Ciudad
Comuneros denuncian invasión de tierras en Mexquitic de Carmona
Varias empresas se han adueñado de las tierras de San Marcos Carmona pese a amparos; comuneros piden “no comprar problemas”
Por: Redacción
Comuneros de San Marcos Carmona, en el municipio de Mexquitic de Carmona, denunciaron una invasión ilegal de sus tierras por parte de empresas constructuras y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
De acuerdo con los denunciantes, se trata de mil 216 hectáreas que son propiedad de los comuneros, algo que sustentaron con varios documentos. Por ello, iniciaron una controversia de reconocimiento y titulación de bienes comunales ante el Tribunal Unitario Agrario, según una investigación realizada por Astrolabio.
Recordaron que en 2014 se construyó el Libramiento Poniente, con lo cual se afectaron cerca de 22 hectáreas de su propiedad sin que se les pagara indemnización alguna; en aquel entonces, la SCT no se puso en contacto con los representantes comunales.
Agregaron que desde 2016, algunas empresas constructoras se han instalado en sus tierras sin contar con la autorización de asambleas ni procedimientos legales.
Altor Compra Venta Rentas S.A. de C.V., Home Desarrollos del Centro S.A. de C.V., Proyectos Habitacionales S.A. de C.V., Galván Construcciones S.A. de C.V., Promociones HABI S.A. de C.V. y Desarrollos Cimera S.A. de C.V. son los grupos inmobiliarios que han construido los fraccionamientos Ojaranza, Fuerte Ventura, Forja Real, Cimera Residencial y Loma Real.
Lindsay Saldaña, abogada de los comuneros, señaló que estas empresas han usado varios métodos para hacerse de los terrenos, como contratos de compraventa privados para posteriormente iniciar un procedimiento legal ante tribunales para que un juez ordene inscribirlos en el Registro Público de la Propiedad.
“Hecho lo anterior y ya con la sentencia de un juez y sus escrituras inscritas, este prestanombres realiza la venta del predio en favor de personas morales como Altor Compra Venta Rentas S.A. de C.V., Desarrollos Cimera S.A. de C.V., entre muchas más, y éstas posteriormente venden a particulares o fraccionadores”, señaló.
Agregó que una de las empresas, llamada Desarrollos Cimera S.A. de C.V. hizo un contrato de compraventa con el exfuncionario del Tribunal Agrario Pedro Flores Pérez el 18 de enero de 2017, aunque la empresa fue constituida hasta el 7 de julio de ese año.
Por su parte, la abogada Martha Elena Ortiz denunció que el Ayuntamiento de Mexquitic ha participado en la apropiación de tierras en posesión de comuneros de San Marcos Carmona, toda vez que ha otorgado permisos de construcción a empresas sin solicitar requisitos.
“Seguramente el Ayuntamiento de Mexquitic ni idea tiene de lo que está haciendo, pero de cierta forma está apoyando a estas empresas (…) pensamos que por la necesidad de captar algún recurso económico”, comentó.
Además, los fraccionamientos que se han construido en esta zona no cuentan con una autorización para el suministro de agua potable 
Hasta ahora, en las tierras de San Marcos Carmona se han construido tres fraccionamientos: Fuerte Ventura, Puerta Real y Ojaranza, las cuales ya tienen cerca de 350 casas construidas.
A continuación el listado de empresas y sus representantes:
Proyectos Habitacionales S.A. de C.V se constituyó el 21 de enero de 1985 y se encuentra a cargo de Miguel Ángel Torres Corzo y Javier Hernández Andrés.
Promociones HABI S.A. de C.V. cuenta con Luis Fernando López Montañés y Francisco José de la Rosa Carpizo como socios y está constituida desde el 15 de febrero de 1997.
Home Desarrollos del Centro S.A. de C.V. se constituyó el 2 de septiembre de 2009 con Francisco Torres Ocejo como único socio activo.
