manejo del Área Natural Protegida (ojo, presentar apenas… que lo acepten y adopten 35 núcleos agrarios será otro cantar) en la Sierra de San Miguelito.
Se consumó y rapidito, por parte del gobierno federal, y se blindó por parte del gobierno del estado el acuerdo que protege una porción tan enorme de territorio potosino que la ciudad cabría dos veces en el mismo.
¡Bravo! Lo celebro sin ser socarrón y sin sarcasmo. La Sierra tenía que ser protegida, fue una promesa presidencial y un compromiso del gobierno de Ricardo Gallardo que ambos cumplieron.
Se destacó que se dejaron fuera a los “intereses inmobiliarios” y hasta se hizo comparativa la declaratoria de territorio potosino con la protección al Lago de Texcoco, justo “donde el águila paró”, lugar donde los neoliberales querían poner un aeropuerto… que romántico, en serio, que bonito.
El tema se celebra a nivel nacional y con justicia, no hay duda. Que era absolutamente necesario e inaplazable, por supuesto que sí.
Ganó la justicia contra la avaricia, parece ser el mensaje enviado a todo el país ayer desde la capital potosina y lo festejo.
Hasta aquí vamos muy bien y los voceros, activistas y periodistas empapados del asunto (que en su envoltorio es bastante popular, pero en su contenido es algo más que denso) se palmean unos a otros por una declaratoria que parece (repito, parece) ya inapelable.
Sin embargo, quien esto escribe, asumiendo y siendo consciente del riesgo de ser bastante impopular, ser tachado de imprudente, Ecoloco, odia la naturaleza, vendido, fifí, chayotero, neoliberal, y cuanto quieran agregar, se permite enlistar algunas posturas, preguntas y reflexiones que ni la declaratoria general ni el acuerdo ayer signado me responden y que con su permiso comparto:
1) Dejemos fuera, porque ya lo están, a los inversionistas específicamente del proyecto Cañadas, al casi centenar de empresarios encabezados por el Chato López que se convirtió a momentos en la figura visible tras apellidos como Tamayo, Mahbub, Valladares, Del Valle y docenas y docenas más de familias adineradas que tuvieron el interés de urbanizar una franja de la Sierra. Ese negocio ya se les acabó, ni modo, apostaron y perdieron. No podrán urbanizar un solo metro cuadrado de las 2 mil hectáreas que pretendían convertir en oro.
2) El amparo 1364/2021-VIII interpuesto en el juzgado cuarto de distrito existe y no debe ser minimizado. Personalmente me ofende la opinión ligera de un activista que desdeñó el instrumento porque, según dijo, lo interpusieron “unos comuneros muy pobres” y yo me pregunto: señor Hernández, ¿desde cuándo un juicio de amparo solo puede ser promovido por señores “ricos”? No jodan. Lo mismo vale un amparo interpuesto por el más paupérrimo que por el más adinerado, hasta donde yo entiendo…
3) El recurso del amparo fue reconocido, aunque socarronamente, por la propia secretaria Albores ayer cuando ofreció su rueda de prensa en Palacio de Gobierno y salió a flote con la clásica de “me enteré por medios, pero no hemos sido notificados”.
4) El amparo, si bien no “tumba” la declaratoria ni el acuerdo, si mete una vez más el asunto en litigio, uno que no se resolverá de la noche a la mañana ni de un mes a otro, quizás ni de un sexenio a otro, es decir, el asunto va para largo en el terreno jurídico y mientras tanto, aunque parece que el compromiso está cumplido, el “prietito en el arroz” del amparo no puede ser desacreditado ni suprimido.
