octubre 30, 2026

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#4 Tiempos

Con botas de siete leguas | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

 

La semana pasada, a propósito de los múltiples casos de vacunas contra el covid aplicadas con jeringas vacías, el presidente aprovechó la conferencia matutina del martes para decir que para ello solo hay dos y solamente dos explicaciones: o error humano o montaje, claro, orquestado por los conservadores para desestabilizar el Plan Nacional de Vacunación. Acto seguido, el presidente trajo a colación el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta y anunció que al día siguiente presentarían toda la información respecto de ese montaje televisivo.  En la conferencia del miércoles, entonces, estuvieron presentes Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión, y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quienes mostraron un fragmento de lo transmitido en Primero Noticias en diciembre del 2005, se cargaron en contra de Loret y después ofrecieron algunas consideraciones sobre las cuestiones jurídicas referentes a Israel Vallarta y su posible liberación.

El estatus legal de Israel es particularmente interesante, pues él sigue en la cárcel —esperando sentencia desde hace 16 años— mientras que Florence fue puesta en libertad en 2014 tras un amparo —sin duda uno de los más importantes de la última década— otorgado por la Primera Sala de la Suprema Corte,  donde uno de los argumentos es el «efecto corruptor». Citando la sentencia, por este efecto debemos entender: “consecuencias de aquella conducta o conjunto de conductas, intencionadas o no intencionadas, por parte de las autoridades, que producen condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria (…)”. En otras palabras, que la actuación de la autoridad afecta directa o indirectamente la veracidad y objetividad de la evidencia.

En aquel caso, el efecto corruptor tuvo sus mayores repercusiones en los testimonios de las víctimas: justo después de la detención, las víctimas aseguraron no reconocer ni a Israel ni a Florence. Después de varios días de haber visto en todos los medios de comunicación los rostros de los presuntos secuestradores —y de que todo el país los sentenciara—, los testimonios fueron diametralmente distintos: declararon con total convencimiento que ellos eran sus captores y torturadores. Vaya, incluso hubo un testigo que, de manera voluntaria y en virtud de las imágenes en la televisión, fue a la PGR y declaró: «la misma persona que en ocasiones iba a mi puesto a comprar verdura (…) se trata de la misma persona que vi en la televisión como la francesa secuestradora».  

Las pruebas en favor de Israel —quien además tiene a un hermano y a un sobrino también en la cárcel, víctimas del montaje— son más que contundentes. Considerando el precedente del amparo Cassez, también están plenamente acreditados los actos de tortura que sufrió por parte de las autoridades y que no hubo tal banda de secuestradores. No obstante, Israel también está acusado del secuestro de otras dos personas —que no formaron parte del montaje—, por lo que no se le puede aplicar el mismo criterio del efecto corruptor y liberarlo en automático. El de Israel Vallarta es solo uno más de los miles de casos que hay de personas que llevan décadas esperando una sentencia; o que cuyas imputaciones fueron fabricadas y ejecutadas sin la menor decencia y apego a la ley.

En ese respecto, vale la pena recordar que la campaña presidencial de López Obrador fue muy propositiva en la cuestion de la justicia transicional. Quizás todos sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de justicia. Sin embargo, al añadirle el apellido transicional, el tema se vuelve mucho más serio. La justicia transicional es aquella que alude a la manera en que un país enfrenta y deja atrás un periodo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos con una magnitud tal que está rebasada por los medios convencionales de acceso a la justicia. Por tanto, los tres ejes en los que descansa la justicia transicional son: conocer la verdad y saber quién es responsable de qué; contar con mecanismos de reparación del daño para las víctimas; y asegurar instrumentos para la no repetición de dichas violaciones a derechos. Se trata, esencialmente, de pacificar y de conocer la verdad.

Ante ello, uno de los principales pilares de la campaña obradorista fue la flamante Ley de Amnistía, que, con todos sus ocho artículos, fue promulgada el año pasado por estas fechas. Dicha ley contempla una serie de supuestos en los que es posible decretar amnistía en favor de personas contra quienes se haya ejercido acción penal en el fuero federal: por aborto, por haber sido obligado a producir o a comerciar drogas, por no haber contado con un traductor en caso de ser indígena, entre otros. Si bien la intención y el mensaje político es loable y contundente, dicha ley es casi inocua en cuanto a su aplicación. Para ponerlo en perspectiva, solo alrededor del 15% de los delitos totales son del fuero federal. En un ejemplo más concreto, no hay ninguna mujer encarcelada por aborto en el fuero federal; todas están en el fuero local. El alcance de la Ley de Amnistía es mínimo; al día de hoy, no ha habido una sola persona que se haya beneficiado de ella. Ni para las personas como Israel, que están en prisión sin sentencia o que cuyas garantías individuales han sido violadas, ni para las decenas de miles de víctimas se ven intentos reales de acercarles justicia.

