Congreso del Estado
Congreso de SLP aprobó por unanimidad la Ley Vicaria
Este tipo de agresiones son las ejercidas contra mujeres a través del daño a sus hijos e hijas
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó, por unanimidad, la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, para incorporar el concepto de violencia vicaria, como un tipo de violencia contra las mujeres, entendida como aquellas acciones ejercidas sobre las hijas e hijos de la mujer, con el objetivo de causarle daño, realizadas por una persona agresora que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o se mantenga o hayan mantenido una relación de hecho, como la sustracción ilegal de los hijos e hijas del hogar de la madre, y cualquiera otra dirigida a dañar a la mujer a través del daño a sus hijos e hijas.
Gabriela Martínez Lárraga, diputada local e impulsora de dicha iniciativa, expuso que la violencia vicaria es una de las formas de violencia de género más “graves, crueles y despiadadas” que existen, y sólo recientemente comenzó a visibilizarse, “pues como casi todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, la tolerancia social impide ponerles alto y permite su legitimación, causando en este caso daños irreparables e incluso la destrucción de las mujeres que la padecen”.
La violencia vicaria se ejerce a través de la manipulación de los hijos e hijas en contra de la madre, de la sustracción o secuestro de éstos, de atentados contra su integridad física con golpes, lesiones que pueden ser muy graves, tortura, abuso sexual, descuido, prostitución y en los casos más extremos con el asesinato de las hijas o hijos, que es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a la mujer de manera permanente.
El dictamen reforma los artículos, 13 en su fracción VII, 46 en su fracción VII, y 52 en su fracción II el inciso b); y adiciona a los artículos, 3° la fracción III Bis, 4° la fracción XVI Bis, 11 el párrafo tercero, 13 la fracción VII, 46 la fracción VIII, 52 en su fracción II el inciso c) bis, y 59 el párrafo segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.
La reforma aprobada establece que el Poder Judicial del Estado tendrá entre sus obligaciones, capacitar sobre todos los tipos y modalidades de violencia con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia con perspectiva de género, haciendo énfasis en la violencia vicaria por ser de reciente reconocimiento. En relación a los modelos de atención, brindados por el estado y municipios, se indica que en los casos de violencia vicaria, se deberá proporcionar atención y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan la reunificación familiar entre las hijas e hijos con la madre con el objetivo de reparar el daño causado derivado de dicha modalidad de violencia.
Las víctimas recibirán el apoyo interinstitucional del Sistema DIF; la Secretaría General de Gobierno; el Instituto de las Mujeres, Centro de Justicia para Mujeres, y en su caso del Poder Judicial; con el objetivo de implementar un sistema de protección y acompañamiento integral para las mujeres y sus hijas e hijos; y apoyo para la reunificación familiar entre la madre y sus hijos e hijas que estén siendo víctimas de violencia vicaria; así como realizar las acciones tendentes a garantizar a las víctimas el derecho a la justicia.
La reforma indica que tratándose de resoluciones judiciales que involucren violencia vicaria es fundamental que el agresor reciba rehabilitación psicológica con perspectiva de género y de infancia.
Durante la presentación y aprobación del dictamen, estuvieron en el Pleno, mujeres víctimas de la violencia vicaria.
También lee: Congreso promueve acciones en materia de salud física y mental
La iniciativa busca medidas de apoyo para madres y padres adolescentes, además de ajustes razonables para personas con discapacidad en el sistema educativo estatal.
Por: Redacción
Brisseire Sánchez López, diputada local, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado para dar visibilidad a las personas que pertenecen a algún grupo de atención prioritaria, y para impulsar medidas que motiven a quienes se convierten en padres a temprana edad a continuar y concluir sus estudios.
En la exposición de motivos, la legisladora señaló que la contraparte de la permanencia escolar es la deserción, y citó cifras del INEGI según las cuales la tasa de abandono escolar ha crecido alrededor de 20.6% desde 2022, con mayor afectación en educación media superior y superior.
La legisladora indicó que muchas personas que abandonan sus estudios pertenecen a grupos en situación de vulnerabilidad, y que convertirse en padres a edad temprana suele orillar a los estudiantes a truncar su vida escolar.