5) ¿Por qué se amparan las comunidades, ejidos y demás núcleos agrarios? ¿No se supone que serían los primeros interesados en estar protegidos? Pues no, evidentemente no están de acuerdo en el tamaño de la declaratoria federal por una sencilla razón: con el terreno público, la nación puede ordenar lo que le venga en gana, pero de todo ese territorio, resulta que una buena porción tiene dueños, mismos que se sienten (porque así lo manifestaron ayer) agraviados y desprotegidos por no ser tomados en cuenta en el destino que se le dará a SU propiedad y con el siguiente ejemplo espero pueda ser más explicativo:
6) Usted es dueño de su casa, no obstante, el gobierno federal decreta que su casa por ser tan bonita y tener características específicas, tendrá que ser museo. No le van a quitar su casa, seguirá siendo suya, sin embargo no la podrá usted usar como su hogar porque pues a partir de un decreto presidencial, pasará a ser muse o. Eso sí, a usted le ofrecen, para mantenerse, imprimir y vender los boletos para entrar y ganarse el pan, pero ningún otro uso que usted quiera dar a su hogar estará permitido. Algo así le pasa a comuneros y ejidatarios de Escalerillas, San Juan de Guadalupe, Villa de Reyes, San José de Buenavista y otros 30 núcleos agrarios que sería ocioso transcribir.
7) ¿Estaría usted de acuerdo en que su propiedad tenga limitaciones, regulaciones y condicionantes impuestas por alguien más?
8) Las opciones para los inconformes son pocas: continuar interponiendo amparos y alargar así las certezas. Comenzar con marchas y manifestaciones rumbo a la Ciudad de México (a ver cuándo llegan), delimitar sus comunidades y no permitir acceso de ningún tipo a sus tierras (aunque sociales, son muy sus tierras); en una asamblea repartirse parcelas, lotes o lo que sea, dividir a como Dios les dé a entender y tener a tiro de piedra de la ciudad, un territorio de nadie, desordenado, sin servicios, sin certezas jurídicas, e inaugurar un cinturón de miseria en forma de gallineros, establos, vulcanizadoras, casas, lotes abandonados, porquerizas o residencias sin luz ni drenaje. En otras palabras, poner la primera piedra para un problema social enfermizo y exponencial.
9) ¿Dónde quedó entonces el Plan de Desarrollo Urbano que llevó años en elaborarse, consultar y publicar?
10) Quizás el punto más importante. ¿Para dónde va a crecer la ciudad? Aquí le dejo el mapa que en exclusiva pude obtener de la delimitación de la Área Natural Protegida. De acuerdo al mismo hay dos opciones: desarrollar rumbo al norponiente del aeropuerto (con sus asegunes de acuerdo a los usos de suelo) o hacia Soledad. No hay más y si acaso como alternativa construir privadas en parcelas en Villa de Zaragoza, Jassos y anexas. Ah… se me olvidaba, si hay una opción más: comprar el desarrollo libre de protección ambiental del Grupo México. Mire qué casualidad.

11) Las alternativas se agotan, por eso en la capital no hay más de unos 2 mil lotes disponibles en 25 desarrollos, casi todos a las orillas de la ciudad con precios que van desde los 4 mil 100 el más barato metro cuadrado, hasta de 12 mil 500 el más caro, con una ciudad que suma 20 mil autos nuevos al año y una Vía alterna que inicia y regresa a la misma carretera 57 a la que alivia en solo un tramo.
12) ¿Fue buena la declaratoria? Por supuesto, fue espléndida. El gobierno ya cumplió y como lo dijo la secretaria ayer, los comuneros tendrán acceso a recursos de la Conafor, de la Conagua y de la Semarnat… lo que no dijo es que esos recursos… pues son muy pocos, son de los que se recortaron y casi “ya no hay”, pero de que se cumplió, ni quién lo dude. El problema que venga, pues que lo resuelva la capital y el gobierno del estado. ¿Qué fácil no?
13) Mención aparte lleva el municipio de Villa de Reyes. Prácticamente no tiene un metro para dónde crecer. Todo es ANP. ¿Se convertirá entonces en un municipio exclusivo de sembrar piñones? Mire usted el mapa…

14) Solo como aclaración pertinente para los mal pensados: No, no estoy ni nunca estuve a favor de la urbanización de la Sierra, si un medio de comunicación fue crítico al proyecto Cañadas fue La Orquesta y hasta una demanda millonaria fue interpuesta en contra de quien esto escribe y contra de esta empresa por dar seguimiento al tema, no obstante eso no me limita a pensar en las consecuencias, daños o bondades colaterales así como reflexionar, acertada o equivocadamente, lo que, con permiso suyo, aquí he expresado.