Es preciso recordar al famoso escritor de cuentos francés del siglo XVII, Charles Perrault, que fue reconocido por dar forma literaria a los cuentos que entonces se transmitían solo de voz en voz, como Caperucita Roja o Pulgarcito. En la versión de Perrault, Pulgarcito le roba al ogro sus botas de siete leguas, que le permitían recorrer el equivalente a siete leguas con cada paso dado. Estas botas de siete leguas han sido utilizadas, desde entonces, para expresar que algo o alguien avanza demasiado rápido cuando decide ponérselas; cuando no las usa, avanza lentamente.

A estas alturas del partido, es bien sabido por todos y todas que las conferencias matutinas están lejos de ser un espacio de directa rendición de cuentas; por el contrario, son una suerte de tribunal popular donde tienen lugar algunas de las situaciones más chuscas y bochornosas de la actualidad nacional. También es bien sabido por todos y todas que los montajes televisivos y la inmoralidad con que algunas veces se conducen el poder y los medios de comunicación es inaceptable, pero que aún sigue pasando. Ahí está la rifa del avión, por ejemplo.

La justicia —y ni hablar de la justicia con apellidos— viene a paso muy lento. Es cierto que la Ley de Amnistía tiene apenas un año de aprobada, pero esta administración ya está en su tercer año y aun no se ve la hora de que haya si quiera un atisbo de verdad y pacificación. Con leyes que aplican prácticamente a nadie, tampoco. En contraste, el presidente se pone sus botas de siete leguas para ajustar desde la tribuna mañanera sus problemas personales con los periodistas, jueces, instituciones o políticos incómodos al régimen. Nadie exime de responsabilidad a Loret por el montaje, pero, seamos serios, es tarea de la gente evaluar a las y los periodistas y a su trabajo; a los tribunales, determinar si hay o no responsabilidad legal. Excusándonos en Israel Vallarta, tengamos siempre en mente lo peligroso del efecto corruptor y de las estigmatizaciones; más cuando provienen desde arriba.

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Acento Ajeno

La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés

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ACENTO AJENO

Por: Haniel Valdés Velázquez

Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.

Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.

En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.

Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?

Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.

Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.

Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.

La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades

ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.

Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.

El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.

Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.

Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.

La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.

Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.

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El Cronopio

Carlos Villatoro, el actor de corazón potosino | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

Los inicios del cine mexicano están marcados por la participación de actores y actrices de San Luis Potosí; algunos personajes han sido tratados en esta columna. Desde la época del cine mudo hasta los albores del cine sonoro en México, aparecen estas contribuciones potosinas que se extienden a lo largo de toda la historia del cine mexicano.

Entre los personajes que inician su actividad actoral en el cine mudo se encuentra Carlos Villatoro, que si bien se registra su lugar de nacimiento en Comitán, Chiapas, en 1903, siempre subrayó su sello de potosino en virtud que sus hermanos mayores habían nacido en San Luis Potosí y su familia radicaba en la ciudad potosina al finalizar el siglo XIX.

Carlos Villatoro, actor del cine mudo y sonoro mexicano

Uno de dichos hermanos era Héctor Villatoro que a principios de la década de los veinte se encontraba como cónsul en Canadá, y con quien fue enviado Carlos Villatoro por su padre. Este periplo marcaría su primera relación con el mundo del cine, pues al quedar varado en Nueva York por una huelga que imposibilitó su viaje a Canadá, conoció a quienes iniciarían la dirección de películas en México, Gabriel García Moreno y Manuel Ojeda, en ese momento se acercaba a la actividad actoral en Nueva York. Como consecuencia, en 1925 García Moreno le propuso el papel estelar de la película El Buitre, y una serie de películas que se filmaron en Orizaba, Veracruz, de 1925 a 1927, entre ellas el Puño de Hierro de 1927 que se considera la primera película que trata el mundo de las drogas.

Como pionero del cine mudo mexicano Carlos Villatoro se convierte en uno de los mejores actores del cine mudo mexicano y de los primeros años del cine sonoro, al protagonizar películas sonoras desde 1934, entre ellas la película de Juan Bustillo Oro, Dos Monjes, donde participa también la actriz potosina Emma Roldán, en el papel de Gertrudis la madre de Javier, protagonizado por Carlos Villatoro; en esa película participa también en realización de Dos Monjes, el matehualense Juan José Ortega García, de quien trataremos en futuras entregas de esta columna.

