Congreso del Estado
Congreso de SLP aprobó por unanimidad la Ley Vicaria
Este tipo de agresiones son las ejercidas contra mujeres a través del daño a sus hijos e hijas
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó, por unanimidad, la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, para incorporar el concepto de violencia vicaria, como un tipo de violencia contra las mujeres, entendida como aquellas acciones ejercidas sobre las hijas e hijos de la mujer, con el objetivo de causarle daño, realizadas por una persona agresora que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o se mantenga o hayan mantenido una relación de hecho, como la sustracción ilegal de los hijos e hijas del hogar de la madre, y cualquiera otra dirigida a dañar a la mujer a través del daño a sus hijos e hijas.
Gabriela Martínez Lárraga, diputada local e impulsora de dicha iniciativa, expuso que la violencia vicaria es una de las formas de violencia de género más “graves, crueles y despiadadas” que existen, y sólo recientemente comenzó a visibilizarse, “pues como casi todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, la tolerancia social impide ponerles alto y permite su legitimación, causando en este caso daños irreparables e incluso la destrucción de las mujeres que la padecen”.
La violencia vicaria se ejerce a través de la manipulación de los hijos e hijas en contra de la madre, de la sustracción o secuestro de éstos, de atentados contra su integridad física con golpes, lesiones que pueden ser muy graves, tortura, abuso sexual, descuido, prostitución y en los casos más extremos con el asesinato de las hijas o hijos, que es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a la mujer de manera permanente.
El dictamen reforma los artículos, 13 en su fracción VII, 46 en su fracción VII, y 52 en su fracción II el inciso b); y adiciona a los artículos, 3° la fracción III Bis, 4° la fracción XVI Bis, 11 el párrafo tercero, 13 la fracción VII, 46 la fracción VIII, 52 en su fracción II el inciso c) bis, y 59 el párrafo segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.
La reforma aprobada establece que el Poder Judicial del Estado tendrá entre sus obligaciones, capacitar sobre todos los tipos y modalidades de violencia con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia con perspectiva de género, haciendo énfasis en la violencia vicaria por ser de reciente reconocimiento. En relación a los modelos de atención, brindados por el estado y municipios, se indica que en los casos de violencia vicaria, se deberá proporcionar atención y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan la reunificación familiar entre las hijas e hijos con la madre con el objetivo de reparar el daño causado derivado de dicha modalidad de violencia.
Las víctimas recibirán el apoyo interinstitucional del Sistema DIF; la Secretaría General de Gobierno; el Instituto de las Mujeres, Centro de Justicia para Mujeres, y en su caso del Poder Judicial; con el objetivo de implementar un sistema de protección y acompañamiento integral para las mujeres y sus hijas e hijos; y apoyo para la reunificación familiar entre la madre y sus hijos e hijas que estén siendo víctimas de violencia vicaria; así como realizar las acciones tendentes a garantizar a las víctimas el derecho a la justicia.
La reforma indica que tratándose de resoluciones judiciales que involucren violencia vicaria es fundamental que el agresor reciba rehabilitación psicológica con perspectiva de género y de infancia.
Durante la presentación y aprobación del dictamen, estuvieron en el Pleno, mujeres víctimas de la violencia vicaria.
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La pena aumentará hasta en una mitad cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente
Por: Redacción
La Comisión Primera de Justicia del Congreso del Estado, que preside la diputada Leticia Vázquez Hernández, aprobó el dictamen que adiciona el artículo 342 Bis al Código Penal del Estado de San Luis Potosí, para sancionar la difusión indebida de imágenes y material relacionado con víctimas y escenas del crimen por parte de servidores públicos.
Vázquez Hernández indicó que la adición establece un tipo penal para sancionar a servidores públicos que, en el ejercicio de sus funciones en la procuración e impartición de justicia y sin autorización legal, divulguen, publiquen, transmitan, compartan o entreguen imágenes o videos de cadáveres, restos humanos, lesiones o circunstancias del fallecimiento de una persona, cuando esa conducta vulnere la dignidad, privacidad o intimidad de la víctima o de sus familiares.
Añadió que la iniciativa toma como referencia el caso de Ingrid Escamilla, feminicidio ocurrido en febrero de 2020 en la Ciudad de México, cuyas imágenes de la escena del crimen fueron filtradas y difundidas por medios de comunicación y redes sociales.
El artículo 342 Bis se incorpora en el apartado de delitos cometidos por servidores públicos. Sancionaría a quien, por sí o por interpósita persona, con motivo del ejercicio de sus funciones en la procuración o impartición de justicia y fuera de los supuestos autorizados por la ley, audiograbe, comercie, comparta, difunda, distribuya, entregue, exponga, envíe, filme, fotografíe, intercambie, oferte, publique, remita, reproduzca, revele, transmita o videograbe imágenes, audios, videos o documentos de cadáveres o partes de ellos relacionados con un hecho que la ley señale como delito, de las circunstancias de la muerte o de las lesiones que presentan.
De acuerdo con el dictamen, se impondría pena de prisión de tres a ocho años y sanción pecuniaria de 300 a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).
La pena y la sanción pecuniaria aumentarían hasta en una mitad cuando la víctima sea mujer, niña, niño o adolescente, o cuando el contenido se difunda en medios de comunicación, redes sociales o plataformas digitales con fines de exposición pública o lucro.
El dictamen se turnará al pleno para su votación.
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Gámez dijo que la lista ya está elaborada y que Derechos Humanos sigue en análisis
Por: Redacción
El Congreso del Estado citará a 10 servidores públicos a comparecer por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, informó el diputado local Luis Fernando Gámez Macías.
Gámez Macías dijo que la lista ya está elaborada y que la hará llegar a los medios. De acuerdo con el calendario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la Secretaría General de Gobierno abrirá las comparecencias el lunes 19 de octubre.
El legislador señaló que se analiza el tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
Cuestionado sobre si se sumarán otros funcionarios, respondió que “de momento son los 10”. Explicó que todas las fuerzas políticas tienen dudas y que habrá un intercambio con los comparecientes. Dijo esperar un ejercicio “muy responsable, muy democrático, muy republicano”.
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El diputado afirmó que Interapas pierde la mitad del agua que extrae en su red
Por: Redacción
El diputado local Luis Fernando Gámez Macías propuso que los ayuntamientos destinen 15% de su presupuesto a reforzar la infraestructura hidráulica y la distribución del agua.
Gámez Macías explicó que la iniciativa de reforma constitucional ya está en la Comisión del Agua del Congreso del Estado y dijo confiar en que se resuelva en breve.
El legislador advirtió que hay un “ecocidio” en la zona metropolitana de San Luis Potosí y afirmó que 50% del agua que extrae el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) se pierde en la red. Por eso calificó de “inoperante” el modelo de gestión del agua.
Habló tras las lluvias que inundaron el Puente de Otón y dejaron vehículos varados. Dijo que la capital enfrenta “una crisis del agua y ahora una crisis de operatividad”.
El diputado anunció que el próximo martes presentará una segunda reforma, a la Ley de Planeación del Estado, para evaluar los indicadores municipales en servicios públicos. Con ella, afirmó, se podría auditar a los alcaldes no solo en agua, sino también en recolección de basura, alumbrado y seguridad.
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