México
¿Cuáles son las NOM de salud que podrían desaparecer?
El gobierno federal publicó la desaparición de normas para 35 enfermedades
Por Alex Valencia
El pasado 1 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de Calidad, en el cual se propone la desaparición de 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) correspondientes al área de salud, lo cual generó reacciones críticas que señalan una grave afectación a este sector, críticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado como “un asunto de traficantes de influencias”. Entre las NOMs propuestas para desaparecer se encuentran las de fomento, protección y apoyo a la lactancia materna; para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad; para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus; para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento; y control de la hipertensión arterial sistémica. También las normas para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera; así como para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica y promoción de la salud del cáncer de próstata y del cáncer cérvico uterino, y de mama entre otras.
La Secretaría de Economía es la responsable de operar el Catálogo Mexicano de Normas, que se dividen en tres: Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana y Norma de Referencia. Las NOM a su vez están definidas como: “regulaciones técnicas de carácter obligatorio. Regular los productos, procesos o servicios, cuando estos pueden constituir un riesgo para las personas, animales y vegetales, así como el medio ambiente en general, entre otros”.
El sitio web de la Secretaría de Economía, en su sección “Sabes cómo te benefician las Normas Oficiales Mexicanas” (sic), explica la importancia y beneficios de las Normas, entre los que destaca: “Las NOMs protegen de los principales riesgos identificados por el gobierno, lo que reduce el riesgo a la seguridad de las personas, su salud y fomentan el cuidado del medio ambiente.“
Las NOM referentes a la salud están definidas, de acuerdo al sitio web de la Secretaría de Salud, como “regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas 
Es la misma página se puede leer a continuación que estas Normas deben ser revisadas y aprobadas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización, Prevención y Control de Enfermedades (CCNNPCE), quienes deberán revisarlas y estudiarlas cada 5 años para decidir la cancelación, modificación o ratificación de las mismas, paso que omitió el Gobierno Federal antes de la publicación de la cancelación.
Las normas establecen una guía de procedimientos de atención tanto para instituciones públicas como privadas. Legisladores e investigadores han coincidido en señalar que estas NOM de salud no son obsoletas, sino que deben de actualizarse en razón de que abordan enfermedades que siguen afectando en nuestro país; sin embargo, el Subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, expresó al día siguiente a la publicación que las Normas no son necesarias, ya que ” hay más de 35 mil enfermedades definidas. Añadió que en ningún lugar del mundo, incluido México, existe tal cantidad de NOM, y aseveró que la atención a las mismas está garantizada.
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Luego de 112 días, el gobernador asegura que no existen “mínimos elementos” en su contra
Por: Roberto Mendoza
Rubén Rocha Moya retomó sus funciones como gobernador constitucional del Estado de Sinaloa tras un periodo de 112 días de licencia temporal, argumentando que la Fiscalía General de la República desestimó los señalamientos en su contra: “Después de 112 días de investigación, como la propia Fiscalía General de la República lo ha informado ya… no existen los mínimos elementos de prueba que sustenten nuestra participación en conducta penal alguna”.
La separación del cargo fue aprobada por el Congreso del Estado el 2 de mayo de 2026, originada por la acusación formal presentada el 29 de abril por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en Nueva York, la cual incluyó cargos por conspiración para la importación de narcóticos y protección institucional a una facción del Cártel de Sinaloa.
Frente a este proceso judicial extranjero, el mandatario estatal fijó su postura: “Falsas acusaciones, que con motivaciones políticas e injerencistas de la ultraderecha nacional y extranjera, me hiciera sin ninguna prueba, una oficina del Gobierno de Estados Unidos”.
Conforme al Artículo 58 de la Constitución de Sinaloa, la reincorporación al Poder Ejecutivo no requiere de una nueva votación o ratificación por parte de los legisladores locales para que el titular concluya su periodo hasta el 31 de octubre de 2027. Sobre su situación jurídica y administrativa durante el lapso que estuvo separado de la administración estatal, expuso: “Como un ciudadano llano, de frente y sin escudarme en el fuero constitucional propio de mi investidura, a cuya protección renuncié por personal convicción, me sometí a la acción de investigación”.
