julio 28, 2021

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#4 Tiempos

De la inconstitucionalidad de los plazos | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

El miércoles pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió por unanimidad otorgar el amparo de la Justicia de la Unión a Jessica, una mujer con parálisis cerebral que fue violada cuando tenía 17 años y que se le negó la interrupción de su embarazo en un hospital de Chiapas. Esta sentencia cobra particular relevancia, me parece, por dos motivos: primero y más evidente, por el avance que esto representa para la despenalización del aborto en nuestro país; y segundo, por los criterios sostenidos que refrendan la obligación de todos los jueces y juezas del país a ejercer su función siempre con perspectiva de género y atender a todas las circunstancias del caso.

Los hechos fueron así. Jessica es una mujer que padece de parálisis cerebral y de convulsiones, mismas que le impiden comunicarse por sí misma y que la sujetan al auxilio de otros para realizar actividades básicas como comer o asearse. Además, cabe resaltar que ella y su familia son de escasos recursos económicos, por lo que viven en condiciones de pobreza y marginación.

Jessica fue víctima del delito de violación cuando tenía 17 años y quedó embarazada. En una ocasión, la entonces menor de edad sufrió un episodio grave de convulsiones, por lo que fue llevada al Hospital General de Tapachula, en donde, posterior a la revisión médica, le comentaron a su madre que Jessica contaba con cinco meses de embarazo. Por ello, se le dio vista a la Fiscalía General del Estado por el delito de violación y la madre de Jessica solicitó al director del hospital la interrupción del embarazo de su hija. Con fundamento en el artículo 181 del Código Penal del Estado de Chiapas, el director del hospital negó mediante un oficio dicha solicitud.

El referido artículo establece que: “[n]o es punible el aborto cuando el embarazo sea consecuencia de violación, si éste se verifica dentro de los noventa días a partir de la concepción o cuando la madre embarazada corra peligro de muerte, o pueda determinarse que el producto sufre alteraciones genéticas o congénitas que den por necesario el nacimiento de éste con trastornos físicos o mentales graves, previo dictamen del médico que la asista, oyendo el dictamen de otros médicos especialistas, cuando fuere posible y no sea peligrosa la demora.” Es decir, el director del hospital negó la solicitud argumentando que, por tener más de 90 días de gestación, Jessica debía continuar con su embarazo. Además, el médico incluyó en el oficio una lista de los riesgos que, de practicarse el aborto, correría la vida de Jessica.

La madre de Jessica tuvo que acudir a tribunales para buscar que se declarara la inconstitucionalidad del artículo 181 del Código y se dejara sin efectos el oficio del director del hospital; sin embargo, el Juez de Distrito negó el amparo. Entonces, el asunto llegó a la Corte y, a través del amparo en revisión 438/2020, la Primera Sala estimó que el Juez incumplió sus obligaciones constitucionales de juzgar con perspectiva de género; tomar en cuenta las circunstancias de discapacidad de la víctima; y de ponderar el interés superior de la menor.

Respecto del plazo de 90 días que establece el artículo 181 del Código, la Corte sostuvo con grandes argumentos que imponer una limitación temporal para interrumpir un embarazo provocado por violación “supone un total desconocimiento de la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad de las mujeres gestantes, cuyo embarazo no es producto de una decisión libre y consentida, sino es resultado de conductas arbitrarias y violentas (…)”. Por lo tanto, “el Estado no puede obligar a la mujer víctima de una violación a asumir sacrificios en su persona, como lo es continuar con un embarazo, y a ofrendar sus propios derechos en beneficio de terceros o del interés general”. En atención a las particularidades del caso, la Corte concluye que establecer un plazo genérico de 90 días  invisibiliza las condiciones de vulnerabilidad que pueden tener las víctimas: generalmente no se encuentran en las mismas condiciones las menores de edad que las mayores, ni tampoco quienes presenten una discapacidad, la cual en muchas ocasiones puede impedir que se enteren de su embarazo.

Una vez declarada la inconstitucionalidad de imponer un plazo a las mujeres embarazadas producto de una violación, los ministros y ministras de la Primera Sala añadieron que el oficio del director del hospital donde negó la interrupción del embarazo también fue violatorio del derecho a la salud de Jessica. Lo anterior, toda vez que el médico solamente incluyó los riesgos que correría la vida de Jessica y no señaló los riesgos que pudieran generarse sobre ella de continuar con el embarazo: desnutrición severa, convulsiones más intensas, anemia crónica grave, así como los efectos adversos que tienen sobre el feto los medicamentos que Jessica toma para tratarse.

