Congreso del Estado
Congreso de SLP aprobó por unanimidad la Ley Vicaria
Este tipo de agresiones son las ejercidas contra mujeres a través del daño a sus hijos e hijas
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó, por unanimidad, la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, para incorporar el concepto de violencia vicaria, como un tipo de violencia contra las mujeres, entendida como aquellas acciones ejercidas sobre las hijas e hijos de la mujer, con el objetivo de causarle daño, realizadas por una persona agresora que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o se mantenga o hayan mantenido una relación de hecho, como la sustracción ilegal de los hijos e hijas del hogar de la madre, y cualquiera otra dirigida a dañar a la mujer a través del daño a sus hijos e hijas.
Gabriela Martínez Lárraga, diputada local e impulsora de dicha iniciativa, expuso que la violencia vicaria es una de las formas de violencia de género más “graves, crueles y despiadadas” que existen, y sólo recientemente comenzó a visibilizarse, “pues como casi todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, la tolerancia social impide ponerles alto y permite su legitimación, causando en este caso daños irreparables e incluso la destrucción de las mujeres que la padecen”.
La violencia vicaria se ejerce a través de la manipulación de los hijos e hijas en contra de la madre, de la sustracción o secuestro de éstos, de atentados contra su integridad física con golpes, lesiones que pueden ser muy graves, tortura, abuso sexual, descuido, prostitución y en los casos más extremos con el asesinato de las hijas o hijos, que es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a la mujer de manera permanente.
El dictamen reforma los artículos, 13 en su fracción VII, 46 en su fracción VII, y 52 en su fracción II el inciso b); y adiciona a los artículos, 3° la fracción III Bis, 4° la fracción XVI Bis, 11 el párrafo tercero, 13 la fracción VII, 46 la fracción VIII, 52 en su fracción II el inciso c) bis, y 59 el párrafo segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.
La reforma aprobada establece que el Poder Judicial del Estado tendrá entre sus obligaciones, capacitar sobre todos los tipos y modalidades de violencia con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia con perspectiva de género, haciendo énfasis en la violencia vicaria por ser de reciente reconocimiento. En relación a los modelos de atención, brindados por el estado y municipios, se indica que en los casos de violencia vicaria, se deberá proporcionar atención y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan la reunificación familiar entre las hijas e hijos con la madre con el objetivo de reparar el daño causado derivado de dicha modalidad de violencia.
Las víctimas recibirán el apoyo interinstitucional del Sistema DIF; la Secretaría General de Gobierno; el Instituto de las Mujeres, Centro de Justicia para Mujeres, y en su caso del Poder Judicial; con el objetivo de implementar un sistema de protección y acompañamiento integral para las mujeres y sus hijas e hijos; y apoyo para la reunificación familiar entre la madre y sus hijos e hijas que estén siendo víctimas de violencia vicaria; así como realizar las acciones tendentes a garantizar a las víctimas el derecho a la justicia.
La reforma indica que tratándose de resoluciones judiciales que involucren violencia vicaria es fundamental que el agresor reciba rehabilitación psicológica con perspectiva de género y de infancia.
Durante la presentación y aprobación del dictamen, estuvieron en el Pleno, mujeres víctimas de la violencia vicaria.
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Cuauhtli Badillo dijo que primero deben tener voluntad y que después se podrán analizar reformas en el Congreso
Por: Redacción
Cuauhtli Badillo Moreno, diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, dijo que prefiere concientizar a los alcaldes antes que sancionarlos por incumplir en materia de seguridad, aunque consideró prudente analizar en el Congreso reformas para empujar a los ayuntamientos.
Badillo dijo que el secretario de Seguridad del Estado le planteó propuestas de sanciones, pero que él no es partidario de “estrategias tan punitivas”. “Primero deben tener voluntad los alcaldes, las alcaldesas, y después ir aterrizando a otras estrategias”, afirmó.