Por supuesto que igual que la mayoría de los potosinos, deseo un futuro verde, una ciudad con agua, una capital con recursos, proteger al ambiente, su flora y su fauna, pero también quiero desarrollo, conectiviAdad, movilidad, prosperidad y orden en la ciudad, y eso nada más, porque 111 mil hectáreas fue un exceso y creo que vale la pena darle una pensada, ¿usted?
Hasta la próxima, Culto Público.
Atentamente,
Jorge Saldaña, el senderista en potencia.
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Minería potosina crece en fluorita, pero cae en plata y cobre
La producción minerometalúrgica nacional cayó 10.5% anual en agosto, pero SLP creció en fluorita y zinc
Por: Ana G Silva
La producción minera de San Luis Potosí registró resultados mixtos durante agosto de 2026: mientras la extracción de fluorita y zinc reportó incrementos anuales, la producción de plata y cobre disminuyó, de acuerdo con los indicadores de la Industria Minerometalúrgica publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
El mayor avance correspondió a la fluorita, mineral en el que la entidad mantiene una participación importante a nivel nacional. Durante agosto, San Luis Potosí produjo 46 mil 647 toneladas, frente a las 45 mil 959 toneladas del mismo mes de 2025, lo que representó un crecimiento anual de 1.5%.
En el ámbito nacional, la producción de fluorita alcanzó 69 mil 556 toneladas, también con un incremento anual de 1.7%. Con ello, San Luis Potosí concentró cerca de dos terceras partes del volumen reportado en el país durante ese mes, lo que confirma la relevancia de este mineral dentro de la actividad extractiva estatal.
Otro mineral que mostró un comportamiento positivo fue el zinc. La producción potosina pasó de mil 592 toneladas en agosto de 2025 a mil 612 toneladas en el mismo mes de este año, un aumento de 1.3%. Este resultado contrastó con el desempeño nacional, donde la producción de zinc disminuyó 27.4% anual.
En contraste, la producción de plata en San Luis Potosí descendió 3.6%, al pasar de 14 mil 66 kilogramos en agosto del año pasado a 13 mil 554 kilogramos en agosto de 2026. La diferencia representó 512 kilogramos
menos en el periodo comparado.El cobre también registró una disminución en la entidad. La producción pasó de 2 mil 357 toneladas a 2 mil 321 toneladas, una caída anual de 1.5%. El comportamiento potosino se ubicó por debajo de la tendencia nacional, donde la producción de este metal aumentó 2.3%, hasta alcanzar 42 mil 783 toneladas.
CAE LA PRODUCCIÓN MINEROMETALÚRGICA NACIONAL
Los resultados estatales se presentan en un contexto de contracción de la industria minerometalúrgica nacional. De acuerdo con el INEGI, durante agosto de 2026 la producción minerometalúrgica del país disminuyó 0.1% respecto al mes anterior y 10.5% en comparación con agosto de 2025, con cifras desestacionalizadas.
Por mineral, las cifras originales también reflejaron diferencias entre productos. Durante agosto aumentó la producción nacional de fluorita, yeso, cobre, azufre, carbón no coquizable y pellets de fierro, mientras que disminuyó la de zinc, plomo, oro y plata.
Entre los incrementos destacó la producción de pellets de fierro, con un crecimiento anual de 17.4%; entre las caídas, el zinc retrocedió 27.4%, el plomo 25%, el oro 21.7% y la plata 12.9%.
En el caso de San Luis Potosí, los indicadores permiten observar que algunos minerales mantuvieron una evolución positiva pese a la contracción general de la producción minerometalúrgica nacional.
Los datos de agosto de 2026 son preliminares, según la publicación del INEGI.
También lee: La minería potosina se sostiene en la fluorita, mientras el cobre cae 20 %
Congreso del Estado
Restricción de celulares en aulas arrancará el 3 de noviembre: SEGE
La secretaria de Educación dijo que se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores para cumplir con la restricción en escuelas de educación básica y media superior
Por: Redacción
La restricción del uso de celulares en las aulas de San Luis Potosí comenzará el 3 de noviembre, informó la titular de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), Deysi Maribel López Sierra, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno.
