México
¿Cuáles son las NOM de salud que podrían desaparecer?
El gobierno federal publicó la desaparición de normas para 35 enfermedades
Por Alex Valencia
El pasado 1 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Suplemento del Programa Nacional de Infraestructura de Calidad, en el cual se propone la desaparición de 35 Normas Oficiales Mexicanas (NOM) correspondientes al área de salud, lo cual generó reacciones críticas que señalan una grave afectación a este sector, críticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha calificado como “un asunto de traficantes de influencias”. Entre las NOMs propuestas para desaparecer se encuentran las de fomento, protección y apoyo a la lactancia materna; para el tratamiento integral del sobrepeso y la obesidad; para la prevención, tratamiento y control de la diabetes mellitus; para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento; y control de la hipertensión arterial sistémica. También las normas para la vigilancia, prevención, control, manejo y tratamiento del cólera; así como para la prevención, detección, diagnóstico, tratamiento, vigilancia epidemiológica y promoción de la salud del cáncer de próstata y del cáncer cérvico uterino, y de mama entre otras.
La Secretaría de Economía es la responsable de operar el Catálogo Mexicano de Normas, que se dividen en tres: Norma Oficial Mexicana, Norma Mexicana y Norma de Referencia. Las NOM a su vez están definidas como: “regulaciones técnicas de carácter obligatorio. Regular los productos, procesos o servicios, cuando estos pueden constituir un riesgo para las personas, animales y vegetales, así como el medio ambiente en general, entre otros”.
El sitio web de la Secretaría de Economía, en su sección “Sabes cómo te benefician las Normas Oficiales Mexicanas” (sic), explica la importancia y beneficios de las Normas, entre los que destaca: “Las NOMs protegen de los principales riesgos identificados por el gobierno, lo que reduce el riesgo a la seguridad de las personas, su salud y fomentan el cuidado del medio ambiente.“
Las NOM referentes a la salud están definidas, de acuerdo al sitio web de la Secretaría de Salud, como “regulaciones técnicas de observancia obligatoria expedidas por las dependencias competentes, que tienen como finalidad establecer las características que deben reunir los procesos o servicios cuando estos puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas 
Es la misma página se puede leer a continuación que estas Normas deben ser revisadas y aprobadas por el Comité Consultivo Nacional de Normalización, Prevención y Control de Enfermedades (CCNNPCE), quienes deberán revisarlas y estudiarlas cada 5 años para decidir la cancelación, modificación o ratificación de las mismas, paso que omitió el Gobierno Federal antes de la publicación de la cancelación.
Las normas establecen una guía de procedimientos de atención tanto para instituciones públicas como privadas. Legisladores e investigadores han coincidido en señalar que estas NOM de salud no son obsoletas, sino que deben de actualizarse en razón de que abordan enfermedades que siguen afectando en nuestro país; sin embargo, el Subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, expresó al día siguiente a la publicación que las Normas no son necesarias, ya que ” hay más de 35 mil enfermedades definidas. Añadió que en ningún lugar del mundo, incluido México, existe tal cantidad de NOM, y aseveró que la atención a las mismas está garantizada.
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Los citatorios se abrieron para diez ciudadanos de Sinaloa, mientras que uno alterno incluyó a funcionarios de Chihuahua
Por: Roberto Mendoza
La Fiscalía General de la República (FGR) abrió citatorios para diez ciudadanos del estado de Sinaloa, entre los que se encuentra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, como parte de una investigación derivada de una acusación formal presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos.
Sobre esta primera acción ministerial, la dependencia federal determinó: “dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación, con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad“.
Dentro del expediente judicial radicado en la corte estadounidense se incluye al senador en activo Enrique Inzunza, exsecretario general de Gobierno de Sinaloa. A diferencia del mandatario estatal con licencia, el legislador conserva su escaño y fuero constitucional; su última ubicación reportada en territorio sinaloense data del 10 de mayo, tras registrar ausencias en sus funciones legislativas desde finales de abril.