La decisión de la Primera Sala, entonces, amplía el desarrollo y alcance que se le ha venido dando desde 2008 al derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos, así como a su libertad y su dignidad. Asimismo, en el marco de la despenalización del aborto en el Estado de Hidalgo, esta decisión reitera que el camino adecuado para tratar esta problemática no es la vía penal, sino que se trata de un asunto de salud pública y de derechos, donde también se deben considerar las distintas realidades sociales y vulnerabilidades que pueda presentar cada caso en particular. Como bien lo señala la Sala, los jueces y juezas deben analizar los factores que posicionan a las mujeres en contextos de vulnerabilidad interseccional. Es decir, entender el fenómeno en que se concentran en una misma persona distintas vulnerabilidades: en este caso, haber sido víctima de una violación, ser menor de edad y vivir en condiciones de pobreza y marginación.

Sobre los efectos de la sentencia, no podemos pasar por desapercibido el hecho de que, al tratarse de una sentencia de amparo, la inconstitucionalidad del plazo establecido en el artículo 181 del Código Penal de Chiapas sólo le puede aplicar a Jessica. Sin embargo, gracias al nuevo sistema de precedentes y a que este asunto se aprobó por al menos cuatro de cinco votos, todos los jueces del país están obligados a seguir el mismo criterio. Esto quiere decir que en los estados en los que aún se impone un plazo límite para interrumpir un embarazo producto de una violación (Veracruz, Baja California, Quintana Roo, Chihuahua, Colima, Campeche, Michoacán, Coahuila y, por supuesto, Chiapas), las mujeres tendrán que recibir la negativa del director del hospital, iniciar un juicio de amparo e invocar este precedente para que se les permita interrumpir su embarazo de manera legal.

Bien dicen que una de las principales funciones de un tribunal constitucional debe ser la de pacificar los conflictos que se le presentan, o sea, sentar condiciones para que éstos no se repitan. Si bien es cierto que el conflicto no está pacificado completamente por la propia naturaleza de las sentencias de amparo, esta decisión realizó el gran aporte de dar claridad a la discusión de los plazos y reiterar que es inadmisible que se siga criminalizando a las mujeres por tomar decisiones sobre sus cuerpos y sus vidas en un contexto (socioeconómico, normativo, judicial y médico) que les juega en contra. Bajo esta premisa, los grandes avances en materia de regulación y despenalización del aborto han venido impulsados por activistas, colectivas y organizaciones de la sociedad civil, cuyos criterios legales han sido reconocidos y refrendados por los tribunales.

Mientras eso sucede, el Poder Legislativo sigue omiso y enfrascado en la discusión binaria y polarizante de estar a favor o en contra, sin alcanzar a ver que la cárcel hace todo menos detener el conflicto; en el Ejecutivo, la insensatez hecha persona plantea someterlo a consulta. La pacificación vendrá con regulación y políticas públicas bien pensadas, no con punitivismo ni demagogia.

En una nota completamente ajena a la interrupción legal del embarazo, no puedo dejar de señalar que esta decisión de la Primera Sala tiene la gran bondad de abonar al rompimiento del paradigma de jueces con funciones estrictamente mecánicas. Poco a poco se terminan los tiempos de juzgadores y juzgadoras que identifican el hecho y —como autómatas— aplican la ley. Ahora, los jueces y juezas están obligados a conocer, estudiar y entender las circunstancias, y a decidir qué derecho y cómo aplicarlo. Se trata, entonces, de un derecho más justo y que responde a la realidad social.

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#4 Tiempos

Del poder a la precariedad; Antorcha en la inopia | Columna de Felipe Donato

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DE CHILE, DULCE Y MANTECA.

 

Una máxima popular en política señala que se puede engañar a parte de la población todo el tiempo o se puede engañar a todo el pueblo una parte del tiempo; pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo.

Sin duda nadie sabe mejor la veracidad de la frase que los dirigentes de ese engendro mal llamado Antorcha Campesina.

Mire usted si no. A la organización de la flamita al viento no le fue nada bien en el proceso electoral de este pasado 6 de junio: Antorcha Campesina perdió en Salinas, Villa de Ramos, Mexquitic, Charcas, Villa de Arriaga y Villa Hidalgo.

También se quedaron sin la diputación del cuarto distrito y hasta le dijeron no a la reelección de su líder estatal, el pobre entre los pobres, el cuasi frugal franciscano, Lenin Campos Córdova.