Carlos Villatoro conoce a Juan Bustillo Oro cuando estudiaban en la Escuela Nacional Preparatoria, lo que fue otro encuentro que le marcaría su destino a la actuación en cine, donde también se formaría como guionista y director, dirigiendo a principios de los cuarenta los cortometrajes: Viaje a Jalapa, Canciones y Danzas Mexicanas, Compositores Mexicanos y Juan Diego. Escribió el argumento de la famosa y exitosa película Quinto Patio, dirigida por Rafael Sevilla en 1950.

Después de su participación en el cine mudo en México donde actuó en cinco películas en la década de los veinte, inicia su participación en el cine sonoro en 1934 en la película Águilas de América dirigida por Manuel Ojeda, participando en alrededor de veinte películas en el lapso de diez años, terminando su actuación en 1943 en la película La Mujer sin Alma de Fernando de Fuentes en 1943, al lado de María Félix.

A partir de 1944 se desempeña como anotador y asistente de director hasta 1963, año de su muerte. En esta actividad trabaja en numerosas producciones norteamericanas filmadas en México, teniendo apariciones incidentales.

También tuvo participación en la radio en México, siendo locutor en varias estaciones desde 1929. En la XEW tuvo el programa en 1951 “El rincón bohemio de Carlos Villatoro”.

Carlos Villatoro Escobedo el actor pionero del cine mexicano y baluarte en su desarrollo, quien se consideró un potosino de corazón, es uno de los fervientes hacedores del cine en México, quien consideraba que “la vida no era de película, pero hacer cine era su vida”.

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El Cronopio

Leticia Almazán de la Garza, compositora potosina | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

San Luis Potosí ha sido tierra de compositores, donde la música de concierto y las canciones de concierto han sobresalido. Algunos de estos personajes los hemos tratado en esta sección, aunque entre ellos han escaseado las mujeres, en cuanto a composiciones se refiere. Los tiempos cambian al abrirse oportunidades a las damas y, afortunadamente, en este siglo veintiuno podemos contar con algunas compositoras potosinas. Como muestra está el concierto que ofreciera la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí en el mes de marzo pasado donde interpretó, en el marco del Día Internacional de la Mujer, composiciones de autoras potosinas. Entre las compositoras potosinas programadas en el concierto se encontraba Leticia Almazán de la Garza.

Leticia Almazán, al menos fue mencionada en esta columna cuando tratamos el caso de la pianista potosina Malkhut Zavala, quien tiene entre su repertorio obras de Leticia Almazán, quien actualmente es encargada de las Escuelas de Iniciación Artística Asociadas que están asociadas al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que a pesar del esfuerzo de sus integrantes ha sido difícil su continuación, como suele suceder con el cambio de administraciones. Leticia Almazán se desempeña como Directora Académica del CEART San Luis.

Entre sus composiciones se encuentra La Noche, obra basada en los poemas de Manuel José Othón, obra con la que obtuvo el premio 20 de noviembre “Julián Carrillo”; la obra se estrenó en 2006, y ha sido poco interpretada, hasta que se armó el concierto de marzo.

A cien años de la muerte de Othón se compone esta obra musical, que da concreción a la obra inconclusa que contemplaran Othón y Carrillo, su conjunción lírica que habían titulado Tetralogía. Una pieza para celebrar el centenario de la Independencia de México que estaría dividida en cuatro partes: Descubrimiento de América, Conquista, Virreinato e Independencia. Así sería una obra que recorrería la historia hispana de México y la construcción de un nuevo país. La muerte sorprendió al poeta y la obra quedó en suspenso; colaboración entre dos grandes figuras potosinas del arte, cuestión ya tratada en muy anterior entrega de esta sección de El Cronopio.

Ahora Leticia Almazán, se basa en la poesía de Othón para crear su obra musical La Noche. Una forma de apreciar el nuevo arte musical potosino de la mano de Leticia Almazán y la poesía del máximo poeta potosino. Por desgracia, es música que no se encuentra grabada por lo que dificulta su difusión, de por sí escasa, en aquellas obras de que se disponen grabaciones.

Leticia Almazán surge, así como una de las mujeres que abren camino en el campo de la composición en San Luis Potosí. Su incursión en esta línea de la composición es alentadora, pues puede sumarse a la escasa pero existente lista de compositoras mexicanas que incursionaron en la música clásica, entre ellas, María Grever, Sofía Cancino de Cuevas, Rosa Guraieb, Consuelo Velázquez, Ángela Peralta, María Teresa Prieto, Alicia Urreta, Guadalupe Olmedo, y ahora la joven compositora potosina Galya Cisneros, por citar algunas.

Leticia Almazán se tituló en la Licenciatura en Composición en la Escuela Estatal de Música en el año 2015, y realizó una Maestría en Administración Pública en la Universidad Latinoamericana.

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