El diputado reconoció que hay ayuntamientos que no han cumplido con el sueldo mínimo de 14 mil pesos para los policías municipales. La reforma constitucional publicada el 16 de abril de 2026 fija ese salario para los policías de los 59 municipios, con plazo que venció el 31 de agosto. El 2 de octubre, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona dijo que hay una lista de “más o menos 10” alcaldes que podrían ser inhabilitados.
Badillo dijo que muchos policías municipales ni siquiera están certificados y que lo primero es que todos tengan su Certificado Único Policial (CUP)
Dijo también que el año que entra entrará en vigor un cambio con el que las policías estatales y municipales tendrán tareas de investigación.
Badillo espera que el gobernador, que encabeza el Consejo de Seguridad, lo convoque a la brevedad para dar seguimiento a la reunión pasada, conocer las problemáticas y saber en dónde puede entrar la Guardia Nacional, la Guardia Civil Estatal y la Defensa Nacional.
Afirmó que hay buena coordinación entre el gobierno federal y el del Estado, pero que hace falta seguir exhortando a los alcaldes a apoyar a sus policías municipales.
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Cuauhtli Badillo dijo que no hay un hecho concreto, pero que datos de la investigación apuntan a posibles vínculos
Por: Redacción
Cuauhtli Badillo Moreno, diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, solicitó una reunión en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México para conocer cómo va la operación Enjambre, ante datos de la investigación que, dijo, indican que algunos municipios de San Luis Potosí pueden estar recayendo en la delincuencia organizada.
Badillo aclaró que “no es un hecho concreto”, pero que “algunos datos de la investigación dan información de que pueden estar por ahí recayendo en la delincuencia organizada”.
La operación Enjambre es una estrategia del Gobierno de México que investiga la infiltración del crim en organizado en gobiernos municipales y que ha derivado en detenciones de alcaldes y policías en varios estados.
El diputado dijo que lo platicó con el secretario de Seguridad del Estado hace unos días, cuando acudió a la comparecencia, y que uno de los temas pendientes es la participación de las policías municipales en la Estrategia Nacional de Seguridad. Los policías municipales, recordó, son los principales respondientes de la seguridad en los ayuntamientos.
Badillo afirmó que en San Luis Potosí la estrategia “está dando el resultado”, pero que hay algunos ayuntamientos que “no están cumpliendo”.
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Héctor Serrano atribuyó el aumento del gasto legislativo a laudos, jubilaciones y una resolución judicial
Por: Redacción
El Congreso del Estado pudo recibir alrededor de 130 millones de pesos más, pero los diputados lo rechazaron y prefirieron quedarse entre los 10 congresos con menor presupuesto del país, afirmó Héctor Serrano Cortés, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ante las críticas por el aumento del gasto legislativo.
Serrano recordó que el año pasado, cuando el Ejecutivo Federal propuso homologar el presupuesto de los congresos locales, un estudio ubicó al potosino entre los 10 con menos recursos en proporción al presupuesto del estado. “Hasta se ven emocionados algunos diputados diciendo, bueno, pues nos van a subir”, relató.
La reforma conocida como P lan B
El diputado atribuyó el incremento a jubilaciones, laudos pendientes y una resolución judicial que el Congreso debe atender, por la que pidió recursos a la Secretaría de Finanzas
Según Serrano, el Congreso tiene “una gran cantidad de carencias” y el dinero se ha usado para cubrir necesidades básicas, sin gastos ostentosos ni conmemoraciones costosas.
El 15 de octubre, el pleno aprobó por mayoría un presupuesto de 349.8 millones de pesos para el Congreso en 2027. En septiembre, Serrano había advertido un escenario de recortes y dijo que los diputados pondrían dinero de su bolsillo para los festejos por los 200 años de la Constitución potosina.
Sobre si esta legislatura dejará cargas económicas a la siguiente, explicó que cada presupuesto corresponde a su año de ejercicio, por lo que la próxima legislatura tendrá sus propias obligaciones. Los laudos, en cambio, sí se heredan: son una obligación institucional, no personal.
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