A pregunta del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, la funcionaria explicó que la SEGE trabaja en la socialización de la medida, es decir, en darla a conocer y explicarla, en todas las escuelas de educación básica y media superior. También se hacen mesas de trabajo con supervisores y directores de los distintos niveles para cumplir con las disposiciones federales y locales.
También para maestros
A principios de octubre, López Sierra confirmó que en educación básica el uso del celular dentro del salón está prohibido “al 100%”, también para los docentes. Sólo se podrán usar celulares, tablets u otros dispositivos cuando tengan un fin pedagógico. Reconoció que falta llegar a un acuerdo con las escuelas privadas, donde muchas clases se dan con tablets.
Las excepciones
El dictamen que aprobó la Comisión de Educación del Congreso del Estado no prohíbe que los alumnos tengan celular, sino su uso dentro del salón de clases. Contempla dos excepciones: cuando el alumno esté en una situación de riesgo o tenga un problema de salud, y cuando el maestro programe su uso como parte de la clase.
Cuotas escolares, bajo revisión
En la misma comparecencia, a pregunta de la diputada Dolores Robles Chairez, López Sierra informó que la SEGE atiende denuncias sobre las cuotas “voluntarias” que cobran las asociaciones de padres de familia. En los casos que involucran a directivos se levanta un acta administrativa y se da parte a la unidad de asuntos jurídicos de la Secretaría.
También lee: Restricción de celulares en aulas también aplicará a maestros: SEGE
Destacadas
Tribunal Electoral sanciona por primera vez violencia política contra jueza electa
A tres meses de la resolución, las sanciones a favor de Fátima Viera siguen sin cumplirse
Por: Redacción
El Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí (TEESLP) sancionó a tres profesionales del derecho por ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género contra Fátima Elizabeth Viera Gutiérrez, jueza segunda de lo familiar del Poder Judicial del Estado. Es la primera sentencia de este tipo en la entidad a favor de una juzgadora electa por voto popular.
La resolución, dictada el 16 de julio de 2026 en el expediente TESLP/PSE/01/2026, concluyó que hubo violencia verbal, simbólica y psicológica basada en elementos de género. Según el tribunal, buscaba desacreditar la capacidad profesional de la jueza, intimidarla y menoscabar sus derechos político-electorales.
Los hechos ocurrieron el 16 de diciembre de 2025. Las tres personas irrumpieron en el Juzgado Segundo de lo Familiar durante una diligencia y profirieron insultos, amenazas y expresiones discriminatorias contra la titular. La agresión se extendió a redes sociales, donde circularon videos del episodio.
El tribunal fijó un límite: el derecho a cuestionar las decisiones judiciales y la libertad de expresión no justifican amenazas, agresiones sexistas ni actos de intimidación contra mujeres que ocupan cargos públicos.
Por qué es un precedente
La reforma judicial llevó a las urnas la elección de jueces y magistrados. Como Viera es jueza electa, el caso se resolvió como violencia política, la figura que protege los derechos político-electorales de quienes llegan a un cargo por votación.
El reconocimiento no llegó a la primera. La Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó una determinación previa del tribunal local y le ordenó emitir una nueva resolución. En ella se acreditó finalmente la responsabilidad de las tres personas denunciadas.
Lo que falta por cumplir
A tres meses de la sentencia, las sanciones siguen pendientes. Incluyen una amonestación pública y una disculpa a la jueza, que debe publicarse en un periódico de amplia circulación en San Luis Potosí y en las redes sociales de las personas sancionadas. También incluyen su inscripción durante un año y seis meses en el Registro Estatal de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC).
Tampoco se ha impartido la capacitación obligatoria en la materia, que le corresponde a la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva del Estado.
Fátima Alvizo, abogada y representante legal de la jueza, señaló que el caso muestra lo que les cuesta a las mujeres defender sus derechos político-electorales: represalias, desgaste y largos procesos institucionales.
Alvizo afirmó que no basta con una sentencia favorable. Dijo que las autoridades deben garantizar que se cumpla, para que las mujeres no carguen, además de las agresiones, con el costo de exigir justicia.
También lee: Crecen las órdenes de protección por violencia de género: STJE
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