Congreso del Estado
Comisiones aprueban punto de acuerdo para exhortar a los ayuntamientos al pago de pensiones a trabajadores
Los casos más urgentes de atender son los 22 ayuntamientos que no destinan un presupuesto para el pago de pensiones: dip. Héctor Mauricio Ramírez Konishi
Por: Redacción
En reunión de la Comisión del Trabajo y Previsión Social del Congreso del Estado, se aprobó un Punto de Acuerdo para exhortar a los 58 Ayuntamientos de San Luis Potosí, para que a la brevedad implementen acciones administrativas que les permitan pagar o crear grupos cotizadores que conformen fondos de pensiones en favor de sus trabajadores y, conforme al marco normativo aplicable, reportar debidamente a la Dirección General de Pensiones.
El diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi, presidente de la Comisión, explicó que, el problema del pago de pensiones no es exclusivo del Gobierno del Estado, ya que existen actualmente 22 Ayuntamientos que no han estructurado un fondo de pensiones y los otros 36 ayuntamientos destinan del gasto corriente al pago de pensiones.
Señaló que, los casos más urgentes de atender son los 22 Ayuntamientos que no destinan un presupuesto para el pago de pensiones, con ello, están dejando a su base trabajadora en un estado de indefensión e incumpliendo lo dispuesto en la Ley de Pensiones del Estado.
“Estas condiciones han provocado innumerables casos de exfuncionarios que, se ven orillados a enfrentar el largo tormento de acudir a lostribunales para demandar un derecho por el que hoy ya no deberían de pelear”.
El diputado Héctor Mauricio Ramírez Konishi explicó que, en un principio el Punto de Acuerdo proponía exhortar a los 22 municipios que enfrentan el problema más grave en materia de pensiones para sus trabajadores; sin embargo, en el análisis que se realizó al interior de la Comisión del Trabajo, se acordó que en el Punto de Acuerdo se exhorte a los 58 Ayuntamientos para que implementen las acciones administrativas que les permitan pagar las pensiones a sus trabajadores.
Agregó que, este Punto de Acuerdo se va a acompañar con una propuesta que les hizo llegar el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS), en donde ya se cuenta con un programa para que los municipios puedan incorporar a sus trabajadores para que reciban atención médica y ya viene integrado el tema de pensiones.
El dictamen del Punto de Acuerdo se enviará al Pleno del Congreso del Estado para su análisis y votación.
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Se sancionará con una pena de inhabilitación, además de las penas fijadas por los delitos que resulten consumados
Por: Redacción
Con el fin de sancionar el ejercicio indebido de la profesión y ostentación de especialidades médicas no reconocidas, la reincidencia en faltas graves de atención así como la sustitución arbitraria de medicamentos prescritos, se analiza una iniciativa de reforma a diversos artículos del Código Penal del Estado.
La propuesta plantea que “este delito se sancionará con una pena de inhabilitación de un mes a dos años en el ejercicio de la profesión o privación en caso de reincidencia, además de las penas fijadas por los delitos que resulten consumados, según sean dolosos o culposos, bajo esta última forma de realización será perseguible por querella, y estarán obligados a la reparación de los daños por sus actos propios o de sus auxiliares, cuando éstos obren de acuerdo con las instrucciones de aquellos. Además de los gastos médicos y/o funerarios que en su caso resulten.
En el caso de que un médico se ost ente con una especialidad no validada l
A los responsables, encargados o empleados de una botica o farmacia, que al surtir una receta sustituyan la medicina específicamente recetada, por otra que cause daño o sea evidentemente inapropiada al padecimiento para el que se prescribió, se les impondrá una pena de un mes a tres años de prisión, y sanción pecuniaria de sesenta a doscientos días del valor de la unidad de medida y actualización, además de la reparación del daño ocasionado.
El establecimiento de protocolos claros permitirá protegera la víctima desde el primer momento y brindar certeza jurídica alpersonal escolar
Por: Redacción
La fundación internacional Granito de Arena A.C. y el diputado Luis Fernando Gámez Macías presentaron una iniciativa de reforma a la Ley de Educación del estado en materia de protección integral de niñas, niños y adolescentes ante casos de violencia sexual en entornos
escolares.
