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Crónica de las patrullas del “Sí” | Apuntes de Jorge Saldaña
APUNTES
Hijos de la Semántica Rondalla de Saltillo, (bueno era “Romántica” pero en estos tiempos de licencias gramaticales y ortográficas, estos apuntes quieren estar a la moda).
Firmes ya y comenzó el evento. Los minutos de retraso los quisieron solventar el gobernador Gallardo y el alcalde Galindo cruzando el salón a paso veloz para tomar sus lugares en el templete, abajo y de pasada solo hubo tiempo para saludos de los de “rapidito” y no más de un par de apretón de manos.
Una decena de filas de sillas a todo lo ancho del salón norte del Centro de Convenciones ya estaban ocupadas por los invitados especiales, diputados federales, líderes empresariales, legisladores locales, gran parte del gabinete municipal y miembros distinguidos del gabinete estatal.
Al salón lo flanqueaban dos patrullas custodiadas por elementos en permanente posición de firmes, el presidium concurrido y conformado por el Secretario de Seguridad, el Fiscal, diputados, representantes ciudadanos, los tres poderes del Estado, presidentes de comisiones y la presidenta del DIF municipal acompañando al anfitrión del evento, Enrique Galindo Ceballos.
Convertido desde el domingo en el primer Secretario de Seguridad Pública Municipal en la historia del gobierno capitalino, Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, “el Comandante Villa” lo mismo fue buen anfitrión desde la recepción de los invitados, que primer orador del evento.
Firme, claro y contundente explicó que se implementará en San Luis el modelo Policía Orientada a la solución de Problemas (POP) conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, un patrón que ha dado resultados en ciudades de Norteamérica y Europa que consiste en dotar de personalidad jurídica a los agentes para ser lo mismo “ventanillas de gestión municipal” que receptores de quejas y primeros respondientes.
Que la ciudad estará dividida en cuadrantes, que se analizarán los datos de la incidencia delictiva, que aplicarán inteligencia y tecnología, y se integrará al sistema de prevención a las juntas vecinales.
Corre video y se explican administrativa y jurídicamente los cambios, se presenta con imágenes la transformación sistémica de la dirección que deja de serlo para brincar al escalón de Secretaría.
El publico atento y dispuesto, la pelona de Caco Leal bien boleada en tercera fila, el alcalde hace mención especial al diputado Xavier Azuara y hace notar la presencia de Álvaro Vizcaino, pilar fundamental en la creación de la Gendarmería Nacional en 2012 bajo el mando del propio Galindo.
“No dan ni para la crónica ni para la anécdota” – me dice alguien tras bambalinas- y es cierto. Los discursos de Galindo y Gallardo breves y al vuelo, el primero sobre las condiciones en que encontró el ayuntamiento y su sistema de seguridad, se agradeció al gobierno y sus esfuerzos propios por devolver la paz. El segundo agradeció y dio ejemplo de cómo se pueden superar las “herencias malditas” e incluso convocó públicamente a la nueva policía a atrapar a los delincuentes que están en las calles, pero también instó al Fiscal para que se castigue a quienes “tanto dañaron a la capital potosina”. 
Vámonos al banderazo a las afueras del Centro de Convenciones, creo que nadie las contó, pero sí parecían cien. Entre patrullas Charger, camionetas Durango y PickUps, comenzó el desfile de las nuevas unidades negro-amarillas, diseñadas específicamente como vehículos patrulla y no, como antes, que se rentaron carros luego rotulados.
Se arma la pelotera, los reporteros nos atravesamos de un lado a otro, se hizo entrega simbólica de las llaves y arrancaron el centenar de vehículos rumbo a Chapultepec tras recibir el banderazo.
Mientras circulaban los nuevos vehículos, el gobernador Gallardo se aprovechó para retirarse disimulado a sus oficinas que ahora se conocen como “Torre”, pero alcanzó a ser abordado.
Los vehículos con modelo “POP” comenzaron su “Joyride” por toda la ciudad y se inauguró así un nuevo esquema de seguridad ciudadana que, de la mano con la creación de la Guardia Civil que analiza el Congreso del Estado, son la apuesta y columna vertebral de nuestras autoridades en los tres niveles de gobierno para regresar la “mucho hace falta” paz a los potosinos.
El remate: para disfrute o sufrimiento de todos mis amigos puristas críticos del “Sí” en la palabra “PoliSía” (¿Alguien quiere pensar en los niños? ) y se azotan las cabezas unos contra otros… sugiero que no se quede la licencia ortográfica en las patrullas y se extienda, por ejemplo, a la “SíCretaría General”, o que en adelante se le llame “TeSírería”, lo mismo se aplique para la dirección de ComerSío o de Comunicación SoSÍal y al alcalde se le pueda nombrar presidente muniSípal, etc.
Ya encarrerados, sugiero también que si a la nueva fuerza pública del gobierno de Enrique Galindo se le conocerá así, como “Polisía” pues entonces que a la Guardia Civil de Ricardo Gallardo le nombremos “Pollicía”… estaría bonito, ¿a poco no?.
