Congreso del Estado
Congreso de SLP aprobó por unanimidad la Ley Vicaria
Este tipo de agresiones son las ejercidas contra mujeres a través del daño a sus hijos e hijas
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó, por unanimidad, la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, para incorporar el concepto de violencia vicaria, como un tipo de violencia contra las mujeres, entendida como aquellas acciones ejercidas sobre las hijas e hijos de la mujer, con el objetivo de causarle daño, realizadas por una persona agresora que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o se mantenga o hayan mantenido una relación de hecho, como la sustracción ilegal de los hijos e hijas del hogar de la madre, y cualquiera otra dirigida a dañar a la mujer a través del daño a sus hijos e hijas.
Gabriela Martínez Lárraga, diputada local e impulsora de dicha iniciativa, expuso que la violencia vicaria es una de las formas de violencia de género más “graves, crueles y despiadadas” que existen, y sólo recientemente comenzó a visibilizarse, “pues como casi todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, la tolerancia social impide ponerles alto y permite su legitimación, causando en este caso daños irreparables e incluso la destrucción de las mujeres que la padecen”.
La violencia vicaria se ejerce a través de la manipulación de los hijos e hijas en contra de la madre, de la sustracción o secuestro de éstos, de atentados contra su integridad física con golpes, lesiones que pueden ser muy graves, tortura, abuso sexual, descuido, prostitución y en los casos más extremos con el asesinato de las hijas o hijos, que es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a la mujer de manera permanente.
El dictamen reforma los artículos, 13 en su fracción VII, 46 en su fracción VII, y 52 en su fracción II el inciso b); y adiciona a los artículos, 3° la fracción III Bis, 4° la fracción XVI Bis, 11 el párrafo tercero, 13 la fracción VII, 46 la fracción VIII, 52 en su fracción II el inciso c) bis, y 59 el párrafo segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.
La reforma aprobada establece que el Poder Judicial del Estado tendrá entre sus obligaciones, capacitar sobre todos los tipos y modalidades de violencia con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia con perspectiva de género, haciendo énfasis en la violencia vicaria por ser de reciente reconocimiento. En relación a los modelos de atención, brindados por el estado y municipios, se indica que en los casos de violencia vicaria, se deberá proporcionar atención y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan la reunificación familiar entre las hijas e hijos con la madre con el objetivo de reparar el daño causado derivado de dicha modalidad de violencia.
Las víctimas recibirán el apoyo interinstitucional del Sistema DIF; la Secretaría General de Gobierno; el Instituto de las Mujeres, Centro de Justicia para Mujeres, y en su caso del Poder Judicial; con el objetivo de implementar un sistema de protección y acompañamiento integral para las mujeres y sus hijas e hijos; y apoyo para la reunificación familiar entre la madre y sus hijos e hijas que estén siendo víctimas de violencia vicaria; así como realizar las acciones tendentes a garantizar a las víctimas el derecho a la justicia.
La reforma indica que tratándose de resoluciones judiciales que involucren violencia vicaria es fundamental que el agresor reciba rehabilitación psicológica con perspectiva de género y de infancia.
Durante la presentación y aprobación del dictamen, estuvieron en el Pleno, mujeres víctimas de la violencia vicaria.
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La reforma aplica a quienes aspiren a la Presidencia, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México
Por: Redacción
El Pleno del Congreso del Estado aprobó por mayoría la minuta de reforma a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución federal, que exige nacionalidad única a quienes encabecen los poderes ejecutivos federal y estatales. Es decir, quienes aspiren a la Presidencia de la República, a una gubernatura o a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México no podrán tener ni adquirir otra nacionalidad.
Una minuta es un proyecto de reforma que ya aprobó el Congreso de la Unión y que, por tratarse de un cambio a la Constitución, necesita también el aval de la mayoría de los congresos estatales.
El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, que elaboró el dictamen, explicó que la minuta llegó de la Cámara de Senadores. Con la reforma también se considerarán incompatibles con esta obligación el uso de un pasaporte o identificación de otro país, el ejercicio de derechos políticos ante ese Estado, como votar, y acogerse a su protección diplomática, es decir, pedir el apoyo de sus embajadas o consulados como ciudadano de ese país.
Arreola Mallol recordó que la iniciativa la presentó Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de la República, con el objetivo de que quienes ocupen esos cargos mantengan únicamente la nacionalidad mexicana mientras los ejercen.
