Congreso del Estado
Congreso de SLP aprobó por unanimidad la Ley Vicaria
Este tipo de agresiones son las ejercidas contra mujeres a través del daño a sus hijos e hijas
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó, por unanimidad, la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, para incorporar el concepto de violencia vicaria, como un tipo de violencia contra las mujeres, entendida como aquellas acciones ejercidas sobre las hijas e hijos de la mujer, con el objetivo de causarle daño, realizadas por una persona agresora que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o se mantenga o hayan mantenido una relación de hecho, como la sustracción ilegal de los hijos e hijas del hogar de la madre, y cualquiera otra dirigida a dañar a la mujer a través del daño a sus hijos e hijas.
Gabriela Martínez Lárraga, diputada local e impulsora de dicha iniciativa, expuso que la violencia vicaria es una de las formas de violencia de género más “graves, crueles y despiadadas” que existen, y sólo recientemente comenzó a visibilizarse, “pues como casi todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, la tolerancia social impide ponerles alto y permite su legitimación, causando en este caso daños irreparables e incluso la destrucción de las mujeres que la padecen”.
La violencia vicaria se ejerce a través de la manipulación de los hijos e hijas en contra de la madre, de la sustracción o secuestro de éstos, de atentados contra su integridad física con golpes, lesiones que pueden ser muy graves, tortura, abuso sexual, descuido, prostitución y en los casos más extremos con el asesinato de las hijas o hijos, que es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a la mujer de manera permanente.
El dictamen reforma los artículos, 13 en su fracción VII, 46 en su fracción VII, y 52 en su fracción II el inciso b); y adiciona a los artículos, 3° la fracción III Bis, 4° la fracción XVI Bis, 11 el párrafo tercero, 13 la fracción VII, 46 la fracción VIII, 52 en su fracción II el inciso c) bis, y 59 el párrafo segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.
La reforma aprobada establece que el Poder Judicial del Estado tendrá entre sus obligaciones, capacitar sobre todos los tipos y modalidades de violencia con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia con perspectiva de género, haciendo énfasis en la violencia vicaria por ser de reciente reconocimiento. En relación a los modelos de atención, brindados por el estado y municipios, se indica que en los casos de violencia vicaria, se deberá proporcionar atención y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan la reunificación familiar entre las hijas e hijos con la madre con el objetivo de reparar el daño causado derivado de dicha modalidad de violencia.
Las víctimas recibirán el apoyo interinstitucional del Sistema DIF; la Secretaría General de Gobierno; el Instituto de las Mujeres, Centro de Justicia para Mujeres, y en su caso del Poder Judicial; con el objetivo de implementar un sistema de protección y acompañamiento integral para las mujeres y sus hijas e hijos; y apoyo para la reunificación familiar entre la madre y sus hijos e hijas que estén siendo víctimas de violencia vicaria; así como realizar las acciones tendentes a garantizar a las víctimas el derecho a la justicia.
La reforma indica que tratándose de resoluciones judiciales que involucren violencia vicaria es fundamental que el agresor reciba rehabilitación psicológica con perspectiva de género y de infancia.
Durante la presentación y aprobación del dictamen, estuvieron en el Pleno, mujeres víctimas de la violencia vicaria.
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Estas asociaciones proponen sancionar con mayor severidad el maltrato a los animales, luego de la agresión sufrida en contra de una perrita
Por: Redacción
El diputado Luis Felipe Castro Barrón, junto con las diputadas Leticia Vázquez Hernández y Gabriela Martínez Vázquez, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de asociaciones de protección animal, quienes han solicitado reformas a la legislación en materia de maltrato animal.
El legislador explicó que estas asociaciones proponen sancionar con mayor severidad el maltrato a los animales, luego de la agresión sufrida en contra de una perrita, que perdió la vida, y cuyos agresores siguen un proceso penal por este delito.
“Son asociaciones que vienen impulsando el tema de la Ley Hope, queríamos tener un intercambio con ellos, y llevamos algunas propuestas de ley que venimos trabajando, todo enfocado al bienestar de los animales de San Luis Potosí, principalmente los animales de compañía”.
Precisó que se buscará hacer una revisión de los delitos relacionados con el maltrato a los animales, para establecer las penalidades en cada caso, para lo cual hay varias iniciativas al respecto, además de la promoción de un padrón de personas maltratadoras de animales.
A la par, se buscará se cuente con presupuesto para la realización de esterilizaciones de animales, principalmente perros y gatos callejeros, que son principalmente quienes sufren actos de maltrato.
Congreso del Estado
Diputados revisan Paquete Económico 2026 y avalan incentivos a nuevas inversiones
La Comisión de Hacienda del Congreso inició el análisis del Paquete Económico 2026 y aprobó un dictamen que amplía incentivos fiscales para empresas que busquen instalar manufactura en San Luis Potosí
Por: Redacción
La Comisión de Hacienda del Estado recibió este lunes las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2026 enviadas por el Ejecutivo estatal, con lo que arrancó formalmente la revisión del Paquete Económico para el próximo año.
La presidenta del órgano legislativo, María Dolores Robles Chairez, informó que el proyecto será turnado al Pleno para posteriormente regresar a comisión, donde comenzará el análisis puntual de cada rubro.
En la misma sesión, la comisión aprobó un dictamen que modifica la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad, a fin de ampliar los estímulos fiscales destinados a empresas —nacionales o extranjeras— que trasladen o creen actividades de manufactura en San Luis Potosí, siempre que su mercado principal se ubique fuera del país.
La propuesta, presentada por el diputado Marco Antonio Gama Basarte
Además, se informó que los montos de adquisiciones, arrendamientos y servicios proyectados para 2026 serán enviados al Pleno para su discusión, conforme lo establece la normativa.
A la reunión acudieron las diputadas y diputados María Dolores Robles Chairez, María Leticia Vázquez Hernández, Jessica Gabriela López Torres, Gabriela Guadalupe Martínez Vázquez, Crisógono Pérez López, Tomás Zavala González y Mireya Vancini Villanueva.
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Esta medida aplicará cuando se acredite que se haya negado o prorrogado la interrupción del embarazo dentro del plazo de las doce semanas
Por: Redacción
La Comisión Primera de Justicia aprobó reformas al Código Penal del Estado, a fin de incorporar excluyentes de responsabilidad penal en el delito de aborto. La diputada Leticia Vázquez Hernández, presidenta de esta comisión legislativa, manifestó que esta es una de las reformas que el Congreso del Estado incorpora como parte de su agenda en relación a la erradicación de la violencia contra las mujeres, y garantizar el derecho reproductivo de las mujeres.
“En el Día de la Eliminación de la violencia contra las mujeres, es importante para esta comisión legislar sobre los derechos reproductivos de las mujeres, y las excluyentes por violencia a las mujeres y por lo tanto no son punibles en el caso del aborto para ellas; cuando sea mala praxis, cuando sea de pobreza extrema, y ciertos requisitos que nos faltaba”.
De esta manera, se aprueba la reforma al artículo 150 en sus fracciones I, II y III; y adiciona al mismo artículo 150 las fracciones IV, V y VI, del Código Penal del Estado de San Luis Potosí
Cuando se acredite por cualquier medio que una autoridad o, institución pública de salud o su personal, haya negado previamente o prorrogado la interrupción del embarazo dentro del plazo de las doce semanas de embarazo; cuando la mujer gestante se encuentre en una situación económica de pobreza extrema; cuando a juicio del médico o la médica que la asista, de no interrumpirse el embarazo, la mujer gestante, se encuentre en peligro de muerte o en riesgo de una afectación grave a su salud.
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