#4 Tiempos
Con botas de siete leguas | Columna de Víctor Meade C.
SIGAMOS DERECHO.
La semana pasada, a propósito de los múltiples casos de vacunas contra el covid aplicadas con jeringas vacías, el presidente aprovechó la conferencia matutina del martes para decir que para ello solo hay dos y solamente dos explicaciones: o error humano o montaje, claro, orquestado por los conservadores para desestabilizar el Plan Nacional de Vacunación. Acto seguido, el presidente trajo a colación el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta y anunció que al día siguiente presentarían toda la información respecto de ese montaje televisivo. En la conferencia del miércoles, entonces, estuvieron presentes Jenaro Villamil, director del Sistema Público de Radiodifusión, y Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, quienes mostraron un fragmento de lo transmitido en Primero Noticias en diciembre del 2005, se cargaron en contra de Loret y después ofrecieron algunas consideraciones sobre las cuestiones jurídicas referentes a Israel Vallarta y su posible liberación.
El estatus legal de Israel es particularmente interesante, pues él sigue en la cárcel —esperando sentencia desde hace 16 años— mientras que Florence fue puesta en libertad en 2014 tras un amparo —sin duda uno de los más importantes de la última década— otorgado por la Primera Sala de la Suprema Corte, donde uno de los argumentos es el «efecto corruptor». Citando la sentencia, por este efecto debemos entender: “consecuencias de aquella conducta o conjunto de conductas, intencionadas o no intencionadas, por parte de las autoridades, que producen condiciones sugestivas en la evidencia incriminatoria (…)”. En otras palabras, que la actuación de la autoridad afecta directa o indirectamente la veracidad y objetividad de la evidencia.
En aquel caso, el efecto corruptor tuvo sus mayores repercusiones en los testimonios de las víctimas: justo después de la detención, las víctimas aseguraron no reconocer ni a Israel ni a Florence. Después de varios días de haber visto en todos los medios de comunicación los rostros de los presuntos secuestradores —y de que todo el país los sentenciara—, los testimonios fueron diametralmente distintos: declararon con total convencimiento que ellos eran sus captores y torturadores. Vaya, incluso hubo un testigo que, de manera voluntaria y en virtud de las imágenes en la televisión, fue a la PGR y declaró: «la misma persona que en ocasiones iba a mi puesto a comprar verdura (…) se trata de la misma persona que vi en la televisión como la francesa secuestradora».
Las pruebas en favor de Israel —quien además tiene a un hermano y a un sobrino también en la cárcel, víctimas del montaje— son más que contundentes. Considerando el precedente del amparo Cassez, también están plenamente acreditados los actos de tortura que sufrió por parte de las autoridades y que no hubo tal banda de secuestradores. No obstante, Israel también está acusado del secuestro de otras dos personas —que no formaron parte del montaje—, por lo que no se le puede aplicar el mismo criterio del efecto corruptor y liberarlo en automático. El de Israel Vallarta es solo uno más de los miles de casos que hay de personas que llevan décadas esperando una sentencia; o que cuyas imputaciones fueron fabricadas y ejecutadas sin la menor decencia y apego a la ley.
En ese respecto, vale la pena recordar que la campaña presidencial de López Obrador fue muy propositiva en la cuestion de la justicia transicional. Quizás todos sepamos a qué nos referimos cuando hablamos de justicia. Sin embargo, al añadirle el apellido transicional, el tema se vuelve mucho más serio. La justicia transicional es aquella que alude a la manera en que un país enfrenta y deja atrás un periodo de violaciones sistemáticas a los derechos humanos con una magnitud tal que está rebasada por los medios convencionales de acceso a la justicia. Por tanto, los tres ejes en los que descansa la justicia transicional son: conocer la verdad y saber quién es responsable de qué; contar con mecanismos de reparación del daño para las víctimas; y asegurar instrumentos para la no repetición de dichas violaciones a derechos. Se trata, esencialmente, de pacificar y de conocer la verdad.
