Congreso del Estado
Congreso analiza retirar carta de no antecedentes penales de los requisitos para ser chofer
La iniciativa presentada por el Partido Verde y el PT está dirigida al transporte público
Por: Redacción
José Luis Fernández Martínez, Eloy Franklin Sarabia, Nadia Esmeralda Ochoa Limón, Roberto Ulises Mendoza Padrón, Edgar Alejandro Anaya Escobedo, Dolores Eliza García Román, Edgar Alejandro Anaya Escobedo y Martha Patricia Aradillas Aradillas, diputados locales de San Luis Potosí e integrantes del Partido Verde Ecologista , así como René Oyarvide Ibarra, Cinthia Verónica Segovia Colunga, y Salvador Isaís Rodríguez, del Partido del Trabajo (PT) presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Transporte Público del Estado, que cambiaría los requisitos a cumplir por los operadores del transporte público ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, para eliminar la carta de no antecedentes penales, y en su lugar, aprobar un examen médico, toxicológico y de capacidad visual.
Los diputados encargados de esta iniciativa expusieron que se deberá de “tener en cuenta que hay temas a corregir derivado que constitucionalmente resultan contrariados con los tiempos que hoy vivimos. Hasta hace unos meses, las líneas de transporte público que operan en la zona metropolitana de San Luis Potosí enfrentaban un severo déficit de personal, pues se opera al 70% de las plantillas laborales, de acuerdo con fuentes dedicadas a este sector”.
Los y las legisladoras establecieron que al inicio de la contingencia sanitaria se redujo la flotilla de operadores, no obstante, a lo largo de los últimos meses se ha recuperado y se ha buscado integrar nuevamente el personal, pero no se han logrado cubrir las vacantes. 
Las y los congresistas agregaron que la porción normativa “de no tener antecedentes penales” contraría el derecho de igualdad por varias razones: En primer lugar, la norma viola el derecho a la reinserción social, debido a que la finalidad de la reinserción implica que las personas que salen de la cárcel puedan acceder a un empleo, por lo que el Estado no debe negar el acceso al empleo a quienes hayan cumplido con una sentencia salvo que se justifique plenamente.
En segundo lugar, la mayoría apuntó que la norma viola el derecho de igualdad, debido a que introduce una diferencia injustificada que excluye del cargo a todas las personas que tengan hasta un “mínimo antecedente penal”. La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis y posterior dictamen.
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Gámez dijo que la lista ya está elaborada y que Derechos Humanos sigue en análisis
Por: Redacción
El Congreso del Estado citará a 10 servidores públicos a comparecer por la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, informó el diputado local Luis Fernando Gámez Macías.
Gámez Macías dijo que la lista ya está elaborada y que la hará llegar a los medios. De acuerdo con el calendario de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), la Secretaría General de Gobierno abrirá las comparecencias el lunes 19 de octubre.
El legislador señaló que se analiza el tema de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH)
Cuestionado sobre si se sumarán otros funcionarios, respondió que “de momento son los 10”. Explicó que todas las fuerzas políticas tienen dudas y que habrá un intercambio con los comparecientes. Dijo esperar un ejercicio “muy responsable, muy democrático, muy republicano”.
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El diputado afirmó que Interapas pierde la mitad del agua que extrae en su red
Por: Redacción
El diputado local Luis Fernando Gámez Macías propuso que los ayuntamientos destinen 15% de su presupuesto a reforzar la infraestructura hidráulica y la distribución del agua.
Gámez Macías explicó que la iniciativa de reforma constitucional ya está en la Comisión del Agua del Congreso del Estado y dijo confiar en que se resuelva en breve.
El legislador advirtió que hay un “ecocidio” en la zona metropolitana de San Luis Potosí y afirmó que 50% del agua que extrae el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Interapas) se pierde en la red. Por eso calificó de “inoperante” el modelo de gestión del agua.
Habló tras las lluvias que inundaron el Puente de Otón y dejaron vehículos varados. Dijo que la capital enfrenta “una crisis del agua y ahora una crisis de operatividad”.
El diputado anunció que el próximo martes presentará una segunda reforma, a la Ley de Planeación del Estado, para evaluar los indicadores municipales en servicios públicos. Con ella, afirmó, se podría auditar a los alcaldes no solo en agua, sino también en recolección de basura, alumbrado y seguridad.
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El exhorto pide a la SICT y a CAPUFE justificar públicamente cualquier cambio en las cuotas
Por: Redacción
La Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo del diputado Marco Antonio Gama Basarte para pedir a las autoridades federales que revisen y, en su caso, bajen las tarifas de peaje en las carreteras federales.
Un punto de acuerdo es un pronunciamiento del Congreso: no obliga a la autoridad, pero le pide formalmente que actúe sobre un tema.
La presidenta de la comisión, diputada Jacquelinn Jauregui Mendoza, explicó que el exhorto va dirigido al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), para que analicen suspender, modificar o revisar las tarifas vigentes. También se pide que cualquier decisión sobre las cuotas tenga una justificación técnica, económica, financiera y jurídica, y que esta se haga pública.
Jauregui Mendoza señaló que los aumentos no solo afectan a quienes usan las autopistas a diario, sino también al tr ansporte de carga
En San Luis Potosí, según la propuesta, se registraron aumentos recientes en algunos tramos. En el corredor Lagos de Moreno–San Luis Potosí el peaje pasó de 704 a 757 pesos, y en el libramiento Ciudad Valles–Tamuín la tarifa para el transporte de carga subió de 437 a 471 pesos.
La comisión consideró que, por la importancia de San Luis Potosí para la conectividad carretera del país, es necesario revisar el efecto de las tarifas en los sectores productivos y en la economía de las familias.
El dictamen pasará al Pleno del Congreso para su análisis y, en su caso, aprobación.
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