Jorge Alva Rovira y Alejandro Torres Ocejo constituyeron la empresa Altor Compra Venta Rentas S.A. de C.V. el 26 de octubre de 2016.
Desarrollos Cimera S.A. de C.V. se encuentra constituida por Francisco Torres Ocejo, José Alberto Torres Ocejo y José Ramón Martínez Jaimes, con fecha de 7 de julio de 2017.
A pesar de que los comuneros promovieron un amparo para detener las obras y de que el Juzgado Cuarto de Distrito les concedió una suspensión de plano en el que se ordena al Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona y a las empresas no continuar con las obras de construcción, otras empresas se han introducido al sitio para continuar con las labores, por lo cual los comuneros deben promover amparos contra las empresas que han aparecido.
Ante ello, los comuneros se han manifestado para que las empresas no continúen con las labores de construcción; sin embargo, denunciaron que han sido perseguidos por elementos del Ayuntamiento de Mexquitic y de la Policía Ministerial.
“Nosotros hemos sido amedrentados por el presidente de Mexquitic de Carmona, que nos ha mandado ministeriales a investigarnos”, afirmó uno de los comuneros inconformes.
Los comuneros exhortaron a la ciudadanía a no comprar una casa en los fraccionamientos señalados anteriormente, “no compren problemas”, afirman.
Con información de: Astrolabio
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Enrique Galindo afirmó que con la derogación los procesados deben quedar exentos de responsabilidad penal
Por: Redacción
Las personas procesadas por la llamada Ley Serrano deben quedar totalmente exentas de responsabilidad penal tras la derogación de la norma, pues el tipo penal dejó de existir, afirmó Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí.
El alcalde celebró la derogación firmada el jueves por el Gobierno del Estado de San Luis Potosí: la calificó como un acierto y consideró que, de cualquier forma, la Suprema Corte se habría pronunciado en ese sentido. Con la eliminación de la norma, dijo, se alinea una sola visión de protección a la libertad de expresión y se corrige un retroceso democrático de muchos años.
Galindo pidió no olvidar a las víctimas de la ley, personas que estuvieron presas y enfrentaron carpetas de investigación: “fue muy costoso debatir sobre inteligencia artificial teniendo a tres gentes en la cárcel”, afirmó. Sostuvo que la derogación les da la razón a los creadores de contenido y comunicadores señalados —unas 10 o 12 personas en la primera lista, recordó—, cuyos juicios deben desaparecer y quienes podrían demandar algún tipo de resarcimiento.
El alcalde consideró que la norma hizo retroceder al estado en materia legislativa y democrática, y que deja una enseñanza clara: estos temas pueden acotarse sin vulnerar derechos humanos desde el derecho civil o el administrativo, pero nunca desde el derecho penal.
Aclaró que la inteligencia artificial sí debe regularse “a como dé lugar”, como ocurrió en su momento con el ADN, aunque con mejor técnica jurídica y con las universidades encabezando el debate, pues el concepto existe desde los años sesenta y tanto el estado como el país van tarde en la discusión.
Galindo adelantó, además, que seguirá llamando a la norma Ley Serrano: apellidar una ley, busca alimentar el ego de su autor, pero él mantendrá el nombre para que no se olvide de dónde vino.
La derogación fue firmada el jueves por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tras semanas de críticas de comunicadores, colectivos y del propio alcalde; la nueva ley en la materia se construirá en foros con todos los sectores.
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Enrique Galindo detalló que la obra de entre 120 y 125 mdp conectará toda la red de pozos de la capital
Por: Redacción
El Interapas construye un acueducto hacia el norte de la capital que conectará toda la red de pozos para dar redundancia al suministro de agua, con una inversión de entre 120 y 125 millones de pesos, informó Enrique Galindo Ceballos, alcalde de San Luis Potosí y presidente de la Junta de Gobierno del organismo.
El alcalde explicó el problema que la obra busca resolver: hoy, cuando un pozo se descompone, no es posible alimentar su zona desde otro pozo. El acueducto funcionará como un gran colector central de distribución al que se conectará toda la red, de modo que las fallas puedan amortiguarse.