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece la obligación de cualquier persona de denunciar los delitos cometidos en contra de menores de edad. En consecuencia, resulta necesario armonizar la Ley de Educación del Estado con el marco nacional e internacional, para establecer expresamente la obligación de denuncia inmediata por parte de todo el personal educativo, directivo y administrativo.
El establecimiento de protocolos claros y obligatorios permitirá protegera la víctima desde el primer momento; brindar certeza jurídica al
personal escolar, evitando que su actuación quede sujeta a interpretaciones discrecionales; articular la actuación del sistema educativo con la Fiscalía General del Estado y las Procuradurías de Protección del DIF estata
a todas las personas que laboran en el sistema educativo sobre sus deberes legales y procedimientos.
Con estas reformas, San Luis Potosí se coloca a la vanguardia en la protección integral de la infancia, respondiendo a una deuda histórica con quienes han sufrido abuso sexual sin que sus voces fueran escuchadas.
La diputada Brisseire Sánchez dijo que la lectura va más allá de ser un proceso, sino un elemento importante para la sociedad en general
Por: Redacción
La diputada Brisseire Sánchez López presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Fomento para la Lectura y el Libro del Estado y Municipios de San Luis Potosí, para fomentar la promoción de material de lectura para pueblos y comunidades indígenas, así como para personas con discapacidad.
Trata de una actualización de conceptos dentro de la Ley, como es el de “discapacitados” por “personas con discapacidad”, así como “etnias” por “pueblos y comunidades indígenas” y “lenguas autóctonas” por “lenguas indígenas”, lo que ayudara para una mejor compresión y aplicación de la norma, además de fortalecer lo relativo al fomento a la lectura para pueblos y comunidades indígenas y personas con discapacidad.
En la exposición de motivos, la legisladora establece que “la lectura puede entenderse como un proceso en el que un individuo conoce cierta información mediante el lenguaje visual o escrito, enfrentándose a ciertas palabras, números o símbolos, que se traducen en información dentro de la mente, donde los decodifica y aprende”.
La lectura va más allá de ser un proceso, sino al contrario, es un elemento muy importante para la sociedad en general; ayudando a formar criterios, a fortalecer la identidad cultural, a promover compresión de las cosas, lidiar contra la desinformación, además de mejorar la educación y el desarrollo profesional de las personas, entre muchas otras más.
La diputada Sánchez López dijo que “la lectura resulta ser fundamental para desarrollar el pensamiento crítico y la creatividad de quienes la practican, ayudando a las personas a experimentar diversas perspectivas y mundos; ayudando a ampliar horizontes, creando empatía y estimulando la imaginación. Lo que, para un país como México, que es rico en diversidad cultural, el promover la lectura puede ser el camino hacia la inclusión social, siendo aplicativo de la misma manera para el estado potosino”.
El hábito de la lectura, se convierte en una herramienta funcional y necesaria, debiendo estar al alcance de todas las personas, sirviendo de puente para lograr una sociedad libre, consiste y capaz en los problemas que se enfrentan día a día. Por ello, el fomento a la lectura, y los elementos que ayudan a acceder a esta, deben estar al alcance para todas las personas, en especial para los grupos vulnerables o de atención prioritaria, encontrando dentro de estos, a niñas, niños y adolescentes, así como a personas con discapacidad y personas de pueblos y comunidades indígenas.
La propuesta de reforma establece que se deben crear textos en lenguas indígenas, y braille, para su promoción, fomento y distribución entre los pueblos y comunidades indígenas, y personas con discapacidad de la Entidad; fomentar y promover, en coordinación con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, la creación literaria en lenguas indígenas del Estado, y buscar mecanismos de distribución para todas las zonas con población indígena de la Entidad.
La iniciativa se analiza en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para la elaboración del dictamen correspondiente.
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