noviembre 17, 2026

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Congreso del Estado

Congreso llamará a alcaldesa de Santa María del Río para explicar construcción de gasolinería

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Una invitación previa a asistir al Congreso fue rechazada por estar fuera de los días hábiles de este municipio.

Por Alex Valencia 

La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado presentará un exhorto a la presidenta municipal de Santa María del Río, Miriam Martínez Trejo, a fin de que explique y se dé revisión a los trámites de construcción de una gasolinería en la cabecera municipal, explicó Edmundo Azael Torrescano Medina, presidente de dicha comisión.

En febrero de este año se comenzaron a hacer las excavaciones para edificar una estación de abastecimiento de combustible en la zona habitacional y escolar entre las calles Zaragoza y Primo Feliciano, lo cual generó una ola de protestas entre los habitantes, quiénes han acusado incluso extracción ilegal de agua de 12 pozos de la demarcación.

En abril pasado, el diputado Héctor Mauricio Ramírez konishi presentó un punto de acuerdo para revisar, analizar y reconsiderar la viabilidad técnica legal y de derechos humanos que tiene la autorización municipal del permiso de uso de suelo para la construcción de la  gasolinera en la calle de Zaragoza de esa población, haciendo prevalecer el interés público y el derecho humano de acceso al agua.

Torrescano Medina informó que tras el punto de acuerdo se hizo una invitación a la alcaldesa, “una especie de garantía de audiencia”, una reunión de trabajo para que el Congreso pudiera saber de su propia voz cuál es el problema; sin embargo la invitación no llegó a su destino, ya que de acuerdo a la Secretaria Particular de la presidenta “en viernes no reciben correspondencia”.

Finalmente el legislador indicó que en caso de que se apruebe el exhorto, se buscará que algunos Diputados acompañen al notificador oficial del Congreso “y en su momento, si no recibiera, hay un procedimiento administrativo por no recibir siquiera en horas y días hábiles”.

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Congreso del Estado

Proponen campañas para prevenir abusos al patrimonio de adultos mayores

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El diputado César Arturo Lara Rocha propuso reformar el artículo 23 de la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado

Por: Redacción

El diputado César Arturo Lara Rocha propuso en sesión ordinaria una iniciativa para reformar el artículo 23 de la Ley de las Personas Adultas Mayores para el Estado. Busca que las personas adultas mayores, sus familias y cuidadores cuenten con herramientas para prevenir riesgos a sus bienes, ingresos o patrimonio.

Qué propone

La iniciativa plantea que las campañas informativas del DIF Estatal y los DIF Municipales, junto con el INAPAM, incluyan información accesible sobre señales de alerta de posibles abusos, en particular los que afecten sus bienes, ingresos o patrimonio. También sobre las vías para solicitar orientación, presentar denuncias y acceder a los mecanismos institucionales de protección y atención.

Exposición de motivos

Lara Rocha señala que las personas adultas mayores tienen derecho a vivir con dignidad, seguridad y autonomía, y a recibir protección frente a cualquier forma de violencia, abuso o discriminación. Afirmó que esa protección incluye también la preservación de sus bienes, ingresos y patrimonio. Por eso, dijo, la iniciativa busca que las campañas de prevención no se limiten a mensajes generales, sino que den información para identificar riesgos y conocer las alternativas institucionales.

Alcance

El legislador agregó que la medida tiene carácter preventivo y de sensibilización, sin crear nuevas categorías de violencia ni duplicar las disposiciones que ya regulan la protección patrimonial. La iniciativa fue turnada a la Comisión de Derechos Humanos para su estudio y dictamen.

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Congreso del Estado

Congreso exhorta a ayuntamientos a promover adopción responsable de mascotas

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La propuesta de la diputada Brisseire Sánchez se aprobó en sesión del Pleno del Congreso del Estado

Por: Redacción

El Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo de la diputada Brisseire Sánchez López para exhortar a los ayuntamientos a fortalecer y promover, dentro de sus atribuciones y de su presupuesto disponible, acciones de adopción responsable de animales de compañía, con prioridad en su bienestar, protección y trato digno.