La reforma propone ajustes razonables para personas con discapacidad, como adaptación de mobiliario, rampas, pisos podotáctiles, timbres, alarmas y barandales, así como gestionar ante las instancias correspondientes adecuaciones al transporte escolar y público. También plantea políticas para eliminar barreras y facilitar el acceso, la reincorporación y la permanencia escolar de madres y padres adolescentes.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Rosas Montiel afirmó que el tratado prevé revisiones anuales durante una década, en momentos en que Estados Unidos mantiene aranceles a acero y aluminio.
Por: Redacción
Luis Emilio Rosas Montiel, diputado local y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Social del Congreso del Estado, afirmó que existe un buen avance en las revisiones al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en las mesas de negociación entre los tres países, con el objetivo de mantener las bases del comercio en la región de Norteamérica.
Rosas Montiel recordó que se estableció que el T-MEC mantendrá su vigencia por 10 años, a través de un mecanismo de revisiones anuales que permitirá a las tres naciones evaluar de forma constante su implementación.
“En las mesas de negociación se estableció un tiempo de 10 años, con una revisión anual y aquí de lo que se trata es de establecer las bases para que haya un comercio fuerte en la región de Norteamérica, no creo que vaya a existir nuevos aranceles a diversos productos, sino lo que se busca es la disminución de los que ya están en marcha”, afirmó el diputado.
El legislador recalcó que se trata de un tratado importante para toda la región de Norteamérica, ya que el 80 por ciento de las exportaciones de México se dirige a Estados Unidos, con un peso centrado en la industria automotriz.
“El 80 por ciento de lo que exportamos es hacia Estados Unidos, y lo que se estará centrando es la cuestión automotriz, y en los aceros, aluminios es donde han centrado los aranceles”, sostuvo Rosas Montiel.
El T-MEC entró en vigor en julio de 2020, en sustitución del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), tras un proceso de renegociación entre los gobiernos de los tres países. El tratado contempla una revisión conjunta a los seis años de su entrada en vigor, con posibilidad de prórroga hasta por 16 años más si las tres naciones lo ratifican.
También lee: 21 de julio fue el día con menos homicidios en muchos años: Sheinbaum
El legislador panista busca que los ayuntamientos incorporen el sistema en su presupuesto de 2027
Por: Redacción
Rubén Guajardo Barrera, diputado local del PAN, presentará este miércoles ante la comisión permanente del Congreso del Estado un exhorto a 56 municipios de San Luis Potosí que aún no operan el sistema de justicia cívica, previsto en la ley aprobada por el Legislativo estatal en el cuarto periodo.
La ley no obliga a los municipios a operar el sistema, pero sí exige que los ayuntamientos que ya cuenten con uno propio se adecuen al nuevo marco normativo estatal. Actualmente solo tres municipios lo tienen en funcionamiento: San Luis Potosí, Rioverde y Ciudad Valles.
Guajardo, integrante de la primera Comisión de Hacienda Municipal, planteó que julio y agosto son el momento idóneo para que los 56 municipios restantes incorporen el gasto del sistema en su Ley de Ingresos y Egresos de 2027, antes de presentarla al Congreso del Estado.
El diputado sostuvo que la justicia cívica permitiría resolver conflictos menores —ruido, maltrato animal, acumulación de basura y choques leves— sin que lleguen a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí
La nueva ley, dijo, también fijó requisitos para los jueces cívicos que antes cada ayuntamiento definía a su libre albedrío: ahora deben ser abogados y acreditar cierta experiencia. Guajardo sostuvo que el sistema, además de aligerar la carga de la Fiscalía, contribuiría a una mejor convivencia y a la seguridad pública en los municipios, al tratarse de un mecanismo preventivo.
También lee: Se busca nueva ley para garantizar detección y tratamiento oportuno de cáncer infantil
-
Destacadas2 añosCon 4 meses trabajando, jefa de control de abasto del IMSS se va de vacaciones a Jerusalén, echando mentiras
-
Ciudad4 años
¿Cuándo abrirá The Park en SLP y qué tiendas tendrá?
-
Ciudad4 años
Tornillo Vázquez, la joven estrella del rap potosino
-
Destacadas5 años
“SLP pasaría a semáforo rojo este viernes”: Andreu Comas
-
Ciudad4 años
Crudo, el club secreto oculto en el Centro Histórico de SLP
-
Estado3 años
A partir de enero de 2024 ya no se cobrarán estacionamientos de centros comerciales
-
#4 Tiempos3 años
La disputa por el triángulo dorado de SLP | Columna de Luis Moreno
-
Destacadas4 años
SLP podría volver en enero a clases online
