Congreso del Estado
Congreso de SLP aprobó por unanimidad la Ley Vicaria
Este tipo de agresiones son las ejercidas contra mujeres a través del daño a sus hijos e hijas
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó, por unanimidad, la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, para incorporar el concepto de violencia vicaria, como un tipo de violencia contra las mujeres, entendida como aquellas acciones ejercidas sobre las hijas e hijos de la mujer, con el objetivo de causarle daño, realizadas por una persona agresora que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o se mantenga o hayan mantenido una relación de hecho, como la sustracción ilegal de los hijos e hijas del hogar de la madre, y cualquiera otra dirigida a dañar a la mujer a través del daño a sus hijos e hijas.
Gabriela Martínez Lárraga, diputada local e impulsora de dicha iniciativa, expuso que la violencia vicaria es una de las formas de violencia de género más “graves, crueles y despiadadas” que existen, y sólo recientemente comenzó a visibilizarse, “pues como casi todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, la tolerancia social impide ponerles alto y permite su legitimación, causando en este caso daños irreparables e incluso la destrucción de las mujeres que la padecen”.
La violencia vicaria se ejerce a través de la manipulación de los hijos e hijas en contra de la madre, de la sustracción o secuestro de éstos, de atentados contra su integridad física con golpes, lesiones que pueden ser muy graves, tortura, abuso sexual, descuido, prostitución y en los casos más extremos con el asesinato de las hijas o hijos, que es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a la mujer de manera permanente.
El dictamen reforma los artículos, 13 en su fracción VII, 46 en su fracción VII, y 52 en su fracción II el inciso b); y adiciona a los artículos, 3° la fracción III Bis, 4° la fracción XVI Bis, 11 el párrafo tercero, 13 la fracción VII, 46 la fracción VIII, 52 en su fracción II el inciso c) bis, y 59 el párrafo segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.
La reforma aprobada establece que el Poder Judicial del Estado tendrá entre sus obligaciones, capacitar sobre todos los tipos y modalidades de violencia con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia con perspectiva de género, haciendo énfasis en la violencia vicaria por ser de reciente reconocimiento. En relación a los modelos de atención, brindados por el estado y municipios, se indica que en los casos de violencia vicaria, se deberá proporcionar atención y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan la reunificación familiar entre las hijas e hijos con la madre con el objetivo de reparar el daño causado derivado de dicha modalidad de violencia.
Las víctimas recibirán el apoyo interinstitucional del Sistema DIF; la Secretaría General de Gobierno; el Instituto de las Mujeres, Centro de Justicia para Mujeres, y en su caso del Poder Judicial; con el objetivo de implementar un sistema de protección y acompañamiento integral para las mujeres y sus hijas e hijos; y apoyo para la reunificación familiar entre la madre y sus hijos e hijas que estén siendo víctimas de violencia vicaria; así como realizar las acciones tendentes a garantizar a las víctimas el derecho a la justicia.
La reforma indica que tratándose de resoluciones judiciales que involucren violencia vicaria es fundamental que el agresor reciba rehabilitación psicológica con perspectiva de género y de infancia.
Durante la presentación y aprobación del dictamen, estuvieron en el Pleno, mujeres víctimas de la violencia vicaria.
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La propuesta del diputado Rubén Guajardo se turnó a las comisiones correspondientes para su análisis
Por: Redacción
El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa de reforma a la Constitución Política del Estado así como a la Ley Electoral del Estado, que fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis, informó el coordinador diputado Rubén Guajardo Barrera.
La propuesta establece que los aspirantes deberán presentar constancia relativa a los antecedentes penales expedida por la autoridad penitenciaria competente en la que se haga constar que no cuenta con sentencia condenatoria firme por la comisión de algún delito doloso, en términos de lo previsto por los incisos b) y c) de la fracción IV del artículo 27 de la Ley Nacional de Ejecución Penal.
En caso de que se opte por un gobierno de coalición, ratificar por mayoría simple el programa y el convenio de dicho gobierno; en cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso del Estado.
El gobierno de coalición se regulará por el convenio y por el programa aplicable, que deberán ser aprobados por mayoría simple del Congreso. El convenio establecerá las causas de la disolución del gobierno de coalición.
