noviembre 10, 2026

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#4 Tiempos

Con botas de siete leguas | Columna de Víctor Meade C.

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SIGAMOS DERECHO.

 

La semana pasada, a propósito de los múltiples casos de vacunas contra el covid aplicadas con jeringas vacías, el presidente aprovechó la conferencia matutina del martes para decir que para ello solo hay dos y solamente dos explicaciones: o error humano o montaje, claro, orquestado por los conservadores para desestabilizar el Plan Nacional de Vacunación. Acto seguido, el presidente trajo a colación el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta y anunció que al día siguiente presentarían toda la información respecto de ese montaje televisivo.  En la conferencia del miércoles, entonces, estuvieron presentes Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión, y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quienes mostraron un fragmento de lo transmitido en Primero Noticias en diciembre del 2005, se cargaron en contra de Loret y después ofrecieron algunas consideraciones sobre las cuestiones jurídicas referentes a Israel Vallarta y su posible liberación.

El estatus legal de Israel es particularmente interesante, pues él sigue en la cárcel —esperando sentencia desde hace 16 años— mientras que Florence fue puesta en libertad en 2014 tras un amparo —sin duda uno de los más importantes de la última década— otorgado por la Primera Sala de la Suprema Corte,  donde uno de los argumentos es el «efecto corruptor». Citando la sentencia, por este efecto debemos entender: “consecuencias de aquella conducta o conjunto de conductas, intencionadas o no intencionadas, por parte de las autoridades, que producen condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria (…)”. En otras palabras, que la actuación de la autoridad afecta directa o indirectamente la veracidad y objetividad de la evidencia.

En aquel caso, el efecto corruptor tuvo sus mayores repercusiones en los testimonios de las víctimas: justo después de la detención, las víctimas aseguraron no reconocer ni a Israel ni a Florence. Después de varios días de haber visto en todos los medios de comunicación los rostros de los presuntos secuestradores —y de que todo el país los sentenciara—, los testimonios fueron diametralmente distintos: declararon con total convencimiento que ellos eran sus captores y torturadores. Vaya, incluso hubo un testigo que, de manera voluntaria y en virtud de las imágenes en la televisión, fue a la PGR y declaró: «la misma persona que en ocasiones iba a mi puesto a comprar verdura (…) se trata de la misma persona que vi en la televisión como la francesa secuestradora».  

Las pruebas en favor de Israel —quien además tiene a un hermano y a un sobrino también en la cárcel, víctimas del montaje— son más que contundentes. Considerando el precedente del amparo Cassez, también están plenamente acreditados los actos de tortura que sufrió por parte de las autoridades y que no hubo tal banda de secuestradores. No obstante, Israel también está acusado del secuestro de otras dos personas —que no formaron parte del montaje—, por lo que no se le puede aplicar el mismo criterio del efecto corruptor y liberarlo en automático. El de Israel Vallarta es solo uno más de los miles de casos que hay de personas que llevan décadas esperando una sentencia; o que cuyas imputaciones fueron fabricadas y ejecutadas sin la menor decencia y apego a la ley.

En ese respecto, vale la pena recordar que la campaña presidencial de López Obrador fue muy propositiva en la cuestion de la justicia transicional. Quizás todos sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de justicia. Sin embargo, al añadirle el apellido transicional, el tema se vuelve mucho más serio. La justicia transicional es aquella que alude a la manera en que un país enfrenta y deja atrás un periodo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos con una magnitud tal que está rebasada por los medios convencionales de acceso a la justicia. Por tanto, los tres ejes en los que descansa la justicia transicional son: conocer la verdad y saber quién es responsable de qué; contar con mecanismos de reparación del daño para las víctimas; y asegurar instrumentos para la no repetición de dichas violaciones a derechos. Se trata, esencialmente, de pacificar y de conocer la verdad.