Ante ello, uno de los principales pilares de la campaña obradorista fue la flamante Ley de Amnistía, que, con todos sus ocho artículos, fue promulgada el año pasado por estas fechas. Dicha ley contempla una serie de supuestos en los que es posible decretar amnistía en favor de personas contra quienes se haya ejercido acción penal en el fuero federal: por aborto, por haber sido obligado a producir o a comerciar drogas, por no haber contado con un traductor en caso de ser indígena, entre otros. Si bien la intención y el mensaje político es loable y contundente, dicha ley es casi inocua en cuanto a su aplicación. Para ponerlo en perspectiva, solo alrededor del 15% de los delitos totales son del fuero federal. En un ejemplo más concreto, no hay ninguna mujer encarcelada por aborto en el fuero federal; todas están en el fuero local. El alcance de la Ley de Amnistía es mínimo; al día de hoy, no ha habido una sola persona que se haya beneficiado de ella. Ni para las personas como Israel, que están en prisión sin sentencia o que cuyas garantías individuales han sido violadas, ni para las decenas de miles de víctimas se ven intentos reales de acercarles justicia.
Es preciso recordar al famoso escritor de cuentos francés del siglo XVII, Charles Perrault, que fue reconocido por dar forma literaria a los cuentos que entonces se transmitían solo de voz en voz, como Caperucita Roja o Pulgarcito. En la versión de Perrault, Pulgarcito le roba al ogro sus botas de siete leguas, que le permitían recorrer el equivalente a siete leguas con cada paso dado. Estas botas de siete leguas han sido utilizadas, desde entonces, para expresar que algo o alguien avanza demasiado rápido cuando decide ponérselas; cuando no las usa, avanza lentamente.
A estas alturas del partido, es bien sabido por todos y todas que las conferencias matutinas están lejos de ser un espacio de directa rendición de cuentas; por el contrario, son una suerte de tribunal popular donde tienen lugar algunas de las situaciones más chuscas y bochornosas de la actualidad nacional. También es bien sabido por todos y todas que los montajes televisivos y la inmoralidad con que algunas veces se conducen el poder y los medios de comunicación es inaceptable, pero que aún sigue pasando. Ahí está la rifa del avión, por ejemplo.
La justicia —y ni hablar de la justicia con apellidos— viene a paso muy lento. Es cierto que la Ley de Amnistía tiene apenas un año de aprobada, pero esta administración ya está en su tercer año y aun no se ve la hora de que haya si quiera un atisbo de verdad y pacificación. Con leyes que aplican prácticamente a nadie, tampoco. En contraste, el presidente se pone sus botas de siete leguas para ajustar desde la tribuna mañanera sus problemas personales con los periodistas, jueces, instituciones o políticos incómodos al régimen. Nadie exime de responsabilidad a Loret por el montaje, pero, seamos serios, es tarea de la gente evaluar a las y los periodistas y a su trabajo; a los tribunales, determinar si hay o no responsabilidad legal. Excusándonos en Israel Vallarta, tengamos siempre en mente lo peligroso del efecto corruptor y de las estigmatizaciones; más cuando provienen desde arriba.
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TESTEANDO
Hoy se juega en Querétaro el Clásico de la 57, un duelo que siempre viene cargado de tensión, orgullo y, por desgracia, un trasfondo que no se puede ignorar: la sombra de la violencia. Este enfrentamiento no es un simple partido de fútbol, es un espejo incómodo de lo que todavía está pendiente en nuestro balompié.
El recuerdo de la batalla campal entre Querétaro y Atlas sigue vivo. Esa tarde oscura, con imágenes que dieron la vuelta al mundo, dejó claro que la pasión puede convertirse en caos en cuestión de segundos. Y no fue un hecho aislado: en otras ocasiones también hemos visto enfrentamientos en las gradas del Alfonso Lastras, peleas que interrumpieron partidos, además de aquel episodio en Torreón en el que el sonido de las detonaciones generó un pánico colectivo que terminó por vaciar un estadio entero. Lo que debería ser fiesta, demasiadas veces se ha convertido en pesadilla.
