Congreso del Estado
Congreso de SLP aprobó por unanimidad la Ley Vicaria
Este tipo de agresiones son las ejercidas contra mujeres a través del daño a sus hijos e hijas
Por: Redacción
El Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobó, por unanimidad, la reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí, para incorporar el concepto de violencia vicaria, como un tipo de violencia contra las mujeres, entendida como aquellas acciones ejercidas sobre las hijas e hijos de la mujer, con el objetivo de causarle daño, realizadas por una persona agresora que tenga o haya tenido una relación de matrimonio, concubinato, o se mantenga o hayan mantenido una relación de hecho, como la sustracción ilegal de los hijos e hijas del hogar de la madre, y cualquiera otra dirigida a dañar a la mujer a través del daño a sus hijos e hijas.
Gabriela Martínez Lárraga, diputada local e impulsora de dicha iniciativa, expuso que la violencia vicaria es una de las formas de violencia de género más “graves, crueles y despiadadas” que existen, y sólo recientemente comenzó a visibilizarse, “pues como casi todas las violencias que se ejercen contra las mujeres, la tolerancia social impide ponerles alto y permite su legitimación, causando en este caso daños irreparables e incluso la destrucción de las mujeres que la padecen”.
La violencia vicaria se ejerce a través de la manipulación de los hijos e hijas en contra de la madre, de la sustracción o secuestro de éstos, de atentados contra su integridad física con golpes, lesiones que pueden ser muy graves, tortura, abuso sexual, descuido, prostitución y en los casos más extremos con el asesinato de las hijas o hijos, que es la parte más visible de esta forma de violencia extrema que destruye a la mujer de manera permanente.
El dictamen reforma los artículos, 13 en su fracción VII, 46 en su fracción VII, y 52 en su fracción II el inciso b); y adiciona a los artículos, 3° la fracción III Bis, 4° la fracción XVI Bis, 11 el párrafo tercero, 13 la fracción VII, 46 la fracción VIII, 52 en su fracción II el inciso c) bis, y 59 el párrafo segundo de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de San Luis Potosí.
La reforma aprobada establece que el Poder Judicial del Estado tendrá entre sus obligaciones, capacitar sobre todos los tipos y modalidades de violencia con el objetivo de fortalecer la impartición de justicia con perspectiva de género, haciendo énfasis en la violencia vicaria por ser de reciente reconocimiento. En relación a los modelos de atención, brindados por el estado y municipios, se indica que en los casos de violencia vicaria, se deberá proporcionar atención y tratamiento psicológico especializados y gratuitos a las víctimas, que favorezcan la reunificación familiar entre las hijas e hijos con la madre con el objetivo de reparar el daño causado derivado de dicha modalidad de violencia.
Las víctimas recibirán el apoyo interinstitucional del Sistema DIF; la Secretaría General de Gobierno; el Instituto de las Mujeres, Centro de Justicia para Mujeres, y en su caso del Poder Judicial; con el objetivo de implementar un sistema de protección y acompañamiento integral para las mujeres y sus hijas e hijos; y apoyo para la reunificación familiar entre la madre y sus hijos e hijas que estén siendo víctimas de violencia vicaria; así como realizar las acciones tendentes a garantizar a las víctimas el derecho a la justicia.
La reforma indica que tratándose de resoluciones judiciales que involucren violencia vicaria es fundamental que el agresor reciba rehabilitación psicológica con perspectiva de género y de infancia.
Durante la presentación y aprobación del dictamen, estuvieron en el Pleno, mujeres víctimas de la violencia vicaria.
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Congreso del Estado
Congreso propone aumentar sanciones para hospitales y funerarias que retengan cadáveres
Se busca que la pena establecida actualmente de tres meses a dos años de prisión, se incremente a dos años a seis años de prisión
Por: Redacción
La Comisión de Salud y Asistencia Social aprobó reformar el artículo 248 del Código Penal del Estado, para incrementar sanciones en el delito contra la fidelidad profesional, en los casos en que directivos de clínicas, sanatorios y hospitales públicos o privados, retardan o niegan, por cualquier motivo la entrega de un cadáver, al igual que a funerarias.