Ante ello, uno de los principales pilares de la campaña obradorista fue la flamante Ley de Amnistía, que, con todos sus ocho artículos, fue promulgada el año pasado por estas fechas. Dicha ley contempla una serie de supuestos en los que es posible decretar amnistía en favor de personas contra quienes se haya ejercido acción penal en el fuero federal: por aborto, por haber sido obligado a producir o a comerciar drogas, por no haber contado con un traductor en caso de ser indígena, entre otros. Si bien la intención y el mensaje político es loable y contundente, dicha ley es casi inocua en cuanto a su aplicación. Para ponerlo en perspectiva, solo alrededor del 15% de los delitos totales son del fuero federal. En un ejemplo más concreto, no hay ninguna mujer encarcelada por aborto en el fuero federal; todas están en el fuero local. El alcance de la Ley de Amnistía es mínimo; al día de hoy, no ha habido una sola persona que se haya beneficiado de ella. Ni para las personas como Israel, que están en prisión sin sentencia o que cuyas garantías individuales han sido violadas, ni para las decenas de miles de víctimas se ven intentos reales de acercarles justicia.

Es preciso recordar al famoso escritor de cuentos francés del siglo XVII, Charles Perrault, que fue reconocido por dar forma literaria a los cuentos que entonces se transmitían solo de voz en voz, como Caperucita Roja o Pulgarcito. En la versión de Perrault, Pulgarcito le roba al ogro sus botas de siete leguas, que le permitían recorrer el equivalente a siete leguas con cada paso dado. Estas botas de siete leguas han sido utilizadas, desde entonces, para expresar que algo o alguien avanza demasiado rápido cuando decide ponérselas; cuando no las usa, avanza lentamente.

A estas alturas del partido, es bien sabido por todos y todas que las conferencias matutinas están lejos de ser un espacio de directa rendición de cuentas; por el contrario, son una suerte de tribunal popular donde tienen lugar algunas de las situaciones más chuscas y bochornosas de la actualidad nacional. También es bien sabido por todos y todas que los montajes televisivos y la inmoralidad con que algunas veces se conducen el poder y los medios de comunicación es inaceptable, pero que aún sigue pasando. Ahí está la rifa del avión, por ejemplo.

La justicia —y ni hablar de la justicia con apellidos— viene a paso muy lento. Es cierto que la Ley de Amnistía tiene apenas un año de aprobada, pero esta administración ya está en su tercer año y aun no se ve la hora de que haya si quiera un atisbo de verdad y pacificación. Con leyes que aplican prácticamente a nadie, tampoco. En contraste, el presidente se pone sus botas de siete leguas para ajustar desde la tribuna mañanera sus problemas personales con los periodistas, jueces, instituciones o políticos incómodos al régimen. Nadie exime de responsabilidad a Loret por el montaje, pero, seamos serios, es tarea de la gente evaluar a las y los periodistas y a su trabajo; a los tribunales, determinar si hay o no responsabilidad legal. Excusándonos en Israel Vallarta, tengamos siempre en mente lo peligroso del efecto corruptor y de las estigmatizaciones; más cuando provienen desde arriba.

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El Cronopio

El patriarca del son arribeño, Don Francisco Berrones | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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Don Francisco Berrones, poeta del son arribeño, con sombrero de ala ancha sentado a una mesa

EL CRONOPIO

 

Hace treinta años fallecía en el Jagüey de San Francisco, San Nicolás Tolentino, San Luis Potosí, el gran poeta campesino Francisco Berrones Castillo, mismo lugar donde nació un mes de marzo de 1898, uno de los más importantes trovadores, decimeros de San Luis Potosí.

Un par de meses antes de nacer Don Francisco Berrones, falleció su padre dejándolo en la orfandad, de pequeño tendría problemas cardiacos teniendo pocas esperanzas de vida, lo que orilló a su madre a ofrecer a San Francisco de Asís patrono del pueblo del Jagüey de San Francisco, ponerle su nombre si alcanzaba a recibir el bautizo. El niño se salvó y Macario que era el nombre que tenía ese niño, pasó a llamarse Francisco. Las tradiciones del pueblo se manifestaron en esa petición al santo patrono del pueblo, Macario alcanzó a ser bautizado y su enfermedad desapareció, renaciendo como Francisco en pago a la manda.