El problema no es exclusivo de México. Apenas esta misma semana, en Argentina, un partido internacional quedó marcado por escenas dantescas: aficionados golpeados, perseguidos y obligados a escapar del propio lugar que debería haber sido su refugio. El encuentro tuvo que ser suspendido y la violencia dejó un saldo de heridos, detenidos y un continente entero preguntándose cómo es posible que sigamos repitiendo las mismas historias de siempre.
Con ese telón de fondo se juega hoy este Clásico de la 57. En la cancha, Gallos Blancos y Atlético de San Luis se disputan algo más que tres puntos: se juegan la credibilidad de una rivalidad que merece ser recordada por goles y no por golpes 
Porque la verdad es dura: si después de lo vivido en Querétaro hace unos años todavía no entendemos, si después de tantas escenas vergonzosas en México seguimos tolerando barras que se comportan como pandillas, entonces lo que pasó en Argentina podría repetirse aquí en cualquier momento.
El Clásico de la 57 debe ser una advertencia. Que la intensidad se quede en la cancha, que la rivalidad se mida en goles, que la pasión no vuelva a confundirse con barbarie. Si hoy la historia vuelve a torcerse hacia el lado equivocado, no habrá espacio para el asombro: sería simplemente la consecuencia de haber aprendido nada.
Este clásico es una puerta: o se abre para dejar pasar el fútbol en su forma más pura, o se entreabre para que se cuele de nuevo la violencia. Y lo que ocurra esta noche dirá mucho más de nosotros como país que de los once contra once que se atrevan a pisar la cancha.
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APUNTES
De no ser porque al empresario Miguel Maya Romero le fueron a ofrecer poner una de sus cafeterías al interior de lo que iba a convertirse en el centro comercial Santa Fe, en los terrenos que rentó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí a la empresa VEM, e hizo público en sus medios el proyecto, a la UASLP le hubiera pasado de noche que le estaban por dar gato por liebre.
Se desató el infierno. Por algo a Miguel Maya Romero le dicen, los que lo quieren, “El diablo” (su WhatsApp es 666 y ya…bien raro).
Desde la muy humilde opinión de este aprendiz de reportero fueron dos errores fatales los que cometieron los promotores de Santa Fe: invitar a Maya solo a rentar un local, y no a invertir en el negocio completo.
El segundo error es haber entregado, al dueño de dos medios, el dossier, renders, planos, números y el “kit” completo del proyecto.
Hasta que estos materiales “cautiva inversionistas” fueron públicos en los medios miguelescos, la comunidad universitaria, sus más altos funcionarios y el Consejo Directivo, cayeron en cuenta que VEM les había vendido un unicornio que resultó ser un burro con brillantina.
Las especificaciones del Santa Fe publicadas estaban enfocadas al lucro, objetivo muy distante a lo que aprobó el Consejo Directivo Universitario por la confianza que le tienen al rector, Alejandro Zermeño Guerra.
Y es que con esa buena fe a la rectoría, nadie imaginó que el equipo jurídico de la Universidad resultara tan laxo, distraído e incompetente como para que en más de un año de haber firmado el contrato de arrendamiento (a precios muy inferiores a los del mercado, pero bueno…) no se hubiera dado cuenta que el unicornio rebuznaba.
En lugar de centro deportivo, canchas de pádel, gimnasio, pista para correr, estacionamientos para estudiantes y otras instalaciones dirigidas a la comunidad, se estaba gestando y vendiendo un centro comercial con tienda ancla, agencia de autos, restaurantes y cadenas comerciales.
