Aunque la Reforma Electoral fue rechazada, se votaron a favor una serie de modificaciones al INE que permitirán ahorrar 5 mil 605 millones de pesos

Por: Redacción

La Reforma Electoral Constitucional, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para hacer cambios estructurales en el Instituto Nacional Electoral (INE), no alcanzó la mayoría calificada en el Pleno de la Cámara de Diputados para su aprobación, por lo que se desechó el dictamen; sin embargo, legisladores de Morena y sus aliados entregaron a la Cámara Baja el llamado ‘Plan B’, que contempla reformar leyes secundarias lo que permitirá un ahorro de 5 mil 605 millones de pesos, de acuerdo a lo dicho por Adán Agusto López, secretario general de Gobierno, y que solamente requería de una mayoría simple para su aprobación, situación que se concretó la madrugada de este miércoles.

El llamado “Plan B”, que va por cambios estructurales dentro del INE, como reducir los salarios de los consejeros, eliminar fideicomisos y la destitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario Ejecutivo del INE, quien lleva 14 años en el cargo y que continuaría hasta 2026 gracias a su tercera reelección, fue aprobado en lo general y en lo particular para su envío al Senado de la República.

Uno de los principales puntos de esta reforma a las leyes secundarias en materia electoral es establecer un tope a las remuneraciones que reciban los consejeros electorales del INE, por lo que el salario que perciban los integrantes del Consejero General del órgano electoral no podrá superar al del presidente de la República.

El artículo décimo séptimo transitorio de la reforma detalla que Edmundo Jacobo Molina sería destituido, esto gracias a la modificación de las facultades de la Secretaría Ejecutiva del INE, por lo que el ahora titular dejaría su cargo a partir de la publicación de estas reformas y una vez que ocurra esto, el Consejo General del INE nombrará de entre los directores ejecutivos a un encargado de despacho. Es decir, en la sesión ordinaria de mayo de 2023 se designará al titular de la Secretaría Ejecutiva para el periodo 2023-2029 que cumpla los requisitos correspondientes.

La iniciativa contempla la creación d el Sistema Nacional Electoral (SNE) conformado por el Instituto Electoral,

como su autoridad rectora, y los Organismos Públicos Locales, como autoridades electorales a nivel estatal. Ambas estructuras, de acuerdo a lo marcado en el docuemento, estarían a cargo del funcionamiento, pues su administración “es pésima”, pues su estructura “contiene duplicidad de funciones, áreas sin trabajo durante varios meses en el año; además “existen pago de rentas, se realizan gastos suntuosos, pago de comidas, viáticos, seguros médicos privados, compra de papelería a precios por arriba del mercado, pago de servicio de software injustificados, contratación de edecanes, arrendamiento de automóviles, etcétera”.

La propuesta plantea la eliminación de las figuras de vocal secretario y vocal de organización en la estructura del INE a nivel local; mientras a nivel distrital se suprimirían los cargos de vocal de organización Electoral, vocal de Registro Federal de Electores, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica y vocal secretario, por lo que únicamente se mantendría el vocal operativo en la estructura.

Los fideicomisos del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y el Fondo para Atender el Pasivo Laboral serían eliminados al considerarlos “ilegales” y los recursos obtenidos producto de la reforma serán utilizados para cumplir con las obligaciones de ley conforme a la propuesta de reducción de estructura que se propone.

El documento detalla que se busca limitar las facultades ”indebidamente discrecionales” que se ha dado el INE con “una extensa facultad normativa”: es decir que las autoridades no podrán emitir ninguna normativa fuera de sus atribuciones establecidas en la Constitución. Por otra parte, busca “otorgar mayor certeza jurídica” respecto a las tareas de fiscalización y las sanciones de las autoridades electorales sobre los partidos políticos, respetando en todo momento su derecho a la autorganización y autodeterminación.

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