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De Ozzy a Marilyn, hay un mundo que no cambia | Columna de León García Lam
VOLUTA
Fue una tarde de sábado en 1989. Seis de la tarde, recién salido de la reunión scout con el grupo 11 en La Concha de La Aviación, tomé el Perimetral y me bajé en el Centro, a la altura de Reforma. Iba campante, con mi uniforme y mis bolsas de mandado. Había planeado comprar salchichas en la tienda Chalita para asarlas en algún páramo cercano. Todo normal, hasta que:
De pronto, ocurrió algo parecido a una escena de apocalipsis zombie: la gente corría como si el diablo—nunca mejor dicho—los persiguiera, mientras las cortinas de los comercios caían estruendosas, una tras otra, azotadas por el pánico. Los potosinos, habituados a una vida somnolienta, corrían por la calle Hidalgo en estampida, dejando un paisaje urbano repentinamente desierto. Y ahí iba yo, caminando despacio, como un turista en medio de un motín, como un anti-Flash en un mundo movido a otra velocidad, sin saber cuál era la amenaza.
Al llegar a la Plaza de Armas, se montaba una escena apocalíptica tipo Mad Max: una turba enardecida se había atrincherado con esos camiones urbanos trompudos y en el techo de uno de ellos había un chofer amordazado. ¿Qué motivó tanto drama? La clausura repentina del concierto de Black Sabbath en San Luis Potosí.
Días antes, la ciudad había sido invadida por tribus urbanas no antes vistas: punks y rockeros duros, con chamarras de piel (o de vinil barato), pelos erectos gracias al superpunk (el hairspray de los valientes), playeras negras y colguijes que gritaban anarquía y satanismo del tianguis del Chopo. El concierto, originalmente autorizado por la administración panista de Mario Leal, fue cancelado horas antes porque la Santa Inquisición local—junto a Jabba the Hutt (así le digo yo a cierto personaje)—descubrió, horrorizada, que le habían dado permiso al mismísimo demonio para actuar en el Estadio Plan de San Luis.
El conflicto, como todos los grandes dramas, tenía dos bandos.
Este suceso ochentero es un déjà vu cansino. Hace unas semanas, cuando se anunció el concierto del Sr. Marilyn Manson, las “buenas conciencias” volvieron a rasgarse las vestiduras, ignorando eso llamado Constitución porque, según el arzobispo, el espectáculo “no contribuye al bienestar social”. Como era de esperar, ya hay ayunos y rosarios en marcha para contener la maldad. Por suerte, el mundo ha avanzado—aunque San Luis a veces parezca empeñado en no darse cuenta.
Ayer murió Ozzy Osbourne a los 76 años. En 1989, cuando Black Sabbath vino a no tocar aquí, también cayó el Muro de Berlín. Desde entonces, casi todo ha cambiado: ya no existe la tienda Chalita, los camiones trompudos son pieza de museo, los rockeros de entonces hoy suben el volumen de los audífonos por medio de su celular y la juventud ahora baila reguetón. Marilyn Manson no será el monstruo del rock que es y será Ozzy, porque los tiempos son otros. Lo único que no cambia es esa voz medieval que, entre rosario y rosario, sigue encubriendo pederastas.
Le deseo un gran fin de semana, estimada y culta lectora de La Orquesta.
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Exigen investigar, aplicar la Ley Olimpia y el Código Penal, y retirar contenido mediático.
Por: Roberto Mendoza
Diputadas y diputados del Grupo Parlamentario de Morena (GPM) ofrecieron una conferencia este miércoles en el Palacio Legislativo de San Lázaro para condenar el acoso sexual y la violencia mediática contra la presidenta Claudia Sheinbaum. El posicionamiento ocurre un día después de que la mandataria fuera agredida físicamente por un hombre durante una caminata en el Centro Histórico de la Ciudad de México, un hecho por el cual la presidenta presentó una denuncia formal.