Se realizará la primera verificación de lo relativo a la paridad de género vertical y horizontal, en las solicitudes de registro de la totalidad de fórmulas de diputaciones de mayoría relativa; en las del registro de la totalidad de planillas de mayoría relativa y listas de regidurías de representación proporcional; y en las solicitudes de registro de listas de diputaciones de representación proporcional que presenten los partidos políticos.
Asimismo, certificará la afiliación efectiva de cada una de las candidatas y los candidatos vigente al momento del registro de la candidatura.
El diputado Guajardo Barrera señaló que otra propuesta radica en que tratándose de candidaturas de personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, con independencia del género al que se auto perciban, las mismas se computarán dentro del porcentaje reservado al género diverso y en ningún caso al porcentaje reservado para mujeres.
Así también, a efecto de garantizar la paridad horizontal, los partidos políticos deberán postular planillas encabezadas en un cincuenta por ciento por mujeres y el restante cincuenta por ciento por candidaturas de género diverso. En caso que del total de quienes encabezan las postulaciones, resulte un número impar, se deberá privilegiar al género femenino. El Consejo emitirá los lineamientos correspondientes para el establecimiento de las condiciones mínimas exigibles para el cumplimiento del principio de paridad.
Tratándose de candidaturas de personas integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, con independencia del género al que se auto perciban, las mismas se computaran dentro del porcentaje reservado al género diverso y en ningún caso al porcentaje reservado para mujer.
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Congreso del Estado
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El poder legislativo mantiene las puertas abiertas con todos los sectores para escuchar sus planteamientos: Dip. Jacquelinn Jáuregui Mendoza
Por: Redacción
La Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado sostuvo una reunión con representantes de una agrupación del gremio de taxistas, a fin de escuchar sus inquietudes y posicionamientos sobre las condiciones en que trabaja este sector, informó la presidenta diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza.
Señaló que el Congreso del Estrado abre las puertas y tiende los puentes a todos los sectores y esta vez no fue la excepción, por lo que escucharon a Luis Alberto Colorado Saavedra, Joel Ochoa Portillo y José Miguel Ceja Montaño.
La diputada señaló que los trabajadores aclararon su participación en diferentes manifestaciones y expusieron señalamientos falsos que se han hecho en su contra.
El diputado Luis Emilio Rosas dijo que los taxistas pidieron que se les apliquen cursos integrales, que las sanciones en su contra dejen de ser injustas y que haya piso parejo para todo el gremio
Otro de los temas expuestos es el relacionado al funcionamiento y registro del servicio a través de plataformas, cobros justos y un diálogo directo con las autoridades de Comunicaciones y Transportes, ya que hay muchos temas que se deben tratar cotidianamente para evitar confusiones y malos entendidos.
La diputada Jáuregui Mendoza expuso que se elaboró una lista de todas sus peticiones e inquietudes, que serán tratadas con la titular de la SCT para dar una respuesta puntual a los taxistas inconformes, quienes por su parte reconocieron la apertura al diálogo por parte de los representantes populares.
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Se establece una pena de 3 a 6 años de prisión y multa de trescientos a seiscientos días del valor de la unidad de medida de actualización
Por: Redacción
Con el fin de declarar la reparación integral en delitos contra la intimidad sexual, la diputada Dulcelina Sánchez de Lira propuso una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, en su artículo 187.
La legisladora explicó que actualmente el artículo 187 del Código Penal del Estado, tipifica la difusión ilícita de imágenes íntimas, para quien, transmita, publique, o difunda imágenes, sonidos o grabaciones de contenido sexual, que pueden o no contener texto, obtenidas con o sin el consentimiento de la víctima, sin autorización para su difusión.
Se establece una pena de tres a seis años de prisión y multa de trescientos a seiscientos días del valor de la unidad de medida de actualización. Con la iniciativa propuesta, se busca la reparación del daño, el cual comprenderá, además de lo previsto en las reglas generales, una indemnización compensatoria que tome en cuenta la persistencia del contenido en la red.
En su exposición de motivos, Sánchez de Lira menciona que esta iniciativa responde a la extensión del daño moral dentro de la esfera íntima de la víctima, reconociendo no solo su afectación en el ‘dolor emocional’, sino también el daño al proyecto de vida y la naturaleza técnica del delito.
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