Congreso del Estado
Congreso va por derechos de convivencia para menores de padres separados
Lidia Nallely Vargas presentó una iniciativa para garantizar el derecho de convivencia de los menores con su progenitor no custodio y su familia ampliada
Por: Redacción
Lidia Nallely Vargas Hernández, diputada del Congreso del Estado de San Luis Potosí, presentó una iniciativa que busca reformar disposiciones del Código Familiar para el Estado, con el objetivo de garantizar el derecho de convivencia de los menores con su progenitor no custodio y con su familia ampliada, y así evitar que de forma injustificada la persona que ostente la guarda y custodia les afecten derechos sustantivos.
La legisladora explicó que uno de los derechos que son reconocidos para los bebés, niños, niñas y adolescentes, consiste en que puedan convivir con ambos progenitores, especialmente, con quien no tenga la guarda y custodia, pero los nuevos criterios indican que no solo con sus progenitores, sino también con los familiares de éstos, lo que se le conoce como familia ampliada.
Vargas Hernández manifestó que por esa razón, la convivencia debe desarrollarse con los padres, los abuelos, abuelas, tías, tíos, hermanos y con cualquier persona con quien el menor tenga un vínculo; solo de esta manera se podrá optimizar el derecho de identidad de aquel grupo vulnerable.
“Los problemas de convivencia se presentan cuando las personas viven en familia y por diferentes circunstancias deciden terminar la vida en común. Aunque ya no vivan juntos, los derechos y obligaciones persisten, en especial aquellos que están dirigidos a los hijos e hijas 
La finalidad de la presente iniciativa es dar a conocer que hay personas que niegan la convivencia de los menores con sus progenitores no custodios, sin que exista un mandamiento de autoridad que justifique la negativa.
La legisladora dijo que, solo la autoridad competente en materia jurisdiccional, tiene facultades para determinar que la convivencia no se lleve a cabo, pero deberá hacerlo bajo los parámetros correctos, para evitar que de forma arbitraria los progenitores custodios vulneren los derechos de los menores, y así el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
La iniciativa fue turnada a las comisiones de Justicia y Derechos Humanos para su análisis y posteriormente, ser enviada al Pleno del Congreso del Estado, para su discusión y en su caso, ser votada.
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Congreso del Estado
Proponen exhortar a los ayuntamientos para que combatan la proliferación de mosquitos
La proliferación de mosquitos transmiten enfermedades como dengue, zika y chikunguya, construyen un grave problema sanitario: Brisseire Sánchez
Por: Redacción
La diputada Brisseire Sánchez López, impulsa un Punto de Acuerdo para exhortar a los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí, para que fortalezcan las campañas de combate contra la proliferación de mosquitos y moscas, que transmisoras de enfermedades como el dengue, la fiebre del zika y el chikungunya.
El Punto de Acuerdo establece que la proliferación de mosquitos y moscas, constituye un grave problema sanitario para la sociedad, cuya atención resulta indispensable para preservar la salud pública, mejorar la calidad de vida y proteger los ecosistemas; ya que, estos insectos son reconocidos por ser transmisores de enfermedades que afectan tanto a seres humanos, como también a animales domésticos y de producción.
Brisseire Sánchez explicó que la presencia de plagas como moscas y mosquitos es cada vez más común, esto derivado de varios factores que ayudan a su proliferación, entre ellos las recientes temporadas de lluvias.
Por ello, es necesario el fortalecimiento de programas y acciones en contra de la proliferación de plagas, para poder combatir el aumento de moscas y mosquitos en los municipios, llevando a reducir los riesgos sanitarios que traen consigo.
Las moscas y mosquitos, representan un gran riesgo para la salud pública, por ser portadores de enfermedades, las cuales pueden provocar desde síntomas leves hasta complicaciones graves que pueden llevar a la muerte, especialmente en poblaciones vulnerables.
El Punto de Acuerdo será turnado a comisiones para su análisis.
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La iniciativa, presentada por Ricardo Gallardo, establece que se deberá garantizar que policías municipales accedan a retiro o jubilación
Por: Redacción
Por unanimidad, en Sesión Extraordinaria, se aprobó el Decreto que adiciona estipulaciones al artículo 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, en materia de seguridad social digna de los miembros de los cuerpos policiales municipales.
Y también, modifica disposiciones de las leyes locales, Orgánica del Municipio Libre; y del Sistema de Seguridad Pública.
La iniciativa, presentada por el gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, establece que los Ayuntamientos deberán garantizar que las personas integrantes de los cuerpos de seguridad pública municipal accedan de manera efectiva a prestaciones de retiro, jubilación o pensión, mediante esquemas operados por instituciones públicas de seguridad social que consideren su naturaleza funcional y condiciones de riesgo, observando criterios de viabilidad financiera, continuidad institucional y transparencia, conforme a los lineamientos que para su operación, seguimiento y evaluación emita el cabildo.
Se indica que estas adecuaciones a la normativa del Estado, en materia de garantizar el derecho a la seguridad social digna de los miembros de los cuerpos policiales municipales, representan un avance institucional en la protección de sus derechos, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que otorga a las legislaturas de los estados la facultad configurativa de regular las relaciones tanto en los municipios como en el propio ámbito estatal, en cumplimiento a los principios, bases mínimas, y de acuerdo con sus propias leyes.
El Congreso de SLP deberá presentar una ley que abarque ambas figuras, así como las disposiciones para su implementación
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó la reforma constitucional que delimita las atribuciones en materia de amnistía e indulto, y establece un plazo de hasta 150 días hábiles para la elaboración y presentación de una nueva ley que regule ambas figuras.
José Mario de la Garza Marroquín, de la asociación civil Perteneces, profundizó sobre el tema en alusión al caso de Sanjuana Maldonado, quien accedió a esta figura tras mantenerse 15 años en prisión.
“Cuando nosotros detectamos el caso de Sanjuana, vimos que hay muchas mujeres en San Luis condenadas con procedimientos concluidos, con sentencias muy largas, que deberían ser revisadas para determinar si procede otorgarles una amnistía”, comentó.
Explicó que recurrir al indulto implica un proceso complejo y burocrático
De acuerdo con De la Garza, en una primera etapa, las primeras beneficiadas serían entre 10 y 15 mujeres del penal de Xolol, quienes ya cuentan con sentencias definitivas y podrían recibir amnistía para que sus casos sean revisados.
Asimismo, aclaró que esta reforma no aplica a personas que aún enfrentan un proceso legal, y que se considerarán prioritariamente las sentencias que oscilen entre los 50 y 70 años de prisión.
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