Hasta la ProxSíma.
Atentamente,
Jorge Saldaña
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Congreso del Estado
Gobierno entrega al Congreso paquete económico 2026; Se ejercerán más de 70 mil millones
La Comisión de Hacienda revisará la propuesta que incluye Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos; analizan contención del gasto y refuerzo a obras y programas sociales.
El Gobierno del Estado entregó este martes a la Comisión de Hacienda del Congreso local el paquete económico para 2026, integrado por las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, que en conjunto contemplan un gasto superior a los 70 mil millones de pesos.
La presidenta de la Comisión, diputada María Dolores Robles Chairez, informó que el documento ingresó “en tiempo y forma”, como marca la Constitución estatal, y será turnado al Pleno para su envío formal a análisis. Posteriormente, comenzará la revisión técnica en la Comisión de Hacienda, que ya cuenta con un calendario de trabajo para dictaminar dentro de los plazos legales.
Por parte del Ejecutivo, la directora de Planeación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, Damaris Grajeda Acosta, detalló que la propuesta para 2026 contempla contención en el gasto burocrático y un reforzamiento a las obras públicas y programas sociales, tal como ordena el Plan Estatal de Desarrollo.
La discusión del paquete económico marcará la ruta del financiamiento estatal para el próximo año, donde las prioridades, ajustes y reasignaciones pasarán ahora a manos del Poder Legislativo.
El alcalde señaló que algunos privados permiten entrar pipas para vender agua, lo cual es delito que no está dentro de sus facultades perseguir.
Por: Redacción
El alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos, aclaró que en San Luis Potosí no existen pozos clandestinos en los términos en que se ha denunciado públicamente, sino una amplia red de pozos privados con concesión federal, cuyo número supera por mucho a los pozos públicos administrados por organismos operadores.
Galindo explicó que en la zona metropolitana —que incluye San Luis Potosí, Soledad, Villa de Pozos y Cerro de San Pedro— existen más de 1,200 concesiones de pozos privados, y de ese número, solo 140 pertenecen al sector público. “Eso representa apenas el 14% de toda el agua disponible”, señaló.
El alcalde subrayó que la confusión sobre el llamado huachicoleo del agua proviene de prácticas que se dan en estos pozos privados, que permiten la entrada de pipas para vender agua, lo cual constituye un delito, mismo que no corresponde a la autoridad municipal perseguirlo sino a las autoridades federales.
“Un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozo privado, escuelas tienen pozo privado… Cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, están cometiendo un delito, sin embargo eso ya no corresponde a la autoridad municipal.
Galindo aclaró que el huachicol o sustracción clandestina de agua ocurre cuando el robo ocurre en pozos públicos o infraestructura pública para comercializar agua ilegalmente, lo cual sí es materia de investigación.
Finalmente, insistió en que perforar un pozo nuevo sin concesión no es algo que pueda ocurrir “de la nada”, pues implica trámites federales y supervisión de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
También lee: Pozos no ha pagado su deuda: Galindo
Acusaron al Congreso de incumplir el procedimiento de sustitución: señalaron que el Concejo no fue notificado de la renuncia de Rivera Acevedo
Por: Redacción
La designación de la diputada local con licencia Patricia Aradillas Aradillas, como presidenta concejal del recién creado municipio de Villa de Pozos quedó ahora bajo revisión judicial. Ocho habitantes de la localidad promovieron un Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano para impugnar el decreto aprobado por el Congreso del Estado.
El recurso —presentado el 19 de noviembre de 2025 ante la Oficialía Mayor del Congreso y el Tribunal Estatal Electoral de San Luis Potosí (TEESLP)— señala como autoridad responsable al Poder Legislativo, al considerar que se vulneró la ley al aprobar la sustitución tras la renuncia de María Teresa Rivera Acevedo, quien encabezaba el Concejo Municipal.
Los promoventes argumentan que no se siguió el procedimiento de sustitución previsto en la Ley Orgánica del Municipio Libre, que el Concejo Municipal jamás fue notificado formalmente de la renuncia de Rivera Acevedo y que la designación viola el artículo 118, fracción IX, de la Constitución local, que prohíbe nombrar a personas con cargo legislativo en órganos municipales.
El juicio está firmado por ocho habitantes de Pozos, encabezados por el activista y representante vecinal Justino Castro Rodríguez, junto a Ma. de los Ángeles Flores Martínez —con trayectoria en órganos electorales—, así como Francisco Ramírez, Tomás Hernández Carranza, Ma. Concepción Martínez Martínez, José Valentín Fraga Ponce, Gerardo Enrique Castillo Cuevas y José Jorge Enrique Castillo Morua.
En su demanda, solicitan que el Congreso remita el caso al Tribunal Electoral con el informe circunstanciado y los antecedentes del decreto, para que el TEESLP ejerza control constitucional y legal sobre la designación de Aradillas.
Con esta impugnación, la integración del Concejo Municipal de Villa de Pozos entra en una nueva fase de revisión judicial, y si el Tribunal determina que hubo violaciones al proceso, el nombramiento podría modificarse o incluso anularse.
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