La diputada Dolores Padierna Luna fijó la postura del grupo, calificando el incidente como un “acto de acoso” que “no es un hecho menor, es reflejo del machismo que aún pretende imponerse”. Padierna advirtió que el GPM responde con unidad y firmeza, sentenciando: “Tocar a una es tocar a todas y hoy todas estamos con la presidenta”. En la conferencia, convocada por la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Anais Miriam Burgos Hernández, también participaron la diputada Gabriela Georgina Jiménez Godoy y el diputado Arturo Ávila Anaya
El objetivo del posicionamiento fue exigir la aplicación del marco legal vigente contra los responsables. La diputada Burgos Hernández detalló que el acoso se castiga con uno a tres años de prisión según el Código Penal de la Ciudad de México, y que la Ley Olimpia contempla penas de tres a seis años por ciberacoso y violación a la intimidad sexual. Por su parte, el diputado Ávila Anaya exigió a los medios de comunicación que “bajen del marco digital” el contenido delictivo. Las legisladoras denunciaron que, además de la agresión física, la presidenta vive “violencia digital y mediática” sistemática, señalando al un periódico de circulación nacional por “cosificarla” y la operación de “miles de cuentas automatizadas de bots” para atacarla.
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Las autoridades estatales advierten que muchas unidades circulan sin registro y forman parte de los reportes diarios de robo.
Por: Cristian Betancourt
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado de San Luis Potosí (SSPC), Jesús Juárez Hernández advirtió sobre el incremento de motocicletas en la zona Media y en la zona Altiplano, donde se ha detectado que gran cantidad de estas unidades circulan sin placas o documentación en regla.
El funcionario señaló que la problemática se han vuelto un reto para las corporaciones municipales, especialmente las áreas viales que deben reforzar sobre el uso de las motocicletas:“Ahí más que nada la situación depende de las policías municipales, sobre todo la vial, en el tema del control de las motocicletas”, explicó.
Juárez Hernández detalló que la dependencia estatal mantiene activo el operativo “Cazador”, con un grupo especializado de motociclistas
El titular de la SSPC destacó que los operativos han permitido la recuperación diaria entre motocicletas con reporte de robo, además de vehículos con reporte de búsqueda o reporte RU :“Tenemos resultados constantes; cada día se logran recuperaciones tanto de motocicletas como de vehículos con reporte de robo”
Finalmente Juárez Hernández reiteró que los operativos continuarán en todo el estado para garantizar la seguridad vial y combatir el robo de unidades motorizadas.
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Mauricio Ordaz indicó que 40% de las empresas potosinas se resisten a las revisiones de la dependencia
Por: Redacción
Tras el incendio en una tienda Waldos en Sonora que dejó 23 personas fallecidas, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) anunció que reforzará las inspecciones a establecimientos comerciales e industriales en San Luis Potosí, ante la resistencia de muchos negocios a someterse a los dictámenes de seguridad.
El titular de la CEPC, Mauricio Ordaz Flores, informó que alrededor del 40% de las empresas potosinas se muestran renuentes a las revisiones obligatorias, que incluyen dictámenes estructurales, eléctricos y de gas.
“Algunas empresas oponen resistencia porque les pedimos dictámenes eléctricos o de gas. Pero todo puede generar riesgo: desde un transformador hasta los aires acondicionados. Seremos más estrictos para no ser parte de la estadística como en otros estados”, señaló el funcionario.
Ordaz explicó que, aunque los dictámenes de Protección Civil tienen vigencia de un año, las inspecciones pueden realizarse en cualquier momento si se detecta un posible riesgo o irregularidad, especialmente en inmuebles del Centro Histórico, donde las revisiones son constantes por instrucción del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
“Estamos vigilando todos los días. La ley dice que el dictamen dura un año, pero si hay un riesgo latente podemos regresar en cualquier momento. No nos limitamos por jurisdicción municipal”, subrayó.
El funcionario estatal también advirtió que una de las principales causas de incendios en establecimientos es la falta de mantenimiento en instalaciones eléctricas y de gas: “Se instala un aire acondicionado o una lámpara de alto voltaje y nunca se vuelve a revisar. Pensamos que, porque se colocó bien, ya cumple con todo. La revisión debería hacerse dos veces al año, y casi nadie lo hace”, enfatizó.
En promedio, la CEPC recibe entre 50 y 100 solicitudes diarias de revisión en la zona metropolitana, además de otras en regiones como la Huasteca y el Altiplano.
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