Con la reforma, para ser presidente o presidenta se requerirá ser mexicano por nacimiento, hijo de padre o madre mexicanos, haber residido en el país al menos 20 años
Quien ya ocupe la Presidencia no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocarla ante una autoridad extranjera. Si lo hace, será sancionado conforme al Título Cuarto de la Constitución, el apartado que regula las responsabilidades de los servidores públicos.
Para las gubernaturas la regla es similar. Solo podrá ser gobernador o gobernadora un mexicano por nacimiento sin otra nacionalidad, que sea nativo del estado o tenga al menos cinco años de residencia efectiva antes de la elección, y que tenga 30 años cumplidos el día de los comicios, o menos si la Constitución local lo permite.
Los artículos transitorios, que son las reglas para aplicar la reforma, dan al Congreso de la Unión 90 días naturales a partir de que entre en vigor el decreto para ajustar la Ley de Nacionalidad y la legislación electoral.
La minuta se remitió a la Cámara de Senadores para continuar con su trámite.
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Roberto García dijo que el formato, incluida la réplica y contrarréplica, se definirá la próxima semana
Por: Redacción
Las comparecencias de funcionarios estatales ante el Congreso del Estado por la Glosa del V Informe de Gobierno se realizarán el 19, 20 y 21 de octubre, y la primera en acudir será la Secretaría General de Gobierno, el lunes 19, informó el diputado José Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Después de Gobierno comparecerán los titulares de Finanzas y Educación, según recordó el legislador. Aclaró que todavía no tiene el número total de funcionarios citados porque la lista se va a ampliar.
Lo que no hubo fue acuerdo sobre el formato. García Castillo explicó que algunos legisladores propusieron que acudan otras personas, además de los funcionarios que normalmente comparecen, y que por eso la Jucopo dejó ese punto para su próxima reunión, la semana que viene.
Entre esas propuestas está la del representante parlamentario de Movimiento Ciudadano, que pidió citar a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). También está en discusión si habrá réplica y contrarréplica, es decir, si los diputados podrán responder a lo que diga cada funcionario y si este tendrá otro turno para contestar.
“En la fecha sí, lo que no está definido es la metodología”, resumió el presidente de la Jucopo.
La Glosa es el proceso con el que el Congreso revisa el informe anual del gobernador Ricardo Gallardo Cardona: los titulares de las dependencias estatales acuden a explicar lo que se reportó y a responder las preguntas de los diputados.
La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social, que preside el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, ya adelantó que en la comparecencia del gabinete de seguridad pedirá cifras concretas de cada centro de reinserción del estado, luego de que se diera a conocer que el penal de La Pila tiene sobrepoblación.
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Roberto García reconoció que las tarifas “sí están un poco elevadas” tras volver de Huehuetlán
Por: Redacción
El diputado local José Roberto García Castillo, coordinador del grupo parlamentario de Morena en el Congreso del Estado, reconoció que las casetas de las autopistas que unen la capital con la Zona Media y la Huasteca “sí están un poco elevadas”, y se comprometió a buscar a los encargados de su mantenimiento para ver qué se puede hacer.
El legislador contestó así a una pregunta sobre los aumentos en casetas como la de Cerritos a Rioverde, la de Rioverde a Ciudad Valles y las de la Zona Industrial, que suben de precio sin aviso previo. García Castillo dijo que venía precisamente de Huehuetlán y que el costo de las casetas sí es alto.
“Estaremos atendiendo el tema y ver cómo podemos colaborar”, dijo. Planteó trabajar en equipo con quienes dan mantenimiento a esas carreteras para que los aumentos no afecten a las personas que viajan en vehículo.
Cuando se le recordó que varias administraciones ya buscaron a estas empresas y que se han negado a bajar los precios, el diputado insistió en que hará ese acercamiento “de manera coordinada y respetuosa” para dar una solución. “Vamos a atenderlo”, afirmó.
Según una revisión de tarifas publicada en julio por El Universal San Luis Potosí, la caseta de Cerritos, en la autopista San Luis Potosí–Rioverde, cuesta 110 pesos para automóvil, y la de Rayón, en el tramo Rioverde–Ciudad Valles, 55 pesos. El mismo medio señaló que La Pitahaya, en la ruta Ciudad Valles–Tamuín, es una de las más caras del estado, con 183 pesos.
En abril, Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) publicó sus nuevas tarifas, con alzas que en algunos tramos del estado superan el 7 por ciento respecto de 2025.
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