De forma paralela a esta indagatoria, la instancia de procuración de justicia federal desarrolla una investigación en curso requiriendo la presencia de autoridades de Chihuahua por la cadena de mando en el operativo realizado en la Sierra del Pinal los días 17 y 18 de abril.
Respecto a este caso, el órgano autónomo detalló: “están siendo citados a comparecer, en calidad de testigos, la gobernadora constitucional del estado y el ex fiscal General de Justicia de esa entidad, a fin de que les sea recabada la entrevista ministerial encaminada al esclarecimiento de los hechos que se investigan”.
Los requerimientos ministeriales ejecutados responden al seguimiento de las operaciones logísticas en ambas entidades y a las acciones pertinentes de los respectivos planes de investigación.
Para fundamentar el alcance de las comparecencias y entrevistas en sede federal, la institución de justicia precisó: “En ambos casos se actúa de conformidad con las correspondientes atribuciones constitucionales y legales, así como con plena sujeción al debido proceso”.
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La gobernadora en persona recibe el documento, asegura que se presentará aun con fuero
Por: Roberto Mendoza
Dos agentes ministeriales de la Fiscalía General de la República (FGR) acudieron este 23 de mayo al Palacio de Gobierno de Chihuahua para notificar el requerimiento oficial a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, quien garantizó su asistencia programada para el próximo miércoles 27 de mayo a las 10:00 horas: “Ahí estaremos, porque siempre he dado la cara”, aseguró.
El origen del citatorio ministerial responde a la investigación federal iniciada tras el desmantelamiento de un laboratorio clandestino el pasado 19 de abril en el municipio de Morelos.
La indagatoria, documentada, examina la participación operativa de dos agentes estadounidenses en territorio estatal con apoyo de la Agencia Estatal de Investigación, con el objetivo de determinar si la administración de Chihuahua violó la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional.
Ante el requerimiento de la autoridad federal, la mandataria estatal abordó su situación jurídica frente a la protección constitucional de su cargo y estableció un contraste operativo respecto a las indagatorias dirigidas a otros ejecutivos estatales: “Voy a tener que estar en la FGR compareciendo, aunque yo una servidora tenga fuero constitucional. ¿con Rubén Rocha no se le ha pedido comparecer, ni a ningún otro gobernador de este país?
La integración de la carpeta de investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación contempla hasta el momento la emisión de citatorios previos dirigidos a 50 funcionarios estatales, como parte de las diligencias para establecer si las autoridades locales incurrieron en una invasión de competencias de jurisdicción federal.
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La iniciativa incluye cambios al sistema de candidaturas judiciales y nuevas reglas para la organización electoral
Por: Roberto Mendoza
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión turnó a la Cámara de Diputados la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para modificar la reforma judicial y reordenar el calendario electoral constitucional. La propuesta plantea que la elección judicial federal y local se celebre el primer domingo de junio de 2028 y que la revocación de mandato coincida con las jornadas electorales ordinarias. El proyecto forma parte de los temas previstos para un periodo extraordinario del Congreso.
La iniciativa reorganiza la elección judicial mediante distritos por circuito y especialidad, modifica el diseño de boletas y establece que las autoridades electorales no podrán alterar resultados ni asignación de cargos posteriores a la elección.
También prevé reducción de candidaturas mediante insaculación pública, reglas de paridad de género y la creación de una Comisión Coordinadora entre los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión
El paquete legislativo también contempla reformas para crear una Comisión de Verificación de Integridad de Candidaturas vinculada al INE y adicionar una causal de nulidad electoral por intervención extranjera.
El régimen transitorio establece que los cargos judiciales pendientes de renovación desde 2025 deberán elegirse en 2028 y que las entidades federativas deberán armonizar sus procesos judiciales locales con el modelo federal previsto en la reforma constitucional.
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