Reformas y adiciones que fortalecen requisitos de idoneidad regulan la entrega voluntaria y prohíben cualquier forma de lucro o beneficio indebido

Por: Redacción

La diputada Diana Ruelas Gaitán presentó una iniciativa de reforma al Código Familiar para el estado de San Luis Potosí a fin de fortalecer el marco jurídico estatal en materia de adopción, requisitos de idoneidad y prohibir de manera expresa cualquier forma de lucro o beneficio indebido relacionado con dicho procedimiento.

Se establece con claridad que pueden ser sujetos de adopción las niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad, que no tengan quien ejerza sobre ellas o ellos la patria protestad, que sean abandonados, acogidos en Centros de Asistencia Social o bajo tutela del Estado, o que aun estando bajo patria protestad, exista consentimiento expreso otorgado ante la autoridad competente y ratificado judicialmente.

Esta precisión normativa resulta necesaria porque la redacción anterior generaba interpretaciones dispersas que podían dificultar la determinación de la situación jurídica de la persona susceptible de adopción y al establecer de manera puntual los supuestos, se brinda mayor certeza jurídica tanto a las autoridades como a las personas involucradas en el procedimiento y se evita la discrecionalidad en la aplicación de la norma.

Además, se reconoce de manera expresa el derecho a llevar los apellidos del adoptante o adoptantes, el derecho a disfrutar de los mismos derechos y obligaciones que existen en el parentesco por consanguinidad

Se incorpora como impedimento para adoptar el contar con sentencia condenatoria firme por violencia familiar en delitos contra las mujeres por razón de género, delitos contra la libertad sexual la seguridad sexual o el normal desarrollo psicosexual y de igual forma se establece como impedimento encontrarse inscrito en el padrón de personas deudoras alimentarias morosas, salvo que se acredite el pago total de los adeudos.

Además, se prohíbe de manera expresa la obtención directa o indirecta de beneficios económicos materiales o de cualquier índole por parte de familiares de origen, particulares, instituciones públicas o privadas o autoridades involucradas en el procedimiento de adopción, ya que la adopción no puede convertirse en un mecanismo de intermediación lucrativa.

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Diputados señalaron que la población LGBTTTIQ+ enfrenta barreras estructurales para acceder al empleo formal

Por: Redacción 

Con el fin de promover la inclusión laboral de personas LGBTTTIQ+, la diputada Frinné Azuara Yarzábal, junto con los diputados Héctor Serrano, Cuauhtli Badillo y Marco Antonio Gama,  propuso una iniciativa para modificar diversas disposiciones de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas; de la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad y de la Ley Orgánica de la Administración Pública.

En su exposición de motivos la legisladora señala que la población LGBTTTIQ+ enfrenta barreras estructurales para acceder al empleo formal, especialmente en sectores públicos y privados que carecen de políticas de inclusión. Por ello esta iniciativa busca promover acciones afirmativas para fomentar la inclusión laboral estas personas, como medida de reparación histórica y garantía de igualdad sustantiva.

Menciona que datos de la Encuesta Nacional sobre Diversidad Sexual y de Género (ENDISEG) en el 2021, señalan que quienes tienen una identidad u orientación no normativa, aumenta la probabilidad de la negativa a un empleo.

Particularmente, indica que en San Luis Potosí existen barreras estructurales que se traducen en la falta de reconocimiento legal pleno de la identidad de género, el estigma social y la discriminación que siguen generando altas tasas de desempleo, informalidad y precariedad laboral para personas trans y no binarias, lo que potencialmente afecta al 6% de la población potosina mayor de 15 años.

El programa incluye la fiscalización de organismos como Arena Potosí, INPOJUVE, Centro de las Artes e INREVIS; también se revisará el ejercicio del gasto en SEDARH tras señalamientos sobre posible uso indebido de recursos

Por: Redacción

La Comisión de Vigilancia de la Función de Fiscalización del Congreso del Estado aprobó el Programa Anual de Auditorías 2026 para la fiscalización de las cuentas públicas correspondientes al ejercicio fiscal 2025, del Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE).

El diputado Luis Fernando Gámez Macías, presidente de la comisión legislativa, señaló que la aprobación de este plan es un paso necesario para que el IFSE pueda realizar su labor de seguimiento al ejercicio del gasto público y verificar que lo aprobado en los presupuestos se cumpla.

“Esto es importante para constatar que efectivamente lo aprobado en los presupuestos se está cumpliendo y de no ser así, que se inicie el trabajo de auditoría de observar y realizar seguimiento, para que en caso de que algún funcionario público de los tres órdenes de gobierno que no cumpla con su trabajo se le pudiera observar y venga una etapa de desahogo de estos temas”, indicó.

Por su parte, el titular del IFSE, Joaquín Lecourtois López, explicó que para definir las entidades que formarán parte del Programa de Auditorías se realizó un análisis de dependencias y municipios que registraron mayores ingresos, tanto propios como provenientes de participaciones estatales.

Como parte del programa se integrarán algunos organismos como la Arena Potosí, el Instituto Potosino de la Juventud (INPOJUVE), el Centro de las Artes y el Instituto de Regularización y Vivienda Social del Estado de San Luis Potosí (INREVIS)

En el mismo tema, el legislador Luis Fernando Gámez informó que las cuentas públicas de los 112 entes obligados correspondientes al ejercicio fiscal 2025 fueron recibidas en tiempo y forma.

Durante el apartado de Asuntos Generales, el diputado Marco Antonio Gama solicitó al titular del IFSE iniciar una revisión al caso denunciado en medios de comunicación sobre un presunto mal uso de recursos humanos y materiales por parte del titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos (SEDARH), petición a la que se sumó el diputado Gámez Macías.

Al respecto, Joaquín Lecourtois indicó que la revisión a la cuenta pública de SEDARH ya forma parte del Programa Anual de Auditorías, por lo que se auditará al personal y el ejercicio del gasto público correspondiente al capítulo 1000, con el objetivo de verificar que no exista un uso indebido de los recursos humanos de la dependencia.

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