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La Fiscal de la República asegura que dónde hay crímen hay consecuencias.
Por: Roberto Mendoza
El exservidor público Fernando Farías Laguna, identificado por las autoridades ministeriales como Fernando “N”, fue trasladado a territorio mexicano tras ser expulsado por el gobierno de Argentina para ser ingresado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, El Altiplano, en el Estado de México. La titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos, informó que el imputado quedará a disposición de un juez de control federal por su presunta vinculación con una red criminal dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible por vía marítima, modalidad tipificada como huachicol fiscal.
Las indagatorias ministeriales se originaron a partir de una comunicación enviada en 2024 por el titular de la Secretaría de Marina a la fiscalía federal, lo que dio paso a las investigaciones del Ministerio Público de la Federación. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada documentó la operación delictiva tras el aseguramiento, en marzo de 2025, de un buque con ocho millones de litros de hidrocarburo en Altamira, Tamaulipas, y una segunda embarcación con un volumen similar en Ensenada, Baja California; en ambos casos, el producto ingresó reportado indebidamente como aceites o aditivos para evadir impuestos mediante pedimentos aduanales manipulados, revisiones simuladas y alteración de muestras en coordinación con agentes aduanales y personal público.
El esquema de distribución y comercialización se extendió a los estados de Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y la Ciudad de México, donde se emplearon empresas legalmente constituidas para dispersar los derivados del petróleo en estaciones de servicio y realizar operaciones de lavado de dinero. Por estos hechos, las autoridades han presentado ante juzgados federales a 16 personas, entre las que se encuentran 12 exservidores públicos, además de asegurar 86 pipas, 29 autotanques y tres inmuebles, con una afectación económica superior a los 340 millones de pesos, al tiempo que se tramitan órdenes de aprehensión adicionales contra socios, apoderados legales y accionistas en seis entidades federativas.
La localización y expulsión de Farías Laguna se ejecutó tras la emisión de una ficha roja de Interpol que derivó en su detención el 23 de abril en Argentina y la subsecuente petición de extradición tramitada el 21 de mayo por la Secretaría de Relaciones Exteriores, proceso que concluyó con el acuerdo de expulsión emitido por las autoridades judiciales de ese país. Las diligencias contaron con la coordinación de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la cancillería mexicana y agencias de los Estados Unidos, marco en el cual la fiscal general concluyó: “Donde haya impunidad habrá investigación y donde hay crimen habrá consecuencias”.
La FGR informó que el ex funcionario está relacionado a una compleja red de contrabando de combustible
Por Roberto Mendoza
El traslado desde Argentina hacia territorio mexicano de Fernando Farías Laguna se realiza mediante un operativo conjunto entre la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), según informó la propia Fiscalía: “se lleva a cabo el traslado, de Argentina a México, de Fernando “N”, ex servidor público posiblemente relacionado con una compleja red criminal, dedicada al contrabando, dispersión y distribución de combustible, de la que ya han sido detenidas 15 personas
El exservidor público, quien ostenta el rango militar de contralmirante dentro de la Secretaría de Marina, cuenta con una orden de aprehensión librada por un juez federal por presuntos delitos de delincuencia organizada e introducción ilegal de hidrocarburos. Tras salir de México, Farías Laguna obtuvo documentación de identidad y pasaporte apócrifos en Guatemala bajo el nombre de Luis Lemus Ramos con el propósito de evadir la notificación roja emitida por Interpol, para luego ingresar y desplazarse en Sudamérica.
La Policía Federal Argentina, en coordinación con autoridades navales y ministeriales mexicanas, ejecutó su captura en Buenos Aires
La determinación firmada por el juez federal argentino Julián Daniel Ercolini instruyó las notificaciones correspondientes a la Dirección Nacional de Migraciones y al Servicio Penitenciario Federal para facilitar la entrega directa bajo custodia de las fuerzas federales mexicanas. A su arribo a la Ciudad de México, Farías Laguna será puesto a disposición de la autoridad judicial federal correspondiente para dar seguimiento a la causa penal en su contra.
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