La línea llegará, dijo, “al norte, norte” de la ciudad, a zonas donde actualmente no hay desarrollo habitacional, con lo que el agua dará viabilidad al crecimiento de San Luis Potosí en esa dirección.
El financiamiento será tripartita: los desarrolladores de vivienda aportarán entre 30 y 40 millones de pesos mediante un convenio en proceso de firma, el Ayuntamiento de San Luis Potosí pondrá entre 55 y 60 millones, y el resto correrá a cargo del Interapas. Los trabajos ya comenzaron e incluyen la rehabilitación al 100 por ciento de la planta potabilizadora
El anuncio salió de una reunión con la Canadevi, en la que se ratificó el criterio del organismo: sin agua no habrá autorización de nuevos desarrollos habitacionales, a menos que se creen nuevas fuentes. Ante la incertidumbre de los desarrolladores por la posible separación de Soledad del organismo, Galindo respondió que los proyectos deben continuar: “si desaparece el Interapas va a aparecer una nueva institución, no hay vuelta de hoja”, afirmó.
En la misma reunión, el Interapas presentó un nuevo sistema digital para la gestión de nuevos fraccionamientos, que elimina trámites secundarios y permitirá a cada desarrollador dar seguimiento a su expediente en una plataforma ligada al ayuntamiento.
El proyecto se anuncia en plena falla de El Realito —la séptima u octava del año, según el alcalde—, que dejó sin agua a 75 colonias atendidas con un operativo de entre 35 y 40 pipas.
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Enrique Galindo afirmó que en cinco años y 217 obras nunca había enfrentado un requerimiento así
Por: Redacción
La Contraloría del Estado condicionó la revisión de las bases de licitación de la obra del Saucito a que el Ayuntamiento de San Luis Potosí entregue un levantamiento notarial —con fotografías y videos— de todas las fachadas con valor patrimonial por donde pasará el paso a desnivel, reveló Enrique Galindo Ceballos, alcalde capitalino, quien consideró que el requerimiento parece una maniobra para aplazar la autorización.
El alcalde explicó que la respuesta de la dependencia llegó apenas hace unos cuatro días, luego de que se le sugiriera sacar cita con el contralor. El documento solicitado, dijo, sale de la esfera de la Contraloría, pero lo entregará aunque le tome días o semanas: “a mí me suena que es un mecanismo para decir: ya te contesté, está en tu cancha; nomás que desde marzo no me habían dicho eso”, afirmó.
Galindo subrayó que al 17 de julio sigue sin poder emitir las bases de licitación de una obra cuyo trámite inició el 21 de marzo, y recordó que en cinco años de administración ha ejecutado 217 obras —el 80 por ciento pasó por la Contraloría Estatal— sin haber tenido que acudir personalmente ante el titular del órgano.
El alcalde señaló además que el oficio de respuesta, de dos hojas, advierte en su último párrafo que la dependencia podrá revisar la obra en el momento que lo decida, lo que a su juicio excede sus facultades, pues la fiscalización del gasto corresponde a la instancia estatal de fiscalización y, en el caso de recursos federales, a la Auditoría Superior de la Federación
Aclaró que los requerimientos del INAH corren por cuerda separada y se han cumplido, incluida la contratación permanente de un antropólogo mientras dure la obra, y que el juicio de amparo mencionado por el contralor no es competencia de este: ya existe diálogo con las cinco personas que lo promovieron.
Cuestionado sobre si ejecutaría la obra sin autorización, como acusa que hace el gobierno estatal, respondió que no es su estilo: es abogado, respeta el marco jurídico y el riesgo sería que la obra fuera cancelada, suspendida o clausurada.
El paso a desnivel del Saucito es la pieza central del reclamo del alcalde por el freno a la obra municipal: más de 30 licitaciones siguen atoradas y, según ha dicho, el plazo práctico es terminar antes de la fiesta del barrio, en febrero.
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