Retrato en primer plano de Don Francisco Berrones, patriarca del son arribeño

Inició sus estudios primarios donde aprendió a leer y mal escribir, como refiere el mismo Francisco Berrones. La tradición del son arribeño lo envolvió de pequeño y aprendió a hacer poemas desde muy chico. Los primeros versos se los dedicaba a su abuela y su madre, “Cuando yo venía de la escuela le decía un verso a mi abuela materna, a mis hermanos mayores, y a veces le hacía un verso a mi madre en el que pedía que me diera un abrazo y un beso de sus labios; por tal motivo, todos me trataban con cariño”.

A los nueve años de edad acompañó a su hermano a que iba a trabajar a Tampico y en Ciudad Madero, que entonces se llamaba Paso de Doña Cecilia, compondría su primera poesía que dedicó a ese Paso de Doña Cecilia. El pequeño Francisco había presenciado entonces una topada entre los famosos poetas de son arribeño, José Torres y Eugenio Villanueva; recordaba aún al paso de los años la planta que Don José Torres le cantó a Don Eugenio y fue la inspiración para tomar el “destino”, como lo nombran los poetas arribeños. Berrones nos lo recuerda:

“[…] hicieron una fiesta de un 16 de septiembre con dos famosos poetas. Uno de ellos fue don José Torres y el otro fue el señor don Eugenio Villanueva, que Dios lo tenga en su Santa Gloria. Mi hermano me tomó de la mano y me dijo: vamos, te voy a llevar un rato a la fiesta y para que oigas a los cantores, a ver qué aprendes.

Llegamos a la dicha fiesta, estaban los tablados adentro de la aduana, en una cabecera, y todo aquello adornado con banderas tricolores. Estaba don Eugenio tocando un jarabe y muchos hombres bailando. No me di cuenta que le cantó él a don José Torres, pero cuando don Eugenio terminó, Don José le cantó esta planta, y su poesía la dijo así: Vamos adentro y adentro, para que nos dé una prueba, ahora se la lleva el viento don Eugenio Villanueva.

Al oír aquella poesía le dije a mi hermano, ‘yo creo que ya están en la competencia’. El sol ya se ha ocultado, y como mi hermano trabajaba de noche nos fuimos a la casa: mi hermano se fue a su trabajo y yo me quedé pensando en aquella planta, y repasándola para que no se me olvidara.

De pocos días pensé: bueno, y yo por qué no hago una poesía, pero a quién. Ah, pues le voy a hacer una a este Paso de Doña Cecilia y me puse en obra y la hice: fue la primera que brotó de mi mente”.

Iniciaba así una trayectoria de casi noventa años como poeta campesino, poeta de son arribeño, que dio gloria a esta rica tradición potosina, convirtiéndose en uno de los principales poetas en esta tradición que era invencible en el encuentro entre poetas, conocido como topadas, donde en todos esos años perdió sólo una vez siendo muy joven, contra José Ceballos en una topada en Villa Juárez.

Don Francisco Berrones aprendió el “reglamento” (que implica la memorización de poemas y el dominio de la improvisación de décimas) y la “sonería” (el repertorio de piezas, como sones y jarabes) escuchando a los trovadores cuando acompañaba a su madre a las bodas, así como con un par de libros de poesía de Juan de Dios Peza y Antonio Plaza que compraron él y un amigo que también le gustaba la poesía; por lo general, con el término de huapango engloban los distintos tipos de música que tocan, así como el baile y la fiesta misma.

Con el arado y por el arado
se acaba el hombre como alcanfor.
Porque el destino de agricultor
es un trabajo duro y pesado.
El hombre pobre de labrador,
su propia suerte lo está matando.
Todos los años vive regando
la tierra ajena con su sudor.
Para él no hay viento, no hay calor,
para él no hay nieve, ni frío o templado,
toda la vida está esclavizado;
por trabajar en la agricultura
se va orillando a la sepultura,
con el arado y por el arado.

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El Cronopio

Juan José Ortega, director cinematográfico matehualense | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash

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EL CRONOPIO

En las primeras décadas del siglo XX un buen número de potosinos van a la Ciudad de México a continuar su formación y su desarrollo profesional. La mayoría sobresalen en las actividades que se realizan, como lo muestra la nutrida membresía de la Academia Potosina de Ciencias y Artes formada por potosinos que radican en la Ciudad de México, donde la mayoría ocupan puestos de importancia en la vida cultural mexicana. Entre estos personajes se encuentra el camelense Juan José Ortega García que destacaría en la industria cinematográfica en la época de oro del cine nacional a la que se incorpora en la década de los treinta siendo otro de los potosinos pioneros en el cine mexicano.