Menos posiciones de poder, significa en los hechos menos acceso a recursos públicos y eso es precisamente lo que más le preocupa a la cúpula antorchista. ¿De qué va a vivir esta “pobre” gente?, se pregunta uno, que está aquí nada más de morboso espectador.

La respuesta no tardó en llegar y la propuesta de la dirigencia es que retomarán la estrategia de enviar a la gente a botear, es decir, en palabras francas y llanas, mandarán a su militancia a pedir limosna. Todo para seguir sosteniendo a la organización, es decir para que los dirigentes puedan conservar su alto nivel de vida.

Y es que mire usted, ¿cómo podrían los líderes seguir luchando por los pobres a través de la gestión de recursos con la panza vacía?, ¿cómo presentarse ante los desarrapados estando mal vestido?, ¿cómo llegar a las comunidades más apartadas en humildes carcachitas?

El reto es grande y por ello a los activistas les comunicaron que van a tener que dar una aportación “voluntaria” de entre mil 800 y 3 mil pesos de manera mensual para este mismo fin. Tal cantidad la deben reunir realizando diferentes actividades, entre ellas la ya mencionada de andar boteando en diferentes lugares.

Esto ha ocasionado claramente enojo entre los más fieles seguidores de la organización y es que les mencionan sus líderes que es hora de regresarle a la organización un poco de lo que Antorcha les ha dado. Es un pequeño sacrificio, les reiteran y reiteran sus preclaros dirigentes.

Quienes han recibido un bulto de cemento, una lámina, o algunos blocks mencionan que el cinismo de estos señores es muy grande, pues quienes al final lo que se han beneficiado de la gente son ellos.

No necesitan ir muy lejos para comprobarlo. Es evidente que de no tener nada, hoy los dirigentes antorchistas ya son dueños de autos de lujo, casas y tienen dinero en sus cuentas bancarias.

Aparte saben que quienes van a tener que andar de pedigüeños, de francos limosneros, son los de siempre, los de abajo, los líderes a gusto se dedicarán simplemente a verlos y a esperar para extender la mano para recibir las aportaciones “voluntarias”.

No debe ignorar la cúpula antorchista que la paciencia de la población tiene un límite y que cada vez resulta menos creíble la perorata de su dirigente el soporífero Aquiles Córdoba Morán.

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#4 Tiempos

Un potosino fue el primer mexicano que voló | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

 

Los esfuerzos pioneros, en lo que se refiere al diseño y construcción de máquinas voladoras, le corresponde a Latinoamérica. Por supuesto, estos esfuerzos son desconocidos, y si llegan a plantearse parecerían, para la mayoría de quienes las escuchan o leen, simplemente historias fantasiosas. De esta forma personajes como el sacerdote brasileño Bartolomeu de Gusmão, o el peruano Pedro Paulet Mostajo son unos perfectos desconocidos junto con sus contribuciones. Ya trataremos sus aportaciones en otra ocasión.

Pero no vayamos muy lejos, San Luis Potosí, ha sido uno de los protagonistas en el país, no solo por lo de Cabo Tuna, sino una serie de acontecimientos sucedidos desde el siglo XIX, que merecen que se le designe, como ya está sucediendo, cuna de la experimentación espacial en México. Uno de esos acontecimientos, realizado por el potosino Juan María Balboltin Vargas oriundo de la entonces Villa de los Armadillo, es el que sería el primer experimento en el país relacionado con diseño y construcción de máquinas voladoras y que sucediera en el año 1840.

El espíritu inquieto de Balbontin, lo llevó a planear experimentos con globos aerostáticos, y se marcó una meta: lograr convertirse en el primer aeronauta mexicano, en el sentido estricto de la palabra, donde implicaba diseñar y construir su propio aerostato. 

Poco se habla de nuestro personaje que a todas luces realizara el primer experimento en el país, tratando de hacer volar, no sólo un globo aerostático, sino una máquina más pesada que el aire. Experimento que fuera realizado en el centro de la ciudad de San Luis Potosí en 1840.