La legisladora Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de esta comisión legislativa, indicó que en estos casos se busca que la pena establecida actualmente de tres meses a dos años de prisión, se incremente a dos años a seis años de prisión, para quienes cometan esta conducta.
“Es una modificación al Código Penal para endurecer las penas, las sanciones para incrementar las penas en años para quienes cometan el delito de retención de cadáveres ya sea en hospitales privados, funerarias, o la retención de personas en los hospitales privados de alguna persona que haya fallecido, ya existe este delito y lo que solicita es incrementar las penas”.
Se indica en la exposición de motivos, que el ejercicio de las profesiones relacionadas con la salud constituye una de las actividades de mayor relevancia social, ya que de ellas depende, en gran medida, la vida, la integridad física y el bienestar de las personas.
El dictamen se turnará al pleno para su votación.
Luis Felipe Castro advirtió que la práctica sigue en la capital, Soledad, Matehuala y Coxcatlán
Por: Redacción
Luis Felipe Castro Barrón, diputado y vicepresidente de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Congreso del Estado, llamó a los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí a cumplir con la prohibición de usar animales de carga, como burros y caballos, en la recolección de basura y residuos domésticos.
La prohibición forma parte de las reformas de 2025 a la Ley de Protección a los Animales del Estado, que considera esta práctica una forma de maltrato animal y establece multas de 3 a 120 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
El legislador señaló que, pese a la ley, el uso de animales de carga continúa en la zona metropolitana y en municipios del interior, donde se han documentado casos de sobreexplotación y maltrato que pueden causar la muerte de los animales.
“Estamos pidiendo a los ayuntamientos que ejecuten la ley de manera eficiente. Seguimos viendo en distintos lugares, no solamente en la zona metropolitana, sino al interior del estado, personas que siguen utilizando animales de carga para estos fines”, dijo.
Castro Barrón precisó que la práctica se ha identificado en Coxcatlán, en la Huasteca; Matehuala, en el Altiplano; la capital, y en particular en la comunidad de Peñasco, en Soledad de Graciano Sánchez.
Advirtió además que algunos recolectores depositan los residuos en tiraderos irregulares, donde las altas temperaturas y la falta de prevención pueden provocar incendios que afectan a vecinos de zonas cercanas.
Reconoció que algunos propietarios de carretas argumentan falta de recursos para sustituir a los animales por unidades motorizadas, y planteó que los ayuntamientos implementen programas de financiamiento para esa transición.
“Creo que lo que falta es voluntad de parte de los ayuntamientos, cultura de parte de los ciudadanos y que ayuden las distintas organizaciones en apoyo al cuidado de los animales”, afirmó.
Nancy García, presidenta de la Comisión del Agua, dijo que aún hay tiempo para trabajos preventivos
Por: Redacción
Nanc y Jeanine García Martínez, presidenta de la Comisión del Agua del Congreso del Estado
Señaló que los municipios aún están a tiempo de hacer trabajos de desazolve, revisión de drenajes y mantenimiento de infraestructura hidráulica, sobre todo en la zona metropolitana. Añadió que estas acciones deberían mantenerse todo el año, no solo antes de la temporada de lluvias, para detectar a tiempo drenajes antiguos u obsoletos.
García Martínez recordó una iniciativa que impulsó y que fue aprobada sobre la implementación del Atlas de Riesgo
La legisladora reconoció que los organismos operadores de agua y los municipios enfrentan dificultades financieras, en buena medida porque sus ingresos dependen de cuotas y tarifas.
Dijo que la prevención requiere la participación coordinada de los municipios, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí y la ciudadanía, porque la acumulación de basura en calles y drenajes también provoca obstrucciones e inundaciones.
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