Juan José Ortega García nació en Matehuala, San Luis Potosí, el 27 de octubre de 1904, donde inicia su educación primaria la que tuvo que suspender, para proseguirla de manera autodidacta, para contribuir al sostenimiento de su familia. La familia se traslada a San Luis Potosí y continúa su formación autodidacta, entre ellos el oficio de mecanografía, lo que le conduciría a iniciarse en el periodismo en 1925 colaborando en el periódico Acción de San Luis Potosí, del que sería su subdirector en 1928 y, director en 1932 del periódico potosino Vanguardia. Fundó en el Bajío un par de periódicos: el Diario del Centro en Aguascalientes y El Globo en León, Guanajuato. Colaboró como corresponsal en los periódicos Excélsior y El Universal.

Juan José Ortega García, director cinematográfico matehualense

Al llegar a la Ciudad de México para integrarse a la Comisión de Irrigación en el periodo presidencial de Lázaro Cárdenas inicia su carrera en el cine dirigiendo documentales oficiales, Irrigación en México y Gigantes de Piedra. Al dirigir estos largometrajes comprendió que su carrera sería el cine y se adentra dirigiendo su primera película en 1939, Sendas del Destino, donde actúa, entre otros, Eduardo Arozamena, en una trama que se desarrolla en la presa La Angostura en Sonora, reminiscencia de sus primeros largometrajes, la cual fue financiada de su propio peculio y con aportación de la Comisión Nacional de Irrigación, donde laboraba Ortega García.

Sendas del Destino sería su ópera prima de, al menos 42 películas que dirigió

, realizando también coproducciones internacionales, con Cuba, Venezuela, Colombia y Perú. Entre las películas que dirigió se encuentran: La mujer legítima en 1945, con Isabela Corona; La insaciable de 1947, con María Antonieta Pons, con un guion escrito por el propio Juan José Ortega incursionando así en el guionismo; Cuando el alba llegue, en 1950, con Meche Barba; Lodo y armiño, de 1951, con Armando Calvo; Cuentan de una mujer, en 1958, con Marga López; En carne propia, de 1961, con Joaquín Cordero; Pacto de sangre, en 1966, con Manuel López Ochoa, entre otras.

Entre los melodramas, género preferido de Juan José Ortega, filmados en Cuba se encuentran: la comedia musical filmada en 1953 en La Habana, intitulada Me gustan Todas con Adalberto Martínez Resortes; en 1954 las cintas, Frente al pecado de ayer y Yo no creo en los hombres, protagonizadas por Sarita Montiel; en 1956 dirige No me olvides nunca, con actuaciones de Luis Aguilar, Rosita Fornés y Olga Guillot.

En la década de los sesenta dirige la serie de películas tipo westerns de Leonardo Moncada, serie de cinco películas estelarizadas por Joaquín Cordero, basadas en una serie radiofónica cubana. En esa década Ortega comienza a dedicarse a la distribución de películas creando la distribuidora Compañía Cinematográfica Mexicana y Productora Mexicana de Películas. Es propietario también de Producción Fílmica de México y Películas y Videos Internacionales, todo ello en los ochenta.

Recibió varios reconocimientos a su carrera cinematográfica, como productor, director, guionista y distribuidor actividades que siguió después del periodismo, donde sería también pionero en el periodismo potosino del siglo XX. Juan José Ortega García murió en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1996.

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Acento Ajeno

La alcancía sin fondo de Margarito | Columna de Haniel Valdés

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ACENTO AJENO

Por: Haniel Valdés Velázquez

Dice Shakira, “tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”. Nombre de flor, pero actuar de mala hierba. Mientras el Estado amplía las rutas gratuitas y de calidad, para los potosinos, las empresas que operan el otro, el caro y de pésima calidad, dicen que no les alcanza y necesitan duplicar el precio del pasaje.