Ante la presión social y mediática que provocó la discrepancia entre el proyecto original y el exhibido, el que tuvo que sacar el pecho y llevarse el desgaste fue el propio doctor Zermeño, que tuvo que pedir cuentas a su equipo jurídico encabezado por la abogada general de la universidad, Urenda Navarro Sánchez (a la que tengo el enorme gusto de no conocer).
En la revisión, el convenio resultó más poroso que un estropajo de Ixtle.
(Por cierto que el documento, al que solo Navarro Sánchez y muy pocos colaboradores de su oficina tenían acceso, casualmente se filtró a los mismos medios propiedad del villano de las pastorelas).
La filtración tuvo consecuencias. Por un lado, las enormes goteras jurídicas de la redacción del instrumento, urgieron a la Universidad cancelar el trato justificadamente acudiendo a las únicas condiciones que podrían protegerlos, que fueron el nulo avance de la obra y el agotamiento de los plazos.
En otras palabras, la falta de liquidez de los empresarios los salvaron; que si no, ya hubiera centro comercial, agencia de autos y café Chaires.
Por el otro lado, y ya circulando el convenio, se pudo saber que a la empresa VEM no le pidieron ni los requisitos más indispensables; no verificaron su experiencia (que no tiene) ni sus capacidades financieras (que tampoco tiene).
Con las cartas destapadas, el rector admitió que se sintió engañado (así lo declaró a éste medio y a otros). Pero… ¿engañado por quién?
¿Por la empresa? ¿O por su abogada general, que no cuidó a la institución, le escondió los detalles del poroso contrato y les generó un feroz enjambre jurídico en contra del que aún no salen?
Derivado de todos los yerros encontrados, se hizo inminente para la UASLP la cancelación del trato, provocando que Fabián Espinoza, el representante de la empresa al que se le cayó el negocio, denunciara penalmente al propio rector, a Miguel Maya y hasta a los periodistas de sus medios, asunto que hasta donde se sabe, sigue su curso.
Vamos dos a cero: Un contrato jurídicamente descuidado puso en el filo de la navaja a la institución, y provocó en reacción que denunciaran al líder de la comunidad universitaria, que sin necesidad, deberá defenderse por la vía penal (ojalá el rector contrate a un abogado o abogada externos… digo).
Tres a cero: En respuesta, la UASLP (léase la licenciada Navarro Sánchez) interpuso una tibia demanda mercantil (que no es lo mismo que una denuncia) en contra de la empresa. Sin embargo, la demanda la presentó la abogada hasta junio pasado. Es decir, meses después de la tormenta. Mientras tanto ni se ha recuperado el terreno, ni pueden hacer nada con él.
¿Estaría muy ocupada la abogada?
Quizás sí, promoviendo una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, en contra del Instituto de Fiscalización Superior del Estado, contra el que debate la competencia de éste para auditar recursos propios de la UASLP.
Hace unos días, la controversia fue desechada por la SCJN por ser “notoriamente (no-to-ria-men-te) improcedente”. Cuatro-cero.
Por si se lo preguntaba, Culto Público, quien dió a conocer la promoción de la controversia, así como su penoso resultado, también fueron los medios propiedad de MMR, príncipe de las tinieblas.
(Yo creo que nadie les pasó el número de expediente en cuestión y le atinaron sus reporteros de pura suerte…)
Se le conoce al rector de la universidad, Alejandro Zermeño -y coincido- como un hombre íntegro, decente, bien intencionado, prudente, y capaz.
Lo que asombra es su paciencia y tolerancia con funcionarios como Urenda Navarro Sánchez, que si nos damos cuenta, es quien ha estado detrás de casi todos los conflictos que ha enfrentado la actual rectoría.
¿Cuándo terminará la goliza jurídica contra la institución? ¿No hay cambios? ¿Alguien tiene pacto con el diablo?
Hasta la próxima.
Yo soy Jorge Saldaña.