El exhorto también pide a los municipios fortalecer la coordinación con organizaciones de la sociedad civil, asociaciones protectoras de animales, rescatistas, centros de atención animal y demás agrupaciones dedicadas al bienestar animal, para organizar campañas de información, jornadas de adopción y mecanismos de entrega responsable que procuren hogares adecuados y permanentes.

La diputada señaló que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prohíbe el maltrato animal y obliga al Estado a garantizar la protección y el cuidado de los animales, una responsabilidad que, dijo, debe asumirse de manera compartida entre autoridades, sociedad civil y ciudadanía.

Expuso que los animales en situación de calle, el abandono y la reproducción sin control de perros y gatos afectan el bienestar animal, la salud pública, la convivencia social y el entorno urbano. De acuerdo con estimaciones de activistas, en el estado habría alrededor de 400 mil perros en situación de calle.

Para la legisladora, la adopción responsable es una herramienta para dar una segunda oportunidad a animales abandonados, rescatados o resguardados en centros de control, asociaciones protectoras o por personas dedicadas al rescate. Consideró que fomentarla no debe limitarse a jornadas ocasionales o a publicar animales disponibles, sino que debe promoverse una cultura en la que las personas conozcan las obligaciones de llevar un animal a su hogar.

Sánchez López explicó que adoptar implica proporcionar alimento, atención veterinaria, vacunas, esterilización cuando corresponda, alojamiento adecuado, ejercicio y atención, así como garantizar una vida libre de maltrato, abandono y negligencia. Propuso que los ayuntamientos realicen acciones permanentes de sensibilización y promoción de la adopción en sus medios institucionales, redes sociales y espacios públicos.

También reconoció el trabajo de las organizaciones civiles, asociaciones protectoras y rescatistas, y planteó que los municipios refuercen la colaboración con ellas mediante campañas permanentes, jornadas de adopción, difusión de animales disponibles y actividades de concientización.

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Congreso del Estado

Buscan que adultos mayores tengan acompañante en trámites públicos y privados

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La reforma también define como persona adulta mayor a toda persona de 60 años o más, conforme a la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores

Por: Redacción

La diputada María Dolores Robles Chairez propuso reformar los artículos 5 y 6 de la Ley de las Personas Adultas Mayores del Estado de San Luis Potosí, para reconocer su derecho a estar acompañadas por una persona de su confianza durante cualquier trámite, gestión, procedimiento o actuación ante instancias gubernamentales y del sector privado.

La reforma también busca armonizar el concepto de persona adulta mayor con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Establecería que se entenderá por personas adultas mayores a toda persona de 60 años o más, atendida bajo una perspectiva de igualdad, no discriminación y protección reforzada de sus derechos humanos.

Exposición de motivos

En su exposición de motivos, la legisladora señala que el envejecimiento de la población es uno de los f enómenos sociales más significativos del siglo XXI y que plantea desafíos para el diseño de políticas públicas y la actualización del marco jurídico en entidades como San Luis Potosí. Indica que este sector ha enfrentado históricamente condiciones de desigualdad, exclusión y vulnerabilidad.

Sostiene que hoy las personas adultas mayores tienen dificultades al interactuar con instituciones gubernamentales y establecimientos privados, por la digitalización de trámites, la complejidad de los procedimientos administrativos y, en muchos casos, la falta de sensibilidad e inclusión del personal de atención. Según la iniciativa, esto las deja en desventaja.

Por ello plantea que permitirles acudir acompañadas facilitaría la comprensión del procedimiento y les brindaría seguridad, confianza y protección frente a posibles abusos, ya que la presencia de un acompañante puede ser determinante para que ejerzan sus derechos de manera informada.

Siguiente paso

La iniciativa se turnó para su análisis a la Comisión de Derechos Humanos.

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Opinión

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