Congreso del Estado
Congreso aprobaría elevar penas en delito de lesiones a mujeres.
Se buscarían de 12 a 21 años de prisión por daño de lesiones a mujeres por razón de género.
Por: Redacción
En reunión de la Comisión de Justicia, se aprobó el dictamen que reforma el artículo 142 BIS en sus párrafos primero y cuarto del Código Penal del Estado, con el objetivo de elevar las penas en el delito de lesiones a una mujer en razón de su género.
El diputado Rene Oyarvide presentó la propuesta buscando incluir en el apartado de lesiones contra la mujer, una penalidad de 8 a 20 años de prisión, así como una sanción pecuniaria de 400 a 700 días del valor de la unidad de medida y actualización.
El artículo establece que es considerado como razones de género cuando concurra alguna de estas circunstancias: Lesiones infamantes, degradantes o una mutilación; Que previo a alguna lesión infringida existan datos donde se hayan cometido amenazas, acoso o violencia del sujeto activo contra la víctima.
En la actualidad, está establecido una pena de 7 a 14 años de prisión, y una sanción pecuniaria de 200 a 500 días del valor de la unidad de medida y actualización, por lo que se buscaría establecer una sanción más severa para quien cometa este delito.
Además, se indico que si entre el sujeto activo y la víctima existió una relación sentimental, afectiva o de confianza así como de parentesco, laboral, docente o cualquiera que implique subordinación o superioridad, donde se acredite, que en virtud de esa relación fueron infringidas las lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, al sujeto activo se le impondrán de 12 a 21 años de prisión, y una multa de 500 a 800 días del valor de la unidad de medida y actualización.
La sanción establecida en el Código, por esta agravante, es de 9 a 18 años de prisión, y multa de trescientos a seiscientos días del valor de la unidad de medida y actualización.
En la exposición de motivos de esta iniciativa, se mencionó que el objetivo es sancionar con mayor severidad esta clase de conductas, así como proteger la integridad de las mujeres. Esto debido al incremento que durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19 hubo sobre casos de violencia hacia la mujer.
El dictamen respectivo se presentará a votación en el pleno.
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Congreso del Estado
Congreso busca sancionar pesca ilícita y combatir contaminación
En la Zona Huasteca es escenario de métodos depredatorios de pesca y el río Axtla sufre de contaminación indiscriminada
Por: Redacción
La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado a fin de dotar al Estado de instrumentos penales específicos y reforzados para combatir la contaminación, la modificación ilícita de cauces y la pesca ilícita en ríos y cuerpos de agua interiores, con énfasis en la Huasteca potosina y en particular en la cuenca del río Axtla, sin perder de vista el conjunto de ríos y sistemas acuáticos que bañan a los municipios de la región.
Con esta reforma, se busca desalentar el uso de métodos de pesca depredatorios, promover el respeto a las vedas establecidas para especies como la acamaya, proteger la biodiversidad acuática y garantizar la continuidad de actividades económicas y culturales vinculadas al agua, en beneficio de las generaciones presentes y futuras del Estado de San Luis Potosí.
La legisladora presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social manifestó que la región huasteca es reconocida a nivel nacional e internacional por sus ríos de aguas claras, cascadas y atractivos ecoturísticos, entre los que sobresalen los sistemas de los ríos Axtla, Tampaón, Gallinas y Moctezuma, que constituyen un patrimonio natural fundamental para el Estado y para el país.
Dentro de este sistema hídrico, la cuenca del río Axtla se ha convertido en un caso emblemático por la creciente presión que enfrenta, no solo por descargas y contaminación, sino también por prácticas de pesca indiscriminada y métodos depredatorios empleados por particulares en sus márgenes y afluentes. Diversas notas periodísticas y reportes ciudadanos recientes han documentado mortandad de peces, deterioro de la calidad del agua y preocupación social por las afectaciones al río Axtla, lo que ha motivado incluso la instalación de comités de cuenca e intervenciones de autoridades ambientales para atender la problemática.
La iniciativa contempla incorporar un tipo penal de pesca ilícita dentro del Capítulo relativo a los delitos contra el ambiente, como artículo 295 Bis, a continuación del actual artículo 295 que ya tutela cuerpos de agua, humedales y cauces. Asimismo, se propone una reforma al artículo 295 para visibilizar de forma expresa la protección reforzada que merecen los ríos, lagunas, humedales y cuerpos de agua de la región Huasteca Potosina, sin alterar el catálogo de conductas punibles ya previstas en dicho artículo.
Las sanciones propuestas en el nuevo artículo 295 Bis —uno a cuatro años de prisión y trescientos a dos mil días multa en su tipo básico; tres a ocho años de prisión y mil quinientos a cuatro mil días multa en los supuestos agravados— guardan proporcionalidad con el resto de los delitos ambientales previstos en el Código Penal estatal y con el estándar federal para delitos contra la biodiversidad.
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Congreso del Estado
Congreso y Tecnológico de Valles firman convenio de colaboración
Esto permitirá impulsar intercambio de información, la generación de publicaciones y la implementación de esquemas de educación dual
Por: Redacción
Con el objetivo de fortalecer la vinculación interinstitucional y sentar las bases para el desarrollo de programas académicos y tecnológicos; y proyectos de investigación conjunta, el Congreso del Estado llevó a cabo la Firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional con el Instituto Tecnológico de Ciudad Valles.
Esto permitirá impulsar proyectos de interés común, intercambio de información especializada, la generación de publicaciones conjuntas y la implementación de esquemas de educación dual, en beneficio del fortalecimiento institucional.
En representación del Congreso del Estado, el diputado Roberto García Castillo, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), señaló que este acuerdo permitirá impulsar acciones de investigación y conocimiento para fortalecer la formación académica de las y los jóvenes.
“Hoy no solo firmamos un convenio, sino que damos un paso firme hacia la construcción de un mejor San Luis Potosí. Este acuerdo representa la suma de voluntades entre el ámbito legislativo y el académico, con el objetivo de fortalecer la formación de las y los jóvenes, impulsar el conocimiento y traducirlo en soluciones reales para nuestra sociedad”, expresó.
Congreso del Estado
Multas y suspensiones: así castigarán la violencia en eventos deportivos en SLP
Las multas irán desde los mil a 5 mil UMA, mientras que la suspensiones de 1 a 5 años para organizar eventos
Por: Redacción
A propuesta del diputado Cuauhtli Badillo Moreno, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el dictamen que reforma diversos artículos de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de fortalecer la seguridad y prevenir la violencia en eventos deportivos.
El incumplimiento de las obligaciones establecidas por parte de los organizadores de eventos deportivos o de espectáculos, para evitar la violencia y salvaguardar la seguridad en general, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que resulten, generará multas de 1000 a 5000 unidades de medida de actualización vigente que corresponda al momento de cometer la infracción, así como suspensión de uno a cinco años en la organización de eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo.
La violencia se puede ver reflejada en cualquier evento deportivo, entre jugadores, aficionados, directivos, según sea la situación, que inicia desde un simple insulto verbal, hasta el lanzamiento de objetos y a una agresión física seria o causar la muerte.
Afirma que los sucesos violentos en eventos deportivos y de espectáculo disminuyen la confianza de los asistentes, por lo que se busca brindar solución a esta problemática con una suspensión temporal o definitiva del uso de instalaciones oficiales de cultura física y deporte, y otras sanciones administrativas para las personas involucradas de forma directa en actos de violencia y sancionar a quienes organizan.
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