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#4 Tiempos
Salvador Gallardo Dávalos: médico, humanista y promotor cultural | Columna de J.R. Martínez/Dr. Flash
EL CRONOPIO
Con la proyección del potosino Manuel José Othón como uno de los máximos poetas mexicanos, el movimiento literario en San Luis Potosí a principios del siglo XX fue intenso y de suma importancia; las escuelas literarias seguían siendo las reuniones entre los jóvenes interesados en la literatura y su formación profesional se complementaba con estudios profesionales en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, principalmente en la carrera de leyes donde confluirían un número importantes de hombres de letras que figuraron en el escenario nacional, con grande aplauso, por mencionar un par de esos personajes: Ramón López Velarde, Artemio de Valle Arizpe, entre muchos otros, como hemos tratado ya en anteriores entregas de esta columna de El Cronopio.
No solo en leyes se formaron esos literatos, en la preparatoria del Instituto donde coincidían todos ellos o la mayoría de ellos, serían las raíces que en otras carreras como la de medicina continuarían su gusto por la literatura, en especial la poesía, combinándola con su formación médica, como el fue el caso del rioverdense Salvador Gallardo Dávalos.
Salvador Gallardo Dávalos nació el 9 de julio de 1893 en Rioverde, San Luis Potosí, donde estudiaría sus primeras letras para luego ingresar a la preparatoria del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí, allí, en ese ambiente bohemio e intelectual que exponían un buen número de jóvenes interesados en la literatura despertó la vena poética de Salvador Gallardo que a la larga se convertiría en un prestigioso médico y excelente poeta que dejaría huella por su labor humanística y cultural en la región del bajío, principalmente en Aguascalientes donde contribuiría al desarrollo cultural de esa ciudad con su labor en la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana de aquella ciudad.
Al salir de la preparatoria del Instituto Científico de San Luis, ingresó a estudiar medicina en el mismo Instituto potosino para posteriormente continuar sus estudios médicos en la Escuela Médico Militar de la Ciudad de México, siguiendo la huella de sus compañeros de estudio en el Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí que también habían emigrado a estudiar en la capital, como Jesús Silva Herzog, compañero de estudios de preparatoria de Salvador Gallardo y además su primo.
El padre de Salvador Gallardo era médico y para entonces había desarrollado una importante labor en Rioverde, distinguiéndose como director del hospit al del pueblo que ahora lleva su nombre al igual que una de las calles de Rioverde. Salvador seguiría así la huella formativa de su padre.
Con el apoyo de Silva Herzog que fuera subsecretario de Cultura en 1933, Salvador Gallardo ingresa como médico a la Secretaría de Educación en la Ciudad de México, antes de irse a radicar a Aguascalientes y realizar una intensa labor educativa y cultural como promotor cultural y catedrático de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y de la Escuela Normal.
Su labor pública incluyó su participación en la Liga de Escritores y Artista Revolucionarios, miembro titular de la corresponsalía del Seminario de Cultura Mexicana en Aguascalientes, y fundador de la Asociación Cultural Aguascalentense, además de senador de la República por el estado de Aguascalientes.
Dentro de sus obras dedicadas a su tierra natal, se encuentra Cantos a San Luis Potosí publicada en 1942, con la que ganaría uno de los Juegos Florales de San Luis Potosí.
Salvador Gallardo Dávalos moriría el 30 de octubre de 1981, dejando una importante huella en pro de la cultura de la provincia mexicana. Tras su muerte se estableció en 1982 el Premio Literario Salvador Gallardo Dávalos de la Casa de la Cultura de Aguascalientes, dejando un legado que continúa su descendencia, su hijo Salvador Gallardo Topete y su nieto poeta y filósofo Salvador Gallardo Cabrera.
De Salvador Gallardo un fragmento de “Canciones bajo la lluvia”
En las tardes invernales
la lluvia la luz tamiza
y cada rayo de irisa
como en danzas espectrales;
la brisa con sus puñales
nos espera en cada esquina,
y la lluvia es bailarina,
que en las tardes invernales,
-con sus velos de neblina-
danza “danza de puñetas”.
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