Congreso del Estado
Congreso de SLP aprobó por unanimidad la Ley Vicaria
Este tipo de agresiones son las ejercidas contra mujeres a través del daño a sus hijos e hijas
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó, por unanimidad, la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, para incorporar el concepto de violencia vicaria, como un tipo de violencia contra las mujeres, entendida como aquellas acciones ejercidas sobre las hijas e hijos de la mujer, con el objetivo de causarle daño, realizadas por una persona agresora que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o se mantenga o hayan mantenido una relación de hecho, como la sustracción ilegal de los hijos e hijas del hogar de la madre, y cualquiera otra dirigida a dañar a la mujer a través del daño a sus hijos e hijas.
Gabriela Martínez Lárraga, diputada local e impulsora de dicha iniciativa, expuso que la violencia vicaria es una de las formas de violencia de género más “graves, crueles y despiadadas” que existen, y sólo recientemente comenzó a visibilizarse, “pues como casi todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, la tolerancia social impide ponerles alto y permite su legitimación, causando en este caso daños irreparables e incluso la destrucción de las mujeres que la padecen”.
La violencia vicaria se ejerce a través de la manipulación de los hijos e hijas en contra de la madre, de la sustracción o secuestro de éstos, de atentados contra su integridad física con golpes, lesiones que pueden ser muy graves, tortura, abuso sexual, descuido, prostitución y en los casos más extremos con el asesinato de las hijas o hijos, que es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a la mujer de manera permanente.
El dictamen reforma los artículos, 13 en su fracción VII, 46 en su fracción VII, y 52 en su fracción II el inciso b); y adiciona a los artículos, 3° la fracción III Bis, 4° la fracción XVI Bis, 11 el párrafo tercero, 13 la fracción VII, 46 la fracción VIII, 52 en su fracción II el inciso c) bis, y 59 el párrafo segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.
La reforma aprobada establece que el Poder Judicial del Estado tendrá entre sus obligaciones, capacitar sobre todos los tipos y modalidades de violencia con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia con perspectiva de género, haciendo énfasis en la violencia vicaria por ser de reciente reconocimiento. En relación a los modelos de atención, brindados por el estado y municipios, se indica que en los casos de violencia vicaria, se deberá proporcionar atención y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan la reunificación familiar entre las hijas e hijos con la madre con el objetivo de reparar el daño causado derivado de dicha modalidad de violencia.
Las víctimas recibirán el apoyo interinstitucional del Sistema DIF; la Secretaría General de Gobierno; el Instituto de las Mujeres, Centro de Justicia para Mujeres, y en su caso del Poder Judicial; con el objetivo de implementar un sistema de protección y acompañamiento integral para las mujeres y sus hijas e hijos; y apoyo para la reunificación familiar entre la madre y sus hijos e hijas que estén siendo víctimas de violencia vicaria; así como realizar las acciones tendentes a garantizar a las víctimas el derecho a la justicia.
La reforma indica que tratándose de resoluciones judiciales que involucren violencia vicaria es fundamental que el agresor reciba rehabilitación psicológica con perspectiva de género y de infancia.
Durante la presentación y aprobación del dictamen, estuvieron en el Pleno, mujeres víctimas de la violencia vicaria.
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La Alerta Amber es una herramienta eficaz de difusión, que contribuye en la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes
Por: Redacción
Para fortalecer y garantizar la implementación de mecanismos de difusión de la Alerta Amber en el estado, la diputada Roxanna Hernández Ramírez presentó una iniciativa para adicionar el artículo 23 BIS a la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí.
La legisladora señaló que la Alerta Amber es una herramienta eficaz de difusión, que contribuye en la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, que se encuentren en riesgo de sufrir daños por motivo de su no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún delito ocurrido en territorio nacional.
Afirmó que fortalecer la difusión de la Alerta Amber es necesario e implica aprovechar los medios que ya se conocen e implementan, y emplear nuevas herramientas tecnológicas como las redes sociales, aplicaciones móviles, mensajería instantánea y alianzas con empresas privadas que permitan que la ciudadanía se convierta en un aliado fundamental y estratégico en la búsqueda de personas.
Por ello, propone que las instituciones de seguridad pública del Estado, en el ámbito de sus atribuciones, coadyuvarán y brindarán apoyo inmediato a la autoridad competente en materia de búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas conforme a la legislación aplicable, para la difusión de boletines o alertas oficiales, incluidos los mecanismos de alerta Amber u otros análogos, a través de mensajes SMS o los medios tecnológicos disponibles, conforme a los convenios de colaboración que para tal efecto se celebren.
Se busca que el servicio social y las prácticas profesionales sean reconocidos como experiencia laboral
Por: Redacción
Con el objetivo de que el servicio social y las prácticas profesionales sean reconocidos legalmente como experiencia laboral, la diputada Ma. Sara Roche Medina, propuso una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del Estado; y a la Ley para el Ejercicio de las Profesiones en el Estado de San Luis Potosí.
Mediante esta reforma, se busca que las autoridades educativas en coordinación con las instituciones de educación superior en el Estado, promuevan y garanticen que el servicio social y las prácticas profesionales sean reconocidos como experiencia laboral previa para efectos de contratación.
Para tal fin, se propone que la constancia o diploma de terminación emitida por la institución educativa deberá detallar las actividades y competencias desempeñadas, la cual tendrá validez oficial como comprobante de experiencia profesional. autoridades competentes a emitir certificaciones con validez oficial para fortalecer la empleabilidad y contratación futura de las y los jóvenes.
La legisladora señala en su exposición de motivos que uno de los mayores obstáculos que enfrentan las y los jóvenes egresados en el Estado de San Luis Potosí, es la exigencia de tener experiencia laboral previa para acceder a su primer empleo.
Aprobada iniciativa de la diputada para permitir regulación integral de inteligencia artificial
Por: Redacción
La diputada local Jessica Gabriela López Torres logró la aprobación unánime en la LXIV Legislatura de la derogación de artículos del Código Penal estatal que regulaban el uso de inteligencia artificial.
En sesión extraordinaria, los legisladores aprobaron el Decreto que elimina el artículo 187 TER y el Capítulo V, titulado “Uso indebido de inteligencia artificial para provocar alarma social”, junto con los artículos 272 BIS y 272 TER del Código Penal del Estado de San Luis Potosí.
La iniciativa fue presentada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, por López Torres y por ciudadanas y ciudadanos que participaron en el análisis del dictamen. El voto unánime de la legislatura refleja un consenso político en torno a la necesidad de replantear cómo el estado regula la inteligencia artificial y, especialmente, cómo define y sanciona el “uso indebido” de esta tecnología en contextos de comunicación pública.
La decisión legislativa es más apertura que cierre. El Congreso enfatizó que la derogación “no limita la potestad del Congreso del Estado para continuar el análisis y, en su caso, desarrollar un marco jurídico integral en materia de inteligencia artificial”. Con la eliminación de estas tres normas, la legislatura abre espacio para una nueva regulación “sustentada en parámetros de control de regularidad constitucional”, es decir, con especial cuidado en que cualquier restricción a la tecnología no contravenga derechos constitucionales.
Para construir ese marco, el Congreso propiciará “mecanismos de deliberación plural, abierta, técnica y participativa” que incluyan a instituciones académicas, especialistas, organismos públicos, organizaciones de la sociedad civil y sectores productivos. Este enfoque sugiere que la legislatura busca escuchar más allá de su propio hemiciclo antes de escribir nuevas normas.
La próxima sesión de la Diputación Permanente está programada para el viernes 7 de agosto de 2026 a las 9:00 horas.
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