Margarito Terán, representante del sector camionero, que nunca ha usado el transporte público para moverse, solo para llenar sus bolsillos, por eso no sabe el pésimo servicio que prestan, pide tarifa récord y dinero público sin explicar qué pasó con el aumento de este año ni con los camiones nuevos que el Estado ya entregó al sector.

En enero, Margarito Terán pidió subir el pasaje de 12.50 a 15 pesos. El Estado le autorizó 13.50. Nueve meses después vuelve con una cifra que ya no es petición sino ultimátum: 23 pesos por viaje, 2,797 millones del erario y la amenaza de que el sistema “va a colapsar por inercia”.

Veintitrés pesos son 70% más que la tarifa vigente y 53% más que los 15 que el propio Terán decía indispensables hace diez meses. Si 15 eran la salvación en enero, ¿qué cambió para que ahora cueste ocho pesos más?

Hay un dato que Terán omite. Ese mismo enero, el 12, el gobernador Ricardo Gallardo entregó 100 camiones nuevos con una inversión de 266 millones de pesos en financiamientos. Son 2.66 millones por unidad. Al ritmo de ese precio, renovar las 768 unidades de la iniciativa costaría unos 2,043 millones. Faltarían casi 750 millones para llegar a los 2,797 que piden. El resto cubriría déficits de operación, un margen de 15% de utilidad para los concesionarios y las pérdidas de la pandemia. Es decir: dinero público para garantizarles ganancia.

Tampoco está claro qué pasó con los camiones ya entregados. El Gobierno presumió 100 en enero; en octubre, la SCT habló ante el Congreso de “más de 70 unidades urbanas” renovadas. Nadie ha dicho cuántos circulan, en qué rutas ni quién paga el financiamiento. Antes de pedir más, habría que rendir cuentas de lo que ya se dio.

Yo, usuario del transporte público de la capital, debo ser un desafortunado, solo una vez subí a una unidad de las nuevas, al parecer las rutas 53, 21, 30, 27, 10 y 5, que son las que utilizo con frecuencia, no recibieron la dicha de contar con los nuevos camiones, porque he conocido autos clásicos más modernos que los camiones que suelen llevarme por la ciudad.

La flota vieja no es una sorpresa. Terán dice que 882 unidades

ya debieron salir de circulación. La Ley de Transporte Público no permite camiones de más de 10 años, y renovarlos es obligación de quien tiene la concesión, no del usuario. En 2015 el padrón registraba mil 174 unidades; hoy hay mil 203. Once años después, el parque casi no creció, y tampoco se renovó. Y en mayo, el propio Terán reconoció que de mil 200 unidades autorizadas solo circulaban unas 800.

Hay una concentración que pesa. Cuatro empresas controlan 36% del padrón y diez, 61%. El dinero público llegaría sobre todo a quienes ya tienen más peso. Una de ellas, Tangamanga, enfrenta una denuncia de Ciudadanos Observando por mantener suspendidas tres rutas de su concesión.

El diputado Héctor Serrano lo dijo claro: las concesiones “son potestad del Estado, no propiedad de los concesionarios”. Quien explota un bien público no puede presentarse a pedir rescate cuando el negocio le sale mal.

Terán tiene razón en algo: los costos de operar suben. Pero una industria que pide más tarifa, más subsidio y más tiempo, sin ofrecer metas, plazos ni auditoría, no pide apoyo: pide un cheque en blanco.

Los costos suben, pero el respeto a la vialidad, la buena educación y atención por los conductores de las unidades, la limpieza de las mismas y el respeto a sus horarios y paradas, disminuyen.

La SCT debería preocuparse más por velar que las unidades de transporte urbano cumplan con aquello por lo que reciben dinero público, ofrecer un transporte de calidad. Pero primero y más fácil, cerrarle la boca y pararle los pies a este señor que ya parece alcancía, solo pidiendo dinero para guardar y no para emplear en lo que se necesita. O mínimo, salir con urgencia a desmentir sus falacias y exigirle resultados.

Lo mínimo que el usuario merece antes de pagar un peso más es saber cuántos de los 100 camiones nuevos circulan, un plan de renovación con fechas, rutas que realmente operen y cuentas abiertas sobre qué se hizo con el aumento de este año. Sin eso, los 23 pesos no son un precio. Son una factura sin desglose.

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