En este marco Balbontin apuraba sus preparativos que había estado realizando hacia varios años y no sólo planeaba sino anunciaba la realización de su experimento con globo aerostático para el 16 de septiembre de 1839 en el marco de las fiestas por la independencia de México, mismas que intentaría realizar en San Luis Potosí. Llegado ese día se lanzaron algunos globos como número solemne y uno de ellos, el más grande, iba provisto de un muñeco. Este globo con seguridad, sería el globo diseñado y preparado por Balbontin aunque en su lugar el muñeco ocupaba su lugar. Lo más seguro es que Balbontin se preparaba, no sólo para emprender el vuelo sino lograr que la ascensión pudiera ser dirigida y controlada a voluntad y no sólo una ascensión aerostática, para lo cual se enfocó en preparar una máquina voladora más pesada que el aire. Un ingrediente más adelante en las ambiciones de Balbontin y por lo mismo una aportación extraordinaria, no realizada nunca antes en el mundo entero.

En 1839 el profesor Juan María Balbontín junto con Mariano Gordoa comenzaron a experimentar y construir artefactos más pesados que el aire con los que pretendían elevarse por los aires, obtuvieron el permiso del gobierno del estado y realizaron sus experimentos en el actual centro histórico de la ciudad. En 1840 Balbontin y Gordoa tenían todo preparado para probar su máquina que era más que un simple globo aerostático, de la azotea de la casa que en la actualidad es ocupada por el Casino Español, en la calle de cinco de mayo; daban sus primeros aletazos y se lanzaban al vacío, cuyo piso estaba provisto de paja que el gobernador, quien había dado el permiso, mandó instalar ante la incomodidad de los prospectos a aeronautas, cuya capacidad se ponía en duda con semejante acción. Que de algo sirvió pues a los pocos aleteos del par de potosinos en pocos segundos estaban en descenso cayendo en el piso empajado. Los accidentes estuvieron presentes y se les retiró el permiso para volar sus aparatos, pero no segaron en continuar con sus experimentos que realizaron con gran entusiasmo.

No creemos que haya sido un rotundo fracaso como suele afirmarse, fue un experimento que permitiría rediseñar su aparato y tratar de lograr su objetivo contribuyendo al desarrollo aéreo en el país. Pero no se les permitió seguir con su empeño. Como quiera queda registrado como el primer experimento con máquinas voladoras tripuladas en el país, y de lo cual los potosinos debemos estar orgullosos. El experimento de Balbontin y Gordoa, aunado a los experimentos de comunicación inalámbrica realizados por Estrada en los ochenta decimonónicos, de radiación cósmica por Gustavo del Castillo, la construcción de aviones en 1930 y el diseño y lanzamiento de cohetes en Cabo Tuna, sitúan a San Luis Potosí como cuna de la experimentación espacial en México.

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#4 Tiempos

La realidad de las mujeres trans #JusticiaParaFabiola | Columna de Ana G Silva

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Corredor Humanitario

 

Discriminación, exclusión, violencia física, violencia psicológica, violencia institucional, invisibilidad y violencia a su dignidad, son algunas de las realidades que viven las mujeres transgénero no solo en San Luis Potosí, sino en todo México, pero eso solo es la punta del iceberg, pues gracias a lo anterior la seguridad de estas personas pende de un hilo, pues no es una prioridad ni de la sociedad ni de las autoridades.

Durante la madrugada del miércoles pasado, Fabiola, una mujer transgénero, fue reportada sin vida luego de haber sufrido diversas lesiones con arma blanca en su estética de la calle Perla, cerca de la avenida Industrias, hasta el momento no hay detenidos, solo se adelantó que el transfeminicida puede ser una persona cercana a ella.

Luego de esto, el viernes activistas LGBT+ de San Luis Potosí realizaron una marcha para exigir justicia, al concluir ingresaron a las instalaciones de la Fiscalía y colocaron una manta en las escaleras principales con la foto de la víctima, junto con veladoras encendidas, para expresar su malestar ante este el manejo que se le ha dado al caso.

La muerte de Fabiola resulta ser el reflejo de un país y de un estado donde la discriminación y la violencia se han normalizado a tal grado que la sociedad no la detecta.

Aunque se han logrado muchos avances en materia de derechos humanos, aún no se han conseguido las garantías que evitarían la pérdida de vidas como la de Fabiola.

No hay ni siquiera en nuestro país un registro oficial de transfeminicidios, lo que demuestra la falta de interés institucional en mitigar esa violencia.

No hay nada que devuelva la vida de esta mujer que se encontraba en su negocio cuando alguien decidió matarla por ello, su muerte no deber en vano y debe servir como un motor social para evitar que casos así sigan ocurriendo y, sobre todo, las autoridades se tienen que asegurar de que haya #JusticiaParaFabiola.

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Opinión