Sin seguir procedimientos formales y abusando de la fuerza, elementos de la Policía Municipal desalojaron a vendedores ambulantes de la Plaza del Carmen

Por: Redacción

Una vez más el Ayuntamiento capitalino fue señalado por la opinión pública luego de que se desarrollara un operativo en el que se empleó a 40 elementos de la Policía Municipal para desalojar tres puestos de vendedores ambulantes que estaban instalados en la Plaza del Carmen.

A través de un comunicado de prensa, la Dirección General de Seguridad Pública de San Luis Potosí señaló que dicha acción fue a pedido del área de Comercio de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), con la finalidad de “establecer el orden público y garantizar la seguridad del personal municipal”.

Ante esta situación, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos manifestó su postura condenando los hechos realizados por parte del Ayuntamiento y la Policía Municipal, en lo que, señaló la dependencia, se violentaron los derechos humanos a la legalidad y la seguridad personal de los comerciantes y se hizo uso excesivo de la fuerza pública. La CEDH se pronunció a favor del reordenamiento del comercio ambulante, sin embargo, puntualizó que deben seguirse los procesos y formalidades pertinentes.   

En estos hechos, una oficial de policía resultó lesionada y hubo siete detenidos que fueron remitidos ante el Juez de Justicia Cívica “por alterar el orden público e impedir la prestación de servicios municipales”, además, tras ser desalojados, varios comerciantes arremetieron contra los agentes de la Policía Municipal, a quienes les lanzaron parte de su mercancía.

Finalmente, se informó que la Dirección de Comercio aseguró dos puestos y mercancía diversa; además de que en el dispositivo participaron 40 elementos de la DGSPM.

Esta no es la primera vez que la CEDH comprueba y señala el uso de la fuerza en operativos de esta administración. A principios del mes de julio, la CEDH informó que Jiménez Arcadia ordenó el uso de la fuerza sin que mediara orden judicial alguna que legitimara su actuar. Este señalamiento se dio por violar los derechos humanos a la legalidad, a la integridad y seguridad personal y al trato digno de Teresa Carrizales, jueza del Registro Civil. 

Otra recomendación emitida este año es la 7/2019, la cual se emitió el caso de violación al derecho a la inclusión en la consulta previa, libre, informada y culturalmente adecuada, originado por el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en agravio de la comunidad Mixteca Baja, que radica en el municipio de San Luis Potosí. Esta no fue aceptada por el ayuntamiento. 

De igual forma la CEDH había informado que ya no participará en en los operativos sin alcohol efectuados por el gobierno municipal, pues el Ayuntamiento no dio respuesta al oficio que solicitaba la convocatoria a cámaras empresariales y propietarios de bares para que apoyaran con la difusión los programas preventivos.  

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